Sentencia 2004-92201 de junio 12 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 25000-23-25-000-2004-92201-01, jun. 12/2008

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Actores: Gabriel Alfonso Palacios Pantoja.

Demandado: Banco Cafetero S.A.

Se decide el recurso de apelación interpuesto por el actor contra de la sentencia proferida el 26 de abril de 2006, por la Sección Segunda Subsección D del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, en cuanto negó las pretensiones de la demanda.

I. La demanda

1. Las pretensiones.

El 8 de octubre de 2004, el ciudadano Gabriel Alfonso Palacios Pantoja, promovió demanda en ejercicio de la acción popular contra el Banco Cafetero S.A., (Bancafé) en defensa de los derechos e intereses colectivos relacionados con el derecho a la igualdad ante la ley y las autoridades, libre desarrollo de la personalidad, libertad de locomoción y domicilio, protección a débiles físicos y psíquicos, y de los usuarios y consumidores de bienes y servicios, con el fin de que se adoptaran las siguientes disposiciones:

“Uno: Que se ordene al demandado realizar todas las construcciones, adecuaciones y remodelaciones acorde con la normatividad legal vigente, a fin de que la población en general puedan utilizar los servicios prestados por el cajero electrónico ubicado en la calle avenida 13 Nº 60-66, Bogotá, D.C.

Dos: Que se condene al demandado el pago de las costas, gastos y agencias en derecho, de la presente acción.

Tres: Condenar al demandado al pago de los incentivos previstos y ordenados en los artículo 39 de la Ley 472 de 1998 a favor del accionante, toda vez que es evidente, la trasgresión, por parte del accionado, a los “derechos e intereses colectivos” protegidos por la constitución y la ley” (1) .

2. Los hechos.

Como sustento fáctico de la acción se exponen, en síntesis, los siguientes:

1. Indicó que el Gobierno Nacional mediante la Ley 361 de 1997, obligó a quienes prestaran algún servicio público adecuar sus instalaciones a fin que la población en general pueda acceder a dichos establecimientos sin ningún tipo de traumatismo.

2. Señaló que en la calle avenida 13 Nº 60-66 se encuentra las instalaciones del cajero electrónico del Banco Cafetero (Bancafé); aseguró igualmente que para realizar las diferentes transacciones se debe subir un peldaño y atravesar una puerta angosta, con lo cual se impide el acceso de personas de la tercera edad con motricidad disminuida, o personas que están obligadas a utilizar silla de ruedas, situación con la cual se niega a la colectividad la oportunidad de realizar sus respectivas transacciones electrónicas.

4. Aseguró que la infraestructura del cajero electrónico por el cual se presentó la acción popular, incumple con los lineamientos contenidos en las leyes 361 de 1997, 12 de 1987 y la Resolución 14861 de 1985, disposiciones estas que versan sobre el acceso de personas minusválidas a instalaciones públicas o privadas.

II. La contestación de la demanda

Admitida la demanda y surtido el traslado de esta, el Banco Cafetero S.A., (Bancafé) dio contestación a la misma mediante apoderado, quien manifestó que se opone a sus pretensiones con fundamento en las siguientes razones de defensa:

1. Expresó que los cajeros automáticos o electrónicos de los bancos no están disponibles para el público en general, sino únicamente para aquellos clientes de los establecimientos bancarios que en virtud de los contratos que tengan celebrados (contrato de cuenta corriente o de depósito en cuenta de ahorro, etc.) y que han recibido tarjetas débito que les permite hacer uso de los cajeros que el propio banco tenga instalados en sus diferentes oficinas o puntos de servicios o de aquellos cajeros que forman parte de las redes bien sea Servibanca, que prestan servicio a diferentes bancos o en los cuales se pueden utilizar diferentes clases de tarjetas.

2. Aseguró que el uso de un determinado cajero no es obligatorio para el usuario, pues el tarjetahabiente en virtud de los contratos de cuenta corriente o de depósito en cuenta de ahorros, puede acceder a los servicios que ofrece la entidad bancaria con cualquiera de los cajeros ubicados en Bogotá, D.C. o cualquier otra ciudad del territorio colombiano.

