Sentencia 2005-00008 de junio 2 de 2010 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente:

Dr. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Rad.: 25000-23-27-000-2005-00008-01(16564)

Actor: Colombiana de Incubación S.A., Incubacol.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Fallo

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En términos del recurso de apelación interpuesto por las partes corresponde a la Sala decidir la legalidad de los actos administrativos que modificaron la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año2000 a la actora. Específicamente, se debe establecer si es procedente la pérdida en retiro de bienes, la pérdida por siniestro, la sanción por inexactitud y la reducción de la sanción por inexactitud por la aceptación del rechazo como deducción de la provisión de inversiones.

1. Pérdida en retiro de bienes.

Según los antecedentes del proceso se desconoció del renglón 45 CX “otras deducciones” la pérdida en la venta y retiro de bienes por $2.791.940.626, porque según la conciliación de la pérdida de $4.735.694.761 existió un registro de ingresos por la venta de algunos productos como aves de desecho y otros productos, por lo que era viable aceptar el costo por $1.943.754.135, pues se trataba de la pérdida de inventario de productos en cada una de las etapas de producción de su actividad económica que por la obligación de la actora de llevar inventarios permanentes no era posible aceptarla como costo ni como deducción.

En la resolución que decidió el recurso de reconsideración, la DIAN consideró que el hecho de que la contribuyente ya no registrara en la contabilidad la deducción por pérdida sino como mayor valor del costo, no significaba que debía aceptarse tributariamente porque como el contribuyente determinó el costo de los inventarios por el sistema permanente o continuo, ese valor no podía ser llevado como costo o deducción. Señaló que el hecho de que la actora enmendara lo que denomina un error, para registrarlo como costo contablemente, no implicaba necesariamente su admisión como costo en materia tributaria. Sin embargo, modificó la liquidación de revisión para aceptar la suma de $422.084.121, pues, conforme con el Acta 2 de 2004 del comité de dirección, el artículo 64 del estatuto tributario está referido únicamente a mercancías que se adquieren para la venta, es decir, artículos terminados y no a la materia prima utilizada en el proceso de producción. En consecuencia, tuvo en cuenta el valor de los bienes que fueron adquiridos para la venta no fabricados en la empresa y adicionalmente, los productos terminados o listos para su comercialización.

La actora, ha explicado a lo largo del debate que esta partida no es pérdida de inventario, sino un costo operativo normal dentro de su empresa de incubación y corresponde al retiro de bienes tales como venta de gallinas de desecho (gallinas ponedoras cuya vida productiva ha terminado), de huevo fértil de desecho (huevos que no pueden incubarse porque tienen defectos que no aseguran unas crías de primera calidad), pollos ahogados (se venden para fabricar alimentos para animales)y bonificados (inclusión de pollos adicionales en las entregas a los clientes como medida de previsión ante la posibilidad de que algunos fallezcan durante su transporte) y huevos incubables descartados, lo cual afectó la utilidad de la compañía.

Agrega que la DIAN no tenía que aplicar el artículo 148 del estatuto tributario porque no es una deducción por pérdida de activos. Que se demostró que si bien la partida contablemente se mostró como una deducción bajo el tratamiento de pérdidas, afectó directamente el costo de producción. Que se corrigió el error contable como se acreditó con las pruebas que se allegaron con el recurso gubernativo.

Considera que no es dable aplicar la disminución del inventario final por faltantes de mercancías de fácil destrucción o pérdida conforme al artículo 64 del estatuto tributario, pues no fue solicitada por la actora. Que no se trata de una pérdida de bienes del inventario de la compañía, como se probó con el dictamen pericial, sino que corresponde a un resultado negativo originado por la enajenación de gallinas de desecho, de huevo fértil de desecho, pollos ahogados y bonificados y huevos incubables descartados que tienen un costo de inventario superioral valor comercial habitual de los mismos y que debieron venderse por un precio muy inferior porque ocurrió una situación de desmejoramiento de la raza por razones genéticas que impedía su utilización para la reproducción.

Que es un costo de ventas el caso de los pollos bonificados y pollos ahogados en las instalaciones de la empresa, pues esto afecta la actividad generadora de renta de la compañía.

