Sentencia 2005-00011 de agosto 28 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación: 25000232400020050001101

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Actora: Aerovías Nacionales de Colombia S.A. —Avianca—

Demandado: Autoridades nacionales - Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.

Bogotá, D.C., veintiocho de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones de la Sala

6.1. Los actos administrativos objeto de demanda:

“SENA

Bogotá-Cundinamarca

RESOLUCIÓN 4450

Por la cual se impone una multa al empleador Avianca S.A. NIT 890.100.577

La directora de la regional de Bogotá-Cundinamarca del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, en uso de las facultades que le fueron delegadas por el director general en el artículo 30 de la Resolución 770 del 11 de julio de 2001, y

CONSIDERANDO:

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 13 de la Ley 119 de 1994, son funciones del director general del SENA, imponer a los empleadores que no mantengan el número de aprendices que les corresponda, no hubieren suscrito los contratos respectivos al iniciarse cada periodo de enseñanza, multas mensuales hasta por un salario mínimo mensual legal, por cada aprendiz. En firme los actos administrativos correspondientes, prestarán mérito ejecutivo…”.

En virtud del artículo 30 de la Resolución 770 del 11 de julio de 2001, el director general del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, delegó en los directores regionales y seccionales la facultad de imponer multas en los casos en que los patronos no cumplan con la cuota de aprendices que se les ha asignado.

Por Resolución 656 del 20 de abril de 1995, el director regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, teniendo en cuenta el total de trabajadores ocupados por el empleador Avianca S.A. NIT 890.100.577, dispuso fijarle cuota de cuarenta (40), aprendices que debían ser contratados en las especialidades que concertara con el SENA.

Revisados los registros de cumplimiento de contratación que se llevan en la división de promoción y mercadeo de servicios, de esta regional, se comprobó que el empleador mencionado no cumplió totalmente con la contratación de la cuota de aprendices que le fue señalada durante los años 2000, 2001, 2002 y período enero a septiembre 30 de 2003.

De conformidad con el numeral 13 del artículo 13 de la Ley 119 de 1994, la sanción a imponer al empleador que no cumpla con la cuota de aprendices asignada consiste en “…multas mensuales hasta por un salario mínimo mensual legal, por cada aprendiz”.

Teniendo en cuenta el artículo 20 del Acuerdo 7 del 6 de abril de 2000, se sancionaría con el 80% del salario mínimo legal mensual vigente por los años 2000, 2001, 2002 y período de enero a septiembre 30 de 2003, por cada aprendiz dejado de contratar.

Como consecuencia de lo anterior, la multa a imponer a: Avianca S.A. NIT 890.100.577, es la suma de doscientos treinta y cuatro millones ciento noventa mil ochocientos cuarenta pesos m/cte. ($ 234.190.840), de acuerdo con la siguiente liquidación:

Vigencia 2000

(Salario mínimo mensual legal diario) = $ 260.106/30 = $ 8.670,20

80% salario mínimo mensual legal/30 = $ 6.936

Aprendices a contratar 360 X 40 14.440

Días cumplidos 6.268

Días incumplidos 8.132

Valor liquidado: 8.132 X $ 6.936 = $ 56.403.552

Vigencia 2001

(Salario mínimo mensual legal diario) = $ 286.000/30 = $ 9.533

80% salario mínimo mensual legal/30 = $ 7.627

Aprendices a contratar 360 X 79 14.440

Días cumplidos 4.375

Días incumplidos 10.025

Valor liquidado: 10.025 X $ 7.627 = $ 76.460.675

Vigencia 2002

(Salario mínimo mensual legal) = $ 309.000/30 = $ 10.300

80% salario mínimo mensual legal/30 = $ 8.240

Aprendices a contratar 360 X 405 14.440

Días cumplidos 9.623

Días incumplidos 4.777

Valor liquidado: 4.777 X $ 8.240 $ 39.362.480

Vigencia 2003 enero a septiembre 30

(Salario mínimo mensual legal) = $ 332.000/30 = $ 11.067

Aprendices a contratar 270 X 40 = 10.800

Días cumplidos 5.201

Días incumplidos 5.599

Valor liquidado: 5.599 X 11.067 $ 61.964.133

Total multa $ 234.190.840

La presente resolución fue proyectada y analizada por el jefe de la división de promoción y mercadeo de servicios.

RESUELVE:

ART. PRIMERO.—Sancionar al empleador Avianca S.A. NIT 890.100.577, con multa de doscientos treinta y cuatro millones ciento noventa mil ochocientos cuarenta pesos m/cte. ($ 234.190.840), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de ésta.

ART. SEGUNDO.—Notificar el contenido de esta resolución al representante legal del empleador Avianca S.A. NIT 890.100.577, informándole que contra ella procede recurso de reposición ante el director regional, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

ART. TERCERO.—La presente resolución presta mérito ejecutivo de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 13 de la Ley 119 de 1994.

ART. CUARTO.—Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

Notifíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a los 16 días del mes de octubre de 2003.

María Patricia Asmar Amador

Directora regional”

“RESOLUCIÓN 529

15 de abril 2004

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

La directora del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, regional Bogotá Cundinamarca, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Código Contencioso Administrativo y las delegadas por el director general, mediante Resolución 770 del 1º de julio de 2001 y

CONSIDERANDO:

I. Antecedentes

Que mediante la Resolución 4450 del 16 de octubre del 2003, se sancionó al empleador Aerovías Nacionales de Colombia S.A. Avianca S.A. con NIT 890.100.577 con domicilio principal en la ciudad de Barranquilla, con multa de doscientos treinta y cuatro millones ciento noventa mil ochocientos cuarenta pesos m/cte. (234.190.840), por el incumplimiento de su obligación de contratar aprendices, en las vigencias 2000, 2001, 2002 y 2003 período comprendido de enero a septiembre 30.

(…).

Que mediante escrito radicado en el SENA, bajo el número 028726, la doctora Lina María Murcia Ariza interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la mencionada resolución, dentro de los términos legales y con los requisitos exigidos en los artículos 51 y 52, del Código Contencioso Administrativo, manifestando su inconformidad en los siguientes hechos:

II. Argumentos de la recurrente

(…).

