Sentencia 2005-00078 de abril 24 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref: Exp. 1100131100142005-00078-01

Magistrado Ponente

Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez

Bogotá, D.C., veinticuatro de abril de dos mil doce.

Aprobada en Sala de siete (7) de diciembre de dos mil once (2011).

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por Alberto Cuellar Borrero frente la sentencia de 30 de junio de 2010, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido por Rafael Ángel Ortiz Bayona en su contra y de la menor Diana Sofía Cuellar Salazar.

I. El litigio

1. Mediante el ejercicio simultáneo, pero sucesivo, de impugnación y filiación de paternidad reclamó el promotor, previa designación de curador a la menor, declarar que no es hija de Alberto Cuellar Borrero sino de Rafael Ángel Ortiz Bayona, con las consecuentes correcciones en el registro civil de nacimiento.

2. La causa petendi admite el siguiente compendio (fls. 10 a 12):

a) Diana Sofía Cuellar Salazar nació el 29 de julio de 1994, durante la vigencia del matrimonio existente entre Claudia Virginia Salazar Monroy y Alberto Cuellar Borrero, quienes se divorciaron el 12 de septiembre de 1995.

b) Sin que su esposo se enterara, la progenitora sostuvo relaciones extramatrimoniales con Rafael Ángel Ortiz Bayona, con quien “inició vida marital de hecho” desde comienzos de 1996.

c) Ante los problemas surgidos luego de la separación legal de Claudia Virginia y Alberto, aquella confesó a su compañero permanente la imposibilidad de que la menor fuera hija de Cuellar Borrero.

d) Consecuentemente, Ortiz Bayona se practicó, junto con Diana Sofía, examen para análisis de marcadores STR a partir del ADN, arrojando un “índice de paternidad acumulado” de 115689 y “probabilidad acumulada de paternidad” de 99.999135624%, determinante de que sea su padre biológico.

3. Notificados del admisorio, la madre, en representante de la incapaz, manifestó atenerse a lo que resultare probado, mientras que Alberto Cuellar Borrero se opuso a la prosperidad de todas las pretensiones.

4. El Juzgado Catorce de Familia puso fin a la primera instancia en providencia que declaró “que la menor Diana Sofía Cuellar Salazar (…) no es hija del señor Alberto Cuellar Borrero” así mismo que es “hija extramatrimonial del señor Rafael Ángel Ortiz Bayona”, ordenando las respectivas correcciones en el registro civil de nacimiento; decisión que, recurrida por el primero, fue confirmada por el superior.

II. Fundamentos del fallo impugnado

Admiten la siguiente síntesis:

1. Los presupuestos procesales están reunidos y no se observa vicio de nulidad, encontrando que quien aduce ser el verdadero padre cuenta con legitimación en la causa por activa, de conformidad con el artículo 5º de la Ley 1060 de 2006, ya que a pesar de que la demanda se presentó antes de su vigencia, tal condición debe evaluarse al momento de resolver.

2. El caudal probatorio lo conforman los testimonios rendidos por Eunice Salazar Monroy, Martha Ludobina Cagua y Claudia Virginia Salazar, además del interrogatorio absuelto por Alberto Cuéllar Borrero; así mismo, en las tres pruebas de genética realizadas, una de ellas aportada desde la formulación del pleito y las otras dos realizadas en el curso del proceso.

3. En cuanto a su apreciación, “si bien, en los procesos de filiación se permiten y deben darse la práctica y la valoración de otros medios de prueba diferentes de la prueba científica de ADN, esta última constituye, sin duda alguna, un elemento fundamental para la decisión que le corresponde tomar al juez en esta clase de procesos, de ahí que el mismo legislador la haya instituido como obligatoria y su omisión, en la ordenación y recaudo, configure nulidad procesal”, como lo respaldan pronunciamientos de la Corte de 10 de marzo de 2000 y 10 de junio de 2005.

4. Se desestima la objeción al dictamen por ser confiable y apuntar hacia el mismo resultado, esto es, excluir la paternidad respecto del apelante y establecer una probabilidad acumulada en el actor superior al 99.999%, por lo que encuentran probados suficientemente los hechos del libelo.

III. La demanda de casación

Tres cargos se plantearon, dos de ellos apoyados en la violación de normas sustanciales, el uno por la vía directa y el otro por la indirecta, mientras el último en la causal segunda del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, los cuales se desatarán en el orden propuesto, con la advertencia de que los dos últimos se analizaran en conjunto en virtud a que ambos están encaminados a establecer la existencia de la caducidad para promover la acción, por lo que ameritan reflexiones que les son comunes.

Cargo primero

Denuncia la afectación recta por equivocada interpretación de los artículos 216, 217, 218, 219 y 222 del Código Civil, subrogados por los preceptos 4º, 5º, 6º, 7º y 8º de la Ley 1060 de 2006.

En desarrollo del mismo se expone lo que a continuación se compendia:

1. Las disposiciones del Código Civil citadas, vigentes en la fecha de la reclamación, establecían que mientras el marido viviera nadie podía cuestionar la legitimidad del hijo.

A su vez, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del artículo 3º de la Ley 75 de 1968, en proveído C-109 de 1995, condicionándolo a que el hijo puede accionar en impugnación en todos los casos, con base en los motivos previstos para el marido, advirtiendo que la posibilidad de acudir a dicho trámite “está reservada a ciertos sujetos, lo que pretende ofrecer seguridad e intimidad a la familia”, por lo que “la jurisprudencia, pues, había definido con claridad que la acción de impugnación de la paternidad legítima estaba reservada al marido, al hijo, después de la vigencia de la Ley 75 de 1968, y a los herederos, en caso de muerte del marido” (fl. 20).

2. En la actualidad, con la modificación introducida por la Ley 1060 de 2006, “en lo que se refiere a los titulares de la acción de la impugnación de la paternidad, la nueva legislación mantuvo las restricciones y, en ningún caso, permitió que un sujeto externo, como el presunto padre biológico, pueda promover la demanda” (fl. 21), toda vez que “[d]el artículo 216 se deriva que la ley le otorga esta facultad al cónyuge, al compañero permanente y a la madre, quienes pueden hacerlo dentro de los ciento cuarenta (140) días siguientes a que tuvieron conocimiento de que él o ella no es el padre o madre biológico. Del artículo 217 se desprende que tiene el derecho a impugnar la paternidad el hijo, quien podrá hacerlo en cualquier tiempo. El artículo 218 señala que en los procesos de reclamación o de impugnación de la paternidad o de la maternidad, el juez, de ser posible, vinculará al presunto padre o madre biológicos. Del artículo 219 se colige que también pueden impugnar la paternidad los herederos. El artículo 222 prevé que los ascendientes del padre o la madre tienen derecho a impugnar la paternidad o la maternidad” sin que “ninguna de las disposiciones citadas ni norma civil distinta señale que el presunto padre biológico pueda promover la acción de impugnación de la paternidad”.

