Sentencia 2005-00098 de noviembre 22 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Radicación: 13001 23 31 000 2005 00098 01 (2567-2011)

Consejero Ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Actor: Esther del Carmen Tovar de León

Demandado: ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo Castaño

Apelación sentencia - Autoridades departamentales

Bogotá, D.C., veintidós de noviembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Para resolver, se

Considera:

De acuerdo con el marco de apelación, la Sala deberá decidir en primer término, si en el presente caso existe una ineptitud sustantiva de la demanda que impida conocer de fondo las pretensiones elevadas.

Al respecto, cabe señalar que la Sección Segunda del Consejo de Estado tuvo oportunidad de pronunciarse en sentencia de 1º de marzo de 2012(1), en un caso idéntico al presente, en el siguiente sentido:

“(…) Sobre el particular, nótese como la actora dentro del libelo introductorio, particularizó su situación dentro del acto general al solicitar que se declare la nulidad del “acto administrativo denominado Acuerdo 4 de 2004, proferido por la junta directiva de la Empresa Social del Estado Clínica de Maternidad Rafael Calvo Castaño, mediante la cual se suprimió el cargo de auxiliar de enfermería, que ostentaba dentro de la planta de personal”.

En ese orden de ideas, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho puede ser invocada en los actos de carácter general, siempre y cuando, se individualice la pretensión o, cuando en estricto rigor procesal, la parte demandante formula su pretensión anulatoria de acuerdo con los cargos endilgados en la demanda, esto es, respecto de los actos administrativos que disponen el proceso de supresión del cargo cuando se individualiza y afecta su situación particular y concreta.

Así las cosas, si la intención de la parte demandante es la de permanecer al servicio de la entidad, cuya planta de personal ha sido objeto de un proceso de restructuración, es pertinente formular la pretensión de nulidad, en acción de nulidad y restableciendo del derecho, frente al acto que afecte su situación particular y concreta, sin importar si es un acto de carácter general o particular.

Vale decir de igual modo, que a pesar de que la demandante no incluyó dentro de los actos cuestionados el oficio del 14 de septiembre de 2004, lo cierto es que en atención al principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial (C.P., art. 228), la Sala debe interpretar la demanda y establecer la intención del demandante con miras a no entorpecer su accionar; máxime, cuando no solo se tuvo en cuenta el oficio tanto en las pruebas aportadas como en las solicitadas, sino que también, el contexto mismo del libelo estableció que por medio del citado acto, se había suprimido el cargo que venía desempeñando.

Eso sí, se debe entender que el oficio y/o comunicación es un factor importante al momento de determinar la caducidad de la acción. En ese sentido, se evidencia, que en el presente asunto no se ha configurado, por cuanto la acción de nulidad y restablecimiento del derecho fue incoada el 14 de enero de 2005, es decir, que no habían transcurrido más de 4 meses desde la primera fecha y la segunda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

En conclusión, se podría afirmar que en la presente demanda no se formuló la proposición jurídica completa, esto es, con la solicitud de nulidad del citado oficio, como consecuencia, sería viable un pronunciamiento inhibitorio en relación con la totalidad de las pretensiones debido a que no se reunieron los presupuestos procesales suficientes que exige la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, no obstante, es claro que los cargos endilgados, se encuentran dirigidos a cuestionar el Acuerdo 4 de 10 de septiembre de 2004, por ser en este caso el que la retiró del servicio, pues la actora no alegó encontrarse en alguna de las situaciones amparadas en la planta transitoria que trajo consigo el mismo acuerdo.

Por tal motivo, el estudio se hará solo frente a la supuesta violación al debido proceso, desviación de poder, falsa motivación y expedición irregular del acto administrativo y no se detendrá a analizar, el mejor derecho que podría haber tenido la actora al momento en que se creó dentro del mismo acto acusado, una planta transitoria, por cuanto no le entregaron elementos fácticos ni jurídico, como para realizar un análisis, no solamente de dicha situación, sino que también, a todo el acto como tal.

Lo anterior, debido a que a la luz de lo establecido en el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo(2), la sentencia proferida por el juez de lo contencioso administrativo no puede ser infra, extra o ultra petita, sino, que debe sujetarse a todos y cada uno de los aspectos que fueron sometidos dentro del concepto de violación.

