Sentencia 2005-00028 de noviembre 22 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

Rad.: 76001-23-31-000-2005-00028-01

Núm. int.: 0362-09

Actor Miguel Ángel Riascos Viveros

Bogotá, D.C., veintidós de noviembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

El asunto que se discute se contrae a establecer si al accionante le corresponde el pago de las acreencias laborales que no se cancelaron en razón a la celebración de un acuerdo de reestructuración de pasivos entre el municipio de Buenaventura y sus acreedores; la indemnización que prevé el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 porque no se cumplió con lo obligación de consignar sus cesantías en un fondo desde el 15 de febrero de 1994 y hasta el 30 de junio de 2001; igualmente la indemnización moratoria de que trata el artículo 2º de la Ley 244 de 1995.

En el caso concreto se acreditó lo siguiente:

Según el Oficio RH-244-93 del 1º de febrero de 1993 suscrito por el jefe de recursos humanos del municipio de Buenaventura (Valle del Cauca), al actor se le nombró mediante Decreto 38 de 22 de enero de 1993, en el cargo de guarda bachiller adscrito a la Secretaría de Tránsito y Transporte del cual tomó el posesión 1º de febrero del mismo año (fl. 2, cdno. ppal.).

Por Resolución 1042 de 29 de septiembre de 1995 el Departamento Administrativo de la Función Pública, Comisión Seccional del Servicio Civil, ordenó la inscripción del señor Riascos Viveros en el escalafón de la carrera administrativa en el empleo de guarda bachiller, código 2245, grado 1 de la alcaldía de Buenaventura (fl. 4, cdno. 3).

Mediante Oficio DA-231 de 29 de junio se le comunicó el accionante la supresión del cargo que desempeñaba en razón a que el municipio se acogió al Saneamiento Fiscal previsto en la Ley 617 de 2000 (fl. 4, cdno. ppal.).

Mediante la Resolución 368 de 22 de agosto de 2001 se le reconoció y autorizó al accionante el pago de la indemnización por supresión del cargo por la suma de $6’048.808 (fl. 13 y 14, cdno. 3).

Por Resolución 369 de 22 de agosto de 2001 se le reconoció y ordenó el pago al demandante de la suma de $8’391.243 por concepto de prestaciones sociales definitivas conforme al anexo de liquidación de las mismas (fls. 15 y 16, cdno. 3).

El 22 de junio de 2004 elevó petición ante la entidad demandada, para agotamiento de la vía gubernativa y solicitó el pago de las acreencias laborales y prestacionales que se le adeudaban, por los servicios que prestó a esa entidad hasta el 30 de junio de 2001, fecha de su retiro por supresión del cargo (fl. 5, cdno. 2).

Por medio de la Resolución 455 de 9 de agosto de 2004 se declaró agotada la vía gubernativa y se negó el reconocimiento y pago de las acreencias laborales que reclamó el actor. De esa decisión se notificó personalmente a su apoderado el 23 de agosto de 2004 (fls. 1 a 4, cdno. 2).

La entidad demanda le negó al actor el pago de las “sumas retenidas por aplicación de la Ley 550 de 1999”; fundamentó su decisión en el hecho de que celebró con sus acreedores un acuerdo de reestructuración de pasivos, en el cual se contempló un escenario financiero y de pagos de obligatorio cumplimiento para la partes.

Por su parte el a quo consideró que la difícil situación financiera y el déficit fiscal por el que pasaba el ente territorial, que lo obligó a acudir al trámite previsto en la Ley 550 de 1999, justificó su incumplimiento con los compromisos laborales que la ley le imponía frente a sus servidores, lo cual superó precisamente con la suscripción del acuerdo de reestructuración de pasivos que celebró con sus acreedores.

Esta subsección con ponencia de quien redacta esta providencia, trató un tema de similares características y al respecto expresó:

“Pues bien, sobre el tema de la Ley 550 de 1999, conocida como la ley de reactivación empresarial y reestructuración de los entes territoriales, se dirá que la expedición de la misma tuvo como fin la reactivación de la economía de conformidad con los mandatos contenidos en los artículos 334 y 335 de la Constitución Política, con la clara finalidad de que el Estado pudiera intervenir para lograr la reactivación de la economía y del empleo.

