Sentencia 2005-00055 de mayo 9 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN C

Ref.: 31571

Rad.: 110010326000200500055 00

Consejero ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Luis Augusto Camacho Pinzón

Demandado: Comisión Nacional de Televisión

Naturaleza: Acción de nulidad simple

Bogotá, D.C., nueve de mayo de dos mil once.

Se decide la acción de nulidad interpuesta por el actor contra la Circular 011 de 23 de mayo de 2005 expedida por la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión.

I. Acto administrativo demandado

A continuación se transcribe el acto administrativo cuya nulidad se pretende:

“CIRCULAR 011 DE 2005

(Mayo 23)

La junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión, conforme a la determinación de la sesión del día 17 de mayo de 2005, según consta en Acta 1156, informa a los concesionarios del servicio de televisión por suscripción cableada, que en estricto acatamiento de los autos de suspensión del Acuerdo 002 de 2004, “Por el cual se fija la tarifa por concepto de compensación para los contratos de concesión de televisión por suscripción, cableada y satelital directa al hogar (DTH)” proferidos por el Consejo de Estado el 2 de febrero de 2005, confirmados el 28 de abril de 2005 y ejecutoriados a partir del 17 de mayo del presente año, dentro de los expedientes 27727 y 28968 (acción de nulidad), la tarifa a pagar por concepto de compensación es del diez por ciento (10%) del total de los ingresos brutos mensuales provenientes exclusivamente de la prestación del servicio en la forma que resulte de multiplicar el número de suscriptores durante el correspondiente periodo de causación por la tarifa de suscripción cobrada al usuario, establecida en el artículo 36 del Acuerdo 014 de 1997 y en la cláusula 7 de los contratos de concesión.

Lo anterior en consideración a que las modificaciones efectuadas en relación con el porcentaje de la compensación en los acuerdos 003 de 2001 y 002 de 2004 se encuentran suspendidas por el Consejo de Estado y por cuanto el artículo 36 del Acuerdo 014 de 1997, no ha sido derogado.

En consecuencia la autoliquidación de la compensación con el diez por ciento (10%) se efectuará dentro de los primeros quince días siguientes a cada mes vencido a partir del 17 de mayo de 2005 y el concesionario tendrá un plazo máximo de quince (15) días calendario para realizar el pago, contados desde la fecha límite para presentar la correspondiente autoliquidación.

En relación con la base a la cual se aplicará el diez por ciento (10%), es decir la del total de los ingresos brutos causados, deberá tenerse en cuenta el formato de autoliquidación anexo al Acuerdo 002 de 2005, en razón a la decisión del Consejo de Estado en auto del 2 de febrero de 2004, confirmados el 28 de abril del año en curso, en cuyos artículos cuarto dice “... se niega la restante solicitud de suspensión provisional con respecto a los formatos de autoliquidación”.

Si el concesionario no presenta la respectiva autoliquidación dentro del término señalado, la Comisión Nacional de Televisión, efectuará la liquidación oficial, por intermedio de la subdirección administrativa y financiera tomando como base la anterior autoliquidación incrementada en un diez por ciento (10%).

Se reitera a los concesionarios que conforme a las estipulaciones de los respectivos contratos de concesión de televisión por suscripción, el incumplimiento de la obligación de pagar dentro del plazo señalado, dará lugar a que se paguen los intereses moratorios correspondientes sin exceder la tasa máxima permitida en la ley y sin perjuicio de la imposición de las sanciones pactadas contractualmente o establecidas en las disposiciones legales que rigen el servicio público de televisión.

JorgeAlberto Fiqueroa Clausen

Director” (fls. 33 y 34 del cdno. 1)(sic).

EXTRACTOS:«V. Consideraciones

Para adoptar la presente decisión, la Sala revisará en primer lugar su competencia (punto 1); luego analizará el control jurisdiccional de los actos administrativos proferidos por la Comisión Nacional de Televisión (punto 2); en tercer lugar, revisará el contexto normativo en el que fue expedido el acto demandado (punto 3); finalmente, procederá al análisis del caso concreto (punto 4).

1. Competencia.

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para decidir acerca de la acción de nulidad promovida contra la Circular 011 de 2005 expedida por la Comisión Nacional de Televisión.

