Sentencia 2005-00044/42098 de octubre 12 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Radicación: 41001-23-31-000-2005-00044-01 (42098)

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Ricardo Gómez Manchola y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional y otros

Referencia: Acción de reparación directa - Apelación sentencia

Bogotá, D.C., doce de octubre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

10. El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto, en razón de los recursos de apelación interpuestos por las partes, en un proceso con vocación de segunda instancia, dado que la cuantía de la demanda, determinada por la sumatoria de todas las pretensiones, supera la exigida por la norma para el efecto(7).

10.1. Ahora bien, teniendo en cuenta que la sentencia de primera instancia solo fue apelada por algunos de los demandantes y por todas las entidades demandadas que resultaron condenadas, es decir, por algunos litisconsortes facultativos, y no por la totalidad de las partes en litigio, la competencia de la Sala no es ilimitada, sino que, de conformidad con lo dispuesto en la primera parte del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil(8), se circunscribe a las inconformidades manifestadas por los apelantes, teniendo en cuenta que, como lo consagra el artículo 50 del Código de Procedimiento Civil, los actos de cada uno de los litisconsortes facultativos no pueden redundar “en provecho ni en perjuicio de los otros, sin que por ello se afecte la unidad del proceso”, lo que no obsta para que, como resultado de la actuación procesal de uno de los litisconsortes, se afecte favorable o desfavorablemente la situación sustancial de los demás.

10.2. Es de recordar que, como ha sostenido la Sección Tercera de esta corporación(9), la competencia del ad quem está determinada por los motivos de insatisfacción manifestados por quienes fueron apelantes y de la premisa “la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante”, no se sigue una autorización al juez de segundo grado para hacer el escrutinio y determinar libremente qué es lo desfavorable al recurrente pues, a renglón seguido, la norma establece una segunda prohibición complementaria, según la cual no podrá el ad quem enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso; lo que no excluye el que, como también se ha sostenido, si la apelación se interpuso en relación con un aspecto global de la sentencia, por ejemplo, la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada, el ad quem tenga competencia para pronunciarse sobre cada uno de los elementos que la constituyen y, a su vez, sobre la liquidación de perjuicios que se deriva directamente de ella. Tal como lo afirmó explícitamente la Sala Plena de la Sección Tercera en la sentencia de unificación, “es asunto de lógica elemental que ‘el que puede lo más, puede lo menos’”(10), por lo que carecería de sentido afirmar que no es posible modificar en favor de la parte que solicitó expresamente que se le exonerara de responsabilidad, la liquidación de perjuicios efectuada en primera instancia.

10.3. Así las cosas, la Sala se abstendrá de revisar las decisiones del Tribunal Administrativo del Huila que no fueron apeladas, en particular, aquellas consistentes en declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio de Neiva y en denegar algunos de los perjuicios que fueron solicitados en las demandas o de reconocerlos, pero en cuantías inferiores a lo pretendido por los actores.

II. Validez de los medios de prueba

11. En relación con las pruebas obrantes en el presente asunto, cabe señalar lo siguiente:

11.1. Los recortes de prensa serán apreciados en consideración a que en la sentencia de 14 de julio de 2015 la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado amplió, en los siguientes términos, la regla fijada en la sentencia de 29 de mayo de 2012(11) acerca de su valor probatorio:

La regla general que se ha venido aplicando desde 2012 por esta corporación, señala que los reportajes, fotografías, entrevistas, crónicas, noticias que aparecen en los diversos medios de comunicación tiene valor probatorio si en conjunto con otros medios de prueba, permiten determinar o corroborar hechos alegados en el respectivo proceso.

Por sí solos, entonces, solo sirven para determinar que un hecho se registró, sin que puedan tenerse como prueba de lo que en ellos se dice reproducir(12).

(...).

Es decir, hasta la fecha se ha diferenciado entre la publicación en sí misma considerada y lo que en ella se divulga, para restarle valor probatorio a lo que en ella se registra sino está acompañada de otros medios probatorios.

(...).

La regla expuesta será reiterada por la Sala Plena contenciosa en esta ocasión, pero a partir de esta decisión, aquella será complementada en estos dos eventos: i) cuando en dichos medios se reproducen hechos públicos y/o notorios y ii) cuando en ellos se reproducen declaraciones y/o manifestaciones de servidores públicos, v. gr. Congresistas, Presidente de la República, ministros, alcaldes, gobernadores, etc.

Estas excepciones son las mismas que introdujo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia(13) y que en razón de su relevancia e importancia, serán acogidas por la Sala Plena de lo contencioso a partir de esta decisión.

En efecto, según el criterio de ese órgano de justicia, cuando en dichos medios se recojan hechos públicos o notorios, declaraciones o manifestaciones públicas de funcionarios del Estado, estos deben ser valorados, razón por la que su inserción en el respectivo medio de comunicación es una prueba del hecho y no simplemente de su registro.

(...).

En el primer caso, es decir, frente a los hechos públicos y/o notorios, no requieren ser probados en los términos de los artículos 176 del Código de Procedimiento Civil y 167 del Código General del Proceso, razón por la que el registro noticioso servirá simplemente como una constatación gráfica de lo que es conocido por la comunidad.

(...).

El aporte de medios de prueba en donde el hecho notorio y/o público fue registrado, le permitirá al juez contar con mayores elementos de convicción, sin que ello implique que el hecho requería de prueba, pues, se repite, su apreciación o cognición por una generalidad, hace innecesaria su prueba.

En el caso de las declaraciones o manifestaciones de los servidores públicos divulgadas, reproducidas y/o transmitidas en los diferentes medios de comunicación, en razón de la investidura y de su posición en la sociedad, tendrán que ser desvirtuadas.

En otros términos, estos serán valorados conforme a las reglas previstas para las pruebas documentales. Por tanto, esas declaraciones o manifestaciones públicas, recogidas o registradas en diversos medios de comunicación darán fe de su contenido, sin perjuicio de su contradicción por parte de quien en su contra se aducen.

De esta manera, la Sala Plena contenciosa adiciona y complementa la postura que, hasta la fecha de esta decisión, solo reconocía a los reportajes, entrevistas, crónicas registradas en los diferentes medio de comunicación valor probatorio si, en conjunto con otras pruebas, le permitían al funcionario judicial llegar a la convicción sobre la veracidad del hecho registrado en ellos(14).

11.2. Las declaraciones rendidas por los señores Gloria Briñez Cuéllar, José Adán Rodríguez Rojas, Jaime Enrique Gómez Manchola y Gustavo Polanco no serán desestimados pese a que, conforme a lo previsto en el artículo 217 del CPC, bien pueden considerarse sospechosas en atención a la relación de parentesco que existe entre los declarantes y los actores Jaime Briñez Cuéllar, Aníbal Rodríguez Rojas y Ricardo Gómez Manchola. Lo procedente es apreciarlas con mayor severidad y contrastar su contenido con otros medios de prueba a fin de establecer si gozan de solidez y confiabilidad, tal como lo ha señalado esta Subsección(15) en observancia del criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia:

La ley no impide que se reciba la declaración de un testigo sospechoso, pero la razón y la crítica del testimonio aconsejan que se le aprecie con mayor severidad que al valorarla se someta a un tamiz más denso de aquel por el que deben pasar las declaraciones de personas libres de sospecha.

Cuando existe un motivo de sospecha respecto del testigo, se pone en duda que esté diciendo la verdad al declarar; se desconfía de su relato o de que sus respuestas correspondan a la realidad de lo que ocurrió; se supone que en él pesa más su propio interés en determinado sentido que prestar su colaboración a la justicia para esclarecer los hechos debatidos. El valor probatorio de toda declaración de un testigo sospechoso de antemano se haya contrarrestado por la suposición de que sus afirmaciones sean no verídicas y por consiguiente, por sí sola, jamás pueden producir certeza en el juez(16).

11.3. Los conceptos rendidos por el departamento de psicología de la Universidad Nacional y por la Fundación País Libre, los cuales hacen parte del expediente de tutela T-620041 de la Corte Constitucional, que dio lugar a la expedición de la Sentencia T-520 de 2003 (fls. 559-573, cdno. 4), serán apreciados por la Sala debido a que fueron trasladados por orden del Tribunal Administrativo del Huila (fl. 365, cdno. 4) y han obrado a lo largo de todo el proceso surtiendo el principio de contradicción.

11.4. Finalmente, las declaraciones de renta serán admitidas como prueba del lucro cesante causado a los demandantes en aplicación del artículo 10 de la Ley 58 de 1982, que establece que “[p]ara la tasación de los perjuicios en acciones indemnizatorias contra el Estado deberá examinarse la concordancia entre los daños alegados y la declaración de renta de las personas vinculadas a la controversia”.

III. Hechos probados

12. De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso, se tienen probados los siguientes hechos relevantes:

12.1. En ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 418 de 1997, el 14 de octubre de 1998, el Gobierno Nacional expidió la Resolución 85 de esa fecha, mediante la cual dispuso lo siguiente (copia auténtica de la resolución —fl. 470, cdno. 4—):

ART. 1º—Declarar abierto el proceso de diálogo con la organización Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.

ART. 2º—Reconocer carácter político a la organización mencionada.

ART. 3º—Con el exclusivo fin de llevar a cabo las conversaciones de paz con representantes del gobierno y voceros y representantes de las FARC, a partir del 7 de noviembre de 1998 y hasta el 7 de febrero de 1999, estáblecese una zona de distensión en los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Vista Hermosa, municipios estos del departamento del Meta y San Vicente del Caguán, zonas en las cuales regirán los efectos del inciso 5º del parágrafo 1º del artículo 8º de la Ley 418 de 1997, en relación con las personas que intervengan legalmente en dichas conversaciones.

12.2. La vigencia de la zona de distensión fue prorrogada sucesivamente a través de resoluciones 7 de 5 de febrero de 1999, 32 de 7 de mayo de 1999, 39 de 4 de junio de 1999, 92 del 1º de diciembre de 1999, 19 de 6 de junio de 2000, 101 de 6 de diciembre de 2000, 4 de 31 de enero de 2001, 5 de 4 de febrero de 2001, 19 de 9 de febrero de 2001, 118 del 7 de octubre de 2001 y 14 del 20 de enero de 2002. Finalmente, el 20 de febrero de 2002, mediante la Resolución 32, el Gobierno Nacional decretó su terminación.

12.3. El 26 de julio de 2001, aproximadamente a las 11:00 p.m., un grupo de guerrilleros pertenecientes a la columna móvil Teófilo Forero de las FARC, llegó hasta el edificio Torres de Miraflores ubicado en el centro del municipio de Neiva vistiendo uniformes y emblemas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Simulando un allanamiento, consiguieron que el celador les permitiera el ingreso a la edificación (testimonio del señor José Albertano Valencia —fls. 801-816, cdno. 4—; “Así se ejecutó el plagio de Miraflores”, nota de prensa publicada el 13 de septiembre de 2001 en el Diario del Huila, p. 8A —fl. 55, cdno. 5—).

12.4. Una vez adentro, los guerrilleros violentaron con explosivos y golpes las puertas de los apartamentos y lista en mano obligaron a algunos de sus moradores a descender por la escalera hasta el primer piso, donde los esperaban varios vehículos, que se vieron forzados a abordar. En su huida, los guerrilleros y los secuestrados recorrieron la avenida La Toma, la carrera segunda y la avenida circunvalar para luego tomar la vía al corregimiento El Caguán (testimonios del señor José Albertano Valencia —fls. 801-816, cdno. 4—; Jorge Armado Flórez —fl. 698, cdno. 4, CD 5 minuto 2:00-2:55—; Rafael Cruz Rivera —fls. 777-784, cdno. 4—; sentencia proferida el 30 de enero de 2009 por el Juzgado Segundo Penal Especializado de Neiva —fl. 179 y ss., cdno. 1—; “La horrible noche de Miraflores”, nota de prensa publicada en el diario La Nación el 22 de julio de 2002 —fl. 55, cdno. 5—).

12.5. La toma al edificio Miraflores se extendió por espacio de veinticinco minutos, aproximadamente. Durante este tiempo, los guerrilleros no enfrentaron ninguna reacción de las autoridades policiales o militares pese a que algunos vecinos del lugar se comunicaron telefónicamente con ellas para alertarlas de lo que estaba ocurriendo y a que la sede de la Novena Brigada del Ejército y el comando de la policía de Neiva se ubicaban a pocas cuadras de la edificación (testimonios de Carmen Mariana Castrillón CD 3 minuto 25:43-26:40, 30:00-31:45; José Albertano Valencia —fls. 810-816, cdno. 4—; Hernando Perfetti Castrillón —fls. 847.853, cdno. 3—; Hernando Falla Duque CD 1 minuto 3:40-5:30, 26:52-27:32; Jorge Armado Flórez —fl. 698, cdno. 4, CD 5 minuto 2:00-2:55—).

12.6. En su huida los guerrilleros dispararon indiscriminadamente contra personas y bienes de carácter civil, lo cual no solo creó gran confusión, sino que también dejó varias personas heridas y pérdidas materiales. Igualmente, atacaron con disparos de armas de largo alcance a una patrulla policial que casualmente se encontraba cerca del lugar, pero cuyos dos integrantes, armados únicamente con sus revólveres de dotación, no pudieron hacer nada para evitar el secuestro masivo ya que fueron superados ampliamente por los guerrilleros en número y poderío bélico (testimonios de los patrulleros de la Policía Nacional Luis Ernesto Savid y Libardo Quinaya Caviedes —fls. 13-18, cdno. 3—; testimonio del agente José Ulises Benavidez —fl. 698, cdno. 4, CD 5 minuto 3:30: 5:20—; sentencia proferida el 30 de enero de 2009 por el Juzgado Segundo Especializado de Neiva —fl. 179 y ss., cdno. 3—; informe 1931 SI-CTI, elaborado por el jefe de la sección investigativa del CTI Huila —fls. 114-118, cdno. 1—; “La horrible noche de Miraflores”, nota de prensa publicada en el diario La Nación el 22 de julio de 2002 —fl. 55, cdno. 5—).

12.7. En total, los guerrilleros se llevaron a 15 personas, varias de ellas menores de edad. Sin embargo, al llegar a la vereda El Triunfo en el corregimiento de El Caguán, liberaron a seis, quienes al otro día fueron llevados de regreso a Neiva por el Ejército Nacional (“Liberadas cinco personas del Miraflores”, “Escóndanse porque se va a presentar una balacera”, notas de prensa publicadas en el diario La Nación el 28 de julio de 2001 —fls. 526, 527, cdno. 4—; “Marcha contra las FARC”, nota de prensa publicada en el Diario del Huila el 28 de julio de 2001 —fl. 55, cdno. 5—; “Estamos vivos de puro milagro”, nota de prensa publicada en el diario El Tiempo el 28 de julio de 2001 —fl. 55, cdno. 5—; sentencia proferida el 30 de enero de 2009 por el Juzgado Segundo Penal Especializado de Neiva —fl. 179 y ss., cdno. 1—).

12.8. Las otras nueve personas que quedaron en poder de los guerrilleros fueron Gloria Polanco de Lozada y sus dos hijos Jaime Felipe y Juan Sebastián Lozada Polanco, Carmen Nancy Ángel Muller, Aníbal Rodríguez Rojas y su hija Natalia Rodríguez Briñez, Jaime Briñez Cuéllar, José Albertano Valencia Falla y Tulio César Gutiérrez Rojas. Todas ellas fueron conducidas después de varias horas de caminatas y desplazamientos motorizados hasta la zona de distensión (testimonio del señor José Albertano Valencia —fls. 801-816, cdno. 4—; “El hotel de la infamia”, nota de prensa publicada en la revista Cambio el 6 de agosto de 2001 —fl. 55, cdno. 5—).

12.9. La liberación de la señora Carmen Nancy Ángel Muller se produjo el 15 de febrero de 2003 (original de la certificación expedida por el fiscal primero delegado especializado de la Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión —fl. 52, cdno. 5—; “Hoy volví a nacer”, nota de prensa publicada en el diario La Nación el 16 de febrero de 2003 —fl. 55, cdno. 5—; “Libre Nancy Ángel. Faltan 6 de Miraflores”, nota de prensa publicada en el Diario del Huila el 16 de febrero de 2003 —fl. 55, cdno. 5—), luego de que su familia aceptó realizar un pago por valor de XXX. Los términos del “acuerdo” fueron negociados con la guerrilla durante varios meses por el señor Jaime Enrique Gómez Manchola, hermano del demandante Ricardo Gómez Manchola (testimonios Ariel Rincón Machado, Luz Elena Liévano Sandovl y Jaime Enrique Gómez —fls. 847-853, cdno. 3; fls. 789-792, 794-796, cdno. 4—):

(...) inicio mi actividad como negociador por pedido de mi Ricardo mi hermano en un acto denigrante, por el trato de cuando íbamos a la zona de distensión de los jefes de la columna Teófilo Forero en cabeza de alias “El Mocho” que fue como los conocí, de “Hierbas”, hay uno que se me escapa el nombre que está detenido que era un jefe del frente, también “Vladimir”, estos sucesos ocurrían una vez en el mes que nos citaba la guerrilla y nos tocaba desplazarnos a zonas de alto riesgo (...). Hubo que realizar muchos viajes que en 16, 17 meses fueron alrededor de 15 veces que subí solo en dos ocasiones o con la mamá de Nancy. Preguntado: Desde que comenzó usted como negociador, cuáles fueron las exigencias de la guerrilla para liberar a Nancy Ángel Muller. Contestó: El primer encuentro que se tuvo con el comandante alias “El Moncho”, segundo comandante de la Teófilo Forero, fue en Paraíso Nuevo en la zona de distensión, allí fuimos atendidos después de 4 horas de estar sentados en manos de insurgentes armados y sin que nos ofrecieran ni un vaso de agua, una vez que nos atendió el comandante alias “El Mocho” el pedido de él en su momento fue de tres millones de dólares, pedido que le dijimos que ni siquiera con el trabajo de toda una vida se podía pagar, igualmente le hicimos el ofrecimiento de llevarles los bienes que tenían Nancy y Ricardo, situación que él descartó argumentando que conocía la situación económica de ellos, una vez le dijimos que reconsiderara el pedido él lo único que hizo fue sonreír y decir que lo único que teníamos que hacer era conseguir el dinero que él pedía y que la reunión había concluido. Preguntado: Cómo fue la última sesión o reunión que llevó al acuerdo para pagar un valor. Contestó: Las negociaciones las iniciamos, al principio era en compañía de la madre de Nancy, Ilce, esto y en otras ocasiones viajaba yo solo, igualmente se empezó a negociar, siempre el modo de ir pidiendo e ir bajando las pretensiones era de acuerdo al pedido inicial de tres millones de dólares en la tercera o cuarta reunión que hice o hicimos en compañía de Ilce siempre nos decía entonces consígame dos mil millones, ya en pesos colombianos, de esa forma él fue bajando y nosotros lo que bien se podía pagar por el secuestro, con este modus operandi el secuestro hasta la última vez que yo fui fue de mil millones de pesos, una vez se llegó a mil millones ya se logró contactar a un mando medio de la guerrilla alias “Perín”, entonces la negociación final la realizó la mamá de Nancy (...). Preguntado: Quién sufragó de traslado, comida y demás para llevar a cabo las negociaciones que le correspondió realizar a usted. Contestó: Primero, que en esta situación se pagan dos secuestros, siempre se lo dije a Ricardo, uno que es el secuestro grande que se paga por el secuestrado, y otro que es el secuestro pequeño que es el que acarrea todos los actos de traslado, comida, los que le salen a uno afines de la guerrilla. Preguntado: Recuerda usted a cuánto pudo ascender esos valores. Contestó: En esos 10 o 12 meses que yo estuve y con las personas que hubo que trabajar para esto pienso yo que llegó a una suma de $ 6.000.000 que es el secuestro pequeño. No más preguntas. Se le concede el uso de la palabra al dr. Ricardo Gómez Manchola. Preguntado: Recuerda usted cuál fue la suma final que se pagó por la liberación de la dra. Nancy Ángel. Contestó: Sí, fueron XXX en efectivo. Preguntado: Por qué recuerda usted con exactitud esa cifra. Contestó: Porque ese dinero se contó en la casa de mis padres y de allí se encaletó en la camioneta que iba por la vía de Balsillas a San Vicente camioneta que yo acompañé a la región de Balsillas en compañía del padre de Nancy en otra camioneta. Preguntado: Recuerda usted quién fue la persona que hizo entrega de esa suma a la guerrilla de las FARC. Contestó: La persona que iba en la camioneta y llevaba el dinero era Ilce, la mamá de Nancy. Preguntado: Como usted hizo parte de las negociaciones y conoció de cerca este proceso de secuestro y liberación, recuerda usted quiénes asumieron el pago de tal suma de dinero. Contestó: Sí, Ricardo mi hermano, el esposo de Nancy y los padres de Nancy (...).

12.10. Los hermanos Jaime Felipe y Juan Sebastián Losada Polanco, fueron liberados el 14 de julio 2004 tras el pago de una suma de dinero, cuyo monto se desconoce. El proceso de negociación fue adelantado inicialmente por el señor Jaime Sánchez y, posteriormente, por el señor Gustavo Polanco, tío de los demandantes (original del oficio 061/MDN-CE-DIV5-BR9-GAHUI-S2, suscrito por el comandante del grupo Gaula Huila del Ejército Nacional —fl. 468, cdno. 4—; testimonio del señor Gustavo Polanco —fl. 719, cdno. 4; CD 7 minuto 9:58-10:20; 18:02-21:43).

