SENTENCIA 2005-00083/38958 DE MARZO 22 DE 2017

 

Sentencia 2005-00083/38958 de marzo 22 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente:

Dr. Marta Nubia Velásquez Rico

Rad.: 66001-23-31-000-2005-00083-01 (38958)

Actor: Rodrigo Antonio Alzate Mejía y Otros

Demandado: Hospital Universitario San Jorge de Pereira S.A. y Otros.

Referencia: Acción de Reparación Directa

Bogotá D.C., veintidós de marzo de dos mil diecisiete

Extractos: «II. Consideraciones.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, para cuyo efecto se abordarán los siguientes temas: 1) Cuestión previa. Del fuero de atracción; 2) La competencia funcional del Consejo de Estado para conocer del presente asunto;

3) La caducidad de la acción; 4) Caso concreto: 4.1. problema jurídico; 4.2. el daño; 4.3 del material probatorio recaudado; 4.4. del título de imputación jurídica. Falla probada del servicio de la presunta falla médica: 4.5. de la presunta falla: 4.5.1. de la falla relativa al acto médico; 4.5.2. conclusiones probatorias; 5) Costas.

1. Cuestión previa. Del fuero de atracción.

En Sentencia del 29 de agosto de 2007(4), la Sala destacó que el fuero de atracción resulta procedente siempre que desde la formulación de las pretensiones y su soporte probatorio pueda inferirse que existe una probabilidad mínimamente seria de que la entidad o entidades públicas demandadas, por cuya implicación en la litis resultaría competente el juez administrativo, sean efectivamente condenadas.

Tal circunstancia es la que posibilita al mencionado juez administrativo adquirir y mantener la competencia para fallar el asunto en lo relativo a las pretensiones lanzadas contra aquellos sujetos no sometidos a su jurisdicción, incluso en el evento de resultar absueltas, por ejemplo, las personas de derecho público, igualmente demandadas, cuya vinculación a la litis determina que es la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la llamada a conocer del pleito.

En Sentencia de 30 de agosto de 2007(5), la Sección precisó que la circunstancia de que algunos de los sujetos vinculados al proceso sean juzgados generalmente por el juez ordinario, no excluye la competencia de esta jurisdicción por la aplicación del fuero de atracción. Basta que el demandante, con suficientes fundamentos fácticos y jurídicos, impute acciones u omisiones contra varios sujetos y que uno de ellos deba ser juzgado por esta jurisdicción, para que ésta asuma la competencia, sin que resulte relevante que la sentencia finalmente absuelva al ente público.

Además, en providencia de 1º de octubre de 2008(6), la Sección reiteró que cuando se formula una demanda, de manera concurrente, contra una entidad estatal y contra un sujeto de derecho privado, por un asunto que en principio debería ser decidido ante la jurisdicción ordinaria, el proceso debe adelantarse ante esta jurisdicción, que adquiere competencia para definir la responsabilidad de todos los demandados.

De todo lo anterior se concluye que esta jurisdicción tiene competencia para vincular y juzgar a los particulares o personas de derecho privado en virtud del fuero de atracción, aun cuando al momento de realizar el análisis probatorio del proceso se establezca que la entidad pública, también demandada, no es responsable de los hechos y daños que se le atribuyen en el libelo.

Sin embargo, el factor de conexión que da lugar a la aplicación del fuero de atracción y que permite la vinculación de personas privadas que, en principio, están sometidas al juzgamiento de la jurisdicción ordinaria, debe tener un fundamento serio, es decir que, en la demanda, se invoquen acciones u omisiones que razonablemente, conduzcan a pensar que su responsabilidad pueda quedar comprometida.

La Sala desea resaltar que para que opere el fuero de atracción es menester que los hechos que dan origen a la demanda sean los mismos. Así se indicó en providencia de 27 de octubre de 1994(7):

“c) En el sub lite no puede hablarse del Fuero de a Tracción, porque los hechos que dan piso para demandar al Hospital Departamental Erasmo Meoz son completamente distintos a los que se causaron con la ambulancia perteneciente al Instituto de Seguros Sociales de Norte de Santander, a tal punto, que ni siquiera puede predicarse que los dos centros de imputación jurídica demandados sean Solidariamente Responsables de la conducta antijurídica. La solidaridad demanda que el hecho que da nacimiento a la obligación sea el Mismo, es decir, Uno, realidad que no se da en el caso en comento.

“Si el Hospital Erasmo Meoz prestó una atención médica no ajustada a lo que exige la ley, responde por su comportamiento, pero nada tiene que ver con los daños causados por la ambulancia de propiedad del Instituto, y viceversa.

“La filosofía que informa el Fuero de atracción no se puede manejar con ligereza conceptual, ni con valoración descuidada de la realidad fáctica, pues se corre el riesgo de desnaturalizar la jurisdicción, ya que bastaría buscar un centro de imputación jurídica, de cuyos hechos, actos y omisiones conozca la jurisdicción de lo contencioso - administrativo, para que la justicia ordinaria sea relevada, sin causa, motivo o razón, del conocimiento de los asuntos que le están asignados por la ley”.

De ahí que la Sala comparta la decisión del a quo de inhibirse de fallar en relación con las personas de derecho privado, dado que la responsabilidad endilgada a cada una de las partes procede de un hecho diferente, esto es, de una falla médica en relación con la atención prestada por el hospital y de un accidente de tránsito, respecto del conductor del vehículo y de la empresa propietaria del mismo. Así, ante la ausencia de una causa común, en este punto, habrá de confirmarse la sentencia impugnada.

2. Competencia.

Para que el asunto tenga vocación de doble instancia, la cuantía del proceso debe exceder de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes en el año 2004 —fecha de presentación de la demanda—, esto es, la suma de $179’000.000.00(8). Dado que, por concepto de perjuicios morales los demandantes solicitaron una indemnización de mil (1.000)(9) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los hermanos de la víctima, se impone concluir que esta Corporación es competente para conocer, en segunda instancia, del recurso de apelación interpuesto.