3. Incurre el tribunal en indebida exégesis del artículo 217 al derivar del mismo “la posibilidad de que el presunto padre biológico pueda demandar la impugnación de la paternidad”.

4. El artículo 5º de la precitada ley “contiene dos cláusulas diferentes. La primera, que el hijo puede impugnar la paternidad o la maternidad y en cualquier tiempo. La segunda, que en el proceso el juez debe establecer el valor probatorio de la prueba científica” segmento éste al que concretamente se refiere el agregado “también podrá solicitarla el padre, la madre o quien acredite sumariamente ser el presunto padre o madre biológico”, sin que pueda dilucidarse que se contrae a la posibilidad inicial “pues el complemento califica la frase inmediatamente anterior”, siendo claro el párrafo.

5. La Corte Constitucional en su Sentencia C-405 de 2009, que se inhibió de “emitir un pronunciamiento de fondo acerca del inciso segundo del artículo 217 del Código Civil, modificado por el artículo 5º de la Ley 1060 de 2006”, entendió que “el padre biológico está llamado a solicitar la prueba, mas no a provocar la acción de impugnación”, por no estar incluido dentro de los titulares para proponerla “puesto que ninguna disposición del régimen lo faculta”, tan es así que ni siquiera se contempla un término de caducidad para tal supuesto.

No obstante que el “padre biológico” debe ser llamado al juicio de oficio o a petición de parte, en vista del deber de asegurar los derechos superiores de los niños a tener una identidad y un nombre, para que dentro del mismo trámite de impugnación se declare la filiación y así evitar su desamparo, ello no implica que pueda promoverlo, pero eso sí, estando autorizado para solicitar la práctica de la prueba genética.

6. “La interpretación histórica y sistemática, en cambio, resulta de trascendental importancia para confirmar el sentido de la norma, en la perspectiva de que el artículo 217 no persiguió incluir al presunto padre como sujeto activo de la acción de impugnación de la paternidad”, como se deduce de los antecedentes de la disposición dentro del trámite en el Congreso, en los cuales, a pesar de haberse considerado la posibilidad de reclamar la legitimidad del hijo concebido durante el matrimonio o en vigencia de la unión marital de hecho por “cualquiera que acredite sumariamente ante el juez interés”, que en el curso se matizó para que lo pudiera hacer “quien acredite sumariamente ser el presunto padre o madre biológico”, sólo se limitó su participación a la posibilidad de solicitar el examen genético, frente las inconsistencias de las propuestas y el riesgo que de ello se pudiera derivar.

7. Previamente a la reforma, en Sentencia C-109 de 2005, la Corte Constitucional se pronunció sobre la importancia de las restricciones para provocar la acción de impugnación de la paternidad sin que se tratara de un simple capricho del legislador, con lo que se busca “proteger la intimidad y el sosiego de los hogares formados bajo la tutela del matrimonio, previniéndolo contra los ataques malintencionados y alejándola de todo escándalo”.

8. Sobre la importancia de los valores familiares y culturales para establecer la filiación se pronunció la Corte Suprema en sentencia del 20 de noviembre de 2006, sin que pueda creerse “que la filiación en las épocas contemporáneas y después de la expedición de las leyes 721 de 2001 y 1060 de 2006, se limita a un asunto meramente biológico”.

9. “No sobra reiterar que el demandante promovió la acción de impugnación de la paternidad bajo el régimen anterior a la Ley 1060 de 2006, en el que aún con mayor claridad no era posible que el presunto padre biológico persiguiera terminar el vínculo de filiación del hijo de mujer casada. En esta perspectiva, podría invocarse el principio de la ultractividad de la ley, para afirmar que en el momento en que se presentó y admitió la demanda definitivamente y sin discusión alguna, el presunto padre biológico no tenía legitimidad para demandar la impugnación”.

Consideraciones de la Corte

1. El demandante solicitó que, luego de desvirtuarse la calidad de Diana Sofía Cuellar Salazar como hija legitima de Alberto Cuellar Borrero, se le declare como su padre extramatrimonial, disponiendo las consecuentes correcciones en el registro civil de nacimiento de la menor.

2. La sentencia de segunda instancia confirmó la del a quo que accedió a lo pretendido, bajo el entendido de que el actor se encontraba legitimado para adelantar el trámite, pues, para la fecha del fallo estaba vigente la Ley 1060 de 2006, reformatoria, entre otros, del artículo 217 del Código Civil.

3. El ataque se centra en la indebida interpretación de dicha preceptiva, por cuanto la posibilidad de intervención del padre biológico en los asuntos de “impugnación de paternidad”, se limita a que, de ser convocado “de oficio o a petición de parte”, pueda requerir la práctica de valoración científica, sin que ello conlleve la posibilidad de actuar como promotor en vista de la taxativa limitación que para tal efecto contemplan las normas que rigen la materia; a más de que no era aplicable, en virtud a que se expidió estando en curso el proceso.

4. En el plenario se encuentran debidamente acreditadas las siguientes circunstancias que tienen incidencia en la resolución que se está adoptando:

a) Que Claudia Virginia Salazar Monroy y Alberto Cuellar Borrero estuvieron casados del 29 de diciembre de 1990 al 12 de septiembre de 1995 (fls. 7 a 9).

b) Que Diana Sofía Cuellar Salazar nació el 29 de julio de 1994 durante la vigencia del citado vínculo.

c) Que Diana Sofía está inscrita como hija matrimonial de Alberto Cuellar Borrero y Claudia Virginia Salazar Monroy (fl. 3).

d) Que los esposos se divorciaron el 12 de septiembre de 1995 (fls. 7 a 9).

e) Que Claudia Virginia Salazar Monroy y Rafael Ángel Ortiz Bayona dieron inicio a vida marital desde comienzos del año 1996 (fls. 16 y 24).

f) Que el 21 de julio de 2004 se tomaron muestras a Rafael Ángel Ortiz Bayona y a Diana Sofía Cuellar Salazar, con el ánimo de practicar “análisis de marcadores STR a partir del ADN”, arrojando como resultado un “índice de paternidad acumulado” de 115689 y “probabilidad acumulada de paternidad” de 99.999135624% (fls. 4 a 6).

g) Que la demanda se presentó el 3 de febrero de 2005 (fl. 1).

h) Que la madre de la menor se notificó el 30 de marzo de 2005 y quien figura como padre legítimo el 3 de mayo de 2005 (fls. 19 y 26).

i) Que durante el trámite respectivo se expidió la Ley 1060 de 2006, publicada en Diario Oficial 46.341 de 26 de julio de dicho año, fecha a partir de la cual entró en vigencia.

