Sentencia 2005-00034 de marzo 27 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Rad.: 660012331000200500034 01 (35.091)

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Demandante: Oscar Andrés Ocampo Sepúlveda y otros.

Demandado: Nación – Fiscalía General y Rama Judicial.

Referencia: Acción de reparación directa. Apelación de sentencia.

Bogotá, D.C., veintisiete de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: « II. Consideraciones

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho del magistrado conductor correspondiente.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en el artículo 16(1), permite decidir de manera anticipada, esto es sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe solo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate dice relación con la privación injusta de la libertad del señor Oscar Andrés Ocampo Sepúlveda, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en relación con lo cual ha fijado una Jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada(2).

Así las cosas, dado que en relación con los hechos materia del presente asunto existe una jurisprudencia consolidada y reiterada de esta corporación, la subsección procederá a decidir este proceso de manera anticipada(3) con el fin de reiterar su jurisprudencia.

2. Ejercicio oportuno de la acción.

Se encuentra que la demanda se presentó dentro los dos (2) años siguientes al hecho que da origen a la alegada responsabilidad del ente demandado, dado que la decisión proferida el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, mediante la cual se revocó el fallo de primera instancia y en su lugar se absolvió al señor Oscar Andrés Ocampo Sepúlveda del delito por el cual se le acusó, quedó ejecutoriada el día 12 de diciembre de 2003, de conformidad con la constancia secretarial expedida por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Dosquebradas, Risaralda (fl 283 anexo 1), al paso que la demanda se interpuso el día 11 de noviembre de 2005 (fl. 6 a 84 cdno. 1).

3. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, en vigencia de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia. Reiteración de Jurisprudencia.

Como se expuso con anterioridad, en punto a los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y alcance del artículo 90 de la Constitución Política, el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.

En este sentido, de manera general, la Jurisprudencia de la Sala ha acudido a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso a que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica.

De igual forma, de conformidad con la posición mayoritaria, reiterada y asumida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal de in dubio pro reo, por manera que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos –cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva(4).

Todo lo anterior adicionalmente se encuentra reiterado en las sentencias de unificación que ha proferido la Sala Plena de la Sección Tercera, así: en primer lugar en abril 6 de 2011, Expediente 21.653, se sostuvo que el Estado es responsable de los daños ocasionados a una persona que es privada injustamente de la libertad y posteriormente es absuelta en virtud de los supuestos consagrados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, y en la Ley 270 de 1996. En segundo lugar mediante la sentencia del 17 de octubre de 2013; expediente 23.354, se precisó que además de los supuestos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, y de la Ley 270 de 1996, también es responsable el Estado por los daños ocasionados en virtud de la privación injusta de la libertad de una persona cuando es absuelta por la aplicación del principio de in dubio pro reo.

Bajo esta óptica, la Sala procederá al análisis del caso concreto.

4. El material probatorio que obra en el proceso.

Dentro de la respectiva etapa procesal se recaudaron, en debida forma, los siguientes elementos de convicción:

— Copia auténtica de la providencia proferida el 5 de marzo de 2003, por la Fiscalía 43 Delegada ante los juzgados penales municipales de Pereira, Risaralda, Unidad de Automotores, a través de la cual se dio apertura a la instrucción y se vinculó a la investigación penal al señor Oscar Andrés Ocampo Sepúlveda, según la cual (fls 43 anexo 1):

“Se dio inicio a la presente investigación por denuncia que formuló la señora Consuelo Torres Murillo, quien dice que a su hija menor María Zamudio Garcés en el municipio de Dosquebradas dos individuos se le apoderaron de la motocicleta marca Yamaha T110, placa QVF-55ª, modelo 1999, color azul y blanco, chasis 4ST-224668, mediante intimidación con arma de fuego.

“(...).

