Sentencia 20040255701/50 de octubre 6 de 2004 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 200402557 01/50 IV 04, oct. 6/2004

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Coral Villota

Aprobado según Acta de Sala Nº 144 del 6 de octubre de 2004.

Ref.: Impugnación del fallo de tutela instaurada a través de apoderado por Enrique Rodríguez Cuenca contra la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Procede la Sala a decidir lo que corresponda en derecho sobre la impugnación del fallo adiado el 31 de agosto de 2004, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, mediante el cual concedió el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y seguridad social a favor del señor Luis Enrique Rodríguez Cuenca y en consecuencia dejó sin efecto la sentencia proferida el 9 de febrero de 2000 y ordenó que dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación del fallo, entre a resolver el recurso de casación interpuesto en el referido asunto con sujeción a lo preceptuado en los artículos 13, 29.48 y 53 de la Carta Política.

Antecedentes

1.La demanda.

La acción de tutela fue instaurada por el doctor Hugo Francisco Mora Murillo en nombre del señor Luis Enrique Rodríguez Cuenca contra la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero en liquidación, vinculándose al Juzgado 14 Laboral del Circuito y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

La anterior solicitud, tuvo como base los sucintos hechos que resumió la colegiatura de instancia de la siguiente manera:

“Manifiesta el apoderado que su representante trabajó en la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero entre el 28 de julio de 1962 y el 26 de mayo de 1983, fecha en la que devengaba un salario de $ 52.108.42, equivalente a más de 5.6 veces el salario mínimo de ese entonces.

Que a partir del 31 de mayo de 1994, cuando el demandado cumplió los requisitos para la pensión de jubilación, tal entidad le reconoció la primera mesada pensional en una suma de $ 98.700, equivalente a solo un salario mínimo.

Agrega que el accionante reclamó ante su ex empleadora el reconocimiento de la primera mesada debidamente indexada con base en la variación del IPC, el incremento del salario mínimo legal mensual o la devaluación de la moneda nacional entre la fecha del retiro y la de su cálculo, pero no le fue atendida dicha petición, por lo que acudió a la justicia laboral, pues en casos semejantes o iguales, venía reconociendo la indexación con base en principios de equidad y justicia consagrados en los artículos 8º de la Ley 153 de 1887, en concordancia con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, entre otras disposiciones.

El juzgado 14 laboral del circuito, al que le correspondió conocer el proceso en primera instancia, el 8 de septiembre de 1998, profirió sentencia desfavorable al actor, absolviendo a la entidad demandada de cada una de las pretensiones incoadas en su contra; decisión que fue revocada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, en providencia del 9 de diciembre de la misma anualidad, autoridad que la condenó a reajustar el valor inicial de la pensión en $ 434.674.16, a partir del 31 de mayo de 1994, y a pagar los valores que resultaran de acuerdo con la liquidación que se hiciera, indexada con los posteriores argumentos legales.

Contra dicha determinación, se impuso recurso de casación por la demandada, y en sentencia del 9 de febrero de 2000, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la casó, decisión con la que dice el libelista, se ha afectado gravemente a su poderdante porque la pensión que viene devengando no le alcanza para su congrua subsistencia y menos para atender el conjunto de obligaciones familiares que afronta, vulnerándosele además sus derechos al debido proceso, igualdad, trabajo, seguridad social y principio de favorabilidad en materia laboral” (fls. 35-37).

2. De la acción de tutela incoada y su negativa. Presentación. Admisión.

Para una mayor ilustración se tiene que en el proveído impugnado se hizo alusión al siguiente hecho: “La presente acción de tutela fue interpuesta inicialmente ante esta corporación, habiendo sido remitida por competencia a la Corte Suprema de Justicia, de donde la Sala de Casación Penal mediante auto del 9 de junio de 2004, la rechazó al considerar como en otras ocasiones, que esa colegiatura es el órgano límite de la jurisdicción ordinaria, por lo que contra sus decisiones no cabe el amparo constitucional, dado el carácter “intangible e inmutable” (fl. 36).

El 19 de agosto de 2004, se presentó la acción de tutela ante la corporación a quo. La cual la admitió mediante auto del 24 de agosto de 2004 (fl. 21), siendo notificados los directamente interesados como los posibles terceros (1) (fls. 22-27).

3. Intervención de la accionada.

Durante el trámite de la acción constitucional, intervinieron los magistrados de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

En efecto, los señores magistrados de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, doctores Eduardo López Villegas, Elsy del Pilar Cuello Calderón, Gustavo Gnecco Mendoza, Carlos Isaac Náder, Luis Javier Osorio López, Camilo Tarquino Gallego e Isaura Vargas Díaz, presentaron sus alegaciones argumentando que “la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca no puede asumir el conocimiento y darle trámite a la señalada acción”.

Arguyeron que la acción de tutela no puede ser presentada sino ante esa autoridad, según lo previsto en los artículos 37 y 38 del Decreto 2591 de 1991.

En segundo lugar, alegan la improcedencia de la tutela contra decisiones judiciales y las normas regulatorias de esa materia, los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991 fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional, al considerar que constituía un exabrupto jurídico aceptar tal amparo contra fallos judiciales.

En tercer lugar, sostienen que según el artículo 235 de la Constitución Política, el conocimiento del recurso de casación es atribución exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, “Por lo tanto, ningún otro órgano ni corporación de justicia puede “actuar como tribunal de casación”, ni producir decisiones en ese campo”. Como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, dicha Corte, es un órgano límite, razón para que sus decisiones no sean modificadas, anuladas o desconocidas por ninguna autoridad, la Constitución les da el sello de intangibilidad, son, en sí, últimas y definitivas dentro de su especialidad y no hay órgano superior, según la misma Constitución.

En cuarto lugar, y como resumen de lo anterior, se arriba a la conclusión de la incompetencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca para conocer y tramitar esta tutela. Si se considera vigente el inciso 2º del numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, el cual fue demandado ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que mediante sentencia del 18 de julio de 2002, denegó las súplicas de las demandas. “Como este precepto está actualmente vigente, pues no ha sido declarado nulo ni derogado, debe ser inexorablemente cumplido por las autoridades judiciales”.

En quinto lugar, rechazan el argumento del accionante en el sentido de haber autorizado la Corte Constitucional la interposición de acciones de tutelas contra la Corte Suprema de Justicia ante jueces unipersonales o colegiados, puesto que esa corporación carece de facultades legales y constitucionales para conferir competencias a otros funcionarios judiciales, por tratarse de una facultad exclusiva del ordenamiento jurídico. Esa atribución induce en error al usuario del servicio, creando absurdas congestiones y prohijando el desconocimiento de la normatividad vigente, tal como en reciente pronunciamiento lo sostuvo el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, en auto del 13 de febrero de 2004 (Sec. Segunda, Subsec. N, C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado).

Existiendo norma que le atribuye competencia a la Corte Suprema para conocer de las tutelas intentadas contra sus propias decisiones, entonces, no tiene efecto la atribución de competencias realizadas por la Corte Constitucional para que otras autoridades conozcan de esas acciones de tutelas, con lo cual actuó apartándose del principio de legalidad e invitando a que los jueces se sustraigan al imperativo de aplicar normas vigentes.

“En consecuencia, debe declararse la nulidad de lo actuado y rechazarse la acción de tutela” (fls. 28-33).

4. Del fallo impugnado.

El 31 de agosto de 2004, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca no aceptó los planteamientos de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ni decretó la nulidad incoada por sus integrantes. En su lugar, el juez constitucional colegiado de primer grado, decidió amparar los derechos fundamentales de igualdad, debido proceso y seguridad social del señor Luis Enrique Rodríguez Cuenca, dejando sin efecto el fallo adiado el 9 de febrero de 2000, el cual fue proferido por la corporación accionada, pues en el criterio de la primera instancia, el derecho a la igualdad del petente fue vulnerado, ya que en casos similares la citada entidad ha reconocido la indexación de la primera mesada pensional e invocó para demostrarlo, entre otras las sentencias 13.153, 15.836 y 17.569.

Seguidamente, abordó la Sala a quo que la vulneración del derecho a la igualdad del accionante por parte de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia frente a otros casos que ha reconocido la indexación, no tiene ningún respaldo legal, por cuanto al promulgarse la Ley 100 de 1993, existe una normativa para aplicar dicho criterio y a pesar de ello, sin ningún fundamento, decidió desconocer ese derecho pensional.

De otra parte, la posición jurisprudencial de la Corte Constitucional es clara sobre el tema de la indexación de la primera mesada pensional y en ese sentido orientada por el precedente de la máxima guardiana de la Constitución, dejó sin efecto el proveído de la accionada, para que en su lugar se procediera de conformidad frente a los derechos del señor Luis Enrique Rodríguez Cuenca (fls. 34-53).

5. Impugnación de la sentencia de primera instancia.

El anterior fallo, fue impugnado por los magistrados de la Sala de Casación aboral de la Corte Suprema de Justicia, argumentando que ninguna corporación judicial del país, puede actuar como máximo tribunal de casación del país, en virtud del artículo 235 de la Carta, pues es el órgano límite de la jurisdicción ordinaria y por ende, sus decisiones no pueden ser modificadas.

Señaló la entidad accionada que las decisiones judiciales que han hecho tránsito a cosa juzgada son intangibles e inmutables, por consiguiente, no admiten ninguna modificación para mantener la seguridad jurídica que es el eje de la convivencia social, situación que ha sido reconocida por la misma Corte Constitucional en los fallos C-543 de 1992 y C-774 de 2001.

Así mismo, la entidad accionada consideró que en virtud del principio de la autonomía funcional no puede existir injerencia de la Corte Suprema de Justicia en decisiones del Consejo de Estado y la Corte Constitucional y, viceversa, pues de presentarse esa situación, amén de infringirse dicho principio, también se transgredía la seguridad jurídica y la cosa juzgada.

Reiteró de igual manera, su tesis de que la tutela no procedía contra decisiones judiciales y recordó que la Constitución de 1991, estableció cuatro cabezas de la rama jurisdiccional sin asignarle a ninguna de ellas, la condición de superior de las otras, motivo por el cual, frente a este tipo de situación invitaba a realizar un diálogo institucional y a la búsqueda de una resolución a través de derecho legislado (fls. 60-72).

Consideraciones de la Sala

Tres son los aspectos que analizará en esta oportunidad la Sala:

1. Del caso en concreto.

Nuevamente se examina una situación relacionada con la indexación la primera mesada pensional que debe ser pagada al señor Luis Enrique Rodríguez Cuenca, quien agotó todas las instancias judiciales para que se restableciera su derecho, empero la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia casó la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que había reconocido la susodicha prestación al actor.

2. La demanda de tutela se interpuso ante esta corporación y remitida a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La presente acción de tutela fue interpuesta inicialmente por el actor ante esta corporación, la cual fue remitida por competencia a la Corte Suprema de Justicia, de donde la Sala de Casación Penal mediante auto del 9 de junio de 2004, la rechazó al considerar como en otras ocasiones, que esta colegiatura es el órgano límite de la jurisdicción ordinaria, por lo que contra sus decisiones no cabe el amparo constitucional, dado el carácter “intangible e inmutable”.

3. Una solución acorde a la necesidad del actor.

En múltiples ocasiones este tema ha sido tratado por esta corporación, la cual ha sido reiterativa en acatar el precedente establecido en la Sentencia SU-120 de 2003 y ha remitido a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia para que proceda de conformidad sin que esta haya realizado hasta el momento un pronunciamiento acorde con las directrices de la guardiana de la Constitución; por ende, se pretende encontrar una solución que sea satisfactoria al actor y acorde con las directrices de la Corte Constitucional.

Conviene anotar, que si se tratase de aplicar el Decreto 2637 de 2004, basta con anotar que sus disposiciones previstas en el su artículo 9º son inaplicables por vía de excepción de inconstitucionalidad en virtud de los artículos 4º y 254 numeral 2º de la Carta Política.

Precedente jurisprudencial-Reclamación del reconocimiento de la primera mesada pensional(sic).

Realizada la anterior precisión y como la Sala ya ha decantado el tema en otras acciones de tutela que ha conocido en segunda instancia, donde el tema central de las mismas ha sido la reclamación del reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional, es del caso seguir el precedente jurisprudencia y al efecto se transcribe íntegramente la parte de las consideraciones de la sentencia dictada haciendo algunos ajustes al caso en concreto del señor Rodríguez Cuenca, dentro de la acción de tutela del señor Jesús Alberto Piedrahíta Salamanca contra la misma Sala de Casación Laboral de la honorable Corte Suprema de Justicia, radicado 200400981, cuyo texto reza:

“Indiscutible competencia.

1. Competencia general.

La tutela es un amparo jurídico en procura de salvaguardar los derechos fundamentales que tienen todas las personas para ser protegidas de las acciones u omisiones de autoridades, que vulneran o amenacen esa clase de derechos.

En tal sentido, la tutela obedece a situaciones específicas y es evidente que es el juez, quien determina su alcance frente a los hechos esgrimidos por la persona, que cree amenazado un derecho fundamental, a este tenor aquella procede ante la inexistencia de otro medio de defensa judicial o como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Precisado el alcance de la acción de tutela, resulta oportuno atender los argumentos expresados por los magistrados de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para que la corporación de instancia no asumiera el conocimiento del caso sub examine, pues como se ha dicho se encuentra cuestionada la competencia de la jurisdicción disciplinaria para el análisis de los derechos fundamentales deprecados por el señor Piedrahíta Salamanca.

Al respecto debe precisarse:

1.1. Falta de competencia de otros jueces frente a las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, como máximo tribunal de casación.

Señalaron los magistrados de la Sala Laboral del alto tribunal del país, que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca no podía asumir el conocimiento y darle trámite a la acción interpuesta por el citado Piedrahíta Salamanca, pues la Carta Política no previó expresamente la tutela contra decisiones judiciales.

Igualmente, señalaron que el artículo 235 de la Constitución determinó que el conocimiento del recurso de casación era una atribución, cuya competencia era exclusiva de la Corte Suprema de Justicia; por consiguiente, ningún órgano ni corporación judicial puede actuar como tribunal de casación.

Esta colegiatura respeta las anteriores consideraciones pero no las comparte, toda vez que el artículo 86 de la Carta, tal y como quedó reseñado en el acápite anterior, permite a cualquier persona hacer uso de la acción de tutela con respecto de las acciones u omisiones de las autoridades, que vulneran o amenacen sus derechos fundamentales. En tal sentido, la norma predica qué debe hacerse sin restricción alguna, es válida por ser superior dentro del ordenamiento jurídico y resulta de obligatoria observancia, pues se trata de un mandato constitucional.

Así mismo, si la Constitución normativamente es concebida como un conjunto de principios acerca de las funciones, fines y límites de autoridades y prácticas sociales, estas solo pueden ser valoradas por la Corte Constitucional frente a las disposiciones de orden legal, a ciertos actos del ejecutivo que tengan fuerza de ley o actos reformatorios de la Constitución, con las restricciones establecidas por el mismo constituyente y en otras ocasiones, por competencia residual, la función corresponde a la Sala Plena del Consejo Estado. Igualmente, a la guardiana de la Constitución le compete determinar los efectos y el alcance de los fallos de tutela, cuando procede a hacer la eventual revisión de los mismos.

En ese estado de cosas, no le es permitido constitucionalmente a otras autoridades judiciales hacer valoraciones relativas al alcance y la finalidad de la acción de tutela, por cuanto al ser operadores judiciales dentro del referido esquema, nos corresponde actuar de acuerdo con lo establecido en la norma constitucional, merced al reconocimiento del principio de la supremacía constitucional y al deber de acatar las decisiones del órgano de cierre para mantener la integridad de la Carta Política, argumentos que permiten consolidar la estructura del Estado de derecho en la forma prevista por el constituyente de 1991; por consiguiente, otro tipo de interpretación distinta a la realizada por la Corte Constitucional, merece el consabido respeto, más aún, cuando esta proviene de una alta corporación, pero no puede ser observada, por no ostentar ella la función de guardiana de la supremacía de la Constitución.

Así las cosas, nadie desconoce el valor que tiene la Corte Suprema de Justicia como máximo tribunal de casación ni ningún órgano judicial la puede sustituir en esta función, empero sus decisiones por ser el resultado de una actuación de una autoridad, si pueden ser objeto de la acción de tutela, cuando la persona estime que se le ha vulnerado o se encuentra amenazado un derecho fundamental.

Sean las anteriores razones más que suficientes, para no aceptar las consideraciones realizadas por la Corte Suprema de Justicia, en aras de preservar la voluntad del constituyente, que privilegió al individuo al concederle la posibilidad para demandar toda actuación que considerase lesiva a sus derechos fundamentales, sin que ello signifique el menoscabo de las instituciones ni de la seguridad jurídica del país.