5. Es criterio establecido que al acudir en casación invocando la violación directa de la ley sustancial, se debe partir de la aceptación integra de los hechos tenidos por probados en la sentencia, sin que se permita plantear inconformidad alguna relacionada con los medios de convicción recaudados, debiéndose limitar la formulación del ataque a establecer la existencia de falsos juicios sobre las normas sustanciales que gobiernan el caso, ya sea por falta de aplicación, al no haberlas tenido en cuenta; por aplicación indebida, al incurrir en un error de selección que deriva en darles efectos respecto de situaciones no contempladas; o cuando se acierta en su escogencia pero se le da un alcance que no tienen, presentándose una interpretación errónea.

En tal sentido ha precisado la Corte que la “violación directa de las normas sustanciales, que como motivo de casación contempla la causal primera del artículo 368 ibídem, acontece cuando el sentenciador, al margen de toda cuestión probatoria, deja de aplicar al caso controvertido la disposición sustancial a que debía someterse y, consecuentemente, hace actuar las que resultan extrañas al litigio, o cuando habiendo acertado en la disposición rectora del asunto, yerra en la interpretación que de ella hace, y que, por lo mismo, cuando el ataque en casación se funda en la causal que se comenta, compete al recurrente centrar sus juicios exclusivamente sobre los textos legales que considere inaplicados, indebidamente aplicados o erróneamente interpretados, prescindiendo, desde luego, de cualquier consideración que implique discrepancia con las apreciaciones fácticas del sentenciador, cuestión esta que sólo puede abordarse por la vía indirecta” (Sent. 285/2005, nov. 17, exp. 7567).

6. De entrada se observa que la hermenéutica del tribunal sobre la aplicación inmediata de las reformas al régimen de impugnación de la paternidad, sin consideración a que la demanda fue presentada con anterioridad a su expedición y la posibilidad de que quien se considere como padre biológico, como producto de una relación extramatrimonial, pueda reclamar contra la legitimidad de quien considera su hijo, no configuran la vulneración advertida por el impugnante en armonía con las razones que pasan a exponerse:

a) De conformidad con los artículos 213 y 214 del Código Civil, en su redacción original, el hijo que nacía después de expirados los ciento ochenta (180) días subsiguientes al matrimonio se reputaba concebido en él y tenía por padre al marido.

Tal situación correspondía a una presunción legal de legitimidad, desarrollo del principio de matrimonio como institución, en virtud del cual una vez perfeccionado dicho contrato sus efectos escapan a la voluntad de los casados y son regulados por un conjunto de pautas imperativas expedidas por el Estado; por ende, como tal vínculo se constituye “con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente”, lo que implica el cumplimiento de deberes de cohabitación y fidelidad, no resultaba ilógico el que quien nacía de mujer casada y dentro del marco temporal contemplado con posterioridad a celebrar las nupcias, fuera tenido como hijo del esposo.

Sin embargo, al no constituir una realidad inmutable, por tratarse de una “presunción” juris tantum, que como tal admite prueba en contrario, era susceptible de ser desvirtuada, pero sin dejar de lado que, respondiendo a parámetros de protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y en amparo de garantías constitucionales, no cualquier persona podía acudir ante la jurisdicción reclamando contra la paternidad cuando existía un principio de certidumbre que emanaba de la ley, máxime cuando el artículo 216 de la misma codificación contemplaba que “[m]ientras viva el marido, nadie podrá reclamar contra la legitimidad del hijo concebido durante el matrimonio, sino el marido mismo”.

De igual manera, con la expedición de la Ley 75 de 1968 en el inciso segundo del artículo tercero se contempló que “el hijo podrá reclamar en cualquier tiempo contra su legitimidad presunta, cuando su nacimiento se haya verificado después del décimo mes siguiente al día en que el marido o la madre abandonaron definitivamente el hogar conyugal”, con la advertencia que el subrayado fue declarado exequible en Sentencia C-109 de 1995 de la Corte Constitucional, “siempre y cuando se interprete que, además de esta causal, y en virtud del derecho que toda persona tiene de reclamar su verdadera filiación y del principio de igualdad de derechos dentro de las relaciones familiares, consagrados en la Constitución, el hijo de mujer casada cuenta con otras posibilidades para impugnar la presunción de paternidad, así: de un lado, si el hijo acumula la impugnación de paternidad con una acción de reclamación de paternidad, deberá darse aplicación preferente al artículo 406 del Código Civil; de otro lado, en todos los casos, el hijo contará con las causales previstas para el marido en los artículos 214 y 215 del Código Civil y en el artículo 5º de la Ley 95 de 1890”.

Bajo tal normatividad esta corporación consideró que la facultad para promover la “impugnación de la paternidad legítima” únicamente se encontraba radicada, en vida del “marido”, en cabeza de éste y del “hijo”, sin que se hiciera extensiva a quien adujera ser padre biológico, así pretendiera de manera complementaria que se le tuviera por tal.

Sobre el punto precisó la Sala:

“En este caso, el actor respecto de su específica pretensión de que sea reconocido como verdadero padre del hijo concebido y nacido en el matrimonio de otros, en este proceso de la menor (…), tampoco tiene legitimación para formular tal acción de reclamación de estado civil, puesto que la ley no se la otorga autónomamente. Ciertamente que no hay ninguna norma que le permita al demandante, como tercero, incoar dicha acción frente a una persona que por haber sido concebida dentro del matrimonio de sus padres goza de la presunción de legitimidad, ni menos cuando su padre legítimo —el marido de (…)—, no ha instaurado ninguna acción tendiente a impugnar la paternidad, y, por el contrario, se ha opuesto enfáticamente a la demanda que dio origen a este proceso. (…) Debe recordarse que por expreso y categórico mandato del artículo 216 del Código Civil, como lo rememoró el tribunal, que ‘mientras viva el marido, nadie podrá reclamar contra la legitimidad del hijo concebido durante el matrimonio, sino el marido mismo’, con la excepción que se le confirió al propio hijo para hacerlo, según lo dispuesto en la Ley 75 de 1968 y la ampliación indefinida del plazo en la citada Sentencia C-109 de 1995”.