Preguntado: Conoció o se enteró usted si el esposo Jaime Lozada canceló alguna suma de dinero para lograr la liberación de sus hijos. Contestó: Sí, para la liberación hubo que cancelar una suma. Preguntado: Conoció usted el valor o la cuantía de esa suma. Contestó: Por reserva de la familia no puedo dar esa información (...). Preguntado: Señor Gustavo Polanco, qué le consta a usted en cuanto a las negociaciones que adelantaron para la liberación de los secuestrados Juan Sebastián y Jaime Felipe. Contestó: Sí, inicialmente el que estaba encargado, que había nombrado Jaime Lozada, esposo de Gloria y padre de Pipe y Tatán, fue un señor Jaime Sánchez, no lo conocí. Desgraciadamente, como a los dos meses resultó muerto en la zona del Caquetá. Preguntado: Muerto a causa de las gestiones de la negociación. Contestó: No sé las causas de su muerte (...). Cuando murió Jaime Sánchez, al que tenía Jaime Lozada encargado de la negociación, una día cualquiera me llamó al apartamento, “cuñado venga nos tomamos un tinto”. Comenzamos a hablar, dijo: “la persona indicada, le he dado vueltas a la cama, por todos lados, y la persona indicada para que me colabore en esto es usted, no le vaya a dar miedo” (...). Yo a raíz de eso le dije: “Jaime, hablamos”. Le comenté a mi familia, lo pensé unos dos días, me volvió a llamar Jaime, le dije: “Jaime, no hay nada que hacer, tengo que colaborarle”. Entonces, bajo mi responsabilidad cayó la negociación, ir a hablar con los grupos insurgentes, que tenían secuestrados a Gloria, Pipe y Tatán para comenzar la negociación de la liberación (...), eso había que desplazarse uno a ciertos sitios del Caquetá, hacer los contactos, hablar con los comandantes de cada grupo subversivo de las FARC, le ponían a uno citas, que hable con fulano, con perencejo, que venga dentro de ocho días, que venga en un mes, que vamos a consultar y en eso duramos dos años y medio en esa labor (...).

12.11. La liberación de los señores Aníbal Rodríguez Rojas, Natalia Rodríguez Briñez y Jaime Briñez Cuéllar se dio el 30 de octubre de 2004 (originales de las certificaciones expedidas por el comandante del grupo Gaula Huila —fls. 86, 87, cdno. 6—; —fl. 79, cdno. sin número—) luego de un proceso de negociación que tardó más de tres años y que fue adelantado por el señor José Adán Rodríguez Rojas, hermano del primero de los nombrados, quien consiguió que la guerrilla aceptara recibir la suma de XXX a cambio de dejarlos en libertad (testimonio José Adán Rodríguez Rojas —CD 3 minuto 13:16-26:49—):

(...) se logró una cita para ir a hablar con la Teófilo Forero en el municipio de Algeciras, en un sitio llamado La División, que es donde está la cordillera y divide básicamente o en ese momento dividía la zona de distensión. Esa cita se consiguió y lo tengo muy claro porque fue un día después de la caída de las torres gemelas, o sea el 12 de septiembre de 2001, el lunes anterior habían secuestrado a Consuelo González, el martes fue lo de las torres, el miércoles tenía la cita, fue la primer cita que asistimos con Carmenza mi cuñada, y nos atendió un comandante de la Teófilo Forero, según ellos, el comandante del lado del Huila, y con él supuestamente se iniciaban las negociaciones. Efectivamente logramos hablar con El Mocho, alias El Mocho, y de una vez nos dijo que era un secuestro contra la empresa Briñez y Cía. y que tenía un carácter económico. Entonces en ese momento le dije que cuáles eran las pretensiones, me habló de cifras en dólares, totalmente salidas de la realidad, en millones de dólares, entonces le dije pues que la familia me había nombrado a mí negociador del proceso de liberación de ellos (...), con esas pretensiones inmediatas, la actitud nuestra fue de regresarnos inmediatamente porque era imposible cumplir con las pretensiones que este señor nos hizo desde un inicio y ahí empezó un proceso de más de tres años de negociación, pues ellos duraron secuestrados tres años y tres meses (...), fueron alrededor de 52 viajes a todos los confines del departamento del Huila, del Caquetá, de pronto algunas veces estuvimos en el Meta sin saberlo, por cuanto nosotros entrabamos por la zona de distensión hacia Los Pozos, La Sombra, La Tunia, donde ellos dijeron allá íbamos (...), luego tocó regresarnos hacia el lado del Huila para hablar con un señor James que fue finalmente con quien se logró un acuerdo luego de tres años de mucho ir y venir, de mostrarles la situación en que estaban ellos, las condiciones en que se encontraban debilitados económicamente, totalmente por la razón del secuestro en donde sin estar ellos, sin estar Aníbal y sin estar Jaime, que eran los cerebros de la compañía, eran quienes conseguían los contratos, eran quienes gestionaban las obras pues la compañía estaba prácticamente en ceros, y así fue, tanto así que con mucho esfuerzo se logró reunir lo que finalmente se logró negociar con ellos, no había otra forma, no había otra forma de sacarlos si no era pagando un rescate (...), la negociación fue muy demorada, muy lenta, muy demorada, muy dolorosa para la familia, la familia sufrió mucho (...), con ellos [se refiere a los secuestrados] nunca hubo ningún tipo de contacto, se les insistió mucho a la guerrilla, que hiciéramos canje para que Aníbal llegara porque básicamente Aníbal era el que les podía conseguir los recursos, Aníbal era el de las relaciones, el de los contratos, el de conseguir el dinero para que esa compañía funcionara, pero sin él estar se les demostró con documentos, con papeles, con certificaciones que la compañía estaba en una situación apremiante, pero esa gente no escucha razones, no tiene corazón, son insensibles y por lo tanto, gracias a Dios, después de tres años largos se llegó a un acuerdo y aún hoy hay secuelas de eso, hay secuelas en los hijos, hay secuelas económicas, nos tuvimos que endeudar los hermanos de Aníbal para poder sacar eso, y hoy después de casi cuatro años todavía se deben algunos dineros que tuvimos que conseguir para pagar la salida de ellos (...), lo que fue la negociación, no tengo ningún problema en decirlo, fueron XXX de pesos que se negociaron con ellos, incluso no se les entregó el dinero completo, se entregaron por partes, y se demoraron como seis o un año terminando de cancelar, porque una vez terminó el proceso de negociación y se liberaron yo quise alejarme mucho tiempo de eso, ya Aníbal, pues con todo su dolor le tocó enfrentarse nuevamente a ese martirio, y creo que fue casi un año volviendo a negociar con esa gente (...).

12.12. El 30 de enero de 2009, el Juzgado Segundo Especializado de Neiva condenó a Jhon Gilver Barrera Bustos, alias “Sijín”, “Ley” o “Jetón”, y a José Enrique Nieto Mosquera, alias “Uriel Tripaseca”, integrantes de la columna móvil Teófilo Forero de las FARC, a la pena principal de 40 años de prisión y a la multa de 6.899 salarios mínimos legales mensuales en calidad de coautores de un concurso integrado por los delitos de secuestro extorsivo agravado, hurto calificado y agravado, daño en bien ajeno, terrorismo y lesiones agravadas. Adicionalmente, los condenó de manera solidaria al pago de 60 salarios mínimos legales mensuales a favor de cada una de las víctimas del secuestro: Jaime Felipe y Juan Sebastián Lozada Polanco, Gloria Polanco de Losada, Tulio Gutiérrez, Albertano Valencia, Aníbal Rodríguez, Nancy Ángel Muller, Jaime Briñez y Natalia Rodríguez (copia auténtica de la sentencia —fl. 179 y ss., cdno. 1—).

12.13. Antes de la toma al edificio Torres de Miraflores ninguno de sus residentes solicitó protección especial a las autoridades ante eventuales ataques o secuestros perpetrados por grupos armados al margen de la ley (copia del oficio A-0112/DPH-SIPOL-DEUIL suscrito por el jefe seccional de inteligencia del departamento de policía del Huila —fl. 451, cdno. 4—; original del memorando DAS.SHUI.PROTEC.120373, suscrito por el coordinador operativo DAS Huila —fl. 818, cdno. 4—; original de los oficios 1617/MD-CE-DIV5-BR9-ASJ y 1896/MD-CE-DIV5-BR9-ASJ, suscritos por la Novena Brigada del Ejército Nacional —fl. 593, cdno. 4, fl. 832, cdno. 3—; original del oficio OJUR.102 548685-4, suscrito por el jefe de la oficina jurídica del DAS —fl. 843, cdno. 3—).

12.14. Juan Sebastián, Jaime Felipe y Daniel Julián Lozada Polanco son hermanos entre sí, pues los tres son hijos de los señores Gloria Polanco Polanco y Jaime Losada Perdomo (copia auténtica de los respectivos registros civiles de nacimiento —fls. 43-45, cdno. 7—).

12.15. Carmen Nancy Ángel Muller es hija de Ilse Muller Montoya y Javier Ángel Ochoa, y hermana de Javier Fernando y Edith Ángel Muller. Adicionalmente, está casada con Ricardo Gómez Manchola, con quien tiene un hijo, de nombre Andrés Ricardo Gómez Ángel (copia auténtica de los respectivos registros civiles de nacimiento y de matrimonio —fls. 46-50, cdno. 5—).

12.16. Al momento de su secuestro, la señora Carmen Nancy Ángel Muller ejercía la abogacía y se desempeñaba como contratista del Banco Colpatria, donde adelantaba la gestión de cobranza judicial para créditos hipotecarios, y como abogada externa del Banco Colmena y de las compañías Terpel y Central de Inversiones (copia de la tarjeta profesional de abogada —fl. 673, cdno. 4—; testimonio del señor Hernando Salgado Hillon —fls. 786-787, cdno. 4—; certificaciones expedidas por el técnico de cobranzas de Colmena, por el vicepresidente jurídico de Terpel, por la jefe nacional de cobranza judicial de la compañía Central de Inversiones y por la gerente de negociaciones del Banco Colpatria —fl. 79, cdno. 5, 430, 462, 575, cdno. 4—).

12.17. Aníbal Rodríguez Rojas está casado con Carmenza Briñez Cuéllar, con quien tuvo tres hijos: Natalia, Luis Felipe y Aníbal Rodríguez Briñez (copia auténtica de los respectivos registros civiles de matrimonio y de nacimiento —fls. 64-67, cdno. 6—).

12.18. Al momento de su secuestro, el señor Aníbal Rodríguez Rojas ejercía la representación legal de la sociedad Constructora Rodríguez Briñez y Cía. S. en C., constituida el 31 de marzo de 1993 mediante la escritura pública 1203 de la Notaría Tercera de Neiva. El objeto social de esta compañía incluía, entre otras, el desarrollo de las siguientes actividades: construcción de edificaciones y de obras de ingeniería o arquitectura en todas sus formas, y en especial de vivienda; elaboración de proyectos urbanísticos; compra y venta de bienes inmuebles; inversión y explotación de establecimientos comerciales dedicados especialmente a la hotelería y/o al turismo (original del certificado de existencia y representación legal expedido el 20 de octubre de 2000 por la Cámara de Comercio de Neiva —fls. 83-85, cdno. 6—).

12.19. Jaime Briñez Cuéllar falleció el 16 de diciembre de 2006 como consecuencia de una insuficiencia respiratoria aguda secundaria a un cáncer de riñón que le hizo metástasis en el pulmón (copia de la historia clínica —fls. 935-948, cdno. 3—). Estaba casado con Luz Marina Facundo Perdomo, con quien tuvo dos hijos: Jaime Andrés y Daniel Felipe Briñez Facundo (copia auténtica de los registros civiles de matrimonio y de nacimiento —fls. 63-65, cdno. sin número—).

12.20. Al momento de su secuestro, el señor Jaime Briñez era el gerente y representante legal de la sociedad Briñez y Cía. Ltda., la cual se constituyó el 6 de mayo de 1983 mediante la escritura pública 1070 de la Notaría Primera de Neiva. El objeto social de esta persona jurídica era la construcción de edificaciones y de obras de ingeniería y arquitectura en todas sus formas, y en especial de vivienda, la elaboración de proyectos urbanísticos y la compra y venta de bienes inmuebles, la inversión y explotación de establecimientos comerciales dedicados especialmente a la hotelería y/o al turismo, entre otras actividades (original del certificado de existencia y representación legal expedido el 20 de octubre de 2000 por la Cámara de Comercio de Neiva —fls. 74-82, cdno. 6—).

12.21. El secuestro de los señores Aníbal Rodríguez y Jaime Briñez afectó la estabilidad económica de la sociedad Briñez y Cía. Ltda. porque el manejo administrativo y técnico de la empresa recaía en ellos dos. El señor Rafael Cruz Rivera, quien asumió la primera de estas tareas en ausencia de los demandantes, enfrentó serias dificultades para mantener a flote la empresa debido a que hasta ese momento se había desempeñado en el área comercial, por lo que no tenía los conocimientos y la experiencia necesarios para garantizar la continuidad de la actividad empresarial (testimonio del señor Marco Antonio Lozano Orjuela —fl. 694, cdno. 4; CD 4 minuto 21:00-22:49—; testimonio del señor Carlos Eduar Gómez —fl. 680, cdno. 4, CD 2—; testimonio del señor Rafael Cruz Rivera —fls. 777-784, cdno. 4—):

Para el momento del secuestro, año 2001, estábamos ejecutando grandes obras, como la urbanización San Miguel en la ciudad de Neiva, 400 casas en la reconstrucción del Eje Cafetero en Armenia, así como vivienda con Comfamiliar del Huila, la reconstrucción del centro comercial Las Américas, el centro comercial Pingoanza que para el momento estaba listo para iniciar su construcción con la participación de otros asociados y un sin número de proyectos que veníamos planificando en otras ciudades como Pitalito, Garzón y La Plata, digámoslo de una manera más sencilla, Briñez y Compañía Limitada era en el 2001 la empresa líder en el sector de la construcción en el departamento. Sucedido el secuestro se llevaron 2 de los socios, que adicionalmente eran el gerente y el subgerente, respectivamente, pero que para el efecto de las decisiones empresariales representaban el 63,7% del capital social, ahí empezaron las dificultades porque la empresa quedó sin representación legal, sin capacidad decisoria y lo más grave ante el sector financiero y ante las entidades con las cuales contrataba quedó con credibilidad pero sin apoyo efectivo, porque en esas condiciones los bancos no podían prestarle ni otorgarle crédito porque sus socios no lo podían avalar por su condición de secuestrados y porque se generó desde luego una desconfianza en el sector financiero y en el mercado en el cual se desempeñaba la empresa, es decir el mercado de la contratación de obra pública y privada porque la gente asumía que los dineros que ingresaran a la empresa por concepto de créditos y de contratos podrían ser utilizados no para la ejecución de las obras sino para el pago del rescate. En esos términos me correspondió liderar ese proceso asumiendo la gerencia de la empresa por mandato de los secuestrados a través de un acta que ellos firmaron en la selva y que las FARC les permitió hacérmela llegar. De esta manera pude asumir legalmente la gerencia de la empresa y ante terceros, pero era natural que la ausencia de ellos generaba un vacío que se expresaba no solamente en su participación, en su trabajo, sino que no podían avalar ni respaldar ninguna operación crediticia que le permitiera continuar con la promoción y ejecución de proyectos en el sector privado. Como consecuencia de ello el trabajo comenzó a disminuir y poco a poco la empresa fue perdiendo su capacidad de acción para sostener y mantener las cargas administrativa y operativa adquiridas previamente.

12.22. El secuestro del señor Aníbal Rodríguez también afectó la estabilidad económica y la actividad empresarial de la sociedad Constructora Rodríguez Briñez y Cía. S. en C. porque, al igual que en la sociedad Briñez y Cía. Ltda., era él quien manejaba los negocios y lideraba todas las operaciones de la empresa (testimonio del señor Marco Antonio Lozano Orjuela —fl. 694, cdno. 4; CD 4 minuto 25:30-26:20—).

12.23. El 15 de diciembre de 2005 los señores Jaime Briñez Cuéllar y Luz Mariana Facundo Perdomo transfirieron a título de venta y por valor de $ XXX el apartamento 1302 ubicado en el edificio Torres de Miraflores. La escritura se registró el 16 de diciembre del mismo año (copia auténtica de la escritura pública de compraventa y del certificado de tradición y libertad del inmueble —fls. 124-131, cdno. sin número—).

IV. Problema jurídico

13. Corresponde a la Sala determinar, en primer término, si la acción se ejerció oportunamente, teniendo en cuenta que entre la fecha en que se produjo el secuestro de los señores Jaime Briñez Cuéllar, Carmen Nancy Ángel Muller, Aníbal Rodríguez Rojas, Natalia Rodríguez Briñez, Juan Sebastián Lozada Polanco y Jaime Felipe Lozada Polanco y la presentación de las respectivas demandas transcurrieron más de dos años. Luego tendrá que establecer si el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior se encuentran materialmente legitimados en la causa por pasiva para responder por los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de la expedición de la Resolución 85 de 1998, que creó la llamada “zona de distensión”. Por último, analizará si el daño alegado en la demanda, el cual consiste en el secuestro de los señores Jaime Briñez, Aníbal Rodríguez, Natalia Rodríguez Briñez, Carmen Nancy Ángel Muller, Juan Sebastián y Jaime Felipe Lozada Polanco, resulta imputable a las entidades demandadas.

14. Para resolver esta última cuestión, la Sala explicará cuál es el régimen de responsabilidad que aplica a los daños causados en vigencia de la zona de distensión, y a partir de ello analizará separadamente la actuación de cada una de las entidades demandadas, con el propósito de determinar si el secuestro de los demandantes les resulta imputable o no. Hecho esto, revisará las razones expuestas en los recursos de apelación, a fin de establecer si hay lugar a reconocer, por concepto de daño emergente, el monto de lo pagado por los familiares de la señora Nancy Ángel por su liberación, si debe incrementarse la indemnización reconocida a esta actora por concepto de lucro cesante, y si procede una indemnización por la alegada afectación del good will causada a las sociedades Briñez y Cía. Ltda. y Constructora Rodríguez Briñez y Cía. S. en C.

V. La caducidad de la acción

15. Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho.

16. El fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia y el juez debe declararla, en caso de que se verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer la acción judicial correspondiente dentro del plazo legalmente estipulado(17).

17. El artículo 136 Código Contencioso Administrativo —luego de su modificación por el art. 44 de la L. 446/98—, establece que el término para presentar demanda en ejercicio de la acción de reparación directa es dos (2) años “contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos”(18).

18. Para la aplicación de esta regla basta, en la mayoría de los casos, con constatar la fecha en la cual ocurre el hecho, la ocupación o la operación imputable a la administración pues esta, por lo general, coincide con la producción del daño. No obstante, existen eventos en los cuales el daño se produce o se manifiesta con posterioridad a la actuación o al hecho administrativo que lo causa.

19. Cuando ello ocurre, el juez deberá acoger una interpretación flexible —fundada en el principio pro damato(19)— de la norma que establece el término de caducidad con el fin de proteger el derecho de acceso a la administración de justicia y de asegurar la prevalencia del derecho sustancial, pues si “el daño es la primera condición para la procedencia de la acción reparatoria”(20), es razonable considerar que el término de dos años previsto en la ley positiva no podrá empezar a contabilizarse a partir del “acaecimiento del hecho, omisión y operación administrativa”, sino a partir del momento en que el daño adquiere notoriedad, esto es, que la víctima se percata de su ocurrencia(21), o desde la cesación del mismo cuando el daño es de tracto sucesivo o ejecución continuada.

20. En línea con lo anterior, esta corporación ha señalado que los daños causados por el delito de secuestro tienen carácter continuado porque se extienden en el tiempo, de manera que el término de caducidad de la acción de reparación directa debe empezar a contabilizarse a partir de la cesación de la conducta vulnerante, esto es, desde que la víctima recupera su libertad(22).

21. Entonces, para establecer si la acción de reparación directa se ejerció oportunamente, no debe tomarse como fecha inicial para el conteo del término aquella en que se produjo el secuestro de los demandantes —jul. 26/2001—, puesto que todos ellos fueron víctimas de un daño continuado, que solo dejó de producirse en el momento en que fueron liberados.

22. En el caso de los señores Jaime Briñez Cuéllar, Aníbal Rodríguez Rojas y Natalia Rodríguez Briñez, su liberación ocurrió el 30 de octubre de 2004. Esto significa que estos actores tenían hasta el 31 de octubre de 2006 para interponer la demanda de reparación directa, lo cual hicieron el 27 de octubre de 2006, esto es dentro del término de dos años previsto en el artículo 136 del CCA.

23. Por su parte, la liberación de la señora Nancy Ángel Muller se produjo el 15 de febrero de 2003, por lo que la demanda que ella y sus familiares interpusieron el 20 de enero de 2005 resultó oportuna. Lo mismo puede decirse respecto de los hermanos Juan Sebastián y Jaime Felipe Lozada Polanco, quienes recuperaron su libertad el día 14 de julio de 2004 y cuya demanda tiene fecha de presentación personal de 12 de julio de 2006.

24. Finalmente, en cuanto a la demanda presentada por las sociedades Briñez y Cía. Ltda. y Constructora Rodríguez Briñez y S. en C., ahora denominada Constructora Rodríguez Briñez SAS —CRS SAS(23)— también fue oportuna si se tiene en cuenta que antes de la liberación de los señores Jaime Briñez Cuéllar y Aníbal Rodríguez Rojas, estas personas jurídicas se encontraban materialmente imposibilitadas para acudir ante la administración de justicia en procura de la reparación de los daños causados pues su representación legal recaía en los demandantes (ver supra párrs. 13.18 y 13.21).