Finalmente, debe considerarse que a través de la jurisprudencia constitucional se unifican los criterios discrepantes que se encuentran plasmados en las diversas providencias de los diferentes operadores que actúan como jueces constitucionales y se le da una respuesta eficaz a toda persona que acude a la justicia, dando a conocer situaciones amenazantes o aberrantes en lo que respecta a los derechos fundamentales, correspondiéndole a los jueces en esta materia, ser los innovadores del derecho al proferir una decisión que va más allá de la simple legalidad formal, pues lo que en últimas se pretende poner en marcha es un Estado social de derecho, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden social justo.

1.2. Control de constitucionalidad por vía de excepción.

En el mismo escrito, indicaron los magistrados de la alta Corte de Justicia, que el Decreto 1382 de 2000 se encontraba vigente, por ende debería ser inexorablemente cumplido por las autoridades judiciales, por ende no podía la colegiatura de instancia conocer la acción de tutela deprecada por el señor Piedrahíta.

Sea esta una nueva oportunidad para explicar una vez más, que la esencia del Estado social de derecho es el acceso de toda persona a la administración de justicia; por ende, en aras de mantener ese pilar fundamental debe permitírsele a cualquier individuo la posibilidad de interponer la acción de tutela ante cualquier juez de la República.

Lo anterior resulta indispensable para la tranquilidad no solo de la persona afectada sino también de la sociedad; lo contrario, sería anteponer la rígida estructura judicial al individuo, olvidando que el Estado está al servicio de la persona y no a la inversa, tal como lo prevé el artículo 2º de la Carta.

Igualmente, la Sala considera que en el caso sub examine se debe inaplicar el Decreto 1382 de 2000, para dar prevalencia al artículo 4º de la Constitución (2) , pues se considera que aquel desconoció principios esenciales que orientan el ejercicio de la acción de tutela.

Dicho desconocimiento lo hace incompatible, antagónico e irreconciliable con la facultad que el constituyente reconoció de manera omnímoda a favor de toda persona, que pretende hacer válido su derecho fundamental ante cualquier juez de la República.

Con todo, la Corte Constitucional mediante auto de fecha 3 de febrero de 2004, decidió en relación con un buen número de tutelas instauradas ante la Corte Suprema de Justicia frente a las cuales esta corporación resolvió no admitir su trámite:

“Primero. Decidir que los accionantes a los que se refiere la parte motiva de esta providencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 tienen el derecho de acudir ante cualquier juez (unipersonal o colegiado), incluyendo una corporación de igual jerarquía a la Corte Suprema de Justicia, para reclamar mediante la acción de tutela la protección del derecho fundamental que consideran violado con la actuación una Sala de Casación de dicha Corte. Por secretaría ofíciese a cada uno los accionantes.

Segundo. Para otros casos en que exista la misma situación de vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia y la no tutela judicial efectiva de sus derechos fundamentales, por no admitir a trámite la acción de tutela contra providencia de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 los ciudadanos tienen el derecho de acudir ante cualquier juez (unipersonal o colegiado), incluyendo una corporación de igual jerarquía a la Corte Suprema de justicia, para reclamar mediante una acción de tutela la protección del derecho fundamental que consideran violado con la actuación de una Sala de Casación de dicha Corte”.

Concordantemente, la decisión anotada de la Corte Constitucional busca viabilizar el trámite de la acción de tutela en el caso concreto, decisión que se encuentra acorde con la teleología del artículo 86 de la Constitución, razón por la cual esta corporación considera que el juez colegiado de primer grado procedió en debida forma, al acoger la decisión del tribunal constitucional, el cual para un adecuado entendimiento del artículo 4º de la Constitución, es el órgano límite en materia Constitucional y siendo esta prevalente frente a la ley, los jueces del país para conservar el orden jurídico previsto en la Constitución de 1991 y el funcionamiento del aparato jurisdiccional, debemos adecuar nuestras decisiones a dichos principios.

Las anteriores consideraciones nos sirven para indicar que en el caso sub examine la acción está dirigida contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y esta colegiatura procederá a aplicar el artículo 86 superior, amén de dar cumplimiento al citado auto de la Corte Constitucional.

En ese orden de ideas, esta colegiatura aplicará el primer inciso del artículo 86 de la Carta, que a la letra dice: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar...” (3) , en concordancia con el artículo 229 de la Constitución Política, que reza: “Se garantiza el derecho a toda persona para acceder a la administración de justicia...”, motivo por el cual, haremos uso del artículo 4º del canon superior, que permite inaplicar la norma que constriñe el derecho del accionarte, quien está en condición de escoger en cualquier tiempo y lugar al juez competente para que conozca de su amparo constitucional y sobre la cual solicitó un pronunciamiento prima facie.

Tampoco puede olvidarse, que el usuario de la tutela debe tener una alternativa adecuada al concepto de Estado social de derecho, pues no resulta concebible que por un lado a través del Decreto 1382 de 2000, se restringe la posibilidad constitucional de acudir solo a determinados jueces, se presenta al que señala la cuestionada norma y de otro, la alta corporación le invoca razones respetables para rechazar su demanda. Posteriormente, atendiendo el llamado de un auto de la Corte Constitucional incoa su acción en otra entidad y al momento de garantizarle el derecho de contradicción a la accionada, la misma que le rechaza su demanda, cuestiona la competencia de la jurisdicción que puede decidir el asunto.

Palabras más palabras menos, dicha disyuntiva solo puede ser solucionada, cumpliendo con el mandato de la norma constitucional, pues no puede negarse el acceso a la administración de justicia al individuo del común, imponiéndosele trabas al libre ejercicio, de un derecho que resulta esencial a toda persona, cuando existe un mandato constitucional claro, que indica cuáles son las finalidades del Estado y para qué se encuentran instituidas las autoridades del país.

1.3. Un auto que no crea funciones.

Han señalado los magistrados de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que no es de recibo el argumento del accionante, en el sentido de que la Corte Constitucional lo autorizó para interponer acciones de tutela ante jueces unipersonales o colegiados, pues la citada corporación judicial carece de facultades legales y constitucionales para conferir competencia a otros funcionarios judiciales.

En tal sentido, se indica que la competencia para asumir el conocimiento sobre la acción de tutela interpuesta por el señor Piedrahíta obedece a la inaplicación por inconstitucional del Decreto 1382 de 2000 y al respeto por las decisiones de la Corte Constitucional como órgano de cierre frente a la actitud de la Suprema Corte de Justicia, que se niega aceptar tutelas que hayan sido instauradas en su contra, sin perder de vista que en un Estado social de derecho prima el derecho del individuo, existe un equilibrio entre el poder institucionalizado y la libertad de las personas y, la solución a sus necesidades deberá estar armonizada con la idea de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden social justo.

El caso

2. El asunto en concreto.

El caso a tratar, se refiere a la impugnación que presentó [La Sala de Casación Laboral con los argumentos que acaban de ser analizados oponiéndose a la liquidación de la indexación de la primera mesada pensional del señor Luis Enrique Rodríguez Cuenca], quien en su demanda de tutela adujo la violación de sus derechos fundamentales de igualdad, debido proceso y, seguridad social, toda vez que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en su fallo del [feb. 9/2000] no casó lo relacionado con la indexación de su primera mesada pensional, incurrió en vía de hecho, de acuerdo con la Sentencia SU-120 de 2003, proferida por la Corte Constitucional.

Acción procedente

3.1. Procedencia de la acción de tutela, la existencia de otro medio de defensa judicial.

Antes de analizar los aspectos de la impugnación de la tutela, es menester determinar si esta resulta procedente. En ese sentido, a prima facie se tiene que la tutela fue interpuesta para protección de derechos de igualdad, debido proceso, acceso a la administración de justicia, la vida, trabajo, imperio de la ley, seguridad social y libre desarrollo de la personalidad, los cuales consideró vulnerados el señor Piedrahíta Salamanca ante la negativa de la jurisdicción ordinaria a casar la providencia cuestionada por el accionarte, la cual negó la indexación de la primera mesada pensional.

En el caso sub examine, de acuerdo con lo anotado anteriormente, la acción de tutela procede, pues el actor carece de otros medios de defensa judicial, pues no existe otra instancia a donde acudir ni otro recurso que interponer, operando de esta manera, la primordial de las características del amparo constitucional deprecado: la subsidiariedad.

De esta manera, se colige que no existe otro mecanismo idóneo para la protección los derechos fundamentales que el actor considera vulnerados.

3.2. La acción de tutela frente al principio de la inmediatez.

Ante la inexistencia de otro medio de defensa judicial y dentro de esa misma rigurosidad que exige la tutela, se entra a analizar la procedencia de la tutela, frente al principio de inmediatez, el cual conforme con los lineamientos de la Corte Constitucional, debe ser analizado así:

3.2.1. No existe caducidad de la acción.

Al estudiar la constitucionalidad del artículo 11 del Decreto 2591 de 1991 el cual consagraba un término perentorio para la interposición de la tutela (4) , la Corte Constitucional lo declaró inexequible y estableció que no existe término de caducidad para la interposición de la acción de amparo (Sent. C-543/92, M.P. José Gregorio Hernández Galindo). Dijo en esa oportunidad la citada corporación:

“Resulta palpable la oposición entre el establecimiento de un término de caducidad para ejercer la acción y lo estatuido en el artículo 86 de la Constitución cuando señala que ella puede intentarse “en todo momento”, razón suficiente para declarar, como lo hará esta Corte, que por el aspecto enunciado es inexequible el artículo 11 del Decreto 2591 1991”.

3.2.2. No debe rechazarse la tutela debe analizarse el fondo.

Consecuentemente, el juez no puede rechazar la tutela por el paso del tiempo y debe entrar a estudiar de fondo el asunto para determinar si existe o no vulneración de algún derecho fundamental (5) .

3.2.3. Valoración de la razonabilidad en el tiempo para interponer la tutela.

Ahora bien, una vez el juez ha iniciado el estudio del caso concreto se puede encontrar que el tiempo transcurrido entre la vulneración del derecho y la interposición de la acción, resulta ser relevante para determinar el sentido de la decisión. De ser así, dentro del estudio de la tutela, y teniendo en cuenta la finalidad de la misma, el juez debe valorar la razonabilidad de este lapso y si lo encuentra no razonable negar la tutela.

A manera de ejemplos, se tiene:

Para analizar la razonabilidad puede observar, verbi gracia, que con el paso del tiempo se puede haber dado un hecho superado o uno consumado —razón por la cual no prosperará la tutela—, o si de prosperar la tutela se llegaría a vulnerar derechos de terceros consolidados en el lapso que el accionante dejó pasar para interponer el amparo (6) .

Otro ejemplo, se da en las tutelas presentadas con posterioridad al vencimiento del término para iniciar otros mecanismos de protección de derechos fundamentales que hace improcedente la acción. En este caso se conjugan la falta de utilización de mecanismos existentes para la protección de derechos y la no razonabilidad en el tiempo de interposición de la tutela.

Por último, en algunos casos, se ha considerado que así no haya caducado el término para utilizar otro mecanismo existente para la protección de derechos fundamentales, si se ha dejado transcurrir un lapso demasiado largo entre la ocurrencia del hecho y la solicitud de su protección, no procede la tutela al no ser razonable el término de su interposición.

Esto se presenta por ejemplo, cuando hay una solicitud a través de tutela del pago de salarios por presunta vulneración del mínimo vital. Si han transcurrido varios años desde que se dejaron de cancelar los salarios sin que se haya interpuesto la acción, se presume que por el no pago de salarios no ha existido una vulneración del mínimo vital ni existe peligro inminente de la misma (7) .

3.2.4. Alcance de la inmediatez.

La Corte Constitucional se ha pronunciado acerca del alcance de la inmediatez, mediante la Sentencia SU-961 de 1999, con ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo Mesa, quien señaló:

“5. Alcances del artículo 86 de la Constitución en cuanto al término para interponer la tutela.

(...).

Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros.

Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo esta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción.

(...).

Si la inactividad del accionante para ejercer las acciones ordinarias, cuando estas proveen una protección eficaz, impide que se conceda la acción de tutela, del mismo modo, es necesario aceptar que la inactividad para interponer esta última acción durante un término prudencial, debe llevar a que no se conceda. En el caso en que sea la tutela y no otro medio de defensa el que se ha dejado de interponer a tiempo, también es aplicable el principio establecido en la sentencia arriba mencionada (C-543/92), según el cual la falta de ejercicio oportuno de los medios que la ley ofrece para el reconocimiento de sus derechos no puede alegarse para beneficio propio, máxime en los casos en que existen derechos de terceros involucrados en la decisión” (8) .

3.2.5. Conclusiones.

De tal suerte, que siguiendo las orientaciones de la Corte Constitucional sobre el particular, se colige:

3.2.5.1. Que la acción de tutela no tiene un término de caducidad, pues ello resultaría ser contrario con el mandato de la Constitución, que señala que ella puede intentarse “en todo momento”.

3.2.5.2. El juez debe entrar a estudiar de fondo el asunto para determinar si existe o no vulneración de algún derecho fundamental, aspecto que resulta de gran importancia para el caso sub examine, pues es evidente que la acción de tutela no puede ser despachada, como lo indicó la colegiatura de instancia al decir, que esta no procedía porque se interpuso dos años, diez meses y quince días después del fallo que negó el recurso de casación.

Si se analizase el simple transcurrir del tiempo, se podría hacer otro tipo interpretación, la cual también resulta válida para el caso sub examine, y es que la acción fue incoada, después de que la Corte Constitucional hiciera un pronunciamiento sobre el verdadero alcance que debía tener la indexación de la primera cuota de la mesada pensional (9) , sin olvidar que es precisamente ese el argumento principal esgrimido por el señor Piedrahíta Salamanca.

3.2.5.3. En ese orden de ideas, la acción de tutela fue instaurada dentro de un tiempo prudencial, teniendo en cuenta la proporcionalidad entre medios y fines; es decir, que una vez la Corte Constitucional se manifestó claramente sobre el tema, el accionante decidió incoar el 16 de febrero de 2004, la correspondiente acción de tutela.

Así las cosas, la colegiatura deberá de conformidad con los parámetros preestablecidos por la Corte Constitucional en su diferente jurisprudencia (10) , entrar a analizar el fondo del asunto, para poder determinar la procedibilidad de la tutela incoada por el señor Piedrahíta Salamanca, pues no basta como lo indicó la guardiana de la Constitución, con el simple transcurrir del tiempo para entrar a rechazar la tutela, amén de que se trata de la liquidación de una prestación periódica que tiene el carácter de imprescriptible.

La impugnación

4. (...).

4.1. El valor del precedente constitucional.

Argumentó el accionante que no se tuvo en cuenta las sentencias SU-120 de 2003, proferida por la Corte Constitucional, no tanto por no estar vigente para cuando se emitió la misma, sino por estar en la misma situación contenida en esta providencia. Además, por cuanto a la fecha de la sentencia de casación ya había reconocido en otros fallos la indexación.

Estudio sobre el precedente constitucional

Antes de hacer un estudio sobre el alcance de dichas providencias, la Sala considera necesario hacer las siguientes consideraciones:

4.1.1. El valor de la jurisprudencia como ciencia auxiliar del derecho, debe ofrecer seguridad jurídica y respeto al principio de la igualdad.

En ese sentido la Corte ha sido clara en señalar:

“Para que una jurisprudencia pueda calificarse como precedente, debe responder al criterio manifiesto y uniforme de una corporación judicial, en donde todos sus integrantes (jueces individuales o colegiados) tienen la obligación de ser consistentes en sus decisiones, porque en ello se fundamenta no solo la seguridad jurídica, sino el respeto al principio de igualdad, pues no sería justo que casos iguales fuesen decididos de manera distinta por un mismo juez. No obstante, la Corte Constitucional ha señalado que el juez no está obligado, a mantener su criterio, “a efectos de no vulnerar el derecho a la igualdad y el principio de seguridad jurídica (que tiene como uno de sus fundamentos, el que se otorgue la misma solución dada a casos similares —precedentes—), el funcionario que decide modificar su criterio, tiene la carga de exponer las razones y fundamentos que lo han llevado a ese cambio” (11) .