Sirvió de fundamento a lo acabado de reproducir el que “históricamente el legislador ha regulado el tema del estado civil y de la familia con precisión y cuidado sumos a fin de proteger la propia intimidad que rodea su constitución y de atender a las realidades que en punto de los hijos genera su entorno y su propio desarrollo, tanto como para no haber permitido, a través de las épocas, que cualquier persona puede acudir a los estrados judiciales para cuestionar una paternidad o maternidad propiciada en ese ámbito. (…) Este hermético criterio era explicable por la ausencia de mecanismos probatorios confiables y veraces que sirvieran para establecer un determinado estado civil generado en las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. Dadas las circunstancias de intimidad, clandestinidad, ocultamiento, reserva o, simplemente, recato en que las mismas tienen ocurrencia, no es sólito que personas diferentes a la pareja que las ejecuta o realiza se den cuenta de ellas. Para acreditarlas el legislador ideó varias presunciones dirigidas a deducirlas, las que, conocida la falibilidad del ser humano, no producen la certeza absoluta e irrebatible de su existencia real. (…) Empero, siempre ha preferido el legislador aceptar los hechos por los cuales se producen situaciones jurídicas que surgen de la vivencia de las relaciones intrafamiliares, en lugar de dejar un determinado estado civil en entredicho o sujeto a una incertidumbre permanente, motivo por el cual ha impedido, en línea de principio, que cualquier persona llegue a cuestionar un estado civil que viene consolidado de atrás, ni que pueda intentarlo cuando se le ocurra y en todo tiempo, por muy altruista que parezca o pueda ser el motivo aducido para desvirtuar una situación familiar en cuya construcción afectivamente se han afirmado lazos sólidos y definitivos. (…) La Corte Suprema de Justicia ha conservado con ahínco la tesis de la permanencia de estos criterios restrictivos señalados por el legislador, y en lo que respecta con la familia legítima, ha señalado justamente que es necesario ‘proteger la intimidad y el sosiego de los hogares formados bajo la tutela del matrimonio, previniéndolo contra los ataques malintencionados y alejándola de todo escándalo’, sentencia de casación de 2 de octubre de 1975”.

b) Sin embargo, se observa que los planteamientos expuestos, si bien responden a los fines altruistas de la protección al grupo familiar debidamente constituido, dentro del cual incide el concepto de la legitimación y consecuentemente el de su impugnación, deben ser revisados por el desarrollo que el concepto de "familia” ha tenido tanto en el aspecto social, como en el campo constitucional, legal, doctrinario y jurisprudencial.

Es así como de forma paralela al matrimonio se fueron estableciendo uniones afectivas que, pese a derivar de un acuerdo de voluntades, no estaban constituidas con las formalidades establecidas por la ley, siendo objeto de consideración en los artículos 328 y 329 del Código Civil de la unión, al tener a los hijos de la “concubina” de un hombre como hijos de éste y entendiendo a aquella como la mujer que viviera con un hombre públicamente como si fueran casados, siempre que uno y otro estuvieren solteros o fueren viudos. Tales normas fueron derogadas por el artículo 65 de la Ley 153 de 1887, pero en sus artículos 54 a 59 y 66 a 79 se contempló la figura de los hijos “naturales”, esto es, los nacidos fuera del matrimonio no siendo de “dañado ayuntamiento”, así como los ilegítimos no reconocidos solemnemente.

Con posterioridad, los hijos habidos en este tipo de relaciones fueron objeto de protección con la expedición de la Ley 45 de 1936, considerada de avance al darle la calidad de “natural” al “nacido de padres que al tiempo de la concepción no estaban casados entre sí” y al de la “madre soltera o viuda por el solo hecho del nacimiento”, señalando pautas para su reconocimiento, incluido el caso de los concebidos por mujeres casadas; establecer presunciones de “paternidad natural”; contemplar la posesión notoria del estado de “hijo natural” y los pasos para la filiación; fijar obligación alimentaria a su favor y el de los ascendientes, así como normas sucesorales con las cuales, aunque de manera limitada, se les reconocía interés. Complementaron la misma las leyes 75 de 1968 y 29 de 1982, esta última por medio de la cual se equiparan los derechos herenciales tanto de los descendientes como de los ascendientes, sin consideración a su calidad.

De manera alterna, se presentaron cambios respecto de las relaciones derivadas del matrimonio, toda vez que mientras el original artículo 152 del Código Civil contemplaba como única casual de disolución “la muerte de uno de los cónyuges”, con la expedición de la Ley 1ª de 1976 se estableció el divorcio como motivo adicional para los “matrimonios civiles” y en la Ley 25 de 1992 se reguló lo relativo a la cesación de los efectos civiles del “matrimonio religioso”.

Por su parte, la Ley 54 de 1990 dio luz al concepto de la “unión marital de hecho”, cuya existencia puede establecerse mediante las presunciones legales contempladas en su artículo segundo, referentes a que la misma sea superior a dos años y que sus integrantes no tengan impedimento legal para contraer matrimonio o que de haberlo, por parte de uno o ambos, la sociedad o sociedades conyugales anteriores hubieran sido disueltas y liquidadas.

En esa misma dirección el artículo 42 de la Constitución de 1991 contempló dentro de los derechos sociales, económicos y culturales, los relacionados con la institución familiar, que en lo que tiene relación con el presente asunto contempla el que “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. (…) El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia.(…) Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable. (…) La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes”.

Además, el sistema especial de protección en favor de los infantes del artículo 44 de la misma señala que “[s]on derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. (…) La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.(…) Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.

Es indudable que las modificaciones normativas se encaminan a reconocer la realidad social y la forma como ello trasciende en el desarrollo del individuo, con amparo en el derecho a la igualdad ante la ley y sin que la protección de situaciones de indefensión, como las de los menores, den lugar a políticas discriminatorias o de inequidad.

c) Precisamente los principios antes señalados inspiraron la promulgación de la Ley 1060, expedida el 26 de julio de 2006, que introdujo cambios en el campo de la impugnación de la paternidad y la maternidad, al reformar los artículos 213, 214, 216 a 219, 222 a 224, 248 y 337 del Código Civil y derogar de manera expresa el 215, 221 y 336 ibídem, así como el 5º y 6º de la Ley 95 de 1890, y 3º de la Ley 75 de 1968, los que tienen incidencia en este asunto, como pasa a destacarse a continuación:

(i) Los artículos 1º y 2º, que introducen cambios al 213 y 214 del Código Civil, sustituyen la “presunción de legitimidad” por una más genérica “presunción de paternidad”, dando cabida a tener como hijos de la relación a los nacidos durante el matrimonio o la unión marital de hecho, lo que se puede desvirtuar en “un proceso de investigación o de impugnación de paternidad”.

(ii) Con el artículo 4º se elimina la restricción de impugnar solo por parte del marido que contemplaba el 216 ibídem, para enunciar sin carácter limitativo que lo podrán hacer “el cónyuge o compañero permanente y la madre, dentro de los ciento (140) días siguientes a aquel en que tuvieron conocimiento de que no es el padre o madre biológico”.

(iii) El artículo 5º modifica a su vez el 217 contemplando la facultad del hijo de impugnar en cualquier tiempo, la utilización de pruebas científicas y la intervención de “quien acredite sumariamente ser el presunto padre o madre biológico”.

(iv) La reforma al canon 218, según el 6º de la ley, señala de manera expresa el deber de vincular “al proceso, siempre que fuere posible, al presunto padre biológico o la presunta madre biológica, con el fin de ser declarado en la misma actuación procesal la paternidad o la maternidad, en aras de proteger los derechos del menor, en especial el de tener una verdadera identidad y un nombre” (resaltado fuera de texto).

