Sentencia 2005-00027 de septiembre 18 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 54001-3103-003-2005-00027-01

Magistrado ponente:

Dr. Arturo Solarte Rodríguez

(Discutido y aprobado en Sala de 12 de agosto de 2013)

Bogotá, D.C., dieciocho de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Sea lo primero advertir el alcance restringido del recurso extraordinario que se desata, como quiera que con él, en esencia, se busca infirmar la decisión desestimatoria que en las dos instancias se adoptó, pero solamente en relación con las pretensiones “primeras subsidiarias” (cargos segundo y tercero) y “cuartas subsidiarias” (cargo primero), en el caso de estas últimas únicamente en cuanto concierne con la nulidad derivada de la previsión del artículo 7º de los estatutos de la Fundación el Niño Huerfanito, referida a que uno de los miembros de su junta administradora debía ser elegido por la Sala Plena del Tribunal Superior de Cúcuta.

Las decisiones consistentes en negar las peticiones principales, las demás solicitudes incorporadas en las “cuartas subsidiarias” y las restantes con este carácter, no fueron controvertidas en casación, razón por la que adquirieron firmeza y, por lo mismo, no pueden ser revisadas, ni mucho menos alteradas por la Corte.

La Sala, por consiguiente, circunscribirá su estudio, a los dos aspectos específicos cuestionados por el censor.

2. Tal delimitación de la impugnación permite observar que es factor común de las aludidas pretensiones, que en unas y otras lo perseguido por la actora estuvo enderezado a que se declarara la nulidad absoluta del negocio jurídico por medio del cual los señores Hugo Armando Lindarte Rodríguez y Mario Alberto Vásquez Rodríguez crearon la Fundación el Niño Huerfanito.

En el caso de las pretensiones “primeras subsidiarias”, como consecuencia de que el citado Lindarte Rodríguez era un incapaz absoluto, debido a que, para la época en la que se celebró dicho acto, era discapacitado mental; y en el de las “cuartas subsidiarias”, en lo que tiene que ver con el recurso de casación (cargo primero), porque la previsión del artículo 7º de los estatutos de la Fundación el Niño Huerfanito, según la cual la elección de uno de los miembros de su Junta Administradora debería ser realizada por el Tribunal Superior de Cúcuta en Sala Plena, contradice abiertamente el artículo 6º de la Constitución Política.

Correlativamente, es dable sostener que también en los cargos auscultados se avizora ese mismo elemento común, toda vez que con ellos se busca que las referidas súplicas se abran paso, en el caso de las “cuartas subsidiarias” con la limitación advertida, lo que sumado a las razones que pasan a elucidarse, explican el hecho de que la Corte hubiere conjuntado las tres acusaciones para resolverlas.

3. Decantado está por la jurisprudencia y la doctrina, que en atención al principio de que los negocios jurídicos sólo producen efectos respecto de quienes los celebran, como se desprende del artículo 1602 del Código Civil, ellos, por ende, son quienes, por regla general, se encuentran facultados para pretender su invalidación.

No obstante lo anterior, consciente el legislador de que los actos y contratos, según particulares circunstancias, pueden afectar indirectamente a terceras personas, las habilitó para que, excepcionalmente, busquen su anulación, en defensa de sus legítimos derechos.

En tratándose de la nulidad absoluta, el artículo 1742 del Código Civil, subrogado por el 2º de la Ley 50 de 1936, prevé que dicha sanción “puede y debe ser declarada por el juez, aun sin petición de parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato”; que “puede alegarse por todo el que tenga interés en ello”; y que “puede asimismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral o la ley. (…)” (se subraya).

Es claro, entonces, que la posibilidad de pedir que un específico negocio jurídico sea declarado nulo, no está dada a todas las personas sino que, por el contrario, la ley la reservó, en principio, a quienes lo celebraron y, de manera excepcional, a los terceros “que tengan interés en ello”.

4. Empero, como pasa a analizarse, no es cualquier “interés” el que debe existir en el tercero que pretenda que se declare la nulidad absoluta de un acto o contrato en el que no fue parte.

Delanteramente, siguiendo los derroteros trazados en la norma precedentemente reproducida, debe excluirse como tal, el interés que se concrete en la defensa de la moral o de la ley, pues en estos supuestos el precepto, por una parte, radicó en el juez la potestad de disponer la nulidad oficiosamente, siempre y cuando el vicio que la produzca aparezca de manifiesto en el acto o contrato; y, por otra, otorgó la potestad de pedir su invalidación al ministerio público. Por consiguiente, un tercero al contrato no puede reclamar que se declare su nulidad absoluta pretextando que él contradice el orden jurídico, la moral o las buenas costumbres.