Indica que conforme con la prueba pericial y la del revisor fiscal, la sociedad no perdió bienes de su activo movible, sino que los vendió por un valor inferior a su costo, lo que arrojó una pérdida operacional que debió incluir dentro de su estado de costos para determinar la renta bruta.

Pues bien, conforme con los anteriores planteamientos la Sala debe establecer si la partida rechazada por la DIAN corresponde a un costo operativo normal que afectó la utilidad de la compañía como lo alega la actora o si es una pérdida de inventarios como lo decidió la DIAN, no procedente tributariamente.

Según el certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá, el objeto social de la compañía es el siguiente:

La Compañía Colombiana de Incubación S.A. Incubacol, tendrá como objeto principal las actividades propias de la industria avícola y ganadera, entre las que se encuentran la explotación de la avicultura en todas sus ramas, a saber: importación, exportación, compra, venta, cría y levante de reproductores y de aves comerciales, incubación, compra y venta de pollitos y de huevos, fabricación de comida y drogas para las aves, explotación de granjas avícolas y plantas de sacrificio de aves y ventas de las mismas procesadas, y demás actividades que se relacionen directamente con la industria avícola, incluyendo la compra y venta de drogas y comida para aves; [...]”.

Ahora bien, según el certificado del revisor fiscal, allegado con el recurso de reconsideración, la contabilidad de la actora incluyó dentro de los ingresos operacionales por huevos comerciales $1.505.669.311, por aves de desecho $4.654.815.684 y por aves de selección y/o descarte $117.263.968. Que tales ingresos se hallan afectados por los siguientes costos: pollitos ahogados ($171.739.844), Bonificaciones ($88.410.325), aves de selección y/o descarte ($4.976.589.702), huevo incubable descartado ($1.234.754.686) y huevo comercial (528.881.388). Que en el mes de agosto de 2000, algunos valores de los anteriores conceptos se reclasificaron a la cuenta “otros gastos, pérdida en retiro de bienes” para efectos de la presentación de los estados financieros, así: Venta gallina de desecho ($501.150.809), pollo ahogado ($171.739.844), pollo bonificado ($88.410.325) y huevo incubable descartado ($1.234.754.686) y que mediante comprobante de contabilidad de 30 de noviembre de 2003, se corrigió el registro de los costos imputados a “otros gastos, pérdida en retiro de bienes”, restituyéndolos a su verdadera naturaleza y tratamiento contable (fl. 1250 c.a.).

El mencionado comprobante de contabilidad 08-11-0064 del 30 de noviembre de 2003 se encuentra a folio 1316 del c.a., en el que consta una reversión por valor total de $4.735.694.761 que según el anexo 32 (folio 1255 del c.a.)corresponde al costo de ventas registrado en gastos no operacionales de julio a diciembre de 2000.

Pues bien, para la Sala una partida no puede considerarse que sea un costo por el registro contable que se realice de la misma. Los costos, conforme con el artículo 39 del Decreto 2649 de 1993, representan erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la adquisición o la producción de los bienes o la prestación de los servicios, de los cuales un ente económico obtuvo sus ingresos. Es decir, para establecer si una partida es un costo o no, se debe analizar cuál es el objeto de la empresa, qué bienes enajena o produce para determinar qué cargos están asociados clara y directamente con la adquisición de bienes para enajenar o con la producción de los bienes, si es una actividad industrial.

En el caso de la actora, y de acuerdo con el objeto social transcrito, se evidencia que realiza la explotación de la avicultura en todas sus ramas, como la exportación, importación, compra, venta, cría y levante de reproductores y aves comerciales, incubación y compra y venta de pollitos y huevos.

Según el dictamen pericial practicado ante el tribunal, a partir de las actas de destrucción y pérdida dentro del proceso de producción y de la visita a la planta de incubación de Suárez (Tolima) y del seguimiento físico del proceso de producción, la pérdida en retiro de bienes se dio de la siguiente manera(1):

En cada fase de producción se da un porcentaje de pérdida así:

1. Clasificación del huevo incubable: una vez se recogen los huevos se descartan, aquellos que por sus características no sean aptos para incubar pollitos de buena calidad, porque están sucios, rotos, fisurados, peso superior, peso inferior, cascaron muy delgado, deformes, etc. La pérdida es aproximadamente de un 5% de la producción diaria.

2. Recepción del huevo en la incubadora: se descuentan los huevos rotos del transporte. La pérdida es del 0.7% aprox. de la producción diaria.