Por eso, y conforme a lo dispuesto por el artículo 334 de la Carta Política, al Estado le corresponde la dirección general de la economía y al legislador dictar las normas de intervención que puedan garantizar que la actividad económica se desarrolle sin quebranto de los principios y valores consagrados en la Constitución Política.

La labor conjunta de los actores que intervienen en todo el proceso de reestructuración financiera bajo los lineamientos de la Ley 550, debe ir encaminada a que la empresa cumpla con la función social para la cual fue creada, a que se fomente el empleo, a que se respeten los derechos fundamentales, se mejore la calidad de vida de los habitantes, a la igualdad de oportunidades y al estímulo a las actividades empresariales, dentro del marco de un Estado social de derecho.

Bajo ese entendido los procesos de reestructuración no solo buscan proteger las obligaciones que tiene el deudor en estado de insolvencia, sino que van más allá, en cuanto propician que la “empresa” no termine liquidada.

Para que ello se pueda dar es necesario un acuerdo entre el empresario deudor insolvente y sus acreedores, en donde se pueda sustituir el interés particular de obtener el pago de las obligaciones insolutas, por el interés general, de contenido social, a fin de que la empresa o entidad deudora, continúe con sus actividades, ya saneada económicamente, y pueda prestar un servicio del cual se beneficie también la sociedad.

Con base en lo anterior, bien podía tener cabida la argumentación expuesta por el a quo en el sentido de que ante el proceso de restructuración se debe supeditar el derecho individual del acreedor, al colectivo de satisfacer todos los créditos en igualdad de condiciones.

Sin embargo, el Estado no puede dejar que el acuerdo quede bajo la autonomía absoluta de la voluntad de los particulares, por eso lo somete a pautas contenidas en disposiciones legales, con el fin de evitar que los acreedores queden sometidos a la voluntad unilateral e indiscriminada del empresario deudor.

En efecto, al ocuparse del estudio de constitucionalidad del artículo 29 de la Ley 550 de 1999, la Corte Constitucional dijo, en lo pertinente:

“Dada la trascendencia económica y social que conlleva la celebración de ese acuerdo, el Estado no lo deja librado a la autonomía absoluta de la voluntad de los particulares, sino que lo somete a pautas contenidas en disposiciones legales. Así se explica la existencia de las normas originales del Código de Comercio de 1971 (D. 410 de ese año), que regularon la institución del concordato de los comerciantes, y, posteriormente, de lo dispuesto en las leyes 222 de 1995 y 550 de 1999.

El acuerdo económico y jurídico a que se refieren tales normas, implica necesariamente que el legislador en su regulación adopte mecanismos que impidan que los acreedores queden sometidos a la voluntad unilateral del empresario deudor, y, al propio tiempo, que una mayoría ocasional de los acreedores someta a la minoría de estos o al mismo deudor a condiciones lesivas de sus intereses. Es decir, la ley ha de propiciar y garantizar la equidad en el acuerdo y debe servir como muro de contención al abuso del deudor en desmedro de los acreedores, o, de la mayoría de estos en perjuicio de los demás o de aquel” (destaca la Sala). Sentencia C-854-05, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

Con base en las anteriores consideraciones y en la jurisprudencia trascrita se puede decir que si bien en el proceso de restructuración se deben supeditar derechos individuales del acreedor, al colectivo de satisfacer todos los créditos en igualdad de condiciones, también lo es que dicho sacrificio no puede ser de tal magnitud que conlleve el desconocimiento de derechos fundamentales que puedan ser trasgredidos por un acuerdo que cercene créditos laborales legalmente adquiridos”(2).

De conformidad con lo anterior, para la Sala no resultan de recibo los argumentos que esgrimieron tanto la entidad demandada como el a quo para negar el pago de las acreencias labores que retuvieron al accionante por la adopción de la Ley 550 de 1990, pues como quedó expuesto ello no es óbice para eludir el cumplimiento de los derechos que le asisten a al trabajador.