3. Sostuvo que el hecho de que para acceder al cajero en mención sea necesario subir un peldaño o grada, no implica que sea inaccesible para las personas de la tercera edad o con alguna minusvalía; respecto de las dimensiones de la puerta anotó que son las normales.

4. Agregó que a través de los modernos medios de comunicación como lo es internet, las personas de la tercera edad o con alguna minusvalía, tienen nuevos medios a su alcance para realizar sus operaciones de manera electrónica, no necesitando con ello, acudir a los cajeros electrónicos.

III. La audiencia de pacto de cumplimiento

Atendiendo a lo establecido en el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, el despacho sustanciador convocó a las partes a audiencia de pacto de cumplimiento para el 1º de febrero de 2005, la cual se declaró fallida por no haber ánimo conciliatorio de las partes.

IV. Los alegatos de conclusión

1. El actor: indicó que siendo consecuente con el informe de la alcaldía local de Puente Aranda (fls. 83-85) y la inspección practicada por Universidad Nacional (fls. 100-120), queda perfectamente claro que el cajero electrónico del Banco Cafetero S.A. (Bancafé), objeto de la presente demanda no cuenta con la infraestructura que permita el acceso regular, seguro y oportuno de las personas que se movilizan en silla de ruedas o de la tercera edad con movilidad reducida, es decir, hay una clara violación a las normas que regulan las necesidades de los minusválidos y de los sectores de la población de movilidad reducida.

Precisó que la actividad desarrollada por la demandada es una actividad financiera y mercantilista, dirigida ciento por ciento al público y por lo cual, está obligada a garantizarle a los usuarios unas condiciones de acceso dignas, eficientes, seguras, regulares y oportuna, situaciones que en el presente caso no se dan, toda vez que es evidente que las barreras de carácter arquitectónico que se encuentran en la sede del cajero reducen completamente la oportunidad de acceso a las personas que se movilizan en la silla de ruedas o de la tercera edad.

2. El Banco Cafetero Bancafé: guardó silencio en esta etapa procesal.

3. El procurador primero judicial administrativo: reiteró que no cualquier tipo de interés o derecho puede considerarse como colectivo, por lo que no puede pedirse en una acción popular la protección de un derecho cuando no se determina el mismo. Anotó que para el caso concreto el cajero esta al lado de una oficina de Bancafé S.A., donde las personas con discapacidades pueden acceder al servicio directamente en el banco, donde las filas son preferenciales para este tipo de personas o para mujeres embarazadas. En orden a lo anterior, solicitó al tribunal de conocimiento no acceder a las súplicas de la demanda instaurada en ejercicio de la acción popular.

V. La providencia apelada

Surtido el trámite de rigor, se profirió la sentencia apelada, en la cual el a quo luego de reseñar la actuación procesal y las pruebas pertinentes, denegó las súplicas de la demanda con fundamentó en los siguientes argumentos:

Afirmó que el cajero electrónico, según registros fotográficos, hace parte de la edificación en donde funciona la sucursal de la institución bancaria, así mismo, se observa que se encuentra una rampa que da acceso al andén para las personas con limitaciones.

Anotó que de acuerdo con el informe técnico realizado por la Universidad Nacional de Colombia, se encuentra que existe una rampa de acceso al andén desde la zona de parqueo (entrada por la calle 13), la cual permite la accesibilidad de personas con movilidad reducida a la edificación donde funciona la oficina del Banco Cafetero S.A.

Precisó que no puede concluirse que con las características arquitectónicas de la edificación de la cual hace parte el cajero electrónico, se vulneren los derechos de los consumidores o usuarios, pues, se advierte que las personas con limitaciones pueden acceder a la edificación a través de la rampa, cuando se trate de hacer uso de los servicios de Bancafé; como tampoco, se vulnera el derecho a la realización de las construcciones edificaciones y desarrollos urbanos, respetando las disposiciones jurídica de manera ordenada.

