Sentencia 2005-00035/30637 de diciembre 5 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actor: Silvio Alvear Lujan y otro

Proceso: 11001032600020050003500 (30637)

Demandada: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural — Incoder

Acción: Acción de revisión

Bogotá D.C., cinco de diciembre de dos mil dieciséis

Extracto: «II. Consideraciones

1. La jurisdicción, acción procedente y competencia

Atendiendo a la naturaleza pública del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural —Incoder—, sus controversias son de conocimiento de esta jurisdicción, siendo esta Corporación la competente para conocer del presente asunto.

Ahora, visto que los actos demandados fueron proferidos en 1998, 2002 y 2005, es claro que la norma adjetiva vigente y aplicable al asunto, al menos en lo que respecta a la acción procedente, era la Ley 160 de 1994(1).

En la mencionada ley se regularon, entre otros procedimientos, el de clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos, así:

CAPÍTULO X.

Clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos

“ART. 50.—Contra las resoluciones del Gerente General del Incora que decidan de fondo los procedimientos que se regulan en este Capítulo, sólo procede el recurso de reposición en los términos del Código Contencioso Administrativo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación, y la acción de revisión ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, en única instancia, conforme a lo establecido en el numeral 9º. del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo. La demanda de revisión deberá presentarse dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de ejecutoria del acto administrativo correspondiente (...).

Ejecutoriada la resolución que define el procedimiento. y si no se hubiere formulado demanda de revisión, o fuere rechazada, o el fallo del Consejo de Estado negare las pretensiones de la demanda, se ordenará su inscripción en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria para efectos de publicidad ante terceros.

De lo expuesto se tiene que la acción procedente es la de revisión para cuestionar la legalidad de las resoluciones 0353 de 2002 y 13 de 2005, cuyo conocimiento corresponde al Consejo de Estado conforme al numeral 9 del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, razón por la cual se impone decidir de fondo.

Vale mencionar que frente al alcance de la acción de revisión en reciente oportunidad, la Corte Constitucional, con fundamento en la jurisprudencia de esta Corporación(2), recordó las características de ese medio procesal así(3):

(i) No era indispensable que el impugnante formulara cargo alguno de violación, por cuanto el análisis del juez se limitaba a verificar el cumplimiento de las reglas dispuestas en el proceso agrario respectivo.

(ii) No eran acumulables solicitudes que no sé relacionaran precisamente con la “revisión” de las actuaciones administrativas adelantadas por el Instituto competente “...Lo anterior adquiere sustento en el hecho de que la acción de revisión tiene como finalidad verificar si la mencionada actuación administrativa se ajusta o no a la legalidad y, de otra parte, porque el ejercicio de esta acción y la admisión de la demanda suspenden la ejecución y obligatoriedad del acto administrativo que declara extinguido el derecho de dominio de la propiedad inmueble, por tanto, en el evento en el cual en el juicio de revisión se anulen dichas actuaciones no hay lugar a restablecer el derecho porque el acto administrativo no ha surtido efectos ni mucho menos procede alguna clase de indemnización de perjuicios(4)...”(5)

(iii) La acción de revisión debía ejercerse dentro de los 15 días contados a partir del día siguiente a la ejecutoria del acto, la cual sólo procedía frente a los procesos agrarios expresamente señalados en la ley.

(iv) Esta acción sólo cabe frente a los actos administrativos que ponen fin a los procesos agrarios de clarificación de la propiedad, deslinde, recuperación de baldíos y extinción del dominio.

(v) Se decide en única instancia por el Consejo de Estado.

Sin embargo, la acción de revisión no es la procedente para demandar la resolución No. 1376 de 1998 pues ella solo procede, en los términos del artículo 50 de la Ley 160 de 1994, contra las resoluciones que pongan fin al procedimiento de clarificación de la propiedad, no contra el acto que lo inicie.

Así, la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho, acumulada en el auto admisorio de la demanda con la de revisión pero que presenta ineptitud sustantiva porque no se demandó su acto confirmatorio (res. 0459 del 30 de julio de 2001) además de que caducó toda vez que pasaron casi 4 años entre el momento en que este último acto quedó en firme y la presentación de la acción.

Visto lo anterior, la Sala procederá a verificar la legalidad del procedimiento de clarificación en los términos expuestos, además de analizar el cargo formulado en la demandada.

1.2. La legitimación en la causa

Los actores se encuentran legitimados, toda vez que ellos aducen ser los propietarios del bien inmueble sobre el cual el Incoder resolvió, a través del procedimiento contemplado en el artículo 50 de la Ley 160 de 1994, que no había salido de propiedad del Estado. La demandada se encuentra legitimada pues ella fue quien profirió los actos administrativos cuestionados.

1.3. La caducidad

Teniendo en cuenta que la notificación de la resolución 013 de 2005 — que resolvió el recurso de reposición contra la resolución 0353 de 2002 - fue notificada el día 06 de abril de 2005, quedando en firme al día siguiente, 07 de abril - y la demanda se presentó el 26 del mismo mes y año (fl. 97, c. ppal), fuerza concluir que el término de 15 días prescrito en el artículo 50 de la Ley 160 de 1994 para demandar los dos actos citados no había expirado pues, solo trascurrieron 13 días entre la “ejecutoria” del acto que resolvió el recurso y la presentación de la demanda de revisión.

2. El problema jurídico

¿Las resoluciones 0353 de 2002 y 013 de 2005 están viciadas de nulidad porque los actores acreditaron ser titulares del derecho de propiedad privada sobre el predio Manzanares?

3. Análisis de la sala

Las decisiones cuya nulidad se pretende (i) no desconocen el artículo 48 de la Ley 160 de 1994, pues los actores no acreditaron ser titulares del derecho de propiedad privada sobre el predio Manzanares (ii).

(i) Las resoluciones 353 de 2002 y 013 de 2005 y sus antecedentes

a. El procedimiento de clarificación de la propiedad sobre el predio Manzanares

A través de la resolución 1376 de 1998, y en virtud de solicitud hecha por aparentes ocupantes del predio Manzanares, el Incora inició “las diligencias administrativas, tendientes a clarificar la situación jurídica, desde el punto de vista de la propiedad, del predio rural denominado Manzanares, ubicado en jurisdicción del municipio de Montería, Departamento de Córdoba.

La anterior resolución fue inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria No. 140-29254 y se notificó personalmente el 24 de marzo de 1999 a Enrique y Silvio Alvear Luján, sucesores del señor Rigoberto Alvear, quien según el mismo folio aparece como presunto propietario del predio.