4.1.2. Cuatro razones para respetar el precedente.

Ha dicho la Corte Constitucional que todo juez debe ser consistente en sus decisiones y que en un ordenamiento jurídico o en un sistema de derecho legislado como colombiano, el respeto por el precedente debe darse por cuatro razones esenciales, que son:

“En primer término, por elementales consideraciones de seguridad jurídica y de coherencia del sistema jurídico, pues las normas, si se quiere que, gobiernen la conducta de los seres humanos, deben tener un significado estable, por lo cual las decisiones de los jueces deben ser razonablemente previsibles. En segundo término, y directamente ligado a lo anterior, esta seguridad jurídica es básica para proteger la libertad ciudadana y permitir el desarrollo económico, ya que una caprichosa variación de los criterios de interpretación pone en riesgo la libertad individual, así como la estabilidad de los contratos y de las transacciones económicas, pues las personas quedan sometidas a los cambiantes criterios de los jueces, con lo cual difícilmente pueden programar autónomamente sus actividades. En tercer término, en virtud del principio de igualdad, puesto que no es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez. Y, finalmente, como un mecanismo de control de la propia actividad judicial, pues el respeto al precedente impone a los jueces una mínima racionalidad y universalidad, ya que los obligan a decidir el problema que les es planteado de una manera que estarían dispuestos a aceptar en otro caso diferente pero que presente caracteres análogos” (12) (negrilla fuera del texto).

4.1.3. El valor de la ratio decidendi.

Siguiendo las orientaciones de la Corte Constitucional, al respecto ha señalado:

“Los jueces tienen la obligación de fundamentar sus decisiones, “no en criterios ad hoc, caprichosos y coyunturales, sino con base, en un principio general o una regla universal que han aceptado en casos anteriores, o que estarían dispuestos a aplicar en casos semejantes en el futuro” (13) , lo cual se constituye en la ratio decidendi o razón de la decisión, es decir, la base sobre la cual el juez, en aplicación del derecho vigente, edifica o fundamenta una decisión. Por lo tanto, la aplicación de la ratio decidendi en una sentencia, “resulta de la necesidad de que los casos no sea decididos caprichosamente sino con fundamento en normas aceptadas y conocidas por todos, que es lo único que legitima en una democracia el enorme poder que tienen los jueces... de decidir sobre la libertad, los derechos y los bienes de las otras personas” (14) .

4.1.4. El valor de la Corte Constitucional al ejercer la eventual revisión de los fallos de tutela.

De acuerdo con las orientaciones de la Corte Constitucional, su papel no es otro, que “el de unificar a nivel nacional los criterios judiciales en la interpretación y aplicación de las normas constitucionales, precisando el alcance de los derechos fundamentales, trazando pautas acerca de la procedencia y desarrollo del amparo como mecanismo de protección y efectividad de los mismos y estableciendo la doctrina constitucional, que, según el artículo 8º de la Ley 153 de 1887, declarado exequible por Sentencia C-083 del 1º de marzo de 1995, es obligatoria para los jueces en todos los casos en que no haya normas legales exactamente aplicables al asunto controvertido” (15) .

Según la Corte, para unificar la jurisprudencia constitucional, al interpretar la Constitución, define dentro de las alternativas concebibles, la opción más compatible con la norma superior. Opción que se fundamenta en la doctrina constitucional y en la ratio decidendi, en la cual recae el carácter vinculante, por abarcar “el criterio jurídico determinante así como las razones inescindiblemente relacionadas con el decisum y sin las cuales la decisión del caso no sería comprensible o carecería de fundamento... surge de la propia lectura autorizada de la Constitución por parte del órgano constitucional encargado de velar por su interpretación y aplicación integrales... se proyecta —en virtud del principio de igualdad, de la seguridad jurídica, del principio de confianza legítima, y de la supremacía de la Constitución— más allá del caso concreto y tiene la fuerza y el valor de precedente para todos los jueces en sus decisiones. Una vez fijado con autoridad, por el órgano competente y siguiendo el procedimiento constitucional para ese fin, el significado de la norma constitucional, este se integra a ella y adquiere fuerza vinculante al ser parte del derecho a cuyo imperio están sometidas todas las autoridades en un Estado social de derecho” (16) (negrilla fuera del texto).

Por lo tanto, si bien el artículo 230 superior establece que los jueces están sometidos al imperio de la ley, ese concepto no “abarca exclusivamente las leyes en sentido formal, sino que comprende obviamente la Constitución y, en unsentido amplio, el derecho dentro del cual la ratio de las sentencias ocupa un lugar primordial puesto que le confieren efectividad a las normas, al concretar sus alcances. Además, de lo contrario —es decir, de escindirse la norma de la ratio que le fija su significado para asegurar su aplicación efectiva y la concreta para precisar sus alcances— se rompería la unidad del ordenamiento jurídico y se resquebrajaría su coherencia en desmedro de la seguridad jurídica, de la aplicación igual de las normas a casos iguales y de la confianza legítima de los habitantes en que el derecho será aplicado de manera consistente y predecible” (17) (negrilla fuera del texto).

4.1.5. Conclusiones.

Las anteriores reglas son básicas para realizar una elucidación coherente, basándose precisamente en la jurisprudencia, desarrollada desde la perspectiva de la Corte Constitucional como órgano de cierre, para que la interpretación resulte válida.

Obsérvese como el precedente reorienta el principio de inmediatez y obliga al juez adentrarse al fondo del asunto, permite analizar los derechos fundamentales, los cuales van más : allá de la simple legalidad. Así mismo, la doctrina constitucional facilita el desarrollo armónico de la Carta Política y permite a los jueces decir el derecho en pro de la justicia, convirtiendo de manera paulatina en una realidad las estructuras del Estado social de derecho forjadas por el constituyente de 1991.

4.2. Aspectos fundamentales de la Sentencia SU-120 de 2003 frente a la indexación de la primera mesada pensional.

Si el precedente judicial resulta básico para aplicar el derecho desde una perspectiva más justa, debe entonces examinarse a fondo el citado fallo de la Corte, pues a través de esa decisión se revela realmente el problema de los pensionados, a quienes de manera diferenciada y discrecional se les reconoce o se les niega la indexación de la primera mesada pensional, además de que en la aludida providencia, se establecieron unos criterios que deben tenerse en cuenta para determinar si se puede reliquidar la primera mesada pensional, para lograr un indiscutible equilibrio económico que los favorezca.

En primer orden, antes de plasmar los asuntos más relevantes del citado proveído, es menester señalar que la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de la competencia que le concedió los artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución Política y por el Decreto 2591 de 1991, profirió sentencia, con ponencia del magistrado Álvaro Tafur Galvis, dentro del proceso de revisión de los fallos proferidos por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá; por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y por el Consejo Superior de la Judicatura; y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, para decidir las acciones instauradas por Gonzalo Humberto Pachón Guevara, Lucrecia Vivas de Maya y Carlos Hernán Romero Perico respectivamente, contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Del fallo en comento se debe extractar los siguientes apartes:

4.2.1. La unificación de la jurisprudencia nacional, función inequívoca de la Corte Suprema de Justicia.

En ese sentido puntualizó la Corte Constitucional:

“Ahora bien, con miras a lograr una aplicación consistente del ordenamiento jurídico, a la Corte Suprema de Justicia se le ha confiado el deber de unificar la jurisprudencia nacional. Labor que ha sido entendida por esta corporación i) como una muestra fehaciente de que todas las personas son iguales ante la ley —porque las situaciones idénticas son resueltas de la misma manera—, ii) como un presupuesto indispensable en el ejercicio de la libertad individual —por cuanto es la certeza de poder alcanzar una meta permite a los hombres elaborar un proyecto de vida realizable y trabajar por conseguirlo—, y iii) como la garantía de que las autoridades judiciales actúan de buena fe —porque no asaltan a las partes con decisiones intempestivas, sino que, en caso de tener que modificar un planteamiento, siempre estarán presentes los intereses particulares en litigio— (18) .

En suma i) una misma autoridad judicial —individual o colegiada— no puede introducir cambios a sus decisiones sin la debida justificación, ii) los jueces no pueden apartarse por su sola voluntad de las interpretaciones que sobre el mismo asunto ha hecho la Corte Suprema de Justicia, y iii) esta no puede renunciar a su labor de darle unidad al ordenamiento jurídico”.

4.2.2. Parámetros para la unificadora interpretación judicial.

Señaló la Corte Constitucional:

“Con respecto, a la sujeción de los jueces a la doctrina probable, como unificadora de la interpretación judicial, la posibilidad de modificar dicha doctrina, y la labor, que cumple la Corte Suprema de Justicia en su conformación, la jurisprudencia de esta corporación tiene definido:

a) Que razones de elemental justicia, seguridad jurídica, libertad de acción y control de la actividad judicial permiten a los asociados exigirles a los jueces que respeten el principio de igualdad, resolviendo los casos que así lo permitan de la misma manera (19) .

b) Que dada la intensidad y la complejidad de las actividades sociales, propias de las comunidades contemporáneas, “la estabilidad de la ley en el territorio del Estado y en el tiempo no son garantías jurídicas suficientes (...) es necesario que la estabilidad sea una garantía jurídica con la que puedan contar los administrados y que cobije también a la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico. Solo así se puede asegurar la vigencia de un orden justo (C.P., art. 2º)” (20) .

c) Que el estado de relativa certeza que crea el respeto de las decisiones judiciales previas “no debe ser sacralizado” porque la realización de la justicia es un valor de naturaleza superior, las normas jurídicas requieren que los jueces adecuen sus decisiones a las situaciones cambiantes, y los errores cometidos siempre demandan ser enmendados (21) .

De ese modo no todas las decisiones de los jueces tienen la misma fuerza normativa, y la sujeción de estos a la doctrina probable no implica que la interpretación de la ley deba permanecer inmutable, lo que acontece es que en el Estado social de derecho a los asociados los debe acompañar la certidumbre (1) que las mutaciones jurisprudenciales no serán arbitrarias, (2) que la modificación en el entendimiento de las normas no podrá obedecer a un hecho propio del fallador, (3) que de presentarse un cambio intempestivo en la interpretación de las normas tendrá derecho a invocar en su favor el principio de la confianza legítima, que lo impulsó a obrar en el anterior sentido (22) , y (4) que si su derecho a exigir total respeto por sus garantías constitucionales llegare a ser quebrantado por el juez ordinario, podrá invocar la protección del juez constitucional.

Es que los asociados requieren confiar en el ordenamiento para proyectar sus actuaciones, de manera que tanto las modificaciones legales, como las mutaciones en las interpretaciones judiciales deben estar acompañadas de un mínimo de seguridad —C.P., art. 58—, en consecuencia los jueces actúan arbitrariamente y por ello incurren en vía de hecho, cuando se apartan, sin más, de la doctrina probable al interpretar el ordenamiento jurídico”.

4.2.3. La ley, la jurisprudencia y las situaciones no previstas en la legislación laboral.

“De conformidad con lo previsto en el artículo 53 de la Carta Política y de acuerdo con lo reglado en el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo (23) , entre dos o más fuentes formales del derecho aplicables a una determinada situación laboral, deberá elegirse aquella que favorezca al trabajador, y entre dos o más interpretaciones posibles de una misma disposición se deberá preferir la que lo beneficie (24) .

Pero no es lo único, al tenor de lo previsto en el artículo 230 de la Carta Política, el principio pro operario es un recurso obligado del fallador en su labor de determinar el referente normativo para solventar asuntos del derecho del trabajo no contemplados explícitamente en el ordenamiento (25) .

El sentido protector del derecho del trabajo se refleja, entonces, en la solución de conflictos normativos, en la interpretación de preceptos dudosos, y en la solución de situaciones no reguladas en beneficio de la parte débil de la relación; porque las normas laborales tienen como fin último el equilibrio de las relaciones del trabajo, objetivo que comporta inclinar la relación en beneficio del estado de inferioridad económica del trabajador, por ser este el que genera la injusticia que se pretende corregir.

Ahora bien, el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo i) estableció la pensión de jubilación a cargo del patrono y a favor del trabajador, con 20(sic) de servicios continuos o discontinuos a la misma empresa y 50 años de edad para la mujer o 55 para el hombre “equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios devengados en el último año de servicios”; ii) previó que, sin distingo, el trabajador que se retire o sea retirado del servicio sin haber cumplido la edad requerida sería pensionado al cumplirla y iii) dispuso un monto mínimo ($ 60) y uno máximo ($ 600) para la prestación - varias veces modificados.

El artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por su parte, dispone que la edad para acceder a la pensión, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la prestación, de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tenían treinta y cinco o más años de edad si son mujeres, o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince o más años de servicios cotizados; será la establecida en el régimen anterior al que dichas personas se encuentren afiliadas.

Sobre el ingreso base para liquidar la pensión la norma en cita determina que para las personas que les faltaren menos de diez años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor.

También el artículo en mención prevé que al entrar a regir la Ley 100 quienes hubiesen cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez, conforme a normas favorables anteriores, sin perjuicio de no haberse hecho el reconocimiento, tendrán derecho a que se les liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes al momento en que cumplieron tales requisitos.

Se tiene entonces que las disposiciones antes transcritas determinan con claridad el ingreso base para liquidar la pensión de vejez de quienes se encuentran laborando cuando cumplen la edad requerida para acceder a la pensión, pero que tal claridad no se presenta respecto de la forma de liquidar dicho ingreso cuando el trabajador no ha percibido asignación del mismo empleador ni cotizado al sistema de seguridad social, en el lapso comprendido entre el cumplimiento de los veinte años de servicio y la edad requerida para acceder a la prestación.

Sin embargo existen diversas disposiciones en el ordenamiento que permiten al fallador llenar el vacío legislativo a que se hace referencia, como va a verse.

De antemano ha de decirse que la congelación del salario para acceder a la pensión de jubilación no se encuentra prevista en ninguna norma, es más habida cuenta que el artículo 261 del Código Sustantivo del Trabajo —norma que la establecía para quienes habiendo cumplido el tiempo de servicio continuaban vinculados al mismo empleador— fue derogado por el artículo 14 de la Ley 171 de 1961 y no ha sido restablecido, puede afirmarse que la liquidación de la base pensional a partir del último salario devengado, sin reajustes, no tiene asidero en el ordenamiento (negrillas fuera de texto).

El artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo, tal como fue subrogado por el artículo 37 de la Ley 50 de 1990 y por el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, sobre el salario base para liquidar el derecho a la pensión después de 10 y de 15 años de servicio establece:

“La cuantía de la pensión será directamente proporcional al tiempo de servicios respecto de la que le habría correspondido al trabajador en caso de reunir todos los requisitos para acceder a la pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida y se liquidará con base en el promedio devengado en los últimos diez (10) años de servicios, actualizado con base en la variación del índice de precios al consumidor certificada por el DANE”.

Las leyes 4ª de 1976 y 71 de 1988 dispusieron el reajuste anual de las pensiones del sector privado, público, oficial y semioficial, así como de las que tiene a su cargo el Instituto de Seguro Social, con base en el aumento del salario mínimo legal. Y la última de las nombradas dispuso que ninguna pensión podía ser inferior al salario mínimo legal mensual, ni exceder de 15 veces dicho salario, salvo lo previsto en la misma disposición.

El artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, también dispuso al respecto:

“El Gobierno Nacional establecerá un régimen de pensiones, reajustes y sustituciones de las mismas para los representantes y senadores. Aquellas y estas no podrán ser inferiores al 75% del ingreso mensual promedio que, durante el último año, y por todo concepto, perciba el congresista. Y se aumentará en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal. PAR.—La liquidación de las pensiones, reajustes y sustituciones se hará teniendo en cuenta el último ingreso mensual promedio que por todo concepto devenguen los representantes y senadores en la fecha en que se decreta la jubilación, el reajuste, o la sustitución respectiva”.

Y el artículo 6º del Decreto 1359 de 1993 preceptúa, respecto de la liquidación de reajustes de pensión de los congresistas:

“La liquidación de las pensiones, reajustes y sustituciones a que se refiere el artículo anterior, en ningún caso ni en ningún tiempo podrá ser inferior al 75% del ingreso mensual promedio que durante el último año y por todo concepto devenguen los congresistas en ejercicio; ni estará sujeta al límite de cuantía a que hace referencia el artículo 2º de la Ley 71 de 1988”.

Por su parte el artículo 1º de la Ley 445 de 1998, en consideración al sistema de reajuste pensional previsto en las normas anteriores, que a la postre condujo a la pérdida del valor real de las pensiones que inicialmente superaban el salario mínimo, con el objeto de mantener el poder adquisitivo de todas las mesadas pensionales, dispone.

“ART. 1º—Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes del sector público del orden nacional, financiadas con recursos del presupuesto nacional, del Instituto de Seguros Sociales, así como los pensionados de las Fuerzas Armadas Militares y de la Policía Nacional, conservando estos últimos su régimen especial, tendrán tres (3) incrementos, los cuales se realizarán el 1º de enero de los años 1999, 2000 y 2001. Para el año de 1999, este gobierno incluirá en el presupuesto de dicho año, la partida correspondiente.

El incremento total durante los tres años será igual al 75% del valor de la diferencia positiva, al momento de la entrada en vigencia de esta ley, que resulte de restar del ingreso inicial de pensión, el ingreso actual de pensión.