III. Para resolver este despacho considera:

1. Los principios constitucionales

(…).

2. El análisis de los argumentos

(…) vale la pena señalar que una de las funciones que realiza la división de promoción y mercadeo de servicios del SENA, es la de hacer seguimiento y control a las empresas que se les ha regulado la cuota de aprendices de acuerdo con la ley que reglamenta la materia. Para el caso presente se estudió, analizó y revisó, la planta de personal de los trabajadores de la compañía, Aerovías Nacionales de Colombia S.A. Avianca S.A., que reposa en la entidad, y fue así como en la Resolución 656 del 20 de abril de 1995, se resolvió en el artículo primero asignar la cuota de aprendices para Bogotá Cundinamarca en (40) aprendices que debe mantener en proceso de formación. Regulación que se hizo a la luz de la Ley 188 de 1959, norma vigente para ese entonces, que impuso la regulación de aprendices, tomando como base los trabajadores calificados.

(…).

De tal suerte que la información que usted presenta en los primeros cuadros del recurso, relacionada con el número de aprendices contratados por la empresa para los años 2000, 2001, 2002 y 2002 de los meses de febrero a diciembre y de enero a diciembre respectivamente, en los cuales si bien es cierto, se mantiene en algunos meses el número de (40) aprendices en otros no se observa dicha medida; pero la ley fijó (40) aprendices por mes, para ser mantenidos durante los (360) días del año. Así que la fórmula empleada no es otra diferente que la que contempla la ley, o sea la que corresponde a (40) aprendices, en 360 días al año, cuota que se mantendrá igual para cada año.

Así las cosas, el recurrente no probó frente a la administración, el cumplimiento de la cuota de aprendices fijada para los años citados; vale la pena señalar el principio latino del “Onus probandi incumbit actori”, es decir: que quien afirma un hecho, está en la obligación de probarlo, que debió de haber remitido en la reposición, los respectivos contratos de aprendizaje celebrados entre la empresa patrocinadora y los aprendices relacionados, pero no lo hizo.

(…).

El despacho entra a considerar este argumento, y revisa las liquidaciones respectivas efectuadas por la división de promoción y mercadeo de los años mencionados; y encuentra que por medio de la información suministrada por la división de promoción, en cuanto a la multa impuesta para el año 2000, la administración está totalmente de acuerdo en que el salario mínimo legal para esa vigencia, era de ($ 260.106) y que tomando el 80% de este salario arroja como resultado la suma de ($ 208.084), cantidad que dividida en 30 días, da como resultado el valor de ($ 6.936) pesos diarios, factor que se tomó para liquidar la multa correspondiente a esa vigencia, conforme a lo estipulado en las normas legales existentes para ese fin. Además se tuvo en cuenta el Acuerdo 7 de 2000 en su artículo 20: Sanciones por incumplimiento en la contratación de aprendices… Las sanciones a aplicar serán las siguientes: “Multa equivalente al 80% del salario mínimo legal mensual vigente, por cada aprendiz dejado de contratar…”.

El SENA, procedió a liquidar la multa de acuerdo a la información contenida en los contratos suministrados por la Empresa Aerovías Nacionales de Colombia S.A. Avianca S.A. los cuales se encuentran registrados en la base de datos del SENA; de conformidad con lo establecido en las normas legales y según los requisitos establecidos para este fin.

La misma situación se presenta para las vigencias de los años 2001 y 2002, en las cuales la división de promoción y mercadeo del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, liquidó las multas respectivas conforme a lo manifestado anteriormente.

(…).

V. Conclusiones

Por lo anteriormente expuesto; se concluye que los argumentos del recurrente carecieron de valor probatorio y la multa impuesta a la Empresa “Aerovías Nacionales de Colombia S.A. Avianca S.A.”, se encuentran conforme a derecho, según la revisión efectuada nuevamente a los documentos que reposan en nuestros archivos y a los que soportaron el recurso de reposición interpuesto.

Por lo anteriormente expuesto este despacho de plano

RESUELVE:

ART. PRIMERO.—Confirmar en todas y cada una de sus partes el contenido de la Resolución 4450 del 16 de octubre de 2003, mediante la cual se sancionó al empleador “Aerovías Nacionales de Colombia S.A. Avianca S.A.” con NIT 890.100.577, imponiéndole una multa de doscientos treinta y cuatro millones ciento noventa mil ochocientos cuarenta pesos m/cte. ($ 234.190.840) de conformidad con la parte considerativa del presente acto administrativo.

ART. SEGUNDO.—Contra la presente resolución no procede recurso alguno.

ART. TERCERO.—Notifíquese al representante legal de la empresa “Aerovías Nacionales de Colombia S.A. Avianca S.A.”, o a su apoderada, el contenido de la presente resolución, conforme a lo señalado en el artículo 44 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

ART. CUARTO.—La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Notifíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a los 15 días del mes de abril de 2004.

María Patricia Asmar Amador

Director regional Bogotá, D.C.”.

6.2. Estudio del recurso de apelación. Cuestión procesal previa.

Sea lo primero advertir que en los términos en que fue redactado el sucinto escrito de apelación, observa la Sala que el recurrente además de solicitar la revocatoria del fallo cuestionado —para lo cual reitera la petición de nulidad de las resoluciones 4450 del 16 de octubre de 2003 y 529 del 15 de abril de 2004—, solicita también se declare la nulidad del “edicto mediante la (sic) cual se notificó esta última resolución”.

Como quiera que esta última petición no fue presentada al inicio del debate procesal, es decir, no se reclamó la nulidad del edicto mediante el cual se notificó la Resolución 529 de 2004 en el libelo demandatorio, éste se constituye en un cargo nuevo que no puede ser objeto de estudio a esta altura procesal, por cuanto se desconocería el derecho de defensa del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, entidad que no habría tenido la oportunidad de ejercer su derecho de contradicción como expresión del debido proceso frente a este nuevo acto administrativo objeto de demanda en sede de apelación, motivo por el cual la Sala se abstendrá de efectuar pronunciamiento alguno sobre este punto.

