Sentencia 2005-00060 de 24 de septiembre de 2009

 

Sentencia 2005-00060 de 24 de septiembre de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

EXTRACTOS: «4. A propósito del esquema de responsabilidad derivado de las disposiciones concernientes al derecho de protección al consumidor, la jurisprudencia de la corporación ha puesto de presente cómo “el desarrollo y evolución de la industria, la producción en serie, la masificación de las relaciones jurídicas y económicas, el mercadeo y la distribución comercial, entre otros factores, han sido determinantes para el surgimiento de una disciplina de orientación tuitiva que se ha denominado derecho del consumidor o, para otros, del consumo, esencialmente caracterizada por regular lo que concierne a los consumidores y a las relaciones de consumo” (sent. 072 de mayo. 3/2005, exp. 1999-04421-01); dentro de este contexto, en orden a hacer efectiva la tutela de los intereses de los consumidores y usuarios, dada la evidente posición de inferioridad o de debilidad que ordinariamente ocupan en el tráfico mercantil y la asimetría que caracteriza sus relaciones jurídico-económicas con los distribuidores o fabricantes, en el ámbito interno la Carta Política previó una responsabilidad especial, amén de propia o autónoma, a cargo de éstos, al prescribir en su artículo 78 que “serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios”, es decir, que les impuso la obligación de velar porque los bienes que ofrezcan y los servicios que prestan cumplan con las condiciones de calidad, idoneidad y seguridad naturalmente esperadas de los mismos; es palmario, desde luego, que así como obtienen las utilidades por el trascendental papel que desempeñan en el proceso de producción y comercialización de unos y otros, del mismo modo deben asumir los riesgos que se desprenden del desarrollo de la respectiva actividad.

Precisamente por lo precedente dicha disposición constitucional en la parte restante encargó al legislador para que regulara “el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización”, mandato este que aparece realizado, en buena medida, a través del Decreto 3466 de 1982, donde se dispone, en cuanto a la temática objeto de análisis, que en todos los contratos de compraventa y prestación de servicios se “entiende pactada … la obligación a cargo del productor de garantizar plenamente las condiciones de calidad”, efectos para los cuales puntualiza que “respecto de los bienes y servicios cuya calidad e idoneidad haya sido registrada ... la responsabilidad de los productores se determinará de conformidad con los términos y condiciones” allí previstos, y que cuando no hubiere registro en uno u otro sentido “bastará para establecer” esa “responsabilidad por la mala o deficiente calidad e idoneidad, la demostración del daño” (arts. 11 y 23; se resalta). Es claro entonces que las medidas tuitivas a favor del consumidor, como parte débil en la mayoría de las relaciones de comercio, se extienden al extremo de penetrar “la esfera del productor o fabricante”, pues, en la medida en que “ha gestionado, controlado o dirigido el diseño y elaboración del producto, entre otros aspectos, así como ha determinado ponerlo en circulación o introducirlo en el mercado”, es quien adquiere “un compromiso en torno de la calidad e idoneidad del mismo”, de donde “no puede resultar ajeno o indiferente a sus eventuales defectos o anomalías, ni a los peligros o riesgos que estos pudieran generar, como tampoco a las secuelas de orden patrimonial que llegaren a afectar a su destinatario final —consumidores o usuarios— o a terceros” (sent. 016 feb.7/2007, exp. 1999-00097-01).

Con esta comprensión, definido se tiene que el daño, el defecto del producto y la relación de causalidad entre este y aquel constituyen los elementos estructurales de esta especie de responsabilidad; así lo tiene sentado no solo la doctrina del derecho de la Unión Europea, en cuanto sostiene que cuando los artículos 1º y 4º de la Directiva Comunitaria de 1985 prevén que el productor será responsable de los daños causados por los defectos de sus productos, tal normatividad está diciendo que a la víctima le toca demostrar el daño, el defecto del producto y el nexo de causalidad entre ambos(1), sino también la jurisprudencia de la corporación, como puede verse en el fallo de 30 de abril de 2009.