Los principales cambios que se observan tienen que ver con la pérdida de connotación de legitimidad derivada del vínculo matrimonial, para extender la presunción de paternidad a los hijos concebidos durante la existencia de unión marital de hecho, situación que justifica el que también se confiriera la posibilidad de reclamar contra la misma, fuera del “cónyuge” y el “hijo”, al compañero permanente y la madre, además de la participación del “supuesto padre biológico” dentro de un trámite en el cual puede intervenir activamente en la solicitud y objeción de la prueba técnica, lo que le permite, sin duda alguna, ejercer los mecanismos de defensa contemplados para las partes.

d) Es importante tener en cuenta que dentro del trámite surtido por la Ley 1060 de 2006 en el Congreso, se contempló la posibilidad de que en el articulado quedaran de manera expresa como legitimados para impugnar la paternidad los “presuntos padres biológicos”, en aras de la defensa de los derechos del menor y en aplicación del principio de la economía procesal.

Así quedó consignado en el pliego de modificaciones para el primer debate en la Cámara, publicado en la Gaceta 591 de 4 de octubre de 2004:

“4. Titularidad de la impugnación de la paternidad o de la maternidad. Terceros con interés, herederos y ascendientes. (…) El sistema normativo vigente en el artículo 216 del Código Civil prevé que sólo el marido puede reclamar contra la legitimidad del hijo concebido durante el matrimonio, limitación que en nuestro criterio debe desaparecer, dado que no sólo es interés del marido el conocimiento de la verdadera filiación de los hijos concebidos en el matrimonio, sino que tal como lo dispone el artículo 44 de la norma superior, cuando es la filiación de menores lo que está en entredicho, se vulneran derechos fundamentales de los niños y dichos derechos prevalecen sobre los demás. (…) Asimismo, pretendemos ampliar la titularidad a la madre y a cualquiera que previamente y en forma sumaria acredite interés ante el juez, con el fin de incluir dentro de esta última categoría a los ascendientes, a los herederos y a los presuntos padres biológicos en aras de la economía procesal, con relación a los últimos, lo pretendido es que al interior del proceso y luego de que proceda la impugnación de la paternidad o maternidad, el juez declare la paternidad o la maternidad en aras de proteger los derechos del menor o, como se expresó anteriormente, simplemente atender al principio de economía procesal”.

Dicha propuesta quedó plasmada en la reforma que se le hizo al artículo 216 siendo aprobada en primer y segundo debate, así como en la plenaria de la Cámara, en la cual se señaló como parte de la fundamentación de la reforma que “Lo que buscamos con este proyecto de ley, es que la impugnación se pueda hacer si es por parte de la persona, del interesado o sea del hijo, se pueda hacer en cualquier momento de su vida; pero también, que si el padre o la madre presuntos, la puedan hacer dentro de los 180 días, es decir, se amplíe el plazo de 60 días a 180, pero, si la sospecha aún sigue, puede la persona, el padre o madre que quiera hacer la impugnación, pedirle a Bienestar Familiar con cargo a su costo que se haga la prueba de ADN; si esta prueba de ADN, es superior al 99.9 % se le dan 180 días más, para que pueda impugnar la paternidad. Por eso al proyecto de ley, que tenía el título de modificación al Código Civil, se le ha cambiado el título y se le ha dado: Proyecto de ley, por la cual se modifican las normas que regulan la impugnación de la paternidad y la maternidad, es decir con este proyecto de ley lo que buscamos es actualizarnos, venir al actual milenio, ya que todavía nosotros nos estamos rigiendo por una norma que data de finales de 1887; eso es más o menos, en síntesis, lo que trata este proyecto de ley; actualizar y permitir que se puedan corregir muchas injusticias, donde en este momento hay padres que no son los padres biológicos, pero son los padres legales que tiene, han tenido que reconocer a un hijo, darle los apellidos y fuera de eso pagar las cuotas alimentarías”.

Ya en curso del primer debate en el Senado se suprimió la facultad que se proponía en el citado artículo 216, respecto de que la impugnación podía ser propuesta por el “presunto padre biológico”, con la advertencia de que no fue producto de la inconformidad o desacuerdo de los congresistas, sino en virtud de la siguiente manifestación que obra en la Gaceta 691 de 3 de octubre de 2010:

“Se suprime acreditar sumariamente ante el juez, por cuanto los padres biológicos pueden impugnar por derecho propio en cualquier tiempo conforme al artículo 406 del Código Civil, situación puesta de presente por la Corte Constitucional en Sentencia C-109 1995, donde le dio preeminencia expresa al citado artículo 406 ‘significa que cuando una persona acumula la impugnación de la presunción de paternidad con una acción de reclamación de la paternidad, entonces el proceso se regirá, de ahora en adelante, por el amplio artículo 406 del Código Civil, y no por las normas restrictivas que regulan la impugnación’, por lo cual la norma iría en contra de dichas directrices jurisprudenciales”.

No obstante lo narrado, se dejó la alusión al “padre o madre biológico” en el artículo 217 con la posibilidad de solicitar la práctica de prueba científica para desvirtuar la paternidad o maternidad, tal como continuó en el restante curso legislativo.

e) Quiere decir lo anterior que en ningún momento se contempló una intervención restringida del “padre o madre biológicos” dentro del proceso de impugnación, como si se tratara de unos convidados de piedra o sujetos pasivos meramente destinatarios de la acusación activa del respectivo estado civil consolidado, a cargo de las personas expresamente autorizadas para hacerlo.

Desde su génesis se les consideró como una parte más dentro de la litis, con la posibilidad de actuar como demandantes a fin de desvirtuar la presunción de paternidad o maternidad que les impedía reconocer al hijo, así como con una participación activa en caso de que llegaran a ser vinculados, en aquellos procesos en que iniciada la impugnación se pretendiera establecer de manera simultánea la verdadera filiación de aquel.

Adicionalmente, lo que en últimas motivó su exclusión dentro del texto que reemplazó el artículo 216 y que según el cambio al 217 puedan intervenir en la práctica de las pruebas científicas, no tiene una justificación diferente a la consideración de que “los padres biológicos” cuentan con una facultad expresa para pretender la impugnación de la paternidad, en acumulación al reconocimiento, en los términos del artículo 406 del Código Civil, que consagra la acción de reclamación del estado civil en cabeza tanto del hijo como de “quien se presente como verdadero padre o madre del que pasa por hijo de otros”.

En ese entendido, no queda asomo de duda a que la Ley 1060 de 2006 eliminó los escollos que inhibían que el padre biológico pudiera promover la acción de impugnación de paternidad, toda vez que, ciertamente, le asiste un interés propio y autónomo, siempre y cuando esté plenamente establecida su calidad, ya que de no ser así carecería de legitimación para hacerlo.

f) Ahora bien, el hecho de que la demanda se haya presentado antes de la expedición de la Ley 1060 de 2006, época para la que, indiscutiblemente, según la legislación y la jurisprudencia, se encontraba impedido el “padre biológico” para reclamar contra la legitimidad de la menor, no tiene incidencia en el presente asunto por prevalecer hoy el interés de develar la verdadera identidad de quien está sometido a especial protección por parte del Estado. Máxime cuando en el parágrafo del artículo 14 ibídem se estableció una nueva oportunidad en pro de quienes, habiendo accionado, obtuvieron fallos adversos ante la presencia de figuras extintivas.