Contra la anterior resolución se interpuso recurso de reposición el cual fue despachado desfavorablemente, a través de la resolución 0459 del 30 de junio de 2001 que confirmó la resolución impugnada.

Dentro de las pruebas decretadas, practicadas y valoradas en el procedimiento administrativo estuvieron: i) diligencia de inspección ocular con el fin de determinar la ubicación, área, linderos, topografía, provisión de agua y clase de suelos, explotación económica y tenencia del predio. En ella se determinó que el predio “en toda su extensión” estaba “ocupado y explotado por personas distintas a sus presuntos propietarios, personas estas que en la actualidad ocupan cada una de 4 a 6 hectáreas aproximadamente” y ii) las documentales relacionadas con el folio de matrícula del predio objeto de clarificación junto con las escrituras que soportaban lo allí consignado.

b. Las decisiones adoptadas en las resoluciones

Una vez agotado el procedimiento administrativo de clarificación de la propiedad sobre el predio Manzanares, la Gerencia Regional del Incora en Córdoba resolvió que los títulos presentados por los hoy actores eran insuficientes para acreditar la propiedad privada sobre el predio Manzanares. Así, se lee en el artículo 1 de la citada resolución:

ART. 1º.—Declarar que los títulos de propiedad allegados al presente procedimiento de clarificación de la propiedad, son insuficiente para acreditar propiedad privada sobre los terrenos que conforman el inmueble rural denominado Manzanares, ubicado en jurisdicción del municipio de Montería, departamento de Córdoba, con una extensión aproximada de 14.0000 (sic) hectáreas y comprendido dentro de los siguientes linderos. “Norte: Rigoberto Alvear Santana. Sur: Diego Galvis Suárez. Este: Rigoberto Alvear Santana.

Para adoptar la anterior decisión, el Incoder consideró, valorando las pruebas documentales arrimadas al procedimiento administrativo, que la tradición inicial del inmueble se fundó en una información sumarial de testigos y que, en consecuencia, constituía una falsa tradición sin aptitud jurídica para transferir el derecho real de dominio. Así, dado que tampoco hubo un título de adjudicación del predio por parte del Estado, este no había salido del dominio del Estado.

Contra la citada resolución, los actores interpusieron recurso de reposición manifestando que la titularidad del predio estaba debidamente inscrita desde el año de 1957, lo que acreditaba una tradición de más de 45 años y que no habían podido explotar económicamente el predio pues sus actuales ocupantes les arrebataron violentamente el citado predio.

A través de la resolución 013 de 2005, el Incoder resolvió el recurso de reposición presentado contra la resolución 353 de 2002 expedida por el Incora. En ella, el Incoder desestimó los argumentos de los actores, resolvió negativamente sus solicitudes y confirmó el acto administrativo impugnado, conforme se observa en su artículo primero que reza:

ART. 1º.—No reponer y en consecuencia mantener y dejar en firme en todas sus partes la resolución 0353 del 25 de junio de 2002 proferida por la gerencia del Instituto Colombiano de la Reforma agraria Incora, regional Córdoba, actualmente en liquidación, por medio del cual se declaró que los títulos de propiedad allegados al proceso de Clarificación de la propiedad, son insuficientes para acreditar propiedad privada sobre los terrenos que conforman el predio rural denominado Manzanares, ubicado en jurisdicción del municipio de Montería, departamento de Córdoba, con una extensión aproximada de 14-0000 hectáreas y comprendido dentro de los siguientes linderos “Norte: Rigoberto Alvear Santana. Sur: Diego Galvis Suarez. Este: Rigoberto Alvear Santana y Oeste: Rigoberto Alvear Santana.

El Incoder, para tomar la decisión arriba citada, consideró, al igual que lo hizo el Gerente Regional del Incora en Córdoba, que los títulos aportados al proceso eran insuficientes para acreditar la propiedad privada sobre el predio Manzanares. También indicó, frente a la aparente imposibilidad de explotar económicamente el bien aducida por los actores, que, además de que ese hecho no se probó, el procedimiento que culminó con los actos administrativos hoy demandados se limita a verificar la existencia de títulos que permitan acreditar el derecho de dominio.

ii) Del estudio de legalidad del trámite de clarificación

Para resolver sobre el particular, resulta necesario detenerse en el análisis de la regulación legal del trámite de clarificación y después contrastarlo con el surtido dentro en el caso sub judice.

iii) La regulación legal del trámite de clarificación

De entrada debe advertirse que el procedimiento de clarificación en estudio se inició con la resolución n 1376 de 1998 por parte del Incora). Igualmente, ese procedimiento finalizó con la firmeza de la resolución, nº 013 de 2005. En esos términos, la normatividad aplicable para dicho procedimiento correspondía a la vigente entre 1998 y 2005, que no es otra que la contenida en la Ley 160 de 1994 y sus normas reglamentarias(6).

En ese orden, se tiene que la competencia para adelantar el procedimiento de clarificación fue radicada en cabeza del extinto Incora, o de quien hiciera sus veces (núm. 15 del art. 12, Ley 160 de 1994). Asimismo, la función de adelantar ese procedimiento fue considerada como indelegable a otras autoridades o entidades públicas (art. 13).

En el Capítulo X de la Ley 160 de 1994, se dispuso que el Incora, previa obtención de la información necesaria, adelantaría, entre otros, el procedimiento de clarificación (art. 48). En ese procedimiento se determina la propiedad, con el fin de constatar si los predios han salido o no del dominio del Estado. Para el efecto, la propiedad privada del predio se prueba con (i) el título originario expedido por el Estado que no haya perdido su eficacia legal (ii) o los títulos debidamente inscritos otorgados con anterioridad a la vigencia de Ley en comento, en que consten tradiciones de dominio por un lapso no menor del término que señalan las leyes para la prescripción extraordinaria; sin embargo, la última prueba, es decir los títulos debidamente inscritos con anterioridad a la Ley 160, no resultará aplicable respecto de terrenos no adjudicables, o reservados, o destinados para cualquier servicio o uso público (art. 48, núm. 1º).

El acto administrativo de iniciación del procedimiento de clarificación deberá inscribirse, de forma prioritaria, en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente, si el predio se hallare inscrito, con el fin de que a partir del respectivo registro, el procedimiento surta plenos efectos para los nuevos poseedores o adquirentes de derechos reales del bien objeto de la referida inscripción (art. 49).