Ahora bien, en cuanto a los argumentos propiamente dichos de inconformidad planteados por el apelante, observa la Sala que se limitan a afirmar que son inexactas las consideraciones puestas de presente por el a quo en el fallo apelado. En concreto disiente respecto de dos aspectos: 1) Que el material probatorio allegado al expediente acredita que Avianca S.A. sí dio cumplimiento a la cuota de aprendices que le fue impuesta por el SENA regional Bogotá. 2) Que contrario a como lo entendió la entidad demandada y lo acogió el a quo, era posible la compensación en la cuota de aprendices, teniendo de presente que en los periodos siguientes al incumplimiento, Avianca S.A. duplicó el número de aprendices que fueron dejados de contratar en los meses anteriores.

Para poder desarrollar estos dos argumentos de inconformidad, se deben analizar los lineamientos de la legislación aplicable al contrato de aprendizaje para la fecha en que fueron expedidos los actos administrativos demandados y el que fijó la cuota de aprendizaje a la que estaba obligada la actora. Luego se verificará el material probatorio allegado al expediente, para determinar si efectivamente como lo depreca la parte demandante, las resoluciones administrativas expedidas por el SENA regional Bogotá Cundinamarca mediante las cuales se impuso la sanción a la actora por no dar cumplimiento a la cuota de aprendices a que estaba obligada, están o no viciadas de nulidad.

6.2.1. Sobre la legislación que regula el contrato de aprendizaje.

La primera advertencia que la Sala pone de presente, es que el acto administrativo mediante el cual la dirección del SENA regional Bogotá Cundinamarca fijó a Avianca S.A. la cuota de cuarenta (40) aprendices, contenido en la Resolución 656 del 20 de abril de 1995, no aparece en el expediente, por lo que no fue posible verificar su contenido, acto que sin duda hubiera ilustrado a la Sala acerca de las condiciones en que debía llevarse a cabo la contratación de los aprendices.

No obstante lo anterior, la Sala estima que tal ausencia resulta subsanada, con fundamento en las afirmaciones tanto del apoderado de Avianca S.A. como del SENA, quienes coincidieron en afirmar que fue mediante Resolución 656 de 1995 que se asignó la cuota para Bogotá-Cundinamarca en 40 aprendices, que debía contratar la sociedad actora en las especialidades que concertara con la entidad demandada, a quienes mantendría en proceso de formación. Así mismo las dos resoluciones objeto de demanda, la 4450 del 16 de octubre de 2003 como la 529 del 15 de abril de 2004, ratificaron el hecho anterior.

De suma importancia resulta tener presente, la legislación vigente para la época en que se expidió la Resolución 656 de 1995, que estaba consignada en la Ley 188 de diciembre 30 de 1959 “por la cual se regula el contrato de aprendizaje”, que en términos generales reglamentó los siguientes aspectos: la definición; quiénes estaban en capacidad para celebrar el contrato; señaló las estipulaciones esenciales que debía contener el contrato de aprendizaje; la forma en que se debía celebrar; el salario; las obligaciones del aprendiz y del empleador; la duración y los efectos jurídicos del contrato de aprendizaje.

Luego en virtud de la anterior legislación, el Presidente de la República expidió el Decreto 2838 de diciembre 14 de 1960, “Por el cual se reglamenta el artículo 8º de la Ley 188 de 1959, que regula el contrato de aprendizaje”, que en su artículo 1º dispuso lo siguiente:

“ART. 1º—Contratación de aprendices. Los empleadores de todas las actividades, con capital de cien mil pesos ($ 100.000) o superior o que ocupen un número de trabajadores permanentes no inferior a veinte (20), deberán contratar como aprendices, para los oficios que requieren formación profesional metódica y completa, un número de trabajadores que en ningún caso podrá ser superior al cinco por ciento (5%) del total de ocupados. El Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con las disponibilidades de formación profesional existentes en el país, y teniendo en cuenta las necesidades de mano de obra calificada, regulará las cuotas para cada empresa.

PAR.—Las fracciones de unidad, en el cálculo del porcentaje que se precisa en este artículo, darán lugar a la contratación de un trabajador aprendiz” (resaltado fuera de texto)

La anterior disposición legal fue luego modificada por el artículo 103 del Decreto 266 de febrero 22 de 2000, “Por el cual se dictan normas para suprimir y reformar las regulaciones, trámites y procedimientos”, expedido también por el Presidente de la República. Este Decreto 266 de 2000, fue declarado inexequible en su integridad por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1316 de septiembre 26 de 2000 magistrado ponente doctor Carlos Gaviria Díaz, como consecuencia de la declaración de inexequibilidad del numeral 5º del artículo 1º de la Ley 573 de 2000, disposición legal que sirvió de fundamento para la expedición del Decreto 266 de 2000, a juicio de la alta corporación judicial por haber infringido el artículo 150-10 de la Constitución Política.

Debido a la declaratoria de inexequibilidad comentada, las disposiciones del Decreto 2838 de 1960 se mantuvieron vigentes, teniendo de presente que el artículo 1º ídem establecía una obligación para los empleadores de contratar un número determinado de aprendices fijado por el SENA.

Luego se expidió la Ley 119 de febrero 9 de 1994 “Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y se dictan otras disposiciones”, que en el artículo 10 determinó las funciones del consejo directivo nacional de la entidad, destacándose la señalada en el numeral 9º, literal f), que dice lo siguiente: “9. Autorizar las propuestas del director general sobre las siguientes materias: (…) f) La relación de oficios que requieran formación profesional metódica y completa y que, por consiguiente, serán materia de contrato de aprendizaje, así como regular la aplicación de éste, sus modalidades y características”.