En caso de que el resultado de aplicar dicho porcentaje, supere los dos (2) salarios mínimos, el incremento total será este último monto de dos (2) salarios mínimos, dicho incremento total en tres incrementos anuales iguales, que se realizarán en las fechas aquí mencionadas. Si la diferencia entre el ingreso inicial y el ingreso actual de pensión es negativa, no habrá lugar a incremento.

PAR. 1º—Los incrementos especiales de que trata el presente artículo, se efectuarán una vez aplicado el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y para los pensionados de las Fuerzas Armadas Militares y de la Policía Nacional, se efectuarán conservado su régimen especial.

PAR. 2º—Para efectos de lo establecido en la presente ley, se entiende por ingreso inicial anual mensualizado, recibido por concepto legal y extralegal, en términos de salarios mínimos de la época que percibió el servidor por concepto de la pensión durante el año calendario inmediatamente siguiente a aquel, en que se inicio el pago de la misma. Así mismo, se entiende por ingreso actual el ingreso anual mensualizado por concepto legal y extralegal, en términos de salarios mínimos, que se recibe por razón de la pensión en el año calendario inmediatamente anterior a aquel en el cual se realice el primer incremento.

PAR. 3º—El ingreso anual mensualizado en términos de salarios mínimos, es igual al valor de la totalidad de las sumas pagadas al pensionado por mesadas pensionales durante el respectivo año calendario, dividido por doce y expresado en equivalente a salarios mínimos legales mensuales vigentes en ese año. Para efectos de este cálculo se tomaran la totalidad de las mesadas pensionales pagadas entre enero a diciembre del mismo año” (26) .

La Ley 100 de 1993 establece una norma general en materia de reajuste, cual es que, a partir de su vigencia, todas las pensiones deberán ser reajustadas, según la variación porcentual del índice de precios al consumidor certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior, y que las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente serán reajustadas de oficio cada vez y en el mismo porcentaje en que el Gobierno Nacional incremente dicho salario —art. 14—. Y la misma normatividad, respecto del ingreso base de liquidación preceptúa:

“ART. 21.—lngreso base de liquidación. Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1.250 semanas como mínimo”.

La Corte Constitucional, con base en la normativa transcrita concluyó:

i) No existe normativa que establezca con precisión la base para liquidar la pensión de jubilación de quien se retire o sea retirado del servicio sin cumplir la edad requerida —CST, art. 260, inc. segundo, no la precisa—;

ii) Ninguna disposición ordena indexar esta base salarial expresamente;

iii) No existe precepto que excluya o prohíba tal indización.

No obstante existe un principio constitucional claro, esto es que el “Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales” —C.P., art. 53—, y suficientes disposiciones del ordenamiento que denotan un afán permanente del legislador por compensar la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones.

En este orden de ideas, incumbe al juez confrontar la situación concreta de las personas que aspiran a acceder a la pensión en las condiciones anotadas y remediar la injusticia que se deriva de la omisión legislativa anotada, obrando en todo conforme lo habría hecho el legislador, de haber considerado la situación específica, es decir conforme con la Constitución Política.

De modo que en su misión de determinar el referente para resolver las situaciones planteadas por los accionantes, sobre la base salarial para liquidar la primera mesada pensional, la accionada tenía que proceder como lo indican las normas relativas al tema, comoquiera que el legislador de haber considerado las particularidades que los actores afrontan habría optado por la indexación del promedio de los salarios devengados en el último año de servicios —CST, art. 260—, o por el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios o rentas sobre las cuales el afiliado cotizó durante los 10 años anteriores al reconocimiento, según el caso.

Lo anterior porque

i) así acontece con el trabajador que es despedido después de diez o más años de trabajo, sin poder aspirar a una mesada pensional,

ii) esta es la solución adoptada por la ley para liquidar las pensiones, reajustes y sustituciones de los ex congresistas, y

iii) esto ocurre, con las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes del sector público del orden nacional, financiadas con recursos del presupuesto nacional, del Instituto de Seguros Sociales, así como las de los pensionados de las Fuerzas Armadas Militares y de la Policía Nacional.

4.2.4. La equidad debe ser un principio básico para decidir.

Señaló en esta oportunidad la Corte Constitucional, que:

Dado que la equidad, la jurisprudencia constitucional y los principios generales del derecho laboral indican que los espacios dejados por el legislador, no pueden ser llenados por el juzgador a su arbitrio, por su mera voluntad, sino consultando los criterios auxiliares de la actividad judicial —C.P., art. 230—.

a) Sobre la necesidad de acudir a la equidad, para remediar las injusticias derivadas de la aplicación de las fuentes formales a un caso concreto, dadas las particularidades de la situación o en razón de no haber previsto el ordenamiento su solución concreta, resulta pertinente traer a colación las siguientes consideraciones:

“5.3. Lugar y función de la equidad en el derecho. Las anteriores consideraciones de la Corte Constitucional abordan la cuestión del lugar y la función de la equidad dentro del derecho. Básicamente, el lugar de la equidad está en los espacios dejados por el legislador y su función es la de evitar una injusticia como resultado de la aplicación de la ley a un caso concreto. La injusticia puede surgir, primero, de la aplicación de la ley a un caso cuyas particularidades fácticas no fueron previstas por el legislador, dado que este se funda para legislar en los casos usuales, no en los especiales y excepcionales. La omisión legislativa consiste en no haber contemplado un caso especial en el cual aplicar la regla general produce un efecto injusto. Segundo, la injusticia puede surgir de la ausencia de un remedio legal, es decir, ante la existencia de un vacío. En esta segunda hipótesis, la equidad exige decidir cómo o hubiera obrado e! legislador. En la primera hipótesis la equidad corrige la ley, en la segunda integra sus vacíos. Así entendida, la equidad brinda justicia cuando de la aplicación de la ley resultaría una injusticia.

Estos elementos generales bastan para ilustrar la complejidad del tema. En las máximas latinas usualmente citadas está presente esta idea de la función de la equidad. Por ejemplo, el proverbio en el sentido de que el derecho aplicado al extremo puede conducir a una gran injusticia (summum ius, summa iniuria) refleja la necesidad de mitigar el rigor de la ley en ciertos casos, es decir, no guiarse estrictamente por el criterio dura lex, sed lex. La máxima según la cual la equidad aconseja cuando carezcamos de derecho (aequitas suggerit, ubi iure deficiamur) indica la función integradora de la equidad. Sin embargo, la distancia entre el derecho y la equidad no debería ser tan grande, al tenor de otra conocida máxima: en derecho hay que buscar siempre la equidad, pues de otro modo no sería derecho (ius semper quaerendum est eaquabile, neque enim aliter ius esset)” (27) .

Las consideraciones anteriores no apuntan a señalar hitos históricos en la evolución del concepto, sino que son pertinentes en la medida en que indican tres rasgos característicos de la equidad. El primero es la importancia de las particularidades fácticas del caso a resolver. La situación en la cual se encuentran las partes —sobre todo los hechos que le dan al contexto empírico una connotación especial— es de suma relevancia para determinar la solución equitativa al conflicto. El segundo es el sentido del equilibrio en la asignación de cargas y beneficios. La equidad no exige un equilibrio perfecto. Lo que repugna a la equidad son las cargas excesivamente onerosas o el desentendimiento respecto de una de las partes interesadas. El tercero es la apreciación de los efectos de una decisión en las circunstancias de las partes en el contexto del caso. La equidad es remedial porque busca evitar las consecuencias injustas que se derivarían de determinada decisión dadas las particularidades de una situación. De lo anterior también se concluye que decidir en equidad no es de ninguna manera, decidir arbitrariamente. Al contrario, la equidad busca evitar la arbitrariedad y la injusticia, aun la injusticia que pueda derivar de la aplicación de una ley a una situación particular cuyas especificidades exigen una solución distinta a la estricta y rigurosamente deducida de la norma legal.

En efecto, la equidad ha influido en distintos aspectos del derecho —como en sus doctrinas e instituciones—- así como en las distintas ramas del saber jurídico.

La equidad ha inspirado numerosas doctrinas jurídicas consideradas novedosas al momento de su creación pero que hoy parecen necesarias. La teoría de la imprevisión, la teoría sobre el equilibrio económico de los contratos, la teoría del enriquecimiento sin causa, son tan solo algunos ejemplos.

(...).

En cuanto a la influencia del principio de equidad en las diferentes ramas del saber jurídico, la equidad además de ser tenida como principio general del derecho (C.P., art. 230), en materia civil ha llevado al desarrollo de diversas instituciones como, por ejemplo, el abuso del derecho, el enriquecimiento sin causa, la lesión enorme, la indexación de las sentencias por inflación; la ley de protección a la mujer cabeza de familia (28) o la ley estatutaria de participación de las mujeres en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, a los cargos de dirección en la administración pública (29) , la responsabilidad solidaria, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, que según las normas de procedimiento civil deben atender los principios de reparación integral y equidad (30) , el ejercicio de las facultades de las juntas administradoras de las unidades inmobiliarias cerradas de imponer el pago de un canon, en condiciones de justicia y equidad (31) , etc. En materia laboral, la equidad se expresa, entre otras materias, en el equilibrio salarial según la cantidad y calidad del trabajo, en el subsidio familiar, en la favorabilidad para el trabajador en caso de duda, en régimen salarial y prestacional de los servidores públicos (32)(33) .

4.2.5. Los derechos de los pensionados.

Ha señalado la Corte, con respecto al poder adquisitivo de la pensión, que:

— Que el establecimiento de regímenes diferenciados en materia pensional no discrimina per se a los trabajadores excluidos de la previsión, salvo que de tal establecimiento se derive “un tratamiento inequitativo y menos favorable para un grupo determinado de trabajadores, frente al que se otorga a la generalidad del sector, y que el tratamiento dispar no es razonable (...)” (34) .

— Que aunque “el reajuste de las pensiones tienen por objeto proteger a las personas de la tercera edad, quienes por las condiciones físicas derivadas de la edad o enfermedad, se encuentran en la imposibilidad de obtener otros recursos distintos para su subsistencia y la de su familia”; y sin desconocer que los “Incrementos periódicos que consagra la Constitución (arts. 48 y 53), permiten que las mesadas no pierdan su capacidad adquisitiva en beneficio de los pensionados (...)”; corresponde al legislador establecer la proporción en que las pensiones deben incrementarse, al igual que la oportunidad y la frecuencia del incremento (35) . Con miras a lograr un uso adecuado de los recursos del sistema solidario de seguridad social (36) .

— Que tales incrementos deben consultar, “en la medida de lo posible el equilibrio en el sistema, fundado en principios como la solidaridad y universalidad del mismo” (37) ; sin desconocer la especial protección quienes se encuentran “por razones económicas, en situación de debilidad manifiesta frente a los demás” (38) .

— Que cuando el valor actual de la pensión y el valor inicial de la misma arrojan una diferencia a favor del trabajador, los obligados deben reintegrar lo dejado de pagar, para que “quienes con el paso de los años han visto aminorar el poder adquisitivo de su pensión (...)” logren compensar el desmedro patrimonial sufrido (...) porque (...) el ente estatal debe permanecer vigilante de los derechos de los pensionados, sin distingo de su capacidad económica, debido a que integran uno de los grupos sometidos a su especial protección (...) (39)(40) .

(...).

Adviértase, como el legislador con estas disposiciones legales va más allá de la protección de los derechos adquiridos, para salvaguardar las expectativas de quienes están próximos por edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas a adquirir el derecho a la pensión de vejez, lo que corresponde a una plausible política social que, en lugar de violar la Constitución, se adecua al artículo 25 que ordena dar especial protección al trabajo” (41) .

(...).

La “condición más beneficiosa” para el trabajador, se encuentra plenamente garantizada mediante la aplicación del principio de favorabilidad que se consagra en materia laboral, no solo a nivel constitucional sino también legal, y a quien corresponde determinar en cada caso concreto cuál norma es más ventajosa o benéfica para el trabajador es a quien ha de aplicarla o interpretarla. De conformidad con este mandato, cuando una misma situación jurídica se halla regulada en distintas fuentes formales del derecho (ley, costumbre, convención colectiva, etc.), o en una misma, es deber de quien ha de aplicar o interpretar las normas escoger aquella que resulte más beneficiosa o favorezca al trabajador. La favorabilidad opera, entonces, no solo cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos normas de “idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite varias interpretaciones; la norma así escogida debe ser aplicada en su integridad, ya que no le está permitido al juez elegir de cada norma lo más ventajoso y crear una tercera, pues se estaría convirtiendo en legislador”.

En suma, al decidir sobre la procedencia de indexar la primera mesada pensional, los jueces no pueden desconocer la necesidad de mantener el equilibrio en las relaciones de trabajo y el valor adquisitivo de las pensiones como lo indican los artículos 53 y 230 de la Carta Política. Y tampoco pueden apartarse del querer legislador, para quien ha sido una preocupación constante regular el monto y la oportunidad de los reajustes pensionales.

De manera que si el juzgador no opta por lo expuesto, sino que decide resolver sobre la indexación de la primera mesada pensional acudiendo a soluciones que no consultan los criterios auxiliares de la actividad judicial, hacen necesaria la intervención del juez constitucional para restablecer los derechos fundamentales mínimos de los trabajadores...

(...).

Conforme a lo dicho, puede afirmarse que bajo el nuevo esquema constitucional, no es suficiente con que los trabajadores gocen de los mismos derechos y prerrogativas reconocidos en el ordenamiento jurídico, ni que sus conflictos de orden laboral sean conocidos y fallados por unos mismos jueces. También es imprescindible que en la aplicación de las fuentes formales de derecho, reciban un tratamiento igualitario y que, en caso de duda sobre el contenido de las mismas, se opte por la interpretación que les resulte más favorable.

(...).

SI el derecho a la igualdad exige como presupuesto de aplicación material, el que las autoridades dispensen la misma protección y trato a quienes se encuentren bajo idéntica situación de hecho, no cabe duda que este se transgrede cuando un mismo órgano judicial modifica sin fundamento sólido el sentido de sus decisiones en casos que se muestran sustancial y fácticamente iguales. En la Sentencia C-104 de 1993, esta corporación dispuso que el derecho de acceso a la administración de justicia comporta también el derecho a recibir un trato igualitario. Al respecto, expresó que “El artículo 229 de la Carta debe ser concordado con el artículo 13 ibídem, de tal manera que el derecho de “acceder” igualitariamente ante los jueces implica no solo la idéntica oportunidad de ingresar a los estrados judiciales sino también el idéntico tratamiento que tiene derecho a recibirse por parte de los jueces y tribunales ante situaciones similares” (M.P. Alejandro Martínez Caballero) (42) .

4.3. Conclusiones de la Corte Constitucional con relación al tema de la indexación y la disímil jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Después de transcribir amplios apartes de la extensa providencia de la Corte Constitucional y siguiendo en todo momento sus orientaciones, literalmente se toman las conclusiones realizadas por la guardiana de la Constitución, las cuales para una mayor ilustración, son plasmadas de la siguiente manera:

4.3.1. Existe en el ordenamiento un vacío legislativo del fenómeno de la indexación (mecanismo de revalorización de ciertas obligaciones dinerarias), el cual no se presenta respecto de la primera mesada pensional, toda vez que el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo “dispuso de manera expresa factores económicos precisos” para calcularla.

4.3.2. Se indexan las obligaciones puras y simples, existentes y exigibles, cuya fuente es la ley, siempre que esta no haya previsto ningún mecanismo para que el acreedor incumplido logre restablecer el equilibrio económico generado por el incumplimiento.

4.3.3. La jurisprudencia relativa a la procedencia de la indexación de las prestaciones, económicas en el derecho laboral, se fundamenta en la equidad. La Sala de Casación Laboral precisó que solo se indexan las prestaciones económicas a cargo del patrono, comoquiera que la “(...) desigualdad que caracterizó las relaciones entre quienes estuvieron vinculados por un contrato de trabajo no desaparece por la circunstancia de quien fuera trabajador se jubile y deba por ello hacerse acreedor a una pensión, máxime en un caso que por las particulares circunstancias del mismo la pensión de jubilación no está a cargo de la seguridad social sino [del empleador] (...)”.

4.3.4. La “indexación laboral” ajusta la obligación de pagar una suma de dinero al real poder adquisitivo del peso colombiano, lo cual se comprueba mediante los diferentes fallos de la Sala de Casación Laboral, comenzando por la sentencia de 18 de agosto de 1982, la que se ocupó por primera vez del tema.

Ningún argumento nuevo ha introducido los fallos posteriores o los salvamentos de voto; no obstante, en todos ellos se afianza la reevaluación judicial en la equidad, bien fuera de manera explícita o implícitamente.

4.3.5. La Sala de Casación Laboral puso siempre de presente que la reevaluación judicial de la obligación dineraria con su respectiva corrección, no procedía cuando operaba cualquier otro mecanismo mediante el cual se lograra compensar esta pérdida del poder adquisitivo del peso y, el consiguiente perjuicio del acreedor.

