Sentencia 2005-00063 de diciembre 2 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 11001 31 03 041 2005 00063 01

Magistrada Ponente:

Dra. Margarita Cabello Blanco

Bogotá, D.C., dos de diciembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. La función del juez dentro del marco del Estado social de derecho que nos rige, está orientada a la resolución de los conflictos de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente para otorgarle al ciudadano una justicia material mediante el ejercicio de una tutela judicial efectiva, entendida esta como el derecho de acceso a los jueces y tribunales por medio de un proceso justo, ágil, dotado de garantías procesales y a decisiones debidamente motivadas y congruentes; al igual que el derecho a interponer los recursos autorizados y a obtener en general la plena efectividad de las resoluciones proferidas.

El artículo 2º del Código Procesal Civil actual ordena que los procesos civiles, solo pueden iniciarse a petición de parte, salvo los que se autoriza promover de oficio, regla que establece la necesidad dispositiva para que pueda iniciarse el juicio, ante la jurisdicción. De igual forma el artículo 305 ibídem, en concordancia con esa orientación, impone que la sentencia debe estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda y en las demás oportunidades que el código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

A su vez, el incumplimiento del contenido normativo del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, enunciado, por parte del funcionario judicial, autoriza a la parte afectada para reclamar al superior la corrección debida, mediante la invocación de la causal segunda de casación contemplada en el numeral 2º del artículo 368 del Estatuto Procesal Civil, que consagra como motivo de quiebre del proveído referido:

“No estar la sentencia en consonancia con los hechos, con las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio”.

2. La función que cumple el juez, entonces, propia de la naturaleza de su condición de tercero solucionador del conflicto ante él planteado, no es otra que subsumir los aspectos fácticos en los cánones normativos previamente establecidos para el caso y, luego de tal ejercicio, el resultado no puede ser diferente a la dispensa reclamada, en el entendido que a cada quien debe proveérsele lo que la ley en sentido general tiene previsto, con apego a las probanzas arrimadas al proceso pertinente. En otros términos, el funcionario judicial, al cumplir con su labor, no puede a su arbitrio resolver la controversia sometida a su definición; contrariamente, solo debe reconocer lo que aparezca probado en el pleito, con sujeción a lo pedido expresa o implícitamente por las partes en contención y, oficiosamente, lo que la normatividad vigente le permita conceder. Desbordar esos parámetros es incursionar, se reitera, en predios violatorios del principio de la consonancia, tal cual lo ha vindicado la Corte en multitud de pronunciamientos:

“No obstante el ensanchamiento que esa noción tiene en la actualidad, lo cierto es que su génesis está ligada al concepto de carga procesal, conforme la cual incumbe al sujeto agotar dentro del proceso una conducta determinada con miras a alcanzar un fin; y dentro de las múltiples y muy variadas cargas que recaen sobre las partes, cabe destacar ahora la concerniente con la afirmación de los hechos litigiosos, vale decir, de aquellos que de alguna manera constituyen el fundamento de sus pedimentos y excepciones; desde luego que, en línea de principio, esos supuestos fácticos han de ser aducidos por aquellas en las oportunidades y condiciones que el ordenamiento prescribe. Así, es tangible que en tratándose del demandante, esa carga recae sobre él con mayor rigor y estrictez en la medida en que, de un lado, la exteriorización de los supuestos fácticos que fundamentan sus pedimentos es labor que de manera exclusiva se le confía, de modo que muy poco espacio queda para la intervención oficiosa del juez, la cual se reduce, para decirlo abiertamente, a aquellos eventos, excepcionales por cierto, en los que le es dado pronunciarse sin alegación previa de aquel, como acontece v.gr., en el caso de la nulidad absoluta de los actos o negocios jurídicos”.

“De otro lado, porque la alegación de los hechos que apuntalan sus pretensiones no solo debe hacerse en las oportunidades específica y rigurosamente señaladas en el estatuto procesal, concretamente en la demanda y su reforma (y de ser el caso, en los incidentes que se adelanten en el proceso), sino, también, porque restringen de tal modo la actividad procesal que demarcan el ámbito de atribuciones del juzgador, así como el contorno de la oposición del demandado”.

(...).

“De otro lado, parece conveniente señalar que la actividad del juez, en punto de resolver la causa litigiosa, debe enmarcarse dentro de los límites previstos por el legislador, de manera que no le es dado deducir arbitrariamente cualquier hecho, ni pronunciarse sobre cualquier efecto jurídico, si no han sido afirmados previamente por las partes, a menos claro está, que el ordenamiento le conceda una potestad oficiosa al respecto. No admite discusión, por consiguiente, que la actividad cumplida por dicho funcionario no es ilimitada, de modo que el campo de acción en el que puede desplegar su obrar no es otro que el entorno dentro del cual gira la controversia cuyo conocimiento ha asumido, vale decir, los términos de la confrontación surgida, esto es, lo que pide el actor y excepciona el demandado, sin dejar de lado, por supuesto, las facultades oficiosas que explícitamente le son conferidas”.

(...).

“En ese orden de ideas, si de la desestimación de las súplicas del actor se trata, es palpable que el sentenciador podrá negarlas cuando: a) no exista el hecho constitutivo aducido por este, o cuando le reste idoneidad al afirmado por él para producir los efectos jurídicos pretendidos por ausencia de norma en la que pueda subsumirse; b) cuando existan hechos modificativos, impeditivos o extintivos que las afecten” (sent., Cas. Civ., ene. 15/2010, Exp. 1998 00181 01) —hace notar la Sala—.

En el mismo sentido, la Corporación, en momento posterior, expuso:

“No resiste controversia alguna, como lo resalta el impugnante, que la labor judicial no deviene como una actividad sin freno y sin límite conocido, sujeta al capricho o la discrecionalidad del operador judicial; está demarcada, de ello no hay duda, principalmente, por los derroteros que la propia ley ha establecido dependiendo del campo específico en el que se cumple la actividad de administrar justicia, pues atañe al orden público de la Nación. No en vano, la propia Constitución dimana claras directrices alrededor de las facultades de los funcionarios habilitados para dirimir conflictos, pero, igual, el delineamiento de sus limitaciones en el cumplimiento de tal misión”.

“El artículo 55 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia), dispone que ‘las sentencias judiciales deberán referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos procesales’; tendencia refrendada por el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, al pregonar que ‘la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley’, aspectos que, insístese, no resultan optativos para quien ejerce la facultad de juzgar; contrariamente, su observancia emerge obligatoria por expreso mandato del artículo 6º de aquel código”.