Es preciso mencionar que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-254 de junio 7 de 1995, M.P. Fabio Morón Díaz, al declarar EXEQUIBLE el literal f) del numeral 9º del artículo 10 de la Ley 119 de 1994. En cuanto a las funciones del SENA como la de fijar la relación de oficios, consideró lo siguiente:

“Se trata de organizar un servicio público atendido y financiado por el Estado y con aportes particulares, que atienda algunas de las necesidades específicas de los patronos y empleadores, y de la empresa, en materia de la preparación y formación de mano de obra y de personal capacitado y calificado en determinadas ocupaciones y oficios; pero además de esto, como eventuales cambios en los niveles de oferta y demanda de personal, dependen también del oficio o de la ocupación mismos, o de los desarrollos técnicos o científicos que los afecten, o de las políticas en materia de planes y programas de desarrollo económico y social, lo razonable es que la determinación de los cupos de las empresas, la definición de los oficios u ocupaciones que requieran del servicio del SENA y las modalidades de su aplicación sean un asunto administrado por el consejo directivo nacional y por el director del establecimiento.

Respecto de la naturaleza del contrato de aprendizaje y de los límites a la libertad contractual, la Sentencia C-254 de 1995 señaló:

“Para el legislador, el contrato de aprendizaje en su regulación actual no queda sujeto al ejercicio de la plena libertad contractual que rige para otras materias distintas de las laborales, ni ha sido una gracia o favor del capital al recurso humano que deba dejarse al libre desarrollo de la tensión de las fuerzas productivas y del acuerdo de voluntades entre dos partes desiguales; tampoco es el producto de la total y libre iniciativa privada, ni se trata de un contrato que pueda equipararse al contrato laboral ordinario. Todo lo contrario, se trata de una modalidad concreta de los vínculos jurídicos que pueden establecerse entre patronos y trabajadores, que por la importancia para la economía y para los derechos de los aprendices, se ha querido mantener bajo unas especiales reglas de carácter legal y administrativo, para dar pleno empleo a los recursos humanos, y para proteger, como lo advertía la anterior Constitución, a las clases proletarias, y a las de menores ingresos, en particular, como lo indica la nueva Constitución”.

A su turno en el artículo 13 de la Ley 119 de 1994, el legislador estableció las funciones del director del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, entre las cuales se destaca la señalada en el numeral 13, que dice: “Imponer a los empleadores que no mantengan el número de aprendices que les corresponda, o no hubieren suscrito los contratos respectivos al iniciarse cada período de enseñanza, multas mensuales hasta por un salario mínimo mensual legal, por cada aprendiz. En firme los actos administrativos correspondientes, prestarán mérito ejecutivo”. Esta norma no ha sido objeto de control por parte de la Corte Constitucional.

Según se advierte en el expediente, esta función sancionatoria puede ser objeto de delegación, es decir que el director general del SENA mediante Resolución 770 de 2001, delegó en los directores regionales o seccionales de la entidad, la facultad de imponer las multas a los empleadores que no hubieran cumplido con la cuota de aprendices que se le había asignado. Fue por esta razón que en el epígrafe de la Resolución 4450 de 2003 objeto de demanda, la directora regional del SENA invocó las facultades de delegación que le otorgaba la Resolución 770 de 2001.

Esta Sala se pronunció sobre la delegación de funciones del director nacional en los directores regionales o seccionales del SENA, en los siguientes términos:

“La Resolución 2193 de 2000 (sep. 28) acusada, se expidió con fundamento en las facultades delegadas por el director general en el artículo 26 de la Resolución 434 de 1998 (mayo 11), quien a su vez actuó en ejercicio de sus atribuciones legales y, en especial, las conferidas por el consejo directivo nacional mediante acuerdos 26 de 1991 y 17 de 1993 y el artículo 37 del Decreto-Ley 2150 de 1995. Considera la Sala que la Resolución 434 de 1998 no contiene un acto general cuya obligatoriedad pueda predicarse de todos los administrados; no se trata pues de un acto administrativo general que requiera de publicación para su validez. Es tan solo un requisito para dar cabal cumplimiento a lo que exigen tanto los estatutos de la entidad como la Ley 119 de 1994, como paso previo para que el director general pueda delegar funciones en los directores regionales y seccionales del SENA” (resaltado fuera de texto) (sent. mayo 24/2007, rad. 25000-23-24-000-2001-90527-01, M.P. Camilo Arciniegas Andrade).

De otra parte, en virtud de la transcrita facultad del artículo 13, numeral 13 de la Ley 119 de 1994, a nivel interno el consejo nacional directivo del SENA expidió el Acuerdo 7 de abril 6 de 2000, que en el artículo 20 determinó lo siguiente:

“Sanciones por incumplimiento en la contratación de aprendices: Conforme a la facultad legal estipulada en el numeral 13 del artículo 13 de la Ley 119 de 1994, se considera que hay incumplimiento cuanto transcurridos tres meses consecutivos a partir de la regulación de la cuota, ésta no ha sido cubierta. Este período se contará a partir de la ejecutoria del acto administrativo de regulación de la cuota.

Las sanciones a aplicar serán las siguientes:

— Multa equivalente al 80% del salario mínimo legal mensual vigente, por cada aprendiz dejado de contratar.

— Multa equivalente al 75% del salario mínimo legal mensual vigente cuando el empleador demuestre la existencia de circunstancias atenuantes tales como requerimientos al SENA para que se le envíen candidatos a ser contratados, solicitud de cursos o programas de formación específicos.

— Los días de incumplimiento se tomarán restando a los días del año que deben cumplirse según la cuota regulada, el número total de días cumplidos según aprendices contratados, multiplicando este resultado por el factor día de salario mínimo legal de la vigencia motivo de la sanción.

PAR. 1º—Las multas de que trata el presente artículo, se podrán suplir por la contratación de nuevos aprendices en el periodo siguiente hasta por el doble del número requerido generador de la multa.

Para este efecto, los empleadores deberán suscribir un acta de compromiso en la que se establecerán los términos y las condiciones para el cumplimiento.

PAR. 2º—La división de promoción y mercadeo de la dirección general, se encargará de capacitar e impulsar las políticas de control y seguimiento para el cumplimiento de la regulación de la cuota de aprendices”.

Luego se expidió la Ley 789 de septiembre 27 de 2002 “Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo”, que en los artículos 32 y 33 estableció cuáles empresas están obligadas a la contratación de aprendices y las cuotas de aprendices en las empresas, así.