Ello es así, pues el acreedor por regla general en los asuntos laborales es el trabajador, quien además, también es, por obvias razones y salvo rarísimas excepciones, la parte débil de la relación de trabajo, por tal motivo la equidad imponía un correctivo al rigor de la ley.

4.3.6. La Sala accionada entre los años 2000 y 2002, acogiendo la pretensión de ex trabajadores ha condenado a las empresas obligadas a indexar la primera mesada pensional, ya sea:

• Porque “habiéndose cumplido el requisito de la edad de los 55 años, en vigencia de la Ley 100 de 1993, por disposición de la misma ley, era procedente el reajuste del valor inicial de la pensión reconocida al demandante” —Sents. 13.153, 15.836 y 17.569, entre otras—; o

• Porque lo debido a que “lo que aquí se debate si bien distinto a otros casos en los que el reconocimiento de la pensión fue en vigencia de la Ley 100 de 1993, pero similar a otros tantos en que se ha accedido a la indexación tienen pleno respaldo en lo previsto en los artículos 19 del Código Sustantivo del Trabajo y 8º de la Ley 153 de 1887” —Sents. 13.905 y 17.739— (43) .

4.3.7. La indexación de la primera mesada pensional, tiene como fundamento las previsiones de los artículos 8º de la Ley 153 de 1887 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo, ha dicho la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia:

“Y precisamente una situación inequitativa semejante es la que se presenta en un asunto como el que se estudia, pues no siendo objeto de discusión, al tenor de la documental de folios 81 a 88, que a la fecha de terminación del vínculo, el 31 de marzo, de 1977, el actor devengaba de la demandada un salario promedio mensual de $ 41.385, varias veces superior al salario mínimo legal entonces vigente, no consulta el criterio de coordinación económica y de equilibrio social con el que se deben aplicar las normas laborales (CST, art. 1º), que cuando el seis (6) de marzo de 1986, algo más de ocho (8) años después, la demandada le reconoció al ex trabajador su pensión de jubilación, hubiera tasado su monto con estricta referencia al valor nominal de aquella remuneración, para obtener una obligación pensional a su cargó de $ 31.038.98 (fls. 89 a 96), escasamente superior al valor del salario mínimo legal vigente en este último año, lo cual denota la evidente depreciación del signo monetario colombiano.

La aludida circunstancia evidencia un fenómeno económico del que no puede sustraerse el derecho del trabajo y de la seguridad social, ni pasar por alto la jurisprudencia, pues hacerlo implica olvidar que las normas del derecho social, al tenor del artículo 1º del Código Sustantivo del Trabajo, se deben aplicar con criterio de coordinación económica y equilibrio social, que impone, con fundamento en el artículo 8º de la Ley 153 de 187 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo, el reconocimiento de la indexación, porque de no hacerlo se vulnera tal mandato, ya que es indiscutible que el hecho notorio de la inflación terminaría perjudicando, contra la equidad, a una sola de las partes de la relación contractual: el trabajador, que no es el llamado a soportar las negativas consecuencias de ese fenómeno económico, toda vez que él no tiene la posibilidad de tomar las medidas para protegerse del mismo en razón de que su aporte en el contrato es su trabajo; situación que no puede predicarse con respecto al empleador, porque este sí tiene o debe tener el control financiero, así sea relativo, de la actividad donde aquel presta el servicio, motivo por el cual es dable afirmar que es a él a quien corresponde prever y asumir las consecuencias de las fluctuaciones económicas, debido a que está en capacidad de tomar las medidas de orden financiero necesarias para resguardarse de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, y una de ellas sería el reconocimiento de una pensión de jubilación actualizando el valor del salario que años atrás devengó el trabajador. Así razonó la Corte en su sentencia de casación del 10 de diciembre de 1998, radicación 10939 (44) .

4.3.8. Es deber de la Corte Suprema de Justicia ofrecer y dar seguridad jurídica a los ciudadanos, por cuanto en materia de indexación ha producido sentencias, en que han intervenido conjueces (45) , en unos casos a favor de trabajadores, y en otros en contra (...)”.

Por tal motivo, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha señalado:

“(...) quiere la Sala puntualizar que aunque es cierto que en algunas ocasiones se han proferido decisiones en las que ha salido avante la tesis de la indexación para aplicarla al reajuste de la base salarial de una pensión, y no en otras, no lo es menos que en cada una de ellas se han explicado con suficiente solidez las razones para ello. Además, es obvio, y así siempre ocurrirá que los supuestos de hecho de una demanda varíen respecto de otra, pese a que en algunas oportunidades se presenta identidad en el demandado.

De otro lado y en lo que tiene que ver con la figura de los conjueces, —lo que en ocasiones puede llevar a la expedición de decisiones distintas según quien intervenga como tal— es una creación legislativa surgida frente a la necesidad de reemplazar al juzgador cuando por una u otra razón legal se ve impedido o inhabilitado para dictar un fallo. Y ni la ley ni los magistrados podrán garantizar jamás, que el pensamiento de los conjueces sea siempre el mismo respecto un determinado punto de derecho. Frente a esta consideración humana, elemental por demás, aparece apenas obvia la imposibilidad de garantizar la unidad jurisprudencial cuando actúa uno u otro conjuez”.

Y para concluir, consideró:

“Para fijar el monto pensional, dado que el actor fue desvinculado a partir del 15 de septiembre de 1982, se tendrá en cuenta la normatividad vigente en dicha época, esto es, los artículos 68 y 73 del Decreto 1848 de 1969, así como también el 36 de la Ley 100 de 1993.

Conforme lo anterior y con el querer contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, cual es de actualizar la pensión hasta el momento en que se entre a disfrutar de la misma, resulta apropiado actualizar la base salarial, teniendo en cuenta la variación anual del índice de devaluación de precios al consumidor entre la fecha en que el demandante fue desvinculado y la del momento en que le fue concedido el derecho pensional, así como el promedio de lo devengado en el último año de servicios” (46) .

“El actual criterio mayoritario reafirma que en el sistema legal colombiano no existe una regla general que preceptúe que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda sea una carga económica que debe asumir el deudor, con mayor razón tratándose de pensiones de jubilación, las que por su alto contenido económico, se han convertido en uno de los factores que más ha contribuido a afectar la capacidad económica de las empresas, la que indiscutiblemente se traduce en últimas en la imposibilidad de ofrecer, más y mejores fuentes de trabajo” —T-503.695— (47) .

4.3.9. Empero, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en todas las decisiones atinentes a la indexación de la primera mesada pensional, ha considerado los mismos presupuestos de hecho para negar o conceder la prestación, a saber: el tiempo de servicio prestado por el trabajador, la vinculación al mismo empleador, la edad alcanzada por aquel al término de la relación laboral, y el monto de la primera mesada reconocida por el obligado.

Y resulta claro que establecidos los requisitos antes relacionados, la accionada acude a la normatividad vigente a tiempo del reconocimiento, para determinar si concede o niega la pretensión, como lo indican varias de sus decisiones.

De suerte, que frente al imperativo legal antes expuesto, no hay motivo válido que pueda ahora aducirse por el juez laboral para sustraerse a la actualización de la base salarial de la pensión, ya que si antes se alegaba carencia de un basamento legal, hoy no puede hacerse, cuando, además, el sistema de seguridad social que creó la comentada ley responde a postulados constitucionales establecidos en los artículos 48 y 53, el primero de ellos en cuanto en su inciso final ordenó que “La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante” y el segundo citado en su inciso tercero, respecto a que el “Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales” (48) .

4.3.10. Pese a todo, la alta corporación en materia de casación debe respetar el principio constitucional de la igualdad real de los ciudadanos ante la ley y dar respuesta adecuada a las cambiantes realidades sociales. Así mismo, está obligada a garantizarles a los asociados una unidad interpretativa en torno del tema del equilibrio patrimonial de las prestaciones laborales en general y de sus mesadas pensionales en particular.

Ha dicho la guardiana de la Constitución que “el mandato de aplicar la ley de manera general y uniforme —C.P., art. 13— está dirigido a todos los jueces y magistrados, singulares y colegiados, de manera que los cambios de jurisprudencia; además de objetivos y razonables, deben sopesar los efectos que sus modificaciones ocasionan en los intereses en litigio.

Porque mientras para la accionada fallar en uno o en otro sentido puede no tener trascendencia, siempre que ambos sentidos se encuentren explicados, para el pensionado hacerse acreedor a una u otra decisión significa la cabal efectividad de sus derechos sociales. De manera que no puede entender por qué, estando en las mismas circunstancias que las suyas, otro pensionado, en tanto él, no podrá mantener el poder adquisitivo de su pensión”.

Esta superioridad colige, que no son múltiples las variantes utilizadas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia colombiana al momento de valorar la indexación en cada caso, aunque sus providencias resultan ser cambiantes, dependiendo del criterio de los conjueces. Es precisamente ese hecho, el que genera una desigualdad a los asociados que demandan justicia, obteniendo resultados contradictorios pese a que los denominadores son similares.

Entonces, el llamado de la guardiana de la Constitución está dirigido a mantener una igualdad, que deja de tener un status de ideal, si se aplica la normativa de manera similar con principios que van más allá del derecho, como es el de la equidad, el cual sorprendentemente fue usado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde 1982 y abandonado según el arbitrio de los conjueces al momento de aplicar la no muy pacífica indexación de la primera mesada pensional, para resarcir la pérdida del valor adquisitivo del peso en pro del trabajador colombiano, quien es como se ha dicho, resulta ser la parte débil de la relación contractual.

Así las cosas, son más que suficientes las anteriores razones para aplicar el principio de equidad, derivado de la relación entre justicia e igualdad, para avanzar en la efectividad de los derechos fundamentales como tema básico de la democracia, motivo por el cual y de acuerdo con todos los parámetros enunciados, se procede a analizar el caso planteado por el señor Piedrahíta Salamanca.

Análisis del caso de conformidad con el precedente constitucional

5. De acuerdo con la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se tiene que:

El señor Jesús Alberto Piedrahíta Salamanca promovió el recurso extraordinario de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, mediante la cual revocó la reliquidación de su pensión que había ordenado el juzgado dieciocho laboral del circuito de la citada ciudad y absolvió a la demandada Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero.

5.1. Fueron hechos de la demanda los siguientes:

• El actor trabajó para la entidad demanda desde el 16 de febrero de 1970 hasta el 14 de octubre de 1991, fecha esta en la cual concilió el retiro del cargo y el derecho a pensionarse a los 47 años, condición acaecida el 27 de abril de 1997, cuando cumplió dicha edad.

• El último salario devengado por el trabajador fue de $ 660.905.

• La pensión: le fue reconocida por la demandada, a partir de abril 27 de 1997, en cuantía de $ 465.678.800, equivalente al 75% del salario.

• El valor de la pensión resulta notoriamente inferior al 12.78% al que debía recibir por pérdida del valor adquisitivo de la moneda.

De donde se colige, que al actor se le desmejoró su pensión de jubilación en un 12.78%.

5.2. La sentencia de casación.

A la situación planteada por el actor, la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, señaló:

Varió la tesis invocada por el señor Piedrahíta Salamanca, la cual estaba fundamentada en la sentencia del 5 de agosto de 1996, emitida por la misma Sala de Casación, en el proveído del 18 de agosto de 1999 (Rad. 11.818).

5.3. Las grandes contradicciones.

Al hacerse un análisis del caso en concreto, se encuentra que los argumentos expresados por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, varían y en cada caso existe un razonamiento jurídico, tesis que le sirvió a la colegiatura de instancia para considerar la inexistencia de una vía de hecho, pero no entendió que el problema de fondo, estribaba en que no debe desconocerse el principio de la igualdad ni los principios generales del derecho para dar una solución en equidad. Situación que en el caso sub examine, se estudia de esta manera:

5.3.1. Al cotejar los argumentos expuestos en el proveído de la Sala de Casación Laboral (49) con las razones expresadas por la Corte Constitucional, es clara la contradicción en que incurre aquella, pues según lo dejó señalado la guardiana de la Constitución, entre los años 2000 y 2002, muchas de las pretensiones de ex trabajadores fueron acogidas, condenando a las empresas obligadas a indexar la primera mesada pensional; por ende, en el caso sub examine, no existe como se pretende hacer ver, una reiterada interpretación del asunto, tal y como lo adujo la accionada en el proveído que profirió contra los intereses del señor Piedrahíta Salamanca, al analizar en detalle el historial de los proveídos del alto tribunal de casación.

5.3.2. Así mismo, observando las orientaciones de la Corte Constitucional, se debe explicar al detalle que no existe una disposición legal que determine la forma de hacerla reliquidación de la primera mesada pensional.

En efecto, si se analiza numeral 2º del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, se advierte que la citada disposición no prevé el factor económico para liquidarla primera mesada pensional. Dice la citada disposición:

“2. El trabajador que se retire o sea retirado del servicio sin haber cumplido la edad expresada, tiene, derecho a la pensión al llegar a dicha edad, siempre que haya cumplido el requisito de los veinte (20) años de servicio”.

Por consiguiente, al no existir expresa norma legal, la Sala accionada debió considerar como lo ha hecho en pasadas oportunidades, que el salario base para calcular el valor inicial de la pensión (50) es con base en “(...) las razones de justicia y equidad que han determinado la elaboración y aplicación concreta de la teoría de la indexación o actualización monetaria (...), protegiéndose de esta manera, la parte débil de la relación del proceso inflacionario.

5.5.3. Por su parte, el inciso primero del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo prevé el factor que debe tenerse en cuenta para liquidar la primera mesada pensional, cuando eltrabajador alcanza la edad requerida y los años de servicio estando vinculado al mismo empleador, puesto que la norma dispone:

“Todo trabajador que preste sus servicios a una misma empresa de capital de ochocientos mil pesos ($ 800.000) o superior que llegue o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años si es varón, o a los cincuenta (50) años si es mujer, después de veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este código, tiene derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación o pensión de vejez, equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios devengados en el último año de servicio” (negrillas fuera de texto).

Siguiendo las pautas de la jurisprudencia laboral, a las que alude la Corte Constitucional —desde sus inicios— la accionada ha entendido “para los efectos de liquidar la pensión de jubilación (...) cuando cumplidos los veinte años de servicios la edad la cumple el trabajador posteriormente, como último año “el vigésimo que corresponde al hecho generador de la prestación y no el último servido en la empresa” (51) (negrillas fuera del texto).

Esto mismo, determinó la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la siguiente decisión:

“Ahora bien, la prueba del capital de la empresa o patrono, que por mandato legal es de su cargo, cuando el derecho a la pensión de jubilación se adquiere por el trabajador durante el desempeño de las labores, o en otras palabras, durante la vigencia del contrato y se retira de inmediato de su cargo, es la correspondiente al año próximo anterior a la terminación de la relación laboral. Mas no ocurre lo mismo cuando cumplidos los veinte años de servicios la edad la cumple el trabajador posteriormente, terminado ya el contrato de trabajo, pues hasta entonces en relación con la pensión no se han cumplido todos los requisitos de ley, caso en el cual la prueba es la del año inmediatamente anterior a aquel en el cual con la edad requerida, adquirió el derecho a la prestación. Y es que en verdad es en el momento en que nace el derecho cuando interesa conocer si el patrono tiene la capacidad económica que la ley señala para asumirla correlativa obligación al mismo derecho, de reconocer y pagar la pensión jubilatoria. Así, pues, el capital de la empresa que corresponde tener en cuenta, es el existente en el momento mismo en que el trabajador ha completado las dos condiciones exigidas por el artículo 260 tantas veces citado para poder reclamar su pensión y no el poseído por la empresa o patrono cuando en el patrimonio del trabajador no existía el derecho a reclamar tal prestación” (Cas., oct. 30/70) (52) —negrillas del texto—.

De tal modo que el tiempo de prestación del servicio continuo o discontinuo al mismo empleador, y la calidad empresarial de este, son factores que no demandan interpretación, cuando se trata de establecer el reconocimiento de la pensión de jubilación previste en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, pues como se indicó la prueba para hacerla liquidación es la del año inmediatamente anterior a aquel, en el cual con la edad requerida, adquirió el derecho a la prestación.

5.5.5. Igualmente, los artículos 21 y 288 de la Ley 100 de 1993, disponen que el promedio para la liquidación de la pensión de jubilación se hace de acuerdo con la inflación y el principio de favorabilidad.

Señala el artículo 21:

“Se entiende por el ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1.250 semanas como mínimo”.

El artículo 288 reza:

“Todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente ley le sea aplicable cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de las disposiciones de esta ley”.