Ahora, aun cuando la ley defirió a los decretos reglamentarios la solicitud, decreto y práctica de pruebas, permitió que en este procedimiento se practique una diligencia de inspección ocular con intervención de peritos, si así lo solicitan los interesados y sufragan los gastos que demandara la diligencia; si así no lo hicieren, la autoridad pública competente deberá efectuarla con sus funcionarios expertos. El dictamen deberá rendirse con arreglo a los preceptos de la Ley 160 y del decreto reglamentario. En todo caso, vale aclarar que la carga de la prueba corresponderá a los particulares (art. 49).

Igualmente, la Ley 160 faculta a las autoridades competentes para requerir de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, Catastrales, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y demás dependencias del Estado, toda la información que posean sobre la existencia de propietarios o poseedores de inmuebles rurales, así como las fotografías aéreas, planos y demás documentos relacionados con los mismos; además, si el Instituto Geográfico Agustín Codazzi no tiene información actualizada de los predios, la ley habilita a la autoridad agraria para que expida resoluciones, que se publicarán por dos veces con intervalos no inferiores a ocho días, en dos diarios de amplia circulación nacional, con el fin de señalar las regiones, la forma y los términos en que toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado que sea propietaria o poseedora de predios rurales, estará obligada a presentar ante dicha autoridad una descripción detallada de los inmuebles respectivos (art. 51).

Al descender sobre la norma reglamentaria, Decreto 2663 de 1994, se tiene que esta contempló una etapa previa, en la cual la autoridad competente, antes de iniciar el procedimiento de clarificación, deberá (i) estudiar los documentos suministrados por los presuntos propietarios o los interesados en el procedimiento, así como los que se obtengan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 160 de 1994, y (ii) practicar una visita previa al inmueble, de la cual se dejará constancia en un acta, en la que se consignará el estado de explotación económica y la presencia de otros ocupantes diferentes al presunto propietario, y las demás diligencias que se consideren necesarias para complementar la información, y que permitan establecer la viabilidad legal de iniciar las actuaciones administrativas (art. 2º).

Ahora, si de la información obtenida no resulta plenamente establecido el derecho de propiedad privada sobre el inmueble, de acuerdo con lo dispuesto en los incisos 2º y 3º del numeral 1º del artículo 48 de la Ley 160 de 1994, la autoridad competente mediante resolución motivada ordenará iniciar el procedimiento de clarificación de la propiedad (art. 3º), la cual deberá inscribirse en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente, si el predio se hallare inscrito. En caso contrario, la autoridad agraria solicitará la apertura de la respectiva matrícula inmobiliaria, con base en dicha resolución. La inscripción deberá efectuarse a más tardar al día siguiente del recibo de la resolución en la Oficina de Registro.

Igualmente, la resolución de inicio del procedimiento de clarificación debe notificarse al Procurador Agrario, al presunto propietario y a quienes tuvieren constituidos otros derechos reales sobre el inmueble. Si agotadas las diligencias necesarias no fuere posible realizar la notificación en forma personal a los interesados, el notificador dejará constancia de ello en el informe respectivo indicando los motivos que le impidieron realizarla, y la autoridad agraria procederá a emplazarlos mediante edicto que durará fijado cinco días en lugar público de las oficinas donde se tramite el procedimiento y por el mismo término en la secretaría de la Alcaldía Municipal donde se halle situado el inmueble. Adicionalmente, el notificador del Instituto fijará una copia del edicto en la puerta o sitio de acceso al inmueble, salvo que se le impidiere hacerlo, de lo cual dejará constancia escrita que se agregará al expediente. Cumplidas las anteriores formalidades, si los interesados no se presentan dentro de los tres (3) días siguientes a la desfijación del edicto, se les designará un curador ad-litem (art. 5º).

En todo caso, en el evento de que el procedimiento no pueda adelantarse con la intervención directa del presunto propietario u otras personas con derechos reales constituidos sobre el inmueble, la autoridad competente procederá a designarles un curador ad-litem en la forma y con los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Civil, con quien se surtirá la notificación de la resolución inicial y se adelantará el trámite respectivo (art. 5º, par.).

Frente a la decisión que dispone el inicio del procedimiento de clarificación, es procedente el recurso de reposición, dentro de los cinco días siguientes a la notificación (art. 6º).

Una vez ejecutoriada la resolución inicial, dentro de los cinco días siguientes podrán los interesados o el Procurador Agrario solicitar y aportar las pruebas conducentes para demostrar el derecho de dominio o propiedad sobre el inmueble objeto del procedimiento, conforme a las reglas señaladas en la ley, sin perjuicio de las que de oficio decrete y practique la autoridad agraria de considerarlas necesarias (art. 8). En todo caso, la carga de la prueba corresponde a los particulares (art. 7º).

Vencida la oportunidad para pedir pruebas, dentro de los tres días siguientes, la autoridad agraria decretará las pruebas solicitadas o las que de oficio deban realizarse (art. 9º).

Ahora, frente a la diligencia de inspección ocular debe tenerse en cuenta que se ordenará mediante auto en el que se señalará fecha y hora para iniciarla, se determinará el valor para cubrir su costo y el término dentro del cual debe efectuarse la consignación, se dispondrá el sorteo de los peritos o la designación de los funcionarios que habrán de intervenir y se especificarán los asuntos o aspectos respecto de los cuales versa la diligencia (art. 9º).

Cuando la prueba de inspección ocular sea solicitada por la parte interesada, esta se practicará a su costa. Para el efecto el peticionario deberá reembolsar al Instituto el valor total del dictamen en la oportunidad que señale el Decreto Reglamentario especial sobre avalúos y dictámenes que expida el Gobierno Nacional. Con la solicitud de la prueba, se deberá presentar el cuestionario sobre los asuntos respecto de los cuales versará el dictamen pericial, sin perjuicio de los consignados por el Instituto en el auto que ordene la diligencia (art. 8º, pár.). La práctica de esta prueba estará sometida a las exigencias señaladas en los artículos 10 a 15 del Decreto 2663 de 1994, que en su orden refieren a (i) la designación posesión de los peritos (art. 10), (ii) práctica de la inspección ocular (art. 11), (iii) prueba pericial (art. 13), (iv) traslado y contradicción (art. 14) y (y) liquidación de gastos (art. 15).

Si el presunto propietario, o las personas que tengan constituidos derechos reales sobre el predio no solicitaren la práctica de esta prueba, o no sufragaren oportunamente los gastos de la misma, la inspección ocular se decretará oficiosamente y a costa del Instituto, con la intervención de dos funcionarios expertos de la entidad (art. 8º, par.).