“ART. 32.—Empresas obligadas a la vinculación de aprendices. Las empresas privadas, desarrolladas por personas naturales o jurídicas, que realicen cualquier tipo de actividad económica diferente de la construcción, que ocupen un número de trabajadores no inferior a quince (15), se encuentran obligadas a vincular aprendices para los oficios u ocupaciones que requieran formación académica o profesional metódica y completa en la actividad económica que desempeñan.

Las empresas industriales y comerciales del Estado y las de economía mixta del orden nacional, departamental, distrital y municipal, estarán obligadas a la vinculación de aprendices en los términos de esta ley. Las demás entidades públicas no estarán sometidas a la cuota de aprendizaje, salvo en los casos que determine el Gobierno Nacional.

El empresario obligado a cumplir con la cuota de aprendizaje podrá tener practicantes universitarios bajo la modalidad de relación de aprendizaje, en el desarrollo de actividades propias de la empresa, siempre y cuando estos no superen el 25% del total de aprendices.

PAR.—Empresas de menos de diez (10) trabajadores podrán voluntariamente tener un aprendiz de formación del SENA”.

“ART. 33.—Cuotas de aprendices en las empresas. La determinación del número mínimo obligatorio de aprendices para cada empresa obligada la hará la regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, del domicilio principal de la empresa, en razón de un aprendiz por cada 20 trabajadores y uno adicional por fracción de diez (10) o superior que no exceda de veinte. Las empresas que tengan entre quince (15) y veinte (20) trabajadores, tendrán un aprendiz.

La cuota señalada por el SENA deberá notificarse previamente al representante legal de la respectiva empresa, quien contará con el término de 5 días hábiles para objetarla, en caso de no ceñirse a los requerimientos de mano de obra calificada demandados por la misma. Contra el acto administrativo que fije la cuota procederán los recursos de ley.

PAR.—Cuando el contrato de aprendizaje incluida dentro de la cuota mínima señalada por el SENA termine por cualquier causa, la empresa deberá reemplazar al aprendiz para conservar la proporción que le haya sido asignada. Se prohíbe la celebración de una nueva relación de aprendizaje expirada la duración de una anterior, con la misma o distinta empresa”.

El Presidente de la República en desarrollo de la Ley 789 de 2002, expidió el Decreto 993 de abril 11 de 2003 “Por medio del cual se reglamenta el contrato de aprendizaje y se dictan otras disposiciones”, que estableció lo siguiente:

“ART. 11.—Regulación de la cuota de aprendices. La cuota mínima de aprendices en los términos de la ley será determinada a partir de la vigencia del presente decreto por la regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, del domicilio principal de la empresa. Lo anterior se efectuará sin perjuicio de la obligación que les asiste a los empleadores de establecer el número de aprendices que les corresponde, vincularlos o realizar la monetización, debiendo informar a la regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, donde funcione el domicilio principal de la empresa, dentro del mes siguiente a la contratación o monetización de la cuota mínima obligatoria.

La determinación del número mínimo obligatorio de aprendices por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se efectuará conforme al procedimiento establecido en el artículo 33 de la Ley 789 de 2002.

En el evento que la cuota mínima de aprendices sea determinada por el empleador, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes al recibo de la información del patrocinador, verificará y determinará, según el caso, la cuota correspondiente, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 33 de la Ley 789 de 2002.

Cuando se presente variación en el número de empleados que incida en la cuota mínima de aprendices, la empresa patrocinadora deberá informar tal circunstancia a la regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, donde funcione el domicilio principal de la empresa, en los meses de julio y diciembre de cada año. El incumplimiento de esta obligación acarreará la imposición de las sanciones previstas en la Ley 119 de 1994.

PAR. 1º—Modificado por el Decreto Nacional 1779 de 2009. Los patrocinadores que cuenten con un número de trabajadores entre diez (10) y quince (15) o menos de diez (10), podrán tener voluntariamente un (1) aprendiz de los alumnos que estén recibiendo o puedan llegar a recibir formación en el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.

PAR. 2º—Cuando el patrocinador tenga cobertura en dos o más ciudades o departamentos, la cuota de aprendices deberá ser distribuida, a criterio de aquel, según sus necesidades y haciendo énfasis en los fines sociales que encierra la ley. Esta distribución también deberá ser informada en el plazo y condiciones previstos en el inciso cuarto del presente artículo.

PAR. 3º—Derogado por el Decreto Nacional 1779 de 2009. El patrocinador podrá aumentar la cuota de aprendices, sin exceder el doble de la misma, siempre y cuando mantenga el número de empleados que venían vinculados y que sirvieron como base para el cálculo de su cuota mínima de aprendices, debiendo informar este incremento a la regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, donde funcione su domicilio principal.

PAR. TRANS.—Los patrocinadores a quienes el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, no les haya determinado la cuota de aprendices en el marco de la Ley 789 de 2002, deberán establecer la cuota de aprendices, seleccionarlos, contratarlos o monetizarla e informar a esa entidad, a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes a la vigencia del presente decreto. El incumplimiento de esta obligación acarreará la imposición de las sanciones previstas en la Ley 119 de 1994.

PAR. 4º—Adicionado por el Decreto Nacional 4642 de 2005”

A su vez en el artículo 14 del Decreto 993 de 2003, se reguló el tema del incumplimiento de la cuota de aprendizaje o monetización, así:

“ART. 14.—Incumplimiento de la cuota de aprendizaje o monetización. El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, impondrá multas mensuales hasta por un salario mínimo mensual legal vigente, conforme a lo establecido en el artículo 13, numeral 13 de la Ley 119 de 1994, cuando el empleador incumpla con la vinculación o monetización de la cuota mínima de aprendices de conformidad con lo previsto en el presente decreto.

El incumplimiento en el pago de la cuota mensual dentro del término señalado en el artículo 13 del presente decreto, cuando el patrocinador haya optado por la monetización total o parcial de la cuota de aprendices, dará lugar al pago de intereses moratorios diarios, conforme la tasa máxima prevista por la Superintendencia Bancaria, los cuales deberán liquidarse hasta la fecha en que se realice el pago correspondiente.