VI. La legitimación en la causa por pasiva del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y del Ministerio del Interior

25. Aunque, en términos generales, la legitimación en la causa se refiere a “la calidad que tiene una persona para formular o contradecir las pretensiones de la demanda por cuanto es sujeto de la relación jurídica sustancial (...)(24)”, esta corporación ha señalado que es posible diferenciar entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa(25).

26. La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, “de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquel a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda”.

27. Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas. De ahí que la Sala haya indicado que la falta de legitimación material en la causa por activa o por pasiva no impide al fallador pronunciarse de fondo sobre el petitum de la demanda, comoquiera que la aludida legitimación constituye un elemento de la pretensión y no de la acción, en la medida en que se trata de

(...) una condición propia del derecho sustancial y no una condición procesal que, cuando no se dirige correctamente contra el demandado, constituye razón suficiente para decidir el proceso adversamente a los intereses del demandante, por no encontrarse demostrada la imputación del daño a la parte demandada(26).

28. Por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que esta formula o la defensa que aquella realiza(27), pues bien puede suceder que una persona, natural o jurídica, esté legitimada en la causa de hecho por ser parte dentro del proceso, pero carezca de legitimación en la causa material debido a que no es titular de los derechos cuya vulneración alega o a que ninguna actuación o conducta suya guarda relación o conexión con los hechos que motivan el litigio. En estos eventos, las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores(28).

29. El Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República sostuvieron a lo largo del proceso que no se encuentran materialmente legitimados en la causa por pasiva porque no tienen a su cargo la función de preservar el orden público en el país. Esta última entidad adujo, además, que no participó en la creación de la zona de distensión y que no es la llamada a responder por los daños causados por las actuaciones adelantadas por el Presidente de la República.

30. La Sala no comparte los anteriores argumentos. Según se expuso en la sentencia de 12 de junio de 2013(29), la Resolución 85 de 1998, que creó la zona de distensión, provino del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, además de que esta entidad forma parte de la estructura orgánica y administrativa de la Nación y, por lo tanto, cuenta con facultades para representarla:

La Sala no le encuentra razón al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República cuando afirma que no se encuentra legitimado en la causa por pasiva para actuar en el presente proceso; en primer lugar, porque aun cuando el Presidente de la República existe como órgano en el ordenamiento jurídico colombiano, a tenor de lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política(30) y que en la expedición de los actos administrativos por medio de los cuales se instauró la “zona de despeje” intervinieron además del Presidente de la República, los ministros del Interior, de Justicia y de Defensa, no es menos cierto que las mencionadas resoluciones provinieron del propio Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, entidad pública demandada en este proceso y que, tal como lo define el artículo 56 de la Ley 489 de 1998, la Presidencia de la República “estará integrada por el conjunto de servicios auxiliares del Presidente de la República y su régimen será el de un departamento administrativo”.

En este orden de ideas, y bajo el entendido que las actuaciones del Presidente de la República requieren de los servicios administrativos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, es este último órgano el llamado a actuar en el proceso judicial y a responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que puedan ocasionar las decisiones del jefe del Estado o sus actuaciones. Por otro lado, no escapa a la Sala el hecho de que, tal y como se desprende de la motivación de la Resolución 7 del 5 de febrero de 1999, la decisión de crear la zona de despeje correspondió a la materialización de una política de paz impulsada directamente por el propio Presidente de la República, aun cuando para ello hubiere sido necesaria la intervención del Gobierno Nacional; en efecto, en el mencionado acto administrativo se indicó que “el Presidente de la República, desde que tomó posesión de su cargo ha venido liderando en lo político, económico y social, las acciones que permitan la reconciliación de los colombianos, en desarrollo del mandato constitucional contenido en el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia”, a lo cual se añadió que “el Gobierno Nacional y los representantes de las FARC EP, acordaron iniciar los diálogos en una zona de distensión comprendida por los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Vista Hermosa y San Vicente del Caguán” (fl. 158, cdno. 1).

Por otra parte, la entidad demandada en el presente proceso es la Nación y el Presidente de la República —como jefe de Estado, del gobierno y suprema autoridad administrativa—, tanto por las funciones y competencias que le son propias como por el puesto que ocupa en la organización administrativa del Estado, con sus actuaciones y decisiones representa a la Nación y puede comprometer su responsabilidad patrimonial, al tiempo que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República también forma parte de la estructura orgánica y administrativa de la Nación y cuenta con facultades para representarla, en cuanto persona jurídica de derecho público, en los procesos en los cuales deba intervenir como parte.

31. Razones similares llevan a concluir que el Ministerio del Interior también se encuentra materialmente legitimado en la causa por pasiva. En efecto, esta entidad hace parte del Gobierno Nacional y, por lo tanto, intervino en la creación de la zona de distensión, por medio de la expedición de la Resolución 85 de 1998, que es una de las actuaciones que los demandantes identifican como causantes del daño. Además, no cabe duda que la persona jurídica demandada en este caso es la Nación y que el Ministerio del Interior está legalmente facultada para asumir su representación legal conforme a lo previsto en el artículo 149 del CCA.

VII. La responsabilidad patrimonial del Estado por la creación de la zona de distensión

32. La zona de distensión, fue creada por el Gobierno Nacional, mediante la Resolución 85 de 1998, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley 418 de 1998(31), que dispuso lo siguiente:

ART. 8º—Los representantes autorizados expresamente por el Gobierno Nacional, con el fin de promover la reconciliación entre los colombianos, la convivencia pacífica y lograr la paz, podrán:

— Realizar actos tendientes a propiciar acercamientos y adelantar diálogos con los grupos armados organizados al margen de la ley;

— Adelantar diálogos, negociaciones y firmar acuerdos con los voceros o miembros representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley, dirigidos a: obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del derecho internacional humanitario, el respeto de los derechos humanos, el cese de hostilidades o su disminución, la reincorporación a la vida civil de estos grupos, o lograr su sometimiento a la ley, y enmarcados en la voluntad de crear condiciones que propendan por un orden político, social y económico justo.

Los acuerdos y su contenido serán los que a juicio del gobierno sean necesarios para adelantar el proceso de paz y su cumplimiento será verificado por las instancias nacionales o internacionales que para el efecto y de común acuerdo designen las partes.

Estos acuerdos deben garantizar el normal y pleno funcionamiento de las instituciones civiles de la región en donde ejerce influencia el grupo armado al margen de la ley que los suscribe.

PAR. 1º—De conformidad con las normas del derecho internacional humanitario, y para los efectos de la presente ley, se entiende por grupo armado organizado al margen de la ley, aquel que bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas.

En ningún caso podrán establecerse órdenes especiales de localización a la fuerza pública para la creación específica de zonas de ubicación o de despeje de cualquier parte del territorio nacional.

PAR. 2º—Una vez iniciado un proceso de diálogo, negociación o firma de acuerdos, y con el fin de facilitar el desarrollo de los mismos, las autoridades judiciales correspondientes suspenderán las órdenes de captura que se hayan dictado o se dicten en contra de los miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley con los cuales se adelanten diálogos, negociaciones o acuerdos de paz.

Para tal efecto, el Gobierno Nacional notificará a las autoridades señaladas el inicio, terminación o suspensión de diálogos, negociaciones o firma de acuerdos y certificará la participación de las personas que actúan como voceros o miembros representantes de dichos grupos armados organizados al margen de la ley. Las partes acordarán mecanismos de verificación conjunto de los acuerdos, diálogos o acercamientos, y de considerarlo conveniente podrán acudir a instituciones o personas de la vida nacional o internacional para llevar a cabo dicha verificación.

Igualmente, se suspenderán las órdenes de captura que se dicten en contra de los voceros con posterioridad al inicio de los diálogos, negociaciones o suscripción de acuerdos, por el término que duren estos.

Se garantizará la seguridad y la integridad de todos los que participen en los procesos de paz, diálogos, negociaciones y acuerdos de que trata esta ley.

PAR. 3º—Se entiende por miembro-representante, la persona que el grupo armado organizado al margen de la ley designe como representante suyo para participar en los diálogos, negociación o suscripción de acuerdos con el Gobierno Nacional o sus delegados.

Se entiende por vocero la persona de la sociedad civil que sin pertenecer al grupo armado organizado al margen de la ley, pero con el consentimiento expreso de este, participa en su nombre en los procesos de paz, diálogos, negociaciones y acuerdos. No será admitida como vocero, la persona contra quien obre, previo al inicio de estos, resolución de acusación.

PAR. 4º—El Consejo Nacional de Paz de que trata la Ley 434 de 1998 servirá como instancia consultiva del Gobierno Nacional en todos los temas de política de paz de que trata la presente ley.

33. La norma en comento fue demandada ante la Corte Constitucional, corporación que, en Sentencia C-048 de 2001, la declaró ajustada a la Constitución Política, teniendo en cuenta los siguientes argumentos, los cuales, por su pertinencia para el caso que ahora se decide en segunda instancia, serán transcritos in extenso:

Resulta un lugar común afirmar que en Colombia existe un conflicto armado que se ha desarrollado desde hace varias décadas, frente al cual los órganos políticos han intentado buscar soluciones de distinta índole. De hecho, la configuración de los mecanismos para el logro de la convivencia pacífica obedece a diferentes concepciones frente al conflicto y a una heterogeneidad de visiones en relación con las soluciones. Así pues, la fórmula contenida en las disposiciones normativas acusadas es, precisamente, una consecuencia de la escogencia concreta de la negociación pacífica del conflicto, lo cual demuestra que el tema sub iudice está inmerso en una controversia política que no puede desconocerse y, que al mismo tiempo, es una manifestación democrática representada en la voluntad legislativa y en la iniciativa gubernamental. Por lo tanto, la Corte reconoce una amplia libertad de configuración política al legislador en la escogencia de los mecanismos tendientes a la solución del conflicto armado en Colombia, por lo que le corresponde a esta corporación adelantar un control jurídico que concilie el principio de supremacía constitucional y el respeto por el principio democrático, valores éstos que son inescindibles de un Estado constitucional.

(...).

La Corte Constitucional considera que los órganos políticos tienen amplio margen de discrecionalidad para diseñar los mecanismos de solución pacífica de conflictos. En este mismo sentido, la Corte Constitucional ya había dicho que diálogos de paz con grupos guerrilleros, la firma de acuerdos para el logro de la convivencia pacífica y la instauración de las zonas de verificación en donde se ubicarían temporalmente los grupos al margen de la ley, son instrumentos constitucionalmente válidos con que cuenta el Presidente de la República, en tanto y cuanto este tiene a su cargo la conducción del orden público.

(...).

Lo anterior muestra entonces que la desmilitarización de una zona del territorio es un instrumento transitorio que tiene un propósito de Estado y que se presenta como una alternativa para la solución de un conflicto que el mismo Estado no fue capaz de resolver con la imposición de la fuerza. En consecuencia, la voluntad democrática de apoyar el proceso de paz facultando al ejecutivo para negociar con los grupos al margen de la ley, desarrolló los valores y principios constitucionales, por lo que dicha autorización está plenamente conforme a la Carta.

Sin embargo, es importante precisar que el carácter temporal de la ubicación de los grupos al margen de la ley en las zonas determinadas por el gobierno, depende de las necesidades históricas del proceso de paz y no debe entenderse en un sentido cronológico que defina un tiempo concreto para las negociaciones. Así pues, la transitoriedad de la desmilitarización está vinculada al tiempo que se requiera para el logro de la convivencia pacífica, lo cual no está previamente señalado, sino que debe ser consecuente con el carácter político de la negociación. Por ello, es válido el argumento de uno de los intervinientes que sostiene que el término que fija la Constitución para los estados de excepción se convertiría en una barrera insuperable para el normal desarrollo de los diálogos de paz. Mientras exista la alternativa de una solución negociada al conflicto y se encuentre vigente el proceso de paz, pueden existir zonas de distensión. El tiempo de duración, es una decisión política que solo compete al Presidente de la República.

13. Lo afirmado no significa que, en la búsqueda de la paz, los órganos políticos puedan tomar decisiones que contradigan normas constitucionales ni que la zona de distensión está autorizada para ser el refugio de la delincuencia. En efecto, la Constitución es un instrumento a través del cual todos los poderes del Estado, en cuanto poderes constituidos, se someten a las normas y en especial a las reglas básicas de la sociedad, que como tales están protegidas de las mayorías transitorias. Así, la Carta es el referente necesario y fundamento último de la actuación de los poderes constituidos, por lo que toda actuación debe condicionarse a la vigencia del Estado constitucional. En este sentido, el mantenimiento del orden democrático debe situarse de tal manera que no desborde el ordenamiento jurídico y el Estado de derecho. Por ello, nunca pueden concebirse decisiones políticas o jurídicas, por más loables que sean, como excepciones a la propia institución superior, pues de ella dependen y su función es garantizarla.

(...).

(...) contrario a lo sostenido por el demandante, la determinación presidencial de localización y la modalidad de acción de la fuerza pública, encuentra sustento constitucional en el numeral tercero del artículo 189 superior, el cual señala que corresponde al Presidente de la República “dirigir la fuerza pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República”. Así, la Constitución le reconoce a la fuerza pública un acento institucional que tiene una perspectiva jurídica como institución del Estado constitucional, pero la enmarca dentro del contexto jerárquico, cuya dirección máxima está en manos del Presidente de la República.

(...).

En este orden de ideas, la Corte no halla razones constitucionales para que el retiro de la fuerza pública vulnere la soberanía. Por el contrario, considera que el “despeje” representa un acto de soberanía, pues no solo es una decisión unilateral de Estado que se concreta a través de la representación democrática que ostenta el Presidente de la República, sino que está concebido como un objetivo de diálogo y de negociación que la institución impuso. En consecuencia, es una manifestación de la soberanía ad intra la demostración estatal de su capacidad para resolver las controversias internas pacíficamente y para señalar las reglas de ello. Dicho de otro modo, la decisión política de no finalizar el conflicto por medios violentos sino a través de la solución negociada y concertada, es un acto de soberanía del Estado, puesto que, a través de medios excepcionales, busca poner fin a una situación anómala, recuperar su capacidad de reprimir y castigar el delito en aras de vigorizar un orden social, político y económico justo que garantice y proteja verdaderamente los derechos humanos(32).

34. Por su parte, el Consejo de Estado, en el marco de una acción pública, conoció de la demanda de nulidad por inconstitucionalidad de las resoluciones 85 del 14 de octubre de 1998, “Por la cual se declara la iniciación de un proceso de paz, se reconoce el carácter político de una organización armada y se señala una zona de distensión”, 39 del 4 de junio de 1999, “Por la cual se adoptan decisiones para contribuir a la búsqueda de la paz” y 40 del 4 de junio de 1999, “Por la cual se reconoce a unas personas como miembros representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC”, a propósito de la cual concluyó que los demandantes no desvirtuaron la presunción de legalidad de los actos administrativos atacados. En concreto, la corporación afirmó:

No encuentra la Sala justificación a la acusación que formulan los actores contra la creación de la denominada zona de distensión, toda vez que el ya transcrito artículo 8º, parágrafo 1º, inciso 5º, de la Ley 418 facultó al Gobierno Nacional para ubicar temporalmente organizaciones armadas al margen de la ley a las cuales se les reconozca carácter político, dentro de “precisas y determinadas zonas del territorio nacional”. Esta norma se inspira en el preámbulo y en los artículos 2º y 22 de la Constitución Política, en cuanto instrumento destinado a crear condiciones que propicien los diálogos para el logro de la convivencia.

Ahora bien, si como sostienen los actores, después de creada la zona de distensión se han cometido dentro de ella delitos comunes, estos no podrían servir de fundamento a cargos de inconstitucionalidad de los actos acusados, por ser circunstancias posteriores a su expedición.

No es la acción de nulidad el mecanismo idóneo para controlar tales sucesos, pues, como es sabido, la competencia del juez que ejerce el control abstracto de constitucionalidad y de legalidad, se limita a confrontar el acto acusado con las normas que deben servirle de fundamento.

Además, la decisión política de mantener la zona de distensión y los diálogos con las FARC, compete al Presidente de la República como encargado de alcanzar los propósitos de paz que informan la Ley 418 de 1997.

Asimismo, la Sala advierte que según el parágrafo del artículo 14 de la citada ley, la consecuencia del reclutamiento de menores de edad, a que alude la demanda, es la pérdida de los beneficios jurídicos previstos en la misma para los miembros de las organizaciones armadas, pero no la invalidación de los actos acusados. La suspensión de las negociaciones o el levantamiento de la zona de distensión son decisiones que competen del Presidente de la República como encargado de la conservación del orden público.

Finalmente, la Sala considera que el cargo de violación del numeral 4º del artículo 189 de la Constitución Política por no conservar el Presidente de la República el orden público, desconoce que el precepto constitucional que se estima conculcado respalda el establecimiento temporal de la zona de distensión, porque la finalidad de esta es, precisamente, lograr el restablecimiento del orden público mediante negociaciones encaminadas a lograr un acuerdo de paz entre los representantes del gobierno y de las FARC(33).

35. Con fundamento en lo expuesto puede afirmarse, reiterando lo dicho por esta corporación en anteriores oportunidades, que “la zona de despeje fue el producto de una actuación legítima por parte del Presidente de la República y que las decisiones que se adoptaron para concretar las instrumentos creados en la Ley 418 de 1997, estuvieron ajustadas a la legalidad”(34).

36. Una de esas decisiones consistió en despejar aproximadamente 42.000 kilómetros del territorio nacional, repartidos en los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Vista Hermosa, en el departamento del Meta y San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá, con el único fin de servir de escenario a los diálogos de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC con miras a alcanzar una solución política y negociada al conflicto armado interno.

37. Durante la vigencia de la zona de distensión, la cual se extendió hasta el 20 de febrero de 2002, las FARC ejercieron un completo control político y militar del territorio, pues el gobierno ordenó el retiro de la fuerza pública de los cinco municipios y, las autoridades civiles, si bien en teoría mantuvieron su presencia y sus atribuciones legales y constitucionales, en la práctica quedaron sometidas al control y al poder armado desplegado por la guerrilla.

38. En este contexto, la jurisprudencia de esta Sección ha considerado que los daños antijurídicos cometidos por los grupos armados al margen de la ley al interior y en vigencia de la zona de distensión resultan imputables al Estado bien sea a título de daño especial o de riesgo excepcional. Lo primero bajo el entendido de que esta actuación produjo un rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas porque impuso a los habitantes de los municipios despejados un sacrificio mayor, en términos de seguridad, al que tuvieron que soportar el resto de colombianos(35). Lo segundo, con apoyo en la idea según la cual la creación de la zona de distensión creó un riesgo excepcional y extraordinario, al dejar a estos ciudadanos a merced del poder de facto ejercido por la guerrilla de las FARC(36).

39. Respecto de los daños ocasionados en vigencia de la zona de distensión pero por fuera de sus límites territoriales, se ha concluido que también resultan imputables al Estado en la medida en que surjan del incumplimiento de un deber funcional que sea imputable a las autoridades públicas o que se demuestre que, dadas las condiciones de orden público imperantes en el momento, el daño era previsible y estas no hicieron nada para evitarlo(37).

40. Al margen del título de imputación empleado en cada caso, lo cual se explica por la ausencia de un mandato constitucional o legal que obligue al juez a usar el mismo de forma invariable frente a situaciones de hecho similares(38), lo importante es hacer notar que respecto de los daños cometidos por la guerrilla de las FARC durante y con ocasión de la vigencia de la zona de distensión, el hecho de un tercero no ha sido admitido como una causal eximente de responsabilidad.

41. Con fundamento en los criterios anteriores, pasa la Sala a analizar la responsabilidad que se deriva para cada una de las entidades demandadas por el secuestro de los señores Carmen Nancy Ángel Muller, Aníbal Rodríguez Rojas, Natalia Rodríguez Briñez, Jaime Briñez Cuéllar, Juan Sebastián y Jaime Felipe Lozada Polanco, ocurrido el 26 de julio de 2001 cuando la columna móvil Teófilo Forero de las FARC, en un operativo que algunos medios de comunicación calificaron de “espectacular”(39), ingresó en horas de la noche al edificio Torres de Miraflores, ubicado en pleno centro de Neiva (Huila), portando uniformes, insignias y armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, y sacó a las víctimas por la fuerza de sus apartamentos, para luego obligarlas a abordar varios vehículos que transitaron por algunas de las principales vías del municipio en dirección a la llamada “zona de distensión”, donde permanecieron varios meses injusta, ilegal y arbitrariamente privadas de su libertad.

VIII. La responsabilidad de la Policía Nacional y del Ejército Nacional

42. Es un hecho notorio que la falta de presencia estatal en la zona de distensión fue aprovechada por las FARC para fortalecerse militar y económicamente, y para continuar desarrollando su actividad delictiva. Son varias las fuentes informativas que dan cuenta que durante el periodo comprendido entre 1998 y 2002 se presentó un recrudecimiento del conflicto armado y de las acciones violentas cometidas por la guerrilla en todo el país, pero especialmente en la zona de distensión y en los municipios aledaños a ella:

184. A lo largo de 2001 el conflicto armado en Colombia siguió permeando de manera creciente la vida cotidiana de los habitantes de este país. Dos rasgos notables acompañaron en los últimos 12 meses su desarrollo. El primero de ellos fue el aumento en el ritmo de su degradación, manifestado en la cantidad y la recurrencia de los hechos atroces perpetrados por los partícipes directos en las hostilidades. El segundo, las dificultades y contradicciones que rodearon el cumplimiento de los actos encaminados a entablar, sostener y mantener diálogos y negociaciones que permitan el cese de las hostilidades y el logro de la paz.