Surtido el anterior procedimiento, la autoridad agraria adoptara la decisión en la cual sólo podrá declarar: (i) que en relación con el inmueble objeto de la actuación no existe título originario del Estado, en los términos de los artículos 13 y siguientes del Decreto 59 de 1938; (ii) que posee título de; adjudicación que no ha perdido su eficacia legal; (iii) que se acreditó propiedad privada, por la exhibición de un título, o una cadena de títulos, debidamente inscritos, otorgados por un lapso no menor del término que señalan las leyes para la prescripción extraordinaria; (iv) que los títulos aportados son insuficientes, porque no acreditan dominio sino tradición de mejoras sobre el inmueble; (v) que los títulos aportados se refieren a bienes no adjudicables, o que se hallan reservados, o destinados a un servicio o uso público, (vi) y que la superficie de los terrenos objeto del procedimiento excede la extensión legalmente adjudicable (art. 16)(7).

En esa resolución también se dispondrá que los derechos de los poseedores materiales quedarán a salvo, conforme a la ley civil, cuando se declare que en relación con el inmueble objeto del procedimiento se acreditó propiedad privada, o que salió del patrimonio del Estado (art. 16, par. 1º).

La decisión final se notificará al Procurador Agrario y a los interesados en la forma prevista en los artículos 44 y siguientes del Código Contencioso Administrativo (art. 16, par. 2º). En contra de esa resolución procede el recurso de reposición, en los términos del Código Contencioso Administrativo, y la acción de revisión ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, en los términos ya expuestos en esta providencia al analizar la procedencia y caducidad de la acción (art. 16, par. 3º).

Para el año en que se finalizó la actuación administrativo sub judice, una vez ejecutoriada la resolución que decidía el procedimiento de clarificación de la propiedad y si no había formulado demanda de revisión, o esta era rechazada, o el fallo del Consejo de Estado negaba las pretensiones de la demanda, se enviaba original y copia de la providencia a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos respectiva, con el fin de que se inscriba en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente para efectos de publicidad ante terceros (art. 17). Actualmente, tan sólo se requiere de la ejecutoria de la resolución para que se realice la inscripción referida(8).

iv. El estudio de legalidad del procedimiento de clarificación

Una vez revisadas las exigencias legales del procedimiento de clarificación, la Sala concluye que las mismas fueron satisfechas en el caso en estudio, como pasa a explicarse:

Antes de la iniciación del procedimiento de clarificación, el 3 de diciembre de 1998, el Incora adelantó una visita al predio denominado “Manzanares”, con el fin de constatar lo advertido el 1 de noviembre de 1998 por un grupo de campesinos en el sentido de clarificar desde el punto de vista de la propiedad, la situación jurídica de dicho inmueble, pues varios campesinos lo habían, en apariencia, venido ocupando (fls. 127 a 1317— c. ppal).

De esa forma, se honró lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 2663 de 1994(9).

Constatado lo anterior y ante la imposibilidad de verificar la propiedad del predio, en tanto los antecedentes de su tradición no acreditaban con certeza que este inmueble hubiere salido del patrimonio del Estado, el 30 de diciembre de 1998, mediante resolución nº 1376, el Incora inició las diligencias administrativas para clarificar la situación jurídica de la propiedad del predio “Manzanares (fls. 132 a 134, c. ppal).

La anterior decisión se notificó personalmente a los demandantes el 24 de marzo del año siguiente (fls. 56 a 58, c. ppal)(10) y por edicto a los demás interesados (fls. 87, c ppal), a quienes se les nombró curador ad litem (fls. 90 a 93, c. ppal). Igualmente, se notificó al Procurador Judicial Agrario (fI. 96, c. ppal).

Lo anterior muestra cómo se dio cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 3 a 5 del Decreto 2663 de 1994.

Frente a la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto a través de la resolución nº 459 del 30 de julio de 2001 (fls. 94 a 96, c. ppal). De esa forma, se acató lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 2663 de 1994 en relación con los recursos procedentes frente al acto administrativo de iniciación del procedimiento de clarificación, en tanto fue cumplido materialmente, como dan cuenta las pruebas referidas.

El 11 de septiembre de 2001 se decretó de oficio una inspección ocular con la designación de dos funcionarios del Incora (fls. 98 y 99, c. ppal). Lo anterior de conformidad con lo regulado en los artículos 8º y 9º del Decreto 2663 de 1994.

Con todo, vale advertir que esa inspección no constituyó la prueba fundamental para decidir el fondo del asunto, en tanto este se concretó. en un punto jurídico relacionado con la inscripción de la posesión dentro de la matrícula n.º 140-29254, por parte del señor Rigoberto Alvear Santana, de quien los actores alegan su condición de herederos.

En suma, la etapa probatoria se surtió de conformidad con las exigencias constitucionales y legales.

Finalmente, una vez practicadas las pruebas, el Incora adoptó la decisión definitiva, en el sentido de señalar que los títulos de propiedad aportados por los demandantes resultaban insuficientes para acreditar la propiedad privada del predio “Manzanares”. Frente a esa decisión se interpuso el recurso de reposición, que fue resuelto por el Incoder, ante la supresión de la primera entidad en mención.

De suerte que se cumplieron las exigencias de los artículos 16 y 17 del Decreto 2663 de 1994, en tanto la decisión se adoptó dentro de las posibilidades que brindaba la ley y su decreto reglamentario, esto es, la declaración de insuficiencia de los títulos de propiedad aportados.

En esos términos, la Sala observa que el procedimiento administrativo honró las exigencias legales y reglamentarias sobre la materia.

v. Los actores no acreditaron ser titulares del derecho de propiedad privada sobre el predio Manzanares

a. Las condiciones exigidas en la Ley 160 de 1994 para acreditar la propiedad

El artículo 48 de la Ley 160 de 1994, norma que según los actores fue violada por las resoluciones demandadas dispone:

Artículo 48. De conformidad y para efectos de lo establecido en los numerales 14, 15 y 16 del artículo 12 de la presente Ley, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, previa obtención de la información necesaria, adelantará los procedimientos tendientes a:

1. Clarificar la situación de las tierras desde el punto de vista de la propiedad, con el fin de determinar si han salido o no del dominio del Estado.

A partir de la vigencia de la presente Ley, para acreditar propiedad privada sobre la respectiva extensión territorial, se requiere como prueba el título originario expedido por el Estado que no haya perdido su eficacia legal, o los títulos debidamente inscritos otorgados con anterioridad a la vigencia de esta Ley, en que consten tradiciones de dominio por un lapso no menor del término que señalan las leyes para la prescripción extraordinaria (negrilla fuera de texto).

