Sentencia 2005-00043/34577 de noviembre 20 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 250002326000200500043 01 (34577)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Enrique Rodríguez Nava

Demandante: Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A.

Demandado: Nación - Rama Judicial y otros

Referencia: Acción de reparación directa

Titulación: Acción de reparación directa (D. 01/84)

Tema: Falla en servicio de la administración de justicia (error judicial, defectuoso funcionamiento)

Subtema: Configuración de culpa exclusiva de la víctima

Sentencia.

Sentencia confirma.

Bogotá, D. C., veinte de noviembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Presupuestos materiales de la sentencia de mérito.

2.1.1. Competencia.

6. La naturaleza del asunto, es el factor determinante de la competencia en este caso, debido a que la Ley 270 de 1996 consagró la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda, en el Consejo de Estado, sin consideración a la cuantía(1).

2.1.2. Caducidad de la acción.

La acción de reparación directa, consagrada en el artículo 136.8 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998 –vigente al momento de la ocurrencia de los hechos–, estableció que el término para incoarla es de dos (2) años “contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos”.

En este caso no existe reparo alguno respecto de la caducidad de la acción, pues la demanda fue presentada el 3 de diciembre de 2004, y la providencia de segunda instancia que puso fin al proceso ejecutivo seguido por la Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales de Colombia “Coomeva” en contra de la señora Olga Benilda Niño Carrillo y Edgar Arquímedes Quevedo Garzón, se profirió el 4 de diciembre de 2002, razón por la cual la demanda fue presentada dentro del término de dos años que consagra la Acción de Reparación Directa.

2.1.3. Legitimación en la causa.

La demandante es la Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales de Colombia –“Coomeva”–, persona jurídica a quien se le causo el supuesto daño que se está reclamando a través de la presente acción, por el error judicial y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que se enrostra a las sentencias de primera y segunda instancia, y a las actuaciones secretariales respectivamente, dadas dentro del proceso ejecutivo singular de mayor cuantía, Radicado 96-3043, seguido por ésta contra los señores Olga Benilda Niño Carrillo y Edgar Arquímedes Quevedo Garzón, ante el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de Bogotá. Calidad que acredita con la copia de las respectivas sentencias y el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara y comercio(2), que se aportan al plenario(3).

Así las cosas, puesto que el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio constituye el documento idóneo para acreditar de manera eficaz y suficiente la existencia y debida representación de la persona jurídica que demanda en este caso, se concluye que tanto aquella, como estos, se encuentra legitimada para la causa, por activa.

La demandada en este caso es la Nación –Rama Judicial–, quien es la llamada a controvertir las pretensiones contenidas en la demanda, por ser el sujeto pasivo de la relación jurídico sustancial debatida en este proceso toda vez que los presupuestos de hecho que se aducen en el libelo, se dieron dentro del proceso ejecutivo singular de mayor cuantía, seguido ante el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de Bogotá, por tanto, se encuentra legitimada para la causa, por pasiva.

3. Validez de los medios de prueba.

7. La Sala valorará las copias simples aportadas al proceso con fundamento en lo decidido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de unificación de jurisprudencia proferida el 30 de septiembre de 2014, por cuanto estuvieron a disposición de la parte contra la cual se aducen, sin que fueran tachadas de falsas(4).

4. Hechos probados.

— De conformidad con las pruebas válida y oportunamente allegadas al proceso, se tienen por probados los siguientes hechos relevantes:

— El 22 de mayo de 1996 el Juzgado 25 Civil del Circuito libró mandamiento por la vía ejecutiva en contra de Olga Benilda Niño Carrillo y Edgar Arquímedes Quevedo Garzón y a favor de la demandante Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales de Colombia “Coomeva” por la suma de veinticuatro millones de pesos ($24.000.000.oo) como capital más sus intereses (fl. 6, c. 2).

— El 12 de junio de 1997, se fijó edicto emplazatorio para notificar a los demandados, con la advertencia de designar curador ad litem en el caso de no comparecer. El edicto se desfijó el 10 de julio de 1997 (fl. 7, c 2).

— El 18 de diciembre de 1997 el Juzgado en mención ordenó seguir adelante con la ejecución (fl. 11, c 2).

— El 23 de enero de 1998, la demandada Olga Benilda Niño Carrillo presentó incidente de nulidad por indebida notificación (fls. 12-14, c. 2 y 376-378 c. 3), dado que a pesar de que corrían los términos del emplazamiento desde el 12 de junio hasta el 10 de julio de 1997, el expediente entró al despacho el 18 de junio para darle trámite a una petición de copias y salió del mismo el 23 de junio de 1997.

