Sentencia 2004-90729 de julio 31 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

EXTRACTOS: «Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia del 22 de noviembre de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, providencia que acogió parcialmente las súplicas de la demanda en el contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos proferidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, “DIAN”.

Antecedentes

El 21 de octubre de 2003 la Administración de impuestos de los grandes contribuyentes de Bogotá profirió el mandamiento de pago 304-003 a María Mercedes Quintero Peña, socia de la empresa Industria Automotriz - Inauto Ltda.

La parte actora presentó excepciones contra el citado mandamiento de pago, las cuales fueron falladas mediante la Resolución 312-027 de diciembre 23 de 2003, que declaró no probadas las excepciones propuestas.

El 27 de enero de 2004 se interpuso recurso de reposición contra la resolución anterior, el cual fue desatado por la Administración especial de grandes contribuyentes de Bogotá con Resolución 311-004 de 30 de enero de 2004, que confirmó en todas sus partes la resolución recurrida.

La demanda

La parte actora demandó la nulidad de los actos administrativos, por medio de las cuales se rechazaron las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago. A título de restablecimiento del derecho, declaró que la señora María Mercedes Quintero Peña no está obligada a pagar suma alguna.

Invocó como normas violadas el artículo 1573 del Código Civil y los artículos 824, 828 y 831 del estatuto tributario.

Indicó que contra el mandamiento de pago propuso las excepciones de: “Renuncia tácita a la solidaridad por parte de la administración”, “falta de título ejecutivo” e “incompetencia del funcionario que profirió el mandamiento de pago”.

(...).

La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probada la excepción de inexistencia de título ejecutivo, ordenó la cesación de toda ejecución adelantada con base en el mandamiento de pago y anuló parcialmente los actos administrativos demandados, proferidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. A título de restablecimiento del derecho declaró que la señora María Mercedes Quintero Peña no está obligada a pagar suma alguna, previas las siguientes consideraciones:

Indicó que la primera excepción propuesta “Renuncia tácita a la solidaridad por parte de la administración”, no puede proponerse contra el mandamiento de pago, en tanto que esta no se encuentra dentro de las prescritas en el artículo 831 del estatuto tributario, las cuales solo proceden si son taxativas. Que no es dable al apoderado judicial de la accionante afirmar de acuerdo con el artículo 1537 del Código Civil, que la administración renunció tácitamente a la solidaridad legal existente entre la sociedad y cada uno de los socios por el hecho de haber proferido el mandamiento de pago en contra de la sociedad y no contra ellos, porque a la solidaridad no se puede renunciar, toda vez que existen normas de imperativo cumplimiento que prescriben obligaciones tributarias como las señaladas por el estatuto tributario, por lo que no son aplicables las del Código Civil que son de tipo general y subsidiario.

En relación con el cargo de falta de título ejecutivo concluyó que las declaraciones privadas descritas en el mandamiento de pago y aportadas al expediente sí constituyen título ejecutivo, excepto la declaración privada del 6º bimestre del año 2002 del impuesto sobre las ventas y la del 1º período del año 2003 de retención en la fuente, en cuanto no se probó su existencia por lo que la Sala dio prosperidad parcial a la excepción de inexistencia de título ejecutivo, en lo que hace a los citados períodos.

Concluyó el tribunal manifestando que no hubo incompetencia de la funcionaria que expidió el mandamiento de pago, por cuanto se hallaba debidamente facultada para tal fin en virtud de los artículos 823 a 843-2 del estatuto tributario y la Resolución 157 del 30 de abril de 2003.

(...).

Consideraciones de la Sala

De acuerdo con los términos de la apelación presentada por las partes corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de las resoluciones por medio de las cuales la DIAN negó la prosperidad de las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago.

La Administración de impuestos niega mediante los actos acusados las excepciones invocadas por la actora contra el mandamiento de pago librado en su contra, consistentes en “Renuncia tácita a la solidaridad por parte de la administración”, “Falta de título ejecutivo” e “Incompetencia del funcionario que profirió el mandamiento de pago”, las cuales se analizan como sigue:

Renuncia tácita a la solidaridad por parte de la administración.