3. Almacenamiento: Se conservan los huevos en cadena de frío a temperatura inferior a 23ºC. Se pierden entre el 0.5% y el 1% por cada día de almacenaje debido a intercambio gaseoso y pérdida de agua por evaporación.

4. Precalentamiento: En esta etapa se atempera el huevo a temperatura ambiente y se estima una pérdida del 2.5% de bajas.

5. Gasificación: Se maneja el huevo para reducir la mínimo las bacterias, hongos y virus latentes en la cáscara y cualquier falla en su manejo genera, junto con los primeros 7 días de incubación, mortalidad embrionariatemprana, cuantificada en promedio para todos los lotes por día en 4.7% del total del huevo incubable.

6. Incubación: son 18 días y medio de incubación y cualquier falla en la temperatura, ventilación, humedad, posición y volteo adecuado impide que los pollitos nazcan o presenten defectos de calidad. Se estiman pérdidas por 0.4% del total del huevo incubable diario. A partir del día 14 se hace el proceso de ovoscopia y se descartan los huevos infértiles, lo cual asciende al 8.3% del total del huevo incubable. Entre el día 8 y el día 14 hay una mortalidad embrionaria que obedece a muchos factores como nutrición o fallas de máquinas, etc. y se estima en el 1.5% del huevo incubable.

7. Transferencia: consiste en pasar los huevos de la incubadora a la nacedora, las pérdidas en esta etapa son por “huevos bomba” por 1.9% que albergan en su interior gran cantidad de microorganismos que explotan y pueden dañar los demás; ruptura de cáscaras por 0.3% y por mortalidad avanzada sin causa aparente, embriones picados vivos y picados muertos, vivos sin picar, malformaciones, malposiciones por 6.3% del huevo incubable.

8. Procesamiento de pollitos: se hace la vacunación, sexaje y empaque. Por control de calidad se descartan o mueren adheridos a la bandeja en promedio diario 1.8% del total de pollitos nacidos.

9. Transporte de pollitos: En esta etapa se alcanza una mortalidad del 1% en promedio del pollito despachado.

El dictamen concluyó:

“Las pérdidas presentadas en todas las fases de la producción están siendo incluidas en el costo total de la producción final, incluyendo el valor de costo de gallinas de desecho, huevos fértiles de desecho, pollos ahogados, pollos bonificados y huevo incubable descartado, como lo establece el proceso en cada fase. (...) dicho valor de pérdidas, está incluido por absorción en el valor del costo del producto terminado mediante un inventario permanente y considero entonces que los $2.791.940.626 son costos y deben reconocerse como tal, debido a que están incluidos y presupuestados dentro de la realización del objeto social de la compañía”.

Para la Sala, al margen de la conclusión del perito de que el valor cuestionado sea un costo y que deba reconocerse como tal, que es una cuestión ajena al objeto de la prueba y que corresponde determinarlo al juez, el dictamen ofrece elementos probatorios para considerar que en efecto, como lo determinó la DIAN, la partida cuestionada es pérdida de inventarios en cada fase de la producción, que si bien afecta de manera natural el resultado de la actividad, no por ello puede considerarse que sea un costo.

Por ejemplo, en el anexo 20 del dictamen pericial, se enumeran los elementos del costo de un huevo fértil y los elementos del costo de un pollito de un día, que, conforme se señaló, sí son cargos y erogaciones asociados clara y directamente con la producción de los huevos y pollitos, de los cuales, la actora obtuvo sus ingresos, así(2):

Elementos del costo de un huevo fértil:

1. mortalidad de aves en producción

2. Depreciación de aves en producción

3. alimento balanceado para aves

4. drogas

5. mano de obra y costos indirectos

6. vacunas

Y los elementos del costo de un pollito de un día son:

1. costo de un huevo fértil

2. mano de obra y costos indirectos

3. drogas y vacunas

4. empaques

En consecuencia, el hecho de que el registro contable como gastos se hubiera reversado y así mismo se hubiera corregido la declaración de renta para clasificar la partida como “costo” no significa que sea tributariamente un costo o que por tratarse de una pérdida operacional se debía incluir dentro de su estado de costos para determinar la renta bruta, pues la denominada “renta bruta”, según el artículo 26 del estatuto tributario se obtiene de restar de los ingresos netos, los costos realizados imputables a tales ingresos, pero no de restar las pérdidas operacionales, que es en últimas lo que pretende el actor. Estas tienen un tratamiento fiscal diferente.