Sea la oportunidad para señalar, que diferente hubiese sido que el acto administrativo que es de ejecución adopta una decisión distinta a la tomada en el acto administrativo de carácter general, pues se transforma en definitivo y sería entonces, imperativo su pronunciamiento.

Otro de los aspectos relevantes, es que al examinar las pretensiones encaminadas a obtener: i) las diferencias salariales y prestacionales que debió percibir desde el año de 1998; ii) el reconocimiento y pago del auxilio escolar, calzado, vestido, subsidio familiar y retroactivo salarial del año de 1994; y, iii) el pago de los intereses a las cesantías por todo el tiempo laborado, se puede concluir que si bien es cierto, la parte accionante agotó vía gubernativa respecto del reconocimiento de los citados derechos laborales, no lo es menos, que no impugnó en sede administrativa el acto ficto o presunto, ni solicitó su nulidad al acudir a la vía contenciosa, situación que imposibilita estudiar de fondo las pretensiones relacionadas con el reconocimiento de los beneficios laborales que en su sentir le adeuda la entidad demandada (…)”.

Con fundamento en los anteriores argumentos y en aplicación del principio general de igualdad, la Sala considera que en el presente caso no se configura la ineptitud de la demanda, esto es, por no haberse demandado el acto administrativo que comunicó la decisión de la administración de suprimir, entre otros, el cargo de auxiliar de enfermería. Por consiguiente, se revocará la decisión de primera instancia que declaró la ineptitud sustantiva de la demanda y en su lugar, procederá a emitir pronunciamiento de fondo.

De la competencia de la junta directiva de la ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo, para efectuar la modificación de la planta de personal:

De conformidad con el Decreto 1876 de 3 de agosto de 1994(3) que reglamentó los artículos 96, 97 y 98 de la Ley 100 de 1993, los cuales hacen referencia a la conformación y funciones de las juntas directivas de las empresas sociales del Estado, se determinó que el área de dirección de tales entidades estaría conformada por la junta directiva y el gerente. Veamos:

“a. Dirección. Conformada por la junta directiva y el gerente y tiene a su cargo mantener la unidad de objetivos e intereses de la organización en torno a la misión y objetivos institucionales; identificar las necesidades esenciales y las expectativas de los usuarios, determinar los mercados a atender, definir la estrategia del servicio, asignar recursos, adoptar y adaptar normas de eficiencia y calidad controlando su aplicación en la gestión institucional, sin perjuicio de las demás funciones de dirección que exija el normal desenvolvimiento de la entidad; (…).

PAR.—A partir de la estructura básica, las empresas sociales del Estado definirán su estructura organizacional de acuerdo con las necesidades y requerimientos de los servicios que ofrezca cada una de ellas”.

El artículo 11 ibídem, fijó las funciones de la junta directiva asignándole entre otras, las de:

“(…) 6. Aprobar la planta de personal y las modificaciones a la misma, para su posterior adopción por la autoridad competente (…).

16. Determinar la estructura orgánica-funcional de la entidad, y someterla para su aprobación ante la autoridad competente (…)”.

Es decir, que era facultad de la junta directiva de la ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo la de efectuar la modificación de la planta de personal contenida en el acto acusado.

Respecto a la competencia del gerente de la clínica, el artículo 4º numeral 16 del Decreto 1876 de 1994, señala que dentro de las facultades asignadas a este funcionario, se encuentra la de “Presentar a la junta directiva el proyecto de planta de personal y las reformas necesarias para su adecuado funcionamiento y someterlos a la aprobación de la autoridad competente”.

Por tanto, la autoridad competente para efectuar la aprobación es la junta directiva de la entidad, procedimiento que se llevó a cabo en el sub examine, según da cuenta el Acuerdo 4 de 10 de septiembre de 2004.

Adicionalmente debe tenerse en cuenta que los entes del orden descentralizado que cuentan con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, no requieren de la voluntad de otras autoridades que aprueben las decisiones respecto de su organización interna, a menos que exista norma especial que así lo determine; mandato que no se presenta en el sub lite, pues el Decreto 1298 de 1994 fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-255 de 1995 del 7 de junio de 1995(4).