Por Auto de 17 de octubre de 2006, mediante el que se decretaron pruebas en el presente proceso, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ordenó librar el Oficio 1316 de 11 de mayo de 2007, al municipio de Buenaventura —como lo solicitó el demandante— para que certificara el monto de los emolumentos retenidos por aplicación de la Ley 550 de 1999, los valores que se le pagaron y los que a la fecha se le adeudaban.

La entidad demandada por Oficio DRH-NPS 292 de 21 de junio de 2007, remitió en copias auténticas el acta de posesión, las resoluciones 1042 de 29 de septiembre de 1995, 368 y 369, ambas de 22 de agosto de 2001, 455 de 9 de agosto de 2004 y el Manual de Funciones del cargo de Agente de Tránsito, pero guardó silencio acerca de lo que adeudaba al actor o de los pagos que efectuó como lo solicitó el tribunal.

Por consiguiente, se tendrán como tales, aquellas sumas que se liquidaron a favor del actor en los anexos a las resoluciones 368 y 369 de 22 de agosto de 2001, mediante las que se le reconocieron y se ordenó el pago de la indemnización por supresión del cargo y de las prestaciones sociales definitivas, respectivamente.

En consecuencia, prospera la pretensión y en ello se revocará la sentencia objeto de apelación.

El actor también pidió el pago de la sanción por la no consignación de sus cesantías en un fondo desde el 15 de febrero de 1994 y hasta el 30 de junio de 2001, que también se negó por la aplicación de la Ley 550 de 1999.

Pues bien, la cesantía es una prestación social que se concibió para que el trabajador la retire al finalizar la relación laboral, momento en que puede disponer libremente de su importe, ya sea por pago directo por el empleador o por intermedio del fondo de cesantía al cual se encuentre afiliado según el caso.

La indemnización moratoria por no la(sic) consignación oportuna de las cesantías en un fondo privado, cuyo reconocimiento y pago pretende el accionante, está prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por medio del cual se estableció el nuevo régimen de cesantía, así:

“ART. 99.—El nuevo régimen especial del auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:

1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.

3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo.

(...)”.

Mediante el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, “por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones”, se fijó dicho régimen para el sector público, así:

“ART. 13.—Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente ley, las personas que se vinculen a los órganos y entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:

a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;

b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo”.

Por medio del Decreto 1582 de 1998, que reglamentó parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5º de la Ley 432 de 1998, se extendió el Régimen de Liquidación anual de cesantías a los servidores públicos del nivel territorial y se estableció en el artículo 1º, que a quienes se vincularan a partir del 31 de diciembre de 1996 y se afiliaran a los fondos privados de cesantías se les aplicaría lo previsto en los artículos 99, 102 y 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990, así:

“ART. 1º—El régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5º y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998”.

En el artículo 3º del mencionado decreto, respecto a los servidores públicos que se vincularon con anterioridad a la vigencia de la Ley 344 de 1996, se dispuso lo siguiente:

“ART. 3º—En el caso de servidores públicos vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad, que decidan acogerse al régimen de cesantía de dicha ley, se procederá de la siguiente forma:

a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a la fecha de la solicitud de traslado;

b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la administradora seleccionada por el trabajador;

c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales podrán emitir a favor de cada uno de los servidores públicos que se acojan a este régimen, un título de deuda pública por el valor de la liquidación de las cesantías, con las características que se señalan más adelante, previo el cumplimiento de los trámites legales necesarios para su expedición.

(...)”.

En consecuencia, si bien la Ley 344 de 1996 estableció el Régimen Anualizado de Cesantías para los empleados del nivel territorial, solo hasta que se reglamentó por el Decreto 1582 de 1998, el cual entró en vigencia el 10 de agosto de 1998, procede su aplicación, entre otros aspectos, en lo relativo a la sanción moratoria que contiene el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Ese régimen ordena liquidar el 31 de diciembre de cada año, en forma definitiva, las cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente e igualmente su consignación antes del 15 de febrero siguiente en el fondo de cesantías que elija el empleado.

En el caso que nos ocupa el actor se vinculó a la entidad el 1º de febrero de 1993 y conforme con el artículo 3º del Decreto 1582 de 1998, para el cambio de régimen —retroactividad de cesantías a la liquidación anual— era necesario que los servidores públicos, que como en el caso del actor ingresaron con anterioridad a la fecha en que empezó a regir la Ley 344 de 1996 —31 de diciembre de 1997(3)— manifestaran expresamente su voluntad de traslado.

