Sentencia 2005-00069 de agosto 13 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 110010324000 2005 00069 01

Magistrada Ponente:

Dra. Martha Sofía Sanz Tobón

Acción: nulidad simple

Actora: Asociación de Empleados Públicos de la Contraloría Municipal de Santiago de Cali.

Bogotá, D.C., trece de agosto de dos mil nueve

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

El problema jurídico se concreta en establecer si el Gobierno Nacional excedió su potestad reglamentaria mediante los artículos 8º, 9º y 10 del Decreto 192 de 2001 y el artículo 1º del Decreto 735 del mismo año, al establecer límites para los gastos de las contralorías distritales y municipales, pues el actor considera que estas disposiciones contrarían los artículos 10 y 11 de la Ley 617 de 2000.

Dispone la Ley 617 de 2000

“ART. 10.—Valor máximo de los gastos de los concejos, personerías, contralorías distritales y municipales. Durante cada vigencia fiscal, los gastos de los concejos no podrán superar el valor correspondiente al total de los honorarios que se causen por el número de sesiones autorizado en el artículo 20 de esta ley, más el uno punto cinco por ciento (1.5%) de los ingresos corrientes de libre destinación.

Los gastos de personerías, contralorías distritales y municipales, donde las hubiere, no podrán superar los siguientes límites:

(...).

Contralorías

Límites de los gastos de las contralorías municipales. Porcentaje de los ingresos de libre destinación

Categoría

Especial2.8%
Primera2.5%
Segunda (más de 100.000 habitantes)2.8%

PAR.—Los concejos municipales ubicados en cualquier categoría en cuyo municipio los ingresos de libre destinación no superen los mil millones de pesos ($ 1.000.000.000) anuales en la vigencia anterior podrán destinar como aportes adicionales a los honorarios de los concejales para su funcionamiento en la siguiente vigencia sesenta salarios mínimos legales.

ART. 11.—Período de transición para ajustar los gastos de los concejos, las personerías, las contralorías distritales y municipales. Se establece un período de transición a partir del año 2001, para los distritos y municipios cuyos gastos en concejos, personerías y contralorías, donde las hubiere, superen los límites establecidos en los artículos anteriores, de forma tal que al monto máximo de gastos autorizado en salarios mínimos en el artículo décimo se podrá sumar por período fiscal, los siguientes porcentajes de los ingresos corrientes de libre destinación de cada entidad:

 Año
 2001200220032004
Concejos
Especial, primera y segunda1.8%1.7%1.6%1.5%
Personerías
Especial1.9%1.8%1.7%1.6%
Primera2.3%2.1%1.9%1.7%
Segunda3.2%2.8%2.5%2.2%
Contralorías
Especial 3.7%3.4%3.1%2.8%
Primera 3.2%3.0%2.8%2.5%
Segunda 3.6%3.3%3.0%2.8%
(más de 100.000 habitantes)

PAR.—Las entidades descentralizadas del orden distrital o municipal deberán pagar una cuota de fiscalización hasta del punto cuatro por ciento (0.4%), calculado sobre el monto de los ingresos ejecutados por la respectiva entidad en la vigencia anterior, excluidos los recursos de crédito; los ingresos por la venta de activos fijos; y los activos, inversiones y rentas titularizados, así como el producto de los procesos de titularización.

En todo caso, durante el período de transición los gastos de las contralorías, sumadas las transferencias del nivel central y descentralizado, no podrán crecer en términos constantes en relación con el año anterior. A partir del año 2005 los gastos de las contralorías no podrán crecer por encima de la meta de inflación establecida por el Banco de la República. Para estos propósitos, el secretario de hacienda distrital o municipal, o quien haga sus veces, establecerá los ajustes que proporcionalmente deberán hacer tanto el nivel central departamental como las entidades descentralizadas en los porcentajes y cuotas de auditaje establecidas en el presente artículo (se destaca la parte que la actora considera violada).

Las disposiciones acusadas del Decreto 192 de 2001 disponen:

“ART. 8º—De las transferencias. Las transferencias para gastos de las asambleas, concejos, contralorías y personerías hacen parte de los gastos de funcionamiento del respectivo departamento, distrito y municipio.

... ...

De acuerdo con los artículos 10 y 11 de la Ley 617 de 2001 el porcentaje de los ingresos corrientes anuales de libre destinación para financiar los gastos de las contralorías para los municipios y distritos, excepto en el Distrito Capital, no podrá exceder de:

Categoría2001200220032004
Especial3.7%3.4%3.1%2.8%
Primera3.2%3.0%2.8%2.5%
Segunda (más de 100.000 habitantes)3.6%3.3%3.0%2.8%

ART. 9º—De los ingresos de las entidades descentralizadas. Los ingresos de las entidades descentralizadas del nivel territorial, no hacen parte del cálculo de los ingresos de libre destinación para categorizar los departamentos, municipios o distritos. Tampoco harán parte de la base del cálculo para establecer el límite de gastos de asambleas, concejos, contralorías y personerías.