Aseguró que si lo que se pretende con el ejercicio de la acción popular, es garantizar el acceso de las personas con movilidad reducida a la edificación de la entidad bancaria, ello se encuentra plenamente establecido dada la existencia de la rampa que elimina las barreras arquitectónicas que puedan hallarse en el lugar.

Señaló que la situación de los discapacitados no puede ser analizada a la luz de cada uno de los cajeros individualmente considerados, sino que, por el contrario la igualdad material de estos ciudadanos debe ser valorada en consideración a las diferentes opciones integrales que el sistema financiero ofrece.

Destacó que en el presente caso el demandante no pudo demostrar la infracción o violación a la Constitución Política, la ley o un tratado internacional suscrito por Colombia que defina y regule tal derecho o intereses colectivos cuya protección se invoca, luego, no puede endilgarse responsabilidad alguna al presunto infractor de los derechos en intereses colectivos, en este caso Bancafé S.A.

— El doctor José Antonio Molina Torres salvo voto, argumentando: “que dentro de los propósitos institucionales de Bancafé, también está el de desarrollar su objeto social acreciendo cuantitativamente y cualitativamente el acceso a los servicios financieros de todos su clientes, vale decir, sin desmedro de los derechos e intereses de los minusválidos en la esfera bancaria, ya que estos, a despecho de toda carencia inciden con sus fondos en la salvaguarda del apremiante encaje bancario y en el circuito de la oferta crediticia, pese a la indudable utilidad que engloba la fila preferencial del Banco Cafetero Bancafé para la atención especial de aquellas personas con movilidad reducida, dadas las características arquitectónicas del mentado cajero electrónico, Bancafé vulnera en cabeza de tales personas los derechos de los consumidores o usuarios, el derecho a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas.

Consecuencialmente la Sala debió ordenar a Bancafé que adoptara las decisiones y medidas conducentes a la solución del conflicto planteado”.

VI. El recurso

Inconforme con la anterior decisión, el demandante la apeló con el fin de que sea revocada, argumentando lo siguiente:

Consideró que el tribunal se equivoco al señalar que los usuarios que se movilizan en sillas de ruedas no tienen derecho a utilizar los servicios que presta la banca mediante los cajeros automáticos, pues para la Sala, dicho grupo de personas solo tiene derecho a que se les preste los servicios en oficinas y de acuerdo a los horarios que están tengan, es decir, para el a quo solo las oficinas bancarias son las que están obligadas a permitir el acceso de las personas que se movilizan en silla de ruedas más no de cajeros automáticos.

Adujo que de la interpretación hecha por la mayoría de la Sala a fin de negar las pretensiones, termina discriminando a las personas que se movilizan en silla de ruedas, pues se coloca a este grupo de personas a recorrer por toda la ciudad en busca del cajero electrónico que se adecue a su situación física, en tanto que una persona que no tiene ningún impedimento puede utilizar los servicios bancarios a través del cajero que quiera.

Concluyó, que mediante la tesis planteada la Sala se limitó a proteger los intereses de bancos, en detrimento de los derechos de los usuarios que se movilizan en silla de rueda, quebrantando con ello, el derecho a la igualdad.

VII. Alegatos en segunda instancia

— La parte actora reiteró los argumentos del recurso de apelación.

— El apoderado de la parte demandada, solicitó que la sentencia sea confirmada en su totalidad, pues, el a quo determinó que existe una rampa que da acceso al anden de la edificación para el fácil acceso a las personas que presenten alguna discapacidad.

VII. Consideraciones de la Sala

1. El artículo 2º, inciso segundo, de la Ley 472 de 1998, en desarrollo del artículo 88 de la Constitución Política, dispone que las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible; y al tenor del artículo 9º ibídem, esas acciones proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos.

De acuerdo con lo anterior, se tiene que los supuestos sustanciales para que proceda la acción popular son los siguientes, a saber: a) una acción u omisión de la parte demandada, b) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos, peligro o amenaza que no es en modo alguno el que proviene de todo riesgo normal de la actividad humana y, c) relación de causalidad entre la acción u omisión y la señalada afectación de tales derechos e intereses.