— El 18 de julio de 1997 se designó curador ad litem, quien se notificó del mandamiento de pago el 22 de octubre del mismo año (fl. 320, c 5).

— El 12 de febrero de 1998, el Juzgado 25 Civil del Circuito remitió el proceso al Tribunal Superior de Bogotá para proveer el grado jurisdiccional de consulta contra la sentencia de primera instancia que ordenó seguir adelante la ejecución (fl. 15, c. 2).

— El 7 de julio de 1998, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá ordenó devolver el expediente al Juzgado 25 Civil del Circuito para que procediera a resolver el incidente de nulidad presentado por la señora Olga Benilda Niño Carrillo (fl. 17, c. 2).

— El 22 de septiembre de 1998, el Juzgado de conocimiento declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del edicto emplazatorio y tuvo por notificada por conducta concluyente a la señora Olga Benilda Niño Carrillo desde el 23 de enero de 1998.

— El 1º de octubre de 1998 Coomeva presentó recurso de apelación contra el proveído que resolvió el incidente de nulidad. El recurso fue concedido el 6 de octubre de 1998 (fls. 384-387 y 388, c 3).

— El 10 de febrero de 1999, el juzgado ordenó la expedición de copias con el fin de surtir el recurso concedido (fl. 389, c. 3).

— El 10 de mayo de 1999, el juzgado declaró desierto el recurso de apelación, dado que la parte demandante Coomeva no suministró las expensas necesarias para expedir las copias (fl. 390, c. 3).

— El 6 de octubre de 1999, se ordenó el secuestro del automotor identificado con placas SEB-062, sobre el cual el señor Edgar Arquímedes Quevedo Garzón tenía una cuota parte (fl. 8, c. 2).

— El 2 de septiembre de 1999, el señor Edgar Arquímedes Garzón propuso excepción de prescripción de la acción cambiaria (fls. 21-26, c. 2).

— El 21 de junio de 2002, el referido Juzgado profirió sentencia declarando probada la excepción de prescripción de la acción cambiaria, dio por terminado el proceso respecto del señor Edgar Arquímedes Quevedo Garzón, ordenó el desembargo de la totalidad de los bienes de éste y condenó a la parte demandante a pagar a favor del referido señor los perjuicios sufridos con ocasión de las medidas cautelares y del trámite del proceso. Por otro lado, ordenó seguir adelante la ejecución en contra de la señora Olga Benilda Niño Carrillo y se ordenó el remate de los bienes de ésta previo avalúo de los embargados. Así mismo, ordenó la liquidación del crédito y la condenó al pago de las costas del proceso (fls. 27-34, c. 2).

— El 5 de diciembre de 2002, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó la sentencia de primera instancia (fls. 36-52, c. 2).

— El señor Edgar Arquímedes Quevedo Garzón presentó incidente de liquidación de perjuicios contra la parte actora por los presuntos perjuicios ocasionados con el embargo y secuestro del vehículo de servicio público identificado con placas SEB- 062 (fls. 53-78, c. 3).

— El 14 de octubre de 2004, el perito Alonso Duque González presentó dictamen pericial con el fin de avaluar los supuestos perjuicios padecidos por el señor Quevedo Garzón (fls. 9-93, c. 2).

5. Problema jurídico.

9. Se circunscribe a determinar si hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por error judicial y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, debido a los supuestos daños causados a los demandantes por cuenta de las determinaciones adoptadas por autoridades judiciales en el proceso ejecutivo adelantado por la Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales de Colombia “Coomeva” en contra de la señora Olga Benilda Niño Carrillo y Edgar Arquímedes Quevedo Garzón. Para lo cual se deberá analizar si se encuentra acreditado cada uno de los elementos del juicio de responsabilidad.

6. Análisis de la Sala.

6.1. La responsabilidad del Estado por la actividad jurisdiccional.

El artículo 90 de la Constitución prescribe que la responsabilidad extracontractual del Estado tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública(5) tanto por la acción, como por la omisión.

En ese orden, para determinar la responsabilidad del Estado corresponde en primera medida encontrar probado el daño, pero este necesariamente debe ser antijurídico, de lo contrario, o si este no deviene en antijurídico, de entrada se descarta la posibilidad de estudiar la imputación como segundo elemento, y por ende, la responsabilidad del Estado.