“De ese conjunto de disposiciones aparece, entonces, por así quererlo la normatividad vigente, que el juez está compelido a abordar plenamente todos los aspectos que las personas que intervienen en un proceso determinado trasladan a su conocimiento; ello es, precisamente, lo que constituye la materia prima de la labor judicial”.

“Surge de lo dicho, como una verdad incontestable, que la actividad que cumple el funcionario investido de la potestad de administrar justicia, está regulada por cuatro vectores cuya conjugación delinean o delimitan la misma: 1) las pretensiones de la demanda; 2); los hechos que la sustentan; 3) las excepciones invocadas por el demandado (cuando así lo exige la ley); y, 4) las excepciones que debe declarar de oficio. Y, por supuesto, cuando el agente del Estado quebranta esos hitos, incursiona en predios que destellan un exceso de poder o un defecto del mismo; algunas veces, en la medida en que decide sobre cuestiones no pedidas o más allá de lo solicitado o cuando deja de resolver sobre las pretensiones o excepciones aducidas; tal vicio, se estructura, igualmente, cuando el sentenciador desdeña pronunciarse sobre aspectos no enarbolados por las partes, pero que, por disposición legal, debían ser objeto de decisión oficiosa” (sent., Cas. Civ., dic. 16/2010, Exp. 1997 11835 01).

2. Fijados esos derroteros, surge evidente que, el juzgador, al momento de apartarse de los referentes litigiosos; al abandonar los límites fijados ya por las partes ora por la propia ley, lo hace en aquellos eventos en que falla menos de lo pedido (minima petita), concede más de lo solicitado (ultra petita) o, simplemente, en la hipótesis de pronunciarse sobre aspectos ajenos al debate (extra petita).

3. En el asunto bajo estudio, como se recordará, el casacionista censuró el proceder del tribunal atribuyéndole dos de las modalidades de incongruencia; una de ellas, por no haberse pronunciado sobre las pretensiones primera y segunda principales; la otra, en la medida en que profirió resolución sobre aspectos no solicitados. Pero, además, el recurrente al exponer su discurso involucró en esta acusación y como motivo de la inconsonancia negativa denunciada, el hecho de que el juzgador de segunda instancia no hubiese “fallado conforme a los parámetros de la equidad”.

3.1. Relativo al primer defecto denunciado, se acusa al tribunal, ciertamente, de haber omitido un pronunciamiento expreso sobre las pretensiones primera y segunda principal, alusivas al cumplimiento del contrato de cesión, concretamente, en cuanto que la acreedora (Cisa S.A.), no enajenó en favor del actor el inmueble a ella adjudicado en el proceso ejecutivo objeto del contrato celebrado con la empresa Asesores Asociados Guija Limitada; queja fundamentada, así mismo, en el hecho de no haberse formalizado dicho convenio para que el cesionario fuese tenido como sucesor procesal de esta última, evento que le hubiese permitido cobrar el saldo de la obligación insoluta. Planteadas así las pretensiones y la supuesta equivocación denunciada, no se vislumbra el error atribuido, por las siguientes razones:

3.1.1. En folios 216 a 241, del cuaderno principal, aparece la sentencia de primera instancia y, concretamente, en el 236, por el sentenciador, se expuso lo siguiente:

La pretensión principal es que la demandada cumpliera el contrato de cesión, pero a decir verdad, acceder en tal sentido sería ordenar un imposible pues el proceso donde debía obrar la cesión de derechos litigiosos ya terminó, el bien le fue adjudicado a la hoy demandada quien ya transfirió el derecho de dominio a un tercero, es decir, las pretensiones primera y segunda principales por sustracción de materia no pueden ser ordenadas, lo mismo que la parte de la primera subsidiaria (...)” —hace notar la Sala—.

Dicho pronunciamiento, en donde, sin titubeo alguno, puede aseverarse que el juzgador que conoció en primera instancia sí se pronunció sobre las pretensiones primera y segunda principales, no fue objeto de apelación por parte del actor, circunstancia que pone en evidencia una aceptación o conformidad con los términos del fallo. Pero al margen de tal situación, la sentencia de segunda instancia, por su parte, plasmó:

“Corolario de lo dicho es que se impone modificar la sentencia de primer grado, para reducir la indemnización al quantum del daño efectivamente acreditado”. Más adelante, el ad quem asentó: “En lo que concierne con la invocada falta de pronunciamiento respecto de las pretensiones segunda b, principal, en la que el demandante solicitó ordenar a la demandada (...), tal omisión no existió por cuanto, según se verifica en el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo apelado el funcionario judicial de primer grado decidió ‘no acoger las pretensiones primera y segunda principales’. Y es que, ante la ausencia de prueba idónea que acredite que en efecto, a pesar de la adjudicación del inmueble a la demandante, la obligación cobrada no se satisfizo en su totalidad, no podía el juzgador acceder a la prenotada pretensión” —hace notar la Sala— (fl. 25, cdno. del tribunal).

De lo referido surge, entonces, que las dos súplicas fueron abordadas y decididas; uno y otro sentenciador no desdeñaron una valoración de las mismas. Pero, además, quedó plasmada, de manera nítida, una realidad inocultable como era, por un lado, que el inmueble adjudicado a la cedente ya había sido enajenado a un tercero y, por otro, que el proceso ejecutivo en donde se realizó la garantía real se encontraba terminado, luego, no existía la posibilidad de considerar que dicho predio fuera transmitido al cesionario ni que, en la ejecución mencionada, se le reconociera como sucesor del ejecutante.

3.1.2. Y, en lo que a la sentencia del tribunal refiere, en rigor, no puede ser atacada por incongruente bajo el argumento de no haberse pronunciado sobre las pretensiones referidas precedentemente, pues el ad quem, contrariamente a tal afirmación, fue explícito en decir, en la parte resolutiva, qué aspectos de la sentencia de primera instancia modificaba, infiriéndose, a partir de ello, que la parte restante quedaba incólume y, en esa línea, por supuesto, mantenía vigencia lo resuelto por el a quo. Además, en el proveído que esa corporación emitió para resolver sobre la aclaración solicitada por el actor, se dejó claro que “debe tener en cuenta el peticionario que las consideraciones vertidas en el preanotado fallo permiten establecer que las únicas sumas a cuyo pago fue condenada la demandada son aquellas a que alude el numeral segundo de la parte resolutiva de la misma (...)” —fl. 44, cdno. del tribunal—. Lo que significa, ni más ni menos, que salvo esas modificaciones, la sentencia revisada por el sentenciador, por razón de la apelación, solo sufrió modificaciones en esos temas puntuales, el resto, por obvias razones, mantuvo vigencia y, con ello, la resolución del juzgado de primer conocimiento alrededor de las pretensiones primera y segunda principales.