En sentencia de 15 de abril de 2010(5), esta Corporación tuvo la oportunidad de pronunciarse respecto a la facultad de la junta directiva de las empresas sociales del Estado para efectuar la modificación de la planta de personal:

“(…) De esta manera las empresas sociales del Estado deben adecuar sus plantas de personal a los niveles y denominaciones de cargos allí fijados (art. 3º, ib.) y, por ende, al fijar las planta de personal, las respectivas entidades descentralizadas deben tener en cuenta siempre que los cargos creados existan en la estructura básica (entendida como se indicó arriba, es decir, la formada por niveles de cargos, denominaciones, códigos y grados)

La junta directiva, al reformar la planta de personal, tiene plena autonomía de acuerdo con las necesidades del ente territorial, de establecer cuales cargos son necesarios para el normal funcionamiento de la Empresa Social del Estado.

De otro lado, el artículo 11-6 del Decreto 1876 de 1994 y 13-6 de los estatutos de la entidad, son coincidentes en señalar que la junta directiva, tiene la potestad de aprobar la planta de personal y las modificaciones a la misma, “para su posterior adopción por la autoridad competente” y la parte recurrente no indicó cuál era esa denominada “autoridad competente”, lo que conduciría a buscar, como lo alega el Ministerio Público, dentro de las normas generales cual podría ser esta. Sin embargo, para la Sala es evidente que esa remisión resulta inocua porque lo cierto es que de los estatutos y la Ley 100 de 1993, se deduce en forma clara que la junta directiva del Hospital San Jorge ESE, puede ejercer directamente la función de reformar la planta de personal(6), máxime, se repite, cuando dentro del proceso no aparece alegada o probada una norma que le adscriba esa competencia al gobernador o a cualquiera otro funcionario. En otras palabras no es del caso remitirse a los ordenamientos generales que regulan las situaciones de otros entes descentralizados para buscar un aspecto que, en criterio de la Sala, está plenamente regulado por la norma especial que regula el sistema general de salud (L. 100/93) y los estatutos de la entidad. (…)”.

De lo anterior se concluye que la junta directiva de la ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo, estaba facultada para efectuar la modificación de la planta de personal contenida en el Acuerdo 4 de 10 de septiembre de 2004.

En esas condiciones no está llamado a prosperar el cargo formulado con relación a la falta de competencia enunciado en la demanda.

Del estudio técnico

La parte demandante considera que con la supresión del cargo que venía desempeñando en la entidad demandada se le desconocieron sus derechos de carrera, teniendo en cuenta que el estudio técnico no reúne las condiciones exigidas por la ley.

El artículo 39 de la Ley 443 de 1998(7), prevé que la supresión de un cargo de carrera administrativa puede ocurrir por diferentes razones, como es la fusión o liquidación de una entidad pública; la reestructuración, por modificación de la planta de personal; por reclasificación de los empleos; traslado de funciones de una entidad a otra, o simplemente por políticas de modernización del Estado con el fin de hacer más eficaz la prestación del servicio público, que trae consigo las consecuencias jurídicas que de ella se derivan, como son la opción de ser incorporado a un empleo equivalente o ser indemnizado en los términos y condiciones que establezca el Gobierno Nacional(8).

El artículo 41 de la Ley 443 de 1998 con relación a la reforma de las plantas de personal, dispuso:

“Con el fin de garantizar la preservación de los derechos de los empleados de carrera, las reformas de planta de personal de las entidades de la Rama Ejecutiva(9) de los órdenes nacional y territorial, que impliquen supresión de empleos de carrera deberán motivarse expresamente; fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración y basarse en estudios técnicos que así lo demuestren elaborados por las respectivas entidades, la Escuela Superior de Administración Pública, firmas especializadas en la materia, o profesionales en administración pública u otras profesiones idóneas, debidamente acreditados, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional.

Toda modificación a las plantas de personal de las entidades del orden nacional, incluidos sin excepción los establecimientos públicos, las corporaciones autónomas regionales(10), y las plantas de personal de empleos públicos que formen parte de las empresas industriales y comerciales del Estado, deberá ser aprobada por el Departamento Administrativo de la Función Pública. El Departamento Administrativo de la Función Pública llevará el balance de cargos deficitarios que, requiriéndose para el cumplimiento de los fines de las entidades nacionales, no hubiere sido posible crearlos en las respectivas plantas de personal por razones de orden presupuestal. Dicho balance se justificará en estudios técnicos de planta consultando exclusivamente las necesidades del servicio y las técnicas de análisis ocupacional con prescindencia de cualquier otro concepto(11).