Argumenta la actora apoyada en el artículo 1573 del Código Civil(2), que al librar la administración de impuestos mandamiento de pago contra la sociedad Inauto Ltda., renuncia tácitamente a la solidaridad contra los demás obligados, por cuanto sí pretendía hacerla efectiva, debió notificar un único mandamiento a la socia.

El artículo 831 del estatuto tributario(3) determina taxativamente las excepciones que proceden contra el mandamiento de pago, sin incluir en su texto como tal la pretendida “Renuncia a la solidaridad”. A partir de la expedición de la Ley 6ª de 1992 se adicionaron como nuevas excepciones concretamente para ser invocadas por los deudores solidarios las de “Calidad de deudor solidario” y “La indebida tasación del monto de la deuda”; fuera de ellas no es dable solicitar excepción alguna.

La solidaridad sería renunciable por parte del acreedor en el evento de contar con la anuencia del deudor en el momento de su constitución, vale decir si la deuda se avala directa y voluntariamente por un fiador, no para el caso en que dicha figura es consagrada como obligatoria por la ley, como sucede para efectos fiscales en aplicación del artículo 793 del estatuto tributario(4).

De lo anterior se colige que las figuras que extienden a otros sujetos las obligaciones propias de uno de ellos, conocidas como solidaridad o subsidiariedad en las obligaciones de orden fiscal, solo pueden ser aplicadas en virtud de la ley y por imposibilidad del obligado principal de disponer voluntariamente de estas cargas.

Es procedente precisar que la responsabilidad solidaria hace referencia a la obligación conjunta sobre una misma prestación, aunque en materia fiscal esta se encuentra limitada por el monto de los aportes, de modo que para cada uno de los responsables, principal o solidario, se hace exigible al tiempo la obligación sustancial y con ello nace la posibilidad de ejercer en su contra el cobro coactivo.

La subsidiaria, en cambio, aunque esté previamente determinada en la ley, solo opera de manera residual al cumplimiento de una condición, que es la que el deudor principal no pague; de forma tal que no puede iniciarse proceso de cobro coactivo contra el deudor subsidiario, sino cuando esté demostrado en la actuación que la labor de cobro en contra del deudor principal ha sido fallida.

Se concluye de lo anterior que quedan claras tres (3) premisas de forzoso cumplimiento, para efectos de proceder contra el deudor solidario en materia fiscal:

a) Tanto la solidaridad como la subsidiariedad solo se pueden aplicar si se encuentran consagradas como tales en la ley fiscal. Para el evento tratado están taxativamente contempladas en el artículo 793 del estatuto tributario y afectan a todos los socios (excepto de sociedades anónimas), a prorrata de los aportes poseídos en las mismas. Dicho artículo utiliza el término responderán solidariamente por los impuestos y demás obligaciones fiscales de la persona jurídica a la cual pertenezcan, o sea que para considerarse deudores solidarios, no se requiere manifestación adicional de autoridad alguna, sino que tienen tal calidad desde el inicio de la deuda, vale decir desde que exista a favor del Estado un título ejecutivo jurídicamente exigible.

b) El monto por el que deben responder está limitado al porcentaje que representen los aportes que posean en la persona jurídica deudora principal y se liquidarán durante el tiempo que los haya poseído.

c) La exigibilidad del pago es diferente para los deudores solidarios que para los subsidiarios. Para los primeros nace en forma coetánea con la del deudor principal, por lo que desde el nacimiento de la obligación este puede determinar cuál va a ser la proporción de la deuda por la que debe responder y pagarla, mientras que para los segundos solo se presenta cuando intentado el cobro al principal este no lo haya satisfecho y no exista forma de obtenerlo de manera forzada. Es claro, entonces que el socio de una sociedad, responde por el porcentaje de la deuda que le corresponde directamente por orden de la ley, sin requerir que nadie lo declare, ni le asigne la calidad de tal, a la que tampoco le es dable renunciar, ni que sea relevado de cumplir la obligación que ella le genera.