3. La caducidad de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos.

En el presente caso, la demanda se originó en los perjuicios que habrían sufrido los accionantes como consecuencia de la muerte del señor lván Camilo Alzate Mejía, el 21 de diciembre de 2002, a causa de las lesiones padecidas en un accidente de tránsito ocurrido el 9 de diciembre de ese mismo año, y la demanda se presentó el 14 de diciembre de 2004, por lo que se concluye que su interposición se produjo en tiempo oportuno.

4. Caso concreto.

4.1. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si en virtud del fallecimiento del joven lván Camilo Alzate Mejía, existe una responsabilidad médica asistencial del Hospital Universitario San Jorge del municipio de Pereira, Risaralda, toda vez que el argumento central de censura radica en el hecho de que el cuerpo médico del Hospital San Jorge de Pereira no prestó de manera oportuna y diligente el servicio de urgencias, omitió la práctica de un TAC y permitió la salida anticipada del paciente.

Con el propósito de resolver los argumentos de la alzada, procede la Sala, a la luz de las pruebas obrantes en el proceso, a realizar un recuento de lo ocurrido desde el accidente de tránsito del señor lván Camilo Alzate Mejía y su ingreso al servicio de urgencias del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, hasta el día en que falleció.

4.2. El daño.

Para la verificación del hecho que se alega como consecuencia de la presunta falla del servicio en la atención médica brindada, esto es, la muerte del joven lván Camilo Alzate Mejía, hará la Sala acopio de los siguientes elementos materiales probatorios:

A folios 253 a 259 del cuaderno 1, se encuentra la copia del informe de accidente 09384, en el que se indica la ocurrencia de un accidente de tránsito, el 9 de diciembre de 2002, con participación de un bus conducido por el señor Guillermo Antonio Tovar Mosquera y una bicicleta conducida por el joven Juan Camilo Alzate Mejía, quien recibiera varias heridas que obligaron a conducirlo a un centro médico asistencial.

Como consecuencia del accidente, el joven lván Camilo Alzate Mejía fue atendido en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, el 9 de diciembre de 2002, y le diagnosticaron “politraumatismo, trauma de abdomen, desgarro perineal con compromiso de esfínter anal”.

Fue igualmente aportada al expediente la copia simple del protocolo de necropsia realizada al cadáver del joven Juan Camilo Alzate Mejía, en el que se indicó la causa de su muerte, así:

“Análisis del caso:

“Hombre identificado en acta de levantamiento, quien es llevado al Hospital Universitario San Jorge con historia de accidente de tránsito 8 días antes, con trauma abdominal, lesión perineal, colostomía y tutor de pelvis. Evolución tórpida de 2 días de evolución taquicárdico, taquipnea, dolor y distensión abdominal, realizan gases con trastorno severo, acidosis metabólica, se encuentra en cirugías obstrucción de colostomía, se corrige, falleciendo en el post quirúrgico por choque cardiogénico debido a síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, por obstrucción de colostomía, complicación del trauma cerrado de trauma en accidente de tránsito.

“Conclusiones:

“Manera de muerte: violenta.

“Mecanismo de muerte: choque cardiogénico.

“Causa de muerte: obstrucción de colostomía.

“Mecanismo vulnerable: contundente”(10).

En el mismo sentido, obra copia auténtica del registro civil de defunción del joven lván Camilo Alzate Mejía, en el que se indica que su muerte se produjo el 21 de diciembre de 2002(11).

4.3. Del material probatorio recaudado.

Adicionalmente, con el objeto de acreditar las pretensiones de la demanda, fue allegado el siguiente material probatorio:

—Historia clínica que demuestra la atención médica brindada al joven lván Camilo Alzate Mejía desde el 9 de diciembre de 2002, fecha del accidente, y el 21 de diciembre de ese mismo año, en la que se indicó:

“Causa origen atención: accidente tránsito 9/12/02 13:00.

“Motivo consulta: remitido Dosquebradas.

“Enfermedad actual: paciente que iba en bicicleta y fue atropellado por bus, cayó al suelo en decúbito ventral y las llantas traseras le pasaron por lumbar/pélvico. Hay dolor intenso lumbar, pelvis y cadera.

“(...).

“Fecha: 09/12/02 15:30-16:30 (...).

“Laparotomia ½ supra-infra umbilical, no lesiones, se realiza colostomía en asa de sigmoides y se cierra abdomen, compresas completas, se coloca el paciente en posición de litotomía y se explora lesión perineal.Se lava y se reconstruye por planos, reconstruyendo ambos cabos con vycril 0, se desbrida piel y se cierra con puntos separados de poligecaprone 2-0, No complicaciones.

“(...).

“Fecha: 13/12/02 8:30-9:00 (...).

“Intervención practicada: reducción cerrada + fijación externa de pelvis.

“DX: Trauma cerrado abdomen y pelvis con estallido perineal. Ingresa paciente de 31 años de edad, procedente del área urbana de Dosquebradas que llega remitido del Santa Mónica para valoración por especialista. Al ingreso el paciente se observa angustiado, ingurgitado, álgido, manifestando dolor en columna y cadera al movilizarlo. Presenta estallido peritoneal, es valorado por Dr. Lema y Dr. Orozco, quienes ordenan preparar para CX, con lev permeables, se coloca tratamiento ordenado, se sangra para laboratorio, con sonda vesical por donde elimina ámbar claro.

“17/12/02 DX luxofractura sacroliaca, paciente afebril, hidratado, estable hemodinámicamente, evolución favorable, en ronda se indica manejo médico ambulatorio.

“(...).

“Fecha: 18/12/02 (...).

“Motivo solicitud servicios: cólicos.

“Estado general al ingreso: regular estado general.

“Antecedentes: el 9/12/02 laparotomía y colostomía por desgarro perineal por accidente de tránsito. Posteriormente colocación de tutor de pelvis por fractura.

“Revisión por sistemas: negativo.

“Examen físico: deshidratado y taquicárdico, abdomen distendido, defendido, blando, depresible y peristaltismo presente. Colostomía funcionante. Fijación de pelvis por fractura. Equimosis en tórax lumbar (...).