2. Con el ejercicio de la presente acción se pretende la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con la seguridad y la prevención de desastres previsibles técnicamente; la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; y los derechos de los consumidores y usuarios, los cuales se estiman vulnerados en razón a que las instalaciones del cajero automático del Banco Cafetero S.A., ubicado en la calle avenida 13 Nº 60-66 de Bogotá no cuenta con la adecuación o rampa necesaria que permita el fácil acceso al mismo a las personas con discapacidad física, de la tercera edad, o con movilidad reducida.

En ese contexto, solicita el actor que se ordene al demandado Banco Cafetero S.A. (Bancafé), que en el término de 5 días, siguientes a la ejecutoria de la sentencia, procedan a acondicionar el área de acceso a los citados cajeros electrónicos, de acuerdo a la normativa legal vigente, de tal forma que se garantice el acceso a los mismos de personas discapacitadas, de la tercera edad, o con movilidad reducida.

3. El a quo en la sentencia impugnada negó las pretensiones de la demanda, por cuanto no se demostró la vulneración de los derechos colectivos invocados en la demanda.

4. A efectos de resolver lo pertinente, se tienen las siguientes pruebas:

— A folios 84 y 85, se observa respuesta por parte del profesional de apoyo oficina de obras de la alcaldía local de Puente Aranda, en el que se indicó lo siguiente: “que en el cajero automático instalado en la avenida 13 Nº 60-66 no permite condiciones de accesibilidad para las personas minusválidas teniendo en cuenta que existe un bordillo a desnivel en la entrada, y los tableros de control se encuentran a una altura tal, que no podrían acceder las personas que se movilicen en silla de ruedas. Es evidente que existe una barrera física de acceso a este cajero. En lo que respecta a la existencia de otros cajeros a los que puedan acceder los minusválidos en la misma zona se verificaron los que se encuentran ubicados sobre la avenida 13 con nomenclatura 60-60 Banco Agrario, 60-84 Banco Caja Social, 62-78, BBVA, 63-12 Davivienda, se verificaron los cajeros del área de las entidades Colmena, Granahorrar y Bancolombia de los cuales ninguno cumple con accesibilidad para las personas con alguna limitación de movilidad que se desplace sobre silla de ruedas”.

— A folios 101 a 119 obra concepto de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional, en el que precisa que el cajero automático que hace parte de la sucursal del Banco Cafetero localizada en la avenida calle 13 Nº 60-66, no es accesible para personas con movilidad reducida (2) .

5. Pues bien, en orden a solucionar lo pertinente, debe señalarse, en primer lugar, que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 472 de 1998, podrá ejercitar la acción popular, entre otros, toda persona natural o jurídica, sin que sea necesario de acuerdo con esta norma que el demandante tenga que demostrar un interés especial al promover la demanda distinto del interés de proteger los derechos colectivos, como sería, por ejemplo, que tuviese la carga procesal de demostrar su condición de discapacitado o minusválido o de usuario de los servicios prestados por el Banco Cafetero S.A. (Bancafé).

Esa titularidad en cualquier persona se explica en la naturaleza pública de la acción popular, cuyo objeto recae en la protección de aquellos derechos indivisibles o supraindividuales, que se proyectan de manera unitaria a una colectividad sin que una persona pueda ser excluida de su ejercicio por ninguna otra, porque se trata de un derecho que le pertenece a todos y cada uno de los miembros de la colectividad; en tal sentido, entonces, no es el derecho subjetivo del demandante el que está en juego en estos asuntos, sino el derecho de la colectividad, por cuya protección actúa quien demanda.

En segundo lugar, en cuanto al presente caso, es puntual destacar que la Constitución Política en su artículo 13 consagra el derecho de igualdad de todas las personas ante la ley, lo mismo que el deber del Estado de promover las condiciones para que ese derecho sea real y efectivo y de proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta.

Igualmente, en armonía con ese precepto, el artículo 47 de la Carta Política establece que corresponde al Estado adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se les debe prestar la atención especializada que requieran.