Lo dispuesto en el inciso anterior sobre prueba de la propiedad privada por medio de títulos debidamente inscritos con anterioridad a la presente Ley, no es aplicable respecto de terrenos no adjudicables, o que estén reservados, o destinados para cualquier servicio o uso público.

2. Delimitar las tierras de propiedad de la Nación de las de los particulares.

3. Determinar cuándo hay indebida ocupación de terrenos baldíos.

Interpretando la citada disposición, a propósito de una demanda de revisión contra un acto administrativo en que el Incora no encontró acreditado el derecho de propiedad sobre un inmueble rural porque el título presentado por el aparente propietario se fundó en una declaración de testigos, la Sección Tercera señaló que los requisitos establecidos por el legislador en el artículo 48 de la Ley 164 para acreditar la propiedad exigen que los títulos hagan la transferencia del derecho de dominio, que indique expresamente el derecho de quien lo tenía y que estos estén debidamente inscritos en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Así, ha señalado la Sección:

La interpretación literal de las normas que regulan esta última forma de demostrar la propiedad de un inmueble, que es la analizada por el Incora en los actos administrativos acusados, muestra con claridad qué la cadena de títulos debe reunir las siguientes condiciones:

i) los títulos deben hacer constar la transferencia del derecho de dominio, esto es, la tradición. Por consiguiente, los documentos públicos o privados que demuestren la titularidad de un derecho real o personal, distinto al dominio, no resulta idóneo para demostrar la propiedad privada de un inmueble.

ii) El título debe expresar el derecho de quien lo tenía, pues como lo advirtió la Corte Suprema de Justicia, “resulta esencial e indispensable para la validez de la tradición la preexistencia de un título de dominio siquiera sea putativo que contenga una obligación de darle y no solamente prestar. Este precepto se basa en el principio elemental de que nadie puede trasmitir lo que no tiene”(11)

iii) Los títulos con los que se pretende demostrar la tradición de un predio por un término igual o superior al que se requiere para adquirirlo mediante prescripción, deben encontrarse debidamente inscritos en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la localidad donde se encuentra ubicado (artículos 12 y siguientes del Decreto 960 de 1970)(12).

Conforme a lo expuesto, la ley exige que quien pretenda demostrar tener derecho de propiedad sobre un bien inmueble rural debe acreditar un título idóneo para el efecto que no puede ser otro que un justo título que, al tenor del artículo 48 citado y del Código Civil es aquel que sea traslaticio de dominio.

En este orden, pasaremos a establecer si, dentro del plenario, los actores aportaron prueba de haber adquirido la alegada propiedad sobre el predio Manzanares a través de un título traslaticio de dominio.

b. La prueba aportada al proceso, Folio de matrícula No. 140-29254, no acredita que los actores sean los propietarios del predio Manzanares

Los actores fundan sus pretensiones señalando que ellos son los propietarios del predio Manzanares puesto que el título que los acredita como propietarios se encuentra inscrito debidamente en el registro de instrumentos públicos. Para probar su afirmación, aportaron el folio de matrícula No. 140-29254.

La Sala, para estimar si asiste razón a los actores, debe sin duda alguna analizar este folio con el fin si allí se encuentra inscrito en cabeza de los demandantes un título traslaticio de dominio sobre el predio Manzanares. Al estudiar la referida prueba, se encuentran las siguientes anotaciones:

Anotación Nro 1. Fecha 13-09-57

Escritura 298 del 27-08-57

Especificación 999 Información sumaria de testigos

Personas que intervienen en el acto

A: Cogollo Causil Rosalinda

Anotación Nro. 2. Fecha 13-09-57

Escritura 301 del 27-09-57

Especificación 101. Compraventa

Personas que intervienen en el acto:

De: Cogollo Causil Rosalinda

A: Sanchez Alfonso

Anotación Nro. 3 Fecha 09-11-66

Escritura 669 del 05-09-66

Especificación 101. Compraventa

Personas que intervienen en el acto

De: Sánchez Petro Alfonso Francisco

A: Alvear Santana Rigoberto (...)

Conforme al estudio del citado folio de matrícula y revisadas las anotaciones citadas en él, para la Sala es claro que el origen del aparente título de propiedad aportado por la parte actora, tal como lo estatuyeron el Incora y posteriormente el Incoder en las resoluciones demandadas, es una falsa tradición —pues, conforme a la primera y originaria anotación del folio de matrícula, quien enajenó el bien no era su propietario- que no constituye, de ninguna manera, un título legalmente aceptable para trasferir el dominio.

Por último, debe advertirse que los bienes baldíos no pueden adquirirse a través de la prescripción, ni son enajenables a título de venta, y su dominio se adquiere únicamente a través de adjudicación hecha por el Estado. Esto por cuanto:

(i) Desde la Ley 48 de 1882 se indicó que la propiedad de las tierras baldías no se prescribía en contra de la Nación, en ningún caso(13). Vale aclarar que para los efectos de la prescripción, el legislador equiparó los bienes baldíos a los bienes de uso público, tal como lo establece el artículo 2519 del Código Civil actual(14), norma a la cual remitía la primera ley en mención.

(ii) El Código Civil, en su artículo 675, indica que son bienes de la Unión todas las tierras que estando situadas dentro de los límites territoriales, carecen de otro dueño.

(iii) La Ley 110 de 1912, Código Fiscal, señaló que los terrenos baldíos no son enajenables a título de venta (art. 60) y que su dominio no puede adquirirse por prescripción (art. 61).

(iv) Tanto el artículo 3º de la Ley 48 de 1882, como el artículo 61 de la Ley 110 de 1912, fueron declarados exequibles en sentencia C-595 de 1995. En este fallo, la Corte expresó que en nuestro ordenamiento jurídico los baldíos son imprescriptibles y que sus ocupantes solo tiene respecto de ellos una expectativa para una eventual adjudicación del Estado. Se lee en la citada providencia:

(...) la prescripción adquisitiva o usucapión es un modo de adquirir el dominio de los bienes corporales, raíces o muebles, que están en el comercio, al igual que los demás derechos reales, por haberse poseído durante el tiempo y con las condiciones señaladas por la ley, la imprescriptibilidad significa que no es posible adquirir la propiedad de tales bienes, así se hayan ocupado durante largo tiempo, que es precisamente lo que ocurre con las tierras baldías, cuyo régimen difiere del consagrado en el Código Civil (...)