Teniendo en cuenta que el señor Oscar Andrés Ocampo Sepúlveda se encuentra completamente identificado e individualizado y que en el momento no existe duda que fue uno de los posibles autores del hecho punible descrito en la ley penal como Hurto Calificado Agravado, en el Título VII, Capítulo Primero, artículos 239 del hurto, 240 calificado numeral 1º y 251 numeral 6º del C Penal se ordena la apertura de instrucción en su contra conforme al artículo 331 del C. de P. Penal por tanto se ordena la práctica de las siguientes pruebas:

Vincular mediante indagatoria al señor Oscar Andrés Ocampo Sepúlveda y teniendo en cuenta que este hecho punible tiene detención preventiva y es grave se libra orden de captura en contra”.

— Copia auténtica de la orden de captura 0560566 del 5 de marzo de 2003, expedida en contra del señor Oscar Andrés Ocampo Sepúlveda, por parte de la Fiscalía 43 Delegada ante los juzgados penales municipales de Pereira, Risaralda, Unidad de Automotores (fl. 47 anexo 1).

— Copia auténtica de un documento a través del cual la Policía Nacional, Departamento de Policía Risaralda, Estación Villasantana, dejó a disposición de la Fiscalía 43 Delegada ante los juzgados penales municipales de Pereira, Risaralda, Unidad de Automotores, al señor Oscar Andrés Ocampo Sepúlveda el día 19 de marzo de 2003, en virtud de la orden de captura No 0560566 (fl 52 anexo 1).

— Copia auténtica de la providencia proferida el día 27 de marzo de 2003 por la fiscalía 43 delegada ante los juzgados penales municipales de Pereira, Risaralda, unidad de automotores, por medio de la cual se resolvió la situación jurídica del señor Oscar Andrés Ocampo Sepúlveda y se dictó medida de aseguramiento en su contra, consistente en detención preventiva (fl 72 a 82 anexo 1).

— Copia auténtica de la providencia calendada el 3 de julio de 2003, a través de la cual la Fiscalía 43 Delegada ante los juzgados penales municipales de Pereira, Risaralda, unidad de automotores, calificó el mérito del sumario y profirió resolución de acusación en contra del señor Oscar Andrés Ocampo Sepúlveda por considerarlo autor del delito de hurto calificado y agravado (fls. 171 a 174 anexo 1).

— Copia auténtica de la providencia proferida por el Juzgado Penal Municipal de Dosquebradas Risaralda el día 2 de octubre de 2003, mediante la cual condenó al señor Oscar Andrés Ocampo Sepúlveda a la pena de 56 meses de prisión como autor responsable del hecho punible de hurto calificado y agravado, con base en lo siguiente (fls. 224 a 246 anexo 1):

“... No podemos dar aplicación al principio universal del in dubio pro reo, ya que para el despacho quedó claro la participación del hoy juzgado.

Desde luego que con las pruebas recopiladas nos permitieron llegar al convencimiento claro y razonado de la existencia del hecho y sus responsables, que en este caso es de Oscar Andrés Ocampo Sepulveda.

La seriedad y rectitud de las personas que de una u otra forma tuvieron conocimiento del hecho del cual fue puesta en tela de juicio, es señal de que sus versiones están por fuera de falacias, de tal manera que vislumbran sacar ventajas de algo tan evidente como fue el hurto y mucho menos de perjudicar al sindicado.

La prueba testimonial aunada con los reconocimientos fotográficos y en fila de personas, que desde todo punto de vista fue garantizado sin violarle al imputado algún derecho que permitiera duda de la diligencia y los informes policivos, pruebas rendida con el lleno de los requisitos legales, es por lo que el despacho las acepta para formar un convencimiento pleno, también las deponencias obrantes en el proceso le merecen al despacho credibilidad toda vez que son rendidas bajo la gravedad del juramento, además son claras, precisas, sin contradicciones, igualmente aplicando al principio de la Sana Crítica.

Adviene entonces una sentencia condenatoria...”.