(...).

187. En lo que se refiere al proceso de paz con las FARC, desde los últimos días del año 2000 se vio seriamente afectado por una sucesión de crisis, dos de las cuales se presentaron a pocos días de vencerse la vigencia de la zona de distensión. Las crisis se originaron no solo en graves hechos cometidos por la guerrilla (como el secuestro de tres cooperantes alemanes, el empleo de la fuerza para impedir el ingreso del candidato presidencial Horacio Serpa a la zona de distensión y el homicidio de la exministra de Cultura Consuelo Araújo Noguera), sino también en mutuas acusaciones de incumplimiento de los términos acordados. El diálogo entre las partes pudo mantenerse a flote luego de que, al agudizarse cada una de las crisis, se encontraran y acordaran mecanismos de facilitación y acompañamiento, como la Comisión internacional de diez países (Canadá, Cuba, España, Francia, Italia, México, Noruega, Suecia, Suiza y Venezuela), y la Comisión de notables.

188. Las incidencias que afectaron el proceso impidieron el logro de avances sustantivos en su desarrollo. Por lo demás, sobre tal proceso han incidido negativamente dos factores. El primero, las inconsecuencias y contradicciones de las FARC. El segundo, la incapacidad estatal de desmantelar el paramilitarismo o, por lo menos, reducir la intensidad de sus ataques contra la población civil, situación invocada con frecuencia por la guerrilla para dilatar las conversaciones. También resulta desalentador el hecho de que ni el gobierno ni las FARC se hayan decidido a negociar y suscribir un acuerdo global de derechos humanos y derecho internacional humanitario siguiendo la recomendación de la comunidad internacional.

(...).

1. Comportamiento de los grupos guerrilleros. 

192. El comportamiento de los grupos guerrilleros siguió incluyendo actos de especial gravedad (véase el capítulo V.H supra). La oficina alertó en varias oportunidades al Estado sobre la presencia o amenazas de estos grupos en diversas zonas del país. Como en años anteriores, en 2001 muchas de las acciones armadas de las FARC y del ELN se dirigieron a atacar puestos de policía, utilizando artefactos explosivos de elaboración artesanal y pobre precisión. Esos medios de guerra causaron, una y otra vez, la destrucción de bienes que no podían considerarse como objetivos militares y la victimización de los civiles. En lo que se refiere concretamente al ELN, este grupo recurrió con inusitada frecuencia a la instalación de carrosbomba en vías intermunicipales.

193. Tanto el ELN como las FARC dirigieron también sus acciones contra la infraestructura económica del país, haciendo volar torres de energía eléctrica, oleoductos y puentes. Los primeros afectados por estos atentados fueron los civiles, pues por efecto de ellos se paralizó la interconexión eléctrica, sufrió grave perjuicio la industria y el comercio y se causaron importantes daños al medio ambiente.

194. La práctica de toma de rehenes de los grupos guerrilleros llegó hasta tales extremos que en varios casos —como los ocurridos en Neiva (Huila) y Calarcá (Quindío)— los secuestradores aprehendieron a sus víctimas mediante la acción de comandos provistos de fusiles y explosivos, que irrumpieron en viviendas de zonas urbanas.

195. También tuvo impacto negativo sobre la población civil la realización de “paros armados” por la guerrilla. Esos hechos causaron restricciones en el acceso a los bienes de primera necesidad, deterioro de alimentos, escasez de provisiones y dificultades en la prestación de los servicios de salud. Así, entre el 28 de septiembre y el 15 de octubre, las FARC instauraron un “paro armado” en el departamento de Arauca que causó un desabastecimiento de víveres y productos de primera necesidad, con serias consecuencias para la población más vulnerable.

196. Los ataques a la población civil, a los bienes civiles y a las infraestructuras estatales, han tenido un serio impacto en el goce de los derechos económicos, sociales y culturales de la comunidad, y han incidido negativamente en la capacidad estatal de garantizar derechos y servicios básicos.

2. Zona de distensión 

197. En la zona de distensión, a la ausencia de las autoridades judiciales y disciplinarias del Estado se sumaron, durante 2001, los obstáculos que las FARC pusieron al trabajo de la Defensoría del Pueblo y las amenazas guerrilleras contra la inspección de policía de San Vicente del Caguán. Así quedó confirmado que la guerrilla pretende ejercer sobre las poblaciones desmilitarizadas todas las competencias propias del aparato estatal y que al hacerlo no se muestra respetuosa de los derechos y libertades fundamentales de sus habitantes.

198. Durante todo el año siguieron presentándose ante la oficina y ante las autoridades nacionales denuncias y quejas según las cuales las FARC utilizan la zona para mantener cautivos a los secuestrados (entre los cuales han figurado aun niños de corta edad, como Andrés Felipe Navas) y negociar sus rescates, programar, preparar y dirigir acciones bélicas, adquirir y almacenar nuevo armamento, reclutar a menores, amenazar a los propietarios de negocios y de fincas con el fin de apoderarse de ellos, y aprehender y dar muerte a quienes disienten de la guerrilla o se hacen sospechosos de simpatía por el paramilitarismo(40).

(...).

43. La Sala se ha pronunciado antes sobre estas especiales condiciones de seguridad derivadas de la creación de la zona desmilitarizada, en los términos que se transcriben a continuación:

No queda duda entonces que, a partir del 7 de noviembre de 1998, el Gobierno Nacional adelantó el proceso de negociación con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, para lo cual desmilitarizó, entre otros municipios de la zona, San Vicente del Caguán, lugar en el que en el mismo mes fueron hurtadas de diferentes fincas del sector semovientes de su propiedad que el actor levantaba en compañía, en número y valor que están por establecer.

Efectivamente, el Gobierno Nacional profirió la Resolución 85 de 14 de octubre de 1998, conforme a la cual declaró la iniciación de un proceso de paz, reconoció carácter político a la organización armada —Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC— y señaló la zona en la que se adelantarían las negociaciones, en extensión aproximada de 42.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. La vigencia de esta zona también denominada como “neutral” o “área de despeje”, fue prorrogada hasta el mes de enero del año 2002.

Comporta un hecho notorio, según distintas publicaciones en prensa e investigaciones académicas e históricas y documentos de libre circulación(41) que la zona de distensión incrementó las acciones delictivas y los atentados, en contra del ejercicio de los derechos constitucionales y legales de los pobladores, quienes quedaron expuestos al accionar del grupo insurgente, de manera que no queda sino concluir sobre la responsabilidad del Estado en el hurto de los semovientes de propiedad del actor, de que da cuenta la demanda. Sin que resulte posible reprochar a la víctima falta de diligencia en la protección de sus derechos, como lo pretende la demandada, porque si bien se contaba con la presencia de autoridades civiles, las mismas, en cuanto no contaban con el respaldo de la fuerza pública (...)(42).

44. En este contexto histórico, las autoridades militares y de policía estaban legal y constitucionalmente obligadas a reforzar su presencia en los municipios aledaños a la zona de distensión y a implementar más y mejores controles y medidas de seguridad, con el fin de proteger los derechos a la vida, a la integridad, a la propiedad y a la libertad de sus habitantes, los cuales estaban en constante amenaza por cuenta del aumento de la presencia, el poderío y el accionar guerrillero en esta parte del territorio nacional.

45. En Neiva el riesgo en materia de seguridad era elevado, no solo por su cercanía geográfica a la zona de distensión, sino porque en los meses previos a la toma de edificio Miraflores se registraron graves alteraciones del orden público, atribuidos a la guerrilla de las FARC. En concreto, se presentó un intento de secuestro contra un importante empresario de la ciudad por parte de la columna móvil Teófilo Forero de este grupo guerrillero, lo que hacía prever que acciones como esta podrían llegar a repetirse. Esta situación generó gran preocupación entre los empresarios huilenses, que reclamaron del Gobierno Nacional y de los organismos de seguridad del Estado mayor protección. Al respecto, se transcribe lo dicho por el señor Ariel Rincón Machado, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Neiva (fls. 847-853, cdno. 3)(43):

Como presidente de la cámara de comercio y líder de los gremios en el Huila, advertimos al Gobierno Nacional, a la fuerza pública, a las mismas corporaciones públicas sobre los riesgos que esa zona generaba, así como los hechos gravísimos que estaban pasando, existen muchas notas enviadas al presidente Pastrana, solicitándole mayor pie de fuerza para la región, la presencia permanente de helicópteros para poder perseguir de inmediato a los terroristas y taparles la salida y el pronto ingreso a la famosa zona de distensión, le pedimos vehículos, equipos de inteligencia y no hubo una respuesta efectiva del Gobierno Nacional, unido en su momento a una descoordinación muy grande de sus organismos de seguridad como el ejército, policía, DAS, CTI (...). Las preocupaciones que teníamos los huilenses y en particular los neivanos sobre incursiones guerrilleras se hicieron realidad, recuerdo tanto, tal vez sobre el año entre el 99 y 2000 un grupo armado ingresó al corazón de Neiva y pretendió secuestrar al empresario Hernando Falla, así se sostuvo toda una balacera, por fortuna no hubo secuestro pero sí recuerdo que hubo unas pérdidas humanas allí de quienes lo protegían, pero es que lamentablemente estos subversivos entraron y salieron o se escondieron sin ninguna dificultad, ese y muchos más hechos demostraron ya la gran vulnerabilidad que tenía la cuidad y reafirmó la incapacidad de los organismos de seguridad en contrarrestar este tipo de situaciones.

46. Pese a ello las fuerzas de seguridad del Estado no adoptaron ninguna medida especial y efectiva tendiente a prevenir una incursión armada por parte de la guerrilla a ese municipio y ni establecieron mecanismos de alarma, reacción y defensa con miras a contrarrestar oportuna y eficazmente cualquier eventualidad o ataque que pudiera presentarse.

47. La misma forma como se perpetró el secuestro es demostrativo de este hecho pues los guerrilleros incursionaron violentamente en el edificio Torres de Miraflores, ubicado en pleno centro de Neiva y a pocas cuadras de las instalaciones del DAS, la novena brigada del Ejército Nacional y el comando de la Policía Nacional, activaron cargas explosivas en las puertas de los apartamentos y sacaron por la fuerza a varios de sus moradores. Posteriormente, obligaron a los plagiados a abordar dos vehículos que se encontraban estacionados al frente de la edificación, los cuales condujeron hasta la zona de distensión luego de transitar por algunas de las principales vías del municipio de Neiva.

48. Fue tal la falta de preparación y de reacción de las autoridades que los guerrilleros lograron permanecer en el edificio Torres de Miraflores por espacio aproximado de veinticinco minutos, seleccionando a las personas que habrían de secuestrar, sin que la fuerza pública hiciera presencia en el lugar pese a que algunos vecinos y residentes dieron oportuno aviso de lo que estaba ocurriendo a los comandantes del Gaula y de la novena brigada del Ejército Nacional. Además, lograron salir de los límites territoriales del municipio de Neiva y alcanzar la zona de distensión, sin tener que enfrentar ningún obstáculo serio, capaz de poner en riesgo el éxito de su plan criminal.

49. El propio comandante de la policía del Huila, coronel Francisco Javier Caicedo, en declaraciones rendidas al diario La Nación el 28 de julio de 2001, reconoció que las autoridades no estaban preparadas para contrarrestar la acción de los insurgentes al señalar que “[nos encontrábamos] en inferioridad de condiciones para enfrentar a nuestros enemigos, lo que explica que desafortunadamente no fue posible neutralizar la retirada de los guerrilleros”(44) (artículo de prensa titulado “¿No llegó a tiempo la fuerza pública?”, fl. 477, cdno. 4).

50. Y si bien en el informe de policía judicial 515 del 27 de julio de 2001, suscrito por un investigador del CTI, dice que la “persecución y acoso de la tropa” obligó a los guerrilleros a liberar a los señoras Carmenza Briñez y Luz Marina Facundo y a los menores de edad Luis Felipe Rodríguez Briñez, Aníbal Rodríguez Briñez, Daniel Felipe Briñez y Jaime Andrés Briñez (fls. 106-108, cdno. 1), la Sala considera que tal manifestación no es compatible con la realidad. Tanto los testimonios de otros de los secuestrados(45) como la sentencia proferida el 30 de enero de 2009 por el Juzgado Segundo Penal Especializado de Huila informan que la liberación de las mencionadas personas se dio “por iniciativa de la guerrilla y no por la intervención de las autoridades” (fl. 233, cdno. 1).

51. Para defenderse de las acusaciones formuladas en su contra, la policía y el Ejército Nacional argumentaron, a lo largo del proceso, que no incurrieron en falla del servicio por el incumplimiento de las funciones a su cargo porque el ataque al edificio Torres de Miraflores era imprevisible dado que las personas que residían en él no solicitaron protección especial a las autoridades.

52. Para la Sala este argumento es inaceptable. En primer término, no es cierto que el ataque fuera imprevisible. Varios de los testigos que concurrieron al proceso declararon que antes del 26 de julio de 2001, circulaban en Neiva fuertes rumores de que la guerrilla estaba planeado tomarse alguno de los edificios de la ciudad. Declararon, además, que las autoridades tenían información en tal sentido, pues en los meses previos a la toma de Miraflores adelantaron en colegios y unidades residenciales charlas informativas con el fin de prevenir a la ciudadanía sobre la posible ocurrencia de estos hechos y de instarla a adoptar ciertas precauciones en materia de seguridad. Al respecto, se transcribe lo dicho por la señora Carmen Mariana Castrillón (fl. 689, cdno. 4, CD, minuto 25:19-29:38):

Preguntado: Por favor arquitecta manifieste si usted tiene conocimiento si los secuestrados y los aquí demandados (sic) en alguna ocasión o de manera directa le solicitaron al alcalde de la época, del municipio de Neiva, su protección por las amenazas que venían recibiendo. Contestó: Todo el mundo sabía, vuelvo y le repito, inclusive el mayor del Gaula de la época conocía y todos teníamos teléfono directo con el mayor del Gaula, es más, la noche del secuestro, en el momento en que ocurre el secuestro, yo personalmente lo llamo por mi celular, en la angustia yo le decía “nos van a masacrar, por favor ayúdenos”, y como respuesta “tranquila doctora, no salga del apartamento, ya vamos para allá”. Treinta y cinco minutos duró la guerrilla dentro del edificio y no llegó nadie. Se fue la guerrilla y todavía quedamos solos, nosotros mismos haciendo el conteo de quiénes se habían llevado y quiénes habíamos quedado, recogiendo los niños porque esa fue mi labor y llevándolos al apartamento para tenerlos a todos en un solo sitio, cerrando puertas para evitar que se nos metiera gente que no sabíamos que podían hacer porque muchos de los apartamentos quedaron totalmente abiertos, entonces en la parte de conocimiento todas las autoridades sabían a qué estábamos expuestos, todos, todo el mundo lo conocía, eso era vox populi. Una de las cosas que se decía es la guerrilla se va a tomar un edificio en Neiva, no sabíamos cuál, nunca llegamos a pensar que fuera el nuestro, decíamos de pronto el de allá arriba por la ubicación, el que queda cerca a Casablanca y siempre se llegó a pensar eso, nunca nos imaginamos que fuera a ser el edificio nuestro (...). Antes de Torres de Miraflores, el 10 de febrero del 2001, a mí me trataron de secuestrar en el desierto de la Tatacoa, de allí vino la angustia de todos en el edificio porque dijimos si yo estoy ahí metida, que fue cuando conocimos al director del Gaula y él mismo nos dijo “están todos en la mira”, pero nunca nos imaginamos que se fueran a tomar el edificio, entonces comenzamos a tener cuidados como no salir a carretera, esa serie de cosas que nos iba diciendo el Gaula que debíamos hacer, pero nunca nos imaginamos que fuera a haber un secuestro masivo (...). Preguntado: Antes de la toma hubo reuniones en el edificio por parte de autoridades y en caso afirmativo quiénes y qué les advirtieron. Contestó: Sí. Hubo no recuerdo cuántas reuniones, pero sí hicimos reuniones con personalidades del Gaula que nos advertían cómo no debíamos comprar con cheques en determinados supermercados porque se suponía que en ellos había gente que estaba mirando la procedencia del cheque, comenzaban con ese tipo de cheques a hacer seguimiento de las personas, no salir a carretera con cierta frecuencia, no tener rutinas, una serie de recomendaciones que nos iban haciendo y no fue una, fueron varias, pero no recuerdo exactamente cuántas reuniones.

53. En similar sentido, se pronunció la señora Deyanira Ortiz Cuenca (fl. 682, cdno. 4, CD 2, minuto 4:10-6:35):

Preguntado: Sabe usted si en lo que se conoce como el secuestro masivo de Torres de Miraflores, cómo actuó preventivamente, antes de ese secuestro, la policía, el ejército, el DAS, el municipio de Neiva, si hubo alguna medida especial para que de suceder esto se tuvieran acciones de parte de estas autoridades. Contestó: Bueno, yo lo que recuerdo es que en ese mes de julio había el rumor en Neiva de que la guerrilla se iba a tomar, no sabíamos si era un edificio o era un colegio, mi hijo estudia en La Fragua e incluso a los padres nos citaron a una reunión en alguna ocasión donde nos pusieron de manifiesto que había que tener mucho cuidado con los niños de La Fragua, del Yumaná, porque había el rumor de que posiblemente la guerrilla iba a incursionar en, no se sabía si en un edificio, un colegio o algo. Lo cierto es que para esos días se nos habló de eso. También recuerdo que hubo como unas reuniones en los edificios donde se habló de la seguridad de los edificios que había que tener a raíz de que existía el rumor de que se iban a tomar algún edificio en Neiva. Preguntado: Y esas reuniones tanto en el colegio como en los edificios los realizaba qué entidad o qué autoridad. Contestó: Bueno yo recuerdo que en la del colegio eran allá los directivos, no sé si con asistencia de la policía. La verdad yo a esa reunión no fui, fui notificada pero por cuestión de mi trabajo y eso no pude asistir, pero el niño sí me contaba que la reunión era para eso. Yo tenía mis dos hijos estudiando en La Fragua en ese momento y la reunión era específicamente para alertar a los padres sobre la posibilidad que se estaba rumorando de una posible toma y que tuviéramos mucho cuidado con los niños. Igualmente en el edificio que yo vivía para esa época, que vivía sobre la toma en el edificio San Lorenzo, ahí se hizo una reunión con la policía donde se pusieron alarmas, pusieron una alarma en la portería y era como una medida preventiva frente a la posibilidad de que pudiera existir cualquier toma o algo.

54. En segundo término, el hecho de que los habitantes del edificio Torres de Miraflores no hubieran solicitado protección especial a las autoridades (ver supra párr. 12.13) no significa que el daño fuera imprevisible pues, según ya se señaló, la situación de orden público imperante en Neiva y en el resto del país, así como la cercanía a la zona de distensión, ofrecían suficientes razones para sospechar que el municipio y sus habitantes podrían llegar a convertirse en objetivo del accionar bélico de la subversión, tal como lo expuso el señor Juan de Jesús Cárdenas Sánchez, antiguo Gobernador del departamento del Huila (fls. 1056-1057, cdno. 3):

Preguntado: Podría por favor doctor Cárdenas señalar a este despacho si la toma del edificio Miraflores era previsible en atención a los anuncios de las FARC de trasladar su influencia al sector urbano. Contestó: Claro, de hecho se venían presentado secuestros, voladora (sic) de puentes y precisamente varias zonas pobladas del Huila se encontraban desprotegidas de fuerza pública por lo tanto, eso hacia el departamento del Huila por esta el límite (sic) con la zona de distensión creada por el Gobierno Nacional fuera objeto de circunstancias de orden público y secuestro masivo como ocurrió en el edificio Miraflores por la actuación pasiva de que nuestras zonas pobladas se encontraran sin fuerza pública y un límite que puso el gobierno entre la zona de distensión y el departamento del Huila donde la fuerza pública no podía actuar por disposición del Gobierno Nacional.

55. Se reitera que, conforme a la jurisprudencia de esta corporación, la previsibilidad de un daño no depende exclusivamente de la existencia de amenazas concretas contra la vida, bienes y/o derechos de una persona individualmente considerada o contra la integridad de una población, “sino que debe ser estudiada a partir de la especial situación espacio-temporal de cada caso concreto, ello con el fin de determinar el grado de riesgo en el que se pueden encontrar los habitantes, algunos grupos determinados o incluso individuos que por sus actividades, sus funciones o su notoriedad o liderazgo en determinadas comunidades imponen la necesidad de que el Estado intervenga para garantizar su protección”(46).

56. Entonces, como el daño era previsible, era imperativo que las autoridades estuvieran alerta, vigilando y controlando las vías de acceso a Neiva, y que se prepararan, como mínimo, para atender y repeler con oportunidad y efectividad una acción armada de la guerrilla pues aunque nadie podía anticipar que el asalto estaría dirigido específicamente contra el edificio Torres de Miraflores —según el relato hecho por las testigos (ver supra párr. 52 y 53)— sí era previsible que se realizaría dentro del perímetro urbano del municipio y que tendría como objetivo bienes y personas de carácter civil. Sin embargo, ni la Policía Nacional y ni el Ejército Nacional actuaron de la forma descrita.

57. Lo anterior lleva a la Sala a concluir que estas dos entidades incurrieron en falla del servicio porque, conociendo la previsibilidad del resultado, derivada del hecho de que Neiva se encontraba muy cerca de la zona de distensión y de que la guerrilla de las FARC se había fortalecido militarmente y había intensificado su accionar delictivo en los municipios aledaños a ella, no intervinieron decidida, oportuna y eficazmente para evitarlo. En concreto, omitieron establecer mecanismos que impidieran o, al menos, obstaculizaran el ingreso y la salida de los subversivos del municipio de Neiva.