3.1.3. No obstante, pertinente resulta indicar que si algún error, en este aspecto, se le puede atribuir al Tribunal es no haber incluido, expresa e individualmente, en la parte resolutiva de la sentencia impugnada, las decisiones concretas sobre los temas objeto de la censura; sin embargo, tal omisión per se no deviene indicativa de una incongruencia, pues, como lo ha reiterado la Corte, si a lo largo de la motivación de la providencia pertinente puede concluirse que la situación planteada por las partes fue abordada, valorada y el juez explicitó su parecer sobre la misma, amén del sentido favorable o desfavorable de esa apreciación, deviene incontestable que sí fue decidido. No puede, entonces, reducirse la incongruencia al mero formalismo de insertarse o no la decisión del caso en el lugar reservado a la parte resolutiva de la providencia. Así lo ha expuesto la Sala:

“‘la sentencia conforma una unidad de motivación y resolución, de manera que su fuerza tiene que buscarse en su integridad’, razón por la cual ha de ‘entenderse como un todo, así lo que obligue sea la parte resolutiva’” (sent., Cas. Civ. 089, mar. 18/88, reiterada en sent., feb. 14/2005, Exp. 70995).

En otra oportunidad la Sala volvió sobre el tema y asentó:

“No obstante ser diáfano en la ley el contenido de tal providencia, ella no puede verse de manera desarticulada, pues según lo ha puntualizado la Corte, la sentencia conforma una ‘unidad de motivación y resolución, de manera que su fuerza tiene que buscarse en su integridad, de modo que en la motivación está el sustento jurídico de la decisión y no por dejar de reproducir en esta lo que indiscutiblemente se expuso en aquella, puede decirse que se dejó de proveer sobre un extremo de la litis...’ (sents., mar. 18/88 y jun. 12/92)”.

“Luego, lo anterior implica que si bien no puede negarse que la fuerza imperativa de la sentencia debe buscarse en el acápite dedicado a contener las resoluciones del juzgador, ‘ello no significa que, para analizar el alcance de la parte resolutiva, haya de tenerse en cuenta solamente la forma de esta, como un postulado autónomo, sino que su sentido y alcance han de entenderse en armonía con los fundamentos aducidos en la motivación, en cuanto constituyan los supuestos necesarios o determinantes del pronunciamiento. Y es más: como el objetivo de la función del juez en el proceso de conocimiento es el acto de decisión, en el que se concreta la voluntad de la ley, debe entenderse que ese acto decisorio se recoge, no solamente en el sector del fallo formalmente destinado a servir de sede de la sentencia, sino allí en dondequiera que por esta se decida algún punto de la controversia, con esa específica significativa y, por lo tanto, con destino a producir fuerza de cosa juzgada sustancial’ (G.J. CXIII, pág. 82)” (sent., dic. 19/2007, Exp. 2001 00101 01).

3.2. En cuanto al agravio planteado bajo el argumento de que el ad quem reconoció más allá de lo solicitado, situación que el casacionista catalogó como incongruencia positiva, dado que el tribunal ordenó restituir al hoy recurrente la suma cancelada por razón de la cesión celebrada, sin que tal pedimento haya hecho parte de sus pretensiones, cumple precisar, desde ya, que tampoco le asiste la razón al impugnante.

Alrededor del tema, es bueno precisar tal y como se observa en la demanda reformada (fls. 98 y ss.), que su gestor, en forma principal, reclamó el cumplimiento del contrato consistente en ordenar la tradición a su favor del inmueble adjudicado y la entrega del documento de cesión para actuar en calidad de cesionario dentro del proceso ejecutivo (literales a y b de la pretensión segunda principal), esto último con miras a hacer efectivo el saldo insoluto que quedó pendiente del cobro hipotecario, lo que se haría a continuación de la adjudicación y en el juzgado respectivo; las súplicas incluyeron, también, los frutos producidos por el predio, reclamados a título de lucro cesante ($ 730.000.oo., mensuales).

La tendencia de esas súplicas, orientadas a reclamar el cumplimiento del contrato de cesión celebrado, fue validada en las pretensiones subsidiarias (primera y segunda), en la medida en que allí, de manera explícita, el actor pidió que “En el caso de que la demandada no realice la entrega y tradición (...)”, se le pague la suma equivalente del bien y sus frutos a título de perjuicio compensatorio —primera—; y “En el caso de que la demandada no legalice la cesión a mi nombre (...)”, por igual, bajo la modalidad de daño emergente, le sea reconocido el saldo de la obligación hipotecaria no cubierto con la adjudicación, debidamente actualizado.

Cuando el a quo y su superior funcional analizaron la situación acaecida y la procedencia de aquellas pretensiones, uno y otro patentizaron, itérase, como así quedó reseñado en las respectivas providencias, que el cumplimiento del contrato de cesión no procedía, porque, por un lado, la demandada ya había transferido a un tercero el inmueble a ella adjudicado y, por otro, el proceso ejecutivo con título hipotecario en donde debía formalizarse dicha cesión, se encontraba para esa época terminado, frustrando así las peticiones primera y segunda principales; lo único que restaba era tasar la indemnización de perjuicios derivada del incumplimiento y así quedó clarificado en las dos instancias.

A partir de lo anterior no se llama a dudas, ciertamente, que el demandante no pidió la resolución del contrato, lo que requirió, en esencia, fue el cumplimiento del mismo traducido en las súplicas reseñadas o, ante su fracaso, como así aconteció, sobrevenía la valoración de los pedimentos subsidiarios, contenidos en las pretensiones de esa naturaleza que el actor, igualmente, incorporó en el libelo.