Al ser clara la inexistencia de norma laboral expresa cuando el trabajador renunció o ha sido despedido del cargo, transcurriendo varios años, hasta llegar a la edad de obtener su derecho pensional, no puede aceptarse dentro del Estado social de derecho, que quien prestó sus servicios a una empresa sea sorprendido con una liquidación de la primera mesada pensional desmejorada por la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, cuando coexisten disposiciones análogas que permiten inferir la forma en que debe procederse, amén de que nadie debería ser desmejorado en su ingreso, en este caso en un 12.78%, en pro de la empresa, ya sea pública o privada, por hacer una interpretación restringida de la normativa.

5.5.6. En ese orden de ideas, es cuando surgen los criterios auxiliares de la actividad judicial, establecidos en los artículos 48, 53 y 230 de la Carta, para determinar cuál año define, tanto el capital declarado de la empresa obligada a la prestación como el monto de la misma, cuando el trabajador se retire o sea retirado de la empresa sin haber cumplido la edad expresada.

En ese sentido, señaló la Corte Constitucional:

• Que en relación con los derechos de los trabajadores la autonomía judicial es relativa, y se restringe mucho más cuando se trata de resolver sobre “los principios mínimos fundamentales”, que conforman el estatuto del trabajo, en los términos del artículo 53 de la Carta, como lo indica la máxima guardiana de la Constitución, en esta decisión:

“Es forzoso que el fallador entienda la norma de manera que la opción escogida sea la que beneficie en mejor forma y de manera más amplia al trabajador, por lo cual, de acuerdo con la Constitución, es su deber rechazar los sentidos que para el trabajador resulten desfavorables u odiosos. El juez no puede escoger con libertad entre las diversas opciones por cuanto ya la Constitución lo ha hecho por él y de manera imperativa y prevalente. No vacila la Corte en afirmar que toda trasgresión a esta regla superior en el curso de un proceso judicial constituye vía de hecho e implica desconocimiento flagrante de los derechos fundamentales del trabajador, en especial el del debido proceso” (53) .

• No puede tampoco ignorarse el principio de la irrenunciabilidad de los derechos mínimos de los trabajadores sobre el de la autonomía de la voluntad, la que no opera cuando una de las partes se encuentra, necesariamente, como el trabajador, en estado de debilidad manifiesta.

Igualmente, debe observarse que en el caso del señor Piedrahíta Salamanca, según lo determinó la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia no procedía la aplicación del artículo 8º de la Ley 153 de 1887 y por ende, el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo, argumento contradictorio con otras tesis de la misma accionada cuando ha concedido la indexación, pero en gracia de discusión, supongamos que no operan esas normas, no puede tampoco ignorarse, cuáles son los principios que debe orientar toda decisión judicial.

Muchas más podrían ser las deficiencias, que se observan en la sentencia de casación que negó las pretensiones del señor Piedrahíta Salamanca, pero en aras de no hacer más fatigosa la presente providencia, solo basta analizar como se ha venido haciendo las consideraciones de la Sentencia SU-120 de febrero 13 de 2003 con las razones esgrimidas por la accionada, para percatarse que le decisión del alto tribunal resulta contradictoria con sus propias providencias que favorecen las pretensiones de los pensionados y es contraria al ordenamiento constitucional, motivo por el cual, la Sala respetuosamente colige que la decisión en comento, constituye una vía de hecho y que la primera instancia, no lo advirtió al despachar de manera negativa la protección deprecada por el señor Jesús Alberto Piedrahíta Salamanca.

A dicha conclusión se llega si se examina:

Que la primera instancia, si hubiera seguido las consideraciones realizadas por la Corte Constitucional, no podía despachar por improcedente la tutela incoada, invocando el lapso entre el fallo de casación y el momento para interponer la demanda en procura de que se le protegieran sus derechos fundamentales, por cuanto resulta evidente que desconoció el precedente establecido por la guardiana de la Constitución, que ordena al juez de tutela a analizar el fondo del asunto, amén de que las prestaciones periódicas de los trabajadores son imprescriptibles, aunque lo mismo no se predique para el pago de las mesadas pensionales.

Nótese entonces, que las consideraciones y razones invocadas por la primera instancia al descartar la tutela por improcedente estaban erradas, al desconocer el ‘precedente judicial’, el cual como se sabe resulta obligatorio para los jueces de la República, pues se deriva de las sentencias proferidas por sus superiores jerárquicos, proveídos que fuerzan a todos los demás a acatarlos, es decir a atender en debida forma del principio ‘stare deciris’, que restringe al máximo la autonomía judicial (54) , señalar lo contrario sería romper con la razón de ser del mismo Estado, social de derecho y poner en desventaja al trabajador. De tal manera, que la posición asumida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca no era procedente, cuando encontramos parámetros legales que eran de forzoso cumplimiento, para analizar el fondo del asunto y poder concluir que la Corte Suprema de Justicia había incurrido en una vía de hecho.

En efecto, siguiendo las orientaciones de la Corte Constitucional —dejando clara constancia, que en todo momento, la colegiatura en el presente caso tuvo como referente las indicaciones del máximo tribunal de lo constitucional—, se halló ante una vía de hecho, pues la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al negar al accionante su derecho a la indexación de su primera mesada pensional, desconoció lo dispuesto en el artículo 228 de la Constitución Política, que ordena a los jueces resolver los asuntos que les han sido confiados buscando la efectiva realización de los derechos fundamentales en conflicto.

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional existe una prelación de los derechos sustanciales, y entre estos los constitucionales, como “una nueva percepción del derecho procesal pues le ha impreso unos fundamentos políticos y constitucionales vinculantes y, al reconocerles a las garantías procesales la naturaleza de derechos fundamentales, ha permitido su aplicación directa e inmediata; ha generado espacios interpretativos que se atienen a lo dispuesto en los tratados internacionales de derechos humanos; ha tornado viable su protección por los jueces de tutela y ha abierto el espacio para que el juez constitucional, en cumplimiento de su labor de defensa de los derechos fundamentales, promueva la estricta observancia de esas garantías, vincule a ella a los poderes públicos y penetre así en ámbitos que antes se asumían como de estricta configuración legal” (55) .

Ahora bien, la anterior concepción del derecho procesal, permitió a la Corte Constitucional afirmar, que cuando los jueces no consideran los derechos fundamentales mínimos que se encuentran garantizados en los artículos 25, 48 y 53 del ordenamiento constitucional, quebrantan los artículos 29, 228 y 230 constitucionales e incurren en vía de hecho; porque dichos derechos regulan los derechos y prerrogativas de los trabajadores y de los pensionados e informan todas las previsiones del ordenamiento.

De conformidad con lo antepuesto, está claro que la entidad accionada incurrió en una vía de hecho, cuando informó al demandante que su tesis frente a la reliquidación de la primera mesada pensional había variado, hecho que no puede calificarse de cierto, tal y como se ha venido diciendo, según el acervo probatorio recepcionado por la misma guardiana de la Constitución; igualmente frente al vacío legal decidió la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia hacer una interpretación restrictiva de la normativa, desconociendo principios generales del derecho en pro del trabajador, que favorecen al accionante, existiendo una decisión contraria a los requerimientos exigidos por el apoderado del casacionista Jesús Alberto Piedrahíta Salamanca.

No puede colegirse cosa diferente, por cuanto la misma Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, estableció en su propia jurisprudencia la forma de hacer la liquidación de la primera mesada pensional tendiente a equilibrar a favor del trabajador la pérdida de la fuerza adquisitiva del peso, empero sin que exista un criterio jurídico contundente, varió discrecionalmente su posición en el caso sub examine, e ignoró principios del derecho que favorecían al actor, incurriendo de esta manera, en la pregonada vía de hecho.

En ese orden de ideas, ateniéndose la Sala en todo momento al citado precedente judicial (Sent. SU-120/2003) concluye que existe urgencia de restablecer los derechos fundamentales de igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia, vulnerados por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia al negar la reliquidación de la primera mesada pensional del señor Piedrahíta Salamanca, al resolver el recurso de casación, por lo que esta deberá dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación del fallo, proferir una decisión acorde con su reiterada jurisprudencia, reliquidando la primera mesada pensional del actor, de acuerdo con los principios y prerrogativas que favorecen a los trabajadores y los pensionados del país”.

Derechos fundamentales-A la igualdad, debido proceso, seguridad social/derecho fundamental, amparo constitucional(sic).

De acuerdo con lo transcrito, en los mismos términos del referido fallo, se confirmará el amparo constitucional de los derechos fundamentales de igualdad, debido proceso y seguridad social del accionante, por ende se accederá a la indexación de la primera mesada pensional, la cual debe pagarse al señor Luis Enrique Rodríguez Cuenca, quien como se dijo agotó todas las instancias judiciales para que se restableciera su derecho, modificando providencia de la primera instancia en el sentido de hacer realidad el pago de la indexación de la primera mesada pensional del actor, con base en las siguientes consideraciones:

Derechos fundamentales-Alcance dado por la jurisprudencia constitucional(sic).

6. Una solución ajustada a derecho.

Empero, debe tenerse en cuenta, que las decisiones que se han proferido para proteger los derechos fundamentales de los accionantes que se encuentran en situación similar a la del señor Rodríguez Cuenca no van a ser cumplidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pues su respuesta al requerimiento realizado por el juez constitucional de tutela ha sido: “En defensa de la Constitución Política y de la ley, mantiénese la sentencia ejecutoriada el (...), que resolvió el recurso extraordinario de casación interpuesto por (...), la cual surte plenos efectos jurídicos y estése a lo resuelto en ella para todos los fines” (56) .

De acuerdo con dicha decisión, resulta incuestionable la postura de los magistrados de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia con respecto del alcance del amparo constitucional en lo relacionado con la vía de hecho y su negativa para cumplir con el fallo que tuteló los derechos fundamentales de cualquier persona que se encuentre en las mismas circunstancias del actor.

Esta situación resulta reiterativa y perjudica el derecho del accionante, quien no tendrá una solución adecuada frente al derecho amparado circunstancia que fácilmente puede constatarse con el cuadro de radicados, el cual versa sobre el tema de indexación de la primera mesada pensional y que tiene la siguiente relación:

RadicaciónMagistradoSalaFecha del fallo
200401018Dr. Henao5028 de abril de 2004
200409939Dr. Coral5028 de abril de 2004
200401116Dr. Bueno543 de mayo de 2004
200401201Dr. Coral563 de mayo de 2004
200401583Dr. Campo6631 de mayo de 2004
200401610Dr. Campo6631 de mayo de 2004
200400444Dr. Bueno707 de junio de 2004
200401902Dr. Coral7416 de junio de 2004
200400443Dr. Henao7623 de junio de 2004
200402220Dr. Coral837 de julio de 2004
200402221Dr. Henao837 de julio de 2004
200402225Dr. Bueno837 de julio de 2004
200402228Dr. Flechas8814 de julio de 2004
200402315Dr. Ortega8814 de julio de 2004
200403192Dr. Coral10718 de agosto de 2004
200401522Dr. Bueno1181º de septiembre de 2004
Jurisprudencia constitucional-Órgano supremo(sic)

Ahora bien, ese hecho surge por la desavenencia que en materia laboral existe entre jurisdicciones, tal y como lo indica la entidad accionada, por tener una disímil postura con respecto de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pese al hecho de que se trata de una sola administración de justicia y, ante la necesidad de buscar una alternativa que proteja la interpretación legal y comprenda el contorno del derecho fundamental de los trabajadores, quienes en últimas resultan sacrificados por la reiterada negativa a indexar la primera mesada pensional con una nueva providencia, la máxima guardiana de la Constitución señaló: “Cuando no existe superior que obligue al inferior a cumplir con las órdenes de tutela o cuando el superior no toma las determinaciones que debe tomar, el punto de apoyo para el juez es efecto útil de las sentencias.

(...).

Si quienes incumplen son los magistrados de las altas cortes y se da la orden de proferir una sentencia de reemplazo o adoptar una decisión judicial que haga cesar la violación de los derechos fundamentales, la alternativa es clara:

(...).

Otro camino es el de prever, en el propio fallo, un eventual incumplimiento y por consiguiente tomar decisiones que compromete al funcionario judicial que incurrió en la vía de hecho sino a los terceros intervinientes” (57) .

En ese sentido deben tenerse en cuenta otros precedentes:

“En estos eventos, la intervención del tribunal constitucional se torna indispensable, pues (...) las altas cortes no tienen superior jerárquico en su respectiva jurisdicción y, por tanto no encuentran en el juez de tutela de primera instancia el funcionario idóneo para conminarlas al cumplimiento de la decisión desobedecida, y tampoco el competente para tramitar el correspondiente incidente de desacato...”.

“En procura de hacer realidad la orden de protección incumplida por una alta corporación de justicia, también en nuestro derecho interno se ha acudido al expediente de restablecer la vigencia de la decisión reemplazada con la providencia declarada nula en vía de tutela” (58) .

Dichos antecedentes sirvieron de base para la decisión reciente del máximo Tribunal Constitucional, el cual mediante auto de Sala Plena del 21 de septiembre de 2004, atendiendo la solicitud de cumplimiento de la Sentencia SU-120 de 2003 declaró ejecutoriada (i) la sentencia adiada el 3 de marzo de 1999, proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá; (ii) los fallos adoptados el 4 de mayo y el 30 de junio de 1999 por el Juzgado Noveno Laboral de Bogotá y por la Sala Laboral del honorable Tribunal Superior de Bogotá y iii) la decisión del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Villavicencio, adoptada el 5 de mayo del mismo año; en los casos de Gonzalo Humberto Pachón Guevara contra Bancafé, Lucrecia Vivas de Maya contra la citada entidad bancaria y Carlos Hernán Romero Perico contra la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en liquidación, respectivamente.

Los motivos que llevaron a tal determinación, fueron: “La Corte reiteró que en casos de incumplimiento de sus decisiones, sin perjuicio de las competencias de otras autoridades para aplicar las medidas sancionatorias previstas en el Decreto 2591 de 1991 y resolver sobre responsabilidades, indemnizaciones y costas, la propia Corte puede adoptar las medidas conducentes a hacer cesar la violación del derecho conculcado, hasta que esté completamente restablecido o eliminadas las causas de la amenaza” (59) .

De tal suerte que las circunstancias en el caso sub examine son idénticas a las que fueron relacionadas en el cuadro de radicados; por ende son previsibles los resultados del presente fallo de tutela, y ante los claros precedentes enunciados, el juez constitucional se puede en el propio fallo, vaticinar su eventual incumplimiento y tomar las medidas necesarias con el fin de enfrentar la amenaza a los derechos fundamentales, derivada de una actuación judicial que se apartará del fallo de tutela.

Por tal razón, y debido al especial papel de Corte Constitucional, como intérprete auténtico de la Carta y guardiana de su integridad y supremacía, corresponde a esta corporación buscar una solución que sea benéfica al actor y evite una dilación innecesaria a la misma administración de justicia que requiere de la economía procesal y celeridad en sus decisiones (60) .

Por eso, la medida que se va a tomar tiene como base las consideraciones no solo de los citados antecedentes sino otros fallos proferidos por el máximo tribunal constitucional, los cuales sirven de pauta para hacer viable y eficaz los derechos fundamentales del señor Luis Enrique Rodríguez Cuenca.

En ese orden de ideas, se tiene:

Validez de la sentencia. No implica acto puramente formal(sic).

6.1. Una sentencia no es un acto formal.

Si la sentencia en cualquier proceso, es la decisión judicial más importante dictada por una autoridad del Estado, investida de jurisdicción, que no solo debe cumplir los requisitos establecidos en la ley en cuanto a su forma y contenido, sino que constituye un juicio lógico y axiológico destinado a resolver una situación controversial, en armonía con la Constitución y la ley, no puede esta convertirse en un simple acto formal, pues ello quebrantaría la existencia de los pilares del Estado de derecho e incrementaría soluciones alejadas de la normatividad, en tanto que su razón de ser vivifica para los asociados, la satisfacción de los intereses sociales y los derechos fundamentales de la persona (61) .

6.2. Los efectos de una sentencia de tutela no pueden sujetarse a interpretaciones.

Si una sentencia es el producto del análisis conceptual, probatorio, sustantivo, procesal de unos hechos sobre los cuales versa el proceso, atendiéndose a la existencia de unas normas constitucionales y legales aplicables al caso concreto, necesariamente el individuo que se ha visto beneficiado con un fallo que ampara su derecho fundamental a la igualdad frente a otros individuos a los que se les ha indexado, restableciéndosele de esta manera el valor de su mesada pensional, no puede quedar supeditado a las oscilaciones de los jueces, quienes atenidos a los efectos de la cosa juzgada nuevamente le niegan su indiscutible derecho; pues con ello se quebrantaría la eficacia del derecho y el acceso a la administración de justicia (62) .