En cuanto al daño antijurídico, no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima. La concepción de daño antijurídico se entiende a partir de la consideración de que quien lo sufre no está obligado a soportarlo.

La concepción de este elemento de la responsabilidad del Estado, contenida en el artículo 90 de la C.N., se evidencia permeada por la doctrina española, pues permite considerar que existe daño antijurídico cuando se cause un detrimento patrimonial que carezca de título jurídico válido y que exceda el conjunto de las cargas que normalmente debe soportar el individuo en su vida social, recordando así que se desplaza el fundamento de la responsabilidad administrativa, del concepto subjetivo de la antijuridicidad de la acción del Estado al concepto objetivo de la antijuridicidad producido por ella.

El profesor García de Enterría, en su libro “Los principios de la nueva ley de expropiación forzosa” define la lesión –la cual considera diferente al perjuicio, pues este es un concepto económico o material, al paso que la lesión sería el perjuicio antijurídico que es un concepto jurídico– como aquel “que el titular del patrimonio considerado no tiene el deber jurídico de soportarlo, aunque el agente que lo ocasione obre él mismo con toda licitud”. Más adelante señala: “La calificación de un principio en justo o injusto depende de la existencia o no de causas de justificación –civil– en la acción personal del sujeto a quien se impute tal perjuicio. La causa de justificación ha de ser expresa y concreta y consistirá siempre en un título que legitime el perjuicio contemplado.

Fuera de esta hipótesis, todo perjuicio o detrimento patrimonial imputable a un sujeto (a una Administración en nuestro caso) será una lesión, un perjuicio injusto, que por la propia virtualidad de esa última nota, tenderá a su reparación, generando un deber de resarcimiento, que es en lo que se concreta la responsabilidad civil”(6).

En este sentido el Consejo de Estado se ha pronunciado, en los siguientes términos:

[P]orque a términos del artículo 90 de la Constitución Política vigente, es más adecuado que el juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para, en un momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona de derecho público.

La objetivización del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional, como lo ha repetido en diversas oportunidades la Sala, sugiere que, en lógica estricta, el juez se ocupe inicialmente de establecer la existencia del daño indemnizable que hoy es objetivamente comprobable y cuya inexistencia determina el fracaso ineluctable de la pretensión.

Con anterioridad, el examen judicial de estas controversias, por lo general, enfocaba inicialmente la comisión de una falla del servicio, conducta consecuente con el concepto de daño que tradicionalmente se había venido manejando, según el cual la antijuridicidad del daño se deducía de la ilicitud de la causa”(7).

Con posterioridad, sobre el mismo aspecto dijo:

“Como lo ha señalado la Sala en ocasiones anteriores, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa, es la existencia del daño, puesto que si no es posible establecer la ocurrencia del mismo, se torna inútil cualquier otro juzgamiento que pueda hacerse en estos procesos.

En efecto, en sentencias proferidas (…) se ha señalado tal circunstancia precisándose (…) que “es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, esto es, si el mismo puede, o no calificarse como antijurídico, puesto que un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado…” y, por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se han elaborado”(8).

Ahora bien, de conformidad con la jurisprudencia de esta corporación, el daño antijurídico ha sido definido como la lesión, menoscabo, perjuicio o detrimento, patrimonial o extrapatrimonial, de los bienes o derechos de los cuales el titular no tiene el deber jurídico de soportar.

De manera que en cada juicio de responsabilidad extracontractual del Estado, en los términos del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, le corresponde al demandante acreditar o demostrar cada uno de los elementos constitutivos del daño antijurídico, esto es i) la lesión patrimonial o extrapatrimonial del bien jurídico del cual es titular; ii) que la lesión o el menoscabo no se encuentre en el deber jurídico de soportarlo –antijuridicidad–.

Así las cosas, la sola inferencia o afirmación en la demanda acerca de la ocurrencia de un daño, no resulta suficiente para tenerlo como acreditado, en la medida en que resulta necesario e indispensable que el demandante respalde tales afirmaciones con el material probatorio idóneo y suficiente para su comprobación en el proceso.

Se concluye entonces, que se está en presencia de un daño antijurídico, cuando la producción de ese daño no se encuentra justificada por título jurídico válido alguno, es decir, que la administración no está legitimada para causar dicho daño, y por ende el administrado no está en la obligación de soportarlo.