— Copia auténtica del escrito mediante el cual el señor Oscar Andrés Ocampo Sepúlveda, a través de su apoderado, presentó el recurso de apelación en contra de la providencia del 2 de octubre de 2003, cuyo fundamento consistió en señalar que se debía dar aplicación al principio del in dubio pro reo, por cuanto la prueba obrante en el expediente no alcanzaba a confirmar, con certeza, la participación del señor Ocampo Sepúlveda en los hechos delictivos por los cuales se le condenó (fls. 253 a 264 cdno. 1).

— Copia auténtica de la providencia proferida el 18 de noviembre de 2003, por parte del Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, por medio de la cual revocó la sentencia condenatoria y, en su lugar, absolvió de responsabilidad penal al señor Oscar Andrés Ocampo Sepúlveda y ordenó su libertad inmediata, decisión que se fundamentó, en síntesis, en lo siguiente (fls. 276 a 281 anexo 1):

“... El despacho comparte el requerimiento del señor defensor, respecto a que se debe aplicar el principio de in dubio pro reo, consagrado en el inciso 2º del precepto 7 del Código Instrumental Penal, ya que si bien es cierto no contamos con probanzas que nos indiquen con certeza que el señor Oscar Andrés Ocampo Sepúlveda no es responsable del ilícito que se le endilga, también lo es que el recaudo probatorio tampoco determina fehacientemente que sí lo sea...”. (Negrillas y subrayas de la Sala).

5. Conclusiones probatorias y el caso concreto.

De conformidad con el conjunto probatorio antes descrito, la subsección encuentra que el señor Oscar Andrés Ocampo Sepúlveda fue privado de su derecho fundamental a la libertad desde el 19 de marzo de 2003, hasta el 18 de noviembre del mismo año, por la supuesta comisión en el delito de hurto calificado y agravado, no obstante, el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, mediante sentencia del 18 de noviembre de 2003, lo absolvió del delito a él imputado, en aplicación del aludido principio in dubio pro reo.

Bajo las circunstancias anteriores, resulta desde todo punto de vista desproporcionado pretender que se le pueda exigir al actor que asuma en forma inerme y como si se tratase de una carga pública, que todos los coasociados debieran asumir en condiciones de igualdad, durante 8 meses, una privación de su derecho a la libertad en aras de salvaguardar la eficacia de las decisiones del Estado, a pesar de que la misma administración de justicia que coaccionó el derecho en mención concluyó que existían dudas acerca de la responsabilidad penal del acusado.

Por consiguiente, se impone concluir que el demandante no estaba en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó, el cual debe ser calificado como antijurídico, calificación que determina la consecuente obligación para la administración de resarcir a dicha persona por ese hecho.

Así las cosas, la Sala estima que le asiste responsabilidad patrimonial a la parte demandada con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política, dado que al actor se le causó un daño antijurídico que resulta jurídicamente imputable a la Nación, únicos presupuestos a los cuales hace referencia el canon constitucional en mención para que opere tal responsabilidad.

A tal efecto, resulta indiferente que el obrar de la administración de justicia hubiere sido ajustado o contrario a derecho, pues si las víctimas no se encuentran en el deber jurídico de soportar el daño que les fue irrogado, como se expresó en varios de los pronunciamientos hasta ahora citados, será intrascendente —en todo sentido— que el proceso penal hubiere funcionado correctamente, pues lo cierto será, ante situaciones como la que se deja planteada, que la responsabilidad del Estado deberá declararse porque, aunque con el noble propósito de garantizar la efectividad de varios de los fines que informan el funcionamiento de la Administración de Justicia, se habrá irrogado un daño especial a un individuo, ello en la medida en que mientras la causación de ese daño habrá de redundar en beneficio de la colectividad, solo habrá afectado de manera perjudicial a quien se privó de la libertad, sin que se hubiere podido establecer o determinar su responsabilidad penal y, por tanto, dada semejante ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, esas víctimas tendrán derecho al restablecimiento que ampara, prevé y dispone el ordenamiento vigente, en los términos establecidos en el aludido artículo 90 constitucional(5).