Acción de tutela-repara y garantiza un dicho fundamental(sic)

6.3. Un fallo de tutela repara un derecho fundamental.

Si una sentencia de tutela ampara un derecho fundamental, ante un fallo del Tribunal de Casación fue porque este emitió una sentencia opuesta a las normas constitucionales y legales, lo cual lo convertía en una “vía de hecho”; por ende era necesario enmendar o corregir en forma inmediata esa situación, con el fin de que cesaran los daños irreparables a las personas afectadas por el desconocimiento de sus derechos esenciales (igualdad, debido proceso y seguridad social), por tal motivo no puede ignorarse la decisión que ampara dichos derechos, con el argumento que el fallo de casación tiene el carácter de definitivo (63) .

Recurso extraordinario casación-Alcance(sic)

6.4.La casación una gran opción jurídica.

Si la casación, resulta ser el medio de impugnación extraordinario idóneo y eficaz para remediar aquellos hechos que se alejan del concepto de derecho y justicia; pero al actor se le niega tal posibilidad pese a otros fallos que la misma Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha proferido en ese sentido, con dicha posición se desconocen los principios básicos previstos en la Constitución y la ley (64) .

Recurso extraordinario de casación-Finalidad(sic).

6.5.La misión de la casación.

Si la casación fue establecida principalmente en interés de la ley y su misión consiste en reparar los agravios inferidos a las partes con sentencias de otras instancias y, con ella se pretende hacer efectivo el derecho material (C.P., art. 228), como las demás garantías debidas a los sujetos procesales, no puede presentarse una situación que por un lado reconozca la indexación de la primera mesada pensional y por el otro, se profieran sentencias de casación que la niegan, por cuanto resulta evidente que el mismo tribunal desconocería su misión para unificar la jurisprudencia nacional, amén que al momento de dar una solución, decide rechazar a prima facie, la jurisprudencia constitucional tendiente a reparar los posibles perjuicios generando confusión al usuario y a la misma administración de justicia, desquebrajándose de esta forma la idea del un Estado social de derecho (65) .

Acción de tutela-Alcance jurisprudencial constitucional respecto de la autonomía funcional(sic).

6.6.El fallo de tutela no vulnera la autonomía funcional.

Igualmente, se tiene que la jurisprudencia constitucional no repudia la autonomía funcional e independencia (C.P., art. 228) al indicar los parámetros que deben seguirse en un determinado caso; por ende no pueden los jueces de la República apartarse de la línea jurisprudencial trazada por la alta Corte, pues si respetase el sentir de ese nuevo derecho, se lograría la unificación jurisprudencial, la agilidad y celeridad en las decisiones judiciales; no hacerlo de esa manera, significa que la tutela no puede restablecer derechos fundamentales conculcados.

Recurso de casación-Límite-respecto del principio de la certeza jurídica(sic)

6.7.La casación no puede vulnerar la certeza jurídica.

Si los fines de la casación consisten en reparar los agravios inferidos con la sentencia de otra instancia, no resulta lógico ni admisible, (a la luz de nuestra norma superior) que, en lugar de enmendar dentro del mismo juicio el daño eventualmente infligido, se niegue ese derecho al actor con el argumento que sus decisiones son infranqueables, pese al error de que en una misma situación se juzgue de manera diferente, por cuanto ello derriba la certeza jurídica.

6.8.La situación del actor.

Ante la imposibilidad de rectificar por la misma autoridad su error en la forma de interpretar el mismo hecho y, ante la insistente negativa a modificar la decisión cuestionada para restablecer un derecho fundamental acompañado por la reticencia para resarcir en una etapa ulterior el agravio contra el actor, el perjuicio se convierte en irreversible e irremediable, por ende, la alternativa de solución no puede quedar a la deriva, pues con ello se afecta el derecho al acceso a la administración de justicia y si privilegia lo material frente a lo sustancial.

Derechos fundamentales-Primacía

6.9.La solución.

Los problemas prácticos de la administración de justicia no pueden solucionarse con el sacrificio de derechos fundamentales de las personas. En caso de presentarse conflicto entre un derecho fundamental e inalienable de la persona humana, y la conveniencia de adecuar una institución a objetivos prácticos alcanzables de otro modo, sin duda prevalece la garantía del primero, pues debe haber remedios adecuados que no resulten violatorios de los derechos fundamentales y del ordenamiento superior, por cuanto lo definitivo es la búsqueda de una solución satisfactoria al derecho fundamental de la persona y el interés general de la sociedad.

Acción de tutela-Primacía derecho sustancial(sic)

6.10.La razón de ser de la solución.

En un Estado social de derecho resultaría desestructurado e incoherente proteger la intangibilidad del fallo bajo la falacia del principio de la cosa juzgada, puesto que el fin del proceso debe ser la sentencia justa, aquella que esté en plena concordancia con la Constitución y la ley, pues deben salvaguardarse valores más trascendentales que la cosa juzgada, como la justicia y los derechos fundamentales y, en ese sentido, se ha admitido la procedencia de la tutela originada en vía de hecho y el principio de prevalencia del derecho sustancial para lograr la pacífica convivencia entre colombianos.

En conclusión, esta colegiatura está en la obligación de brindar una solución al usuario acorde con los criterios de razonabilidad y protección de valores más trascendentes, por tal motivo y, ante la negativa de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia a casar su propio fallo y atendiendo el claro objetivo del fallo de tutela, el cual es hacer viable la primacía del derecho material frente al canon constitucional de la igualdad, con base en la jurisprudencia constitucional que dice:

“En todos los casos mencionados la jurisprudencia ha entendido que se desvirtuaría la Carta Política, en cuanto se quebrantaría la prevalencia del derecho sustancial, el acceso efectivo a la justicia y el principio de economía procesal, en detrimento de los derechos fundamentales en juego, si se forzara el uso del medio judicial ordinario, a sabiendas de su ineptitud en el caso concreto, cerrando de manera absoluta la vía contemplada en el artículo 86 de la Constitución” (66) .

Se procederá entonces a buscar una solución ajustada a derecho con el propósito de proteger el valor de la indexación, la cual según el criterio de la Corte Constitucional es una forma de resarcir “un perjuicio —el ocasionado por la depreciación del dinero en una economía inflacionaria—, (...) pues siempre los montos por pagar tendrán que indexarse para sostener su valor real” (67) .

Ahora bien, en el caso sub lite proceden los siguientes interrogantes: ¿por qué el juez de segunda instancia procede a dar una solución al accionante, sin esperar los resultados de un incidente de desacato? ¿Por qué motivó no esperar la revisión de la Corte Constitucional?

Las respuestas a dichos interrogantes, son de orden didáctico, por cuanto la Sala considera que las diez razones invocadas anteriormente, resultan ser más que suficientes para proceder a proteger de manera efectiva los derechos del actor, empero existen explicaciones adicionales, tales como:

La omisión de un pronunciamiento de fondo por parte de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pese a existir una sentencia de amparo constitucional sobre la cuestión planteada en la demanda de tutela, es obvia frente a los anotados antecedentes, en ese sentido indica la Corte Constitucional, si “la accionada [desatiende] un fallo de tutela vulnera la violación del derecho de acceso a la aplicación de justicia del actor”.

La Corte Constitucional así lo entendió, al decidir sobre la exequibilidad del inciso 2º del artículo 48 del proyecto de ley estatutaria de la administración de justicia, dijo en la Sentencia C-037 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa):

“Por lo demás, cabe puntualizar que las sentencias judiciales a través de las cuales se deciden acciones de tutela, solo tienen efectos en relación con las partes que intervienen en el proceso (D. 2591/99, art. 36). Sin embargo, la doctrina constitucional que define el contenido y alcance de los derechos constitucionales, sentada por la Corte Constitucional, con ocasión de la revisión de los fallos de tutela, trasciende las situaciones concretas que le sirven de base y se convierte en pauta que unifica y orienta la interpretación de la Constitución. El principio de independencia judicial, tiene que armonizarse, con el principio de igualdad en la aplicación del derecho, pues, de lo contrario, se corre el riesgo de incurrir en arbitrariedad. La jurisprudencia de los altos órganos jurisdiccionales, por medio de la unificación doctrinal, persigue la realización del principio de igualdad. Por consiguiente, sin perjuicio de lo observado respecto de la doctrina constitucional, la exequibilidad del segundo numeral del artículo 48, materia de examen, se declarará bajo el entendido de que las sentencias de revisión de la Corte Constitucional, en las que se precise el contenido y alcance de los derechos constitucionales, sirven como criterio auxiliar de la actividad de los jueces, pero si estos deciden apartarse de la línea jurisprudencial trazada en ellas, deberán justificar de manera suficiente y adecuada el motivo que les lleva a hacerlo, so pena de infringir el principio de igualdad” (68) .

De otro lado, si la Corte Suprema de Justicia solo está sometida en sus providencias al imperio de la ley como lo consagra el estatuto superior en su artículo 230; y si, por ello mismo, sus pronunciamientos son independientes y autónomos y no quiere plegarse al pensamiento de la Corte Constitucicnai en esta materia, pues la Sala de manera respetuosa aténderá la doctrina constitucional, basándose en las normas constitucionales y cualificando el sentido de dichas normas, de conformidad con el alcance que ha realizado el intérprete autorizado de la Constitución.

Y, sobre el caso que se analiza se tiene debe darse una protección inmediata a los derechos fundamentales y resulta obvia la doctrina constitucional al señalar que “otro camino que tiene el juez constitucional de tutela es prever, en el propio fallo, un eventual incumplimiento y por consiguiente tomar decisiones que compromete al funcionario judicial que incurrió en la vía de hecho sino a los terceros intervinientes(69) .

De tal suerte, que esta corporación no puede pasar por alto la renuencia que ha protagonizado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia frente a la orden de indexar la primera mesada pensional, quebrantándose de esta manera los derechos fundamentales de los pensionados, a tiempo que desestabiliza los valores propios del Estado social de derecho, por ende debe acudirse a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la cual mediante Sentencia T-1686 de 2000 (70) , indico:

“La exactitud y oportunidad en el cumplimiento de los fallos judiciales resulta esencial para garantizar no solamente el cometido de la persona (que se constituye en su derecho fundamental) de acceder materialmente a la administración de justicia sino para sostener el principio democrático y los valores del Estado de derecho.

A no dudarlo, un signo inequívoco de decadencia institucional y de debilitamiento de la democracia es la pérdida del respeto y acatamiento a las determinaciones de los jueces, encargados de definir el derecho y de suministrar a la sociedad, con arreglo a la Constitución y a las leyes, las fórmulas pacíficas de solución de los conflictos que surgen en su seno.

El cumplimiento de las sentencias judiciales es parte integrante de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, pues la circunstancia de una persona a cuyo favor se ha resuelto tiene derecho, garantizado por el Estado, a que lo judicialmente ordenado se cumpla con exactitud y oportunidad. La falta de efectividad de lo dispuesto por el juez haría nugatoria la posibilidad material de realización de la justicia...”.

Así mismo dijo la Corte Constitucional en Sentencia T-329 de 1994 (71) :

“Ha de partirse del supuesto de que el orden jurídico fundado en la Constitución no podría subsistir sin la debida garantía del acatamiento a los fallos que profieren los jueces. Ellos han sido revestidos de autoridad suficiente para resolver los conflictos que surgen en los distintos campos de la vida en sociedad y, por tanto, constituyen elemento fundamental de la operatividad y eficiencia del Estado de derecho.

Un sistema jurídico que únicamente descansa sobre la base de verdades teóricas no realiza el orden justo preconizado en el preámbulo de la Carta. Tan precario sentido tiene una estructura judicial que no adopta decisiones con la rapidez y oportunidad requeridas como una que funcione adecuadamente pero cuyos fallos, por falta de cumplimiento de quienes están obligados por ellos, se convierten en meras teorías. En tal hipótesis no solo se quedan escritas las providencias mismas sino las normas sustantivas que les sirven de fundamento.

En el caso de los derechos fundamentales, de cuya verdadera eficacia ha querido el constituyente ocuparse en forma reiterada, el desacato a las sentencias judiciales que los reconocen es en sí mismo un hecho flagrantemente violatorio del ordenamiento fundamental.

Todos los funcionarios estatales, desde el más encumbrado hasta el más humilde, y todas las personas, públicas y privadas, tienen el deber de acatar los fallos judiciales, sin entrar a evaluar si ellos son convenientes u oportunos. Basta saber que han sido proferidos por el juez competente para que a ellos se deba respeto y para que quienes se encuentran vinculados por sus resoluciones contraigan la obligación perentoria e inexcusable de cumplirlos, máxime si están relacionados con el imperio de las garantías constitucionales.

De allí se desprende necesariamente que si la causa actual de la vulneración de un derecho está representada por la resistencia de un funcionario público o de un particular a ejecutar lo dispuesto por un juez de la República, nos encontramos ante una omisión de las que contempla el artículo 86 de la Carta, como objeto de acción encaminada a la defensa efectiva del derecho constitucional conculcado. Al fin y al cabo, se trata de acudir a una instancia dotada del suficiente poder como para lograr que de manera cierta e indudable tengan vigencia en el caso concreto las prescripciones abstractas de la Constitución.

El acceso a la administración de justicia, garantizado en el artículo 229 superior, no implica solamente la posibilidad de acudir ante el juez para demandar que deduzca de la normatividad vigente aquello que haga justicia en un evento determinado, sino que se concreta en la real y oportuna decisión judicial y, claro está, en la debida ejecución de ella. Esto, a la vez representa una culminación del debido proceso, que no admite dilaciones injustificadas en el trámite de los asuntos puestos en conocimiento de los jueces ni, por supuesto, en el cabal y pleno desarrollo de lo que se decida en el curso de los juicios”.

Por tanto, cuando el obligado a acatar un fallo lo desconoce, no solo viola los derechos que con la providencia han sido protegidos, sino que se interpone en el libre acceso a la administración de justicia, en cuanto la hace imposible, frustrando así uno de los cometidos básicos del orden jurídico, y truncando las posibilidades de llevar a feliz término el proceso tramitado.

De tal suerte, que en “materia de tutela contra providencias judiciales, la existencia de una vía de hecho, condición sine qua non de procedencia de la acción, determina la competencia del juez para pronunciarse de fondo negando o concediendo el amparo, es decir, para declarar la violación o amenaza grave del derecho fundamental reclamado por el actor, y para proferir la orden que restablezca la efectividad del derecho o remueva la amenaza que pesa sobre ella:

Así mismo, ha indicado la guardiana de la Constitución, que:

Con base en ese precedente, es necesario explicar que el sistema debe propiciar, de manera indiscutible, una vía dotada de la suficiente eficacia para asegurar el derecho fundamental y para lograr ese objetivo, nada mejor que evitar mayores traumatismos entre las, diversas jurisdicciones y reconocer como fallo definitivo el proveído que indexó la primera mesada pensional del actor; es decir, la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, adiada el 9 de diciembre de 1998, la cual condenó a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero el valor inicial de la pensión en $ 434.674.16, a partir del 31 de mayo de 1994, y a pagar los valores que resultaran de acuerdo con la liquidación que se hiciera, indexada de conformidad con los argumentos legales establecidos en dicho proveído (72) , pues el perjuicio irremediable se hace patente, para esta corporación si se envía a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia a proferir un fallo rectificando su error.

De otra parte, esta colegiatura con este paso definitivo entra a proteger los derechos fundamentales del acceso a la administración de justicia y la primacía de lo formal sobre lo sustancial y, prevalece el valor supremo de la Constitución Política, la cual en todas las formas ha querido que se privilegie la preeminencia de los derechos fundamentales, particularmente cuando estos obran en cabeza de las personas de la tercera edad, motivo por el cual, se decidirá:

Declarar ejecutoriada la sentencia del 9 de diciembre de 1998, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante la cual se condenó a la Caja de rédito Agrario, Industrial y Minero el valor inicial de la pensión en $ 434.674.16, a partir del 31 de mayo de 1994, y a pagar los valores que resultaran de acuerdo con la liquidación que se hiciera de esa primera mesada pensional.

ORDENAR al pagador de la Caja de Crédito Agrario, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, empiece a realizar los correspondientes pagos con la indexación ordenada a favor del señor Luis Enrique Rodríguez Cuenca y realice las gestiones necesarias para el pago del retroactivo del monto total adeudado por concepto de la reliquidación de su mesada pensional.

De otra parte, esta colegiatura con este paso definitivo entra a proteger los derechos fundamentales del acceso a la administración de justicia y la primacía de lo formal sobre lo sustancial y, prevalece el valor supremo de la Constitución Política, la cual en todas las formas ha querido que se privilegie la preeminencia de los derechos fundamentales, particularmente cuando estos obran en cabeza de las personas de la tercera edad.