“Evolución: Se solicitó ecografía que no reveló síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Se decide laparotomía exploradora hallando obstrucción de la colostomía por tracción a nivel del meso. Se remodela colostomía volviéndola tipo Hartman, queda con soporte ventilatorio en recuperación donde fallece 7 horas más tarde” (12)

—Dictamen pericial rendido por Medicina Legal en el cual se dio respuesta a cada una de las preguntas realizadas con el fin de que se rindiera la experticia, allí se indicó:

“¿Las historias clínicas fueron diligenciadas correctamente?: Si, están acorde a los protocolos de las instituciones que brindaron la atención correspondiente, debidamente rotuladas, identificadas y firmadas por cada uno de los profesionales que prestaron la atención médica en su momento al lesionado.

“(...).

“¿Qué patología concreta presentaba el paciente al momento del ingreso al centro hospitalario?: Paciente quien como conductor de bicicleta sufre accidente de tránsito con un bus, con posterior dolor intenso lumbar, pelvis y cadera, al examen físico encuentran dolor y tumefacción lumbar, dolor intenso al palpar específicamente L1-L5. Herida de periné y trauma cerrado de abdomen.

“¿Cuál fue el tratamiento que se le dio y cual su finalidad? : Recibió atención médica especializada, valoración por cirugía general, quien encuentra trauma cerrado de abdomen y herida perineal, por lo que se programa laparotomía exploratorio, se realiza procedimiento quirúrgico relacionado, encontrando fractura de pelvis, hematoma zona III de pelvis retroperitoneo, no lesiones abdominales, desgarro perineal con sección lateral izquierda de esfínter anal, se practica colostomía en asa, reconstrucción de esfínter anal, valorado por ortopedia, quien considera fractura pélvica, luxo fractura sacro iliaca derecha, se programa reducción abierta más colocación de material de osteosíntesis, se realiza reducción cerrada y fijación externa de pelvis mediante tutor. Finalidad manejo quirúrgico exploratorio de lesiones posiblemente presentes, las cuales al hallazgo en procedimiento se le dio el manejo indicado según protocolo de cada una de las patologías halladas.

“¿En el tratamiento dado se tuvo en cuenta la anemia que presentaba el paciente?: Sí, ya que previo al procedimiento quirúrgico se encontraron valores de hemoglobina (5) cinco y hematocrito de (15%) quince %, por lo que requirió de transfundir (3) tres unidades de concentrado globular.

“¿El tratamiento dado correspondía al cuadro clínico del paciente, la atención médica fue correcta?: Sí, ya que se realizó transfusión sanguínea por anemia presente, se le realizó laparotomía exploratoria con el fin de identificar y corregir posibles lesiones intra abdominales, se le identificaron lesiones presentes en la exploración, se le realizó fijación pélvica por lesión ósea y se evitó el abordaje quirúrgico por ortopedia ya que presentaba en el momento secreción por herida de laparotomía y colostomía funcionante adyacente al sitio de la inserción proyectada, lo cual constituía una contraindicación para abordaje inguinal por lo que ortopedia decide cambio de tipo de manejo el cual también está indicado en este tipo de lesiones.

“¿La actividad médica desplegada estaba de conformidad con la lex artis, toda vez que siempre tuvo dolor requiriendo liquidos y transfusiones?: Sí estuvo de acuerdo, ya que se le instaló analgesia por bomba de infusión con el fin de garantizar analgesia continua, optimizar la dosificación del medicamento y minimizar el dolor, al igual se realizó transfusión sanguínea en forma oportuna cuando tuvo el hallazgo de anemia en exámenes de laboratorio.

“¿Fue investigada la anemia severa que presentaba el paciente?: Sí, ya que se realizaron las pruebas de laboratorio correspondientes, se realizó exploración quirúrgica de las lesiones, se realizaron exámenes radiológicos como TAC simple de pelvis sin evidencias de sangrado activo en ninguno de estos procedimientos realizados.

“¿Para establecer la anemia se debió realizar TAC pélvico y en especial antes de darlo de alta?: No es mandatorio para la búsqueda de anemia la realización del TAC abdomino pélvico, ya que se había realizado laparotomía exploratoria, pero en este caso se realizó este estudio donde no hay evidencia de sangrado activo, donde se describen lesiones de pelvis, el cual cabe aclarar se realizó el 10 de diciembre durante la hospitalización de siete (7) días antes del egreso del paciente de la institución.

“¿El comportamiento médico asumido durante la segunda hospitalización se sujetó a las normas de cuidado que exigía la patología que presentaba el lesionado?: Sí, ya que al momento del ingreso se realizó segunda valoración por cirugía general, donde se realizaron estudios diagnósticos como ecografía que no reveló colecciones, por lo que se decide realización de laparotomía exploratoria hallando obstrucción de la colostomía por tracción a nivel del meso, se remodela colostomía volviéndola tipo Hartman y se deja paciente en unidad de cuidados intensivos con soporte ventilatorio mecánico, inotrópicos, ya que presentó síntomas de insuficiencia respiratoria, taquicardia, taquiapnea, leucocitosis, acidosis metabólica y trastorno severo de la oxigenación.

“¿El protocolo de manejo institucional dado al paciente fue correcto o contrario a la procedencia? De acuerdo a lo aportado por la autoridad y analizadas las notas y tipo de procedimiento realizados al paciente, fueron acordes a la patología que presentaba en cada uno de los momento en que se le brindó atención médica.

“¿El manejo institucional dado al paciente corresponde al que se exigía? Como se describió en el punto anterior sí se le dio el manejo acorde a cada una de las patologías encontradas en las diversas valoraciones.

“¿Ante las causas de la segunda hospitalización 52 horas resultaban prudentes y diligentes para realizar la intervención quirúrgica? De acuerdo a lo descrito en las evoluciones aportadas en la historia clínica, el lesionado no presentaba al momento del ingreso síntomas que exigieran urgencia quirúrgica, la realización de la segunda exploración toda vez que se describe: ‘abdomen distendido, defendido, blando, depresible, peristaltismo presente, colostomía funcionante’” (13) (Resaltado nuestras).