Teniendo en cuenta las circunstancias fácticas examinadas, resulta claro —como ya lo ha consignado la Sala en reiterada y consolidada Jurisprudencia— que el señor Oscar Andrés Ocampo Sepúlveda no se hallaba en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó, el cual debe ser calificado como antijurídico, calificación que determina la consecuente obligación para la administración de resarcir a los demandantes, sin que se halle probado que la víctima directa del daño se hubiere expuesto, dolosa o culposamente, al riesgo de ser objeto de la medida de aseguramiento que posteriormente debió ser revocada.

En relación con el cargo que la Fiscalía General de la Nación efectuó en su recurso de apelación, en cuanto a la culpa exclusiva de la víctima por cuanto esta no interpuso los recursos ordinarios, la Sala considera importante precisar que si bien el artículo 70 de la ley estatutaria de la administración de justicia establece como causas de exoneración de responsabilidad del Estado, los eventos de culpa exclusiva de la víctima, la cual se configura cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley, lo cierto es que el artículo 67(6) de la misma ley establece una excepción para los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial.

De acuerdo con lo anterior, el hecho de que no se hayan interpuesto los recursos ordinarios durante la fase de investigación, no implica que opere dicho eximente de responsabilidad en los casos de privación injusta de la libertad, pues tal situación se predica solo cuando se demanda la responsabilidad del Estado por un error jurisdiccional; sin embargo, aun en el evento de que fuese así y que por el hecho de no interponer los recursos de ley existiere una culpa exclusiva de la víctima, lo cierto es que en el caso que ahora se examina está acreditado fehacientemente que el ahora demandante sí interpuso los recursos ordinarios en el proceso penal, al punto que fue su recurso de apelación el que logró que lo absolvieran de responsabilidad penal; en esa medida, la culpa exclusiva de la víctima no está llamada a prosperar.

En ese mismo sentido, en cuanto al hecho de un tercero igualmente alegado como causal de exoneración de responsabilidad en el recurso de apelación que ahora se examina, todo por cuanto en el reconocimiento en fila de presos y fotográfico que hicieron las denunciantes señalaron a la víctima directa del daño como autor de la hecho punible que se investigó, conducta que habría dado lugar a la privación de su libertad, la subsección advierte que la constitución de esta causal exige que la actuación alegada como tal sea exclusiva y determinante en la producción del daño y que además resulte imprevisible e irresistible para la Administración, para cuyo propósito debe acreditarse que el tercero participó de forma preponderante y exclusiva en la realización del injusto. Así, de probarse cada uno de estos elementos, deberá absolverse al demandado e imputarse el daño al tercero(7).

Así las cosas, se tiene que en el presente asunto no es posible predicar la existencia del hecho de un tercero puesto que en el sub examine resulta fuera de toda duda que fue la Fiscalía General de la Nación la que a través de sus decisiones determinó la privación de la libertad al ahora demandante la cual finalmente devino en injusta; en esa medida la demandada Fiscalía General de la Nación era la única responsable de producir el daño, razón por la cual las consecuencias de ello solo le son imputables a ella.

A lo anterior se debe añadir que si bien fue con ocasión de la denuncia y del reconocimiento en fila de presos y fotográfico que realizaron las mismas denunciantes que se vinculó al ahora demandante a la investigación penal, lo cierto es que la Fiscalía General de la Nación fue la que en el marco de sus competencias adelantó toda la investigación penal y fue ella a través de sus decisiones la que ocasionó el dañó al señor Oscar Andrés Sepúlveda Púlido, razón por la cual dicho argumento no está llamado a prosperar.

En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada, por las razones anteriormente expuestas, con la precisión de que ante la falta de apelación de la rama judicial respecto del fallo de primera instancia, la condena patrimonial allí contenida en relación con dicha entidad se mantendrá.

