Sentencia 200400114 de noviembre 6 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: expediente 110010324000-200400114-01

Consejera Ponente:

Dra. Martha Sofía Sanz Tobón

Actor: Germán Cavelier Gaviria

Acción: Nulidad simple

Bogotá, D.C., nueve de noviembre de dos mil seis.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

La controversia se contrae a dilucidar si el decreto parcialmente acusado está incurso en las causales de nulidad por violación de normas superiores e incompetencia.

El decreto acusado lo constituye la parte destacada del artículo 6-1 del Decreto 110 de 2004, publicado en el Diario Oficial 45.438 del 22 de enero de 2004, página 14, así:

“DECRETO NÚMERO 110 DE 2004

(Enero 21)

Por medio del cual se modifica la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores y se dictan otras disposiciones.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política, y el artículo 54 de la Ley 489 de 1998,

DECRETA:

(...).

ART. 6º—Despacho del Ministro de Relaciones Exteriores. Son funciones del Despacho del Ministro de Relaciones Exteriores, además de las establecidas en la Constitución Política, y en el artículo 61 de la Ley 489 de 1998, las siguientes:

1. Representar, junto con el Presidente de la República, al Gobierno de Colombia en la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de acuerdos internacionales. Los demás representantes del gobierno deberán acreditar los plenos poderes otorgados por el Presidente de la República de conformidad con lo dispuesto en la Ley 32 de 1985 aprobatoria de la Convención de Viena.

(...).

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 21 de enero de 2004.

Álvaro Uribe Vélez

La Ministra de Relaciones Exteriores,

Carolina Barco

El Viceministro General encargado de las funciones del despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Juan Ricardo Ortega López

El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Fernando Antonio Grillo Rubiano”.

La norma citada se sustentó para su expedición en los artículos 189, numeral 16 de la Carta Política y 54 de la Ley 489 de 1998, normas que establecen:

“ART. 189.—Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:

[…].

16. Modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales, con sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley”.

“ART. 54.—Principios y reglas generales con sujeción a las cuales el Gobierno Nacional puede modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y demás organismos administrativos del orden nacional. Con el objeto de modificar, esto es, variar, transformar o renovar la organización o estructura de los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales, las disposiciones aplicables se dictarán por el Presidente de la República conforme a las previsiones del numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política y con sujeción a los siguientes principios y reglas generales:

a) Deberán responder a la necesidad de hacer valer los principios de eficiencia y racionalidad de la gestión pública, en particular, evitar la duplicidad de funciones;

b)…

c)…

d)…

e) Se deberá garantizar que exista la debida armonía, coherencia y articulación entre las actividades que realicen cada una de las dependencias, de acuerdo con las competencias atribuidas por la ley, para efectos de la formulación, ejecución y evaluación de sus políticas, planes y programas, que les permitan su ejercicio sin duplicidades ni conflictos;

f) Cada una de las dependencias tendrá funciones específicas pero todas ellas deberán colaborar en el cumplimiento de las funciones generales y en la realización de los fines de la entidad u organismo;

g)...

h)...

i)... (2)

j) Se podrán fusionar, suprimir o crear dependencias internas en cada entidad u organismo administrativo, y podrá otorgárseles autonomía administrativa y financiera sin personería jurídica;

k) No se podrán crear dependencias internas cuyas funciones estén atribuidas a otras entidades públicas de cualquier orden;

l) Deberán suprimirse o fusionarse dependencias con el objeto de evitar duplicidad de funciones y actividades;

m) Deberán suprimirse o fusionarse los empleos que no sean necesarios y distribuirse o suprimirse las funciones específicas que ellos desarrollaban. En tal caso, se procederá conforme a las normas laborales administrativas (3) ;

n) Deberá adoptarse una nueva planta de personal”.

Aspectos generales

Los cargos formulados por la parte demandante apuntan a la facultad exclusiva que tiene el Presidente de la República para celebrar, como Jefe de Estado, con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso, facultad que según estima, le es inherente por ser propia e indelegable; en otras palabras alega el recurrente que solo el Presidente es el competente para celebrar tratados y convenios que debe someter a la aprobación del Congreso y que el Ministro de Relaciones Exteriores no puede ejercer esa función.