En ese orden de ideas, si bien en este caso no se propuso la excepción de caducidad de la acción de impugnación en cabeza del padre biológico, como contempla la norma, ni aparecen elementos que obligaran a su reconocimiento de oficio, la sola limitación que existía al momento en que se inició la litis y sin consideración a la preceptiva aplicada por el ad quem, hubiera concluido en un fallo adverso al padre biológico, a pesar de contar con tres dictámenes que acreditan la vocación de prosperidad de sus intereses, teniendo en cuenta el precedente jurisprudencial.

Sin embargo, en el entendido de que si la reclamación del estado civil puede ser formulada en cualquier momento, indefectiblemente hubiera podido acudir a su ejercicio simultáneamente con la acción de impugnación que iría aparejada a ella como consecuencia de la nueva situación, con posterioridad al mes de junio de 2006, momento para el cual se encontraba en curso el proceso.

Quiere decir lo anterior, que la situación planteada obliga una interpretación sistemática de las normas que rigen la materia y pretenden dar valor a la realidad material existente en relación con la filiación, prevaleciendo el espíritu del legislador, aún para aquellos casos en que los resultados serían adversos por haberse iniciado con anterioridad a la expedición de la norma, lo que cuenta con pleno respaldo legislativo y sobre lo que tiene dicho la Corte:

“De otro lado, en el parágrafo transitorio del artículo 14 se determinó que ‘Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, las personas que hayan impugnado la paternidad o la maternidad y esta haya sido decidida adversamente por efectos de encontrarse caducada la acción, podrán interponerla nuevamente y por una sola vez, con sujeción a lo previsto en los incisos 2º y 3º del artículo 5º de la presente ley’. (…) Este último precepto constituye, según palabras de la propia Corte, “la consagración de un derecho adicional en pro de las personas que formularon demanda de impugnación de la paternidad o de la maternidad y se les haya decidido de manera adversa con apoyo en la figura extintiva, puesto que al entrar en vigencia dicho ordenamiento jurídico, el término rehabilitado ya estaría fenecido” (Sent. jul. 29/2009, exp. 00451-01). (…) Su aplicación, sin duda, conlleva la remoción de situaciones consolidadas en el pasado, como son las concernientes a procesos de impugnación de la paternidad, que la jurisdicción había desestimado por no satisfacerse los términos de caducidad; esto es, que con evidente carácter retroactivo, el legislador estimó como oportuno dejar a un lado la figura de la cosa juzgada, para en su lugar dar una nueva posibilidad a las ‘personas’ que opugnaron sin éxito, todo, en aras de darle prevalencia a los resultados arrojados por la prueba científica, mismos que no ameritarían que alguien respondiera ‘por alimentos de hijos que no son y en forma injustificable’ (Gaceta del Congreso 591, pág. 2). (…) El aludido ‘derecho adicional’, como tuvo la oportunidad de nominarlo la Corte, se extiende a ‘las personas que hayan impugnado la paternidad’, sin que sea preciso entrar en digresiones sobre quienes son ellas, pues, por sabido se tiene que el artículo 27 del Código Civil indica como pauta esencial de interpretación que ‘cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá a pretexto de consultar su espíritu’ (sent. nov. 1º/2011, exp. 2006-00092).

7. En resumen, si bien para el momento en que se inició el trámite de impugnación estaba vigente el criterio que lo consideraba inviable en cabeza del “padre biológico”, se produjo un cambió de facto con la expedición de la Ley 1060 de 2006 al eliminarse la restricción de que, a más del hijo, en vida del marido sólo él estaba facultado para hacerlo.

Una modificación de tal entidad, que trasciende al campo de los derechos fundamentales que protegen la institución familiar, contemplados en el artículo 42 de la Constitución Nacional y los demás conexos a que se refiere el 94 ibídem, entre los cuales está el de dilucidar la verdadera filiación de sus integrantes, es de aplicación inmediata.

Consecuentemente, sus alcances se extienden a las actuaciones que para la definición de la relación paterno filial hubieran estado en curso al momento en que entró a regir, como ocurre en este caso.

8. La censura, entonces, no prospera.

Cargo segundo

Acusa la violación indirecta por falta de aplicación de los artículos 216, 217 y 219 del Código Civil, como consecuencia de errores de hecho en la apreciación de la declaración de parte rendida por Claudia Virginia Salazar Monroy y la falta de valoración de la fecha en que fue expedido el examen genético presentado como anexo de la demanda.

Lo fundamenta de la manera que se sintetiza:

1. Las acciones contempladas para la impugnación de paternidad y maternidad deben ser promovidas dentro de términos estrictos “con miras a ofrecer seguridad jurídica y a revestir la filiación y el estado civil de la estabilidad que requiere, en atención a que trata de intereses superiores que conciernen a la familia y a la sociedad”.

Así, conforme al original artículo 217 del Código Civil “toda reclamación del marido contra la legitimidad del hijo concebido por su mujer dentro del matrimonio, deberá hacerse dentro de los sesenta (60) días contados desde aquel en que tuvo conocimiento del parto”, lo que fue modificado por los artículos 5º y 6º de la Ley 95 de 1890, al otorgarse la posibilidad de que lo hiciera en cualquier tiempo “en caso de divorcio declarado por causa de adulterio, siempre que probara que durante la época en que pudo tener lugar la concepción no hacía vida conyugal con su mujer, y cuando el nacimiento del hijo se verificara después del décimo mes siguiente al día en que la mujer abandonó el hogar conyugal”, derecho que se extendía a los descendientes del esposo en algunos supuestos y sólo cuando éste hubiera fallecido, al tenor de los artículos 220 y 221 de la codificación inicialmente citada.

Con posterioridad, la Ley 75 de 1968 en su artículo 3º numeral 3º contempló la misma posibilidad para el hijo en cualquier tiempo “cuando su nacimiento se haya verificado después del décimo mes siguiente al día en que el marido o la madre abandonaron definitivamente el hogar conyugal”, norma cuyo alcance fue determinado en la Sentencia C-109 de 1995 que la encontró exequible “bajo el entendido de que se extendieran al hijo las causales reservadas al marido y que, si el hijo acumulaba la acción de reclamación y la acción de impugnación, debía darse aplicación preferente al artículo 406 del Código Civil”.

Por tanto, “la impugnación de la legitimidad estaba fundamentalmente reservada al marido y al hijo” en las circunstancias anotadas.