6. Indemnización de perjuicios.

6.1. Perjuicios morales.

En relación con los demandantes Hernando Sepúlveda Salgado (abuelo), María Ofelia Ramírez Arboleda (abuela) y Olga Lucía Sepúlveda Ramírez (madre), la Sala encuentra acreditado su parentesco para con la víctima directa del daño y, por lo tanto, se concluye que cuentan con legitimación en la causa por activa y que también resultan beneficiarios de la indemnización que, por perjuicios morales, les fue reconocida a causa de la privación injusta que padeció su nieto e hijo, respectivamente.

En efecto, al proceso se aportaron las certificaciones de los registros civiles de nacimiento de i) la víctima directa del daño, el cual demuestra que es hijo de la también demandante Olga Lucía Sepúlveda Ramírez; ii) de la señora Olga Lucía Sepúlveda Ramírez, el cual acredita que sus padres son los también demandantes Hernando Sepúlveda Salgado y María Ofelia Ramírez Arboleda (fls. 3 y 4 cdno. 2, respectivamente).

Ahora bien, el tribunal administrativo de primera instancia reconoció a favor del señor Oscar Andrés Ocampo Sepúlveda víctima directa del daño, el equivalente a 50 SMLMV, por concepto de perjuicios morales.

Al respecto conviene aclarar que si aunque la Sala ha reconocido un monto mayor al que estableció el tribunal a quo por concepto de perjuicios morales para la víctima directa del daño cuando la privación injusta se ha hecho efectiva por un tiempo prolongado como en el caso que ahora se examina, lo cierto es que en aplicación del principio de la no reformatio in pejus, resulta improcedente el incremento de la condena puesto que ello claramente haría más gravosa la situación de la entidad que concurrió como apelante única.

Y a favor de los actores Hernando Sepúlveda Salgado (abuelo), María Ofelia Ramírez Arboleda (abuela) y Olga Lucía Sepúlveda Ramírez (madre), se les reconoció la suma equivalente a 30 salarios mínimos legales mensuales para cada uno de ellos, el cual se mantendrá en atención al mismo principio de la non reformatio in pejus.

6.2. Perjuicios materiales.

6.2.1. Lucro cesante.

El tribunal administrativo de primera instancia reconoció, a favor del ahora demandante, la suma de $ 7’976.693,54 por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

Para liquidar el lucro cesante, el tribunal administrativo a quo utilizó como ingreso base de liquidación la suma de $ 800.000 que corresponde a lo que en promedio devengaba la víctima directa del daño, de conformidad con una certificación expedida por el señor Jorge Velásquez Macías en cuya virtud se señaló que (fl. 5 cdno. 2):

“... Yo Jorge Velásquez Macías certifico que el señor Oscar Andrés Ocampo Sepúlveda, con cédula 18515872 de Dosquebradas, laboró en la empresa desempeñándose como asesor comercial, en un período comprendido desde septiembre de 1999, hasta marzo de 2003 teniendo ingresos superiores a $ 800.000 mensuales ...”

Así las cosas, la Sala considera que resulta procedente dicho reconocimiento del lucro cesante, pues se acreditó que la víctima directa del daño ejercía una actividad productiva al momento en que fue privado injustamente de su libertad; sin embargo, conviene aclarar que en la liquidación realizada por los 8 meses que estuvo privado de su libertad el señor Oscar Andrés Ocampo Sepúlveda no se utilizó la fórmula que usualmente se tiene en cuenta para estos casos, así como tampoco se adicionó el período que según las estadísticas(8) una persona requiere en Colombia para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad o acondicionarse en una actividad laboral, tal como lo ha precisado la Sala en estos casos.

Acerca del período a liquidar en eventos de privación injusta de la libertad, la Sala ha sostenido:

“En cuanto al tiempo que, en promedio, suele tardar una persona en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, la Sala se valdrá de la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con la cual dicho período equivale a 35 semanas (8.75 meses)”(9).

No obstante lo anterior, una aplicación correcta de los parámetros que en la actualidad se utilizan para liquidar este perjuicio, arrojaría una cifra superior a la que reconoció el tribunal a quo, situación que devendría en perjuicio de la parte impugnante, apelante única.