Así planteadas las cosas, resulta incontestable que el demandante —recurrente en casación— sí formalizó la reclamación de perjuicios y lo hizo ante la hipótesis de no proceder la enajenación a su favor y la entrega del bien, amén de la concreción de la cesión del crédito, es decir, de manera subsidiaria. Luego, en ese contexto, lo decidido en la sentencia opugnada, no refulge como un tema ajeno a las súplicas insertas en el libelo; no puede, entonces, alegarse que el fallo se salió del campo demarcado por el impugnante. Lo que sí destella y, sobre el punto hay acuerdo, es una diferencia notoriamente marcada alrededor de la naturaleza y la cuantía de la afectación causada al cesionario —demandante— en virtud del incumplimiento declarado.

En efecto, para el juez de primera instancia, descartado el cumplimiento del contrato por los motivos recientemente señalados, procedía la condena por los perjuicios y, efectivamente, concluyó que los mismos ascendían a las sumas tasadas en la sentencia que profirió; empero, a diferencia de lo expuesto y decidido por dicho funcionario, el tribunal, alrededor de esa temática, expuso:

“erró el a quo al tasar el daño sufrido en el valor correspondiente al inmueble (...)” (fl. 23, sentencia de segunda instancia). Y, luego, volvió sobre el tema y asentó:

“(...) el único perjuicio que se derivó para el demandante, fue la imposibilidad de contar con el dinero que sufragó como pago por los derechos de crédito y por concepto de honorarios a la apoderada judicial de Central de Inversiones (...) Pues nada más acreditó en el plenario (...) se impone modificar la sentencia de primer grado, para reducir la indemnización al quantum del daño efectivamente acreditado” —la Sala hace notar— (fl. 25 ib.).

De lo dicho surge, en conclusión, que la sentencia de segunda instancia acogió las solicitudes de “perjuicios compensatorios”, a título de daño emergente (pretensión primera y segunda subsidiarias), y, además, estableció la cuantía de los mismos, bajo la argumentación señalada en precedencia. El ad quem explicitó que el perjuicio que consideró que el actor había sufrido y demostrado, no era otro que el reconocido. En esa dirección, la orden de devolución de los dineros que el cesionario consignó como pago de la cesión del crédito, debidamente actualizados, no significa, como así lo entiende el demandante, que es producto o consecuencia de una declaración de resolución de contrato no pedida (fallo extra petita); sino por el contrario, lo que indica esa suma, tal cual lo plasmó el tribunal, es que a esos valores se redujo el perjuicio solicitado en la demanda; no encontró el sentenciador otro daño indemnizable ni suma diferente y así quedó expuesto en el fallo recurrido; concebida en esos términos la situación, lo que la misma refleja, entonces, es una mera coincidencia en el monto del dinero reconocido que, se insiste, no fue la consecuencia de una resolución contractual sino el resultado de la indemnización por razón del daño generado al actor.

3.3. Atinente al último aspecto referido, constitutivo de incongruencia, según el actor, en cuanto que el tribunal se abstuvo de “fallar conforme a los parámetros de la equidad”, basta decir que si bien los fallos de los funcionarios judiciales pueden adoptarse bajo esta modalidad (CPC, art. 38), tal hipótesis está supeditada a tres eventos específicos: i) que el asunto del que se trata involucre derechos disponibles; ii) que las partes expresamente así lo hayan solicitado al juez; y, iii) que la ley autorice una determinación bajo esas circunstancias.

La cuestión planteada por el censor en el escrito de demanda, sin duda, describe la presencia de derechos susceptibles de disponerse por una u otra parte, pues involucra aspectos netamente patrimoniales; empero, ni en el libelo ni en la contestación al mismo, alguno de los litigantes solicitó al funcionario judicial que el fallo fuera adoptado en equidad; tampoco es de aquellos asuntos que, por disposición legal, correspondía ser decidido en esos términos, luego, si el juez, en defecto de tales directrices, falló en derecho, su proceder como juzgador estuvo conforme lo considera la normatividad vigente, por tanto, en esa dirección, no hay lugar a reprocharle su determinación.

Y si el censor refería, eventualmente, al artículo 16 de la Ley 446 de 1998, en el sentido de que “Dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”, considera la Sala que no es la hipótesis normativa a que alude el impugnante, pues el discurso ensayado por él, como sustento de la acusación incorporada en el cargo que se examina, alude al fallo como tal; a la decisión definitoria de los extremos litigiosos, más no al establecimiento del daño, a su integralidad ni a su cuantificación.

Por las razones expuestas, el cargo no prospera.

Tercer cargo

1. En esta oportunidad, el actor, acudiendo a la causal primera de casación, denunció la violación directa de los artículos 8º de la Ley 153 de 1887 y 1613 del Código Civil, dado que no fueron aplicados por el sentenciador; y, “como consecuencia” de tal omisión, se produjo la trasgresión de los artículos 1546 y 1602 a 1617 de esta última obra, normas que hizo operar de manera equivocada.

2. El recurrente acusa al tribunal de no haber accedido al reconocimiento del perjuicio, bajo la modalidad del lucro cesante, en cuanto consideró que el daño irrogado era hipotético “y por ser eventual el daño no es real motivo por el cual no pueden ser resarcidos perjuicios de un daño eventual”.

Afirmó, “Pero lo que no tuvo en cuenta es (sic) el ad quem, es que si bien es cierto el daño no es el valor correspondiente al apartamento y los frutos tasados; el daño es esa oportunidad frustrada, la cual debió haber sido cuantificada y resarcida teniendo en cuenta ese valor dado al apartamento y a los frutos, en relación con las mayores o menores probabilidades de que el actor hubiera tenido éxito de que le fuera adjudicado, si en el proceso se hubiera tenido como cesionario de los derechos de Central de Inversiones S.A., como parte demandante”.

Y así continuó: “para el caso sub judice, el daño real y cierto no es la falta de transferencia del inmueble adjudicado, ni corresponde a la falta de aceptación en el proceso como cesionario de los derechos de Central de Inversiones S.A., en el proceso ejecutivo con título hipotecario, el daño en este caso corresponde es a la chance o la oportunidad perdida en donde configura un daño actual y esto es que hace que el daño sea actual —no hipotético— y cuando esta implica una probabilidad suficiente de beneficio económico que resulta frustrada por el responsable, y puede ser valorada en sí misma sin que sea necesario valorar su resultado final incierto (...)” (fl. 32, demanda de casación).