7. Es de anotar, que el Congreso de la República expidió la Ley 361 de 7 de febrero de 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”, y en el título III ibídem establece las normas y criterios básicos para facilitar la accesibilidad (3) a las personas con movilidad reducida, sea esta temporal o permanente, o cuya capacidad de orientación se encuentre disminuida por la edad, analfabetismo, limitación o enfermedad; a través de ellas se busca suprimir y evitar toda clase de barreras físicas en el diseño y ejecución de las vías y espacios públicos y del mobiliario urbano, así como en la construcción o reestructuración de edificios de propiedad pública o privada. Lo dispuesto en ese título se aplica igualmente a los medios de transporte e instalaciones complementarias de los mismos y a los medios de comunicación.

Conforme al parágrafo del artículo 43 de la ley comentada, los espacios y ambientes descritos en los artículos siguientes, deberán adecuarse, diseñarse y construirse de manera que se facilite el acceso y tránsito seguro de la población en general y en especial de las personas con limitación.

Por disposición expresa de la Ley 361 de 1997 son destinatarios especiales de este título, las personas que por motivo del entorno en que se encuentran, tienen necesidades esenciales, y en particular los individuos con limitaciones que les hagan requerir de atención especial, los ancianos y las demás personas que necesiten de asistencia temporal (art. 45). Además, en ella se destaca que la accesibilidad es un elemento esencial de los servicios públicos a cargo del Estado y por lo tanto deberá ser tenida en cuenta por los organismos públicos o privados en la ejecución de dichos servicios (art. 46).

En relación con la eliminación de barreras arquitectónicas en las edificaciones abiertas al público que se vayan a construir, lo mismo que en las ya existentes, el artículo 47 ibídem establece lo siguiente:

“ART. 47.—La construcción, ampliación y reforma de los edificios abiertos al público y especialmente de las instalaciones de carácter sanitario, se efectuarán de manera tal que ellos sean accesibles a todos los destinatarios de la presente ley. Con tal fin, el gobierno dictará las normas técnicas pertinentes, las cuales deberán contener las condiciones mínimas sobre barreras arquitectónicas a las que deben ajustarse los proyectos, así como los procedimientos de inspección y de sanción en caso de incumplimiento de estas disposiciones.

Las instalaciones y edificios ya existentes se adaptarán de manera progresiva, de acuerdo con las disposiciones previstas en el inciso anterior, de tal manera que deberá además contar con pasamanos al menos en uno de sus dos laterales.

...” (resalta la Sala).

Esta norma es clara en determinar que las edificaciones ya existentes al momento de la entrada en vigencia de la ley deben ser adecuadas de manera progresiva para permitir condiciones de accesibilidad a los discapacitados, lo cual debe hacerse atendiendo a la reglamentación técnica que para el efecto expida el Gobierno Nacional.

Señala además el artículo 50 ibídem, que sin perjuicio de lo dispuesto en norma antes citada, y en concordancia con las normas que regulen los asuntos relativos a la elaboración, proyección y diseño de proyectos básicos de construcción, le corresponde al Gobierno Nacional expedir las disposiciones que establezcan las condiciones mínimas que deberán tenerse en cuenta en los edificios de cualquier clase, con el fin de permitir la accesibilidad de las personas con cualquier tipo de limitación, lo cual cumplió el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial al expedir el Decreto 1538 del 17 de mayo de 2005.

Lo dispuesto en este último Decreto, según lo precisa su artículo 1º, es aplicable para:

“a) El diseño, construcción, ampliación, modificación y en general, cualquier intervención y/o ocupación de las vías públicas, mobiliario urbano y demás espacios de uso público;

b) El diseño y ejecución de obras de construcción, ampliación, adecuación y modificación de edificios, establecimientos e instalaciones de propiedad pública o privada, abiertos y de uso al público” (negrillas fuera del texto).

El artículo 52 de la Ley 361 de 1997, establece que lo dispuesto en el título IV de la ley en cita y en sus disposiciones reglamentarias (D. 1538/2005), será también de obligatorio cumplimiento para las edificaciones e instalaciones abiertas al público que sean de propiedad particular, quienes dispondrán de un término de cuatro años contados a partir de la vigencia de la presente ley, para realizar las adecuaciones correspondientes.