Finalmente, la sociedad en los alegatos de conclusión en la segunda instancia invocó la procedencia de la partida conforme con los artículos 107 y 90 del estatuto tributario, que en primer término no fueron invocados en la demanda y su pretensión en esta etapa procesal resulta a todas luces extemporánea y, en segundo término, el primero regula las expensas necesarias y la segunda disposición, la determinación de la renta bruta en la enajenación de activos y no los costos de producción sobre los que desarrolla su argumentación.

En este sentido, la Sala no encuentra desvirtuada la determinación oficial, por lo que en este aspecto se confirmará la decisión del tribunal. No prospera el cargo.

2. Rechazo de la deducción de pérdida por siniestro.

La actora señala que conforme al artícuplo 148 del estatuto tributario procede la deducción solicitada por pérdida de bienes usados en el negocio o actividad generadora de renta de la empresa y de dineros porque fueron hurtados y el hurto es una situación de fuerza mayor. Que en el dictamen se comprueba el empleo de los elementos hurtados en la actividad de la contribuyente.

Pues bien, el artículo 148 del estatuto tributario dispone:

“ART. 148.—Deducción por pérdidas de activos. Son deducibles las pérdidas sufridas durante el año o período gravable, concernientes a los bienes usados en el negocio o actividad productora de renta y ocurridas por fuerza mayor (...)”.

Para la Sala, si bien es cierto que la fuerza mayor o caso fortuito son hechos eximentes de responsabilidad, para que tengan cabida, debe apreciarse concretamente, si se cumplen con sus dos elementos esenciales: la imprevisibilidad y la irresistibilidad.

El artículo 1º de la Ley 95 de 1890 que subrogó el artículo 64 del Código Civil, define la fuerza mayor o caso fortuito, como aquel “imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos (sic) de autoridad ejercidos por un funcionario público”.

La imprevisiblidad se presenta cuando el suceso escapa a las previsiones normales, que ante la conducta prudente adoptada por el que alega el caso fortuito, era imposible preverlo, como lo dijo la Corte Suprema de Justicia en sentencia de febrero 27 de 1974: “La misma expresión caso fortuito idiomáticamente expresa un acontecimiento extraño, súbito e inesperado... Es una cuestión de hecho que el juzgador debe apreciar concretamente en cada situación, tomando como criterio para el efecto, la normalidad o la frecuencia del acontecimiento, o por el contrario, su rareza y perpetuidad”.

Y la irresistibilidad, como lo dice la misma sentencia, “el hecho (...) debe ser irresistible. Así como la expresión caso fortuito traduce la requerida imprevisibilidad de su ocurrencia, la fuerza mayor, empleada como sinónimo de aquella en la definición legal, relieva esta otra característica que ha de ofrecer tal hecho: al ser fatal, irresistible, incontrastable, hasta el punto de que el obligado no pueda evitar su acaecimiento ni superar sus consecuencias”.

En consecuencia, para que un hecho pueda considerarse como fuerza mayor o caso fortuito, deben darse concurrentemente estos dos elementos.

Para ese efecto, el juez debe valorar una serie de elementos de juicio, que lo lleven al convencimiento de que el hecho tiene en realidad esas connotaciones, pues un determinado acontecimiento no puede calificarse por sí mismo como fuerza mayor, sino que es indispensable medir todas las circunstancias que lo rodearon. Lo cual debe ser probado por quien alega la fuerza mayor, es decir, que el hecho fue intempestivo, súbito, emergente, esto es, imprevisible, y que fue insuperable, que ante las medidas tomadas fue imposible evitar que el hecho se presentara, esto es, irresistible.

En el presente caso, el dictamen pericial señala que la pérdida fue de dinero en efectivo por $790.000 y un concentrado para pollos por $8.506.800 y en los anexos al dictamen se encuentra una fotocopia, poco legible, de una denuncia del 20 de julio de 2000 por el delito de hurto calificado de alimento para gallinas y dos informes de atraco del 10 de abril de 2000 a las 11:30 p.m. en la carretera que conduce a Montería en el sitio de Ventanas Antioquia en el que hurtaron $370.000 y otro el 10 de abril del mismo año a las 11:30 p.m. en el viaje de la Planta de Suárez y Ciénaga de Oro en el mismo sitio del atraco mencionado anteriormente, en el que se llevaron $420.000 en efectivo (anexos 3, 4 y 5 del dictamen).