Con todo, debe precisarse que las anteriores argumentaciones no suponen, de manera alguna, una modificación de la jurisprudencia de esta corporación en relación con los parámetros que actualmente se utilizan para liquidar esa clase de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, posición que se mantiene, lo que ocurre es que en aplicación del principio previsto en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, no puede agravarse la situación de la entidad demandada en su condición de apelante solitaria.

Por lo anterior, solo se actualizarán las sumas reconocidas en primera instancia, de la siguiente manera:

SENTENCIA 2005-00034 DE MARZO 27 DE 2014 1.png

En consecuencia, se reconocerá a favor del señor Oscar Andrés Ocampo Sepúlveda, a título de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de $ 9’947.994.

6.2.1. Daño emergente.

El tribunal administrativo de primera instancia reconoció a favor del señor Oscar Andrés Ocampo Sepúlveda, la suma $ 11’217.225,29.

Con el fin de liquidar el daño emergente, al proceso se allegó una certificación expedida por el señor Héctor Hincapié Escobar, en la cual se consignó (fl. 6 cdno. 2):

“... Que el señor Oscar Andrés Ocampo Sepúlveda, identificado con la cédula de ciudadanía 18.515.872 expedida en Dosquebradas (Risaralda), contrató mis servicios profesionales como abogado defensor en el proceso penal que se adelantó en su contra, tramitando las dos instancias. Los honorarios sufragados ascendieron a la suma de nueve millones de pesos ($ 9.000.000), los cuales fueron cancelados a mi entera satisfacción...”.

De acuerdo con lo anterior, se encuentra acreditado que el señor Oscar Andrés Sepúlveda debió sufragar los honorarios del abogado que asumió su defensa técnica en el proceso penal adelantado en su contra; en esa medida se procederá a actualizar el valor reconocido, así:

SENTENCIA 2005-00034 DE MARZO 27 DE 2014 2.png

En consecuencia, se reconocerá a título de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, la suma de $ 13’989.367.

7. Condena en costas.

Dado que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna de ellas actuó de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Modifícase el numeral segundo de la sentencia recurrida, esto es la dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda, el día 30 de noviembre de 2007, el cual quedará así:

“... 2. Como consecuencia de lo anterior, se condena a las demandadas a pagar solidariamente:

Por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas, representadas en salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de la presente sentencia.

Para el señor Oscar Andrés Ocampo Sepúlveda el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes en calidad de directo afectado con la medida de privación injusta de la libertad, y treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada los (sic) demás actores, esto es, el señor Hernando Sepúlveda Salgado (abuelo), la señora María Ofelia Ramírez Arboleda (abuela) y la señora Olga Lucía Sepúlveda Ramírez (madre).

Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado, al señor Oscar Andrés Ocampo Sepúlveda la suma de nueve millones ochocientos ochenta y seis mil cincuenta y ocho pesos ($ 9’947.994).

Por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, se reconocerá al señor Oscar Andrés Ocampo Sepúlveda la suma de trece millones novecientos dos mil doscientos setenta pesos centavos ($ 13’989.367)...”.

2. Confírmase en los demás, el fallo apelado.

3. Sin condena en costas.

4. Cúmplase lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

5. Expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

6. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Magistrados: Hernán Andrade Rincón—Mauricio Fajardo Gómez—Carlos Alberto Zambrano Barrera, con salvedad de voto.

(1) “ART. 16.Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el siguiente:

ART. 63A.Del orden y prelación de turnos. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible>

“(...).

“Igualmente, las Salas o Secciones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura podrán determinar motivadamente los asuntos que por carecer de antecedentes jurisprudenciales, su solución sea de interés público o pueda tener repercusión colectiva, para que los respectivos procesos sean tramitados de manera preferente.

“Los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, cuya resolución íntegra entrañe solo la reiteración de jurisprudencia, podrán ser decididos anticipadamente sin sujeción al orden cronológico de turnos.