—Testimonio del médico Bernardo Covos Torres, galeno que practicó el procedimiento quirúrgico para tratar la fractura de la pelvis de lván Camilo Alzate Mejía, en el que se manifestó:

Preguntado: Se narra en el proceso que el paciente fue mal atendido y que no se siguieron los protocolos médicos establecidos para este tipo de lesión. Contestó: El paciente fue inicialmente valorado por ortopedia y el colega doctor Víctor Manuel Castaño le solicitó material de osteosíntesis para el tratamiento de su fractura. Simultáneamente el paciente era valorado por cirugía general y fue intervenido por esta especialidad realizándosele una colostomía. Por ese motivo se cambió la solicitud del material de osteosíntesis y se decidió por una colocación de un tutor externo, la cirugía general fue realizada el 9 de diciembre y la fijación de la pelvis el 13 de diciembre. Es de recalcar que la urgencia absoluta en este caso correspondía a cirugía general y fue tratado a tiempo y la cirugía ortopédica pudo hacerse tan pronto el paciente estuvo estable y se dispuso del material para la cirugía, (...). Como le fue realizada una colostomía el área en el que se proyectaba la incisión quedó contaminada con materia fecal porque a ese nivel se extrajo el colon motivo por el cual se tuvo que cambiar la conducta a un fijador externo porque con este no es necesario abrir una herida y se disminuía el riesgo de infección, es de anotar que mientras el paciente esperaba la cirugía ortopédica estaba con presión estable, o estuvo con presión estable, quiere decir que dicha fractura que requería cirugía no estaba produciendo una inestabilidad hemodinámica, por todo lo anterior no estoy de acuerdo desde el punto de vista ortopédico en que el paciente no recibió tratamiento adecuado. Por el contrario, fue valorado en repetidas ocasiones por diversos ortopedistas y su manejo fue revisado y realizado de acuerdo con su evolución diaria”(14) (Resaltados de la Sala).

—Informe quirúrgico en el que se indicó que se practicó una laparotomía exploratoria, una colostomía en asa y la reconstrucción del esfínter anal, procedimientos que obligaron a que el paciente permaneciera hospitalizado hasta el 17 de diciembre de 2002, fecha en la cual fue dado de alta tras advertir una mejoría en su estado, así se desprende de la historia clínica, veamos:

“16/12/02 Usuario en cama, consciente y orientado, estable, refiere sentirse mejor, con lev ssn 20 gotas/min, hda qx abdominal cubierta con micropore, con colostomía canalizada a bolsa, tutor en región pélvica, sonda vesical conectada a cistoflo, p/fisioterapia, movilizar en bloque, cuidados de piel y tutor, avisar cambios.

“17/12/02 Usuario que pasa la noche tranquilo, manifiesta haber pasado bien, duerme por intervalos largos, elimina por sonda 600 cc, se le realizan cambios de posición.

“17/12/02 Dx luxofractura sacroilíaca, paciente afebril, hidratado, estable hemodinámicamente, evolución favorable, en ronda se indica manejo médico ambulatorio.

“17/12/02 Fisioterapia: paciente que se le dan recomendaciones acerca de cambios de posición para evitar posibles escaras.

”17/12/02 Usuario consciente, orientado, ansioso, está con lev a sostenimiento, hda qca suturada se observa limpia, colostomía funcional a bolsa, tutor pélvico, está con sv a sistoflo, está con salida” (15)

—Finalmente, se encuentra la copia de la resolución de la Fiscalía General de la Nación que calificó el mérito sumarial en el marco de la investigación realizada en virtud de la muerte de lván Camilo Alzate Mejía, precluyendo la investigación ante la ausencia de pruebas que determinaran el causante del accidente de tránsito del 9 de diciembre de 2002(16).

4.4. Del título de imputación jurídica. Falla probada del servicio.

Respecto del régimen de responsabilidad aplicable a los casos en los que como este se discute la responsabilidad extracontractual del Estado por daños causados con ocasión de las actividades médico-sanitarias, la Subsección ha afirmado:

“(...) Con fundamento en dicha consideración, se determinó que la demostración de la falla en la prestación del servicio médico asistencial corre por cuenta de la parte demandante(17), por manera que será el régimen de la falla probada del servicio, con las consecuencias probatorias que le son propias, aquél de conformidad con el cual deberá estructurarse la responsabilidad del Estado(18) con lo cual ésta solamente podrá resultar comprometida como consecuencia del incumplimiento, por parte de la entidad demandada, de alguna obligación legal o reglamentaria, de suerte que sea dable sostener que la mencionada entidad cumplió insatisfactoria, tardía o ineficientemente con las funciones a su cargo o las inobservó de manera absoluta, título jurídico subjetivo de imputación cuyos elementos han sido descritos reiteradamente por esta Sala de la siguiente manera:

‘En cuanto tiene que ver con los elementos cuya acreditación resulta necesaria en el expediente para que proceda declarar la responsabilidad del Estado con base en el título jurídico —subjetivo— de imputación consistente en la falla en el servicio, la jurisprudencia de esta corporación ha sido reiterada y uniforme en el sentido de señalar que se precisa de la concurrencia de (i) un daño o lesión de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial, cierto y determinado —o determinable—, que se inflige a uno o varios individuos; (ii) una conducta activa u omisiva, jurídicamente imputable a una autoridad pública, con la cual se incumplen o desconocen las obligaciones a cargo de la autoridad respectiva, por haberle sido atribuidas las correspondientes funciones en las normas constitucionales, legales y/o reglamentarias en las cuales se especifique el contenido obligacional que a la mencionada autoridad se le encomienda y (iii) una relación o nexo de causalidad entre ésta y aquél, vale decir, que el daño se produzca como consecuencia directa de la circunstancia consistente en que el servicio o la función pública de la cual se trate, no funcionó o lo hizo de manera irregular, ineficiente o tardía’ (19)(20).