En cuanto atañe al segundo de los mentados presupuestos, el artículo 6º de la directiva 374 de 1985 define los productos defectuosos desde una doble perspectiva: por un lado, al prescribir que “un producto es defectuoso cuando no ofrece la seguridad a la cual una persona tiene legítimamente derecho”; y, por el otro, al involucrar ciertos supuestos relacionados con la presentación del producto, con el uso que razonablemente pudiera esperarse y con el momento en que el mismo se puso en circulación. En este sentido, podrá ser defectuoso el producto frente al cual no se ofrece al consumidor la información que a su cargo tiene el fabricante, ya se trate de aquella que debe suministrar con el envase, envoltura o presentación respectiva, ora de la complementaria que deba canalizar a través de los diversos medios de publicidad, referida a aspectos como el modo en que ha de ser empleada, a las precauciones o advertencias relativas a su uso razonable; en fin, toda la información que sea necesaria de tal manera que no resulte lesionada la seguridad que todo consumidor legítimamente ha de esperar del producto.

En torno de este mismo presupuesto, al amparo del estatuto legal arriba citado, la jurisprudencia en efecto ha sostenido que un producto es defectuoso “cuando no ofrece la seguridad que legítimamente se espera de él, condición que… se predica no por su falta de aptitud para el uso para el que fue adquirido, sino por no cumplir las condiciones de seguridad a que tiene derecho el público”, ámbito del cual escapa, desde luego, la utilización abusiva; “se trata de un concepto que no guarda necesaria correspondencia con la noción de vicios de la cosa, o de ineptitud de esta, o de ausencia de las calidades esperadas, criterios todos estos a los que alude el inciso primero del artículo 78 de la Carta Política, y que con mayor detenimiento desarrolla el Decreto 3466 de 1982, pues es posible que ella sea inidónea pero no defectuosa, como acontece, v. gr., con los aparatos que no funcionan o no tienen las calidades pertinentes, pero que de ninguna manera ponen en riesgo al usuario; puede ocurrir, igualmente, que a pesar de ser idóneo el producto sea defectuoso”, como “cuando carece de las instrucciones necesarias para su adecuada y confiable utilización” o “por deficiencias del embalaje pone en riesgo al consumidor”; y es claro, por supuesto, que “la obligación de seguridad cuyo incumplimiento genera el deber indemnizatorio de que aquí se trata es aquella a la que razonablemente se puede aspirar”, de donde quedan “excluidas las situaciones en las que el carácter riesgoso del producto es aceptado o conocido por el público”(sent. de abr. 30/2009, exp. 1999-00629-01).

5. Ahora bien, en cuanto toca con la relación causal, ha de verse cómo de modo inveterado se ha dicho que ella hace referencia al enlace que debe existir entre un hecho antecedente y un resultado consecuente, de donde la determinación del primero puede dar lugar a establecer la autoría material del daño; por su conducto se pretende entonces hallar una relación de causa a efecto entre el perjuicio y el hecho del sujeto de derecho o de la cosa a quien se atribuye su producción; se trata, por tanto, de establecer si una lesión proviene como consecuencia de un determinado hecho anterior, de suerte que al hablar de ella se hace referencia a la causa del daño que tiene relevancia jurídica. La valía de este presupuesto no ha de ser ignorada habida cuenta que, como es suficientemente conocido, no se puede atribuir responsabilidad sin que de manera antelada se haya acreditado a plenitud la autoría del perjuicio; ello es así porque como “el daño cuya reparación se pretende debe estar en relación causal adecuada con el hecho de la persona o de la cosa a las cuales se atribuye su producción”, emerge “necesaria la existencia de ese nexo de causalidad” ya que, “de otro modo”, podría darse la eventualidad de que se atribuyera “a una persona el daño causado por otro o por la cosa de otro”; de allí que la relación causal, cual presupuesto “del acto ilícito y del incumplimiento contractual,... vincula el daño directamente con el hecho, e indirectamente con el elemento de imputación subjetiva o de atribución objetiva”, y se constituye en “el factor aglutinante que hace que el daño y la culpa, o en su caso el riesgo, se integren en la unidad del acto que es fuente de la obligación de indemnizar”; es, en fin, “un elemento objetivo porque alude a un vínculo externo entre el daño y el hecho de la persona o de la cosa” (Bustamante Alsina, Jorge. Teoría general de la responsabilidad civil, 9ª edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2004, pág. 267).