PAR.—La cancelación de la multa no exime al patrocinador del pago del valor equivalente a la monetización por cada una de las cuotas dejadas de cumplir”.

De acuerdo con las disposiciones legales transcritas, observa la Sala que el régimen sancionatorio en caso de incumplimiento de la cuota de aprendices fijado en multas a las empresas patrocinadoras, es el contenido en la Ley 119 de 1994.

6.2.2. Sobre el caso en particular.

De acuerdo con el contenido de la Resolución 4450 del 16 de octubre de 2003 objeto de demanda, los periodos por los cuales fue investigada administrativamente la sociedad actora y luego sancionada con multa, por el hecho de no haber cumplido la cuota de 40 aprendices a que estaba obligada según la Resolución 656 de 1995, corresponde a los años 2000, 2001, 2002 y por el período comprendido entre enero a septiembre 30 de 2003.

Es de anotar que en el expediente, no obra ninguna referencia ni se hace alusión alguna a otro acto administrativo mediante el cual el SENA regional Bogotá, le hubiera modificado la cuota de aprendices fijada a Avianca Bogotá mediante Resolución 656 de 1995, por lo que se debe partir del presupuesto que durante cada año que fue objeto de investigación por la entidad demandada, la actora debió haber acreditado el cumplimiento de la contratación de los cuarenta aprendices por mes.

Con fundamento en el marco legal relacionado en el acápite 6.2.1 que sirvió de referencia para la expedición de los actos administrativos demandados, la Sala encuentra que para los periodos objeto de incumplimiento de la cuota de aprendices por los años 2000, 2001 y 2002, Avianca S.A. estaba sometida al cumplimiento de la cuota de 40 aprendices según las directrices de las leyes 188 de 1959, 119 de 1994 y en el Acuerdo 7 de 2000. Para el período objeto de investigación administrativa comprendido entre los meses de enero a septiembre de 2003, ya se encontraba en vigencia la Ley 789 de 2002 y su Decreto Reglamentario 993 de 2003.

Siendo ello así, de acuerdo con los antecedentes administrativos que conforman la investigación adelantada al interior del SENA regional Bogotá-Cundinamarca y que obran en el expediente, la Sala encuentra lo siguiente:

La investigación se originó debido a que la división de promoción y mercadeo de servicios del SENA, luego de revisar los registros de cumplimiento de la contratación de aprendices a que se encontraban obligadas las distintas empresas entre éstas Avianca S.A., se percató de que ésta no había dado cumplimiento a la cuota de 40 aprendices que le había sido asignada mediante Resolución 656 de 1995, cuota que debía mantener durante cada año y hasta cuando se mantuviera vigente este acto administrativo.

Sobre el particular resulta oportuno destacar que según el numeral 13 del artículo 13 de la Ley 119 de 1994, en precedencia transcrito, los empleadores no cumplen la cuota de aprendices cuando concurra alguna de las siguientes dos situaciones: 1) Cuando el empleador no mantiene el número de aprendices que le corresponde, de acuerdo con la fijación de la cuota que previamente le fue asignada por la regional del SENA o 2). Cuando el empleador no suscribió los respectivos contratos de aprendizaje al iniciarse cada período de enseñanza. Para el caso sub judice, se incurrió en la primera situación.

6.2.3. Análisis del material probatorio.

De acuerdo con el acopio probatorio se observa que a folio 31 del cuaderno de copias, figura un cuadro titulado “Contratación de aprendices” que contiene análisis y/o actas de compromiso, elaborado por el SENA regional Bogotá, en el que presenta una relación con corte a fecha 10 de octubre de 2003. En este cuadro se presenta en detalle por cada uno de los años 2000, 2001, 2002 y 2003, los contratos suscritos entre Avianca y el SENA, los días que debería contratar, los días contratados y los días sin contratar.

A folios 32 a 35 del mismo cuaderno de copias, figura una relación de los contratos suscritos por la sociedad Avianca con el SENA, en la que aparece el nombre del alumno, su identificación, la fecha de terminación del contrato de aprendizaje y el oficio que desarrolló, llamando la atención que para la fecha de elaboración del cuadro (mar. 31/2004), al parecer se encontraban vigentes 6 contratos de aprendizaje.

A folio 26 del cuaderno de copias figura el cuadro base de liquidación de aprendices Nº 118 de fecha 10 de octubre de 2003, elaborado por el SENA regional Bogotá-Cundinamarca, división de promoción y mercadeo de servicios liquidación multas de aprendices, en el que discriminó los siguientes ítems para el año 2000, 2001, 2002 y 2003, de la siguiente manera:

Salario mínimo legal mensual, factor día, factor con el 80%, factor con el 75%, días asignados, días cumplidos, días incumplidos, factor base de liquidación, valor liquidado y el valor total de la liquidación, llegando a la siguiente conclusión: para el año 2000 la multa fue de $ 56.403.552; para el año 2001 de $ 76.460.675; para el 2002 de $ 39.362.480 y para el 2003 fue de $ 61.964.133, por lo que el valor total de la liquidación fue de $ 234.190.840.

Es precisamente con fundamento en el anterior cuadro base de liquidación de multa de aprendices, que el SENA regional Bogotá expidió la Resolución 4450 de 2003 objeto de demanda, mediante la cual impuso la multa a la actora por no haber mantenido la cuota de 40 aprendices.

Llama la atención que en el libelo demandatorio, el apoderado de la actora aceptó el incumplimiento de la cuota de aprendices tal y como lo afirmó en los numerales 3º y 4º de la demanda, pretendiendo justificar dicho incumplimiento por causas externas que imposibilitaron la contratación como el retiro o el despido del aprendiz. De la misma manera presentó el apoderado de la actora, unos cuadros(6) por cada vigencia de año 2000, 2001, 2002 y 2003, en los que a juicio de la Sala en vez de favorecer perjudica la posición de la actora, como quiera que en ellos al romper se observa que Avianca S.A. no dio cumplimiento a la cuota mensual de 40 aprendices por cada año investigado.