En efecto, de conformidad con los artículos 237 de la Constitución Política y 128 del Código Contencioso Administrativo, esta Sala es competente en única instancia para pronunciarse en relación con demandas que, como en el presente caso, pretenden que se declare la nulidad de disposiciones contenidas en actos administrativos de naturaleza reglamentaria expedidos por autoridades del orden nacional.

De otra parte, en atención a lo previsto en el artículo 1º del Acuerdo 55 de 2003, mediante el cual se adoptó el reglamento del Consejo de Estado, la Sección Tercera conoce de los procesos de simple nulidad promovidos contra actos administrativos que versen sobre asuntos agrarios, contractuales, mineros y petroleros.

En el caso concreto, la circular demandada es un acto administrativo proferido por una autoridad nacional que reglamenta asuntos contractuales. En consecuencia, se reitera que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de nulidad sub examine.

2. Del control jurisdiccional de los actos administrativos expedidos por la Comisión Nacional de Televisión.

De conformidad con el artículo 84 del Código de lo Contencioso Administrativo, la acción de nulidad simple procede contra “actos administrativos”. A su vez, en el tercer inciso de dicha disposición, se establece que “También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro”. Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que en estos últimos casos, dichas manifestaciones deben producir también efectos jurídicos frente a terceros, es decir deben detentar los elementos propios de los actos administrativos(1).

En tal sentido, esta corporación ha entendido que la acción de nulidad procede en contra de todas aquellas “manifestaciones de la voluntad, en ejercicio de la autoridad propia de las entidades administrativas, de otras entidades públicas o de los particulares en ejercicio de la función administrativa, capaces de producir efectos frente a un sujeto de derecho o a un grupo determinado o indeterminado de ellos“(2).

Por su parte, la Comisión Nacional de Televisión es uno de los organismos autónomos establecidos en la Constitución Política de 1991. De conformidad con los artículos 76 y 77 de la Constitución, dicho organismo es de carácter nacional, con personería jurídica y autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio y está encargado de “la dirección de la política que en materia de televisión determine la ley”. Asimismo, se señaló que la dirección y ejecución de sus funciones estaría a cargo de una junta directiva cuya composición y periodo fue expresamente regulado.

Así las cosas, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional, la Comisión Nacional de Televisión fue creada por el constituyente como un ente “encargado de ejercer la intervención estatal en el espectro electromagnético utilizado para los servicios de televisión y para desarrollar los planes y programas del Estado en materia de televisión”(3).

Por su parte, la autonomía que se predica de la Comisión Nacional de Televisión es, sin lugar a duda, su característica definitoria. Así, si bien dicho organismo está sujeto a la Constitución y a la ley, tal autonomía se manifiesta en que no está sujeta a otras autoridades distintas del legislador y, además, ostenta la facultad constitucional de proferir normatividad en relación con el servicio público de televisión(4).

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido que dicha autonomía no es un rasgo accidental del citado organismo, por el contrario, “En dicha autonomía se cifra un verdadero derecho social a que la televisión no sea controlada por ningún grupo político o económico y, por el contrario, se conserve siempre como un bien social, de modo que su inmenso poder sea el instrumento, sustrato y soporte de las libertades públicas, la democracia, el pluralismo y las culturas. El sentido de dicha autonomía es la de sustraer la dirección y el manejo de la televisión del control de las mayorías políticas y de los grupos económicos dominantes, de forma tal que se conserve como bien social y comunitario”(5).

Mediante la Ley 182 de 1995 se reglamentó la Comisión Nacional de Televisión y se delimitaron su objeto(6) y funciones(7), dentro de las cuales, para efectos del caso objeto de análisis, sobresalen aquellas orientadas a dar desarrollo a las políticas sobre la televisión y que consecuentemente implican la producción de normas de carácter general y particular.

En atención a los anteriores planteamientos, la jurisprudencia de esta corporación ha reiterado que la referida autonomía de la Comisión Nacional de Televisión no es óbice para que los actos administrativos que expida sean susceptibles de control judicial por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativa(8).

En conclusión, la Sección Tercera de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de la acción de nulidad en contra de la Circular 011 de 2005 expedida por la Comisión Nacional de Televisión, dado que sin lugar a dudas constituye una manifestación de voluntad unilateral de dicha entidad, que surte efectos respecto de los operadores concesionarios de televisión cableada por cuanto mediante esta se establece la compensación que deberán asumir con ocasión de la prestación del servicio que desarrollan.