Se concluye entonces de la cita que la posición de la Corporación se orienta en el sentido de que la responsabilidad médica, en casos como el presente, debe analizarse bajo el tamiz del régimen de la falla probada, lo que impone no sólo la obligación de probar el daño del demandante, sino, adicional e inexcusablemente, la falla por el acto médico y el nexo causal entre ésta y el daño.

4.5. De la falla.

Para la Sala, no se evidencia en el expediente una prueba que permita determinar la pretensa responsabilidad que se le imputa al Hospital Universitario San Jorge de Pereira como consecuencia de la muerte del joven lván Camilo Alzate Mejía.

Tratándose de falla probada, como se dejó claro al analizar el título de imputación aplicable a este caso, era deber de la parte activa probar que el actuar médico no fue el adecuado; sin embargo, sin lugar a dudas la parte activa no cumplió con dicha carga, como enseguida se analizará.

4.5.1. De la falla relativa a la atención médica.

Alegan los actores en los hechos de la demanda que la muerte del joven lván Camilo Alzate Mejía ocurrió como consecuencia de una falla en el servicio de la entidad prestadora de salud, por cuanto no brindó el tratamiento adecuado al omitir la práctica de un TAC y permitió la salida anticipada del paciente del centro asistencial, por lo que se hace necesario efectuar un análisis detallado de los medios probatorios recopilados, a efectos de verificar la veracidad de las afirmaciones antedichas, no sin antes advertir, de manera anticipada, que la parte activa omitió cumplir con la carga de demostrarlas a plenitud, veamos:

—De la historia clínica elaborada en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira.

Ha de partirse de la atención médica brindada al joven lván Camilo Alzate Mejía desde el 9 de diciembre de 2002, fecha del accidente, y el 21 de diciembre de ese mismo año, fecha en la que murió, en la que se le prestó la atención médica requerida como consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente de tránsito; especialmente, porque en las anotaciones de la historia clínica no se indicó una condición adicional que pudiera derivar en la demostración de una deficiente atención médica como pretendieron hacerlo ver los demandantes, veamos:

“Causa origen atención: accidente tránsito 9/12/02 13:00.

“Motivo consulta: remitido Dosquebradas.

“Enfermedad actual: paciente que iba en bicicleta y fue atropellado por bus, cayó al suelo en decúbito ventral y las llantas traseras le pasaron por lumbar/pélvico. Hay dolo(sic) intenso lumbar, pelvis y cadera.

“(...).

“Fecha: 09/12/02 15:30-16:30 (...).

“Laparotomía ½ supra-infra umbilical, no lesiones, se realiza colostomía en asa de sigmoides y se cierra abdomen, compresas completas, se coloca el paciente en posición de litotomía y se explora lesión perineal. Se lava y se reconstruye por planos, reconstruyendo ambos cabos con vycril 0, se desbrida piel y se cierra con puntos separados de poligecaprone 2-0, No complicaciones.

“(...).

“Fecha: 13/12/02 8:30-9:00 (...).

“intervención practicada: reducción cerrada + fijación externa de pelvis.

“DX: Trauma cerrado abdomen y pelvis con estallido perineal. Ingresa paciente de 31 años de edad, procedente del área urbana de Dosquebradas que llega remitido del Santa Mónica para valoración por especialista. Al ingreso el paciente se observa angustiado, ingurgitado, álgido, manifestando dolor en columna y cadera al movilizarlo. Presenta estallido peritoneal, es valorado por Dr. Lema y Dr. Orozco, quienes ordenan preparar para CX, con lev permeables, se coloca tratamiento ordenado, se sangra para laboratorio, con sonda vesical por donde elimina ámbar claro.

“17/12/02 DX luxofractura sacrolíaca, paciente afebril, hidratado, estable hemodinámicamente, evolución favorable, en ronda se indica manejo médico ambulatorio.

“(...).

“Fecha: 18/12/02 (...).

“Motivo solicitud servicios: cólicos.

“Estado general al ingreso: regular estado general.

“Antecedentes: el 9/12/02 laparotomía y colostomía por desgarro perineal por accidente de tránsito. Posteriormente colocación de tutor de pelvis por fractura.

“Revisión por sistemas: negativo.

“Examen físico: deshidratado y taquicárdico, abdomen distendido, defendido, blando, depresible y peristaltismo presente. Colostomía funcionante. Fijación de pelvis por fractura. Equimosis en tórax lumbar (...).

“Evolución: Se solicitó ecografía que no reveló síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Se decide laparotomía exploradora hallando obstrucción de la colostomía por tracción a nivel del meso. Se remodela colostomía volviéndola tipo Hartman, queda con soporte ventilatorio en recuperación donde fallece 7 horas más tarde”(21).

Adicionalmente, se encuentra en el expediente el dictamen pericial rendido por Medicina Legal en el cual se dio respuesta a cada una de las preguntas realizadas con el fin de que se rindiera la experticia, de las que se resaltan las siguientes:

“¿El tratamiento dado correspondía al cuadro clínico del paciente, la atención médica fue correcta?: Sí, ya que se realizó transfusión sanguínea por anemia presente, se le realizó laparotomía exploratoria con el fin de identificar y corregir posibles lesiones intra abdominales, se le identificaron lesiones presentes en la exploración, se le realizó fijación pélvica por lesión ósea y se evitó el abordaje quirúrgico por ortopedia ya que presentaba en el momento secreción por herida de laparotomía y colostomía funcionante adyacente al sitio de la inserción proyectada, lo cual constituía una contraindicación para abordaje inguinal por lo que ortopedia decide cambio de tipo de manejo el cual también está indicado en este tipo de lesiones.

“¿La actividad médica desplegada estaba de conformidad con la lex artis, toda vez que siempre tuvo dolor requiriendo líquidos y transfusiones?: Si estuvo de acuerdo, ya que se le instaló analgesia por bomba de infusión con el fin de garantizar analgesia continua, optimizar la dosificación del medicamento y minimizar el dolor, al igual se realizó transfusión sanguínea en forma oportuna cuando tuvo el hallazgo de anemia en exámenes de laboratorio.

“(...).