En relación con el cómputo del término de cuatro años concedido por la ley a los particulares para adecuar sus instalaciones frente a la expedición del reglamento que contiene las condiciones mínimas a observar por dichas edificaciones, esta Sección en sentencia del 8 de noviembre de 2007 (4) , precisó que: “... la observancia del artículo 47 de la Ley 361 de 1997 no se supeditaba a la expedición de norma reglamentaria, pues su contenido normativo es directamente ejecutable. No se necesitan mayores disquisiciones para hacer inteligible su texto, pues es concluyente y claro al disponer que los propietarios de edificaciones abiertas al público realizarán las construcciones, ampliaciones y reformas tendientes a permitir la accesibilidad de las personas con movilidad reducida” (negrillas no originales).

8. Precisado lo anterior, y como quiera que se encuentra acreditado que el inmueble donde funciona la entidad financiera ubicado en la avenida calle 13 Nº 60-66 de la ciudad de Bogotá, no cuenta con rampas que faciliten el acceso de las personas discapacitadas, de acuerdo al informe rendido por el profesional de apoyo oficina de obras de la alcaldía local de Puente Aranda y el concepto rendido por la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional.

9. En orden a lo anterior, no hay duda, entonces, que el cajero automático debe adaptarse a las previsiones técnicas dictadas por el Gobierno Nacional para asegurar la accesibilidad de las personas discapacitadas y contenidas en la Ley 361 de 1997, porque si bien existe fila preferencial en el Banco Cafetero para atender las transacciones de aquellas personas con discapacidad o mujeres embarazadas, también lo es, que para efectos de transacciones rápidas, como retiro de dinero, transferencias de dinero a otras cuentas, consulta saldo, etc., se pueden realizar a través de los cajeros electrónicos que permiten facilidad y rapidez en este tipo de actividades, y aún más cuando el banco se encuentra cerrado.

En efecto, como ya se menciono el artículo 47 de la Ley 361 de 1997 dispuso que las edificaciones abiertas al público, debían realizar las construcciones, ampliaciones y reformas tendientes a permitir la accesibilidad de las personas con movilidad reducida, sean estas temporales o permanentes.

Igualmente, el artículo 52, ibídem, concedió a las instalaciones abiertas al público de carácter particular un plazo de cuatro (4) años para realizar las adecuaciones contempladas en la Ley 361 de 1997 una vez entrara en vigencia, lo cual ocurrió el 11 de febrero de 1997 con su publicación en el Diario Oficial, por lo que los cuatro (4) años vencieron el 11 de febrero de 2001 y aún el causante de la vulneración no ha adecuado el inmueble para el acceso de los discapacitados o personas con movilidad reducida.

10. De otro lado, cuando el demandado afirma que por virtud de la intercomunicación de los distintos cajeros es posible que un cliente haga uso de un cajero que no pertenezca o forme parte del banco del cual sea cliente, sino de otro banco diferente, y que el cliente no está obligado forzosamente a utilizar un determinado cajero automático, sino que puede utilizar además de aquellos que pertenezcan a su banco, u otro que le ofrezca mayores comodidades para realizar sus transacciones o realizarlas vía internet, la Sala advierte, en primer lugar, que el hecho de que exista la posibilidad de que los usuarios de banco puedan hacer sus operaciones en cajeros electrónicos de otra entidad bancaria, y que por lo tanto no está obligado forzosamente a utilizar un determinado cajero automático, sino que puede utilizar además de aquellos que pertenezcan a su banco otro, no es una razón suficiente que permita señalar que no se vulneran los derechos de las personas a los que se refiere la Ley 361 de 1997.

Y en segundo lugar, aunque es un hecho cierto que existen medios tecnológicos modernos para obtener los servicios que prestan las entidades bancarias (internet, vía telefónica, etc.), también lo es que dichos medios no son plenamente eficaces para garantizar el derecho de la comunidad minusválida o con movilidad reducida de acceder a los servicios que ofrece Bancafé, ya que si bien los equipos para acceder a internet (computador o celulares con conexión), en principio, son de uso generalizado, no todos los usuarios los tienen, o, si los poseen, no todos los saben utilizar.