La importancia de este elemento es innegable, sin duda, habida cuenta que no se puede atribuir responsabilidad sin que de manera previa se haya determinado el autor del daño; precisamente por ello el “concepto de causa y el de causalidad se utilizan en materia de responsabilidad civil, para tratar”, en lo fundamental, “de dar respuesta a dos tipos de problemas: el primero es encontrar alguna razón por la cual el daño puede ligarse con una determinada persona, de manera que se pongan a cargo de esta, haciéndola responsable, las consecuencias indemnizatorias...; en segundo lugar, se trata de relacionar ... el daño con la persona, pues... se indemniza ‘el daño causado’”(Díez-Picazo, Luis. Derecho de daños, civitas ediciones, Madrid, 1999, pág. 331). O como lo expone otro sector de la doctrina, “para que el hecho o la omisión de una persona capaz de delito o cuasidelito le imponga responsabilidad delictual o cuasidelictual civil, no basta que ese hecho u omisión haya sido ejecutado con dolo o culpa, ni que cause daño”, sino que “es menester que entre el dolo o la culpa, por una parte, y el daño, por la otra, haya una relación de causalidad, es decir, que este sea la consecuencia o efecto de ese dolo o culpa”, porque “de lo contrario el autor del hecho o de la omisión no es responsable del daño sufrido por la víctima” (Alessandri Rodríguez, Arturo. De la responsabilidad extracontractual en el derecho civil, Imprenta universal, 1981, pág.138).

Al unísono con la doctrina, la jurisprudencia ha expresado de manera reiterada y uniforme “que el nexo causal entre la conducta imputable al demandado y el efecto adverso que de ella se deriva para el demandante, debe estar debidamente acreditado porque el origen de la responsabilidad gravita precisamente en la atribución del hecho dañoso” a aquel, o sea, que “la responsabilidad supone la inequívoca atribución de la autoría de un hecho que tenga la eficacia causal suficiente para generar el resultado, pues si la incertidumbre recae sobre la existencia de esa fuerza motora del suceso, en tanto que se ignora cuál fue la verdadera causa desencadenante del fenómeno, no sería posible endilgar responsabilidad al demandado”; en compendio, “para que la pretensión de responsabilidad civil ... sea próspera, el demandante debe acreditar, además del daño cuyo resarcimiento persigue, que tal resultado tuvo por causa directa y adecuada, aquella actividad imputable al demandado y de la que sobrevino la consecuencia lesiva, de lo cual se desprende que ausente la prueba de la relación de causalidad, las pretensiones estarían destinadas al fracaso” (sent. 127 de jun. 23/2005, exp. 058-95).

Y no se diga que por el hecho de que se llegara a tratar de una responsabilidad en la que el promotor del litigio no estuviera precisado a asumir la carga de probar la culpabilidad del demandado, ya sea porque involucrase una especie de responsabilidad objetiva, o debido a que la misma se presumiera o porque se estuviera en presencia de un esquema de “responsabilidad especial”, como así últimamente se le ha llamado a la derivada de las normas atinentes al derecho de protección al consumidor —Decreto 3466 de 1982— (sent. 016 de feb. 7/2007, exp. 1999-00097-01), la víctima está eximida de demostrar los fundamentos fácticos estructurales del citado nexo, puesto que, aún en estos particulares o especiales supuestos, a aquel en todo caso le tocaría ejercer a cabalidad la carga de demostrarlo.