Para definir el asunto de la controversia, es necesario hacer las siguientes precisiones relativas a las disposiciones aplicables al caso presentado, a saber: Constitución Política, leyes aprobatorias de tratados o convenios internacionales y jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Constitución Política

“ART. 189.—Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:

(...).

2. Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrarcon otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso” (destacado no es del texto).

Convenciones de Viena sobre el derecho de los tratados

Las convenciones de Viena (4) , a saber: la Convención de Viena sobre derecho de los tratados del 23 de mayo de 1969, aprobada por la Ley 32 de 1985 y la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales del 21 de marzo de 1986, aprobada por la Ley 406 de 1997, en los artículos séptimos se aprobó que “2. En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado: a) Los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de relaciones exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado ; …” (resaltado y subrayado propio).

La parte II, sección 1 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969 establece las fases de celebración de los tratados internacionales, de lo cual se desprende que la “celebración” de un tratado no se limita a un solo acto sino a una serie de actos que incluyen, entre otros la negociación y la adopción del texto.

Es importante anotar que el artículo 27 de la Convención de Viena de 1969 estipula que “una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”, por lo cual debe acudirse a lo expresado por la Corte Constitucional, cuando de conformidad con la función que le confiere el numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política, se ha pronunciado sobre la exequibilidad de los tratados o convenios internacionales y de las leyes aprobatorias de estos.

Jurisprudencia de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional ha expresado claramente que como lo establece el artículo 7º de la mencionada Convención de Viena de 1969, la representación de un Estado por parte de una persona para todo lo relativo a la celebración de un tratado es válida en cualquiera de las siguientes circunstancias: 1. si presenta adecuados plenos poderes (CV art. 7.1 a); 2. si se deduce de la práctica del Estado, o de otras circunstancias, que es su intención considerar a esa persona representante del Estado para esos efectos, y prescindir de la presentación de plenos poderes (CV art. 7.1 b); o 3. si se deduce de las funciones de la persona como el jefe de Estado, jefe de Gobierno o Ministro de Relaciones Exteriores (CV art. 7.2 a) (5) (subrayado y resaltado propio).

Los diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional son consecuentes con lo expresado por la misma cuando declaró exequible la Ley 406 de 1997 aprobatoria de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (6) entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales, suscrita el 21 de marzo de 1986, pronunciamiento en el cual se refirió también a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados suscrita el 23 de mayo de 1969, aprobada por la Ley 32 de 1985. Expresó dicha corporación:

Naturaleza

Los tratados son actos jurídicos complejos, que se encuentran sometidos a un régimen jurídico complejo, pues están regidos tanto por normas internacionales como por disposiciones constitucionales. Así, el derecho internacional consagra la vida y los efectos internacionales de esos acuerdos, mientras que el derecho constitucional, establece la eficacia interna de los tratados así como las competencias orgánicas y los procedimientos institucionales por medio de los cuales un país adquiere determinados compromisos internacionales. Ahora bien, Viena I regula en lo fundamental el derecho internacional de los tratados y sus principios gozan en Colombia de un reconocimiento constitucional genérico, pero ello no significa que, en el plano interno, el articulado de Viena I pueda prevalecer sobre normas constitucionales específicas, ya que la Carta es norma de normas. Precisamente el control constitucional previo ejercido por esta corporación busca armonizar con la Constitución el contenido de los tratados que el Estado colombiano pretende ratificar (resaltado y subrayado propio).

Tratado internacional - Celebración

Esta corporación ya había admitido la figura de los plenos poderes, pues si bien corresponde al Presidente celebrar los tratados, es obvio que esto no implica que todos los pasos indispensables para la celebración de los mismos “deban correr a cargo del Presidente de la República en forma directa, pues, de tomar fuerza semejante idea, se entrabaría considerablemente el manejo de las relaciones internacionales y se haría impracticable la finalidad constitucional de promoverlas en los términos hoy previstos por el Preámbulo y por los artículos 226 y 227 de la Carta”. Igualmente, es perfectamente conforme con el derecho colombiano que la Convención presuma que representan a Colombia en la negociación de tratados, el Presidente, el Ministro de Relaciones y otros agentes diplomáticos del ejecutivo, como los señalados en el artículo 7º, pues el Presidente dirige las relaciones internacionales, nombra los ministros de este ramo así como a los agentes diplomáticos, por lo cual se entiende que estos actúan bajo instrucción suya (resaltado propio).