Falta de título ejecutivo e incompetencia del funcionario que lo profirió.

La legislación tributaria, que para el caso es la aplicable por tratarse de norma especial que prevalece sobre cualquiera de índole diferente(5), en el artículo 828 del estatuto tributario(6) determina qué documentos prestan mérito ejecutivo como título cobrable dentro del proceso fiscal de cobro coactivo.

De acuerdo con dicha norma, la existencia de las liquidaciones privadas del contribuyente debidamente presentadas y con un saldo a cargo sin cancelar, constituyen título ejecutivo cobrable a partir de las fechas establecidas por la ley para su pago.

Es pertinente aclarar que para el caso bajo análisis se circunscribe la excepción a la “Falta de título ejecutivo”, dado que estos se encuentran representados en liquidaciones privadas avaladas directamente por el contribuyente, de donde no se requiere la demostración de competencia alguna por no estar involucrados actos administrativos que representen obligación cobrable.

Ahora, el título por medio del cual procede la ejecución tanto en contra del deudor principal como del solidario, es el mismo, como lo ordena el inciso 2º del artículo 828-1 ib. cuando expresa:

“Los títulos ejecutivos contra el deudor principal lo serán contra los deudores solidarios y subsidiarios, sin que se requiera la constitución de títulos individuales adicionales”.

Concordante con lo anterior es evidente que solo se requiere que exista título ejecutivo cobrable en cabeza del deudor principal (en este evento la declaración privada de la sociedad para cada una de las deudas) para poder perseguir a los deudores solidarios y subsidiarios, sin que sea pertinente conformar documentos contentivos de la deuda en forma individual a nombre de cada uno de los responsables de la obligación, los cuales lo son per se por orden expresa de la ley.

En cuanto a que la administración haya tomado como base del mandamiento de pago un estado de cuenta que en nada se asemeja a un título ejecutivo, como acertadamente lo expone el a quo cuando dijo “en este caso la base del mandamiento de pago no es un estado de cuenta, como erradamente lo manifiesta el contribuyente, porque los títulos (declaraciones privadas) aparecen anexos al expediente de cobro adelantado por la administración”.

Respecto a que las copias de las declaraciones privadas no pueden ser tenidas como título ejecutivo, el tribunal de primera instancia transcribe los artículos 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil en los cuales se lee concretamente que la aportación de documentos al proceso se hará “En original y en copias” otorgándole, en consecuencia, la misma validez a unos y otras siempre que cumplan con lo preceptuado por el segundo de los artículos citados, vale decir que estén “autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial…”; y “Lo anterior significa que el título ejecutivo principalmente se conforma con el acompañamiento al proceso de cobro de las copias auténticas, u oficiales, sean o no por medio electrónico, o con la simple certificación del administrador de impuestos o su delegado acerca de la existencia de aquella o de esta”; para concluir que “Las declaraciones privadas descritas en el mandamiento de pago y aportadas al expediente sí constituyen título ejecutivo”, excepción hecha de las correspondientes a ventas 6º bimestre de 2002 y retención en la fuente 1º período de 2003, que no obran en el acervo probatorio.

Sobre las restantes como lo verificó el tribunal, reposan en el expediente en copias obtenidas de los originales que hacen parte de los archivos de la DIAN y que no pueden extraerse de ellos por requerirse para diferentes actuaciones.

De acuerdo con lo hasta aquí analizado y revisada la jurisprudencia citada por el actor, la Sala encuentra que aparte de que las excepciones, que deben ser taxativas, no incluyen en su enumeración legal ninguna por falta de conocimiento del título, sino que al ser la solidaridad de la socia de consagración legal respecto de las deudas a cargo de de la sociedad, y una vez probada la existencia efectiva del título que las respalda y su aportación al proceso en debida forma, lo único que se requiere es la vinculación al proceso que no se efectúa mediante el título ejecutivo, sino con la notificación del mandamiento de pago, como lo ordena el artículo 828-1 del estatuto tributario(7).