“¿El protocolo de manejo institucional dado al paciente fue correcto o contrario a la procedencia? De acuerdo a lo aportado por la autoridad v analizadas las notas y tipo de procedimiento realizados al paciente, fueron acordes a la patología que presentaba en cada uno de los momentos en que se le brindó atención médica.

“¿El manejo institucional dado al paciente corresponde al que se exigía? Como se describió en el punto anterior sí se le dio el manejo acorde a cada una de las patologías encontradas en las diversas valoraciones”(22) (Negrillas nuestras).

De dicho material probatorio se observa que, durante la estadía en la institución, el joven Alzate Mejía fue atendido siguiendo todos los protocolos médicos; se dio acompañamiento por especialistas, quienes atendieron al paciente de acuerdo con la lex artis.

Ahora bien, la parte demandante, estando en posibilidad de hacerlo, no presentó solicitud de complementación o aclaración del dictamen pericial y tampoco lo objetó dentro del término establecido para ello, por lo que se sirvió de los alegatos de conclusión de segunda instancia para objetarlo y hacer una análisis de lo que, en su concepto, fueron los errores que se cometieron en la institución médica y que concluyeron con la muerte del joven Alzate Mejía.

Sin embargo, advierte la Sala que si bien la oportunidad elegida por la parte demandante para atacar el dictamen no fue la apropiada, la Sala podría apartarse del dictamen si encontrara que el mismo no cumple con las condiciones establecidas por la jurisprudencia para su valoración.

Ahora bien, el dictamen pericial, como lo sostiene la parte demandante en su recurso de apelación, no es la única prueba que puede ser valorada; sin embargo, se constituye como fundamental en aquellos casos en los que, por los conocimientos específicos que se requieren, sirven como guía para el fallador.

En este punto, la Sala considera pertinente indicar, como ya lo ha hecho en otras oportunidades, que “el dictamen pericial es un medio probatorio que permite verificar los hechos que interesan al proceso y que requieren de especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos por parte de los auxiliares de la justicia, quienes, a través de experimentos e investigaciones, realizan un examen de las cosas o personas’(23)

Además, para que el juez pueda apreciar y valorar un dictamen pericial, éste debe reunir una serie de requisitos, entre ellos:

“Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada ‘razón de la ciencia del dicho’, en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones. Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a esas conclusiones, el dictamen carecerá de eficacia probatoria y lo mismo será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y (...) puede negarse a adoptarlo como prueba si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable (...).

“Que las conclusiones del dictamen sean claras, firmes y consecuencia lógica de sus fundamentos (...) puede ocurrir también que el juez no se encuentre en condiciones de apreciar sus defectos, en cuyo caso tendrá que aceptarla; pero si considera que las conclusiones de los peritos contrarían normas generales de la experiencia o hechos notorios o una presunción de derecho o una cosa juzgada o reglas elementales de la lógica, o que son contradictorias o evidentemente exageradas o inverosímiles, o que no encuentran respaldo suficiente en los fundamentos del dictamen o que están desvirtuadas por otras pruebas de mayor credibilidad, puede rechazarlo (...).

“Que las conclusiones sean convincentes y no parezcan improbables, absurdas o imposibles (...) no basta que las conclusiones sean claras y firmes, como consecuencia lógica de sus fundamentos o motivaciones, porque el perito puede exponer con claridad, firmeza y lógica tesis equivocadas. Si a pesar de esa apariencia, el juez considera que los hechos afirmados en las conclusiones son improbables, de acuerdo con las reglas generales de la experiencia y con la crítica lógica del dictamen, este no será convincente, ni podrá otorgarle la certeza indispensable para que lo adopte como fundamento exclusivo de su decisión (...).

“Que no existan otras pruebas que desvirtúen el dictamen o lo hagan dudoso o incierto. Es obvio que si en el proceso aparecen otras pruebas que desvirtúen las conclusiones del dictamen o al menos dejen al juez en situación de incertidumbre sobre el mérito que le merezca, luego de una crítica razonada y de conjunto, aquél no puede tener plena eficacia probatoria”(24).

En el presente caso, las inferencias realizadas por el perito y las conclusiones a las que allí se llegan no son juicios hipotéticos o especulativos carentes de soportes; además, no fue objetado oportunamente, por lo que será valorado por la Sala de la misma forma que lo hiciera el Tribunal de Instancia.

Adicionalmente, observa la Sala que reposa en el expediente la historia clínica, documento que se constituye en fundamental para establecer, dentro del proceso, la verdad de lo ocurrido en el curso del tratamiento médico-asistencial otorgado a una persona que alega haber sufrido un perjuicio con ocasión de dicho tratamiento, de la que no es posible sostener con certeza, como lo hicieran los demandantes, que la causa de la muerte del joven lván Camilo Alzate Mejía fuera la indebida atención médica, pues de ella se desprende, como se transcribió en líneas anteriores, que durante su permanencia en la institución, recibió atención médica constante y especializada.

Como soporte de la historia clínica y del dictamen pericial, se encuentra el testimonio del médico Bernardo Covos Torres, médico que practicó el procedimiento quirúrgico para tratar la fractura de la pelvis de lván Camilo Alzate Mejía, en el que se manifestó:

Preguntado: Se narra en el proceso que el paciente fue mal atendido y que no se siguieron los protocolos médicos establecidos para este tipo de lesión. Contestó: El paciente fue inicialmente valorado por ortopedia y el colega doctor Víctor Manuel Castaño le solicitó material de osteosíntesis para el tratamiento de su fractura. Simultáneamente el paciente era valorado por cirugía general y fue intervenido por esta especialidad realizándosele una colostomía. Por ese motivo se cambió la solicitud de material de osteosíntesis y se decidió por una colocación de un tutor externo, la cirugía general fue realizada el 9 de diciembre y la fijación de la pelvis el 13 de diciembre. Es de recalcar que la urgencia absoluta en este caso correspondía a cirugía general y fue tratado a tiempo y la cirugía ortopédica pudo hacerse tan pronto el paciente estuvo estable y se dispuso del material para la cirugía, (...). Como le fue realizada una colostomía el área en el que se proyectaba la incisión quedó contaminada con materia fecal porque a ese nivel se extrajo el colon motivo por el cual se tuvo que cambiar la conducta a un fijador externo porque con este no es necesario abrir una herida y se disminuía el riesgo de infección, es de anotar que mientras el paciente esperaba la cirugía ortopédica estaba con presión estable, o estuvo con presión estable, quiere decir que dicha fractura que requería cirugía no estaba produciendo una inestabilidad hemodinámica, por todo lo anterior no estoy de acuerdo desde el punto de vista ortopédico en que el paciente no recibió tratamiento adecuado. Por el contrario, fue valorado en repetidas ocasiones por diversos ortopedistas y su manejo fue revisado y realizado de acuerdo con su evolución diaria(25)(Resaltos de la Sala).