2. Para el momento en que se presentó la demanda, esto es, el 3 de febrero de 2005, el accionante no estaba legitimado y, de considerarse que lo estaba, el término para promover la impugnación era de sesenta (60) días “perentorio que se le otorgaba al padre o a los herederos o a las personas con interés actual”, a computarse “desde el momento en que coligió que supuestamente era el padre biológico”, el cual se encontraba ampliamente superado en esta oportunidad por cuanto Rafael Ángel Ortiz Bayona tuvo conocimiento de la condición alegada con una antelación superior a ese lapso, en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Desde el momento mismo de la gestación y con el nacimiento ocurrido el 29 de julio de 1994, toda vez que la menor fue fruto de un embarazo planeado por Claudia Virginia Salazar Monroy, quien lo enteró de tal situación y así lo manifestó en la diligencia de interrogatorio que se le practicó.

b) Al recibir el resultado de la prueba genética practicada por “Servicios Médicos Yunis Tuybay & Cía. S. en C. Instituto de Genética” el 29 de julio de 2004.

3. Conforme a los artículos 40 y 41 de la Ley 153 de 1887 “los términos que hubiesen empezado a correr se rigen por la ley vigente al momento de su iniciación; y que si los términos se hubiesen completado en la vigencia de la ley anterior, no pueden regirse por la ley posterior”, lo que sería aplicable en este caso en el que todas las circunstancias planteadas ocurrieron antes de la expedición de la Ley 1060 de 2006.

4. A pesar de “advertir que en la constancia de reparto que obra en el expediente (fl. 1, cdno. 1). Aparece una nota que indica que hubo un reparto anterior llevado a cabo el día 9 de septiembre de 2004”, sin que se sepa que ocurrió con el mismo, “para los efectos procesales, se trata de una actuación que no es oponible, pues no fue notificada a mi representado”.

Cargo tercero

Se acusa la sentencia del tribunal de incongruente, causal segunda, por cuanto omitió declarar de oficio la excepción de caducidad.

El ataque se sustenta así:

1. Los artículos 305 y 306 del Código de Procedimiento Civil, modificados por el Decreto 2282 de 1989, contemplan el principio de la congruencia, en virtud del cual la sentencia debe estar en consonancia con “las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley”, así como el deber del juez de declarar oficiosamente las que halle probadas, excepto las de “prescripción, compensación y nulidad relativa”.

Al estar establecida la caducidad “desde la propia presentación de la demanda”, sin que exista restricción a su reconocimiento por parte del fallador, así debió declararlo.

2. En sentencia de esta corporación de 21 de mayo de 2010, se “ha señalado como al juez no le corresponde pronunciarse sobre otros asuntos ni hacer una valoración de las pruebas cuando aparezca la ocurrencia de la caducidad”, por lo que “los sentenciadores de primera y segunda instancia debieron abstenerse de realizar una valoración de las pruebas y limitarse a declarar la caducidad (…) pues la misma impide el ejercicio de la acción”.

Consideraciones de la Corte

1. Si bien los ataques difieren por referirse a yerros de juicio y de procedimiento, su estudio se hace conjunto por cuanto sus fundamentos, la caducidad y la finalidad buscada con ella, están sustentados en hechos similares, circunstancias que ameritan explicaciones comunes.

2. La acción de impugnación fue formulada por Rafael Ángel Ortiz Bayona al tener conocimiento del resultado del examen de ADN que se hicieron él y la menor Diana Sofía Cuellar Salazar, que arrojó un “índice de paternidad acumulado” de 115689 y “probabilidad acumulada de paternidad” de 99.999135624%.

3. El ad quem dictó sentencia confirmando íntegramente el fallo de primer grado que acogió la impugnación de la paternidad invocada por el promotor en su calidad de padre biológico y no hizo ninguna mención al punto relativo a la eventual caducidad para presentar este reclamo.

4. Considera el recurrente que, de reconocerle derecho para reclamar a quien se reputa como padre biológico, la oportunidad para hacerlo ya se encontraba vencida en virtud de que había transcurrido más de sesenta (60) días desde el momento en que supo de la existencia de la menor, bien que se tuviera en cuenta la fecha del nacimiento ora la calenda en que se practicó la experticia aportada con el libelo.

5. En el plenario se encuentran debidamente acreditadas las siguientes circunstancias que tienen incidencia en la resolución a adoptar:

a) Que en vigencia del matrimonio entre Claudia Virginia Salazar Monroy y Alberto Cuellar Borrero, aquella sostuvo relaciones extramatrimoniales con Rafael Ángel Ortiz Bayona (fls. 16 y 24).

b) Que Diana Sofía Cuellar Salazar nació el 29 de julio de 1994.

c) Que el informe de paternidad de las muestras tomadas a Rafael Ángel Ortiz Bayona y a Diana Sofía Cuellar Salazar, se practicó el 21 de junio de 2004 y se rindió por el laboratorio el siguiente 29 (fls. 4 a 6).

d) Que esta demanda se presentó el 8 de febrero de 2005 (fl. 12, vlto.).

e) Que el 26 de julio de 2006, estando en curso el trámite respectivo se expidió la Ley 1060, publicada en Diario Oficial 46341, fecha a partir de la cual entró en vigencia.

6. Para el planteamiento de la violación indirecta de la ley sustancial, ante la presencia de yerros de facto en la calificación dada a los medios de convicción obrantes en el plenario, la labor del inconforme debe encaminarse a demostrar, de manera clara y concreta, la equivocación en que se incurrió por el juzgador, sin que sus argumentos puedan ser una mera especulación o el planteamiento de un modo de interpretarlos alterno al que realizó el ad quem. De igual manera debe tenerse en cuenta que las normas sustanciales que se señalan como transgredidas sean las aplicables al caso concreto, sin que exista campo para la interpretación del querer del inconforme en vista del carácter eminentemente dispositivo del recurso.

Al respecto tiene dicho la Corte que “la impugnación por error de hecho busca establecer la figuración por el fallador de una prueba ausente o la ignorancia de la existente en los autos, hipótesis comprensivas de la desfiguración del medio probatorio, ora por adición de su contenido (suposición), ya por su cercenamiento (preterición); asimismo, por mandato legal (CPC, arts. 368 y 374), el yerro, debe ser manifiesto, es decir, protuberante, a primera vista y contra la evidencia establecida en el proceso” (sent. jul. 2/2010, exp. 2001-00847).

7. Por su parte la invocación de la inconsonancia deriva de una actuación del fallador que se aleja de la realidad procesal planteada, confutada y demostrada, con la emisión de un fallo que lesiona unos intereses claramente establecidos, ya sea por exceso, por defecto o por preterición.