ART. 10.—De las transferencias a las contralorías. La transferencia de los departamentos, municipios o distritos, sumada a la cuota de fiscalización de las entidades descentralizadas, realizadas a las contralorías, no podrán superar los límites de gasto ni de crecimiento establecidos en la Ley 617 de 2000”.

La disposición acusada del Decreto 735 de 2001 dispone:

“ART. 1º—Las transferencias para gastos de las asambleas, concejos, contralorías y personerías hacen parte de los gastos de funcionamiento del respectivo departamento, distrito y municipio. En todo caso, para los solos efectos de la Ley 617 de 2000, estas transferencias no computarán dentro de los límites de gasto establecidos en los artículos 4º, 5º, 6º, 7º y 53 de la misma.

..........

De acuerdo con los artículos 10 y 11 de la Ley 617 de 2001 el porcentaje de los ingresos corrientes anuales de libre destinación para financiar los gastos de las contralorías para los municipios y distritos, excepto en el Distrito Capital, no podrá exceder de:

Categoría2001200220032004
Especial3.7%3.4%3.1%2.8%
Primera3.2%3.0%2.8%2.5%
Segunda (más de 100.000 habitantes)3.6%3.3%3.0%2.8%

.....”.

Se observa que lo que dispuso el artículo 1º acusado del Decreto 735 de 2001 en la parte relacionada con los gastos de las contralorías es reiteración de lo consagrado en el artículo 8º del Decreto 192 de 2002 también acusado, de tal manera que lo que se decida respecto de esta última disposición se aplica a aquella.

Los anteriores decretos fueron expedidos por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el artículo 189 numerales 11 y 25 de la Constitución Política y en desarrollo de la Ley 617 de 2000.

El parágrafo del artículo 11 de la Ley 617 de 2000, que la actora considera fue derogado por las disposiciones acusadas, dispone en su inciso primero sobre la cuota de fiscalización que deben pagar las entidades descentralizadas del orden distrital o municipal calculado sobre el monto de sus ingresos con exclusión de algunos de ellos; esta disposición no tiene que ver con los gastos de las contralorías que fijó el mismo artículo.

El inciso segundo del citado parágrafo prohíbe que los gastos de las contralorías crezcan en términos constantes en relación con el año anterior y el Decreto 192 de 2001 en su artículo 8º no contradice esta disposición sino que hace referencia y reitera los porcentajes establecidos por el legislador como límite para los gastos de estos entes en los artículos 10 y 11 de la Ley 617 de 2000; en otras palabras, de la simple comparación de las normas se establece que el límite a los gastos de las contralorías distritales y municipales determinado por el porcentaje de los ingresos corrientes de libre destinación de acuerdo con la categoría, así como el límite de dichos gastos determinado por el porcentaje de dichos ingresos durante el periodo de transición de 2001 a 2004, es exactamente el mismo señalado en los artículos 10 y 11 de la Ley 617 de 2000 y en el artículo 8º acusado del Decreto Reglamentario 192 de 2001; por lo anterior no hubo exceso en el uso de la potestad reglamentaria.

No prospera el cargo contra el artículo 8º acusado del Decreto 192 de 2001 como tampoco contra el artículo 1º del Decreto 735 del mismo año, por las razones ya expresadas.

Ahora bien, el artículo 9º acusado del Decreto 192 de 2001 hace relación a los ingresos de las entidades descentralizadas y no a las transferencias que éstas hacen; como bien lo señala el procurador delegado ante esta corporación en la norma acusada simplemente se dice que los ingresos de las entidades descentralizadas del nivel territorial no se tomarán como base del cálculo para establecer los límites del gasto de las contralorías, luego no se están afectando las transferencias que a las entidades descentralizadas corresponde realizar.

Prueba de lo anterior es que el artículo 10 acusado del Decreto 192 de 2001, establece expresamente que las transferencias de los departamentos, distritos y municipios sumada a la cuota de fiscalización de las entidades descentralizadas, realizadas a las contralorías, no podrán superar los límites de gasto ni de crecimiento establecidos en la Ley 617 de 2000.

No prosperan los cargos contra los artículos 9º y 10 del Decreto 192 de 2001, en otras palabras porque, como bien lo señala el Ministro de Justicia y del Derecho, cuando la Ley 617 de 2000 establece en el parágrafo del artículo 11 que las entidades descentralizadas del orden distrital y municipal deben pagar una cuota de fiscalización calculada sobre el monto de sus ingresos, excluidos determinados recursos y activos, no quiere decir que los ingresos de dichas entidades hacen parte de la base del cálculo para establecer el límite de los gastos de las contralorías, porque existe una diferencia sustancial entre pagar una cuota de fiscalización sobre la base de determinados ingresos de las entidades territoriales y señalar que dichos ingresos hacen parte de la base del cálculo para establecer el límite de gastos de las contralorías.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

FALLA:

NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

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