De suerte que no encuentra la Sala que le asista razón a los demandantes en la medida en que no quedó plenamente acreditado que la muerte fuera producto del acto médico, ni de un diagnóstico demorado o de la falta de un tratamiento adecuado, sino que podía presentarse obrando con total diligencia, cuidado y precaución.

En efecto, como se advirtió, no existe prueba frente a la afirmación de la parte actora en torno a la falta de atención médica adecuada, puesto que de los elementos probatorio arrimados al proceso, como ya fue analizado, no se llega a esa conclusión y lo cierto es que en el expediente no reposa una prueba científica, distinta al dictamen pericial, que permita determinar la pretensa responsabilidad: por el contrario, todo el material demuestra fehacientemente la diligencia en el actuar médico del personal vinculado al ente demandado, echando de menos la Sala la prueba que hubiera permitido establecer que la muerte se produjo como consecuencia de una falla médica.

4.5.2. Conclusiones probatorias.

Según lo expuesto en los antecedentes de esta sentencia, la parte actora alegó una falla en el servicio porque el personal médico del Hospital Universitario San Jorge de Pereira no actuó con la debida dedicación y cuidado para atender el caso del joven lván Camilo Alzate Mejía.

Específicamente, la parte demandante refirió que hubo demoras y práctica de procedimientos inadecuados para la patología padecida por la víctima del accidente de tránsito por parte de la entidad demandada, la cual, en su sentir, no tomó las precauciones necesarias, tales como no dar de alta al paciente cuando aún se encontraba en delicado estado de salud o retardar la práctica de procedimientos médicos.

Pues bien, de las pruebas relacionadas con anterioridad, la Sala observa que las lesiones padecidas por el joven lván Camilo Alzate Mejía, como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 9 de diciembre de 2002, fueron atendidas oportunamente por miembros del cuerpo médico del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, en sus distintas especialidades, al diagnosticársele un trauma cerrado de abdomen y pelvis con estallido perineal, así como fractura de pelvis, columna lumbar y cadera.

En atención a esa patología, según se advierte en el informe quirúrgico de la fecha, se practicó una laparotomía exploratoria, una colostomía en asa y la reconstrucción del esfínter anal, procedimientos que obligaron a que permaneciera hospitalizado hasta el 17 de diciembre de 2002, fecha en la cual fue dado de alta tras advertir una mejoría en su estado, así se desprende de la historia clínica, veamos:

“16/12/02 Usuario en cama, consciente y orientado, estable, refiere sentirse mejor, con lev ssn 20 gotas/min, hda qx abdominal cubierta con micropore, con colostomía canalizada a bolsa, tutor en región pélvica, sonda vesical conectada a cistoflo, p/fisioterapia, movilizar en bloque, cuidados de piel y tutor, avisar cambios.

“17/12/02 Usuario que pasa la noche tranquilo, manifiesta haber pasado bien, duerme por intervalos largos, elimina por sonda 600 cc, se le realizan cambios de posición.

“17/12/02 Dx luxofractura sacroilíaca, paciente afebril, hidratado, estable hemodinámicamente, evolución favorable, en ronda se indica manejo médico ambulatorio.

“17/12/02 Fisioterapia: paciente que se le dan recomendaciones acerca de cambios de posición para evitar posibles escaras.

“17/12/02 Usuario consciente, orientado, ansioso, está con lev a sostenimiento, hda qca suturada se observa limpia, colostomía funcional a bolsa, tutor pélvico, está con sv a sistoflo, está con salida”(26).

De conformidad con la anotación de evolución de la historia clínica(27), el paciente reingresó al centro hospitalario el 18 de diciembre de 2002, manifestando que padecía cólicos, motivo por el cual se solicitó la práctica de una ecografía, la que no reveló compilaciones; sin embargo, se anotó que las condiciones clínicas del paciente se deterioraban, presentando un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica(28).

Lo primero que la Sala debe precisar es que no está demostrado, a través de un medio de prueba científico, que las intervenciones practicadas, el tiempo que transcurrió entre las mismas o el hecho de haberle dado de alta 8 días después del accidente hubieran sido los causantes de la muerte de lván Camilo Alzate; de la historia clínica, del dictamen pericial y del testimonio médico obrantes en el proceso, puede la Sala concluir que todo el tratamiento médico suministrado se encontraba de conformidad con la lex artis y que el choque cardiogénico, secundario al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que produjo la muerte pudo estar asociado al politraumatismo padecido por el accidente de tránsito.

La Sala resalta que durante todo el tiempo en el que el joven lván Camilo Alzate Mejía permaneció en la institución demandada recibió la atención adecuada, complementada con medicamentos y procedimientos quirúrgicos, hasta que los mismos se agotaran, ante la magnitud de la complicación padecida por las lesiones sufridas, así lo concluye el dictamen pericial:

¿El protocolo de manejo institucional dado al paciente fue correcto o contrario a la procedencia? De acuerdo a lo aportado por la autoridad y analizadas las notas y tipo de procedimiento realizados al paciente, fueron acordes a la patología que presentaba en cada uno de los momento en que se le brindó atención médica(29)(Resaltos de la Sala).