“Las salas especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las salas o las secciones del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las salas de los tribunales superiores y de los tribunales contencioso-administrativos de Distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia; para el efecto, mediante acuerdo, fijarán periódicamente los temas bajo los cuales se agruparán los procesos y señalarán, mediante aviso, las fechas de las sesiones de la Sala en las que se asumirá el respectivo estudio”. (Negrillas y subrayas fuera del texto original).

(2) En este sentido, para solo mencionar algunos, la Sala ha proferido los siguientes fallos, de reciente expedición, en relación con los cuales se ha consolidado la jurisprudencia actual en cuanto a los presupuestos necesarios para que se configure la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad:

— Subsección A: Sentencia del 27 de abril de 2011, expediente 21140, MP: Dr. Hernán Andrade Rincón; Sentencia del 27 de enero de 2012, expediente 22701, MP: Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera; Sentencia del 21 de marzo de 2012, expediente 23507; Sentencia del 23 de febrero de 2012, expediente 18418; Sentencia del 11 de julio de 2012, expediente 24008.

- Subsección B: Sentencia del 12 de mayo de 2011, expediente 20569, MP: Dra. Stella Conto Diaz del Castillo; Sentencia del 11 de mayo de 2011, expediente 19457, MP: Dra. Stella Conto Díaz del Castillo; Sentencia del 31 de enero de 2011, expediente 18626, MP: Dra. Stella Conto Díaz del Castillo; Sentencia del 29 de marzo de 2012, expediente 16448, MP: Dr. Danilo Rojas Betancourth.

— Subsección C: Sentencia de junio 22 de 2011, expediente 20713, MP: Dr. Enrique Gil Botero; Sentencia del 10 de octubre de 2011, expediente 19151, MP: Dr. Enrique Gil Botero; Sentencia del 24 de enero de 2011, expediente 15996, MP: Dr. Jaime Orlando Santofimio; Sentencia del 23 de mayo de 2012, expediente 22672, MP: Dra. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

Aunado a lo anterior considera la Sala importante precisar que adicionalmente sobre tales aspectos la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha unificado su Jurisprudencia así: en primer lugar a través de la Sentencia del 6 de abril de 2011; Exp. 13.168; M.P. Ruth Stella Correa Palacio, se sostuvo que el Estado es responsable de los daños ocasionados a una persona que es privada injustamente de la libertad y posteriormente es absuelto en virtud de los supuestos consagrados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, y en la Ley 270 de 1996. En segundo lugar mediante la sentencia del 17 de octubre de 2013; Exp. 23.354, según la cual se precisó que además de los supuestos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, y de la ley 270 de 1996, también es responsable el Estado por los daños ocasionados en virtud de la privación injusta de una persona cuando es absuelta por la aplicación del principio del in dubio pro reo.

(3) De acuerdo a lo decidido por la Sala Plena de la Sección Tercera en sesión del 25 de abril de 2013, según acta 9.

(4) Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Exp 13.168; sentencia del 2 de mayo de 2007, Exp. 15.463, reiteradas por esta subsección en sentencia de mayo 26 de 2011, Exp 20.299, entre muchas otras.

(5) Los anteriores planteamientos han sido expuestos por esta subsección frente a casos similares al presente, tal como quedó consignado en las sentencias proferidas el 12 y 26 de mayo de 2011, expedientes 20.665 y 18.895, respectivamente, reiteradas, en forma reciente, en proveído de 21 de marzo de 2012, Exp. 40.455. M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón.

(6) “ART. 67.—Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial”. (Negrillas y Subrayas de la Sala).

(7) Sentencia de 18 de marzo de 2010, Exp. 18.357.

(8) Cfr. Uribe G., José Ignacio y Gómez R., Lina Maritza, «Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003», en Serie Documentos Laborales y Ocupacionales, Nº 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA-Dirección General de Empleo y Trabajo, Bogotá, junio de 2005, pág. 22.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Exp. 13.168, reiterada en sentencia de 14 de abril de 2010, Exp. 18.860. M.P. Enrique Gil Botero.