La orden impartida por dicha norma hace nugatoria la posición del demandante según la cual

“En este sentido el acto procesal de notificación del mandamiento de pago es un acto distinto al acto administrativo mediante el cual se vincula al deudor el cual debe contener una obligación clara, expresa y exigible para obtener la calidad de título ejecutivo. La conformación del título ejecutivo adquiere vital importancia en la medida en que a partir del mismo relacionan las obligaciones a cargo del socio y por esta razón se vincula al mismo en calidad de deudor solidario”.

La ley indica que el acto por medio del cual se vincula al proceso de cobro al deudor solidario, es elmandamiento de pago librado a su nombre, y no otro previo ni posterior, agregando que en su texto se debe determinar el monto de la obligación, vale decir la proporción que, de acuerdo con el porcentaje de participación en la sociedad, le corresponda pagar al socio solidario.

Entonces la administración, una vez determinada la existencia de un título ejecutivo a cargo del deudor principal, constituidos para este evento por las liquidaciones privadas de la sociedad, por los periodos fiscales renta 1999 y 2000, seguridad democrática 2002, IVA bimestres 1, 2, 3, 4 y 6 de 2000; 3, 4, 5 y 6 de 2001; 2, 3, 4, 5 y 6 de 2002; 1, 2, 3 y 4 de 2003; retención en la fuente por los meses 3, 5 y del 6 al 12 de 2000; 3, 5 y del 6 al 12 de 2001; 2 al 12 de 2002 y 1º al 9º de 2003 debe proceder a vincular a los deudores solidarios mediante la notificación a cada uno de ellos de un mandamiento de pago, el cual debe contener el valor que le corresponde cancelar al destinatario de dicho mandamiento, y es este el único documento idóneo de acuerdo con la ley, para que la vinculación quede perfeccionada, de donde es erróneo pretender la exigencia de otro documento diferente y anterior que repita la función asignada por ley al mandamiento mismo.

Luego mal se puede asumir, como lo alega el actor, que “el acto procesal de notificación del mandamiento de pago es un acto distinto al acto administrativo mediante el cual se vincula al deudor”, cuando precisamente es el citado mandamiento el único documento idóneo para vincularlo.

Menos aún es admisible su posición cuando aduce que el acto administrativo que vincula al deudor solidario “debe contener una obligación clara, expresa y exigible para obtener la calidad de título ejecutivo”, cuando en efecto estas son las características que debe cumplir el título ejecutivo, pero no es mediante este que se vincula al proceso al deudor solidario, sino mediante la notificación del mandamiento de pago.

Obrando de conformidad con la norma que lo ordena, la administración de impuestos de los grandes contribuyentes de Bogotá, una vez establecida la existencia del título ejecutivo válido para el cobro, consistente en las liquidaciones privadas relacionadas en los actos administrativos demandados por un total de $947.647.473, debidamente incorporadas al proceso adelantado contra la sociedad Inautos Ltda., profirió el 21 de octubre de 2003 el mandamiento de pago 304-003 con el objeto de vincular a dicho proceso a la socia María Mercedes Quintero Peña, en los siguientes términos:

“Que la administración especial de impuestos de los grandes contribuyentes de Bogotá adelanta proceso administrativo de cobro coactivo contra la sociedad Industria Automotriz Inauto Ltda. NIT 860.028.318-9 en cuantía de novecientos cuarenta y siete millones seiscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos setenta y tres mil pesos m/cte ($947.647.473), por las obligaciones relacionadas a continuación, más los intereses de mora y actualización de conformidad con lo establecido en los artículos 634 y 867-1 del estatuto tributario”.

“(….) 4. Que de acuerdo a los aportes y el tiempo en que los ha poseído la socia María Mercedes Quintero Peña le cabe responsabilidad solidaria por el 19.92% de todos los períodos y vigencias gravables objeto de cobro a la sociedad Industria Automotriz Inauto Ltda., por ostentar la calidad de socia desde la constitución de la sociedad.