Una vez establecido lo anterior, para cuando se pretende la declaratoria de responsabilidad del Estado originada en el funcionamiento de la administración de justicia, se ha determinado que, “La Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, reguló ampliamente el tema de la responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento de esta rama del poder público y estableció tres supuestos o, como se han denominado jurisprudencialmente, tres títulos jurídicos de imputación bajo los cuales es posible analizar dicha responsabilidad. Ellos son: el error jurisdiccional (art. 67), el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia (art. 69) y la privación injusta de la libertad (art. 68)(9).

De acuerdo con estas normas, el error judicial es aquel que se materializa en una providencia proferida por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, mientras que el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia es un título de imputación de carácter subsidiario que se aplica a todos aquellos eventos en los que los daños cuya indemnización se reclama se derivan de la función jurisdiccional, pero no de lo decidido en providencias judiciales”(10).

6.2. El caso en concreto.

6.2.1. El daño.

Se pretenden que la entidad demandada Rama Judicial, sea declarada administrativamente responsable de los presuntos perjuicios materiales causados a la Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales de Colombia “Coomeva”, con la actuación del Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de Bogotá, y el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, dentro del proceso Ejecutivo Singular de Mayor Cuantía, adelantado por la Cooperativa demandante en contra de Olga Benilda Niño Carrillo y Edgar Arquímedes Quevedo Garzón, por cuanto se considera que se causó a la parte demandante un daño antijurídico que se concretó en el levantamiento de la medida cautelar que pesaba sobre el vehículo de propiedad del señor Quevedo, el cual era la garantía que la entidad tenía para asegurar el capital adeudado. De igual manera se considera que hace parte de este daño, la orden que se dio en la sentencia de liquidar los perjuicios ocasionados a éste con el trámite del proceso ejecutivo, así como con las medidas cautelares adoptadas dentro de mismo y durante el tiempo en que estuvieron vigentes. Daño que se encuentra probado con la copia de las sentencias y demás documentos y actuaciones que se allegaron al proceso y que corresponden a la totalidad del expediente adelantado dentro del proceso ejecutivo y que fue válidamente aportado ante la primera instancia, por parte del Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de Bogotá(11).

6.2.2. La imputación.

El proceso inició mediante demanda ejecutiva la cual correspondió por reparto al Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de Bogotá, que en auto de fecha 22 de mayo de 1996, libró mandamiento de pago en contra de Olga Benilda Niño Carrillo y Edgar Arquímedes Quevedo Garzón y a favor de la demandante Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales de Colombia “Coomeva” por la suma de veinticuatro millones de pesos ($24.000.000.oo) como capital más sus respectivos intereses.

Los demandados fueron emplazados, al no poderse surtir la notificación personal, se les nombró curador ad litem; el 12 de junio de 1997, se fijó edicto emplazatorio siendo desfijado el 10 de julio del mismo año; por su parte el curador ad litem, se notificó del mandamiento de pago el 22 de octubre de 1997.

El día 18 de diciembre de 1997 el juzgado en mención ordenó seguir adelante con la ejecución, y el 23 de enero de 1998, la demandada Olga Benilda Niño Carrillo presentó incidente de nulidad por indebida notificación, por cuanto consideró que esta se configuró debido a que el proceso ingresó al despacho para darle trámite a una petición de copias, sin percatarse de que se suspendió el término del emplazamiento. Luego, el Juzgado 25 Civil del Circuito remitió el proceso al Tribunal Superior de Bogotá para proveer el grado jurisdiccional de consulta contra la sentencia de primera instancia que ordenó seguir adelante la ejecución; sin resolverse lo atinente a la solicitud de nulidad presentada por la demandada Niño Carrillo. Hechos que la parte demandante ha considerado constitutivos de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

El 22 de septiembre de 1998, el juzgado de conocimiento declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del edicto emplazatorio y tuvo por notificada por conducta concluyente a la señora Olga Benilda Niño Carrillo desde el 23 de enero de 1998, al considerar que el curador ad litem estuvo indebidamente designado por violarse los términos que contempla el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil.

Esta decisión fue apelada por la contraparte Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales de Colombia “Coomeva”, y el 10 de febrero de 1999 el Juzgado ordenó la expedición de copias con el fin de surtir el recurso concedido; recurso que luego se declaró desierto ante la desidia de la parte demandante al no cumplir con la carga de suministrar las expensas necesarias para expedir las copias.