Tratado internacional - Confirmación

Esta corporación encuentra perfectamente acorde con el ordenamiento constitucional la figura de la confirmación, según la cual, un acto ejecutado por una persona que no pueda considerarse autorizada para representar al Estado o a una organización internacional, no surtirá efectos jurídicos a menos que sea ulteriormente confirmado por ese Estado o esa organización. Es más, en numerosas ocasiones, la Corte ha hecho referencia a la figura de la confirmación presidencial, como una concreción en el constitucionalismo colombiano de este principio, que le ha permitido considerar subsanado cualquier vicio en la negociación y suscripción de un tratado por nuestro país, si figura en el expediente la aprobación o confirmación por el Presidente de la República, antes de que el tratado sea sometido a consideración del Congreso.

Por su parte el artículo 7º se refiere a los plenos poderes, esto es la capacidad que tienen determinadas personas para representar al Estado o a la organización en la negociación de un tratado, así como en la expresión del consentimiento internacional. La disposición regula la figura jurídica en relación con las organizaciones internacionales, asunto que compete al derecho internacional público y no interesa al control constitucional. En relación con los Estados, la norma reproduce el mismo artículo de Viena I y simplemente agrega que también se considera que tienen plenos poderes los representantes acreditados y los jefes de misiones permanentes ante una organización internacional, para la adopción del texto de un tratado entre los Estados acreditantes y esa organización.

En cuanto a la representación del Estado colombiano en el proceso de celebración y suscripción de un instrumento internacional, también ha dicho la Corte Constitucional que:

“Comparte la Corte el concepto del Procurador, en el sentido de la plena competencia que tenía el funcionario colombiano que suscribió el instrumento internacional a nombre de nuestro país, por cuanto aquel ostentaba la condición de Ministro de Relaciones Exteriores (encargado) (7) , luego no era necesario que demostrara plenos poderes para firmar convenios internacionales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 32 de 1985, aprobatoria de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados; en consecuencia no se encuentra vicio de constitucionalidad alguno en este aspecto” (8) (resaltado propio).

Ahora bien, la misma Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia (9) al señalar que su deber constitucional de revisar los tratados internacionales, así como las leyes que los aprueben, incluye el examen de las facultades del Ejecutivo respecto de la negociación y firma del instrumento internacional respectivo, ha aclarado lo relacionado con la competencia que tiene el Ministro de Relaciones Exteriores para suscribirlos.

Recientemente en Sentencia C-152 de 2005 (10) , reiterando lo ya expresado en otros fallos (11) , dijo la Corte Constitucional acerca de la representación del Estado colombiano en la celebración del convenio que fue suscrito el 20 de agosto de 2001 “por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Guillermo Fernández de Soto, quien actuó en nombre y representación de la República de Colombia. ... Por su parte el entonces Presidente de la República, doctor Andrés Pastrana Arango, impartió al gobierno correspondiente aprobación ejecutiva, el 4 de junio de 2004” (resaltado propio).

En Sentencia C-154 de 2005 (12) la Corte reiterando su jurisprudencia ha señalado que “tal como consta en el expediente, y como lo señaló el Procurador General de la Nación, el Acuerdo fue suscrito por el doctor Guillermo Fernández de Soto, entonces Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, y posteriormente el presidente de la República le impartió la respectiva aprobación ejecutiva el día 7 de marzo de 2002, y dispuso que fuera sometido a consideración del Congreso de la República para los efectos constitucionales”.

Agregó la Corte Constitucional en la sentencia antes mencionada que, “Quiere decir lo anterior que el Estado colombiano estuvo debidamente representado, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y en la Convención de Viena sobre derecho de los tratados, según la cual ‘en virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considera que los ministros de relaciones exteriores representan a su estado para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado’” (resaltado propio).

Caso concreto - Análisis de los cargos

— Violación del artículo 189, numeral 2º de la Carta Política

Señala el demandante que esta norma le otorgó de manera exclusiva al Presidente de la República, como Jefe de Estado, la facultad de celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del congreso, potestad que le es inherente por ser propia e indelegable. La norma señala que:

“ART. 189.—Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:

(…).

2. Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrarcon otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso” (destacado no es del texto).

Del cotejo entre las facultades alegadas como desconocidas por la norma acusada y las otorgadas en la Constitución Política, la Sala encuentra que el Presidente no le transfirió al Ministerio de Relaciones Exteriores las facultades a él otorgadas de “celebrar” tratados o convenios internacionales, porque el Presidente continúa con esta función; lo que hace la norma acusada es designar al funcionario natural, que como cabeza de la entidad ejecutora de las relaciones exteriores, puede representar al Gobierno Nacional en la ejecución de los actos relativos a la celebración de acuerdos internacionales.

Encuentra la Sala que la expresión, “... junto con el Presidente de la República,” es una frase explicativa, que interrumpe la frase principal, precisamente para indicar que el Ministro de Relaciones tiene la facultad de representar al gobierno de Colombia en los actos relativos a la celebración de los tratados, sin perjuicio de la facultad que ostenta el presidente.

En otras palabras, la norma acusada no autorizó al Ministro de Relaciones Exteriores para que sustituyera al Presidente de la República en la celebración de acuerdos internacionales, sino que aclaró y fijó el procedimiento normal para el cumplimiento de la función presidencial, toda vez que el primer mandatario no puede cubrir la totalidad de los aspectos inherentes a la celebración de tratados.

Entendida así la norma es claro que la facultad constitucional conferida al Presidente de la República queda intacta y este puede en cualquier momento, de manera autónoma e independiente y sin necesidad de su Ministro de Relaciones Exteriores suscribir los tratados internacionales que a bien considere.

Y no solo tiene esa facultad por estar consagrada en la Constitución Política, sino que también ostenta esta potestad de conformidad con los artículos 7º de las convenciones de Viena sobre el derecho de los tratados, que han determinado y reconocido cuáles son los individuos que tienen la condición de sujetos internacionales y la facultad de hacer manifestaciones de voluntad que les sean imputables.

Conforme a lo antes expuesto, para la Sala es claro que el Presidente de la República al expedir el decreto acusado, simplemente ratificó unas funciones que por su naturaleza le corresponden al Ministro de Relaciones Exteriores, según las convenciones de Viena sobre tratados internacionales, ratificadas por Colombia y que la disposición, se repite, en manera alguna despoja al Jefe de Estado de su prerrogativa constitucional de celebrar tratados internacionales, ni le fija limitaciones al cumplimiento de esta labor.

— Violación del artículo 200 de la Carta Política (13)

Conforme a los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (artículo 9º de la Carta Política), a través de las convenciones de Viena sobre derecho de los tratados citadas, el Ministro de Relaciones Exteriores tiene la facultad de representar al Estado sin necesidad de autorización expresa o especial, porque por la naturaleza del cargo que desempeña no requiere de plenos poderes (14) para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de tratados, convenios y demás instrumentos internacionales.

En efecto, en las convenciones de Viena, en los artículos séptimos, se aprobó que “2. En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado: a) Los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de relaciones exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado ; …” (resaltado y subrayado propio).

Mal puede entonces estimarse, a la luz de las convenciones de Viena y la jurisprudencia citada, que el Ministro de Relaciones no tenga la facultad de representar al país en todos los actos relacionados con la celebración de un tratado.

— Violación del artículo 54 de la Ley 489 de 1998.

La norma citada fijó los principios y reglas generales que debe acatar el Presidente de la República para modificar la organización o estructura de los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales; en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores la modificación de su estructura implicó la asignación de la función específica al Ministro de Relaciones Exteriores de representar al Gobierno en la ejecución de “todos los actos relativos a la celebración de acuerdos internacionales”, ocupación acorde con la calidad de dicha cartera, mas no de otro ministerio, por ser el “organismo rector del sector de relaciones exteriores”.