“5. Que a la fecha la sociedad deudora no ha cancelado las obligaciones que originaron el proceso administrativo de cobro coactivo, por lo que es procedente librar orden de pago en contra de la socia señora María Mercedes Quintero Peña C.C. Nº 39.780.573, como responsable solidaria, con el fin de obtener el pago de las obligaciones a cargo de la sociedad ejecutada, al tenor de lo dispuesto por el parágrafo 2º del artículo 867–1 del estatuto tributario...

“6. Que los títulos ejecutivos los constituyen las declaraciones privadas presentadas por la sociedad Industria Automotriz Inauto Ltda., y los actos administrativos proferidos por la administración especial de impuestos de los grandes contribuyentes de Bogotá, en cumplimiento a lo consagrado por el artículo 9º de la Ley 788 de 2002, que adicionó el artículo 828-1 del estatuto tributario (…)”.

“RESUELVE:

ART. 1º—Librar orden de pago a favor de la Unidad Administrativa Especial DIAN Administración Especial de Impuestos de los Grandes Contribuyentes de Bogotá y en contra del señor María Mercedes Quintero Peña con cédula de ciudadanía Nº 39.780.573, por el 19.92% de los impuestos que le corresponde como socio de la sociedad Industria Automotriz Inauto Ltda. NIT 860.028.318-9 equivalente a la suma de ciento ochenta y ocho millones setecientos sesenta y nueve mil pesos ($ 188.769.000), más los intereses y actualización a que hubiere lugar, de conformidad con lo establecido en los artículos 634, 794, parágrafo 2º del 867-1 del estatuto tributario, por los períodos que se relacionan a continuación...”.

Observa la Sala que el mandamiento de pago establece claramente tanto el porcentaje que le corresponde como socia a la demandante en la obligación tributaria a cargo de la sociedad como el monto de la obligación a su cargo, cumpliendo con la vinculación en debida forma, independiente del título ejecutivo que soporta la aludida obligación, con el que no es conducente confundirlo como lo hace el demandante.

En los términos analizados se modifica la jurisprudencia de la sección, en el sentido de aclarar que a partir de la expedición de la Ley 6ª de 1992, el documento por medio del cual se vincula a los deudores solidarios al proceso de cobro coactivo es el mandamiento de pago expedido a su nombre y debidamente notificado, sin que se requiera para esto acto administrativo adicional anterior ni posterior y en ningún caso se hará mediante el título ejecutivo que es el documento preexistente a la iniciación del citado proceso y que da origen al mismo.

Existe respaldo a lo hasta aquí plasmado, por parte de la Corte Constitucional en el texto de las sentencias C-210 de marzo 1º de 2000, por la cual se declaró la exequibilidad del artículo 794 y su parágrafo del estatuto tributario, así como la C-1201 de diciembre 9 de 2003 que consideró ajustado a la Constitución Política el artículo 828-1 ibídem como fue adicionado por los artículos 83 de la Ley 6ª de 1992 y 9º de la Ley 788 de 2002. Expone la primera de ellas en relación con la solidaridad en materia tributaria:

“La figura de la solidaridad es de creación legal y también el establecimiento de sus excepciones. Por lo tanto bien puede el legislador introducir la responsabilidad solidaria como un mecanismo tendiente a impedir la práctica de la evasión tributaria”.

“La responsabilidad nace de la condición simple y voluntaria de ser socio, independientemente de si se tiene o no la representación o administración del ente social. El hecho del reconocimiento del ente social como una persona distinta de sus socios o miembros, no es obstáculo para que el legislador establezca un tipo especial de responsabilidad fiscal”.

Y Concluye:

“El legislador en virtud de su libertad de configuración puede señalar los elementos de la obligación tributaria, estableciendo una pluralidad de sujetos que se encuentran comprometidos en la satisfacción de una misma prestación, uno al lado del otro, es decir, los socios al lado de la sociedad y no en lugar de esta”.