Posteriormente el demandado Edgar Arquímedes Garzón presentó excepción de prescripción de la acción cambiaria, la cual fue resuelta mediante sentencia de fecha 21 de junio de 2002, declarando probado el medio exceptivo propuesto, y dando por terminado el proceso respecto de dicho demandado, ordenando el desembargo de la totalidad de los bienes de éste y condenando a Coomeva en costas y perjuicios.

Por otro lado, ordenó seguir adelante la ejecución en contra de la señora Olga Benilda Niño Carrillo y se decretó el remate de los bienes de ésta, previo avalúo de los embargados. Así mismo, ordenó la liquidación del crédito y condenó a la mencionada señora al pago de las costas del proceso.

El 5 de diciembre de 2002, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó la sentencia de primera instancia.

En el caso sub lite, la parte accionante Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales de Colombia “Coomeva”, argumentó que tanto el Juzgado de primera instancia como la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, incurrieron en yerros jurídicos que le ocasionaron un daño antijurídico; dado que en primer lugar el Secretario del Juzgado 25 Civil del Circuito desconoció lo ordenado por el artículo 120 del Código de Procedimiento Civil, cuando ingresó el expediente al despacho para resolver la solicitud de certificación efectuada por un tercero mientras se surtía la fijación del edicto emplazatorio; además el juzgado desatendió lo consagrado en el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, por cuanto remitió el expediente al superior para surtir el grado jurisdiccional de consulta sin resolver el incidente de nulidad que se había presentado por la demandada Olga Niño Carrillo, lo que retrasó el proceso más de 6 meses.

Del mismo modo, expone que se infringió lo previsto por el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil, debido a que el incidente de nulidad se presentó de forma extemporánea, es decir, con posterioridad a la sentencia de primera instancia y por tal razón no debió conocerse de fondo.

Finalmente, señala que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá vulneró el artículo 358 del Código de Procedimiento Civil al confirmar la sentencia de primera instancia, sin percatarse que la nulidad había beneficiado a los dos demandados cuando el incidente sólo se presentó por uno sólo de ellos.

Del estudio del caso en concreto, concluye la Sala que la sentencia recurrida debe ser confirmada en su totalidad por las razones que pasan a exponerse.

En primer lugar, debe anotarse que si bien en el proceso ejecutivo seguido por Coomeva en contra de los señores Olga Benilda Niño Carrillo y Edgar Arquímedes Quevedo Garzón, existieron algunas irregularidades, tales como el ingreso al despacho del expediente, mientras se surtía el término del emplazamiento de la demandada Olga Benilda Niño Carrillo, dicha circunstancia fue la que precisamente se corrigió en el auto que decretó la nulidad del proceso por indebida notificación, toda vez que afectaba el derecho de defensa de la demandada y no es cierto como lo expone la parte demandante que la oportunidad para alegar la nulidad había fenecido por la expedición de la sentencia de seguir adelante la ejecución, pues el artículo 142 del Código Procedimiento Civil modificado por el artículo 1º, numeral 82 del Decreto 2282 de 1989, vigente para la época de los hechos, claramente indica que:

“Oportunidad y trámite. Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias, antes de que se dicte sentencia, o durante la actuación posterior a ésta si ocurrieron en ella.

La nulidad por no interrupción del proceso en caso de enfermedad grave, deberá alegarse dentro de los cinco días siguientes al en que haya cesado la incapacidad.

La nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma, podrá también alegarse durante la diligencia de que tratan los artículos 337 a 339, o como excepción en el proceso que se adelante para la ejecución de la sentencia, o mediante el recurso de revisión si no se alegó por la parte en las anteriores oportunidades. La declaración de nulidad sólo beneficiará a quien la haya invocado, salvo cuando exista litisconsorcio necesario.

Dichas causales podrán alegarse en el proceso ejecutivo donde ocurran, mientras no haya terminado por el pago total a los acreedores, o por causa legal. 

La solicitud se resolverá previo traslado por tres días a las otras partes, cuando el juez considere que no es necesario la práctica de alguna prueba que le haya sido solicitada y no decreta otra de oficio; en caso contrario se tramitará incidente.

La nulidad originada en la sentencia que ponga fin al proceso, contra la cual no proceda recurso, podrá alegarse también en la oportunidad y forma consagradas en el inciso 3º”. (Negrillas fuera del texto)

De esta manera, en tratándose de procesos ejecutivos es bien sabido que la sentencia de seguir adelante la ejecución, no termina el proceso, pues es precisamente en ese momento donde inicia la verdadera ejecución; razón por la cual el artículo 42 del Código de Procedimiento Civil es sabio al indicar que las nulidades pueden invocarse mientras no haya terminado el proceso por pago total de la obligación u otra causa legal.