58. Esta falla del servicio operó como causa adecuada del secuestro de los señores Jaime Briñez Cuéllar, Carmen Nancy Ángel Muller, Aníbal Rodríguez Rojas, Natalia Rodríguez Briñez, Juan Sebastián Lozada Polanco y Jaime Felipe Lozada Polanco porque no solo permitió que la guerrilla de las FARC permaneciera en el interior del edificio Miraflores por espacio de aproximadamente 25 minutos ejerciendo contra sus moradores actos de violencia e intimidación, sino que fue determinante para que los subversivos recorrieran con sus víctimas algunas de las principales vías de Neiva y consiguieran trasladarlas sin mayores contratiempos por vía terrestre hasta la zona de distensión.

59. Por lo anterior, la responsabilidad administrativa de la Nación-Ministerio de Defensa, representada en este caso por el Ejército Nacional y la Policía Nacional, será declarada en la parte resolutiva de la presente providencia.

IX. La responsabilidad administrativa del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y del Ministerio del Interior

60. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior también son responsables del daño padecido por los demandantes porque, aunque legítima, la decisión de crear la zona de distensión fue determinante para que el secuestro de los señores Jaime Briñez Cuéllar, Carmen Nancy Ángel Muller, Aníbal Rodríguez Rojas, Natalia Rodríguez Briñez, Juan Sebastián Lozada Polanco y Jaime Felipe Lozada Polanco pudiera consumarse y prolongarse en el tiempo.

61. En efecto, el abundante material probatorio aportado al proceso demuestra que la cercanía geográfica del municipio de Neiva a la zona de distensión, facilitó la planeación y la ejecución del secuestro masivo, y que la ausencia de fuerza pública en esta parte del territorio nacional no solo hizo posible el traslado y ocultamiento de los secuestrados en este lugar, sino que conllevó a que permanecieran ahí por largo tiempo sin que ninguna autoridad intentara siquiera rescatarlos por la imposibilidad fáctica y jurídica que existía para ello.

62. Visto lo anterior, se concluye que el daño sufrido por los demandantes es el resultado de la concreción de un riesgo excepcional, creado por estas dos entidades en ejercicio de una actividad legítima encaminada a la búsqueda de una solución negociada al conflicto armado. Sobre el particular, se reitera lo dicho en la sentencia de 3 de septiembre de 2015(47):

40. En este sentido, es de cardinal relevancia entender que en el asunto que se analiza el retiro de la fuerza pública de un espacio geográfico determinado del país para adelantar negociaciones de paz fue una decisión política que, siendo acertada o no, encontró total respaldo en la normatividad constitucional y legal aplicable —razón por la que no puede hablarse en ella de una falla— y que propició en algunos casos el desarrollo de acciones armadas contra la población por parte del grupo armado con que se estaba dialogando.

41. Esto implica que la acción estatal no fue perjudicial por sí misma para los ciudadanos colombianos, en cuanto medió en la ocurrencia de los menoscabos patrimoniales la conducta de un tercero —razón por la que no puede hablarse de un daño especial—; pero se trató de una decisión ejecutiva que creó unas circunstancias específicas en las que era evidente que a los habitantes de las regiones sujetas a la medida se les sometía a un riesgo excepcional y extraordinario, al quedar a merced de un actor armado, parte del conflicto que azota a Colombia y ajeno al poder estatal, el cual, al materializarse, en ocasiones derivó en daños como el sufrido por el señor Abraham Parra Piñeros.

63. Como creadora del riesgo que determinó la ocurrencia del secuestro de los residentes del edificio Torres de Miraflores, este resulta imputable a la Nación, representada en este caso por las dos entidades demandadas que intervinieron en la expedición de la Resolución 85 de 1998, mediante la cual se creó la zona de distensión, quienes también serán declaradas extracontractualmente responsables.

X. La responsabilidad administrativa del Congreso de la República

64. Los demandantes pretenden que se declare la responsabilidad del Congreso de la República en el presente asunto por haber expedido la Ley 418 de 1997, con base en la cual se dictó la Resolución 85 de 1998, que creó la zona de distensión.

65. Esta ley, según ya se vio, fue declarada exequible por la Corte Constitucional, que consideró que desmilitarización de una zona del territorio nacional no implicaba cesión de la soberanía nacional(48).

66. Lo anterior significa que no existe ninguna actuación contraria a derecho adoptada por el Congreso de la República, que pueda tenerse como causa del daño alegado por los demandantes.

67. Tampoco cabe imputar responsabilidad a la demandada a título de daño especial ni de riesgo excepcional porque la decisión de crear la zona de distensión y de prorrogar su vigencia, aun teniendo conocimiento de los desmanes cometidos por las FARC, fue exclusiva del Gobierno Nacional.

XI. Perjuicios

68. Procede la Sala a fijar el monto de los perjuicios de conformidad con las pretensiones de la demanda, los argumentos de las apelaciones y las pruebas que obran dentro del proceso. Se advierte que como son varias las entidades responsables del daño causado a los demandantes, el pago de las condenas que se impongan en esta sentencia estará a cargo de cada una de ellas, en porcentajes iguales, sin perjuicio de que los demandantes puedan exigir la totalidad de este a cualquiera de las demandadas, a su elección, y de que unas puedan repetir contra las otras por el monto que les corresponda.

1. Perjuicios morales.

69. El Tribunal Administrativo del Huila reconoció el equivalente a XXX salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de cada una de las víctimas directas del secuestro ocurrido en el edificio Torres de Miraflores, a saber: Carmen Nancy Ángel Muller, Juan Felipe y Juan Sebastián Losada Polanco, Natalia Rodríguez Briñez, Aníbal Rodríguez Rojas y Jaime Briñez Cuéllar. Adicionalmente fijó en XXX salarios mínimos legales mensuales vigentes la indemnización debida a favor de los padres, cónyuges e hijos de las personas secuestradas, y en XXX salarios mínimos legales mensuales vigentes la que corresponde a sus hermanos, con excepción de Daniel Julián Lozada Polanco, a quien le reconoció XXX salarios mínimos legales mensuales vigentes por ser menor de edad al momento de los hechos.

70. La Sala confirmará este aparte de la decisión debido a que el perjuicio moral sufrido por estos demandantes se encuentra suficientemente acreditado, pero ordenará que la condena que fue reconocida a favor del señor Jaime Briñez Cuéllar se pague a favor de su sucesión, en razón a su fallecimiento (ver supra párr. 12.19).

71. No se dispondrá ningún incremento en el monto de las indemnizaciones porque ello no fue objeto de apelación. Empero, esto no es obstáculo para señalar que, a juicio de la Sala, aquellas reconocidas por el tribunal a favor de los familiares de los secuestrados no se compadecen con la intensidad del perjuicio moral que sufrieron. En el expediente obra suficiente prueba testimonial que da cuenta del dolor, la impotencia, la incertidumbre y la preocupación en que quedaron sumidos los cónyuges, hijos, padres y hermanos de los señores Carmen Nancy Ángel Muller, Juan Felipe y Juan Sebastián Losada Polanco, Natalia Rodríguez Briñez, Aníbal Rodríguez Rojas y Jaime Briñez Cuéllar al tener que soportar la total e intempestiva ausencia de sus seres queridos, de quienes no tuvieron noticias durante el largo tiempo en que estuvieron secuestrados, y al verse obligados a hacer enormes sacrificios físicos, emocionales y económicos para obtener su liberación.

72. Con todo, la Sala no puede pasar por alto que el 30 de enero de 2009, el Juzgado Segundo Especializado de Neiva condenó a Jhon Gilver Barrera Bustos, alias “Sijín”, “Ley” o “Jetón”, y a José Enrique Nieto Mosquera, alias “Uriel Tripaseca”, integrantes de la columna móvil Teófilo Forero de las FARC, a pagar a cada uno de las víctimas directas del secuestro la suma de 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales (ver supra párr. 12.12).

73. Por ello, y con el fin de impedir que los actores obtengan el pago de una doble indemnización por el mismo concepto, la Sala autorizará a las entidades demandadas a descontar ese valor de las indemnizaciones reconocidas en esta sentencia por perjuicios morales siempre y cuando se acredite que aquellas impuestas por la jurisdicción ordinaria fueron efectivamente canceladas a favor de los señores Carmen Nancy Ángel Muller, Juan Felipe y Juan Sebastián Losada Polanco, Natalia Rodríguez Briñez, Aníbal Rodríguez Rojas y Jaime Briñez Cuéllar.

74. Por ser aplicable al asunto, se reitera el precedente jurisprudencial de esta corporación en los casos en que las víctimas se constituyen en parte civil del proceso penal que se inicia con base en la comisión de un delito por parte del respectivo funcionario público y a su vez, demandan a la administración:

La víctima o perjudicado con un delito, por consiguiente, tiene la libertad y el derecho de reclamar la indemnización integral de los perjuicios ante la jurisdicción ordinaria, bien a los jueces penales dentro del proceso penal en ejercicio de la acción civil promovida en él con la anteriormente denominada constitución de parte civil —o ahora bajo el trámite del incidente de regulación integral de perjuicios una vez culminado este—, ora ante los jueces civiles mediante el ejercicio independiente de la acción civil. Pero, a la vez, también puede acudir en demanda de reparación directa para perseguir la indemnización del Estado por el daño antijurídico.

(...) De ahí que, retomando lo atrás expuesto, en cuanto a que la fuente de la obligación de reparar y el derecho que surge a favor del lesionado es única, esto es, el daño antijurídico originado por el delito, y no obstante que por mandato y fuerza del ordenamiento deba ser analizada desde dos perspectivas y relaciones jurídicas, entre sujetos y régimen normativo diferentes, es claro que se prohíbe el doble pago de la indemnización a la víctima, porque no se puede favorecer al actor —este sí el mismo en uno y otro juicio—, con la posibilidad de cobrar dos veces por el mismo concepto(49) y, por ende, patrocinar un enriquecimiento ilícito.

(...) no puede permitirse que la víctima se enriquezca sin justa causa a través del cobro de un doble valor indemnizatorio, y de esta irregular forma acreciente su patrimonio a expensas del patrimonio del Estado, situación que, como afirma la doctrina y así lo ha reconocido la jurisprudencia, “... está condenada por el derecho y la equidad (nemo cum alterio detrimento locupletiorem fiere potest)...”(50). Pretender recibir otro pago cuando el resarcimiento de los perjuicios derivados del daño ocasionado con el hecho delictivo ya se encuentra satisfecho, con independencia de quién ha pagado, no tiene una fuente justificativa que lo ampare y, por ende, no merece tutela por el ordenamiento jurídico.

En este sentido, huelga precisar que para no propiciar un enriquecimiento sin causa a favor del perjudicado y evitar el cobro de una doble indemnización(51), imperativo que constituye un principio general del derecho(52), cuando exista prueba del pago de la indemnización como consecuencia de una condena penal o civil o de otra forma jurídica de resolución pacífica pero vinculante de conflictos prevista por la ley, el juez administrativo en el proceso contencioso administrativo y sin perjuicio de la declaratoria de la responsabilidad del Estado, cuando se den los elementos que la estructuren, debe declarar de oficio o a petición de parte probada la excepción de pago total o parcial de la obligación indemnizatoria. Así lo impone el artículo 164 del CCA...

(...) para que en el proceso contencioso administrativo se decrete la excepción de pago, no es suficiente la demostración de que se pagó la condena impuesta por el juez penal, pues debe existir proporcionalidad entre la condena de perjuicios que este último impuso al funcionario y la que impone el juez contencioso administrativo al Estado; es decir, la excepción de pago parte de la demostración de la reparación integral del daño en la cuantía determinada en el juicio de responsabilidad contra el Estado y solo cuando el monto de la condena sea por lo menos igual a la que se profiera en el contencioso administrativo se hablará de pago total o en su defecto la excepción sería de pago parcial.

(...) Con las anteriores precisiones, la Sala, nuevamente reflexiona en torno al asunto y ahora afirma lo siguiente por considerarlo de justicia y equidad y, por ende, ajustado a derecho.

a) Que quien se ha constituido en parte civil dentro de un proceso penal o intervino en el incidente de reparación de perjuicios para perseguir la responsabilidad civil del funcionario, igualmente puede demandar ante la jurisdicción contenciosa administrativa, con el fin de perseguir del Estado la plena indemnización de los daños y perjuicios ocasionados a la víctima cuandoquiera que hubiese sido afectada a la vez por la conducta del agente y falla del servicio.

b) Que para que en el proceso contencioso administrativo se decrete la excepción de pago total, no solo se requiere la demostración de que se pagó la condena impuesta por el juez penal, sino que debe existir equivalencia entre la condena de perjuicios que este último impuso al funcionario y la que impone el juez contencioso administrativo al Estado, de suerte que se cumpla con el principio de la reparación integral del daño irrogado a la víctima o, en su defecto la excepción sería de pago parcial, o sea por la proporción que efectivamente se haya pagado en relación con el monto de la condena a imponer en el proceso contencioso administrativo.

c) Que bajo estas circunstancias la entidad demandada estará obligada a pagar la totalidad de la indemnización impuesta en la sentencia por el juez administrativo, o asumida en una conciliación aprobada judicialmente o en cualquier otra providencia, salvo que la entidad pruebe en el proceso o al momento de cubrir el monto de la condena, que el funcionario citado en el proceso penal pagó totalmente el monto de los daños tasados en el proceso contencioso administrativo por ser la condena de perjuicios en el proceso penal igual o equivalente a aquella, porque si es inferior o prueba que el funcionario pagó parcialmente, la entidad únicamente tendrá derecho de descontar la suma proporcional cubierta(53).

2. Daño a la vida de relación.

75. El concepto “daño a la vida de relación”, que hacía referencia a las consecuencias que en razón de una lesión o afectación se producen en la vida de relación de quien la sufre(54), fue abandonado y reemplazado, primero por el de alteración grave a las condiciones de existencia(55), y luego por el de daño a la salud, cuando el perjuicio se genera por afectación corporal o psicológica, y también por el de daño a bienes o derechos constitucionalmente protegidos, cuando aquel tiene su origen en la afectación de cualquier otro bien, derecho o interés legítimo, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica”. Así lo precisó el pleno de la Sección Tercera de esta corporación(56):

(...) se adopta el concepto de daño a la salud, como perjuicio inmaterial diferente al moral que puede ser solicitado y decretado en los casos en que el daño provenga de una lesión corporal, puesto que el mismo no está encaminado al restablecimiento de la pérdida patrimonial, ni a la compensación por la aflicción o el padecimiento que se genera con aquel, sino que está dirigido a resarcir económicamente —comoquiera que empíricamente es imposible— una lesión o alteración a la unidad corporal de la persona, esto es, la afectación del derecho a la salud del individuo.

Por lo tanto, cuando el daño tenga origen en una lesión corporal (daño corporal), solo se podrán reclamar y eventualmente reconocer los siguientes tipos de perjuicios —siempre que estén acreditados en el proceso—:

i) los materiales de daño emergente y lucro cesante;

ii) y los inmateriales, correspondientes al moral y a la salud o fisiológico, el primero tendiente a compensar la aflicción o padecimiento desencadenado por el daño, mientras que el último encaminado a resarcir la pérdida o alteración anatómica o funcional del derecho a la salud y a la integridad corporal(57).

Desde esa perspectiva, se insiste, el daño a la salud comprende toda la órbita psicofísica del sujeto. En consecuencia, la tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v. gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta corporación.

76. Las pruebas aportadas al proceso dan cuenta de las graves alteraciones emocionales y psicológicas que experimentan las víctimas del secuestro. El concepto rendido por la doctora Olga Lucía Gómez, directora del departamento de psicología de la Fundación País Libre, el cual obra como prueba trasladada (ver supra párr. 11.3) advierte que estas alteraciones consisten en episodios de estrés, depresión, ansiedad y pánico que se repiten incluso después de la liberación (fls. 564-573, cdno. 4):

Una vez liberados, en los primeros días, los secuestrados pasan por lo que se denomina un periodo de anestesia psíquica caracterizado por sentimientos de extrañeza. Posteriormente, el secuestrado busca contar su experiencia y después de un periodo de catarsis afectiva tiende a evitar los recuerdos y a hablar de dicha experiencia.

Durante los primeros cuarenta y cinco días es usual encontrar síntomas propios del estrés agudo, caracterizado en la mayoría de los casos por pesadillas, hipervigilancia, temores persecutorios, ansiedad, desórdenes de alimentación, dificultades en la concentración y enfermedades psicosomáticas.

Las reacciones psicológicas varían en todo caso de acuerdo con diferentes circunstancias: a) El trato recibido durante el cautiverio; b) El tipo de secuestro, simple, extorsivo económico o político; c) La modalidad del secuestro extorsivo económico: causal (pesca milagrosa), selectivo o dirigido a empresas; d) El tipo de desenlace (rescate, endeudamiento para la liberación, cambio por otro familiar, “conejo”, etc.); e) De los recursos previos y tipo de personalidad; f) El funcionamiento familiar previo, funcional o disfuncional; g) Momento del ciclo vital en que sucedió el secuestro; h) Tipo de apoyos sociales e institucionales con los que se cuente para facilitar el proceso de readaptación.

Pasados los dos meses, estos síntomas tienden a desaparecer y es el tiempo conveniente para reiniciar la vida laboral. Durante el tercero y cuarto mes se observa un deseo en la presentación de síntomas y coincide con el deseo de “borrar” el suceso y continuar con la vida. Sin embargo, entre los 5 y los 8 meses es cuando aparecen verdaderamente muchos de los cuadros psicológicos mencionados, haciendo de este un periodo crítico en el proceso de readaptación familiar posterior al secuestro. El algunos casos esta crisis tiende a ceder pero en la mayoría se mantiene haciendo necesaria la búsqueda de ayuda psicológica. Se puede afirmar que el proceso de readaptación dura alrededor de un año.

Anualmente se presenta lo que se conoce como reacción de aniversario; el secuestrado tiene a experimentar temores y aprensión cuando se acerca la fecha en la cual aconteció el suceso años atrás. Inicialmente se presentan pesadillas e hipervigilancia que tienden a desaparecer en un periodo comprendido entre los tres y los seis meses. No obstante, el desinterés y la apatía social tiende a permanecer y la vida se centra primordialmente alrededor de la familia, contexto que se convierte en el único seguro para la persona.

Aunque algunos estudios afirman que los síntomas y efectos psicológicos desaparecen con el tiempo, otros han demostrado que tres o cuatro años después de la liberación, algunos de estos síntomas continúan a nivel inconsciente. Estas personas tienden a presentar irritabilidad, somatización, obsesividad, sensibilidad interpersonal, hostilidad, ideación paranoide, ansiedad, episodios depresivos, temores persecutorios, tendencias hipocondriacas y fóbicas, aun después de varios años de haber sido liberados.

77. En el caso de la demandante Carmen Nancy Ángel Muller, la afectación a su integridad psíquica y mental quedó, además, demostrada con la valoración realizada el 12 de abril de 2008 por el Instituto de Medicina Legal, regional sur, donde consta que padecía de estrés postraumático y que requería tratamiento psiquiátrico especializado inmediato (original del informe técnico médico-legal —fls. 618-620, cdno. 4—). A continuación se transcriben las conclusiones de la valoración:

Análisis

La señora Carmen Nancy Ángel Muller sufrió secuestro el día 16 de julio de 2001 y estuvo en poder del grupo terrorista por 19 meses. Durante este tiempo vivió experiencia con la posibilidad permanente de morir. Las condiciones del cautiverio fueron difíciles y en algunos momentos extremas. Al regresar a la libertad, sus secuestradores continuaron solicitando de su parte acciones con el riesgo inminente de represarias (sic) ante su negativa; razón por la cual se tuvo que marchar de la ciudad de Neiva donde tenía su trabajo, su vida familiar y su red social establecida, siendo este un trauma más en su ya difícil condición. Actualmente continúa separada físicamente de su esposo debido a que él debe continuar con sus compromisos en la ciudad de Neiva. Su vida cotidiana se ha afectado de forma considerable debido permanencia de tristeza (sic), alteraciones cognitivas, pesadillas, disminución del apetito, estado de hipervigilancia, recuerdos frecuentes de su secuestro, disminución en el interés en las actividades, y sensación de desapego.

Conclusiones:

1. La señora Carmen Nancy Ángel Muller padece un trastorno por estrés postraumático crónico secundario al secuestro sufrido el 26 de julio de 2001.

2. La presencia de este trastorno representa un menoscabo significativo en sus actividades sociales, ocupacionales, familiares y lúdicas.

3. La señora Carmen Nancy Ángel Muller presenta 51-60 puntos en la escala de funcionamiento global del DSM IV (Manual de criterios diagnósticos, escala reconocida en la valoración psiquiátrica de trastornos mentales que va de 0 a 100 puntos). Con síntomas que interfieren en sus actividades sociales, académicas y lúdicas. Esto significa que ha perdido más de 20 puntos en la escala de funcionamiento global luego de la experiencia traumática. Esto se considera perturbación psíquica de carácter permanente.

4. Requiere iniciar tratamiento psiquiátrico especializado inmediato para evitar más complicaciones y tratar de disminuir las secuelas. Esto debe incluir antidepresivo y psicoterapia individual.