Es claro de lo anterior, que la solidaridad de los socios por las deudas de la sociedad se genera per se, por el solo hecho de pertenecer a ella, luego para hacerlos responsables de las mismas no se requiere pronunciamiento adicional alguno.

La segunda de las sentencias citadas aclara que

No puede confundirse el acto procesal de notificación del mandamiento de pago, con el título ejecutivo, ya que el primero es el medio a través del cual es posible la vinculación del deudor solidario al proceso de cobro, y el segundo la causa material que justifica tal vinculación, es decir el acto contentivo de la obligación clara, expresa y exigible cuyo cobro se pretende”.

Y continúa:

“Sobre este supuesto, es decir previa comunicación de la actuación administrativa al deudor solidario, no se hace necesario que se profiera un título ejecutivo independiente y adicional contra él, sino que el título ejecutivo contra el deudor principal lo será igualmente contra el deudor solidario como lo propone el inciso segundo del artículo 828-1”.

Para concluir:

“No resulta contrario a la Constitución que el legislador disponga como lo hace en el inciso primero, que la vinculación del deudor solidario al proceso de ejecución coactiva se haga mediante la notificación del mandamiento de pago” y “No resulta inconstitucional que el título ejecutivo contenido en el acto administrativo con el que concluye dicha actuación le sea oponible, sin que se requiera la constitución de títulos individuales adicionales respecto de él”.

No cabe duda como lo afirma la Corte, que no es dable pretender que el título ejecutivo tenga alguna relación con el medio idóneo para vincular al proceso al deudor solidario, que es únicamente el mandamiento de pago, como tampoco la hay de que basta con un solo título cobrable a nombre del principal para hacer efectivo el cobro a los solidarios, sin que se requiera constituir a nombre de cada uno de ellos un título adicional.

Incompetencia del funcionario que lo profirió.

En lo que hace a esta excepción la accionante aduce que la funcionaria de la DIAN que suscribió el mandamiento de pago a cargo de la demandante carecía de competencia para hacerlo.

La competencia funcional para cobrar las deudas a favor del fisco nacional se encuentra puntualmente definida en el artículo 824 del estatuto tributario(8) extendiéndola a todos los funcionarios del área de cobranzas a quienes se les deleguen las funciones para exigir el cobro.

La resolución de delegación 157 del 30 de abril de 2003, expedida por el Administrador de impuestos de los grandes contribuyentes de Bogotá, dispone:

“(…) ART. 1º—Delegar en los funcionarios (….) Claudia Elizabeth Zamudio Puerto C.C. 40.022.738... las siguientes funciones: a) Desarrollar y llevar hasta su culminación los procesos administrativos de cobro coactivo de los impuestos, gravámenes, anticipos, retenciones, sanciones, multas, intereses y actualización de las obligaciones tributarias pendientes de pago de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, según lo establecido en el libro V del título VIII del estatuto tributario y demás normas concordantes. B) Adelantar el cobro coactivo de otras obligaciones que por ley le hayan sido o le sean atribuídas a la entidad, mediante el proceso administrativo de cobro coactivo y/o de jurisdicción coactiva y dictar los actos administrativos a que haya lugar.

El actor aduce que la funcionaria “solo tiene facultades para desarrollar y llevar hasta la culminación procesos administrativos de cobro coactivo y no para proferir mandamientos de pago…”.

Al respecto es pertinente recordar que el proceso de cobro coactivo de las deudas correspondientes a impuestos nacionales, se encuentra contenido en el título VIII del libro V (arts. 823 a 843-2) del estatuto tributario, y que dictar el mandamiento de pago es parte integrante del citado proceso. Por tanto si a un funcionario se le faculta para adelantar el proceso de cobro coactivo, dicha delegación incluye la de proferir todos los actos administrativos a que haya lugar para culminarlo con éxito, como expresamente lo contempla el artículo 826 ibídem(9) respecto precisamente del mandamiento de pago.