En este caso, es claro que la providencia en la cual se aduce el error judicial, es el auto interlocutorio de fecha 22 de septiembre de 1998 mediante el cual el Juzgado 25 Civil del Circuito de Bogotá, declaró la nulidad de todo lo actuado por indebida notificación, y esta decisión de acuerdo a lo expuesto en precedencia, se tomó para resolver la solicitud de nulidad propuesta dentro del término establecido en la norma.

El actor alega de igual manera que se generó un retardo injustificado por cuanto el juzgado remitió el expediente para que se surtiera el trámite de consulta, sin haber resuelto previamente la solicitud de nulidad, lo que retardó la actuación poco más de seis meses. Circunstancia que en el sentir de la Sala no tiene incidencia alguna toda vez que si la solicitud de nulidad se hubiese resuelto de manera inmediata, para ese momento –23 de enero de 1998–, ya había trascurrido un término mayor a los 120 días que establecía el artículo 90 del CPC, para que operara la interrupción de la prescripción, habiéndose generado entonces el fenómeno prescriptivo desde el 30 de agosto de 1997, ya que la interrupción solo se habría surtido a partir de la notificación y esta se entendía no surtida, dada la causal de nulidad.

Ahora, no sobra advertir que el título ejecutivo se hizo exigible el 30 de agosto de 1994, la demanda fue presentada en la oficina de reparto el diecisiete (17) de mayo de mil novecientos noventa y seis (1996), pasó al despacho el 22 y ese mimos día se libró el mandamiento de pago, que fue notificado al ejecutante por estados del 24 del mismo mes y año, y sólo hasta el veinticuatro (24) de septiembre de mil novecientos noventa y seis (1996) se pagaron las expensas para que surtiera la notificación, esto es, 4 meses después. Inmediatamente a que se aportó el pago de las expensas, el juzgado procedió a intentar la notificación personal a los demandados, la cual no fue posible lograr y se tuvo que proceder a nombrar curador ad litem para que se surtiera con éste y así garantizar el derecho de defensa y el debido proceso. El curador se notificó el veintidós (22) de octubre de mil novecientos noventa y siete (1997)(12), es decir, que contando incluso el término para aplicar la prescripción, desde el momento en que fue notificado el demandado por medio de curador ad litem, esta ya había operado, por cuanto los 120 días para notificar e interrumpir la prescripción, irían hasta el veinte (20) de noviembre de mil novecientos noventa y seis (1996), y la prescripción operó el treinta (30) de agostó de mil novecientos noventa y siete (1997).

Además, tal como lo determinó el ad quo, en este caso se presentó la causal exonerativa de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, pues Coomeva a pesar de haber recurrido el auto que nulitó lo actuado en el proceso ejecutivo, no aportó las expensas necesarias para la concesión del recurso y por tal motivo fue declarado desierto, con lo cual fue negligente en su litigio.

El artículo 67 de la Ley 270 de 1996, indica:

“PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.

2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme” (negritas nuestras)

Por su lado el artículo 70 ibidem, indica:

“CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”. (Subrayado propio)

De esta manera para que se configure el error jurisdiccional es necesario que previamente el afectado haya interpuesto los recursos de ley, pues de otra manera, el Estado se exonera de responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima. Sobre el particular, esta Sección se ha pronunciado de la siguiente forma:

“Conforme a lo expuesto, se tiene que en el caso concreto, el señor Bernabé Piza Piza, no interpuso, como tercero interesado, los recursos de ley contra las decisiones en que fundamenta el daño causado por la administración de justicia, dentro de los ejecutivos seguidos en los juzgados 19 y 49 Civiles Municipales de Bogotá, pese a haber actuado dentro de los mismos, incluso por intermedio de apoderado judicial, tal como quedó demostrado de todo el acervo probatorio allegado al expediente, simplemente se limitó a presentar derechos de petición.

“Así las cosas, no sólo se incumple uno de los requisitos establecidos por la Ley Estatutaria de Administración de Justicia para que se configure el error jurisdiccional, sino que la conducta desplegada por el actor constituye, en los términos del artículo 70 de la Ley 270 de 1996, una culpa exclusiva de la víctima y, por tanto, al respecto, habrá lugar a exonerar de responsabilidad al Estado(13) (Negrillas fuera de texto).