3. Contexto normativo de la Circular 011 de 2005 proferida por la Comisión Nacional de Televisión.

En atención a la sucesión y concurrencia de distintas disposiciones legales y reglamentarias, así como de varias providencias judiciales proferidas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre asuntos que inciden en la circular sub examine, la Sala procede a revisar dichos antecedentes.

a) La Ley 182 de 1995 reguló la estructura y el funcionamiento de la Comisión Nacional de Televisión, entre otros asuntos. En el artículo 5º de dicha ley se facultó a este organismo para establecer derechos, tasas y tarifas por concepto de concesiones del servicio de televisión conforme a ciertos parámetros y en el marco del procedimiento establecido en el artículo 13 de dicha normativa.

b) En ejercicio de tales atribuciones, la Comisión Nacional de Televisión expidió el Acuerdo 14 de 1997, en cuyo artículo 36 estableció una compensación equivalente al 10% de los ingresos brutos percibidos por concepto de la prestación del servicio de televisión por suscripción a cargo de los concesionarios.

c) El artículo 6º de la Ley 680 de 2001 autorizó por el término de tres meses al referido organismo para “revisar, modificar y reestructurar” los contratos de concesión existentes con los operadores privados del servicio de televisión y para tal efecto derogó el acápite g) del artículo 5º de la Ley 182 de 1995. Además ordenó, en materia de televisión por suscripción, aplicar lo relativo a derechos, tarifas, tasas y compensaciones del régimen unificado para la fijación de contraprestaciones, lo que implicaba una disminución en el monto de la compensación de estos operadores, al 3% de sus ingresos brutos.

d) Mediante el Acuerdo 03 de 2001 expedido por la CNTV se modificó el monto de la compensación que debían pagar los concesionarios de la modalidad de suscripción y satelital del servicio de televisión, el cual se estableció en el equivalente al 7.5% de sus ingresos brutos y se diseñó el procedimiento para su liquidación.

e) En providencia de 27 de marzo de 2003, el Consejo de Estado decretó la medida de suspensión provisional en contra de dicho acuerdo por cuanto vulneraba el artículo 6º de la Ley 680 de 2001, mediante el cual se estableció que los derechos, tasas y tarifas deberían establecerse en atención al régimen unificado para la fijación de contraprestaciones, el cual correspondía al 3% de los ingresos brutos de los concesionarios del servicio de televisión en su modalidad de suscripción.

f) Mediante la Sentencia C-351 de 2004, la Corte Constitucional declaró exequible el solo parágrafo del artículo 6º de la Ley 680 de 2001, “en el entendido de que el mismo se trató de una suspensión temporal, por tres meses, y, por ende, el literal g) del artículo 5º de la Ley 182 de 1995 se encuentra vigente”.

g) El Acuerdo 002 de 2004 de la CNTV estableció el monto de 7.5% para la compensación que debían pagar los concesionarios de la modalidad por suscripción y satelital del servicio de televisión, así como el procedimiento para la liquidación de las sumas de dinero correspondientes.

h) En auto de 2 de febrero de 2005, el Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del Acuerdo 002 de 2004 por cuanto vulneraba el artículo 13 de la Ley 182 de 1995.

i) La Comisión Nacional de Televisión expidió la Circular 011 de 2005 mediante la cual “informó a los concesionarios del servicio de televisión por suscripción cableada que (...) la tarifa a pagar por concepto de compensación es del diez por ciento (10%) del total de los ingresos brutos mensuales provenientes exclusivamente de la prestación del servicio en la forma que resulte de multiplicar el número de suscriptores durante el correspondiente periodo de causación por la tarifa de suscripción cobrada al usuario, establecida en el artículo 36 del Acuerdo 014 de 1997 y en la cláusula 7 de los contratos de concesión”.

j) Mediante la sentencia de 4 de octubre de 2007, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado declaró nulo el Acuerdo 002 de 2004 por cuanto vulneró el acápite g) del artículo 5º de Ley 182 de 1995 y, además, el trámite previo a su expedición no cumplió con los requisitos previstos en el artículo 13 de la misma ley.

k) Por último, mediante la sentencia de 13 de mayo de 2009, la misma corporación declaró la nulidad del Acuerdo 001 de 2003 por cuanto su expedición desatendió el procedimiento previsto en el artículo 13 de la Ley 182 de 1995.