El artículo 148 del Decreto 1572 de 1998, con relación a la modificación de las plantas de personal, dispone:

“Las modificaciones a las plantas de personal de las entidades pertenecientes a la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial deberán motivarse expresamente y fundarse en las necesidades del servicio o en razones que propendan por la modernización de la institución, las cuales estarán soportadas en estudios técnicos que así lo demuestren”.

A su turno, los artículos 149 y 154 del Decreto 1572 de 1998, contienen las razones en las cuales se fundamenta o justifica la modificación de las plantas de personal y los estudios técnicos modificados por los artículos 7º y 9º del Decreto 2504 de 1998, con el siguiente contenido literal:

“ART. 7º—Modificase el artículo 149 del Decreto 1572 del 5 de agosto de 1998, el cual quedará así:

Se entiende que la modificación de una planta de personal está fundada en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración, cuando las conclusiones del estudio técnico de la misma deriven en la creación o supresión de empleos con ocasión, entre otros, de:

1. Fusión o supresión de entidades.

2. Cambios en la misión u objeto social o en las funciones generales de la entidad.

3. Traslado de funciones o competencias de un organismo a otro.

4. Supresión, fusión o creación de dependencias o modificación de sus funciones.

5. Mejoramiento o introducción de procesos, producción de bienes o prestación de servicios.

6. Redistribución de funciones y cargas de trabajo.

7. Introducción de cambios tecnológicos.

8. Culminación o cumplimiento de planes, programas o proyectos cuando los perfiles de los empleos involucrados para su ejecución no se ajusten al desarrollo de nuevos planes, programas o proyectos o a las funciones de la entidad.

9. Racionalización del gasto público.

10. Mejoramiento de los niveles de eficacia, eficiencia, economía y celeridad de las entidades públicas.

PAR.—Las modificaciones de las plantas a las cuales se refiere este artículo deben realizarse dentro de claros criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del interés general.

ART. 9º—Modificase el artículo 154 del Decreto 1572 del 5 de agosto de 1998, el cual quedará así:

Los estudios que soportan las modificaciones de las plantas de personal deberán estar basados en metodologías de diseño organizacional y ocupacional que contemplen, dependiendo de la causa que origine la propuesta, alguno o varios de los siguientes aspectos:

1. Análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo.

2. Evaluación de la prestación de los servicios.

3. Evaluación de las funciones asignadas, perfiles y las cargas de trabajo de los empleos”.

Para la fecha de expedición del Acuerdo 4 de 10 de septiembre de 2004 —acto acusado—, se hallaba vigente la Ley 443 de 1998 y su artículo 41 ya había sido reglamentado por el Decreto 1572 del mismo año, normatividad que fijó los parámetros y procedimientos para la modificación de plantas de personal, el que a su vez fue modificado, en algunas de sus disposiciones, por el Decreto 2504 de 1998.

La ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo acató las disposiciones aludidas al expedir el acto administrativo acusado, más aún tratándose de la supresión de empleos de carrera administrativa como el de la actora, ya que las referidas disposiciones legales exigen la elaboración de un estudio técnico previo como sustento de la reforma a las plantas de personal.

Al respecto, está probado de folios 1 a 145 del cuaderno 2 en que obra el estudio técnico que sirvió de fundamento a la Empresa Social del Estado, Clínica de Maternidad Rafael Calvo, del que se destaca lo siguiente:

1. Propuesta organizacional y de recursos humanos requeridos por la clínica, para la prestación de servicios y evidencia la necesidad de una planta globalizada con asignación de funciones a los diferentes empleados, en consideración al perfil y cualidades técnico-científicas (fl. 82).

2. Análisis de las variaciones propuestas frente a la estructura inicial de la empresa social del Estado, en donde señala que existe un grueso número de secciones y jefaturas que generan elevados costos operativos y no permiten dinamizar el proceso de gestión del recurso humano ante las necesidades de los últimos cambios exigidos en los procesos de prestación de servicios y en los avances tecnológicos demandados para ser eficientes, eficaces y efectivos, lo que evidencia la necesidad de variación, para lo cual propone una estructura operativa y logística, así como la disminución de los costos administrativos y operativos que le proporciones viabilidad financiera, y el mejoramiento de la calidad (fls. 84-85).