(v) Y en sentencia T-488 de 2014, la Corte Constitucional señaló que un juez no podía declarar la prescripción adquisitiva de un bien baldío pues solo el Estado es el llamado para adjudicar este tipo de bienes. Así, la Corte, al considerar ajustada al ordenamiento jurídico la decisión de un registrador de no inscribir una sentencia judicial que reconocía la prescripción adquisitiva sobre un baldío, expresó:

(...) En esa medida, los baldíos son bienes inenajenables, esto es, que están fuera del comercio y pertenecen a la Nación, quien los conserva para su posterior adjudicación, y tan solo cuando ésta se realice, obtendrá el adjudicatario su título de propiedad

(...) En resumen, la Constitución Política de 1991, la Corte Constitucional y la legislación agraria posterior han reivindicado la imprescriptibilidad de las tierras baldías, atendiendo los imperativos y valiosos objetivos que promueven el sistema de reforma y desarrollo rural, y que justifican un régimen diferenciado y focalizado en favor de los trabajadores del campo.

(vi) Esta Corporación, tal como lo advierte la Corte Constitucional, indicó que una sentencia de prescripción adquisitiva sobre un bien baldío no producía efectos en razón a que los baldíos son imprescriptibles. Así, en fallo del 30 de noviembre de 1995 expresó el Consejo de Estado(15):

Ahora bien, como el Tribunal aduce, como parte de su argumentación para revocar la resolución impugnada, que el juez promiscuo de Riohacha profirió sentencia de prescripción adquisitiva del dominio del predio La Familia en favor, del demandante Ángel Enrique Ortiz Peláez, la Sala advierte que esta sentencia, no es oponible a la Nación, por varias razones: primero, porque como ya se indicó, va en contravía, con toda la legislación que preceptúa que los bienes baldíos son imprescriptibles (...) (se destaca).

(vii) Ahora, la Ley 200 de 1936, en su artículo 1º(16), señala que no se presumen baldíos, sino de propiedad privada, los fundos poseídos por particulares. Por su parte, el artículo 12 de esta misma explica como opera la prescripción adquisitiva del dominio para los efectos del primer artículo en cita(17). Precisa señalar que esos dos artículos fueron modificados por los artículos 2º y 4º de la Ley 4 de 1973, la cual a su vez fue derogada por la Ley 160 de 1994, salvo en lo que concierne a los citados artículos(18).

En ese orden, los artículos 1º y 12 de la Ley 200 de 1936, con las modificaciones introducidas por la Ley 4 de 1973, deben entenderse en el sentido que dispuso el último artículo citado, al establecer “una prescripción adquisitiva del dominio en favor de quien, creyendo de buena fe que se trata de tierras baldías, posea en los términos del artículo 1º de esta ley [se refiere al artículo 1º de la Ley 200 de 1936, modificado por el artículo 2º de la Ley 4 de 1973] durante cinco (5) años continuos, terrenos de propiedad privada no explotados por su dueño en la época de la ocupación, ni comprendidos dentro de las reservas de la explotación, de acuerdo con lo dispuesto en el mismo artículo” (se destaca).

Es en ese marco, son los predios privados los sometidos a la prescripción adquisitiva, con las exigencias arriba expuestas, no así los baldíos.

(viii) La Ley 200 de 1936, que no derogó ni modificó las normas citadas de los Códigos Civil y Fiscal, no contempla la prescripción adquisitiva de predios baldíos.

(ix) Desde la ley 135 de 1961, en su artículo 3º, se indica que es el Estado, a través del Incora, quien adjudica los terrenos baldíos.

(x) En el mismo sentido, esta Corporación ha tenido la oportunidad de precisar el alcance del artículo 1º de la Ley 200 de 1936, modificado por el artículo 2º de la Ley 4 de 1973, así(19):

Como claramente lo advertía el profesor José J. Gómez, la Ley 200 de 1936 introdujo modificaciones sustanciales al régimen de tierras que originalmente regulaban los artículos 675 y siguientes del Código Civil, pues no sólo se invierte la presunción de propiedad de los inmuebles, como quiera que, con esta regulación, la prueba de la posesión permite presumir la propiedad privada y, sólo a falta de prueba de la posesión y de la propiedad privada, se entiende que el bien es baldío, sino también se deja en claro que la posesión requiere de prueba material del hecho que pretende demostrar, dejando de lado, de esta forma, el valor probatorio de la posesión inscrita.

El citado profesor sostenía que las principales modificaciones introducidas por la Ley 200 de 1936 al régimen de tierras son “la relativa a la presunción que ampara ahora la propiedad de los particulares, y no la del Estado; la segunda, como consecuencia de la anterior, la referente a la persona favorecida con la presunción, es decir, los particulares, quienes, por lo mismo, están exceptos, respecto de la Nación, de la carga de la prueba del dominio; y tercera la concerniente a una nueva calidad de la posesión; que es la de ser económica”(20).

Efectivamente, en la exposición de motivos del proyecto de ley que se convirtió en Ley 200 de 1936, se lee lo siguiente:

“el proyecto modifica el concepto de posesión en el sentido de identificarlo con la explotación económica del suelo, para ofrecer, por medio de las acciones de lanzamiento y posesorias, una amplia protección del trabajo, eliminándolos entre éste y omisiones abusivas realizadas al amparo de ficciones legales, y coloca en manos de jueces especiales la solución de las cuestiones de hecho para que sean falladas a base (sic) de un exacto conocimiento de la situación real, ya que el juzgador debe allegar, de oficio, todos los elementos de información que considere necesarios, y fallar con el criterio que la ley no protege el abuso del derecho ni el enriquecimiento sin causa”(21).

Así las cosas, es claro que la norma objeto de estudio consagró un importante instrumento jurídico para acceder a la titularidad de un predio, en tanto que le otorgó verdadera relevancia a la posesión real de los inmuebles, no sólo como un medio idóneo y natural para adquirir la propiedad, sino también como un reconocimiento a la explotación económica de la tierra. Sin embargo, esto no significa, que al reconocer la importancia de la posesión se hubiere desplazado la necesidad de probar la titularidad de la propiedad privada con los medios diseñados por la ley para ello, pues el dominio se prueba mediante la realización de uno de los modos de adquirirlo y su correspondiente título (artículos 673 y siguientes del Código Civil).