4. Caso concreto.

Procede la Sala a resolver el primer cargo de ilegalidad formulado por el actor, según el cual la expedición de la Circular 011 de 2005 no se sujetó al procedimiento previsto en el artículo 13 de la Ley 182 de 1995.

De conformidad con dicho artículo, “Para la adopción de los actos de carácter general que sean de competencia de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión, deberá seguirse siempre el siguiente procedimiento:

a) La junta directiva deberá comunicar a través de medios de comunicación de amplia difusión la materia que se propone reglamentar.

b) Se concederá un término no mayor de dos (2) meses a los interesados, para que presenten las observaciones que consideren pertinentes sobre el tema materia de regulación;

c) Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones y con base en la información disponible, se adoptará la reglamentación que se estime más conveniente;

d) Dicha reglamentación será comunicada de la manera prevista por la Ley 58 de 1985 o en las normas que la modifiquen o sustituyan”.

Pues bien, la Sala reitera que la circular demandada es un típico acto administrativo de carácter general, impersonal y abstracto expedido por la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión cuyas disposiciones recaen sobre todas aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas en el mismo, que no respecto de un administrado en particular.

Al respecto, la Sala llama la atención sobre las distintas formas jurídicas que pueden revestir los actos administrativos, en otras palabras, en el derecho administrativo colombiano el concepto de acto administrativo no se vincula a la adopción de una forma concreta; así, al hablar de actos administrativos podemos estar en presencia de decretos, resoluciones, acuerdos, ordenanzas, circulares, entre otros, de allí que el estudio de su contenido material resulte esencial para determinar si se está ante una verdadera decisión de la administración, pues esta no va a depender del nombre utilizado al momento de su adopción, sino de la aplicación conjunta de los criterios subjetivo y material(9).

En este orden de ideas, el operador jurídico debe observar el cumplimiento de dos condiciones para concluir que está frente a una manifestación de la voluntad susceptible de control judicial: 1. Que provenga de una autoridad o particular que cumpla funciones administrativas, y; 2. Que se observe un contenido decisorio, o lo que es igual, que produzca efectos(10).

La Sala constata entonces, al analizar la norma demandada, que la presencia de los elementos propios de los actos administrativos se verifica en este caso concreto, pues se está ante una manifestación unilateral de la voluntad de la administración, que se produce sin la anuencia de sus destinatarios y que traza verdaderas reglas obligatorias para estos. En otras palabras, la norma demandada refleja la capacidad del ente administrativo de trazar efectivas reglas de conducta en desarrollo de lo prescrito por el legislador, con alcances generales y de obligatorio cumplimiento por parte de los destinatarios.

Ahora bien, para la Sala es preciso señalar que de conformidad con el parágrafo del artículo 12 de la misma ley, la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión profiere dos tipos de actos administrativos, a saber: Acuerdos y resoluciones. En efecto, la mencionada disposición establece que “Las decisiones de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión se adoptarán bajo la forma de acuerdos, si son de carácter general, y de resoluciones, si son de carácter particular.

Si bien el acto administrativo demandado no se tituló “Acuerdo” sino “Circular”, lo cierto es que su carácter general, esto es, su naturaleza de acuerdo, resulta indiscutible habida cuenta que surte efectos respecto de todos los operadores concesionarios del servicio de televisión cableada, dado que establece el porcentaje que estos deberán asumir por concepto de compensación por la explotación del servicio de televisión por suscripción.