La parte demandante acompañó la demanda con fotocopias de varios contratos de aprendizaje que figuran a folios 30 a 394 del cuaderno principal, sin embargo estas copias no discriminan si se refieren a contratación llevada a cabo por Avianca para la regional Bogotá-Cundinamarca, como quiera que también se observan contratos que bien podrían haber sido suscritos para ser ejecutados a nivel nacional, es decir, en regionales distintas a Bogotá.

Luego a folio 451 del cuaderno de primera instancia, figura el auto de fecha 1º de septiembre de 2005 expedido por el a quo mediante el cual requirió a Avianca S.A. para que remitiera certificación en la que constara el número de contratos de aprendizaje suscritos mes a mes, desde enero de 2000 hasta septiembre de 2003; el nombre del aprendiz, número de identificación, tiempo de duración del contrato y la actividad que desempeñó; así mismo le solicitó informara cuántos contratos efectivamente se ejecutaron y de los que no, explicara las razones por las cuales no se llevaron a cabo y si fueron reemplazados o no por otro aprendiz.

En respuesta a este requerimiento, el jefe de relaciones laborales de Avianca remitió cuaderno de anexos 1 folios 1 a 183 y el cuaderno de anexos 2 folios 47 a 539, los cuales contienen copia de varios contratos de aprendizaje suscritos entre el SENA y Avianca S.A. Sin embargo resulta evidente que no se encuentra acreditado que la ejecución del contrato fuera en la regional Bogotá-Cundinamarca como lo ordenó la Resolución 656 de 1995.

También figura a folio 1 del cuaderno anexo 2 un cuadro que contiene la relación de los contratos de aprendizaje mes a mes desde enero de 2000 hasta septiembre de 2003, elaborado por Avianca en el que prima facie pareciera que la demandante hubiera dado cumplimiento a la cuota de 40 aprendices por mes, pues fueron 2.956 los aprendices contratados en este periodo. Sin embargo tal y como se ha comentado a lo largo del análisis, no existe acreditación de que la ejecución de los contratos fuera para la regional Bogotá-Cundinamarca.

Del mismo modo, a folios 2 a 46 del anexo 2, la sociedad actora adjunta una relación de los contratos de aprendizaje suscritos con el SENA, indicando el nombre, la identificación, fecha de ingreso y de retiro, la actividad desempeñada y el nombre de los aprendices que no ejecutaron en su totalidad la práctica. Igualmente tal y como se ha comentado con anterioridad, no se acreditó que la vinculación contractual fuera ejecutada en Bogotá y Cundinamarca.

Es preciso advertir que el artículo 15 del Acuerdo 7 de 2000, establece la forma como se deberá acreditar la cuota de aprendizaje, así.

“ART. 15.—Información al SENA sobre contratos de aprendizaje. Una vez se inicien los programas de formación, los establecimientos autorizados y las empresas enviarán al SENA una relación de los aprendices que se encuentren adelantando en ellos la etapa lectiva o de enseñanza del contrato de aprendizaje, indicando el nombre y NIT de los empleadores y el documento de identidad de los aprendices.

Igualmente, a la conclusión de los programas enviarán una relación de los alumnos a quienes se les expidió la certificación respectiva, de los improbados y de quienes se retiraron durante el proceso” (resaltado del despacho).

De acuerdo con el supuesto normativo de la norma transcrita, la Sala observa que Avianca tenía la obligación de haberle informado al SENA Bogotá, la relación de los contratos de aprendices una vez iniciaran los programas de formación, pero de acuerdo con la abundante prueba documental aportada y analizada con anterioridad, se observa que esta obligación no se cumplió.

Lo anterior, por cuanto la relación de los contratos de aprendizaje suscritos —que como ya se dijo no se acreditaron fueran para ser ejecutados en Bogotá-Cundinamarca—, fue elaborada en cumplimiento del requerimiento judicial del a quo pero Avianca no le remitió la información en los términos que lo exige el artículo 15 del Acuerdo 7 de 2000, es decir, al inicio de los programas de formación durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003 respectivamente.

Con fundamento en el análisis desarrollado a lo largo del presente estudio, se observa que la sociedad actora no logró desvirtuar que durante los períodos por los que fue investigada y luego sancionada con multa, hubiera dado cumplimiento a la cuota de 40 aprendices que le había sido fijada mediante acto administrativo en firme.

6.2.4. Respecto de la posibilidad de compensar los meses de incumplimiento de la cuota de aprendizaje.

El apoderado de la parte actora en el sucinto escrito de apelación califica de inexacta la afirmación del tribunal de primera instancia, en el sentido de que no es posible compensar los meses de incumplimiento de la cuota con aquellos en que se superó porque el legislador no previó esta figura en la normatividad que regula el contrato de aprendizaje, pues solamente se otorgan alternativas para el cumplimiento de la cuota o la sustitución de la multa, pero no para la compensación de los meses incumplidos con los meses en que se superó la cuota.

La Sala comparte y acoge tal afirmación, por cuanto no cabe duda que de acuerdo con los objetivos que persigue el contrato de aprendizaje, fue que se estableció que al empleador se le asignara una cuota fija o permanente y no variable como lo depreca al apelante, con el fin de poder llevar a cabo los distintos programas que previamente han sido definidos por el SENA.

Sobre este punto la Sala se pronunció en los siguientes términos:

“De modo que una cosa es la periodicidad del contrato de aprendizaje con cada aprendiz y la de los respectivos cursos de capacitación, y otra cosa es la obligación que tiene todo patrono o empleador de mantener el número de aprendices que le señale el SENA en uso de la facultad que le otorga el artículo 1º, inciso segundo, del precitado Decreto 2838 de 1960, por todo el tiempo que esté vigente el acto administrativo de fijación de su cuota. En esas condiciones, era obligación permanente de la actora mantener contratados como aprendices 44 trabajadores mientras estuviere vigente la Resolución 1049 de 11 de abril de 1996, mediante la cual la Regional Bogotá-Cundinamarca le fijó su cuota en ese número” (resaltado y subrayas fuera de texto) (sent. nov. 9/2006, rad. 17001-23-31-000-2001-00475-01, M.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta).