11. Con fundamento en todo lo anterior y teniendo en cuenta la sentencia del 8 de noviembre de 2007, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, donde se precisó que “..., la observancia del artículo 47 de la Ley 361 de 1997 no se supeditaba a la expedición de norma reglamentaria, pues su contenido normativo es directamente ejecutable.”, y se aclaró que “No se necesitan mayores disquisiciones para hacer inteligible su texto, pues es concluyente y claro al disponer que los propietarios de edificaciones abiertas al público realizarán las construcciones, ampliaciones y reformas tendientes a permitir la accesibilidad de las personas con movilidad reducida”, la Sala debe revocar la sentencia apelada, amparar los derechos colectivos amenazados, e impartir al Banco Cafetero (Bancafé) en su calidad de propietaria las órdenes pertinentes para el restablecimiento y protección de los mismos.

12. En consecuencia, la Sala revocará la sentencia apelada, como lo hará en la parte resolutiva de este proveído.

En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia apelada.

2. AMPÁRESE los derechos colectivos mencionados y ORDÉNASE, al Banco Cafetero S.A. (Bancafé), a realizar las adecuaciones tendentes a construir una rampa que permita a las personas discapacitadas o con movilidad reducida superar el desnivel existente en el cajero automático de Bancafé, ubicado en la calle avenida 13 Nº 60-66, de Bogotá, atendiendo las previsiones de la Ley 361 de 1997 y el Decreto 1538 de 2005, dentro de un plazo máximo de un (1) mes.

3. RECONÓCESE a favor del actor, señor Gabriel Alfonso Palacios Pantoja, la suma equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales, por concepto del incentivo económico previsto en el artículo 39 de la Ley 472 de 1998, a cargo del Banco Cafetero S.A. (Bancafé).

4. CONFÓRMASE el comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia integrado por el tribunal, las partes y el Ministerio Público.

7. (sic) Envíese el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión celebrada el 12 de junio de 2008.

Magistrados: Marco Antonio Velilla Moreno, Presidente—Camilo Arciniegas Andrade—Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta—Martha Sofía Sanz Tobón.

(1) Folio 8 de este cuaderno.

(2) Precisó que existe una barrera arquitectónica que impide el acceso en forma autónoma a personas en silla de ruedas, requiriendo inevitablemente la ayuda de otra persona sin discapacidad alguna para poderlo hacerlo.

Señaló que el espacio interior del cajero no tiene las dimensiones mínimas para el ingreso y desplazamiento de personas en silla de ruedas.

Afirmó que la puerta de acceso al cajero abre hacia el interior lo que aumenta la dificultad de acceso al servicio de los discapacitados, generando inseguridad y falta de privacidad. A lo anterior se le suma el hecho del peso de la puerta.

Concluyó que el diseño de este espacio no garantiza la accesibilidad de todos los ciudadanos clientes del Banco Cafetero, además la presencia de elementos adicionales al mueble del cajero, reducen el espacio de movilidad y la falta de señalización tanto en el espacio público que da acceso al cajero como en el mismo cajero, aumentan las barreras para la movilización.

(3) Según el artículo 44 de esta ley, para los efectos de la misma, se entiende por accesibilidad como la condición que permite en cualquier espacio o ambiente interior o exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la población en general, y el uso en forma confiable y segura de los servicios instalados en estos ambientes. Por barreras físicas se entiende a todas aquellas trabas, irregularidades y obstáculos físicos que limiten o impidan la libertad o movimiento de las personas. Y por telecomunicaciones, toda emisión, transmisión o recepción de señales, escrituras, imágenes, signos, datos o información de cualquier naturaleza, por hilo, radio u otros sistemas ópticos o electromagnéticos.

(4) Providencia proferida dentro de la acción popular 25000-23-25-000-2004-02407-01 promovida por Gabriel Alfonso Palacios Pantoja; C.P. Camilo Arciniegas Andrade.

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