Finalmente, sobre la condena en costas solicitada, considera la Sala que no procede, por cuanto no se encuentra arbitrariedad de fundamentos en los actos anulados, como quiera que estos resultan de la ejecución adelantada por la entidad con fundamento en las normas legales que fueron invocadas.

Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia apelada, que declaró probada la excepción de falta de título ejecutivo únicamente respecto del impuesto sobre las ventas del sexto (6) bimestre del 2002 y retención en la fuente por el primer (1º) período de 2003, cuyas liquidaciones privadas no obran en el expediente, y declaró no probadas las restantes excepciones solicitadas.

(Sentencia de 31 de julio de 2009. Radicación 25000-23-27-000-2004-90729-01. Consejero Ponente: Dra. María Teresa Briceño de Valencia).

(2) Artículo 1573 Código Civil” … El acreedor puede renunciar expresa o tácitamente a la solidaridad respecto de uno de los deudores solidarios o respecto de todos. La renuncia tácitamente a favor de uno de ellos, cuando la ha exigido o reconocido pago de su parte o cuota de la deuda, expresándolo así en la demanda o en la carta de pago, sin la reserva especial de la solidaridad, o sin reserva general a sus derechos…”.

(3) Artículo 831 estatuto tributario. “Excepciones: Contra el mandamiento de pago procederán las siguientes excepciones: 1) El pago efectivo. 2) La existencia de acuerdo de pago. 3) La falta de ejecutoria del título. 4) La pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo, hecha por autoridad competente. 5) La interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 6) La prescripción de la acción de cobro, y 7) La falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió”.

(4) Artículo 793 estatuto tributario (Modificado. L. 633/2000, art. 51) “Responden con el contribuyente por el pago del tributo: b) En todos los casos los socios, copartícipes, asociados, cooperados, comuneros y consorciados responderán solidariamente por los impuestos, actualizaciones e intereses de la persona jurídica o ente colectivo sin personería jurídica de la cual sean miembros, socios, copartícipes asociados, cooperados, comuneros y consorciados, a prorrata de sus aportes en las mismas y del tiempo durante el cual los hubieren poseído en el respectivo período gravable. La solidaridad de que trata éste artículo no se aplicará a las sociedades anónimas o asimiladas a anónimas”.

(5) Artículo 10 Código Civil. “(….) Si en los códigos que se adoptan se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre sí, se observarán en su aplicación las reglas siguientes: 1) La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general”

(6) Artículo 828 estatuto tributario. “Prestan mérito ejecutivo: 1) Las liquidaciones privadas y sus correcciones contenidas en las declaraciones tributarias presentadas, desde el vencimiento de la fecha para su cancelación. 2) Las liquidaciones oficiales ejecutoriadas. 3) Los demás actos de la administración de impuestos debidamente ejecutoriados, en los cuales se fijen sumas líquidas de dinero a favor del fisco nacional. (….)”.

(7) Artículo 828-1 estatuto tributario. (L. 6ª/92, art. 83) “Vinculación de deudores solidarios: La vinculación del deudor solidario SE HARÁ mediante la notificación del mandamiento de pago. Este deberá librarse determinando individualmente el monto de la obligación del respectivo deudor y se notificará en la forma indicada en el artículo 826 del estatuto tributario”.

(8) Artículo 824 estatuto tributario. “Competencia funcional: Para exigir el cobro coactivo de las deudas por los conceptos referidos en el artículo anterior, son competentes los siguientes funcionarios: El subdirector de recaudo de la Dirección General de Impuestos Nacionales, los administradores de impuestos y los jefes de las dependencias de cobranzas. También serán competentes los funcionarios de las dependencias de cobranzas y de las recaudaciones de impuestos nacionales, a quienes se les deleguen estas funciones”.

(9) Artículo 826 estatuto tributario. Mandamiento de pago. El funcionario competente para exigir el cobro coactivo, producirá el mandamiento de pago ordenando la cancelación de las obligaciones pendientes más los intereses respectivos (…)”.