En esos términos, el haber dejado que se declarara desierto el recurso de apelación interpuesto contra el auto que había declarado la nulidad de lo actuado y que revivió la notificación del mandamiento de pago para los dos ejecutados, tiene en sí, los mismos efectos de cuando no se interponen los recursos de ley; por cuanto, declarar desierto el recurso de apelación corresponde a una sanción al recurrente cuyas acciones u omisiones permiten que el juez de primera instancia entienda que éste nunca fue interpuesto.

Finalmente la parte accionante, cuestiona las sentencias de primera y segunda instancia que declararon la prescripción de la acción cambiaria respecto del demandado Edgar Arquímedes Quevedo Garzón, pues argumenta que la nulidad que benefició a la señora Olga Benilda Niño Carrillo no debió extenderse al señor Quevedo Garzón, quien fue debidamente notificado dentro del término de interrupción de que trata el artículo 90 del CPC(14), razón por la cual, sino se hubiera declarado nula dicha notificación, no habría prosperado la excepción de prescripción.

Sobre el particular considera la Sala que el tema de la nulidad de la notificación del mandamiento de pago, debió debatirse cuando se profirió el auto de fecha 22 de septiembre de 1998, que declaró la nulidad de lo actuado incluyendo la notificación realizada a los demandados, siendo la sentencia la oportunidad procesal para resolver las excepciones planteadas, razón por la cual del estudio de estas piezas procesales, no se advierte el error judicial alegado por la parte demandante.

En la sentencia de primera instancia se determinó que el demandado Edgar Arquímedes Quevedo Garzón, fue notificado efectivamente del mandamiento de pago el día 9 de septiembre de 1999, cinco años después de la fecha de exigibilidad del título valor (pagaré) el 30 de agosto de 1994, razón por la cual operó el fenómeno de la prescripción de la acción cambiaria consagrada en el artículo 789 del Código de Comercio, así mismo la presentación de la demanda ejecutiva no interrumpió civilmente dicha figura(15), pues la notificación del demandado no se surtió dentro de los 120 días siguientes a la notificación del mandamiento de pago a la parte demandante, la cual se surtió por estado.

Por último, si su inconformidad con la sentencia de primera instancia, así como con las actuaciones surtidas a lo largo del proceso ejecutivo, se fundan en que no debió declararse la nulidad de lo actuado a partir de la notificación del mandamiento de pago, y menos aún, que dicha nulidad podía cobijar al señor Quevedo toda vez que éste no la alegó y de acuerdo con las normas procesales – artículo 140 y s.s. del CPC vigente para la época de los hechos–, no podía verse beneficiado de ella; debió plasmarlo en la alzada y darlas a conocer a la segunda instancia para que se pronunciara sobre estas. No obstante, al revisar el escrito de apelación que obra a folios 399 a 405, C 5 del expediente, nada se dijo al respecto, pues todo su argumento se centró en cuestionar la manera como el juzgado había contabilizado el término de los ciento veinte (120) días para efectos de interrumpir la prescripción, el cual consideró que no corre ininterrumpidamente por cuanto se debe tener en cuenta las entradas al despacho y las actuaciones surtidas por éste. Por lo demás, argumentó que debió tenerse al demandado, notificado por conducta concluyente toda vez que ya se había presentado en fechas anteriores, poder otorgado por éste.

De otra parte, cuando se corrió traslado de las excepciones propuestas por el señor Quevedo Garzón, la parte ejecutante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra este auto(16), escrito en el cual su limitó igualmente a argumentar que, el demandado debió tenerse notificado por conducta concluyente, toda vez que en varias oportunidades anteriores a la notificación personal, se presentaron varios poderes otorgados por éste, haciendo referencia al primero de ellos que se presentó el 3 de agosto de 1998, sin que se diese algún otro argumento de inconformidad.

Al respecto, es válido precisar que aunque se hubiese surtido la notificación por conducta concluyente incluso, desde que se presentó el primer poder otorgado por el demandado –3 de agosto de 1998–, el fenómeno de la prescripción habría operado teniendo en cuenta que los 120 días establecidos en el artículo 90 del CPC, para que se surtiera la notificación y así interrumpir ésta, se vencían en todo caso, el veinte (20) de noviembre de mil novecientos noventa y seis (1996), y la prescripción se configuró el treinta (30) de agosto de mil novecientos noventa y siete (1997).