78. Los demás demandantes, si bien no fueron sometidos a una valoración psicológica individual, ello no es óbice para tener por demostrado que padecieron un daño a su salud mental pues, según el concepto emitido por la Fundación País Libre, el cual fue trasladado del proceso de tutela que dio lugar a la expedición de la Sentencia T-520 de 2003 de la Corte Constitucional (ver supra párr. 11.3), todas las víctimas de secuestro experimentan afectaciones de este tipo.

79. Además de las afectaciones psicológicas, se conoce que otro de los secuestrados padeció graves dolencias físicas durante el tiempo en que estuvo privado de la libertad. Se trata del señor Jaime Briñez Cuéllar, quien según lo relatado por algunos de los testigos, sufrió una caída cuando se desplazaba a lomo de mula de un campamento guerrillero a otro(58), que le mermó significativamente su estado de ánimo y su capacidad para sobrellevar las difíciles condiciones del secuestro, al punto que cuando recuperó su libertad se encontraba gravemente enfermo(59).

80. Por lo anterior, la Sala confirmará las condenas impuestas en la sentencia de primera instancia por concepto de daño a la vida de relación, ahora denominado daño a la salud, por valor de XXX salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de cada una de las víctimas directas del secuestro: Carmen Nancy Ángel Muller, Juan Felipe y Juan Sebastián Losada Polanco, Natalia Rodríguez Briñez, Aníbal Rodríguez Rojas y Jaime Briñez Cuéllar. La condena que corresponde a este último demandante deberá pagarse a su sucesión.

81. Igualmente, confirmará las condenas impuestas por el a quo a favor de los restantes actores pero no por concepto de daño a la salud, el cual no se encuentra debidamente demostrado, sino por la afectación a bienes y derechos constitucional y convencionalmente protegidos. Los montos no serán incrementados debido a que ello no fue objeto de apelación, pero se conservará la decisión de reconocer indemnizaciones, en lugar de otras medidas de reparación no pecuniaria, porque se considera que estas últimas no resultan suficientes ni adecuadas(60) para resarcir el daño a las familias de los secuestrados, quienes también son víctimas del delito.

82. De esta forma reconocerá lo equivalente a XXX salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de quienes eran menores de edad al momento del secuestro y sufrieron la vulneración del derecho a no ser separado de su familia y a no sufrir injerencias ilícitas y arbitrarias en su vida familiar, consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política y en el artículo 8º de la Convención sobre los Derechos del Niño. Son ellos Andrés Ricardo Gómez Ángel, hijo de Nancy Ángel Muller; Luis Felipe y Aníbal Rodríguez Briñez, hijos de Aníbal Rodríguez Rojas; Jaime Andrés y Daniel Felipe Briñez Facundo, hijos de Jaime Briñez Cuéllar. A Daniel Julián Lozada Polanco, en línea con lo resuelto por el tribunal, le reconocerá un monto mayor, de XXX salarios mínimos legales mensuales vigentes, debido a que no solo tuvo que soportar el secuestro de sus dos hermanos, Juan Sebastián y Jaime Felipe Lozada Polanco, sino también el de su señora madre, Gloria Polanco de Lozada, quien permaneció secuestrada por las FARC hasta el mes de febrero de 2008.

83. Las señoras Carmenza Briñez Cuéllar y Luz Marina Facundo Perdomo, cónyuges de Aníbal Rodríguez Rojas y de Jaime Briñez Cuéllar, respectivamente, también recibirán una indemnización equivalente a XXX salarios mínimos legales mensuales vigentes por la afectación de su derecho a la unidad e intimidad familiar, consagrado en el artículo 42 de la Constitución Política, pero también por la vulneración de su derecho al mínimo vital. Son varios los testigos que refirieron que estas dos demandantes enfrentaron serias dificultades para el sostenimiento económico de sus respectivos hogares, pues ninguna de ellas trabajaba para el momento en que sus esposos fueron secuestrados, por lo que tuvieron que recurrir a la solidaridad de sus amigos y familiares, y a la venta de parte del patrimonio familiar para poder costear la educación de sus hijos y los demás gastos del hogar.

84. La misma indemnización será reconocida a favor de los señores Ricardo Gómez Manchola, Javier Ángel Ochoa y Ilse Muller de Ángel, esposo y padres de la señora Nancy Ángel Muller, por la afectación del derecho a la integridad y unidad familiar. Los hermanos de la víctima recibirán una indemnización menor por la violación de este derecho, equivalente a XXX salarios mínimos legales mensuales vigentes, conforme a lo decidido por el a quo.

3. Lucro cesante.

85. En el caso concreto está demostrado que los señores Jaime Briñez Cuéllar, Aníbal Rodríguez Rojas y Nancy Ángel Muller ejercían una actividad productiva al momento en que se produjo en su secuestro. En efecto, los dos primeros tenían a su cargo la representación legal de las sociedades Briñez y Cía. Ltda. y Constructora Rodríguez Briñez y Cía. S. en C., las cuales estaban dedicadas al negocio de la construcción (ver supra párr. 12.18 y 12.20). Por su parte, la señora Nancy Ángel ejercía la abogacía y estaba vinculada mediante contratos de prestación de servicios a distintas empresas e instituciones financieras (ver supra párr. 12.16).

86. En cuanto a las sociedades Briñez y Cía. Ltda. y Constructora Rodríguez Briñez y Cía. S. en C., el lucro cesante se probó a través de varios testimonios que señalaron que estas perdieron su estabilidad económica y frenaron su actividad empresarial como consecuencia del secuestro de los señores Aníbal Rodríguez y Jaime Briñez (ver supra párr. 12.21 y 12.22).

87. La Sala confirmará la decisión de acceder al reconocimiento del lucro cesante causado a los señores Aníbal Rodríguez, Jaime Briñez y Nancy Ángel en consideración a que el seguro colectivo para garantizar el pago de salarios y prestaciones sociales de las víctimas de secuestro, creado mediante el Decreto 1923 de 1996, reglamentario de la Ley 282 de 1996, solo amparaba a las personas que en el momento de ser víctimas de este delito, tuvieran vigente una relación contractual laboral o se encontraran vinculados como servidores públicos del Estado, que no es el caso de ninguno de los demandantes. Aunado a ello, se conoce que dicho seguro colectivo no había sido contratado para el momento en que ocurrieron los hechos de que trata la presente demanda(61).

88. En línea con lo anterior, se procederá a establecer el monto de lo dejado de percibir por cada uno de los demandantes, así:

89. El tribunal reconoció a la señora Nancy Ángel Muller la suma de $ XXX, la cual fue apelada por los demandantes con fundamento en que la actora, al momento de su secuestro, percibía ingresos mensuales por valor de $ XXX y no de $ XXX, y que conforme al concepto emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal, ella presenta una perturbación psíquica de carácter permanente, por lo cual la indemnización que le corresponde por concepto de lucro cesante debe extenderse por el resto de su vida probable.

90. En relación con lo primero, la Sala encuentra que existe una contradicción entre la información que aparece consignada en la certificación elaborada por el contador público Hernando Salgado Hillon y la que se extrae de la declaración de renta correspondiente al año 2001. En el primer documento consta que durante ese año la señora Nancy Ángel percibió en promedio ingresos mensuales por valor de $ XXX (fl. 146, cdno. 5), mientras que en el segundo figura que sus ingresos netos en el año ascendieron a $ XXX, lo que quiere decir que el promedio de lo que devengado mensualmente fue mayor, concretamente $ XXX, teniendo en cuenta que solo trabajó hasta el 26 de julio de 2001 (fl. 65, cdno. 5).

91. En el expediente no obran elementos que permitan explicar esa contradicción. Sin embargo, debe anotarse que en el texto de la demanda, los demandantes afirmaron que el valor de los ingresos mensuales de la señora Ángel era de $ XXX (fl. 25, cdno. 4), lo cual puede tenerse como una confesión espontánea en los términos del artículo 194 del Código de Procedimiento Civil(62). Por tal razón, la Sala considera que es este valor, y no el que se encuentra consignado en la declaración de renta, el que debe tomarse como ingreso base de liquidación.

92. En relación con el otro argumento de la apelación, no se accederá a extender la indemnización por lucro cesante hasta el fin de la vida probable de la víctima por las razones que se exponen a continuación. En primer término, aunque que el dictamen de medicina legal informa que la señora Ángel padece una perturbación psíquica de carácter permanente, de ello no se sigue que se encuentre en incapacidad absoluta de trabajar. De hecho, en ese documento consta que cuando la actora acudió a la valoración el 23 de enero de 2008 ejercía una actividad productiva, pues estaba vinculada a la Rama Judicial en el cargo de magistrada auxiliar.

93. De otra parte, reconocer a la señora Nancy Ángel una indemnización que se extienda hasta el fin de su vida probable iría en contra de la idea que ha defendido de tiempo atrás esta corporación(63), según la cual la víctima tiene el deber moral de reaccionar ante el hecho dañoso y de sobreponerse a él porque, de lo contrario, se patrocinaría la lógica de la desesperanza, del asistencialismo y del sufrimiento eterno(64).

94. Se aclara que aunque este criterio ha sido empleado en los casos de pérdidas materiales, no existen impedimentos para aplicarlo al asunto sub judice porque, desde una perspectiva psico-social, la reparación debe estar orientada a la rehabilitación y dignificación de las víctimas, y a tratarlas “como sujetos que no solamente están sufriendo, sino que cuentan con recursos para afrontar su situación actual de vida, lo que implica también reconocer que los hechos de victimización no son el referente estructural que define su situación actual, sino que tienen el valor de variables en una cadena de acontecimientos históricos que constituyen la vida de un sujeto o una comunidad”(65).

95. Con todo, la Sala considera que sí es procedente extender la indemnización a que tiene derecho la demandante por un periodo de tiempo adicional a la fecha en que se produjo su liberación, teniendo en cuenta que, de acuerdo con el concepto rendido por doctor Emilio Meluk, director del departamento de psicología de la Universidad Nacional de Colombia, las víctimas de secuestro, con frecuencia, experimentan niveles de afectación sicológica que les impiden, temporalmente, desarrollar con normalidad su labor, o actividad empresarial o económica, luego de su liberación (fls. 560-562, cdno. 4):

Las personas que han sido secuestradas siempre presentan algún tipo de afectación después de la liberación. El nivel de afectación en cada caso va a depender de:

a) Experiencias vividas antes del secuestro, tanto la víctima y su familia, en especial las relacionadas con la exposición a riesgos.

b) Duración del secuestro.

c) Condiciones ambientales de la retención.

d) Condiciones familiares, económicas, laborales y de seguridad que encuentra después de ser liberado y en las que queda la familia.

De los anteriores factores, y algunos otros, depende el tipo, cantidad y calidad de la afectación después del secuestro. La actividad laboral, empresarial o económica se encuentran entre aquellas que sí suelen afectarse. La gran mayoría de los casos —no sabría dar la cifra exacta— logra superar la afectación, entendiendo por este último el poder retomar sus actividades familiares, sociales y laborales que tenían antes del secuestro, obviamente, con algunas modificaciones.

(...).

Una cronología de la afectación psicológica observada podría ser:

a) Fase de euforia (15 días-1 mes). Se caracteriza por la expansión del ánimo, hiperactividad, alteraciones del sueño, deseos de cambio en lo personal, familiar y laboral, etc.

b) Fase de elaboración y adaptación (hasta seis meses). Período en el cual la persona que estuvo secuestrada elabora psicológicamente los afectos relacionados con el secuestro, y retoma su vida familiar, social, laboral nuevamente. Al culminarse, se recuerdan sucesos del secuestro pero no afectan el desarrollo de la vida cotidiana.

c) Presencia de secuelas psicológicas del secuestro (después de 12 meses). Habiendo transcurrido el tiempo necesario y suficiente para la elaboración y adaptación psicológica posterior al secuestro, los cambios descritos en el numeral anterior (2) que permanecen, pueden calificarse como secuelas del secuestro. No todos pueden calificarse como negativos para la convivencia en sociedad, los cambios del proyecto de vida, (num. 2.b) pueden redundar en una mejor relación de pareja, comportamiento familiar, solidaridad comunitaria, etc.

Cuando las secuelas permanecen después del tiempo mencionado, es casi siempre porque existía una personalidad premórbida antes del secuestro; es decir, el secuestro como experiencia que ocasiona un alto nivel de estrés, activa o hace evidente los que existía de manera pasiva o no evidente en la víctima de secuestro.

96. Este periodo adicional será de un año ya que, según el estudio transcrito, es el tiempo que en promedio suele tardar el proceso de readaptación económica y social de una persona que ha estado secuestrada. Además, es el mismo tiempo que la Corte Constitucional ha otorgado a las víctimas de este delito para que reasuman el pago de sus obligaciones crediticias luego de su liberación o, en otras palabras, durante el cual resulta inexigible el cobro judicial o extrajudicial de las deudas previamente adquiridas, una vez la persona recupera su libertad:

3.4.3. Prolongación de los efectos del secuestro e inexigibilidad de las cuotas durante la fase de readaptación de la persona liberada

Con todo, los efectos del secuestro se prolongan más allá del tiempo en que la persona permanece en cautiverio. A su vez, tales efectos inciden sobre la capacidad del sujeto para adaptarse a su actividad económica y laboral, después de su liberación. Si bien la persona ya no se encuentra privada de su libertad, y por lo tanto físicamente podría reincorporarse a sus actividades, mentalmente se encuentra indispuesta.

Las entidades que rindieron los conceptos técnicos a los que se hizo referencia en el aparte 3.3.3 de esta providencia describen la cronología de la evolución sicológica habitual de los secuestrados que han sido liberados. De acuerdo con el concepto del departamento de psicología de la Universidad Nacional, dentro de la “fase de elaboración y adaptación” es aconsejable que la persona retome nuevamente su vida laboral, social y familiar. Esta etapa puede durar entre uno y seis meses. Así mismo, según el concepto de la Fundación País Libre, esta fase se inicia después del segundo mes, aun cuando entre los cinco y ocho meses reaparecen muchos de los cuadros sicológicos a los que alude el estudio, haciendo de este un período crítico en el proceso de readaptación posterior al secuestro. A pesar de estas diferencias, los dos estudios coinciden en afirmar que el proceso de readaptación dura alrededor de un año, y que aquellas manifestaciones que se den con posterioridad a los doce meses después de la liberación, son secuelas (permanentes) del mismo.

En el presente caso, como también se dijo en el acápite 3.3.3 de esta providencia, el señor Jurgen Huelsz se encontraba en una situación de debilidad manifiesta debido a la afectación psicológica como consecuencia del secuestro. En esa medida, en su situación particular, el cobro judicial del préstamo durante la fase de readaptación supone una afectación de sus posibilidades de recuperación.

Por otra parte, además del efecto psicológico que de por sí produce el secuestro sobre la capacidad económica y laboral de las personas, cuando la liberación del secuestrado es consecuencia del pago de un rescate, las deudas adquiridas suponen una carga económica adicional. Esta carga suele ser desproporcionadamente onerosa, imprevista e imprevisible —pues frente a ella el individuo no puede asegurarse—(66) y, en muchos casos, el secuestrado no está en capacidad de asumirla. Este también es el caso del señor Huelsz, ya que, como se dijo anteriormente, él y su familia tuvieron que pagar cuantiosas sumas de dinero para su rescate y el de su cuñado.

Ahora bien, no puede afirmarse que la disminución de la capacidad económica y laboral de la persona como consecuencia de su estado mental, aunada al pago del rescate, le impidan cumplir sus obligaciones después de su liberación. Sin embargo, estas circunstancias significan un aumento de la carga económica que debe asumir la persona liberada durante una fase crítica de su proceso de readaptación social. En esa medida, exigir el cumplimiento de las cuotas del préstamo durante este período pone en riesgo su proceso de recuperación, e implica una amenaza de su capacidad para retomar su propio plan de vida, afectando con ello el derecho al libre desarrollo de su personalidad.

Adicionalmente, la decisión de exigir judicialmente el pago de la deuda durante este tiempo de inestabilidad puede no resultar la más conveniente para los bancos, desde una perspectiva económica. Sin duda la estandarización de los procedimientos de cobro de cartera por parte de las entidades bancarias permite a estas entidades reducir los riesgos morales y los costos de transacción, facilitando así mismo su operación, dado el número de usuarios del sistema. En esa medida, la mecanización de estos procedimientos contribuye, en términos generales, a mejorar la eficiencia en la prestación de este servicio público.

Sin embargo, la mecanización de tales decisiones no necesariamente es el mejor método para obtener el pago de las deudas en los casos de personas secuestradas. Particularmente, cuando el riesgo inherente a las deudas de las personas, una vez liberadas, está atado a las condiciones de inestabilidad económica y emocional, posteriores al secuestro, cuyos efectos y duración son conocidos. Así, exigir el pago de la deuda durante la fase de readaptación implica que el banco no solo debe afrontar el problema de liquidez de esta persona, sino que además disminuyen sus posibilidades de recuperar la deuda, pues el cobro incide negativamente sobre su readaptación al circuito productivo.

Por todo lo anterior, dadas las especiales condiciones del riesgo que supone exigir la deuda a una persona liberada durante su fase de readaptación, el pago de las cuotas tampoco resulta exigible durante el año siguiente a su liberación. En esa medida, no le son exigibles intereses moratorios durante este período, pues el carácter sancionatorio que les es inherente no es compatible con la ausencia de culpa de quien materialmente no puede cumplir su obligación, o hacerlo le resulta extremadamente gravoso(67).

97. Con base en los anteriores criterios, la Sala procederá a calcular el valor de la indemnización debida a la señora Carmen Nancy Ángel Muller por concepto de lucro cesante, así: el promedio de lo devengado en el año 2001 ($ XXX) será actualizado a la fecha de hoy ($ XXX) e incrementado en un 25% por concepto de prestaciones sociales ($ XXX).

98. El periodo a indemnizar se cuenta desde el 26 de julio de 2001, fecha en la cual la demandante fue secuestrada, hasta el 15 de febrero de 2004, teniendo en cuenta que el tiempo de readaptación es de un año, contado a partir de la fecha de la liberación, que ocurrió el 15 de febrero de 2003. En total son 31,13 meses.

Se calcula con base en la siguiente fórmula:

S = Ra (1 + i)n - 1

i

Donde:

S = Valor de indemnización por el período

Ra = Renta actualizada

i = Interés técnico del 0.00467

n = número de meses a indemnizar (31,13)

1 = Constante

S = $ XXX (1 + 0.004867)31,13 = $ XXX

0.004867

99. Se tiene, entonces, que la indemnización debida a la señora Carmen Nancy Ángel Muller por concepto de lucro cesante es de XXX.

100. De otra parte, a los señores Aníbal Rodríguez Rojas y Jaime Briñez Cuéllar, el tribunal les reconoció una indemnización por valor de $ XXX y $ XXX, respectivamente. Estas sumas no serán actualizadas, sino que se procederá a realizar una nueva liquidación en consideración a que las indemnizaciones fijadas en la sentencia de primera instancia se calcularon con fundamento en el total de los ingresos percibidos por los demandantes, pero no en la renta líquida, que es la que se obtiene luego de la aplicación de los costos y deducciones correspondientes.

101. Así, en las declaraciones de renta de los cuatro años inmediatamente anteriores al secuestro (1997, 1998, 1999 y 2000), las cuales se presumen veraces(68), consta que el señor Aníbal Rojas Rodríguez obtuvo, en promedio, ganancias anuales por valor de $ XXX (fls. 116-19, cdno. 6), en tanto que el señor Jaime Briñez Cuéllar recibió, en promedio, $ XXX por el mismo concepto (fls. 103-108, cdno. sin número). De lo anterior se infiere que el valor mensual de lo percibido por cada uno de ellos fue $ XXX y de $ XXX, respectivamente. Estas sumas serán actualizadas con base en la siguiente fórmula:

Ra = Rh índice final(69)

índice inicial(70)

Ra = $ XXX índice final (138,04) = $ XXX

índice inicial (65,88)

Ra = $ XXX índice final (138,04) = $ XXX

índice inicial (65,88)

102. El periodo a indemnizar se cuenta desde el 26 de julio de 2001, fecha en la cual los demandantes fueron secuestrados, hasta el 30 de octubre de 2005, teniendo en cuenta que el tiempo de readaptación es de un año, contado a partir de la fecha de la liberación, que ocurrió el 30 de febrero de 2004. En total son 51,9 meses.

Se calcula con base en la siguiente fórmula:

S = Ra (1 + i)n - 1

i

Donde:

S = Valor de indemnización por el período

Ra = Renta actualizada

i = Interés técnico del 0.00467

n = número de meses a indemnizar (51,9)

1 = Constante

S = $ XXX (1 + 0.004867)51,9 - 1= $ XXX

0.004867

S = $ XXX (1 + 0.004867)51,9 - 1= $ XXX

0.004867

103. Se tiene, entonces, que la indemnización debida por concepto de lucro cesante a favor del señor Aníbal Rodríguez Rojas es de XXX, en tanto que la que corresponde al señor Jaime Briñez Cuéllar es de XXX, la cual deberá pagarse a su sucesión.

104. Por último, el tribunal reconoció a la Constructora Rodríguez Briñez y Cía. S. en C. la suma actualizada de $ XXX, en tanto que a la sociedad Briñez y Cía. Ltda. le otorgó una indemnización en cuantía de $ XXX.

105. Estas sumas fueron fijadas con fundamento en las conclusiones del dictamen pericial practicado dentro del proceso, el cual no está debidamente motivado pues no contiene ninguna explicación acerca de los criterios que se tomaron en cuenta para efectos de establecer el monto de las utilidades dejadas de percibir durante el 2001 y los años siguientes.