Tiene establecido la Sala que “cuando el ataque en casación se funda en la causal segunda de las previstas en el artículo 368 ibídem, encaminado al establecimiento de un vicio de disonancia, la Sala ha dicho que, en orden a establecer si ella tuvo suceso o no, su búsqueda ha de comenzar por un cotejo entre los hechos, las pretensiones y las excepciones propuestas o que aquél ha debido reconocer de oficio de aparecer probadas, con la parte resolutiva de la decisión, pues a partir de lo que emerja de ese contraste podrá determinarse si el fallo desbordó por exceso o por defecto los límites trazados por los enunciados actos procesales; involucra entonces este motivo un vicio de construcción formal o de actividad in procedendo. Por tanto, el desacople en cuestión puede tener ocurrencia cuando el funcionario decide más de lo pedido —ultra petita—, resuelve asuntos no sometidos al litigio —extra petita—, omite pronunciarse sobre alguna de las pretensiones del actor o respecto de los hechos aducidos por el demandado —mínima petita— o que debió reconocer de modo oficioso” (sent. ago. 23/2011, exp. 2002-00297).

8. La improsperidad de los cargos es evidente, tal como pasa a explicarse:

a) La base del fallo consistió en que “la demanda fue presentada antes de la expedición de la Ley 1060 citada; sin embargo, la legitimación en la causa debe evaluarse en el momento de proferir la sentencia correspondiente y, en el caso presente, se encuentra que el demandante la tiene por activa, conforme con lo dicho en las disposiciones legales citadas en la doctrina anteriormente transcrita” en clara alusión al inciso 1º del artículo 217, en la redacción del artículo 5º de la Ley 1060 de 2006, sin que se viera constreñido a revisar la ocurrencia de la caducidad.

b) No lo hizo porque al considerar la fecha de producción del proveído como determinante del surgimiento de ese interés, con amparo en las reformas legislativas que se produjeron estando en curso el debate, se hacía intrascendente establecer si existía “legitimación” cuando se acudió a la justicia o cuando fueron notificados los contradictores, de donde emerge que contempló la posibilidad de que la misma no concurriera en tales épocas. Por lo tanto, no era viable, como se desprende del pronunciamiento objeto de revisión concluir, como lo reclaman con vehemencia las acusaciones planteadas, que se hallaba extinguida la prerrogativa para formular la impugnación de la paternidad por el padre biológico.

c) Al margen de cualquier consideración sobre esos planteamientos, en el presente caso no se configuraban los efectos extintivos que se derivan de la caducidad, si se tuviera por aceptada su ocurrencia desde el mismo momento en que se radicó el escrito introductor en las oficinas de reparto, con amparo en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 1060 de 2006, que concedió una nueva oportunidad para impugnar a quienes hubieran obtenido fallos adversos por la ocurrencia de dicha figura, situación que se hace extensiva a los procesos que estuvieran en trámite en virtud al referido presupuesto de interpretación sistemática de las normas a que se ha hecho alusión.

Así se contempló por la Sala en oportunidad pretérita, en aplicación de una hermenéutica apegada al criterio lógico, y por ende, alejada del rigor de la gramática, al considerar que “[a]nalizado literalmente el texto mencionado, tendría que concluirse que en este caso, la prerrogativa prevista en la referida normatividad no podría ser empleada por el accionante, toda vez que no se cumpliría el requisito de que tuviera decisión adversa con apoyo en tal figura extintiva, puesto que al entrar en vigencia dicho ordenamiento jurídico el término rehabilitado ya estaría fenecido. (…) La situación no puede ser analizada de tal modo en este caso, puesto que el parágrafo transitorio tiene que extenderse en un escenario lógico y racional, lo que impide que su aplicación sea directa, a raja tabla, sin ninguna clase de análisis y estudio de las condiciones particulares que rodean el problema en concreto. (…) Aquí la demanda de impugnación se presentó en 1998, mucho antes de que se expidiera la Ley 1060 de 2006 que consagró la posibilidad descrita, hasta el punto de que apenas en la fecha de hoy (la de esta sentencia), se está decidiendo la discusión planteada por el demandante frente a los reparos que viene formulando desde aquélla época respecto de la paternidad que expresamente reconoció frente a las menores accionadas. (…) La demora en el pronunciamiento de un fallo definitivo no puede acarrearle la pérdida de sus derechos ni alternativas legales, mucho más cuando no ha sido por hechos imputables a su dejadez o abandono, sino por el funcionamiento interno del aparato judicial y, como si lo anterior fuera poco, por la actitud abiertamente dilatoria y obstaculizadora que observó en el curso de la instrucción la progenitora y representante legal de sus supuestas hijas, quien siempre eludió la práctica de la prueba genética. (…) Por consiguiente, en aras de una solución acorde con la voluntad del legislador y armonizando la situación específica de quien, como acá ocurre, por no habérsele decidido la controversia antes de que se agotara el término complementario otorgado por el legislador en la ley referida no tuvo posibilidad cierta de ajustar su comportamiento a dichos lineamientos legales, deberá analizarse el problema como si dicho tiempo adicional todavía no estuviera corriendo, y además, atendiendo el contenido de la “prueba genética” que es categórica en el sentido de concluir que frente a dicho menor se presenta la exclusión o incompatibilidad de la paternidad. (...) Consecuentemente, no puede declararse próspera respecto a la aludida parte contradictora, la caducidad alegada…” (sent. jul. 29/2009, exp. 2002-00451-01).

d) Quiere decir lo anterior que no se configura el error de hecho en lo que se refiere a la indebida apreciación de los medios de prueba, toda vez que el marco temporal que se pretende establecer tanto de lo narrado por Claudia Virginia Salazar Monroy, en su calidad de madre de la menor, así como de la fecha del “informe de los estudios de paternidad” rendido por “Servicios Médicos Yunis Turbay y Cía. S. en C. Instituto de Genética”, ninguna relevancia tendría en contraposición con la labor hermenéutica del ad quem, que se acompasa con los actuales criterios jurisprudenciales.

e) De igual manera, tampoco encontraría eco la señalada incongruencia del fallo, pues si, como razonadamente se concluye, no existe cabida para la caducidad en la situación sometida a debate frente a las particularidades que la rodearon, estaba exonerado el fallador de segundo grado de realizar pronunciamiento alguno en tal sentido, sin que en el presente caso se pueda apreciar de qué manera podía contemplar el juzgador la posibilidad de que un derecho surgido en el curso del proceso pudiera considerarse extinto de manera simultánea.

9. Fracasan, en consecuencia, los dos cargos analizados.

10. Dado que la decisión es adversa al impugnante, de conformidad con el último inciso del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el 19 de la Ley 1395 de 2010, se le condenará en costas y se fijarán en esta misma providencia las agencias en derecho, en atención a que aquí hubo replica (fls. 101 a 104).

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 30 de junio de 2010, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido por Rafael Ángel Ortiz Bayona en contra de Alberto Cuellar Borrero y de la menor Diana Sofía Cuellar Salazar.

Costas a cargo de la parte recurrente, las que liquidará la secretaría e incluirá como agencias en derecho la suma de seis millones de pesos ($ 6’000.000).

Notifíquese y devuélvase.

Magistrados: Fernando Giraldo Gutiérrez—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Ruth Marina Díaz Rueda—William Namén Vargas—Arturo Solarte Rodríguez.

Este documento fue creado a partir del original obtenido en la Corte Suprema de Justicia.