Y culmina su argumentación en los siguientes términos: “El tribunal violó las normas en comento porque la chance es una oportunidad y cuando esa oportunidad tiene contenido económico y se frustra se causa un daño el cual debe ser resarcido y como el tribunal no concedió el resarcimiento de este daño, desconoció el derecho que tiene el actor a ser indemnizado de los beneficios frustrados como consecuencia del incumplimiento (...)” (fl. 34 ib.).

Consideraciones

1. Es claro que cuando las personas, en condiciones de contratar, conforme a las exigencias previstas en la normatividad vigente, ajustan un determinado acuerdo, el mismo emerge con tales efectos vinculantes que la propia regulación jurídica no duda en catalogarlo como ley para las partes avenidas a dicho convenio (C.C., art. 1602), las que no pueden deshacerlo sino, igualmente, por concertación de las mismas o por causas legales.

Y ante un eventual incumplimiento, también de antaño, está definido que el contratante que honró sus compromisos tiene la potestad de reclamar de quien no ajustó su proceder a los cánones de la convención, ya el acatamiento de ese vínculo negocial, ya el aniquilamiento del mismo, hipótesis una y otra que en caso de existir aparejan la posibilidad de exigir el reconocimiento de los perjuicios que se le hayan podido infligir y en la cuantía probada, evento que le impone al afectado la acreditación del referido detrimento, salvo, por supuesto, que la propia ley los considere demostrados bajo alguna normativa especial de atribución de responsabilidad.

3. El actor al acusar la sentencia emitida por el tribunal, le reprocha no haber accedido a los perjuicios reclamados no obstante su expresa petición y acreditación tanto en cuanto al daño como tal, como a la cuantía del mismo. Y, ciertamente, el demandante en su escrito de demanda, luego de la reforma presentada, pidió al juzgador que se le impusiera a la demandada, en defecto del cumplimiento del contrato de cesión, condena al pago del daño generado por su conducta incumplidora, consistentes en el reconocimiento, por lucro cesante, de la suma de $ 730.000.oo), mensuales a partir del 8 de noviembre de 2000, hasta cuando se haga entrega del inmueble adjudicado (pretensión tercera principal); o, como lo reclamó en las subsidiarias (primera y segunda), la suma de $ 73.000.000.oo., y el saldo de la obligación hipotecaria, como daño emergente. Dicha modificación fue admitida y, en esos términos, quedó fijada la litis.

4. Sin embargo, apreciado el escrito a través del cual sustentó el recurso de casación y confrontado con la demanda reformada introductoria del pleito, cuya transcripción quedó plasmada al inicio de este proveído, así como con la sentencia proferida por el tribunal, encuentra la Sala que unos y otros perjuicios no concuerdan. En efecto, en el primer escrito se reclaman unos daños respecto los cuales se pronunció el tribunal; sin embargo, el actor, en la sustentación del recurso extraordinario refiere a otros, desnudando, así, un planteamiento novedoso en esta impugnación, lo que, de suyo, dada la naturaleza de dicho medio impugnativo, resulta improcedente.

Ciertamente, en el libelo, de manera concreta, en la pretensión tercera principal y solo en ella (fl. 99, cdno. 1), el demandante pidió que por razón del incumplimiento atribuido a la demandada se le condenara al pago de los perjuicios en la modalidad de lucro cesante. Las restantes pretensiones (1ª y 2ª subsidiarias), aluden a perjuicios pero por el daño emergente. Y en los hechos expuestos (42), narró, como así debía ser, los supuestos fácticos de donde surgía la condena por el daño generado, tanto a título de daño emergente como de lucro cesante.

En la exposición efectuada, el censor, no describió como génesis del daño la pérdida de oportunidad o de la chance. Se limitó a narrar todo lo acontecido, es decir, los negocios celebrados con la empresa de cobranzas, las vicisitudes presentadas a lo largo de tales convenios y, las circunstancias que rodearon la cesión ventilada en este proceso. En el acápite de pretensiones (única por lo demás), al momento de concretar lo referente al lucro cesante, no aludió a que el mismo provenía de la pérdida de oportunidad, contrariamente, en el hecho 36, atribuye los eventuales perjuicios a no poder usufructuar el apartamento.

En conclusión, en la demanda aducida por su promotor y en lo que refiere al detrimento generado, además de aludir al daño emergente, involucró el lucro cesante; empero, por ningún lado, se esgrimió que la afectación sufrida haya provenido de la pérdida de la oportunidad. No hay duda que el afectado puede resultar agraviado bajo cualquiera de esas circunstancias, no obstante, tanto la doctrina como la jurisprudencia han dado en concluir que sus orígenes y consecuencias son diversas; significa ello, entonces, que al aducir el impugnante esa modalidad de daño solo y por primera vez a través del recurso de casación, introduce al debate un aspecto nuevo y, por tanto, improcedente en este trámite extraordinario. Así lo ha expuesto la Corte:

“(...) está definido que al recurrente no le es dable, entre otras actuaciones, introducir inopinada y novedosamente planteamientos fácticos o de apreciación probatoria que, tentativamente, conducirían a liberar a la parte demandada de la responsabilidad endilgada y que no hubiere abordado en las instancias pertinentes. En otros términos, no pueden traerse a la corporación, por primera vez, durante el trámite del recurso objeto de análisis, temas de cuya proposición y evaluación no se ocuparon las partes y los juzgadores de turno. Y, precisamente, esa circunstancia se evidencia en este asunto respecto de algunos puntos de la acusación”.

(...).

“En ese contexto, tal argumentación, dada su novedad, de suyo aparece condenada a ser ignorada, precisamente, por cuanto que ‘toda alegación en casación conducente a demostrar que el tribunal incurrió en errónea apreciación de algunas pruebas por motivos de derecho o de hecho que no fueron planteados en las instancias, configura un medio nuevo, que no es de recibo en el recurso extraordinario, porque no es dable impugnar ante la Corte los elementos de convicción que como tales no tuvieron reparo alguno en las instancias’ (Cas. Civ., sent., feb. 12/91; además, fallos de abr. 7/89; mayo 15/92, y, sep. 20/94, Exp. 4308)” —hace notar la Sala— (sent., Cas. Civ., dic. 19/2011, Exp. 2001 00050 01).