De acuerdo con los anteriores hechos, no puede considerarse que los mismos tengan la connotación de fuerza mayor, pues no se tienen elementos suficientes para establecer la imprevisibilidad e irresistibilidad de los hurtos.

En efecto, si bien está demostrado dentro del expediente que se presentaron tres hurtos, no están acreditadas en el proceso las medidas y conductas asumidas por la actora para establecer que ante esas medidas fue imposible evitar que el hecho se presentara, esto es, que fue irresistible.

En consecuencia, aparte del hecho demostrado de los hurtos, no hay prueba ni se aducen un solo elemento probatorio que acredite la concurrencia de las circunstancias constitutivas de una fuerza mayor o caso fortuito, por lo que el cargo no está llamado a prosperar.

3. Sanción por inexactitud.

Para la actora, no procede la sanción por inexactitud en el caso de la deducción por la supuesta pérdida en retiro de bienes, que para la sociedad es un mayor costo, pues no se trata de una alteración de la realidad material, sino un inadecuado tratamiento formal contable, que no amerita la sanción.

En cuanto a la deducción por pérdida sufrida por fuerza mayor derivada de la comisión del delito de hurto, no se debe imponer la sanción, pues existe una diferencia de criteriossobre la interpretación del concepto de fuerza mayor del artículo 64 del Código Civil.

Finalmente, en cuanto a la provisión de inversiones, que fue rechazada y aceptada por la actora, obedeció a un tratamiento tributario distinto, de manera que no es inexistente, falsa, incompleta o desfigurada y en tal sentido no procede la sanción. En todo caso, la sociedad corrigió la declaración y liquidó la sanción por inexactitud reducida, pero la DIAN no aceptó la corrección.

Conforme con el artículo 647 del estatuto tributario, constituye inexactitud sancionable la omisión de ingresos, inclusión de costos o deducciones inexistentes y, en general, la utilización en la declaración de renta de datos o factores equivocados, incompletos o desfigurados de los cuales se derive un menor impuesto para el contribuyente.

En relación con la deducción por la pérdida de inventarios la sanción se debe mantener, pues contrario a lo señalado por la actora, para la Sala el rechazo se debió, no a un inadecuado tratamiento contable de la partida como costo o gasto, sino a la improcedencia de la deducción por pérdida en retiro de bienes, que si bien, puede ser cierta y existente, fue un factor equivocado que dio lugar a un menor impuesto a pagar. Esta conducta es sancionable con inexactitud.

También se debe mantener la sanción sobre el rechazo de la deducción por pérdida sufrida por fuerza mayor, pues no se advierte que exista diferencia de criterios sobre la interpretación del concepto de fuerza mayor del artículo 64 del Código Civil, sino que la partida se rechazó porque no fueron probadas las circunstancias que daban lugar a considerar que el hecho tuviera la connotación de fuerza mayor.

Por último, frente a la sanción por el rechazo de la deducción por provisión de inversiones, la actora señala que el rechazo se debió a un tratamiento tributario distinto, pero que no es inexistente, falsa, incompleta o desfigurada, por lo que no procede la sanción.

Para la Sala, la sanción se debe mantener sobre este aspecto, porque fue una deducción improcedente que dio lugar a un menor impuesto a pagar, y que si bien, pudo existir la provisión, no se consideró de un tratamiento tributario diferente o una diferencia de criterios, sino que la actora le dio un tratamiento fiscal improcedente, lo cual no la exonera de la sanción.

4. Reducción de la sanción por inexactitud por la aceptación de la no deducción de la provisión por inversiones.

La demandada solicita que se revoque la decisión en cuanto el tribunal aceptó la reducción de la sanción por la provisión de inversiones, pues fue más allá de lo pedido por la demandante. Según la recurrente, la demandante centró su argumentación en la realidad de la provisión y la referencia que hizo a la sanción reducida no fue para que se le aceptara, pues no invoca la violación al artículo 713 del estatuto tributario ni desarrolla ningún concepto de violación sobre el mismo.