En el expediente no obra prueba que demuestre que el actor expresó su deseo de acogerse al nuevo régimen o que adelantó alguno de los trámites que exige el Decreto 1582 de 1998 para el traslado. Y, aunque en el Oficio DRH-NPS 292 de 21 de junio de 2007 el municipio demandado anotó que “las cesantías del señor Riascos Viveros no se consignaron a los fondos privados porque estas reposaban en las arcas del municipio”, ello no puede considerarse como un cambio tácito de régimen, como lo determinó esta Sala en sentencia de 25 de noviembre de 2010(4), en la cual se pronunció así:

“En efecto, el decreto no prevé la posibilidad de un cambio tácito de régimen ni de que consignadas las cesantías por parte de la entidad en un fondo, se dé por cierto el hecho del cambio, por cuanto esta es una actuación voluntaria del trabajador, por ser decisión suya si se mantiene o no en el régimen retroactivo”.

En consecuencia, no tiene vocación de prosperidad tal pretensión, pero por las razones que aquí se expresaron.

Finalmente el accionante también pretende el pago de la indemnización moratoria que prevé el artículo 2º de la Ley 244 de 1995, la que igualmente se denegó aduciendo que el demandado entró en un proceso de reestructuración de pasivos financieros, acorde con la Ley 550 de 1999.

Conforme con el artículo 2º de la Ley 244 de 1995, la entidad pública tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco días hábiles a partir de la fecha en que quede en firme el acto que ordena la liquidación de las cesantías definitivas del servidor público para pagar esta prestación social.

Según lo dispone la referida norma, en caso de mora en el pago de las cesantías, la entidad está obligada a reconocer y cancelar de sus propios recursos un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo basta acreditar el impago dentro de término previsto en tal precepto.

Como se determinó anteriormente, a folios 15 y 16 del cuaderno 3 se halla la Resolución 369 de 22 de agosto de 2001(5), que reconoció y ordenó el pago de la liquidación definitiva del señor Riascos Viveros. En consecuencia, conforme con la norma que se citó, la entidad debió cancelar la suma correspondiente a las cesantías definitivas a más tardar el 25 de octubre de 2001, ello quiere decir, que con posterioridad a esa fecha la administración se convirtió en morosa, y por tanto, debió cancelar un día de salario por cada día de retardo hasta que hiciera el pago efectivo de la mencionada prestación.

Ahora, como lo efectuó el a quo y en esta instancia se hizo lo propio, en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se pudo constatar que el 19 de abril de 2002 el municipio de Buenaventura celebró Acuerdo de Reestructuración de Pasivos con sus acreedores dentro del contexto de la Ley 550 de 1999, argumento con base en el cual la demanda negó la solicitud del accionante.

En el capítulo I del mencionado acuerdo se dispuso:

I. Disposiciones generales

Cláusula 1. Fines del acuerdo. Conforme con lo dispuesto por la Ley 550 de 1999, la celebración y ejecución del presente acuerdo de reestructuración, tiene como fines primordiales, además de los establecidos en las disposiciones vigentes, los siguientes:

• Garantizar el cumplimiento de las competencias constitucionales y legales a cargo de El municipio.

(...).

• De acuerdo con las disposiciones que sobre ejecución de gasto corriente se establecen en este acuerdo, garantizar el cumplimiento en el pago de los derechos laborales a cargo de El municipio.

• Restablecer la capacidad de pago de El municipio, de manera que pueda atender adecuadamente sus obligaciones acorde con la prelación de pagos de acreencias establecidas en el presente acuerdo de reestructuración de pasivos.

Cláusula 3. Obligatoriedad del acuerdo. Teniendo en cuenta lo dispuesto por los artículos 4º y 34 de la Ley 550 de 1999, el presente acuerdo de reestructuración es de obligatorio cumplimiento para El municipio y para todos sus acreedores, incluyendo a quienes no hayan participado en la negociación del acuerdo o que, habiéndolo hecho, no hayan consentido en él, tratándose de El municipio, el mismo se entiende legalmente obligado a la celebración y ejecución de los actos administrativos, que se requieran para cumplir con las obligaciones contenidas en el acuerdo, conforme con el parágrafo 3del artículo 34 de la Ley 550 de 1999.