De otra parte, resulta pertinente resaltar que el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, expresamente incluye dentro de las causales de nulidad de los actos administrativos su expedición en forma irregular, es decir, “con desconocimiento de las normas que regulan los requisitos de formación del acto administrativo, incluyendo no solo las etapas previas a su expedición, sino también los requerimientos relativos a la materialización misma del acto, es decir, la forma que deben revestir”(11):

Pues bien, en el caso concreto, el artículo 13 de la Ley 182 de 1995 estableció una serie de etapas para la expedición de “los actos administrativos de carácter general de competencia de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión”. Dichas etapas no son meras formalidades, por el contrario constituyen desarrollo del principio de publicidad previsto en el parágrafo del artículo 12 de la misma ley “pues se le ordena a la entidad poner en conocimiento del público su intención de reglamentar o regular la materia que será objeto del futuro acto administrativo general, para darles oportunidad a los interesados de presentar, dentro de los dos meses siguientes a la publicación, las observaciones que consideren pertinentes, antes de tomar la decisión definitiva, que en consecuencia, deberá tener en cuenta tales observaciones”(12).

Ahora bien, tal como se desprende del texto del acto administrativo demandado así como de la contestación a la demanda y, particularmente, del oficio allegado a esta corporación el día 24 de abril de 2007 por la subdirectora de asuntos legales de la Comisión Nacional de Televisión (fls. 152 y 153), en el trámite previo a la expedición de la norma demandada no se cumplió con el procedimiento previsto en el artículo 13 de la Ley 182 de 1995 por cuanto la entidad no lo consideró necesario. En efecto, expresamente la entidad demandada señaló que “para la expedición de circulares por parte de la CNTV, no se requiere el procedimiento especial establecido en el artículo 13 de la Ley 182 de 1995, para la adopción de acuerdos, motivo por el cual en la promulgación de la Circular 011 de 2005 no se tuvo en cuenta el referido procedimiento” (resaltado fuera del texto).

Es preciso resaltar que la Circular 011 de 2005 afectaba los contratos de concesión vigentes por cuanto modificaba el porcentaje de compensación a cargo de los operadores concesionarios del servicio de televisión cableada, razón por la cual resultaba indispensable que estos últimos tuviesen la oportunidad de “expresar sus opiniones” sobre el futuro acto administrativo.

En este mismo sentido se pronunció el Consejo de Estado en la sentencia de 13 de mayo de 2009 mediante la cual se declaró la nulidad del Acuerdo 001 de 2003 proferido por la Comisión Nacional de Televisión:

“Por lo anterior, si la regla general en materia de expedición de acuerdos por parte de la Comisión Nacional de Televisión es que se debe poner previamente en conocimiento del público ese proyecto de reglamentación, dicha regla imperativa se imponía, aún con más veras, en este caso, en el que se afectaban contratos de concesión vigentes; esta era razón más que suficiente para que la administración diera cumplimiento a su obligación de oír a los interesados antes de tomar cualquier decisión modificatoria del régimen tarifario existente.

Considera pues la Sala, que en el presente caso el requisito procedimental omitido era de naturaleza sustancial, no solo porque era impuesto por la ley —motivo suficiente para que así sea—, sino porque versaba sobre la modificación de una obligación pecuniaria a cargo de los administrados destinatarios de la nueva norma, y porque de haberse cumplido, el sentido del acto administrativo pudo haber sido otro, como resultado de la participación previa de los interesados mediante la formulación de observaciones frente a la reglamentación que se pretendía expedir”.

En suma, la Sala considera que en razón de su contenido material, como de su objeto de regulación y de la autoridad que la profirió, la norma demandada es un típico acto administrativo de contenido general que ha debido expedirse previo el cumplimento de los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 182 de 1995. En otras palabras, la Comisión Nacional de Televisión no estaba facultada legalmente para escoger que asuntos debían sujetarse a o no a los procedimientos señalados en el artículo 13 de la mencionada ley, dado el carácter imperativo de esta disposición y su obligatoria aplicación a todos los casos en los que la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión expida actos generales. Así las cosas, la Sala procederá a declarar la nulidad del acto demandado.

Finalmente, la Sala considera oportuno pronunciarse sobre la falsa motivación alegada por la parte demandante. El actor, al solicitar en la demanda la suspensión provisional del acto acusado, señala que dicho acto se expidió con falsa motivación por cuanto lo que hace es reproducir un acto legalmente suspendido, conducta prohibida por el artículo 158 del Código Contencioso Administrativo (fls. 19 a 25), hecho que a juicio de la Sala no se encuentra probado.