Ahora bien, la interpretación sistemática de las normas que regulaban la manera de demostrar la propiedad privada de un predio muestra la existencia de dos vías. La primera, aportando el título originario expedido por el Estado que no haya perdido su eficacia legal (artículo 3º de la Ley 200 de 1936). Al respecto, la Ley 61 de 1874 se refería a los títulos originarios como los documentos, resoluciones o actos del gobierno que probaban el hecho de que el Estado se hubiere desprendido del dominio. La segunda, con títulos inscritos anteriores a la vigencia de la Ley 200 de 1936, esto es, al 21 de marzo de 1937(22), en los que consten tradiciones de dominio por un período no menor al término requerido para adquirir la propiedad por prescripción extraordinaria, esto es por 20 años, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2532 del Código Civil, en la forma en que fue modificado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1936 (artículo 3º de la Ley 200 de 1936).

Entonces, la demostración de la posesión puede constituir el punto de partida del reconocimiento de la propiedad privada de un inmueble, pero no puede entenderse como la prueba única o suficiente. De hecho, no debe olvidarse que la posesión es tan sólo una presunción legal de la propiedad de su titular, por lo que puede desvirtuarse. Por ello, es perfectamente posible que la persona que posea un inmueble no sea su propietario o que el titular del derecho de dominio no sea el mismo poseedor.

Ahora bien, en relación con la demostración de la propiedad privada en el asunto objeto de estudio, la Resolución 2685 de 1996, dijo que “las inscripciones que obran en el correspondiente certificado de registro como se indicó anteriormente, se remontan al año de 1958, fecha en la cual mediante la escritura No. 14 del 24 de febrero de 1958, registrada en marzo 24 del mismo año se protocolizaron unas declaraciones extrajuicio rendidas ante el Juzgado Primero Municipal del Distrito de Yumbo para demostrar derechos de dominio y posesión adquiridos en un lote de terreno y sus mejoras, escritura que es ineficaz e insuficiente para demostrar que los terrenos que conforman el predio denominado Las Palmas tengan la condición jurídica de propiedad privada, toda vez que mediante ella se acredita la ocupación y posesión del predio y de unas mejoras, pero en ningún caso se hace transferencia del dominio sobre los terrenos que conforman el predio”. De igual manera, la Resolución 062 de 1997, por el cual resolvió el recurso de reposición, dijo que “cuando la Ley 160 de 1994 en su artículo 48 establece como prueba para demostrar propiedad privada sobre un predio, los títulos en los que consten tradiciones de dominio durante en (sic) lapso no inferior a veinte (20) años, debe entenderse que se trata de títulos de dominio sobre el respectivo terreno y no simplemente sobre mejoras o derechos de ‘posesión’, pues de no ser así, no habría hablado en forma específica de ‘acreditar’ propiedad privada sobre la respectiva extensión territorial”.

En consecuencia, a diferencia de lo expresado por los demandantes en el sentido de indicar que la autoridad demandada debía tener en cuenta, y no lo hizo, la sentencia penal que encontró demostrada la ocurrencia del delito de invasión de tierras y demostrada la explotación económica del inmueble con hechos positivos de posesión, se presumía la propiedad privada, la Sala considera que esos elementos de juicio sólo eran demostrativos de la posesión y no de la propiedad privada del inmueble, por lo que es perfectamente válido que el acto administrativo impugnado hubiere exigido la prueba de la titularidad del predio Las Palmas y no le bastara la demostración de la posesión del mismo. Luego, el cargo no prospera (se destaca).

(xi) Por último, valga señalar que aunque la Corte Suprema de Justicia, en sede de tutela(23), estimó lo contrario a lo aquí sostenido, al señalar que los bienes baldíos poseídos en los términos del artículo 1º de la Ley 200 de 1936 se consideraban bienes privados, la Sala se aparta de este criterio, toda vez que ese artículo se interpretó sin consideración al contenido del artículo 12 de la Ley 200 de 1936, como aquí se hace; además, este último entendimiento salvaguarda la viabilidad del proceso de adjudicación de baldíos e, incluso, de quienes poseen ese tipo de bienes, pero atado el reconocimiento de la propiedad a una futura adjudicación adelantada en los términos de la ley.

Así las cosas, los actos administrativos demandados, al considerar que los actores no acreditaron el título de propiedad sobre el predio “Manzanares” respetaron en todo la ley sobre la cual se fundaron.

Conforme a lo expuesto, dado que no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos demandados, la Sala no puede hacer cosa distinta a negar las súplicas de la demanda.

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

Falla:

1. Declarar la ineptitud sustantiva de la demanda frente a la resolución 1376 de 1998, en los términos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. En consecuencia, Inhibirse para pronunciarse de fondo sobre esa pretensión.

2. Deniéganse las demás súplicas de la demanda.

3. Sin costas

Cópiese, notifíquese y cúmplase»

1. La norma fue publicada en el Diario Oficial 41.479 del 5 de agosto de 1994. Es preciso recordar que la ley en mención fue derogada expresamente por la Ley 1152 de 2007, que a su vez fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia del C-175 del 18 de marzo de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

2. En reciente pronunciamiento, la Sala reiteró el alcance descrito en está providencia: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 12 de diciembre de 2014, exp. 36.251, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

3. Corte Constitucional, sentencia C-623 del 30 de septiembre de 2015, exp. D-9344, M.P. Alberto Rojas Ríos.

4. Cita original: “Auto del 25 de enero de 2001. Ibídem”.

5. Cita original: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Radicación número: 11001-03-26-000-2001-00048-01 (21138) del 22 de julio de 2009. Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez.

6. Huelga recordar que de acuerdo con el artículo 112 de la Ley 160 de 1994, esta empezó a regir desde el día de su publicación, la cual se produjo el 5 de agosto de ese mismo año, en el Diario Oficial nº 41.479.

7. Esta disposición es concordante con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 50 de la Ley 160 de 1994 que dispone: “La resolución que culmine el procedimiento de clarificación de la propiedad sólo podrá declarar que en relación con el inmueble objeto de las diligencias [1] no existe título originario del Estado, [ii] o que posee título de adjudicación que no ha perdido su eficacia legal, [iii] o que se acreditó propiedad privada por la exhibición de una cadena de títulos debidamente inscritos otorgados por un lapso no menor del término que señalan las leyes para la prescripción extraordinaria, según lo previsto en esta Ley, [iv] o que los títulos aportados son insuficientes, bien porque no acreditan dominio sino tradición de mejoras sobre el inmueble, [v] o se refiere a bienes no adjudicables, o que se hallen reservados, destinados a un uso público, o porque se incurre en exceso sobre la extensión legalmente adjudicable. Cuando se declare que en relación con el inmueble existe propiedad privada, o que salió del patrimonio del Estado, en todo caso quedarán a salvo los derechos, de los poseedores materiales, conforme a la ley civil”.