Por lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

(sic) MODIFICAR el fallo adiado el 31 de agosto de 2004, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, mediante el cual concedió el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y seguridad social a favor del señor Luis Enrique Rodríguez Cuenca y en consecuencia dejó sin efecto la sentencia proferida el 9 de febrero de 2000, en el sentido ordenar en su reemplazo el fallo que con sujeción a lo preceptuado en los artículos 13, 29, 48 y 53 de la Carta Política emitió el del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el cual mediante providencia del 9 de diciembre de 1998, condenó a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero el valor inicial de la pensión en $ 434.674.16, a partir del 31 de mayo de 1994, y al pago de los valores que resultaran de acuerdo con la liquidación que se hiciera, indexada de conformidad con los argumentos legales establecidos en dicho proveído; por ende este se encuentra debidamente ejecutoriado, con base en las razones expuestas en el presente fallo.

II. ORDENAR al pagador de la Caja de Crédito Agrario, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, empiece a realizar los correspondientes pagos con la indexación ordenada a favor del señor Luis Enrique Rodríguez Cuenca y realice las gestiones necesarias para el pago del retroactivo del monto total adeudado por concepto de la indexación de la mesada pensional.

Ill. Súrtase las notificaciones de rigor, contenidas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

IV. Envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Temístocles Ortega Narváez, presidente—Jorge Alonso Flechas Díaz—Guillermo Bueno Miranda—Eduardo Campo Soto (impedido)—Fernando Coral Villota—Rubén Darío Henao Orozco—Leonor Perdomo Perdomo.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

(1) A folio 9 del expediente, solo se notificó al presidente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados Eduardo López Villegas, Elsy Pilar Cuello Calderón, Gustavo José Gnecco Mendoza, Carlos Isaac Náder, Luis Javier Osorio López, Camilo Tarquino Gallego e Isaura Vargas mediante comunicado del 30 de agosto dieron respuesta al a quo y el seis (6) de septiembre del año en curso impugnaron el fallo de tutela; es decir, que los citados magistrados quedaron notificados por conducta concluyente y a ninguno de ellos se les vulneró los derechos fundamentales de defensa y debido proceso.

(2) Rad. 20033454. M.P. Jorge Alonso Flechas Díaz.

(3) El derecho de la persona no podía circunscribirse en el tiempo y en el espacio, ni a generar limitantes de competencia, pues la Comisión Primera de la Asamblea Nacional Constituyente frente a la novedosa institución consideró: “Se pretende definir en la propia Constitución los elementos esenciales de la figura, para evitar que, como ha ocurrido en otras latitudes, al momento de desarrollarla legislativamente, se desnaturalice, se limiten sus alcances hasta convertirla en inoperante...”.

(4) El artículo 11 del Decreto 2591 consagraba: “La acción de tutela podrá ejercerse en todo tiempo salvo la dirigida contra sentencias o providencias judiciales que pongan fin a un proceso, la cual caducará a los dos meses de ejecutoriada la providencia correspondiente”.

(5) T-194 de 2003.

(6) Ver Sentencia SU-961 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa (En esta ocasión la Corte consideró que si bien los accionantes debían haber sido protegidos en virtud de que fueron los primeros en la lista de elegibles, el haber interpuesto la tutela casi tres años después de que hubieran sido posesionadas los otros elegibles en puestos inferiores, sin que se hubiera demostrado falta de motivación o arbitrariedad en las decisiones de nombramientos, ya habiendo caducado las acciones de nulidad y electoral que procedían frente al acto. En ese caso encontró la Corte que la prolongada inactividad mostraba un desinterés por parte de los accionantes para la protección de sus derechos). En el mismo sentido T-344 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández, T-537 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, T-1229 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero, entre otras.

(7) Ver Sentencia T-1694 de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez (En esta ocasión se negó la tutela porque la accionante había dejado transcurrir dos años desde el no pago de salarios para interponer la tutela).

(8) Ver la relación de los hechos de la sentencia antes señalada.

(9) Ver SU-120 de 2001, febrero 13 de 2003.

(10) Ver por todas, T-194 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(11) Corte Constitucional. Sentencia T-321 de 1998, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(12) Corte Constitucional. Sentencia SU-047 de 1999, Ms.Ps. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero.

(13) Ídem.

(14) Ídem.

(15) Corte Constitucional. Sentencia T-068 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(16) Corte Constitucional. Sentencia SU-1219 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(17) Ídem.

(18) Ídem.

(19) En la Sentencia SU-047 de 1999, Ms.Ps. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero, esta corporación señaló cuatro razones que hacen imperativo el respeto del precedente judicial: la seguridad y la coherencia que reclama todo sistema jurídico, el respeto por las libertades ciudadanas y la necesidad de favorecer el desarrollo económico, la sujeción de los jueces al principio de igualdad, y la necesidad de controlar el desempeño de los administradores de justicia.

(20) Sobre la función estabilizadora del derecho en las comunidades contemporáneas se puede consultar la Sentencia C-836 de 2001, Rodrigo Escobar Gil.

(21) En la Sentencia SU-047 de 1999, ya citada la Corte expuso que, aunque esencial en el Estado de derecho, el respeto por el precedente se supedite a la realización de la justicia material, que demanda cada caso concreto, a la necesidad de enmendar las equivocaciones del pasado, y al imperativo de adecuar las decisiones al contexto histórico en el que se profieren.

(22) Sobre la confianza legítima como principio protector de los administrados contra las modificaciones bruscas e intempestivas de las autoridades jurisdiccionales se pueden consultar las sentencias T-538 de 1994, T-321 y C-321 de 1998.

(23) “En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad”.

(24) Consultar entre otras, la Sentencia C-168 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(25) Respecto de la analogía, legis o juris, según se acuda a una norma, o a principios extraídos de diversas disposiciones, para resolver un supuesto no previsto expresamente en ninguna de las fuentes formales utilizadas, se puede consultar la Sentencia C-083 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(26) Sentencias C-067 de 1999, M.P. María(sic) Victoria Sáchica Méndez y C-1336 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(27) Jaime M. Mans Pigarnan. Los principios generales del derecho. Busch, Barcelona, 1947 (Equidad).

(28) Ley 82 de 1993.

(29) Ley 581 de 2000.

(30) Ley 446 de 1998, art. 16.

(31) Ley 428 de 1998, art. 24.

(32) Ley 4ª de 1993.

(33) Sentencia SU-837 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda.

(34) Sentencia C-173 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(35) Sentencia C-067 de 1999, M.P. María(sic) Victoria Sáchica Méndez.

(36) Sentencia C-155 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz.

(37) Sentencia C-067 de 1999; en el mismo sentido C-529 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(38) Sentencia C-387 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(39) C-546 de 1992, Ms.Ps. Ciro Angarita Barón y Alejandro Martínez Caballero.

(40) C-1336 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(41) Sentencia C-168 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(42) Sentencia SU-1185 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(43) En los siguientes pronunciamientos puede ser estudiada la posición de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, adoptada desde julio de 2000 —en algunas ocasiones—, que ha permitido a algunos ex trabajadores, que alcanzaron la edad requerida para acceder a la pensión de jubilación, después de terminar su relación laboral con el obligado, mantener el nivel adquisitivo de su ingreso. Cabe precisar que en dos de los casos en comento, la Sala accionada se basó en lo dispuesto en los artículos 19 del Código Sustantivo del Trabajo y 8º de la Ley 153 de 1887 para reconocer la pretensión; y en los otros, dado que el trabajador alcanzó la edad en vigencia de la Ley 100 de 1993, aplicó esta normatividad: sentencias 13.153, M.P. Luis Gonzalo Toro, 26 de septiembre de 2000, Salustino Reyes contra Banco Popular; 13.293, M.P. Luis Gonzalo Toro 26 de septiembre de 2000, José Eduardo Briceño contra Banco de Bogota; 13.426, M.P. Luis Gonzalo Toro, agosto 8 de 2000, José Nicolás Lemus contra Banco Popular; 13.905, M.P. Fernando Vásquez Botero, 1º de agosto de 2000, Enrique Durán contra Bancafé; 14.740, M.P. Francisco Escobar Henríquez, enero 17 de 2001, Rómulo Augusto Rodríguez Vidal contra Bancafé; 15.908, M.P. Francisco Escobar Henríquez, febrero 12 de 2001, Luis Eduardo Castro Sierra contra Bancafé; 15.654. M.P. Francisco Escobar Henríquez, mayo 31 de 2001, Belisario Nicolás Aponte contra Bancafé y Cajanal; 15.836 M.P. Isaura Vargas Díaz, 28 de agosto de 2001, Alfonso Puentes contra Electrificadora de Santander S.A. ESP; 15.696 julio 2 7 de 2001; 15.697, M.P. Luis Gonzalo Toro, 17 de octubre de 2001, Gustavo Pabón Rangel contra Bancafé; 17.053, marzo 20 de 2002, M.P. Isaura Vargas Días(sic), Mario Cabrera Morales contra Bancafé; 17.569, M.P. Luis Gonzalo Toro, 11 de julio de 2002, José Alberto Arango contra Bancafé; 17.739, M.P. Luis Gonzalo Toro, 25 de julio de 2002, Luis Arnulfo Toro contra Bancafé.

(44) Sentencia 13.905, M.P. Fernando Vásquez Botero, 1º de agosto de 2000; en igual sentido Sentencia 17.739, M.P. Luis Gonzalo Toro 25 de julio de 2002.

(45) En las sentencias 13.652 y 13.449 que negaron a los accionantes la prestación invocada, actuaron como conjueces los señores Hernán Guillermo Aldana y Arturo Linares Ortega; en tanto en las decisiones examinadas, en las que han intervenido en tal calidad los señores Enrique Arrázola Arrázola —13.905 y 15.654—, Benjamín Ochoa Moreno —14.740, 17.569, y 17739—, y Manuel Enrique Daza Álvarez —15.098—, la indexación fue concedida.

(46) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia 15.697, M.P. Luis Gonzalo Toro, 17 de octubre de 2001.

(47) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 1º de mayo de 2000, M.P. Germán Valdés Sánchez, expediente 13.652.

(48) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia 13.153, 26 de septiembre de 2000, M.P. Luis Gonzalo Toro Correa.

(49) Sentencia del 4 de abril de 2000, con ponencia del magistrado Germán Valdés Sánchez y salvamentos de voto de los doctores Francisco Escobar Henríquez y Fernando Vásquez Botero.

(50) Sentencia 8616 —nota 49—.

(51) Sentencia del 16 de diciembre de 1953, en igual sentido sentencias de 11 de agosto de 1954, 22 de marzo de 1955, 5 y 12 de mayo de 1955, Revista Derecho del Trabajo, volúmenes XIX, XX y XXII.

(52) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral, Sección Segunda. M.P. Hernán Guillermo Aldana Duque, radicación 2435, 21 de septiembre de 1988.

(53) Sentencia T-001 de 1999, José Gregorio Hernández Galindo.

(54) Corte Constitucional. Sentencia T-1625 de noviembre 23 de 2000. M.P. Martha Sáchica.

(55) “Ya en varios pronunciamientos la Corte ha destacado la importancia que el derecho procesal asume en el constitucionalismo. Así, en la Sentencia C-029 de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía, al declarar la exequibilidad del artículo 4º del Código de Procedimiento Civil expuso: “Las normas procesales tienen una función instrumental. Pero es un error pensar que esta circunstancia les reste importancia o pueda llevar a descuidar su aplicación. Por el contrario, el derecho procesal es la mejor garantía del cumplimiento del principio de la igualdad ante la ley. Es, además, un freno eficaz contra la arbitrariedad. Yerra, en consecuencia, quien pretenda que en un Estado de derecho se puede administrar justicia con olvido de las formas procesales. Pretensión que solo tendría cabida en un concepto paternalista de la organización social, incompatible con el Estado de derecho” —Sent. C-131/2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño, en igual sentido T-631/2002—.

(56) Ver entre otros los radicados 200402772, 200409666, 200403192 y 200401201.

(57) Sentencia SU-1158 del 4 de diciembre de 1993.

(58) Corte Constitucional, Auto de febrero 17 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(59) Magistrado Álvaro Tafur Galvis. Auto de Sentencia SU-120 de 2003, Sala Plena del 21 de septiembre de 2004.

(60) “El acceso a la administración de justicia implica, entonces, la posibilidad de que cualquier persona solicite a los jueces competentes la protección o restablecimiento de sus derechos que consagra la Constitución y la ley. Sin embargo, la función en comento no se entiende concluida con la simple solicitud o planteamiento de las pretensiones procesales ante las respectivas instancias judiciales; por el contrario, el acceso a la administración de justicia debe ser efectivo, lo cual se logra cuando, dentro de determinadas circunstancias y con arreglo a la ley, el juez garantiza una igualdad a las partes, analiza las pruebas, llega a un libre convencimiento, aplica la Constitución y la ley y, si el caso, proclama la vigencia y la realización de los derechos amenazados o vulnerados” (Cfr. C. Const. S. de Revisión Nº 5, Sent. T-173, mayo 4/93. M. José Gregorio Hernández Galindo).

(61) Corte Constitucional. T-324 de 1994. “El acceso a la administración de justicia, garantizado en el artículo 229 superior, no implica solamente la posibilidad de acudir ante el juez para demandar que deduzca de la normatividad vigente aquello que haga justicia en un evento determinado, sino que se concreta en la real y oportuna decisión judicial y, claro está, en la debida ejecución de ella. Esto, a la vez, representa una culminación del debido proceso, que no admite dilaciones injustificadas en el trámite de los asuntos puestos en conocimiento de los jueces ni, por supuesto, en el cabal y pleno desarrollo de lo que se decida en el curso de los juicios”.

(62) Corte Constitucional. T-606 de 1999 “Por tanto, se hace necesario que el juez constitucional asuma en debida forma su función de protección y garantía de los derechos fundamentales, analizando, tal como lo dice el mismo Decreto 2591 de 1991, las circunstancias propias de los casos sometidos a su conocimiento, antes de denegar el amparo que se le solicita. Análisis que no solo debe hacerse en relación con las circunstancias endógenas sino exógenas que rodean al individuo que solicita la protección, como lo sería, en este caso; la situación económica del país que obliga al Estado, como responsable de garantizar el pago en tiempo de las mesadas pensionales realizar las gestiones que sean necesarias para que los pensionados puedan recibir en tiempo esta. El juez de tutela no puede ser ajeno a esta obligación impuesta al Estado, porque hace parte de él”.

(63) Corte Constitucional T-056 de 1994. “AI juez de tutela le corresponde llevar la justicia a los hechos dentro de los parámetros determinados en la Constitución Política; de esta manera le da dinamismo al derecho y busca plasmar en cada fallo el consenso de la sociedad frente al ordenamiento jurídico. Se impone pues, frente al concepto que reduce el derecho a una mera técnica de aplicación abstracta de las normas. Es quien debe desentrañar el contenido material de los derechos fundamentales y procurar su eficacia con base en los límites antes aludidos”.

(64) Corte Constitucional C-215 de 1994. “La mayor fluidez y el menor rigorismo en la técnica de los recursos en sede de casación, no significa en ningún modo que el tribunal competente para conocer de ellos pueda verse desnaturalizado en sus funciones por las razones que se examinan; simplemente se trata de hacer menos rígidas las previsiones para atender a la prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho procesal, y para reconocer que el examen de las causales no puede, en todo caso, ser agravado por presupuestos que enerven el acceso a la justicia y limiten en buena medida la unificación de la jurisprudencia nacional y la realización del derecho objetivo”.

(65) Ibídem. “No puede entenderse que la casación se haya convertido en una tercera instancia, ni que se eliminaron los requisitos de forma propios de la demanda de casación. La estructura general del recurso se mantiene, y no fue convertido en la última reforma, en una modalidad recursiva de orden procesal, tan amplia como puede serlo la apelación, en razón de las especiales características y finalidades de aquel recurso”.

(66) Sentencia 001 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(67) Sentencia SU-400 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(68) Cfr. Corte Constitucional. Sala de Revisión Nº 2. Sentencia T-123 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(69) Sentencia SU-1158 del 4 de diciembre de 1993.

(70) M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(71) M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(72) El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en proveído del 9 de diciembre de 1998, basándose en los fallos de septiembre 15 de 1992 y agosto 5 de 1996, proferidos por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, señaló: “Así pues al acoger la indexación pretendida por este último no se está castigando al empleador no imponiéndose cargas con fundamento en el transcurso del tiempo entre la fecha del retiro del señor Luis Enrique Rodríguez Cuenca de su cargo y la fecha completó la dad(sic). Si nuestro país tuviera una economía sólida de manera que su signo monetario no tuviera fluctuaciones en su valor, el monto de la pensión de jubilación del actor debe estar constituido por el mismo número de pesos o signos monetarios de ambas fechas” (fls. 166 y 167).

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