Pues bien, a juicio de la Sala le asiste razón a la demandada, pues la referencia que hace la actora a la corrección de la declaración para aceptar la no deducción de la provisión de inversiones y la reducción de la sanción es una simple mención alusiva al proceder ilegal de la DIAN de no aceptar la corrección de la declaración en cuanto la sociedad pasó del renglón de otras deducciones a costos, la partida correspondiente a pérdida por retiro de bienes, pero dicha mención no puede entenderse como pretensión independientemente considerada.

Adicionalmente, en el cargo correspondiente a la sanción por inexactitud, la demandante afirmó que la DIAN no aceptó la corrección ni la sanción reducida pero no controvierte esa decisión mediante la invocación de las normas que consideraría vulneradas y su concepto de violación. Tampoco solicitó en las pretensiones de la demanda que se aceptara la sanción reducida, por lo que el tribunal no podía acceder a reconocerla.

En este sentido, tiene razón la parte demandada al considerar que se trata de una decisión extra petita, por lo que en este aspecto se revocará la decisión.

De acuerdo con lo anterior, la Sala practicará una nueva liquidación que refleje las decisiones que se tomaron en esta providencia, como fue revocar la decisión del Tribunal de aceptar la reducción de la sanción por inexactitud por concepto de la deducción de la provisión de inversiones, que se debe mantener. Se tendrá en cuenta que en primera instancia se aceptó la deducción por el pago de la contribución a la Superintendencia de Sociedades y se levantó la sanción por ese concepto, aspectos que no fueron apelados.

La liquidación queda en los siguientes términos:

ConceptoDeclaración privadaResolución recurso de reconsideraciónLiquidación C. de E.
Total ingresos netos51.542.292.00051.542.292.00051.542.292.000
Total costos36.324.641.00036.324.641.00036.324.641.000
Total deducciones*13.365.406.00010.968.858.00010.981.345.000
Renta líquida del ejercicio1.852.245.0004.248.793.0004.236.306.000
compensación por pérdidas1.232.454.0001.232.454.0001.232.454.000
Renta líquida619.791.0003.016.339.0003.003.852.000
Renta presuntiva619.791.000619.791.000619.791.000
Renta líquida gravable619.791.0003.016.339.0003.003.852.000
Impuesto sobre la renta gravable216.927.0001.055.719.0001.051.348.000
Donaciones54.232.00054.232.00054.232.000
Impuesto neto de renta162.695.0001.001.487.000997.116.000
Impuesto recuperado6.249.0006.249.0006.249.000
Total impuesto neto de renta168.944.0001.007.736.0001.003.365.000
Total retenciones año gravable 20002.068.0002.068.0002.068.000
Menos anticipo año 2000252.982.000252.982.000252.982.000
Más anticipo año siguiente124.640.000124.640.000124.640.000
Más sanciones**01.342.067.0001.335.074.000
Total saldo a pagar38.534.0002.219.393.0002.208.029.000

 

 

*Se aceptó el pago de la contribución por$12.487.000 
**Saldo a pagar según liquidación del Consejo de Estado sin sanción: $872.955.000
Menos saldo a pagar declarado $38.534.000
Base de sanción $834.421.000
Por porcentaje de sanción 160%
Total sanción por inexactitud $1.335.073.600 Se aproxima a$1.335.074.000

 

 

En este orden de ideas, se confirmará el numeral primero de la sentencia apelada que anuló parcialmente los actos demandados. Se modificará el numeral segundo para disponer, a título de restablecimiento del derecho, que el saldo a pagar del impuesto de renta de la demandante por el año gravable de 2000 es de $2.208.029.000, conforme a la anterior liquidación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE el numeral primero de la sentencia apelada.

2. MODIFÍCASE el numeral segundo de la sentencia apelada, el cual quedará así:

“2. A título de restablecimiento del derecho, SE FIJA como saldo a pagar de la Sociedad Colombiana de Incubación S.A., Incubacol S.A. con NIT 860.037.943-0 por concepto de impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2000 la suma de dos mil doscientos ocho millones veintinueve milpesos moneda legal ($2.208.029.000 M.L.)”.

RECONÓCESE personería a la abogada Amparo Merizalde de Martínez como apoderada de la DIAN.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(1) Folios 153 y ss. cdno. ppal.

(2) Folio 75, cuaderno de anexos del dictamen.

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