Así mismo resulta incuestionable que el objetivo del legislador fue el de procurar a toda costa que los empleadores o patrocinadores, dieran cumplimiento a la cuota de aprendices que le fue fijada mediante acto administrativo que además se entiende es de estricto cumplimiento.

Confirma la anterior afirmación, el contenido del artículo 8º del Acuerdo 7 de 2000 que dispone:

“ART. 8º—Alternativas para el cumplimiento de la cuota de aprendices regulada por el SENA. Con el fin de cumplir con la obligación legal del contrato de aprendizaje, el empleador puede acudir a las siguientes alternativas:

1. Contratar a los aprendices que adelantan formación profesional en el SENA.

2. Capacitar en el SENA a los trabajadores de su empresa, modificando o adicionando los respectivos contratos de trabajo y facilitando los medios para que realice su formación.

3. Celebrar contrato de aprendizaje o modificar o adicionar los contratos suscritos con alumnos que adelanten formación en programas o cursos reconocidos por el SENA.

4. Consignar en el programa de apoyo de sostenimiento para capacitación de alumnos mensualmente, el 75% del salario mínimo legal vigente por cada alumno que debería contratar, siempre y cuando se presente una de las siguientes situaciones:

— Cuando carezca de supervisores capacitados

— Cuando su localización geográfica afecte el desarrollo del aprendizaje

PAR. 1º—Las empresas que se encuentren en proceso de reestructuración que implique disminución de su planta de personal, lo cual debe estar debidamente soportado y mientras subsista esta situación, quedarán exentas de contratar nuevos aprendices. Culminado el proceso de reestructuración, el SENA procederá a regular nueva cuota. Los contratos de aprendizaje que se encuentren vigentes deben continuar, salvo que se inicie el proceso de liquidación definitiva.

PAR. 2º—Las empresas que se encuentren en proceso concordatario estarán exentas de la obligación de contratar nuevos aprendices mientras subsista esta situación. Los contratos de aprendizaje que se encuentren vigentes al momento de iniciar el concordato deben continuar, salvo que se inicie el proceso de liquidación definitiva”.

A su vez el artículo 20 del Acuerdo 7 de 2000 que define las sanciones por incumplimiento en la contratación de aprendices, establece:

“ART. 20.—Sanciones por incumplimiento en la contratación de aprendices. Conforme a la facultad legal estipulada en el numeral 13 del artículo 13 de la Ley 119 de 1994, se considera que hay incumplimiento cuando transcurridos tres meses consecutivos a partir de la regulación de la cuota, ésta no ha sido cubierta. Este período se contará a partir de la ejecutoria del acto administrativo de regulación de la cuota.

Las sanciones a aplicar serán las siguientes:

— Multa equivalente al 80% del salario mínimo legal mensual vigente, por cada aprendiz dejado de contratar.

— Multa equivalente al 75% del salario mínimo legal mensual vigente cuando el empleador demuestre la existencia de circunstancias atenuantes tales como: requerimientos al SENA para que se le envíen candidatos a ser contratados, solicitud de cursos o programas de formación específicos.

Los días de incumplimiento se tomarán restando a los días del año que deben cumplirse según la cuota regulada, el número total de días cumplidos según aprendices contratados, multiplicando este resultado por el factor día de salario mínimo legal de la vigencia motivo de la sanción.

PAR. 1º—Las multas de que trata el presente artículo, se podrán suplir por la contratación de nuevos aprendices en el período siguiente hasta por el doble del número requerido generador de la multa.

Para este efecto, los empleadores deberán suscribir un acta de compromiso en la que se establecerán los términos y las condiciones para el cumplimiento.

PAR. 2º—La división de promoción y mercadeo de la dirección general, se encargará de capacitar e impulsar las políticas de control y seguimiento para el cumplimiento de la regulación de la cuota de aprendices”.

Repárese que el parágrafo 1º de la disposición transcrita prevé la posibilidad de que en caso de que una empleadora no pueda dar cumplimiento a la cuota de aprendices que le fue fijada, con el fin de evitar la multa, aquella pueda ser suplida o compensada con la contratación de nuevos aprendices en el período siguiente pero, con la condición de que sea hasta por el doble del número requerido generador de la multa, que en el presente caso era de 40.

En el sub judice, no obra prueba alguna en la que Avianca hubiera suscrito previamente un acta de compromiso con el SENA, en la que se comprometía a compensar para los periodos siguientes a los del incumplimiento, con un número fijo de aprendices que superara la cuota fijada hasta por el doble.

Por lo que se observa, su decisión de aumentar la cuota de aprendices en 61, 63, 59 y 58 para los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2003 respectivamente, fue unilateral de la demandante y no tuvo el aval del SENA, de acuerdo con el material probatorio del expediente que no acredita lo contrario.

Por su parte la Ley 789 de 2002, estableció la posibilidad de cancelación de la cuota mensual de aprendices en dinero.

Sobre este aspecto dispuso lo siguiente:

“ART. 34.—Monetización de la cuota de aprendizaje. Los obligados a cumplir la cuota de aprendizaje de acuerdo con los artículos anteriores podrán en su defecto cancelar al SENA una cuota mensual resultante de multiplicar el 5% del número total de trabajadores, excluyendo los trabajadores independientes o transitorios, por un salario mínimo legal vigente. En caso que la monetización sea parcial esta será proporcional al número de aprendices que dejen de hacer la práctica para cumplir la cuota mínima obligatoria”.

Tampoco obra en el material probatorio que conforma el expediente, prueba alguna que acredite la adopción de esta posibilidad de legal acordada por las partes.

De acuerdo con las disposiciones legales transcritas, la Sala llega a la conclusión de que no es posible acoger la teoría de que se compensara la cuota de los meses cumplidos con las de los meses en que no se cumplió, como lo solicita el apelante.

En vista de que no fueron acogidos los planteamiento del recurrente, la providencia apelada será confirmada tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión, con las observaciones puestas de presente en el numeral 6.3 del presente fallo.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada de fecha junio 4 de 2009.

2. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(6) Los mismos que fueron presentados en el recurso de reposición que presentó Avianca contra la Resolución 4450 de octubre 16 de 2003, tal y como se observa a folios 16 al 20 del cuaderno de copias.