Finalmente, es importante resaltar que el análisis de las providencias respecto de las cuales se juzga la comisión de error judicial no puede afectar la cosa juzgada, por ende el proceso contencioso administrativo no constituye una instancia adicional en la que se reevalúen los hechos, pretensiones y pruebas del proceso dentro del cual fue proferida la providencia enjuiciada(17). Por el contrario en el proceso contencioso de responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial se busca indemnizar daños antijurídicos causados por una providencia judicial por lo que el estudio se limita a “la verificación de la existencia de motivación jurídica y probatoria que justifique adecuadamente la decisión, sin que haya lugar a pronunciamientos acerca de si comparte o no las motivaciones realizadas por el funcionario judicial”(18).

Por todo lo expuesto, hay lugar a denegar las pretensiones de la demanda, pues no se configuró error judicial ni defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, en la actuación del Juzgado 25 Civil del Circuito de Bogotá, ni en la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, en el trámite del proceso ejecutivo seguido por Coomeva contra los señores Edgar Arquímedes Quevedo Garzón y Olga Benilda Niño Carrillo, y sí por el contrario se configuró la culpa exclusiva de la víctima, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, en consecuencia la sentencia recurrida será confirmada.

No hay lugar a la imposición de costas debido a que ninguna de las partes observó una conducta dilatoria o de mala fe dentro de la actuación surtida dentro de este proceso, conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, vigente para la época de los hechos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia de cuatro (4) de julio de dos mil siete (2007), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 Para tal efecto puede consultarse el auto de 9 de septiembre de 2008 proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C. P. Mauricio Fajardo Gómez, Expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

2 Artículo 117 del Código de Comercio.

3 Folios 1-5, 27-34, 36-52, cuaderno 3 de pruebas.

4 Sentencia de 30 de septiembre de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2007-01081-00, C. P. Alberto Yepes Barreiro. El pleno de la Sección Tercera había unificado su jurisprudencia en el mismo sentido en sentencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, C. P. Enrique Gil Botero.

5 Conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Carta Política “los elementos indispensables para imputar la responsabilidad al estado son: a) el daño antijurídico y b) la imputabilidad del Estado”. Sentencia de 21 de octubre de 1999, Exps.10948-11643. Es, pues “menester, que además de constatar la antijuridicidad del [daño], el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídico distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, ‘la imputatiojuris’ además de la ‘imputatiofacti’”. Sentencia de 13 de julio de 1993.

6 García De Enterría, Eduardo. Obra citada. Págs. 176 y 177.

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de septiembre de 1993. Expediente 6144. M. P. Juan de Dios Montes.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2002. Expediente 12625. M. P. Germán Rodríguez Villamizar.

9 “Artículo 65. De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales. // En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad. // Artículo 66. Error jurisdiccional. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley. // Artículo 67. Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos. // 1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial. // 2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme. // Artículo 69. Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación. // Artículo 70. Culpa exclusiva de la víctima. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

10 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de fecha 1º de agosto de 2016. M. P. Danilo Rojas Betancourth. Exp. 37972.

11 Cuadernos 2 y 3 del expediente.

12 Folio 329 cuaderno de pruebas 5

13 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de fecha 11 de julio de 2013, M. P. Olga Mélida Valle de De la Hoz, Exp. 26.021.

14 “Texto modificado por el decreto 2282 de 1989:
ARTÍCULO 90. La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de aquélla, o el de mandamiento ejecutivo, en su caso, se notifique al demandado dentro de los ciento veinte días siguientes a la notificación al demandante de tales providencias, por estado o personalmente. Pasado este término, los mencionados efectos sólo se producirán con la notificación al demandado.
La notificación del auto admisorio de la demanda en procesos contenciosos de conocimiento produce el efecto del requerimiento judicial para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo exija para tal fin, si no se hubiere efectuado antes”.
Si fueren varios los demandados y existiere entre ellos Litis consorcio facultativo, los efectos de la notificación a los que se refiere este artículo, se surtirán para cada uno separadamente, salvo norma sustancial o porcentual “sic- procesal” en contrario. Si el litis consorcio fuere necesario, será indispensable la notificación a todos ellos para que se surtan dichos efectos”.

15 Art. 90 CPC vigente para la época de los hechos.

16 Folios 167 y 168, cuaderno de pruebas 6.

17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 2 de mayo de 2007, Expediente 15576.

18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 26 de mayo de 2016, Expediente 40297.