Sentencia 2005-00056 de noviembre 11 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: 250002327000200500056 01

Nº interno 16708

Consejero Ponente:

Dr. Héctor J. Romero Díaz

Consorcio Metalúrgico Nacional S.A., contra la DIAN

Fallo

Bogotá, D.C, once de noviembre de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Consideraciones

En los términos del recurso de apelación, corresponde a la Sala establecer la legalidad de la sanción por devolución improcedente que impuso la DIAN por $ 188.399.000, correspondiente a la diferencia entre el saldo a favor que liquidó el Consorcio Metalúrgico Nacional S.A. en su declaración de renta de 2000 ($ 1.080.877.000), y el que la administración determinó en la liquidación oficial de revisión 310642002000095 de 4 de octubre de 2002 ($ 892.478.000), por la cual modificó dicha declaración.

En concreto, analiza si procede la sanción por devolución improcedente cuando se ha demandado la liquidación oficial de revisión que modifica el saldo a favor devuelto, y la jurisdicción aún no ha proferido sentencia. Según la apelante, tal circunstancia impide la firmeza del acto de determinación.

El artículo 670 del estatuto tributario dispone que las devoluciones o compensaciones efectuadas de acuerdo con las declaraciones del impuesto sobre la renta y sobre las ventas, no constituyen reconocimiento definitivo a favor de los declarantes. También prevé que si dentro del proceso de determinación, la administración rechaza o modifica el saldo a favor objeto de devolución o compensación, procede el reintegro de las sumas devueltas o compensadas en exceso más los intereses moratorios que correspondan, aumentados en un 50%. La sanción debe imponerse dentro de los dos años, contados a partir de la fecha en que se notifique la liquidación oficial de revisión.

Así mismo, la norma señala que cuando el recurso contra la sanción por devolución improcedente fuere resuelto desfavorablemente, y estuviere pendiente de resolverse en la vía gubernativa o en la jurisdiccional el recurso o la demanda contra la liquidación de revisión en la cual se discuta la improcedencia de la devolución, la administración no podrá iniciar proceso de cobro hasta tanto quede ejecutoriada la resolución que falle negativamente dicha demanda o recurso (par. 2º, ibíd.).

Así pues, la devolución de saldos a favor declarados en renta y ventas tiene carácter provisional, dado el proceso de fiscalización que eventualmente puede iniciarse respecto de dichos tributos y dentro del cual es posible que tales saldos se modifiquen o rechacen.

Los actos sancionatorios, como la resolución que ordena el reintegro de sumas devueltas o compensadas, hacen parte de una actuación oficial diferente a la de determinación del impuesto. La actuación administrativa relacionada con el reintegro de la devolución efectuada y la correspondiente al proceso de determinación oficial del tributo, son dos trámites distintos y autónomos aun cuando la orden de reintegro se apoye en la actuación de revisión(1).

Para la procedencia de la sanción, el artículo 670 del estatuto tributario solo exige la preexistencia de devolución o compensación de un saldo a favor, el rechazo o la modificación del mismo a través de liquidación oficial de revisión y la notificación de esta.

Aunque la firmeza de la liquidación oficial de revisión no se consagró como requisito de la sanción, la Sala ha señalado que del artículo 670 del estatuto tributario se deduce que para imponerla debe existir una decisión definitiva en vía gubernativa, que rechace o modifique el saldo a favor(2).

En el caso concreto, la liquidación oficial de revisión 310642002000095 de 4 de octubre de 2002, por la cual se modificó el impuesto de renta a cargo de la declarante y se disminuyó el saldo a favor a $ 892.478.000, y la Resolución 310662003000061 de 20 de octubre de 2003 que confirmó dicha decisión, fueron demandadas en acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

En sentencia de 8 de febrero de 2006, el Tribunal de Cundinamarca negó la solicitud de nulidad de la mencionada liquidación oficial. Esta decisión fue confirmada por el Consejo de Estado, en fallo de 26 de enero de 2009, Expediente 15984.

La Sala ha señalado que si la liquidación oficial del impuesto ha sido sometida a control jurisdiccional y se anula, desaparece el fundamento de la sanción por devolución improcedente y esta también debe anularse. No significa lo anterior que se confundan los procesos de determinación y sancionatorio, sino que, aunque son diferentes y autónomos, el primero tiene efectos en el segundo(3) y debe existir correspondencia entre ambas decisiones(4).

De ello se infiere que si se declara la nulidad parcial de un acto y se fija un nuevo saldo a favor, la diferencia entre lo efectivamente devuelto según la liquidación privada y el nuevo saldo determinado como consecuencia de la declaratoria de nulidad, debe devolverse a la administración. También se deduce que si se niega la nulidad de la liquidación oficial de revisión, la sanción por devolución improcedente impuesta debe permanecer incólume.

En consecuencia, los actos demandados tienen la misma suerte del acto de determinación oficial en el que se fundamentaron y cuya solicitud de nulidad se negó por fallo ejecutoriado, de modo que las pretensiones debían negarse, porque en el caso en estudio la jurisdicción mantuvo la legalidad de la liquidación oficial de revisión que modificó el saldo a favor declarado en la declaración de renta de 2000.

Así pues, se confirmará la sentencia apelada, pero por las razones aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia de 4 de mayo de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho del Consorcio Metalúrgico Nacional S.A., contra la DIAN.

2. Reconócese personería a la abogada Clara Inés González Ramírez como apoderada de la DIAN, en los términos del poder que aparece en el folio 133.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.

Esta providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(1) Sentencias de fechas 19 de julio de 2002, expedientes 12866 y 12934, C.P. Ligia López Díaz y de 23 de febrero de 1996, Expediente 7463, C.P. Julio E. Correa R.

(2) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias de 3 de septiembre de 2009 (Exp. 16241), M.P. Martha Teresa Briceño y de 24 de septiembre de 2009, Expediente 16954, M.P. Héctor J. Romero Díaz.

(3) Ob. cit., nota 2.

(4) Sentencias de 28 de junio de 2007, expedientes 14763 y 15765 (acumulados), C.P. Héctor J. Romero Díaz; 19 de julio de 2002, expedientes 12866 y 12934, C.P. Ligia López Díaz; de 28 de abril de 2005, Expediente 14149, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié y de 24 de septiembre de 2009, Expediente 16954, M.P. Héctor J. Romero Díaz.