(...).

Cláusula 6. No reconocimiento de acreencias: El municipio no podrá reconocer, a través de ninguno de sus servidores, ningún tipo de obligación o acreencia preexistente a este acuerdo, a favor de ninguna entidad pública o privada, persona natural o jurídica, excepto que la misma provenga de decisiones judiciales en firme o de disposición legal. Así mismo El municipio tampoco podrá ordenar el pago de acreencias causadas con anterioridad a la iniciación de la negociación, que no hayan sido incorporadas en el inventario de acreencias y acreedores, ni se les haya establecido derecho a voto, y que no hayan sido incorporadas en la votación del acuerdo. Estos créditos de ser exigibles, solo podrán hacerse efectivos persiguiendo los bienes de El municipio que queden una vez cumplido el acuerdo, o cuando este se incumpla”.

La Sala reitera las consideraciones que hizo en la sentencia de 25 de marzo de 2010, en lo que respecta a que la administración no puede desconocer las obligaciones preexistentes a su cargo, para el caso, la sanción por mora en el pago de las cesantías, toda vez que conforme lo prevé el numeral 8 del artículo 34 de la Ley 550 de 1999, en los acuerdos de reestructuración “todas las obligaciones se atenderán con sujeción a lo dispuesto en el acuerdo, y quedarán sujetas a lo que se establezca en él en cuanto a rebajas, disminución de intereses y concesión de plazos o prórrogas, aun sin el voto favorable del respectivo acreedor. (...)”.

“En otras palabras, no puede el deudor aprovecharse de su insolvencia y someter al acreedor a que opte sí o sí por la renuncia de unos derechos que causó.

Es cierto que los acuerdos de reestructuración celebrados en los términos previstos en la Ley 550, son de obligatorio cumplimiento para el empresario y para todos los acreedores, incluyendo a quienes no hayan participado en la negociación o que, habiéndolo hecho, no hayan consentido en ella (L. 550/1999, art. 34).

También lo es que en el expediente no existe prueba que determine si el demandante en calidad de acreedor del municipio, hubiera participado en el acuerdo o habiéndolo hecho hubiera consentido en la condonación del pago de la indemnización por mora en el pago de sus cesantías.

Con todo, la Sala considera que la administración no debió desconocer la obligación preexistente que tenía con el actor en cuanto a la sanción por mora en el pago de las cesantías, por la potísima razón de que en los acuerdos de reestructuración “Todas las obligaciones se atenderán con sujeción a lo dispuesto en el acuerdo, y quedarán sujetas a lo que se establezca en él en cuanto a rebajas, disminución de intereses y concesión de plazos o prórrogas, aun sin el voto favorable del respectivo acreedor...” (L. 550/99, art. 34, num. 8º).

Así pues, las obligaciones preexistentes a la celebración del acuerdo no se desconocen, sino que se atienden y se sujetan a rebajas, a disminución de intereses, a plazos o a prórrogas, pero en ningún momento se permite que el deudor insolvente las desatienda, las desconozca o peor aún, se auto absuelva de ellas.

Si lo hace con la excusa de ser la única forma de poder reconocer todas sus acreencias, se estaría aprovechando, irónicamente, de su situación crítica financiera y llevaría a que frente a su acreedor obtenga una posición dominante que no se compadece con el espíritu de la figura de saneamiento económico que contiene la Ley 550, en tanto no garantiza la equidad en el acuerdo”(6).

Así las cosas, y conforme con lo expuesto en la providencia que se transcribió, se concluye que el municipio demandado deberá reconocer y pagar lo referente a la sanción o indemnización por el no pago oportuno de las cesantías definitivas que se le reconocieron al actor el 22 de agosto de 2001, por cuanto ningún sustento legal tiene para desconocerla.