8. En efecto, es preciso señalar que el inciso tercero del artículo 50 de la Ley 160 de 1994 disponía: “Ejecutoriada la resolución que define el procedimiento y-si-no-se-hubiere formulado demanda de revisión, o fuere rechazada, o el fallo del Consejo de Estado negare las pretensiones de la demanda, se ordenará su inscripción en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria para efectos de publicidad ante terceros”. Sin embargo, los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-623 del 30 de septiembre de 2015, exp. D-9344, M.P. Alberto Rojas Ríos.

9. Ese artículo dispone: “Etapa Previa. Antes de expedir la resolución por la cual se inicia el procedimiento de clarificación de la propiedad, el Instituto dispondrá: 1. El estudio de los documentos que suministren los presuntos propietarios, los interesados en que el procedimiento se adelante y los que se obtengan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 160 de 1994. // 2. La práctica de una visita previa al inmueble, de la cual se dejará constancia en un acta, en la que se consignará el estado de explotación económica y la presencia de otros ocupantes diferentes al presunto propietario, y las demás diligencias que se consideren necesarias para complementar la información, y permitan establecer la viabilidad legal de iniciar las actuaciones administrativas, u otro procedimiento agrario”.

10. Esta notificación se surtió con base en la certificación del 1 de marzo de 1999, expedida por el juez 1º del circuito de Familia de Monteria, solicitada por el Incora, en la cual se consignó que dentro del proceso de sucesión intestada del señor Rigoberto Enrique Santana fueron reconocidos como herederos los actores, entre otros (fls. 55, C, ppal).

11. Sentencia del 21 de septiembre de 1953. Gaceta de la Corte Suprema de Justicia LXXIV. Página 543.

12. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de noviembre de 2006, M.P. Alier Hernández. Exp 1997 — 03437.

13. En su artículo 3º prescribía: “Las tierras baldías se reputan bienes de uso público, y su propiedad no se prescribe contra la Nación, en ningún caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.519 del Código Civil”.

14. Dicha norma establece: “Imprescriptibilidad de los Bienes de uso Público. Los bienes de uso público no se prescriben en ningún caso”.

15. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de noviembre de 1995, exp. 8429, M.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.

16. El texto modificado por el artículo 2 de la Ley 4 de 1973 es el siguiente: “Se presume qué no son baldíos, sino de propiedad privada, los fundos poseídos por particulares, entendiéndose que dicha posesión consiste en la explotación económica del suelo por medio de hechos positivos propios de dueño, como las plantaciones o sementeras, la ocupación con ganados y otros de igual significación económica. // El cerramiento y la construcción de edificios no constituyen por sí solos pruebas de explotación económica pero sí pueden considerarse como elementos complementarios de ella. La presunción que establece este Artículo se extiende, también a las porciones incultas cuya existencia se demuestre como necesaria para la explotación económica del predio, o como complemento para el mejor aprovechamiento de este, aunque en los terrenos de que se trate no haya continuidad o para el ensanche de la misma explotación. Tales porciones pueden ser conjuntamente hasta una extensión igual a la mitad de la explotada y se reputan poseídas conforme a este artículo”.

17. El texto modificado por el artículo 4 de la Ley 4 de 1973 corresponde al siguiente: “Establécese una prescripción adquisitiva del dominio en favor de quien, creyendo de buena fe que se trata de tierras baldías, posea en los términos del Artículo 1 de esta Ley, durante cinco (5) años continuos, terrenos de propiedad privada no explotados por su dueño en la época de la ocupación, ni comprendidos dentro de las reservas de la explotación, de acuerdo con lo dispuesto en el mismo artículo. Parágrafo. Esta prescripción no cubre sino el terreno aprovechado o cultivado con trabajos agrícolas, industriales o pecuarios y que se haya poseído quieta y pacíficamente durante los cinco (5) años continuos y se suspende en favor de los absolutamente incapaces y de los menores adultos”.

18. El artículo 111 de la Ley 160 de 1994 dispuso: “Deróganse las Leyes 34 de 1936, 135 de 1961, 1a. de 1968, 4a. de 1973 salvo los artículos 2o. y 4o., los artículos 28, 29 y 32 de la Ley 6a. de 1975, la Ley 30 de 1988, los Decretos extraordinarios 1368 de 1974 y 1127 de 1988 y las demás disposiciones que sean contrarias a la presente Ley”.

19. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de noviembre de 2006, exp. 13.437 (R-3437), M.P. Alier E. Hernández Enríquez.

20. Cita original: La trascripción se encuentra en Gómez, José J. Régimen de Tierras (Ley 200 de 1936). Universidad Externado de Colombia. Reimpresión. 1983.

21. Cita original: Gómez, José J. Régimen de Tierras (Ley 200, de 1936). Universidad Externado de Colombia. Reimpresión. 1983.

22. Cita original: El artículo 33 de la Ley 200 de 1936 dispuso que entraría a regir 60 días después de su publicación, y ésta se efectuó, en el Diario Oficial número 23388 del 21 de enero de 1937.

23. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 16 de febrero de 2016, exp. 15001-22-13-000-2015-00413-01, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. En esa oportunidad se dijo: “4.1. A la luz de lo preceptuado en los artículos 1º y 2º de la Ley 200 de 1936, se “(...) presume que no son baldíos, sino de propiedad privada (...)” los inmuebles rurales poseídos por particulares, cuando aquéllos son explotados económicamente “(...) por medios positivos propios del dueño, como las plantaciones o sementeras, la ocupación con ganados y otros de igual significación (...)”; asimismo, surge otra presunción en cuanto se suponen baldíos aquellos terrenos agrarios que no son objeto de aprovechamiento “en [esta forma”, precisamente cuando se dio vuelta a la presunción consagrada en el artículo 675 del Código Civil: “(...) Son bienes de la Unión las tierras que estando situadas dentro de los límites territoriales, carecen de otro dueño (...)”. Sin duda, las presunciones mencionadas guardan relevancia para el entendimiento de lo que la ley considera como terreno baldío, pues si el particular lo explota económicamente por medio de hechos positivos, propios de dueño, como las plantaciones y sementeras y otros de igual significación, se ha de entender que es propiedad privada; y si el Estado discute esa calidad tiene que demostrar lo contrario, esto es, acudir a la otra presunción: no se ha explotado económicamente el predio y, por tanto, conserva la condición de bien inculto baldío. La presunción que tiene que ver con los predios rurales que no se reputan baldíos, obliga al Estado a demostrar lo contrario, esto es, que no se dan las circunstancias que la ley exige para tener en cuenta que un fundo es de esa naturaleza”.