Y es que admitir en esta fase del proceso aspectos no discutidos en las instancias y/o abordar el estudio de un tema nuevo con miras a restar eficacia a la sentencia cuestionada, es desconocer el debido proceso en cuanto que la parte contraria no tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre tal tópico; tampoco la tuvieron los jueces de turno, por lo que, habilitar su examen es involucrar asuntos desprovistos de la debida confrontación, propiciando la natural sorpresa a todos los sujetos del proceso, lo que repulsa la presunción de legalidad de la sentencia impugnada. En fin, puntos novedosos en materia casacional no están permitidos y esa connotación adquieren los planteamientos del recurrente quien, por primera vez, esgrime como causa del perjuicio sufrido la pérdida de oportunidad como el camino para lograr ser resarcido, situación que, como lo ha reiterado la Corporación, no pueden ser admitida y, contrariamente, se impone ignorar semejante argumentación.

El cargo no prospera.

Quinto cargo

1. A través de esta acusación, trazada por la vía indirecta de la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, el casacionista reprueba la sentencia emitida por el Tribunal debido a la supuesta violación de los artículos 8º de la Ley 153 de 1887; 16 de la Ley 446 de 1998; y, 1614, 1615 y 1546 del Código Civil, trasgresión que se produjo por “el error evidente de derecho”, en cuanto que no aplicó el artículo 285 del Código de Procedimiento Civil, es decir, no hizo operar las consecuencias adversas a la contraparte, dado que se negó a exhibir los documentos ordenados.

2. El impugnante enrostra al sentenciador el hecho de no haber valorado los “efectos procesales derivados de la rebeldía del litigante que no exhibe los documentos, o habiéndoles exhibido lo hace en forma parcial, defectuosa, produciéndose en este caso la demostración de los hechos susceptibles de confesión indicados en la solicitud de la prueba o el indicio en contra del opositor cuando los hechos que se pretendían probar no admiten prueba de confesión”.

Según el censor, si el Tribunal hubiese sopesado el comportamiento renuente de la parte demandada a exhibir los documentos solicitados, hubiere dado por demostrado “a) Que el proceso materia de cesión es un proceso ejecutivo con título hipotecario, que se adelanta en el Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogotá, bajo el número 5601 de 1990, siendo demandante el Banco Central Hipotecario siendo demandado Miguel Antonio Castro Beltrán, donde se busca el pago las (sic) obligaciones dinerarias de los pagarés 05016990 y 00502187-5; y que esas obligaciones fueron adquiridas por Central de Inversiones al Banco Central Hipotecario (hechos 1 y 2); b) Que el precio por la compra de los derechos en el proceso se pagó por él (sic) cesionario a la casa de Cobranzas para ser entregado a Central de Inversiones S.A. (hechos 10 y 18); c) Que Manuel Arteaga, empleado de Central de Inversiones S.A., ofreció un grado de confianza suficiente al pedirme que esperara un poco para legalizar la cesión, cuyo contrato se pensaba cumplir a cabalidad por Central de Inversiones S.A. (hecho 22); e) (sic) En el en el (sic) evento de que el bien gravado fuera rematado y adjudicado a Central de Inversiones S.A., esta me haría directamente la escritura de venta o traspaso del apartamento, pero para ello debía de pagar previamente la suma de $ 3.000.000.oo por honorarios a la abogada Gloria Llorente Poveda, quien era apoderada de Central de Inversiones S.A. (hecho 33); f) El apartamento fue rematado y adjudicado a Central de Inversiones S.A., (hecho 35); g) Que el beneficio esperado del contrato de cesión por parte del cesionario era el de que (sic) apartamento vinculado en el proceso me fuera transferido, entregado, con el fin de usufructuarlo (hecho 36); h) Adicionalmente se pretendía como beneficio el derecho a poder cobrar las sumas de dinero que no cubrió el remate o adjudicación del bien dentro del proceso cuyos derechos fueron materia de compraventa (hecho 37)”.

En esa línea argumentativa, el censor, sostuvo:

“(...) el ad quem, debió haber tenido en consideración los efectos que se derivan de la renuencia en la práctica de la diligencia de exhibición de documentos en relación con las demás pruebas existentes en el proceso, y así se habría valorado estas pruebas con prudencia, objetividad, sensatez y apelando a su buen juicio, aplicando al caso concreto principios tales como la equidad y la igualdad, en aras de los cuales, y sin que ello implique desconocer las circunstancias propias de cada caso, se habría cuantificado el daño (...)”.

Así, bajo esos planteamientos el recurrente reclama quebrar el fallo impugnado, dando lugar a la sentencia pertinente.

Consideraciones

1. En tratándose de la impugnación a través del recurso de casación, particularmente, cuando se invoca la causal primera, vía indirecta, prevista en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, debido a los supuestos errores en que el fallador pudo haber incurrido al adoptar la sentencia cuestionada, dichas equivocaciones pueden aludir a aspectos factuales, es decir, errores de hecho o, también, a yerros en asuntos de disciplina probatoria, evento que referiría a desvíos de derecho.

1.1. Relacionado con la primera de las hipótesis esbozada, los desaciertos del sentenciador estarían vinculados con la demanda, las excepciones o los elementos de prueba, situación esta última aneja a su contemplación objetiva, esto es, que el juzgador supuso la existencia de algún medio de persuasión o, por el contrario, haciendo presencia el mismo en el proceso lo inobservó o pretirió. En otros términos, en materia probatoria, existe error de hecho cuando el funcionario judicial ve la respectiva prueba sin que realmente exista en el proceso (suposición); cuando respecto de la que sí existe, solo aprecia una parte o, de la que se declara persuadido le aumenta su contenido; también lo hay en el evento en que apareciendo físicamente el medio persuasivo en el expediente, el juez lo inobserva total o parcialmente.

1.2. En lo que hace al error de derecho, el mismo se consolida cuando el funcionario aprecia objetivamente la existencia del elemento probatorio pero le niega eficacia e idoneidad en función del hecho objeto de la prueba o, cuando, contrariamente, le concede una fuerza probatoria contrariando las previsiones legales; por igual, esta equivocación se configura cuando la prueba se considera aportada dentro de los términos u oportunidades reguladas en la ley, no habiendo sucedido tal cosa o no obstante haberse incorporado con observancia estricta de la norma que la regula, es excluida por extemporánea; también acaece en el evento de no considerarse debidamente estructurada la prueba y, por tanto, no le dispensa el mérito probatorio reservado en las disposiciones del caso o la aprecia sin las formalidades establecidas.