Ciertamente, en lo tocante con la mencionada relación, es evidente que aún en tratándose de la llamada responsabilidad especial sigue gravitando en la parte actora la carga de probarla a cabalidad, por cuanto ella “es necesaria, sea el delito o cuasidelito de acción o de omisión, trátese de una responsabilidad simple o compleja y aún en los casos de responsabilidad objetiva y de responsabilidad sin culpa o legal”, pues “si bien en estas dos últimas esa relación deberá existir entre el hecho y el daño y no entre este y la culpa o el dolo, como ocurren en la responsabilidad subjetiva”, lo cierto es que “la ley no ha hecho distinciones y nadie puede responder sino de los daños que cause o cree” (Alessandri Rodríguez, Arturo. ob. cit., pág.139); criterio que, por lo demás, en el ámbito del derecho de protección al consumidor de la Unión Europea, la doctrina, con base fundamentalmente en “la Directiva Europea de 25 de julio de 1985 sobre la responsabilidad de los fabricantes”, al hacer referencia a “los presupuestos de la responsabilidad” de estos, enseña cómo, pese a que “la víctima no tiene que probar la culpa del productor”, “ella está obligada solamente a ‘probar el daño, el defecto del producto y la relación de causalidad entre el defecto y el daño” (Ivonne Lambert-Faivre. Responsabilidad de los fabricantes por el hecho de sus productos en el derecho de la comunidad europea, en responsabilidad por daños en el tercer milenio. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997. pág. 362).

Puntualmente por ello es que la corporación, en la citada sentencia de 30 de abril de 2009, al poner en la mira “la distribución de la carga probatoria en la responsabilidad de esta especie”, enfatizó que como a la víctima le toca “probar el perjuicio que padeció, el carácter defectuoso del producto y la relación de causalidad entre este y aquel”, ella “se quedaría en la mitad del camino si se circunscribiera a demostrar únicamente que el producto es defectuoso”, desde luego “que su compromiso es de mayor hondura”, por cuanto de igual modo “le incumbe probar … que el perjuicio que padeció fue causado por las condiciones de inseguridad del mismo”, esto es, le “corresponde al actor acreditar, también, que la falta de seguridad del producto le causó la lesión que lo afectó, así como las consecuencias que de ella se desprende”; y aunque “en algunas ocasiones no será menester acudir a específicos medios probatorios, en no pocos casos, por el contrario, será necesario recurrir a exigentes experticias que pongan de presente la causalidad existente entre el bien fabricado defectuosamente y el detrimento alegado, esto, precisamente, porque la fijación de la relación causal suele concernir con complejas cuestiones científicas que requieren conocimientos especializados”.

Por supuesto que la exigencia impuesta al actor de acreditar asimismo el elemento últimamente mentado, no implica que con ello, per se, se ignoren las condiciones de inferioridad en la que suele hallarse el consumidor en su relación con el empresario fabricante del producto o prestador del servicio de que se trate, cual podría ocurrir de llegar a imponérsele la carga de probar, a más de los que vienen referidos, otros presupuestos, pues, como lo expresa la jurisprudencia constitucional, dado que “la posición del consumidor no le permite conocer en detalle el proceso de producción”, con mayor razón “si este se desarrolla en condiciones técnicas que solamente son del dominio del empresario”, se desconocerían “las circunstancias de inferioridad del consumidor” en los supuestos en que se exigiese “a la persona perjudicada con un producto defectuoso, puesto en circulación por un empresario profesional, cargas adicionales a la prueba del daño, del defecto y del nexo causal entre este último y el primero”(2) (se resalta)».

(sent. de Cas., de sept.24/2009. Exp. 05360-31-03-001-2005-00060-01. Magistrado Ponente: Dr. César Julio Valencia Copete).

(1) Alcover Garau, Guillermo: La responsabilidad civil del fabricante, Derecho comunitario y adaptación al derecho español, Estudios de derecho mercantil, editorial Cívitas, Madrid, 1990, pág. 49; también, Ivonne Lambert-Faivre: Responsabilidad de los fabricantes por el hecho de sus productos en el derecho de la comunidad europea, en Responsabilidad por daños en el tercer milenio, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997, pág. 362.

(2) C-1141 de 30 de agosto de 2000.