Finalmente, en relación con la oportunidad de la prestación de la atención médica, la Sala considera pertinente traer a colación un pronunciamiento de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el que se indicó:

“‘La obligación de prestar asistencia médica es compleja, es una relación jurídica total, compuesta por una pluralidad de deberes de conducta (deber de ejecución, deber de diligencia en la ejecución, deber de información, deber de guardar secreto médico, etc.). Ese conjunto de deberes conforma una trama, un tejido, una urdimbre de la vida social responde a la idea de organización —más que de organismos— en punto a la susodicha relación jurídico total (...) Por tanto, aquel deber jurídico principal supone la presencia de otros deberes secundarios de conducta, como los de diagnóstico, información, recepción de la voluntad jurídica del enfermo —llamada comúnmente consentimiento del paciente—, prescripción, guarda del secreto profesional, satisfacción del plan de prestación en su integridad (actividad que supone no abandonar al enfermo y cuidar de él hasta darlo de alta)” (30)(Resaltado fuera de texto).

“(...)

“Tratándose de la prestación del servicio público médico-hospitalario, el estado asume una carga especialísima de protección, toda vez que las personas que se someten a la praxis médica, quirúrgica y/u hospitalaria, lo hacen con la finalidad de que un grupo de personas con un conocimiento profesional y técnico brinden soluciones efectivas a situaciones que se relacionan de manera directa o indirecta con el concepto de salud”(31) (Resaltado fuera de texto).

Del texto transcrito se tiene para concluir que, en este caso, se presentó una atención médica oportuna en la que se incluyeron los procedimientos que los médicos consideraron más convenientes y los que hubiesen podido contribuir a salvaguardar la salud y la vida del paciente.

En suma, sin la demostración de los elementos fundantes de la responsabilidad dentro del régimen subjetivo, especialmente la falla, se obliga la emisión de un fallo adverso a las pretensiones enlistadas por los actores, por lo que deberá ser confirmada la decisión emitida en primera instancia en relación con la falla médica pregonada.

5. Costas.

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR el fallo proferido el 6 de mayo de 2010 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente a su Tribunal de origen.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase».

4. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 15526.

5. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, M.P. Ramiro Saavedra Becerra, Exp. 15635.

6. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, Exp. 2005-02076-01 (AG).

7. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, M.P. Julio César Uribe Acosta, expediente 10.007 y 9480 del 4 de agosto de 1994.

8. Dado que el salario mínimo para el año 2004 era de $358.000.

9. Fls. 8 y ss. cdno.1.

10. Folios 74 a 79 anexo 1.

11. Folio 22 cdno.1.

12. Folios 315 a 340 Cdno. 1.

13. Folios 345 a 348 cdno.2.

14. Fls. 405 a 408 cdno. 2.

15. Folio 336 Cdno. 2.

16. Folios 126 a 129 anexo 1.

17. Cita textual del fallo citado: “Aunque se matizará el referido aserto con la aseveración de acuerdo con la cual dicha regla general se excepcionaría cuando la carga probatoria atribuida al demandante 'resulte extraordinariamente difícil o prácticamente imposible y dicha carga se torne, entonces, excesiva. Sólo en este evento y de manera excepcional, será procedente la inversión del deber probatorio, previa la inaplicación del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil —que obligaría a la parte actora a probar siempre el incumplimiento por el demandado de su deber de prestar debidamente el servicio mencionado—, por resultar la regla en él contenida, en el caso concreto, contraria a la equidad, prevista en el artículo 230 de la Constitución Política como criterio auxiliar de la actividad judicial'. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 7 de diciembre de 2004, Exp. 14.421”.

18. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 3 de octubre de 2007, Exp. 16.402. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

19. Original de la cita en la Sentencia del Consejo de Estado: Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 20 de febrero de 2008, Exp. 16.739. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

20. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 27 de abril de 2011, Exp. 19.192. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

21. Folios 315 a 340 Cdno.1.

22. Folios 345 a 348 Cdno. 2.

23. Original en cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 3 de febrero de 2010, expediente 17.644. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 18 de febrero de 2015, Exp. 29794, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

24. Original en cita: Devis Echandia, Hernando: “Teoría general de la prueba judicial”, Tomo segundo, Temis, Bogotá, 2002, págs. 321-326. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 18 de febrero de 2015, Exp. 29794, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

25. Fls. 405 a 408 Cdno. 2.

26. Folio 336 Cdno. 2.

27. FI 315 Cdno. 2.

28. El cual, de conformidad con la literatura médica, se describe así: “El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS), es una entidad clínica siempre secundaria a una patología subyacente, la cual debe ser identificada para instituir el tratamiento adecuado. El proceso inflamatorio se produce y mantiene por la actividad de células inflamatorias que sintetizan y secretan mediadores pro y antiinflamatorios, conjunto que se puede englobar bajo el término Sistema Celular Inflamatorio (SCI).
“La misión del SCI es proteger nuestro organismo eliminando cualquier noxa, recuperar la homeostasis y favorecer la reparación de los tejidos dañados. Cuando la activación del SCI es sistémica (politraumatismo, sepsis) se genera una producción masiva de citoquinas (tormenta de citoquinas) dando origen al SRIS, entidad severa que puede derivar en falla multiorgánica con riesgo de muerte.
“Las causas del SRIS son diversas e incluyen: infecciones (sepsis, endotoxina circulante, tuberculosis), enfermedad tromboembólica, enfermedades autoinmunes, anafilaxia, agentes físicos (radiaciones, quemaduras extensas), agentes químicos (drogas, pesticidas), pancreatitis aguda, infarto al miocardio, politraumatismo, cáncer, cirugía invasiva, shock de cualquier etiología , síndrome hemofagocítico, hemodializados crónicos y picadura de escorpiones, arañas y serpientes” http ://www.scielo.cl/scielo.php?script=sciarttext&pid=S0034-98872006000900018, fecha de consulta 5/10/2016 a las 5:21 P.M.

29. Folios 345 a 348 Cdno. 2.

30. Cita del texto original: “Sentencia de 18 de febrero de 2010. Exp. 17655”.

31. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C., Sentencia del 7 de febrero de 2011, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Exp. 34387.