En todo caso, trátese de uno u otro dislate, el demandante no puede confundirlos y desarrollar un discurso que delinee un entremezclamiento de los mismos; cada causa esgrimida como fundamento del ataque, debe ser presentada de manera independiente y autónoma, distinguiendo, de manera nítida, las equivocaciones de hecho respecto de las de derecho.

La Corte, precisamente, en torno al error de derecho, entre otras decisiones, ha puntualizado lo que sigue:

“El error de derecho, como reiteradamente lo ha anotado la Corte, apunta al aspecto normativo, se presenta en el momento de la contemplación jurídica de la prueba, es decir cuando luego de darla por materialmente existente en el proceso, pasa a ponderarla, a sopesarla en la balanza de la ley, y en esta actividad interpreta desacertadamente las normas legales regulativas de su valoración. Esta Sala ha dicho que en esta clase de yerro puede incurrir el fallador cuando aprecia las pruebas aducidas al proceso sin observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producción; o cuando viéndolas en la realidad que ellas demuestran, no las evalúa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente prohíbe para el caso, o cuando requiriéndose por ley una prueba específica para demostrar determinado hecho o acto jurídico no le atribuye a dicho medio el mérito probatorio por ella señalado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificación de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere. En ninguna de estas hipótesis se trata de que el sentenciador deje de ver las pruebas que obran en el proceso o suponga las que no existen en él, sino que en la tarea valorativa de aquellas infringe las normas legales que regulan su producción, su conducencia o su eficacia” (sent., mayo 24/2001, Exp. 6579).

2. El recurrente, en el caso bajo examen, acusa la sentencia proferida de haber incurrido en errores de derecho por cuanto que, según lo adujo, en ella, no se valoraron los efectos procesales derivados de la rebeldía del litigante demandado, al no acceder a la exhibición de documentos, prueba acompañada del interrogatorio de parte ordenado. Empero, la censura, desde esa perspectiva no refiere, como debería hacerlo, a las normas que regulan la incorporación de dichos elementos de prueba; el actor, en esta misma causal de casación, describió el error como de derecho, aunque su discurso evidencia una eventual equivocación en lo fáctico, es decir, entremezcló uno y otro yerro.

En efecto, el impugnante, al momento de concretar el ataque propuesto, aludió a la preterición del indicio y/o el medio de confesión, derivados, como se advirtió en precedencia, de la desobediencia de la demandada en asistir a la audiencia de interrogatorio de parte con exhibición de documentos, acto procesal al que, ciertamente, dejó de concurrir la representante legal de la cedente y, que, tal cual lo reivindica el casacionista, la consecuencia que contempla la normatividad vigente es dar por cierto los hechos que se pretendían demostrar, por supuesto, de ser susceptibles de confesión o, de no serlo, habilitar un indicio en contra del litigante remiso.

3. El reproche que se examina describe, entonces, esa mixtura, pues el opugnante, se reitera, no obstante alegar la existencia de un error de derecho, plantea una argumentación aneja al dislate fáctico. Nótese cómo la inconformidad refiere a que el tribunal no aplicó las consecuencias derivadas del artículo 285 del Código de Procedimiento Civil, es decir, que por la negativa de la demandada a la exhibición, debió dar por cierto los hechos (de la demanda), susceptibles de confesión, que se quisieron probar con los documentos objeto de dicha prueba, o por lo menos deducir el indicio en contra, lo que no fue posible.

Situación semejante, en verdad, no describe un error de derecho sino uno de hecho, en la medida en que el juzgador, hipotéticamente, ignoró esos medios probatorios (indicio grave y la confesión), es decir, el ad quem se desentendió de la existencia objetiva de determinadas circunstancias que estructuran mecanismos de prueba como son el indicio y la confesión. El desvío denunciado refiere a que la corporación falladora no dio por cierto los hechos que se pretendían demostrar con la exhibición ordenada, es decir, el sentenciador no vio o no quiso ver la presencia de las condiciones fácticas validadas por el legislador para generar los efectos de una conducta procesal determinada por parte de la demandada; así expuesta la inconformidad, la equivocación en que incurrió el fallador refiere a una preterición de una prueba y en esa línea lo que condensa es un error diferente al denunciado. Sin duda, el cargo no refiere al desconocimiento de las normas que rigen un medio de prueba en particular, en el sentido de desconocer su decreto, incorporación o valoración; tampoco alude a la negativa de su eficacia o idoneidad; menos sustituye, contrariando la normatividad vigente, un medio por otro en orden a la demostración de un hecho específico; menos aparece involucrada la temporalidad u oportunidad en que es aducida la prueba; la denuncia efectuada, lisa y llanamente, describe un proceder desdeñoso por parte del juez de segunda instancia para incorporar un elemento de juicio a la controversia surgida.

Relacionado con la confesión ficta y, particularmente, con la inobservancia de la presencia de los aspectos que la estructuran, la Corte ha expuesto:

“No obstante, al desarrollar el cargo, adujo la recurrente que el tribunal ignoró la confesión ficta que, según ella, se produjo porque el demandado no asistió a la audiencia en que debía absolver un interrogatorio de parte (fl.14, cdno. 4), yerro que, en la forma como está planteado, sería de hecho y no de derecho, pues recae en la contemplación objetiva del medio de prueba, más no en la aplicación de las normas legales que regulan su admisibilidad, pertinencia, conducencia o eficacia. En otras palabras, lo que discute la censura no es que el valor probatorio reconocido sea distinto del previsto por la ley, sino que el fallador omitió apreciar el medio de prueba” —hace notar la Sala— (sent., Cas. Civ., nov. 28/2000, Exp. 5768).

En reciente oportunidad, la corporación, en un asunto que guarda estrecha relación con el caso bajo estudio, evidenciando un error de derecho, dijo:

“Así las cosas, puesto que en Colombia, salvo las excepciones consagradas expresamente en el ordenamiento positivo, la confesión se erige como un medio de convicción idóneo para acreditar todo tipo de hechos (CPC, art. 195), y siendo lo cierto que la ley no exige que los fundamentos fácticos que quiso probar la actora con la solicitud de la fallida diligencia de exhibición documental se acrediten a través de un medio de prueba distinto del recién mencionado, se tiene que —ante la injustificada renuencia de la aseguradora a exhibir en su totalidad la documentación cuya presentación se le ordenó, por iniciativa de su contraparte—, debió deducirse la confesión de que da cuenta el artículo 285, ibídem, en la parte final de su primer inciso”.