Si como ya se dijo, la razón de ser de la posibilidad de que un tercero pueda perseguir la invalidación de un negocio jurídico que le es ajeno, radica en que pueda defender sus particulares derechos o prerrogativas, cuando dicho negocio las lesiona, surge ostensible, entonces, que el “interés” contemplado en el artículo 1742 del Código Civil hace referencia a ese agravio y que, por lo tanto, las únicas personas, distintas a quienes lo realizaron, que tienen legitimidad para reclamar la nulidad absoluta de un acto o contrato, son aquellas que, como consecuencia de su celebración, sufren un perjuicio cierto.

Sobre el particular, ha explicado la Corte que “(…) “en los casos en que la ley habla del interés jurídico para el ejercicio de una acción, debe entenderse que ese interés venga a ser la consecuencia de un perjuicio sufrido o que haya de sufrir la persona que alega el interés”; es más, con ese perjuicio “...es preciso que se hieran directa, real y determinadamente, los derechos del que se diga lesionado, ya porque puedan quedar sus relaciones anuladas, o porque sufran desmedro en su integridad”. Así se ha expresado ésta Corporación, añadiendo que “el derecho de donde se derive el interés jurídico debe existir, lo mismo que el perjuicio, al tiempo de deducirse la acción, porque el derecho no puede reclamarse de futuro...en las acciones de esa naturaleza tales principios sobre el interés para obrar en juicio se concretan en el calificativo de legítimo o jurídico, para significar, en síntesis, que al intentar la acción debe existir un estado de hecho contrario al derecho” (G. J. LXII P. 431)” (Cas. Civil, sentencia del 17 de noviembre de 1998, expediente 5016; se subraya).

Vistas así las cosas, es pertinente añadir que el interés por el que se indaga “no es distinto al presupuesto material del interés para obrar que debe exhibir cualquier demandante, entendiendo por este el beneficio o utilidad que se derivaría del despacho favorable de la pretensión, el cual se traduce en el motivo o causa privada que determina la necesidad de demandar, que además de la relevancia jurídico sustancial, debe ser concreto, o sea existir para el caso particular y con referencia a una determinada relación sustancial; serio en tanto la sentencia favorable confiera un beneficio económico o moral, pero en el ámbito de la norma analizada restringido al primero, y actual, porque el interés debe existir para el momento de la demanda, descartándose por consiguiente las meras expectativas o las eventualidades, tales como los derechos futuros” (Cas. Civil, sentencia 031 del 2 de agosto de 1999, expediente 4937; negrillas fuera del texto).

En suma, como en reciente fallo lo señaló la Sala, “[e]n punto del referido “interés”, es del caso precisar que la estructuración del mismo, para que legitime al tercero en la petición de “nulidad absoluta” de un pacto en el cual no intervino, a más de económico, debe ser serio, concreto, actual y ostentar una determinada relación sustancial de la que aquel haga parte, e igualmente que en tal nexo tenga incidencia tanto el contrato cuestionado, como la sentencia que deba emitirse en el juicio de invalidez” (Cas. Civil, sentencia de 31 de agosto de 2012, expediente 11001-31-03-035-2006-00403-01; se subraya).

5. En el presente asunto y, más exactamente en las pretensiones nominadas como “primeras” y “cuartas” subsidiarias, que son las relacionadas con los cargos auscultados, la señora Consuelo Lindarte de Lara, aduciendo su condición de hija de Hugo Armando Lindarte Rodríguez, mas no de heredera del mismo, como lo precisó su apoderado en el escrito con el que descorrió el traslado de la excepción meritoria propuesta por los demandados (fls. 373 a 376, cdno. 1), reclamó la nulidad absoluta del negocio jurídico que aquel y Mario Alberto Vásquez Rodríguez celebraron para dar surgimiento a la Fundación el Niño Huerfanito, debido, por una parte, a que su progenitor, para entonces, era una incapaz absoluto, como quiera que sufría de demencia subcortical por efecto del sida que padecía; y, por otra, a que la previsión contenida en el artículo 7º de los estatutos de la citada persona jurídica, consistente en que uno de los miembros de su junta administradora debía ser elegido por la Sala Plena del Tribunal Superior de Cúcuta, riñe abiertamente con el artículo 6º de la Constitución Política, en tanto que solo la ley, y no los particulares, pueden asignar funciones a las Corporaciones que conforman la rama jurisdiccional y a sus miembros.