Ahora bien, la Sala advierte que el actor edificó el cargo sobre la falsa motivación, pero, en estricto sentido, hizo referencia a la infracción del ordenamiento superior. Pese a ello, la Sala encuentra que de la redacción dada al acto demandado se infiere que este se expide como consecuencia y en cumplimiento de lo dispuesto en los autos proferidos por el Consejo de Estado el 2 de febrero y el 28 de abril de 2005, en los que se decretó la suspensión provisional del Acuerdo 002 de 2004 de la Comisión Nacional de Televisión, lo que a juicio de la Sala no se ajusta a la realidad. Así las cosas, la Sala considera que por este motivo el acto demandado fue expedido con falsa motivación, esto es, con irregularidades objetivas emanadas de los fundamentos de derecho con base en los cuales se profirió dicho acto.

Dado lo anterior, no resulta necesario pronunciarse sobre el resto de cargos de ilegalidad formulados por el demandante.

En mérito de lo expuesto, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. DECLÁRASE la nulidad de la Circular 011 de 2005 expedida por la Comisión Nacional de Televisión el 23 de mayo de 2005.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase».

(1) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de enero 22 de 1988. Consejero ponente Hernán Guillermo Aldana Duque; Sección Primera. Sentencia de 14 de octubre de 1999. Expediente 5064. Consejero ponente Manuel Urueta Ayala: Sección Primera. Sentencia de 16 de febrero de 2001. Expediente 3531. Consejera ponente Olga Inés Navarrete Barrero.

(2) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 4 de octubre de 2007. Consejero ponente Enrique Gil Botero.

(3) Corte Constitucional. Sentencia C-564 de 1995. Magistrado ponente José Gregorio Hernández Galindo.

(4) Corte Constitucional. Sentencia C-351 de 2004. Magistrado ponente Marco Gerardo Monroy Cabra.

(5) Corte Constitucional. Sentencias C-350 de 1997. Magistrado ponente Fabio Morón Díaz y C-298 de 1999. Magistrada ponente Martha Victoria Sáchica. Por su parte, en la Sentencia C-564 de 1995. Magistrado ponente José Gregorio Hernández Galindo, la Corte sostuvo:“... [La CNTV] goza de una verdadera autonomía, similar a la conferida al Banco de la República y que le permite, en todo caso, investigar, sancionar, fijar tasas, formular planes, promover estudios sobre televisión y, en general, cumplir todas las tareas que le corresponden como entidad de dirección, regulación y control del servicio público de televisión, teniendo como cabeza principal a su junta directiva”.

(6) Artículo 4º.

(7) Artículo 5º.

(8) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 4 de octubre de 2007. Consejero ponente Enrique Gil Botero. “En lo que respecta a la función de producción normativa de la CNTV, vale la pena evidenciar que esta se deriva en parte de la Constitución Política y en parte de la ley; esta situación, sin embargo, no excluye el control de legalidad y de constitucionalidad de sus actos, que en virtud del carácter taxativo de las normas objeto de control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional y la competencia residual que en esta materia le corresponde al Consejo de Estado, es esta corporación la garante de la constitucionalidad y legalidad de las manifestaciones normativas de este organismo autónomo.

De esta manera, el control de legalidad (en un sentido formal) y de constitucionalidad de los actos administrativos proferidos por la CNTV, le corresponde a esta corporación, y para ello, los ciudadanos, cuentan con la acción de nulidad y consecuente con ello, deben observar las reglas contenidas en el Código Contencioso Administrativo y demás normatividad pertinente.

Se puede decir entonces, que desde una perspectiva material y amplia, estas pueden calificarse como actos administrativos, toda vez que son manifestaciones de una entidad pública, que producen efectos frente a sujetos de derecho determinados y son objeto del control de constitucionalidad y legalidad del Consejo de Estado.

(9) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencias del 7 de marzo de 2011. Expediente 32733. Consejero ponente Enrique Gil Botero y del 13 de abril de 2011. Expediente 37423. Consejero ponente Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(10) Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de abril 4 de 1983. Consejero ponente Joaquín Vanin Tello. Véase también, Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de febrero 1º de 2001. Expediente 6375. Consejera ponente Olga Inés Navarrete Barrero. Y, en este mismo sentido véase Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de abril 13 de 2011. Expediente 37423. Consejero ponente Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(11) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 13 de mayo de 2009. Expediente 27831. Consejero ponente Ramiro Saavedra Becerra.

(12) Ibidem.