106. Por ello, la Sala se apartará de lo decidido por el tribunal. En su lugar, tomará en cuenta la información contenida en las declaraciones de renta de cada una de las sociedades demandantes a fin de establecer el valor de la renta líquida causada durante los años en que se prolongó el secuestro de los señores Jaime Briñez Cuéllar y Aníbal Rodríguez Rojas, la cual se obtiene luego de descontar el valor de los costos y deducciones del monto de los ingresos totales de cada año.

107. Al igual que en el caso de los otros demandantes, la indemnización se extenderá por el año siguiente a la fecha de la liberación (oct./2004), que es el tiempo que se estima le tomó a cada una de estas sociedades retomar y normalizar su actividad empresarial, pues está probado que los actores eran los gestores de los negocios de estas dos empresas.

108. El valor de lo dejado de percibir se establecerá atendiendo a la diferencia que existe entre el valor de la renta líquida del año inmediatamente anterior al secuestro (2000)(71) y el de aquella de cada uno de los años comprendidos entre el periodo 2001-2005 (fls. 1168-1173, cdno. 2; fls. 93-98, cdno. 6).

icon
ver tabla
Sociedad Briñez y Compañía Ltda.
200020012002200320042005
$ XXX$ XXX$ XXX$ XXX$ XXX$ XXX

109. Lo anterior quiere decir que, comparado con el año inmediatamente anterior al secuestro, la sociedad Briñez y Compañía Ltda. dejó de percibir ganancias por valor de $ XXX en el 2001; de $ XXX en el 2002; de $ XXX en el 2003; de $ XXX en el 2004 y de $ XXX en el 2005. Cada una de estas cifras será actualizada conforme a la fórmula previamente empleada.

AñoValorÍndice inicial(72)Índice final(73)Valor
actualizado
2001$ XXX138,0466,72$ XXX
2002$ XXX138,0471,39$ XXX
2003$ XXX138,0476,02$ XXX
2004$ XXX138,0480,20$ XXX
2005$ XXX138,0484,10$ XXX
Total$ XXX

110. La suma de XXX es entonces el lucro cesante causado a la sociedad Briñez y Cía. Ltda.

icon
ver tabla
Sociedad Constructora Rodríguez Briñez y Cía. S. en C.
200020012002200320042005
$ XXX$ XXX$ XXX$ XXX$ XXX$ XXX

111. Según se ve, con respecto a lo ocurrido en el año 2000, la sociedad Constructora Rodríguez Briñez y Cía. S. en C. dejó de percibir ganancias por valor de $ XXX en el 2002; de $ XXX en el 2003; y de $ XXX en el 2004. En los años 2001 y 2005 la renta líquida de la sociedad fue superior a la del año 2000, por lo que la Sala entiende que la actora no experimentó un lucro cesante en estos dos periodos de tiempo. Las cifras de los años restantes serán actualizadas conforme a la fórmula previamente empleada.

AñoValorÍndice inicial(74)Índice final(75)Valor
actualizado
2002$ XXX138,0471,39$ XXX
2003$ XXX138,0476,02$ XXX
2004$ XXX138,0480,20$ XXX
Total$ XXX

112. La suma XXX es entonces el lucro cesante causado a la sociedad Constructora Rodríguez Briñez y Cía. S. en C., ahora denominada Constructora Rodríguez Briñez SAS —CRB SAS—.

4. Daño emergente.

113. En relación con el daño emergente, el Tribunal Administrativo del Huila adoptó las siguientes determinaciones: De una parte, reconoció a favor de los señores Jaime Briñez Cuéllar y Luz Marina Facundo la suma de $ XXX, que corresponde al valor actualizado, a la fecha de la sentencia de primera instancia, del precio de venta del apartamento que era de su propiedad. De otra parte, denegó la pretensión formulada por los hermanos Lozada Perdomo para que se les restituyera la suma de dinero que su padre, el señor Jaime Lozada Perdomo, tuvo que pagar por su liberación. Finalmente, no reconoció indemnización alguna por este concepto a favor de la señora Nancy Ángel Muller o alguno de los integrantes de su grupo familiar con el argumento de que ello no se pidió en la demanda.

114. La primera determinación será confirmada por cuanto está probado que la pérdida del apartamento de propiedad de los señores Jaime Briñez Cuéllar y Luz Marina Facundo (ver supra párr. 12.23) es consecuencia directa del secuestro del primero de ellos, pues cuando se produjo su regreso a la libertad, el actor tuvo que enfrentar una situación económica apremiante generada por las deudas que su familia adquirió para subsistir durante su ausencia y por la parálisis de las empresas de las cuales era socio. Ello lo condujo, al decir de los testigos Carmen Mariana Castrillón, Gloria Briñez Cuéllar y Marco Antonio Lozano (fls. 688, 689, 694, cdno. 4; CD 3, minuto 3:30-4:15, minuto 32:08-32.40, CD 4 minuto 27:36-27:50), a tomar la decisión, junto con su esposa, de vender el apartamento en el que residían, y del cual eran propietarios, con el fin de encontrar un poco de alivio a su situación.

115. Lo procedente es, entonces, actualizar el valor reconocido por el tribunal a quo por concepto de daño emergente a favor de estos demandantes, con fundamento en la siguiente fórmula:

Ra = Rh índice final(76)

índice inicial(77)

Ra = $ XXX índice final (138,04) = $ XXX

índice inicial (107,24)

116. Se tiene, entonces, que el valor del daño emergente causado a los señores Jaime Briñez Cuéllar y Luz Marina Facundo Perdomo es de $ XXX. El 50% de este valor, esto es, la suma de $ XXX, será cancelado a favor de la sucesión del causante y el 50% restante a favor de su cónyuge, la señora Facundo Perdomo.

117. La segunda determinación, relativa al daño emergente solicitado por los hermanos Lozada Polanco también será confirmada debido a que no fue objeto de apelación. En cualquier caso, cabe señalar que le asistió razón al tribunal a quo al denegar esta pretensión pues ninguno de los demandantes está legitimado en la causa para solicitar a su nombre la restitución de la suma de dinero que se entregó por su liberación, pues como quedó demostrado dentro del proceso (ver supra párr. 12.10), el pago fue hecho su padre, el señor Jaime Lozada Perdomo.

118. La última determinación sí fue apelada por el apoderado de los demandantes aduciendo que aunque dentro de pretensiones de la demanda no se solicitó expresamente una indemnización por el daño emergente, en el acápite de hechos sí se narró que la familia de Nancy Ángel se vio obligada a cancelar la suma de XXX para obtener su liberación, por lo que es deber del juez interpretar la demanda y reconocer este perjuicio en observancia del principio de reparación integral.

119. De acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación, “interpretar la demanda” consiste en auscultar su texto con el fin de desentrañar el sentido que quiso trasmitir el demandante, sin que ello signifique que este puede ser modificado o adicionado, so pretexto de que no es claro(78).

120. Este ejercicio supone ver la demanda como un todo y “extraer de cada uno de sus componentes las pretensiones y los hechos relevantes al caso concreto, en aplicación del principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial —C.P., art. 228— y de la máxima “dame los hechos que yo te daré el derecho””(79).

121. En el caso concreto, se observa que los demandantes refirieron haber sufrido un daño emergente al relatar, en el capítulo de los hechos de la demanda, que tuvieron que pagar XXX para conseguir la liberación de la señora Nancy Ángel Muller. Adicionalmente, tomaron este valor para hacer la estimación razonada de la cuantía y solicitaron al tribunal que decretara un conjunto de testimonios tendientes a probar este hecho, por lo que difícilmente podría concluirse que la demanda no se interpuso con el propósito de obtener la indemnización de este perjuicio. Todo lo contrario.

122. Por ello, interpretando la demanda como un todo, la Sala entiende que las pretensiones sí incluyeron el daño emergente, por lo que lo procedente ahora es determinar si debe accederse a este reconocimiento, teniendo en cuenta que el pago se encuentra demostrado mediante el testimonio del señor Jaime Gómez Manchola (ver supra párr. 12.9) el cual, aunque prima facie podría considerarse sospechoso en virtud de la relación de parentesco que existe entre el testigo y algunos de los demandantes, goza de total credibilidad no solo porque el relato resulta ordenado, lógico y coherente, sino porque es apenas razonable que solo los miembros más cercanos del núcleo familiar tengan conocimiento de los pormenores de un asunto tan delicado.

123. El Ministerio Público se opuso al reconocimiento de este perjuicio con el argumento de que el pago hecho por el rescate de la señora Nancy Ángel Muller encuentra su origen en un negocio que tiene objeto ilícito (ver supra párr. 9).

124. La Sala, en cambio, considera que debe accederse a la pretensión pues, como lo ha señalado la Corte Constitucional, el pago de un rescate solo adquiere objeto ilícito si se analiza desde la perspectiva de quien lo exige y lo recibe(80), pero no desde la perspectiva de las víctimas, pues su conducta se encuentra justificada por la necesidad de defender y proteger un derecho ajeno. En efecto, no puede reprocharse ni juzgarse la conducta de quien decide disponer de sus propios bienes en procura de obtener la libertad de un ser amado que ha sido secuestrado. Esa conducta se encuentra protegida por el ordenamiento jurídico, ya que se trata de una acción humanitaria y solidaria. El mismo criterio ha sido defendido antes por esta Subsección en un pronunciamiento que por su importancia se transcribe en extenso:

Estima la Sala a este respecto que si bien dichos pagos pueden encontrarse prima facie como derivados de un objeto ilícito, en tanto es posible identificarlos de manera ligera como actos de negociación respecto de una garantía fundamental, que indudablemente está fuera del comercio, al tiempo que su causa también puede aparecer cuestionada por el fin de lucro delictivo que entrañan, esos cuestionamientos solo resultan predicables con respecto de las organizaciones armadas o grupos criminales, cuyo abyectos motivos impiden evidenciar en ellos una finalidad jurídicamente atendible.

Sin embargo, desde la perspectiva de las víctimas, esos eventuales pagos sí llevan ínsito un motivo justificado, una finalidad que el ordenamiento jurídico protege, cual es la defensa de los derechos fundamentales del secuestrado, con ocasión de lo cual se legitiman las actuaciones y eventuales pagos tendientes a la preservación de la vida del secuestrado, sin que pueda afirmarse que so pretexto de proteger asuntos de interés común como la seguridad pública y evitar la financiación de grupos ilegales, las víctimas están llamadas a sacrificar sus propias libertades y derechos, o a permanecer inermes frente tan graves afectaciones, en espera del inevitable resultado.

La Ley 40 de 1993, por medio de la cual “se adopta el estatuto nacional contra el secuestro y se dictan otras disposiciones”, tipificó como punible la intervención, negociación o intermediación para asegurar el pago de rescate por la liberación de un secuestrado(81), así como la colaboración de los servidores públicos en ese tipo de pagos(82) e impuso medidas administrativas de vigilancia sobre los bienes de los secuestrados y sus familias para evitar cualquier tipo de negociación con los delincuentes(83). Sin embargo, no tardó la Corte Constitucional en pronunciarse sobre la constitucionalidad de esas y otras disposiciones de la misma ley. En Sentencia C-542 de 1993, la Corte Constitucional(84) tuvo en cuenta esas circunstancias y reconoció que quien paga un rescate lo hace en cumplimiento del deber de solidaridad previsto en artículo 95 de la Constitución, por lo cual, entre otras razones, no puede ser penalizada dicha conducta. Concluyó la Corte:

1. Quien es víctima de un delito de secuestro, enfrenta un riesgo inminente de perder su vida, y ha perdido, al menos temporalmente, su libertad.

2. No solo por declararlo expresamente la Constitución, sino en virtud de principios universalmente aceptados, la vida humana y la libertad son valores cuya defensa obliga al Estado y a los particulares. Quebranta, pues, la Constitución una norma que erige en delito la conducta razonable de los particulares encaminada a proteger la vida y la libertad, propias o de un semejante.

Además, es claro que la ley no puede hacer a un lado las causales de justificación, concretamente el estado de necesidad, en que quedan el secuestrado, sus parientes, amigos, y la sociedad en general.

3. Se invoca, para prohibir el pago del rescate, el argumento de la primacía del interés general. Pero es menester tener presente que, por su dignidad, el hombre es un fin en sí mismo y no puede ser utilizado como un medio para alcanzar fines generales, a menos que él voluntaria y libremente lo admita. Por tanto, el principio de la primacía del interés general, aceptable en relación con derechos inferiores, como el de la propiedad, no es válido frente a la razón que autoriza al ser humano para salvar su vida y su libertad, inherentes a su dignidad.

4. El Estado tiene los medios para combatir el delito de secuestro, como los tiene para los demás delitos. Estos medios, en general, implican la investigación y el castigo de los criminales. Y no tienen por qué convertir forzosamente a la víctima o a quienes intenten defenderla, en delincuentes.

5. El artículo 12 de la Constitución prohíbe someter a alguien a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y a tales tratos se somete a la víctima de un secuestro y a sus allegados, cuando se les priva de la posibilidad de defenderse por el único medio a su alcance, agravando la situación causada por los secuestradores.

6. Quien paga para obtener la libertad de un secuestrado y salvar su vida, lo hace en cumplimiento del deber de solidaridad que la Constitución le impone en el artículo 95: “Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”.

En esas condiciones, para la Sala es claro que quien paga por la vida y libertad de un ser querido, ante la imposibilidad del Estado de garantizar esos derechos, no incurre en conducta alguna antijurídica o censurable, menos aún punible, sino que, por el contrario, actúa en ejercicio de una labor humanitaria que no puede ser válidamente censurada. Lo contrario equivaldría a despojar a los afectados del único recurso a su alcance para la protección de sus derechos y, de paso, condenarlos a la espera de la retaliación del delincuente.

Aunque ese tipo de negociaciones y pagos se haga por decisión propia de los afectados, es evidente que no se trata de una determinación libre, sino impuesta por una coacción insuperable derivada del hecho lesivo, por lo que lo así pagado se constituye un perjuicio derivado de este y, por ende, debe ser resarcido, a título de daño emergente, bajo el entendido que se trata de dineros que han salido del patrimonio de las víctimas con ocasión del daño, máxime en eventos como el que se resuelve, en el que está probado que el pago del rescate fue sugerido a la familia por algunos mandos del ejército como la única opción viable de liberación, frente a lo cual no era esperable una conducta distinta de las víctimas(85).

125. Por lo anterior, se procederá a reconocer a título de daño emergente la suma de XXX que fueron pagados por los padres y el esposo de la señora Nancy Ángel Muller, los cuales serán actualizados con fundamento en la siguiente fórmula:

Ra = Rh índice final(86)

índice inicial(87)

Ra = $ XXX índice final (138,04) = $ XXX

índice inicial (73,03)

126. Entonces, a los demandantes Ricardo Gómez Manchola, Ilse Muller de Ángel y Javier Ángel Ochoa les corresponde una indemnización por valor de XXX.

5. El good will.

127. El Tribunal Administrativo de Huila no accedió a reconocer la afectación al good will de las sociedades Briñez y Cía. Ltda. y Constructora Rodríguez Briñez y Cía. S. en C., en consideración a que este perjuicio no quedó acreditado en el proceso. La parte actora apeló este aparte de la decisión con fundamento en que el daño se presentó por la disminución de los ingresos reales de las dos empresas, dado que al ser secuestrados los socios mayoritarios, estas paralizaron sus actividades, quedando ad portas de la liquidación, lo que significa que “su prestigio y su buen nombre se vieron suficientemente menoscabados”.

128. La jurisprudencia ha definido el good will como el “buen nombre o fama comercial en un conglomerado económico-social determinado”. A pesar de que no existe una disposición normativa que lo defina, el Decreto 2650 de 1993 o plan único de cuentas para comerciantes se refiere a su registro contable como crédito comercial, y la jurisprudencia ha establecido que tal concepto corresponde a:

[E]l buen nombre o fama comercial en un conglomerado económico-social determinado, bien intangible que conlleva beneficios tales como el reconocimiento de los consumidores al producto o servicio y a la empresa que lo suministra, la confianza y credibilidad de la empresa, la calificación positiva del consumidor a las características del producto y el derecho a la clientela, esta última con protección jurídica positiva en las normas que consagran la prohibición de las conductas de competencia desleal (L. 256/96). El contenido patrimonial de este derecho no tiene parámetros precisos y por tanto generalmente corresponde a un estimado del potencial de mercado y su rentabilidad(88).

129. La corporación en su precedente ha incluido los daños al buen nombre o good will en el concepto de perjuicios materiales, en la medida que dichos derechos aunque pertenezcan a la esfera de lo inmaterial constituyen parte del acervo patrimonial de la persona jurídica; por tanto, el daño que ocasionó la entidad demandada a aquellos bienes de origen inmaterial, los cuales se encuentran incluidos dentro de la noción de establecimiento de comercio, “deberán ser resarcidos, tanto el daño emergente, cuya indemnización está sometida a la acreditación de los gastos en los que incurrió la persona jurídica para restablecer su buen nombre o good will, como el lucro cesante, materializado en lo que la persona jurídica afectada por el desprestigio haya dejado de percibir por el hecho dañino”(89).

130. En el caso concreto, está probado que las sociedades Briñez y Cía. Ltda. y Constructora Rodríguez Briñez y Cía. S. en C. sufrieron una parálisis por cuenta del secuestro de sus dos socios principales, los señores Aníbal Rodríguez Rojas y Jaime Briñez Cuéllar. Sin embargo, no está demostrado que esta parálisis haya afectado el buen nombre comercial de las sociedades demandantes. De hecho, en el testimonio que rindió ante el a quo, el señor Rafael Cruz Rivera, quien también era socio de la empresa Briñez y Compañía Ltda., reconoció que esta “quedó con credibilidad pero sin apoyo efectivo” como consecuencia del secuestro de los demandantes porque los bancos se negaron a otorgarle nuevos créditos (fl. 782, cdno. 4), lo cual indica que la compañía conservó su prestigio pese a que experimentó un lucro cesante, derivado de la imposibilidad financiera para emprender nuevos proyectos.

131. Por las razones expuestas, se confirmará lo decidido por el tribunal a quo en relación con este punto.

XII. Otras medidas de reparación

132. Con el fin de contribuir a la construcción de la memoria colectiva, de promover la reflexión social e institucional en torno a los hechos que dieron origen al presente proceso y de comprometer al Estado con la no repetición de las conductas causantes del daño sufrido por los demandantes, la Sala dispone que, como medida de satisfacción, se publique en dos diarios, uno de amplia circulación nacional y otro de circulación en el departamento del Huila, un resumen de la presente sentencia, en particular, de los argumentos que motivaron la declaratoria de responsabilidad de cada una de las entidades demandadas.

133. Empero, con el propósito de proteger el derecho a la intimidad de los demandantes y de evitar que resulten revictimizados con ocasión del pago de las indemnizaciones reconocidas a su favor, la publicación no podrá incluir los valores que fueron fijados en esta sentencia por este concepto, ni aquellos que las familias de los señores Aníbal Rodríguez Rojas, Natalia Rodríguez Briñez, Jaime Briñez Cuéllar y Nancy Ángel Muller pagaron por su liberación.

134. A estos efectos se dispondrá que las copias que se expidan de esta decisión, así como el texto que quede disponible para consulta en línea a través de la página web de esta corporación, omita esta información con el fin de evitar que la misma sea conocida y difundida.

135. Para el cumplimiento lo anterior se otorga el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia. El contenido de las dos publicaciones deberá ser definido por el Ministerio del Interior, sin perjuicio de que su costo sea asumido, por partes iguales, por todas las entidades condenadas.

XIII. Costas

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia apelada, esto es, la de 26 de abril de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, la cual quedará así:

1. DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio de Neiva.

2. DECLARAR a la Nación representada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, y Ministerio de Defensa-Policía Nacional y Ejército Nacional administrativamente responsables por el secuestro de los señores Jaime Briñez Cuéllar, Carmen Nancy Ángel Muller, Aníbal Rodríguez Rojas, Natalia Rodríguez Briñez, Juan Sebastián Lozada Polanco y Jaime Felipe Lozada Polanco, ocurrido el 26 de julio de 2001 en el municipio de Neiva.

3. CONDENAR a la Nación representada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, y Ministerio de Defensa-Policía Nacional y Ejército Nacional a pagar las siguientes indemnizaciones por concepto de perjuicios morales:

— A favor de Carmen Nancy Ángel Muller, Juan Felipe Losada Polanco, Juan Sebastián Losada Polanco, Natalia Rodríguez Briñez, Aníbal Rodríguez Rojas y de la sucesión de Jaime Briñez Cuéllar la suma equivalente a XXX salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos.

— A favor de Ricardo Gómez Manchola, Andrés Ricardo Gómez Ángel, Javier Ángel Ochoa, Ilse Muller de Ángel, Daniel Julián Lozada Polanco, Carmenza Briñez Cuéllar, Luis Felipe Rodríguez Briñez, Aníbal Rodríguez Briñez, Luz Marina Facundo Perdomo, Jaime Andrés Briñez Facundo y Daniel Felipe Briñez Facundo, lo equivalente a XXX salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos.

— A favor de Edith Ángel Muller y Javier Fernando Ángel Muller lo equivalente a XXX salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos.

4. CONDENAR a la Nación representada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, y Ministerio de Defensa-Policía Nacional y Ejército Nacional a pagar, por concepto de daño a la salud, la suma equivalente a XXX salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia a favor de cada uno de los siguientes demandantes: Carmen Nancy Ángel Muller, Juan Felipe Lozada Polanco, Juan Sebastián Lozada Polanco, Natalia Rodríguez Briñez, Aníbal Rodríguez Rojas y de la sucesión de Jaime Briñez Cuéllar.