En consecuencia, se revocará la sentencia apelada y en su lugar se concederá al municipio de Buenaventura a que reconozca y pague un día de salario por cada día de retardo en el pago de las cesantías definitivas que se le reconocieron y liquidaron al señor Riascos Viveros, por medio de la Resolución 369 de 22 de agosto de 2001, desde el 25 de octubre de 2001 y hasta la fecha en que se efectúe el pago respectivo.

No se ordenará indexación sobre lo que resulte de dicha suma en atención a la sentencia de la Corte Constitucional C-448 de 1996, la cual se transcribe en lo pertinente:

“(...) la sanción moratoria prevista por la Ley 244 de 1995 no es, en sentido estricto, un mecanismo de indexación que pretenda proteger el valor adquisitivo de la cesantía sino que tiene un sentido en parte diferente, como lo muestra con claridad el sistema de cálculo del monto de la sanción, que es muy similar a la llamada figura de los salarios caídos en materia laboral. Así, el parágrafo del artículo 2º de la Ley 244 de 1995 consagra la obligación de cancelar al beneficiario “un día de salario por cada día de retardo", sanción severa que puede ser, en ocasiones, muy superior al reajuste monetario, por lo cual no estamos, en estricto sentido, frente a una protección del valor adquisitivo de la cesantía sino a una sanción moratoria tarifada que se impone a las autoridades pagadoras debido a su ineficiencia. Por ello la Corte considera que las dos figuras jurídicas son semejantes pero que es necesario distinguirlas. Son parecidas pues ambas operan en caso de mora en el pago de una remuneración o prestación laboral. Pero son diversas, pues la indexación es una simple actualización de una obligación dineraria con el fin de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores debido a los fenómenos inflacionarios, mientras que la sanción moratoria impuesta por la Ley 244 de 1995 busca penalizar económicamente a las entidades que incurran en mora, y por ello su monto es en general superior a la indexación. En ese orden de ideas, no resulta razonable que un trabajador que tenga derecho a la sanción moratoria impuesta por la Ley 244 de 1995 reclame también la indexación, por cuanto se entiende que esa sanción moratoria no solo cubre la actualización monetaria sino que incluso es superior a ella” (destaca la Sala).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia proferida por el tribunal administrativo del Valle del Cauca el dieciséis (16) de septiembre de dos mil ocho (2008), en cuanto negó la pretensión de reconocimiento de la sanción por la no consignación de las cesantías del actor en un fondo de cesantías desde el 15 de febrero de 1994 y hasta el 30 de junio de 2001, por las razones expuestas en la presente providencia, REVÓCASE en lo demás.

En su lugar se dispone:

DECLÁRASE nula la Resolución 455 de 9 de agosto de 2004, por medio de la cual se denegó el pago de las “sumas retenidas por aplicación de la Ley 550 de 1999” y de la indemnización moratoria de que trata el artículo 2º de la Ley 244 de 1995 por mora en el pago de las cesantías.

CONDÉNASE al municipio de Buenaventura a pagar al señor Miguel Ángel Riascos Viveros, las sumas que se le reconocieron y liquidaron en las resoluciones 368 y 369 ambas de 22 de agosto de 2001, por concepto de indemnización por supresión del cargo y prestaciones sociales definitivas, respectivamente.

CONDÉNASE al municipio de Buenaventura a reconocer y pagar al señor Miguel Ángel Riascos Viveros la sanción moratoria que prevé el parágrafo del artículo 2º de la Ley 244 de 1995 desde el 25 de octubre de 2001 y hasta la fecha en que se haga efectivo el pago de las cesantías definitivas que se reconocieron a su favor.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se discutió y aprobó por la sala en sesión de fecha».

(2) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Radicación 44001-23-31-000-2004-00257-01 (928-07). Sentencia de 25 de marzo de 2010. C.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Actor: Manuel SaIvador De la Hoz.

(3) Se publicó en el Diario Oficial 42951 de 31 de diciembre de 1996.

(4) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Radicación: 76001-23-31-000-2004-00517-01 (0661-08). Sentencia de 25 de noviembre de 2010, C.P. Alfonso Vargas Rincón. Actor: José Enrique Ospina Góngora y otros.

(5) En el artículo tercero resolvió “la presente resolución rige a partir de su expedición”.

(6) Ob. Cit. Folio 12.