“Los efectos de confesión atrás aludidos no resultaban enervados por la sola circunstancia de que —como sin ofrecer ninguna explicación pareciera haberlo sugerido el tribunal en su fallo—, en desarrollo de la diligencia de exhibición la parte actora no hubiera ‘insistido’ en ‘la exhibición de todos y cada uno de los documentos que pudieran demostrar la veracidad de los hechos’ o no hubiera solicitado, en la misma oportunidad, ‘la aportación de las copias de los documentos que pretende hacer valer’. Semejantes requerimientos no han sido establecidos por el ordenamiento positivo, y menos con los propósitos pretendidos por el sentenciador de segunda instancia: baste para colegir lo anterior que de la referida carga procesal de ‘insistencia’ no hace mención ninguna de las normas reguladoras de la prueba en comentario, incluyendo el precitado artículo 285, precepto en el que el legislador específicamente previó lo concerniente a la renuencia de la exhibición y sus efectos” —la Sala hace notar— (sent., Cas., oct. 21/2005, Exp. 3216).

En conclusión, ignorar una prueba y/o los elementos que la organizan, denotan en el funcionario una preterición total o parcial de ese medio de persuasión; situación muy diferente de aquel evento en que el juez establece exigencias o condiciones que la ley no previene para dar por válidamente incorporado ese elemento de juicio, pues tal hipótesis alude a una trascendencia a las normas que gobiernan el mecanismo de prueba, en otros términos, se involucra con las disposiciones que rigen la petición, incorporación o valoración del medio probativo. La primera situación comporta un error de hecho, lo segundo implica un desliz de derecho y, en el caso analizado, la queja, como ha sido advertido en líneas precedentes, alude a la desatención de los efectos previstos en la ley para la renuencia a la exhibición de documentos, amén de la inasistencia a la audiencia de interrogatorio, luego, la hipótesis describe una equivocación fáctica en la medida en que el juzgador no tuvo en cuenta o ignoró por completo las circunstancias (negativa a concurrir a exhibir y a responder al interrogatorio), que darían lugar a derivar de ese comportamiento un medio de prueba, concretamente, un indicio o una confesión ficta. No se trata de haber exigido requisitos que la ley no tiene previstos, sencillamente, fue ignorada por completo la situación procesal validada para erigir un elemento de persuasión.

3. Pero, además, la situación presentada refleja otra deficiencia que impide valorar en el fondo el cargo, y concierne con la intrascendencia; ocurre ella cuando a pesar del vicio en que haya podido incursionar el tribunal, de todas maneras, corrigiendo el desatino judicial, el fallo adoptado no hubiese resultado afectado. Así explicó el tema la Corte en reciente providencia:

“Bien sabido es que este género de error solo se configura cuando es comprobada una notoria equivocación en la contemplación objetiva de las probanzas, siempre que, desde luego, ella sea trascendente, es decir, influya de manera relevante en la resolución adoptada por el juzgador (sent., nov. 18/2004, Exp. 7276).

Aplicadas tales pautas al asunto examinado, aun aceptando el error atribuido al fallador y dando por cierto los hechos referidos por el censor, los mismos no destilan tal poder de persuasión que de haberlos valorado en esa dimensión, hubiesen generado un fallo distinto. El resultado sería similar.

Nótese que, según el actor, de haber procedido de manera correcta, es decir, al haber aplicado el artículo 285 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal hubiese dado por cierto: i) que la cesión refería a un proceso ejecutivo hipotecario que cursaba en el juzgado 31 Civil del Circuito; ii) además, que el cesionario había cancelado la totalidad de los dineros convenidos como contraprestación; iii) que hubo tal grado de confianza proveniente del comportamiento del señor Arteaga, empleado de Cisa S.A., que le hizo esperar la formalización de la cesión; iv) que el inmueble perseguido en ese proceso ejecutivo fue adjudicado a la Central de Inversiones S.A.; v) que, además, la cesión le hubiese brindado la posibilidad de perseguir el saldo de la obligación.

Empero, para el tribunal, tales aspectos no resultaron extraños; contrariamente, a partir de aceptar su acaecer fue que decidió en los términos en que lo hizo. Obsérvese que el fallo acusado da por establecido que sí hubo contrato de cesión; que el mismo provino de la intermediación de la sociedad de cobranzas ante la acreedora Cisa S.A., que esta última incumplió dicho acuerdo. Por tanto, aceptar como ciertos esos hechos no hubiesen variado el sentido del fallo, pues, para el ad quem, como quedó reseñado en otros apartes de esta providencia, diferentes fueron las circunstancias que marcaron el destino de la sentencia. Por ejemplo, el contrato no podía ser cumplido habida cuenta que el bien ya había sido transferido por la adjudicataria (cedente), y la cesión tampoco procedía, debido a que el proceso ejecutivo hipotecario había terminado; a ello debe agregarse, como lo refirió el juzgador de segunda instancia, que a esta causa litigiosa no se había aducido la prueba pertinente del saldo de la obligación, en cuanto que la peritación allegada con tal propósito, no era la adecuada para acreditar el pago pendiente, lo era la copia de la respectiva liquidación del crédito acompañada de la certificación pertinente emitida por el juez de conocimiento del proceso ejecutivo. Por esta razón, precisamente, uno y otro juzgador, consideraron que procedían los perjuicios solicitados y que los mismos, solo y únicamente, en la medida en que no se probaron otros, se reducían a la imposibilidad de usar las sumas canceladas por razón de la cesión.

En esa dirección, no encuentra la Sala cómo hubiese podido variar el sentido de la decisión adoptada, solo a partir de haber dado por cierto los hechos de que trata el impugnante si, los mismos, refieren a aquellos aspectos que el tribunal tuvo en cuenta para emitir el fallo en la forma y términos en que lo hizo. Ahí, en ese punto de inflexión emerge la intrascendencia del supuesto error.

Corolario de lo expuesto, el cargo no prospera

DECISIÓN:

En mérito de lo discurrido, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA, la sentencia de 11 de octubre de 2010, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

Condénase al demandante recurrente al pago de las costas procesales causadas en el recurso extraordinario. Conforme lo previene la Ley 1395 de 2010, para tales efectos, inclúyase, por concepto de agencias en derecho, la suma de $ 6.000.000.oo. m.cte., en virtud de haber existido réplica. Liquídense.

Cópiese, notifíquese y en su oportunidad devuélvase al tribunal de origen».