Como ya se indicó, el Presidente en su triple condición de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y primera autoridad administrativa podía proferir el acto acusado, autorizando bajo su dirección al Ministro de Relaciones Exteriores para que colabore en el impulso, promoción formación, negociación y en general con todos los actos relacionados con la celebración de los tratados o convenios internacionales, función que no le recorta ninguna facultad y, antes por el contrario, procura la realización de los fines del Estado en donde se requiere de la colaboración armónica de los entes que lo conforman, concurriendo en la formación de las leyes, presentando al Congreso proyectos de ley aprobatorios de tratados internacionales por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores; aún más, el Presidente de la República con la disposición demandada reproduce lo expresado por las convenciones de Viena sobre el derecho de los tratados, que obligan a Colombia como “país parte” de estas.

Conforme a lo expuesto, se repite, para la Sala es claro que el Presidente de la República al expedir el decreto acusado, simplemente ratificó unas funciones que por su naturaleza le corresponden al Ministro de Relaciones Exteriores, según las convenciones de Viena sobre el derecho de los tratados ratificadas por Colombia y que la disposición en manera alguna despoja al Jefe de Estado de su prerrogativa de celebrar tratados internacionales, ni le fija limitaciones al cumplimiento de esa labor y por ello la Corte Constitucional, como ya se ha dicho, ha establecido en su reiterada jurisprudencia que aplicando lo establecido en las convenciones de Viena sobre el derecho de los tratados, “… entiende que los cancilleres de los Estados no necesitan el otorgamiento de poderes especiales o plenos, pues ejercen una representación genérica de aquellos y los pueden obligar internacionalmente. El Ministro de Relaciones Exteriores actúa, en estas materias, a nombre del Presidente de la República, en su condición de Jefe de Estado, y por tanto, goza de plena autorización, por razón del desempeño del cargo, para participar, bajo su dirección, en el manejo de las relaciones internacionales de Colombia” (15) .

— Violación del artículo 243, inciso 2º, de la Constitución Política.

El artículo establece que: “Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución”.

El actor indicó que la norma acusada reprodujo sin variaciones las palabras que fueron declaradas inexequibles del artículo 1º del Decreto 2017 de 1968, según sentencia del 28 de septiembre de 1989, expediente 1945, del 28 de septiembre de 1989, norma que establecía:

“ART. 1º—El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene a su cargo el estudio y ejecución de la política internacional del Gobierno; el mantenimiento de las relaciones de todo orden con los demás Estados por medio de las representaciones diplomáticas y consulares que acredite ante ellos o que sean acreditadas en Colombia; las relaciones con los organismos internacionales; la negociación (y celebración) de tratados y convenios, y la vigilancia de su ejecución; el régimen de privilegios e inmunidades reconocidos por la ley o por convenios internacionales; la protección de los intereses del país y de sus nacionales en el exterior; la naturalización de los extranjeros; la definición de nacionalidad, la expedición de pasaportes, y la autorización de entrada de extranjeros al país” (la parte entre paréntesis corresponde a la expresión declarada inexequible).

La Sala, luego de comparar la norma citada con el texto acusado, encuentra que se trata de normas sustancialmente distintas porque la acusada se refiere, como ya se indicó, a la representación del ministro en la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de acuerdos internacionales, mientras que la declarada inexequible se refería a la prerrogativa del Ministerio de disponer sobre la “celebración” de estos, sin tener en cuenta la competencia que tiene el Presidente de la República de conformidad con la Constitución Política; de tal manera que los sujetos a los cuales hacen referencia las normas comparadas son diferentes.

En efecto la norma declarada inexequible se refería a una facultad del ministerio para la celebración de tratados, disposición que sí despojaba al Presidente de su facultad de celebrar contratos, según lo expresado en su momento por la Corte Suprema de Justicia; la norma cuestionada establece de conformidad con las convenciones de Viena sobre el derecho de los tratados y con lo expuesto por la Corte Constitucional que corresponde al Ministro de Relaciones Exteriores representar al país en la ejecución de todos los actos relativos a dicha celebración, esto es, los tendientes a que dicha celebración tenga lugar.

De otro lado estas normas también son diferentes en el contenido, pues la declarada inexequible atribuía al Ministerio de Relaciones Exteriores la función de celebrar tratados internacionales y la demandada asigna al despacho del Ministro de Relaciones Exteriores la función de representar al gobierno en la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de los tratados internacionales, sin perjuicio de las funciones del Presidente de la República. Así las cosas, la Sala considera que de conformidad con las convenciones de Viena sobre el derecho de los tratados y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el Ministro de Relaciones Exteriores representa al Gobierno de Colombia en la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado.