6. El estudio de esas pretensiones requería, en primer lugar, establecer si la citada actora tenía legitimación para su formulación, habida cuenta de que ella no participó en el acto de creación de la aludida persona jurídica.

Con ese propósito el interrogante que debía absolverse, era si la constitución de la Fundación el Niño Huerfanito, en la que intervino su padre como cofundador, le irrogó a la señora Lindarte de Lara un perjuicio del que se derivara un interés económico, concreto, serio y actual, en el sentido atrás explicado, que la habilitara para reclamar la nulidad absoluta que en las señaladas pretensiones reclamó.

Y concluye la Corte que la respuesta a tal cuestión era, y es, negativa, como quiera que la conformación de la referida fundación, en sí misma considerada, y los términos que consagraron sus creadores en los estatutos que la gobernarían, son actos de los que no se derivó ningún perjuicio a los derechos de la accionante, toda vez que esas actuaciones no significaron, per se, ninguna merma del patrimonio del señor Hugo Armando Lindarte Rodríguez que desembocara en su insolvencia, que es, en esencia, el hecho alegado en la demanda, para justificar el interés de la actora, y que ella quiere revertir con el ejercicio de la acción.

Si al momento de la muerte del citado causante, su situación económica hubiese sido precaria, como se insinuó en el libelo introductorio, tal estado de cosas no tuvo por causa la creación de la referida persona jurídica y, mucho menos, que en sus estatutos se previera que uno de los miembros de su junta administradora fuera elegido por el Tribunal Superior de Cúcuta, sino que tal situación habría sido el resultado de actos por completo independientes y distintos a los que se atacaron en este proceso.

Ni siquiera considerado el hecho de que en el “Acta 1” del 15 de julio de 1999, contentiva de las manifestaciones de voluntad expresadas por el señores Lindarte Rodríguez y Vásquez Rodríguez para dar vida a la tantas veces mencionada persona jurídica (fls. 10 a 12, cdno. 1), y en los estatutos que aprobaron en esa misma oportunidad (fls. 13 a 22, ibíd.), ellos insinuaron su intención, por una parte, de “contribuir con sus patrimonios personales al bienestar de la clases más necesitadas de la ciudad y aún de otros municipios del departamento [de] Norte de Santander, y [de] auxiliar las obras que tengan por fin propagar la devoción a la Santísima Virgen María”; y, por otra, de donar parte de sus bienes, en particular, los locales y/o las rentas del “Centro Comercial Palmeras” y la casa en la que residía el primero, puede inferirse un agravio a los derechos de la accionante, pues esas manifestaciones no dieron lugar a la transferencia de algún bien, sino que recogieron simplemente el propósito de los nombrados de apoyar económicamente las actividades de la Fundación el Niño Huerfanito, lo que habría de materializarse posteriormente a través de específicos actos de disposición, que son por completo ajenos a este proceso.

Desde otra perspectiva, independientemente de que la comentada estipulación consagrada en el artículo 7º de los estatutos riña o no con la Constitución Política, ya quedó dicho que cuando la petición de nulidad de un acto o contrato tiene por causa la defensa de la moral o de la ley, la legitimación para hacer tal reclamación está radicada exclusivamente en cabeza del ministerio público, independientemente de los poderes oficiosos del juez, y que, por consiguiente, no pueden los particulares enarbolar ese motivo para solicitar la invalidación de un negocio jurídico en el que no fueron parte.

7. El análisis precedente permite concluir que los tres cargos que se examinan son intrascendentes, pues así resultara cierto que el tribunal incurrió en los yerros que en ellos se denunciaron y que, por ende, hay mérito para casar su fallo, es incontestable que la Corte, al dictar el fallo de reemplazo, estaría compelida a desestimar las pretensiones “primeras” y “cuartas” subsidiarias, ante la detectada falta de legitimación de la demandante para reclamar la nulidad absoluta a que se contrajeron esas súplicas, por carecer de interés para deprecarla.