5. CONDENAR a la Nación representada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, y Ministerio de Defensa-Policía Nacional y Ejército Nacional a pagar por la afectación de derecho a la unidad e integridad familiar y al mínimo vital, las siguientes indemnizaciones:

— La suma equivalente a XXX salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia a favor de cada uno de los siguientes demandantes: Luis Felipe Rodríguez Briñez, Aníbal Rodríguez Briñez, Jaime Andrés Briñez Facundo, Daniel Felipe Briñez Facundo, Carmenza Briñez Cuéllar, Luz Marina Facundo Perdomo, Ricardo Gómez Manchola, Andrés Ricardo Gómez Ángel, Javier Ángel Ochoa e Ilse Muller de Ángel.

— La suma equivalente a XXX salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia a favor de Daniel Julián Lozada Polanco.

— La suma equivalente a XXX salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia a favor de cada uno de los siguientes actores: Javier Fernando Ángel Muller y Edith Ángel Muller.

6. CONDENAR a la Nación representada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, y Ministerio de Defensa-Policía Nacional y Ejército Nacional a pagar por concepto de lucro cesante, las siguientes indemnizaciones:

— A favor del señor Aníbal Rodríguez Rojas la suma de XXX.

— A favor de la sucesión del señor Jaime Briñez Cuéllar la suma de XXX.

— A favor de la señora Carmen Nancy Ángel Muller la suma de XXX.

— A favor de la sociedad Briñez y Cía. Ltda. la suma de XXX.

— A favor de la sociedad Constructora Rodríguez Briñez y Cía. S. en C., ahora denominada Constructora Rodríguez Briñez SAS —CRB SAS— la suma de XXX.

7. CONDENAR a la Nación representada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, y Ministerio de Defensa-Policía Nacional y Ejército Nacional a pagar, por concepto de daño emergente, las siguientes indemnizaciones:

— La suma de XXX a favor de la señora Luz Marina Facundo Perdomo.

— La suma de XXX a favor de la sucesión del señor Jaime Briñez Cuéllar.

— La suma de XXX a favor de los señores Ricardo Gómez Manchola, Ilse Muller de Ángel y Javier Ángel Ochoa.

8. El pago de las condenas estará a cargo, en porcentajes iguales, a cargo de cada una de las entidades demandadas, sin perjuicio de que los demandantes puedan exigir la totalidad de este a cualquiera de ellas, a su elección, y de que una pueda repetir contra la otra por el monto que le corresponda.

9. Se autoriza a las entidades demandadas para descontar del valor de la indemnización impuesta en esta sentencia por concepto de perjuicios morales a favor de los señores Carmen Nancy Ángel Muller, Juan Felipe Losada Polanco, Juan Sebastián Losada Polanco, Natalia Rodríguez Briñez, Aníbal Rodríguez Rojas y de la sucesión de Jaime Briñez Cuéllar a condición de que acredite el pago efectivo de la condena impuesta el 30 de enero de 2009 por el Juzgado Segundo Especializado de Neiva en contra de Jhon Gilver Barrera Bustos, alias “Sijín”, “Ley” o “Jetón”, y de José Enrique Nieto Mosquera, alias “Uriel Tripaseca”, integrantes de la columna móvil Teófilo Forero de las FARC.

10. ORDENAR, con las restricciones impuestas, la publicación en dos diarios, uno de amplia circulación nacional y otro de circulación en el departamento del Huila, de un resumen de la presente sentencia, en particular, de los argumentos que motivaron la declaratoria de responsabilidad de cada una de las entidades demandadas. Las dos publicaciones deberán hacerse dentro término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia. Los términos de cada una de ellas deberán ser definidos por el Ministerio del Interior, sin perjuicio de que su costo sea asumido, por partes iguales, por todas las entidades condenadas.

11. DISPONER que las copias que se expidan de la presente sentencia, así como el texto que quede disponible para consulta en línea a través de la página web de esta corporación, omita la información relativa al valor de las indemnizaciones reconocidas a favor de los demandantes y de los pagos hechos para la liberación de los señores Aníbal Rodríguez Rojas, Natalia Rodríguez Briñez, Jaime Briñez Cuéllar y Nancy Ángel Muller.

12. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

13. Sin condena en costas.

14. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

15. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

En firme este proveído, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(7) El presente asunto tiene vocación de doble instancia comoquiera que la cuantía de la demanda supera la suma de $ 1.487.000.000, la cual resulta superior a los 500 smlmv exigidos por el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo para las acciones de reparación directa iniciadas en el año 2005 ($ 190.750.000). Esta suma de obtiene de la sumatoria de todas las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 1395 de 2010.

(8) Norma a cuyo tenor: “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.

(9) Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 2012, exp. 20104, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y de la Subsección B, sentencia de 26 de junio de 2012, exp. 21507, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(10) Sentencia de 9 de febrero de 2012, exp. 20104, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(11) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 29 de mayo de 2012, exp. 110010315000201101378-00, C.P. Susana Buitrago Valencia.

(12) [62] Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de junio 6 de 2007. Expediente AP-00029, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(13) [67] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, supra nota 24, párr. 146; caso Fairen Garbi y Solís Corrales, de 15 de marzo de 1989, párr. 145. Caso Anzualdo Castro vs. Perú, supra nota 44, párr. 25, caso Garibaldi vs. Brasil, supra nota 32, párr. 70. Caso Radilla Pacheco vs. Estado Unidos Mexicanos. Igualmente, caso Vélez Restrepo y familiares vs. Colombia, caso masacre de Santo Domingo vs. Colombia.

(14) [69] Es importante advertir que esta regla que el Consejo de Estado, Sala Plena Contenciosa, expuso en la providencia de 2012, es la misma que ha defendido la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 1988, en las decisiones reseñadas en otros apartes de esta providencia.

(15) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de febrero de 2014, exp. 31004, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(16) Citada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en las sentencias de 25 de octubre de 1996, exp. 7627, C.P. Germán Ayala Mantilla y de 26 de abril de 2012, exp. 19.943, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(17) Al respecto la Sala ha señalado: “Es por lo anterior que se da aplicación a la máxima latina “contra non volenten agere non currit prescriptio”, es decir que el término de caducidad no puede ser materia de convención, antes de que se cumpla, ni después de transcurrido puede renunciarse. // Dicho de otro modo, el término para accionar no es susceptible de interrupción, ni de renuncia por parte de la administración. Es, que el término prefijado por la ley, obra independientemente y aun contra voluntad del beneficiario de la acción”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo del 2000, exp. 12200, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(18) Esta norma fue subrogada por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998 que dispuso que el plazo debe comenzar a contarse a partir del día siguiente de la ocurrencia “del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

(19) La aplicación del principio pro damato “implica un alivio de los rigores de la caducidad con respecto a las víctimas titulares del derecho a resarcimiento”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 10 de 1997, exp. 10954, C.P. Ricardo Hoyos Duque, y auto de marzo 7 de 2002, exp. 21189, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(20) En este sentido se pronunció la Sala en providencia del 7 de septiembre de 2000, exp. 13126, C.P. Ricardo Hoyos Duque. En el mismo sentido, véase la sentencia de septiembre 13 de 2001, exp. 13392, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(21) Sobre el particular, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: sentencia de abril 30 de 1997, exp. 11350, C.P. Jesús María Carrillo; sentencia de mayo 11 de 2000, exp. 12200, C.P. María Elena Giraldo; sentencia de marzo 2 de 2006, exp. 15785, C.P. María Elena Giraldo; auto de marzo 7 de 2002, exp. 21189, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(22) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de marzo de 2017, exp. 44812, C.P. Hernán Andrade Rincón; sentencia de 12 de mayo de 2016, exp. 36350, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y auto de 9 de diciembre de 2013, exp. 48152, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(23) Conforme al certificado de existencia y representación legal visible a folios 1560-1562 del cdno. ppal.

(24) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de septiembre de 1997, exp. 10285, C.P. Ricardo Hoyos Duque. En el mismo sentido, véase las sentencia del 11 de febrero de 2009, exp. 23067, C.P. Enrique Gil Botero, y del 22 de julio de 2011, exp. 17646, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(25) Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 22 de noviembre de 2001, exp. 13356, C.P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia de 28 de abril de 2005, exp. 14178, C.P. Germán Rodríguez Villamizar; sentencia de 23 de abril de 2009, exp. 16837, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(26) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 1º de marzo de 2006, exp. 13764, C.P. Alier E. Hernández Enríquez.

(27) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 23 de abril de 2009, exp. 16837, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(28) A propósito de la falta de legitimación en la causa material por activa, la Sección ha sostenido que “si la falta recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de 2001, exp. 10973, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(29) Consejo de Estado, Sección Tercera, exp. 25949, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, reiterada en las sentencias de 16 de julio de 2015, exp. 34046, C.P. Hernán Andrade Rincón y de 8 de junio de 2017, exp. 41307, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(30) [1] Por cuya virtud: // “ART. 115.—El Presidente de la República es Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa. // El Gobierno Nacional está formado por el Presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos. El presidente y el ministro o director de departamento correspondientes, en cada negocio particular, constituyen el gobierno. // Ningún acto del presidente, excepto el de nombramiento y remoción de ministros y directores de departamentos administrativos y aquellos expedidos en su calidad de Jefe del Estado y de suprema autoridad administrativa, tendrá valor ni fuerza alguna mientras no sea suscrito y comunicado por el ministro del ramo respectivo o por el director del departamento administrativo correspondiente, quienes, por el mismo hecho, se hacen responsables. // Las gobernaciones y las alcaldías, así como las superintendencias, los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del Estado, forman parte de la Rama Ejecutiva”.

(31) Esta ley fue modificada por la Ley 548 de 1999, y esta a su vez lo fue por la Ley 782 de 2002.

(32) Corte Constitucional, Sentencia C-048 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(33) Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, exp. 5802, C.P. Camilo Arciniegas Andrade.

(34) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de junio de 2013, exp. 25949, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. En similar sentido, véase la sentencia de 31 de julio de 2014, exp. 32316, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

(35) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 12 de junio de 2013, exp. 25949, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; 2 de septiembre de 2013, exp. 27553, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 31 de julio de 2014, exp. 32316, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; de 29 de julio de 2015, exp. 33219, C.P. (E) Hernán Andrade Rincón.

(36) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de septiembre de 2015, exp. 32180, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(37) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 21 de mayo de 2013, exp. 28188, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, de 24 de octubre de 2016, exp. 37074, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

(38) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 19 de abril del 2012, exp. 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(39) “La horrible noche de Miraflores”, nota de prensa publicada en el diario La Nación el 22 de julio de 2002 (fl. 683, cdno. 4).

(40) Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. Documento E/CN.4/2002/17, 28 de febrero de 2002, disponible en: http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informe2001_esp.pdf, página consultada el 13 de septiembre de 2017. Una situación similar fue denunciada en el informe presentado el 20 de marzo de 2001: “La oficina no ha registrado cambios sustantivos en la conducta de las FARC en la “zona de distensión”. Los hechos más graves, tratados específicamente en otros acápites de este informe, incluyen la toma de rehenes, inclusive de niños, los cuales serían mantenidos cautivos en la zona y cuyos rescates se negociarían en la misma; los homicidios de personas acusadas de colaborar con los grupos paramilitares y el reclutamiento de menores de edad. Se registraron algunos gestos positivos por parte de las FARC, tales como la devolución de algunos niños menores de quince años a sus familias, y el retorno de los miembros de la comunidad evangélica. Sin embargo estos hechos fueron excepcionales y los comportamientos variaron según los frentes y los comandantes que operan en cada localidad. Así, en el municipio de Vistahermosa aumentó la presión de los insurgentes sobre la población y el control sobre la administración del municipio, exigiendo incluso la renuncia de varios funcionarios, entre ellos del personero municipal. Cabe recordar que en 1999 el alcalde de ese municipio murió en Villavicencio a manos de los guerrilleros”. Documento E/CN.4/2001/15, disponible en http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informe2000_esp.pdf, página consultada el 13 de septiembre de 2017.

(41) [15] www.eltiempo.com/archivo/documento 05/10/2001.

www.eltiempo.com/artículo web 17/02/2012.

www.cidob.org/es/documentation.

www.semana.com/on line.

www.noticiascaracol.com/video 25/07/11.

(42) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de mayo de 2013, exp. 25624, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(43) En similar sentido se pronunció el señor Jorge Enrique Díaz Oliveros, representante del sector agropecuario en el Comité intergremial de la cámara de comercio (fls. 866-870, cdno. 3).

(44) Se reitera que conforme al criterio adoptado por la Sala Plena Contenciosa de esta corporación los informes de prensa tienen valor probatorio, entre otros eventos, cuando en ellos se reproducen declaraciones y/o manifestaciones de servidores públicos (ver supra párr. 11.1).

(45) En testimonio rendido ante el Tribunal Administrativo del Huila, el señor José Albertano Valencia narró así las circunstancias de su secuestro: “Luego de haber puesto en marcha la camioneta nos llevaron vía al Caguán, pasamos por el Caguán y llegamos a un punto que se llama El Triunfo, allá nuevamente nos encontramos con los otros compañeros que iban en la otra camioneta y empezaron a hacer una selección de las 15 personas que habían sacado del edificio, nos dejaron a 9 y emprendimos camino a pie. En ningún momento desde la toma del edificio y durante todo el recorrido nunca se presentó ningún hostigamiento ni intento de liberarnos por parte de la fuerza pública ni ejército ni policía” (fl. 84, cdno. 4).

(46) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de junio de 2013, exp. 25949, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, reiterada en la sentencia de 2 de septiembre de 2013, exp. 27553 con ponencia del mismo magistrado.

(47) Consejo de Estado, Sección Tercera, exp. 32180, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(48) Corte Constitucional, Sentencia C-048 del 24 de enero del 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Allí se sostuvo: “la desmilitarización como acto de confianza en el diálogo para el logro de la paz no solo no vulnera la soberanía, sino que desarrolla el derecho internacional humanitario, que como parte del bloque de constitucionalidad, constituye un parámetro obligado de cotejo constitucional”.

(49) [34] En efecto, se trata de una misma conducta del funcionario que comprometió su propia responsabilidad y la de la administración, y por ende, se refiere a la misma fuente de la cual se pretende un reconocimiento indemnizatorio por el daño antijurídico.

(50) [36] Ospina Fernández, Guillermo, Régimen General de las Obligaciones, Octava Edición, 2005, pág. 42.

(51) [37] Se advierte que otra situación es la que se presenta “En caso de causa jurídica diferente, se acepta el doble pago porque se estima que el enriquecimiento que obtiene la víctima se encuentra justificado legalmente por la diferencia de causas que no son todas indemnizatorias. En este evento, la víctima puede quedar en una situación mejorada respecto de la que tenía antes del advenimiento del daño”. Cfr. Henao Pérez, Juan Carlos, Ob. cit., pág. 64 ídem. Es decir, repárese de que no se trata aquí de que la prohibición de doble pago deba ceder, puesto que no existen causas jurídicas diferentes, sino que existe una, derivada del hecho anómalo del servidor público que lesionó a un particular.

(52) [38] El artículo 8º de la Ley 153 de 1887 permite su aplicación al disponer que “Cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho”. El artículo 831 del Código de Comercio también lo trae cuando señala que “[n]adie podría enriquecerse sin justa causa a expensas de otro”.

(53) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2006, radicación 25000-23-26-000-1995-01359-01 (15046), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(54) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de julio de 2000, exp. 11842, C.P. Alier Eduardo Hernández.

(55) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de agosto de 2007, rad. 2002-00004-01(AG), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(56) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre de 2011, exp. 19031, C.P. Enrique Gil Botero.

(57) [51] “Se está en presencia de un nuevo sistema clasificatorio del daño que acepta la existencia de tres modalidades del mismo: los patrimoniales, los morales y el biológico. Diferenciándose el biológico en cuanto al moral en la medida en que el primero es la lesión en sí misma considerada, y otra diferente, son los sufrimientos, el dolor y los afectos que de dicha lesión se pueden derivar, lo que constituiría el efecto o daño moral; sin embargo, ambos hacen parte del daño no patrimonial, esto es, no susceptible de contenido económico”. Gil Botero, Enrique “Daño Corporal - Daño Biológico - Daño a la vida de relación”, pág. 10.

(58) Testimonios del señor Antonio María Martínez, quien estuvo secuestrado junto con los demandantes y fue liberado el 31 de octubre de 2004 (fl. 680, cdno. 4, CD 2, min. 8:35-9:50), y de los señores Gloria Briñez Cuéllar y Carlos Edwar Gómez Ledesma, hermana y amigo del fallecido, respectivamente (fl. 688, cdno. 4, CD 3, min. 29:34-31:10; fl. 683, cdno. 4, CD 2, minuto 19:09-19:17).

(59) Sobre las condiciones en que regresó del secuestro el señor Jaime Briñez Cuéllar testificaron los señores Jorge Armado Flórez (fl. 698, cdno. 4, CD 5, min. 5:30-6:25); y Carmen Mariana Castrillón (fl. 689, cdno. 4, CD 3 min. 3:27-3:35).

(60) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 32988, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

(61) Corte Constitucional, Sentencia T-1337 de 2001.

(62) De acuerdo con la norma, la confesión judicial espontánea es “la que se hace en la demanda y su contestación o en cualquier otro acto del proceso sin previo interrogatorio”.

(63) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 31 de agosto de 2006, exp. 19.432, C.P. Ruth Stella Correa; de 25 de febrero de 1999, exp. 14.655, C.P. Ricardo Hoyos Duque y de 29 de octubre de 2012, exp. 18472, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(64) “La lógica del juez colombiano en este aspecto es la de impedir que la víctima se quede impasible ante su daño. Se parte, pues, de un principio sano en el sentido de que no se avala la tragedia eterna y, por el contrario, se advierte a la víctima que su deber es reaccionar frente al hecho dañino y sobreponerse”. Juan Carlos Henao. El daño. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2007, pp. 155 y 156.

(65) Manuel Alejandro Moreno y María Elena Díaz, “Posturas en la atención psicosocial de las víctimas del conflicto armado en Colombia”, artículo publicado en la revista El Ágora USB, vol. 16 Nº 1, enero-junio de 2016, Medellín, Colombia. Disponible en http://www.scielo.org.co/pdf/agor/v16n1/v16n1a10.pdf, página consultada el 27 de septiembre de 2017.

(66) [24] El artículo 12 de la Ley 40 de 1993 establece como delito la celebración de contratos de seguro que cubran el rescate por un posible secuestro. Esta disposición fue declarada exequible en la Sentencia C-542/93 (M.P. Jorge Arango Mejía).

(67) Corte Constitucional, Sentencia T-520 de 2003.

(68) Estatuto tributario, artículo 746.

(69) Corresponde al IPC del mes anterior a esta sentencia (sep./2017).

(70) Corresponde al IPC del mes en que se produjo el secuestro (jul./2001).

(71) En observancia del principio de prohibición de doble tributación, la Sala entiende que la renta líquida reflejada en las declaraciones de renta de las personas jurídicas necesariamente excluye el valor de los dividendos y participaciones obtenidas por los socios, los cuales a su vez, por estar contenidos en sus respectivas declaraciones de renta, sirvieron para el cálculo de las ganancias obtenidas por cada uno de ellos a título personal.

(72) Corresponde al IPC del mes anterior a esta sentencia (sep./2017).

(73) Corresponde al IPC del último mes de cada año.

(74) Corresponde al IPC del mes anterior a esta sentencia (sep./2017).

(75) Corresponde al IPC del último mes de cada año.

(76) Corresponde al IPC del mes anterior a esta sentencia (sep./2017).

(77) Corresponde al IPC del mes en que se profirió la sentencia de primera instancia (abr./2011).

(78) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de octubre de 2015, exp. 34952, C.P. Guillermo Sánchez Luque.

(79) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de marzo de 2007, exp. 15739, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(80) Sentencia C-542 de 1993, M.P. Jorge Arango Mejía.

(81) [34] ART. 12.—“Quien intervenga en la celebración de un contrato que asegure el pago del rescate de un posible secuestro o en la negociación o intermediación del rescate pedido por un secuestrado, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años”.

(82) [35] ART. 16.—“El servidor público cualquiera que sea su cargo o función, que facilite, promueva o de cualquier manera colabore en el pago de rescate por la liberación de una persona secuestrada, incurrirá en causal de mala conducta que dará lugar a la destitución de su cargo o a la pérdida de su investidura, e inhabilidad para el ejercicio de sus funciones públicas por diez (10) años, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar”.

(83) [36] ART. 18.—“Al tener noticias ciertas de que se ha cometido un delito de secuestro o de que ha ocurrido una desaparición, el Fiscal General de la Nación o su delegado, procederá de inmediato a elaborar el inventario de los bienes de su cónyuge, compañera o compañero permanente, y de los de sus parientes dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil con base en sus respectivas declaraciones de renta. Estas personas anteriormente citadas, deberán hacer, bajo juramento denuncia de sus bienes y de los del secuestrado.

(84) [37] Corte Constitucional, Sentencia C-542 de 1993, M.P. Jorge Arango Mejía.

(85) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 1º de junio de 2017, exp. 45416, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

(86) Corresponde al IPC del mes anterior a esta sentencia (sep./2017).

(87) Corresponde al IPC del mes en que se produjo la liberación de la demandante (feb./2003).

(88) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de julio de 1997, exp. 10229, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(89) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de mayo de 2014, exp. 24078-33685, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. En similar sentido, véase la sentencia de 12 de mayo de 2016, exp. 37434, C.P. Hernán Andrade Rincón.