En conclusión, no aparecen demostrados los cargos de violación de normas superiores, por consiguiente, se negará la nulidad de la disposición acusada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

FALLA:

NIÉGASE la nulidad del numeral 1º del artículo 6º del Decreto 110 del 21 de enero de 2004.

Notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(2) Literales b), c), d), g), h) e i) declarados INEXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-702 del 20 de septiembre de 1999, magistrado ponente doctor Fabio Morón Díaz.

(3) Literales a), e), f), j), k), l) y m) declarados CONDICIONALMENTE EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-702-99 de 20 de septiembre de 1999, magistrado ponente doctor Fabio Morón Díaz.

(4) Exequible, Corte Constitucional, Sentencia C-400 de 10 de agosto de 1998, M.P.Alejandro Martínez Caballero.

(5) Sentencia C-580 de julio 31 de 2002, M.P. doctor Rodrigo Escobar. Exp. LAT- 218.

(6) Sentencia C-400 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(7) En efecto, la oficina jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores mediante comunicación de fecha 17 de noviembre de 1999 certificó la condición en que actuó el doctor Camilo Reyes Rodríguez al momento de suscribir el instrumento internacional en estudio.

(8) Sentencia C-206 del 1º de marzo de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz. Exp. LAT 155.

(9) C-152 de 2005, Convenio de cooperación turística entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de Bolivia, suscrito el 20 de agosto de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis. C-154 de 2005, Acuerdo de cooperación con Malasia, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. C-206 de 2005, Acuerdo con el Gobierno de Ecuador sobre ferias y eventos de fronteras. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. C-241 de 2005, Acuerdo de coproducción audiovisual con el Gobierno de Canadá, suscrito el 2 de julio de 2002. C-1151 de 2005, sobre responsabilidad e indemnización por los daños resultantes de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación del 10 de diciembre de 1999, M.P. Manuel José Cepeda.

(10) Revisión Constitucional del Convenio de Cooperación Turística entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Bolivia, suscrito el 20 de agosto de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Sentencia que se remite a lo ya expresado en sentencias C-400 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C- 834 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, C-369 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, C- 533 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(11) Sentencias C-088 de 1995, Convenio en materia educativa con laRepública Argentina, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-206 de 2000, Convenio de cooperación judicial con Ecuador, M.P. Fabio Morón Díaz; C-400 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-834 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, C-369 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; C-580 de 2002, Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C- 533 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis. C-661 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(12) Revisión de constitucionalidad de la ley aprobatoria del Acuerdo de cooperación económica, científica, educativa, técnica y cultural, suscrito entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Malasia el 1º de marzo de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(13) “ART. 200.—Corresponde al gobierno, en relación con el Congreso:

1. Concurrir a la formación de las leyes, presentando proyectos por intermedio de los ministros, ejerciendo el derecho de objetarlos y cumpliendo el deber de sancionarlos con arreglo a la Constitución.

2. Convocarlo a sesiones extraordinarias.

3. Presentar el plan nacional de desarrollo y de inversiones públicas, conforme a lo dispuesto en el artículo 150.

4. Enviar a la Cámara de Representantes el proyecto de presupuesto de rentas y gastos.

5. Rendir a las cámaras los informes que estas soliciten sobre negocios que no demanden reserva.

6. Prestar eficaz apoyo a las cámaras cuando ellas lo soliciten poniendo a su disposición la fuerza pública, si fuere necesario”.

(14) Los artículos segundos de las convenciones de Viena citadas en el texto, definió el término “plenos poderes" como “un documento que emana de la autoridad competente de un Estado y por el que se designa a una o varias personas para representar al Estado en la negociación, la adopción o la autenticación del texto de un tratado, para expresar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, o para ejecutar cualquier otro acto con respecto a un tratado”.

(15) Sentencia C-218 de 1997. Ref. LAT-090. Revisión constitucional de la Ley 316 del 13 de septiembre de 1996, “Por medio de la cual se aprueba el Protocolo interpretativo del artículo 44 del Tratado de Montevideo-1980. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

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