8. Ninguna alteración sufre la precedente conclusión de la Sala, por el hecho de que al proceso hayan concurrido como coadyuvantes de la demandante los señores Luz Yamile Lara Lindarte de Segura, Sonia de Jesús, Gloria Amparo, Ana Consuelo, Ángel Eduardo y César Armando Lara Lindarte, en su condición de herederos reconocidos del señor Hugo Armando Lindarte Rodríguez, pues en relación con ellos y por las mismas razones atrás consignadas, es igualmente predicable la falta de interés para pretender la declaración de nulidad absoluta aquí examinada, más cuando su intervención la dirigieron a que se acogieran “las pretensiones de la demanda con base en los supuestos de hecho, derecho y el material probatorio allegado legalmente” y la justificaron en que, pese a que la sentencia que se dicte en este asunto “no extiende sus efectos jurídicos” a ellos, sí “pueden afectarse” con tal pronunciamiento.

Al respecto, pertinente es memorar que en relación con el interés de los herederos para reclamar la nulidad absoluta de un negocio jurídico celebrado por su causante, la Corte ha expuesto lo siguiente:

“Necesario es precisar, sin embargo, que personas hay que sin ser propiamente las celebrantes del negocio, no pueden ser consideradas como absolutamente extrañas al mismo, y por eso los efectos de aquel, sobrevenidas ciertas circunstancias, se radicarán en ellas. Trátase del fenómeno de la causahabiencia, a cuyo estudio se contrae la Corte, habida cuenta que no es tampoco este el lugar para caer en la ingenua y presuntuosa idea de abrazar uno a uno todos los eventos de los terceros. Así que se colma la necesidad de hoy memorando no más terceros que los causahabientes. Y no bien se mencionan estos, y a punto salta la frase sentenciosa de que quien contrata no sólo lo hace para sí sino también para sus sucesores universales. Porque es verdad irrecusable que quien a este título obra, es el continuador del patrimonio del causante, se identifica con él, le recibe todos los elementos patrimoniales transmisibles, y en consecuencia se torna, incluso sin saberlo, en acreedor o deudor de las relaciones patrimoniales de aquél, salvo apenas algunas excepciones.

“Vistas desde este ángulo las cosas, entonces, los herederos a ese título no son literalmente terceros, desde luego que sobrevenida la muerte del autor del contrato, inmediatamente ocupan allí su lugar. Entran a derechas en el contrato.

“Con todo, cabe una distinción. Recuérdese que el anterior colofón ha partido de una premisa ineluctable cual es la de que se trate de cosas que el heredero ha recibido del causante, o sea de las que pueden ser objeto de transmisión por causa de muerte. Para decirlo en breve, de cosas que vienen en el patrimonio dejado por el causante. Porque hay derechos que surgen de la condición misma de heredero y que, por ende, el causante no ha podido transmitirle. Tal el derecho que él tiene a ciertas asignaciones forzosas. Si un contrato celebrado por su causante —por caso el de donación— hiere su derecho, velando por su interés propio estará tentado a hostigar la eficacia y el alcance de convención semejante. En tal caso no habla en el puesto del causante; habla para sí propio. Sucederá de este modo cuando por ejemplo el testamento, cuyo autor obviamente es el causante, maltrate su derecho. Dirá que esa manifestación de voluntad pasó de largo ante ciertos límites, y que por lo tanto se la considere ineficaz en cuanto a lo suyo. Y así podrían citarse otras eventualidades. Lo importante es resaltar que en ocurrencias semejantes el heredero se coloca no en el contrato sino por fuera del mismo, porque juzga que enturbia sus derechos, perspectiva desde la cual es perfectamente válido afirmar que entonces fungirá de tercero” (Cas. Civil, sentencia de 30 de enero de 2006, expediente 1995-29402-02; se subraya).

Es colofón de lo anterior, que no obstante la condición de herederos del causante Hugo Armando Lindarte Rodríguez de los citados coadyuvantes, ellos son terceros en relación con los actos cuya nulidad absoluta se demandó en las pretensiones a las que la Corte circunscribió su examen y que, al igual que su progenitora, la primigenia actora, están desprovistos del interés exigido por la ley para elevar tales súplicas, como quiera que esos actos no les irrogaron ningún perjuicio a sus derechos, por la razones atrás dilucidadas.

9. En definitiva, se colige el fracaso de las tres acusaciones auscultadas.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 2 de septiembre de 2010 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, Sala Civil-Familia, en el proceso ordinario plenamente identificado al inicio de este proveído.

Costas en casación a cargo de los recurrentes. Como agencias en derecho se fija la suma de $ 3.000.000, comoquiera que la demanda con la que se sustentó el recurso extraordinario no fue replicada por la parte demandada. La secretaría de la Sala elabore la correspondiente liquidación.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al Tribunal de origen».