3. De folios 80 y siguientes se hizo una tabla comparativa entre la planta de personal existente y su costo, con la propuesta, según la cual, existe 73 cargos de auxiliar de enfermería, con un costo de $ 56.248.909 y propone la existencia únicamente de 21 cargos, con un costo de $ 16.181.193 mensuales.

En esas condiciones, el diagnóstico efectuado a la clínica concluyó que las dimensiones de su estructura, generaban unos costos de funcionamiento que superaban sus ingresos, situación que hacía necesario diseñar una planta de personal más flexible, para lo cual era necesario unificar algunos cargos, acompañado de un ajuste de costos de producción y funcionamiento hasta lograr el equilibrio financiero.

Esta subsección en sentencia de 17 de marzo de 2011 con ponencia del Consejero Sustanciador del presente proceso(12), concluyó que no necesariamente el estudio técnico debe abarcar la totalidad de los aspectos consagrados en los artículo 154 y 9º de los decretos 1572 y 2504 de 1998 respectivamente, sino los relevantes, dependiendo de la causa que origina la reestructuración.

En el presente caso se advierte que las razones que motivaron la supresión de cargos en la clínica, se encuentran consignadas en el estudio técnico que tuvo la administración, para reducir su planta de personal y en algunos casos suprimir cargos, como son las necesidades del servicio originadas en la reducción de competencias y ajuste presupuestal, debiendo aplicar políticas de austeridad y modernización de la entidad.

Por consiguiente el estudio técnico allegado al proceso y que sirvió como fundamento para la supresión de cargos de la planta de personal de la Empresa Social del Estado Rafael Calvo, se ajustó a los requerimientos establecidos por la Ley 443 de 1998 y sus decretos reglamentarios; en este orden de ideas, la demandante no desvirtuó el contenido del documento contentivo de dicho estudio, razón por la cual el cargo de falsa motivación no prospera.

De la existencia del certificado de disponibilidad presupuestal:

La parte actora sostuvo que ante la inexistencia del certificado de disponibilidad presupuestal avalar “la apropiación suficiente para atender los gastos demandados por la supresión de empleos” configura una causal de nulidad del acto acusado. No obstante, considera la Sala que dicha disponibilidad tiene por objeto sufragar los gastos que causen las indemnizaciones, de manera que no es un elemento de la formación del acto de supresión y por lo mismo no constituye requisito de validez del acto reformatorio de una entidad.

En efecto, la indemnización que se reconoce a los empleados que se les elimina el cargo, es un elemento adjetivo al acto de supresión, que no incide en la validez del mismo; esta tesis ha sido sostenida por esta corporación, cuando se advirtió(13):

“(…) Queda desvirtuada la afirmación del demandante, en el sentido de que no existía certificado de disponibilidad previo a la supresión de su cargo, no sin antes señalar que aun cuando tal hecho estuviera probado en nada incide en la validez o legalidad del acuerdo demandado, ya que el requisito normativo de orden presupuestal tiene por finalidad garantizar el pago de las indemnizaciones que se hubieran causado por la supresión de empleos y en este sentido es un requisito adjetivo al acto que eliminó el cargo (…)”.

Queda claro entonces que la existencia o no del certificado de disponibilidad presupuestal no afecta la legalidad del acto cuestionado, pues la ley no prevé esta actuación como parte del proceso de supresión.

Del pago de las diferencias salariales y prestacionales y la nivelación salarial:

En el libelo introductorio, la demandante solicitó igualmente la reliquidación de los salarios y prestaciones comprendidos de 2003 a 2004, en las mismas condiciones que la señora Ana Alfira Carranza Serrano y en aplicación del Decreto 980 de 1998, al igual que el pago del auxilio escolar, calzado, vestido, subsidio familiar y los intereses a las cesantías por todo el tiempo laborado.

Al respecto, recuerda la Sala que cuando se pretende la declaratoria de nulidad de actos administrativos, la determinación exacta y precisa de lo que se demanda exige la inclusión de todos aquellos actos que constituyan y contengan la totalidad de la voluntad de la administración. La consecuencia del incumplimiento de dicho requisito en la demanda, cuando no se ha observado al momento de su admisión, es la declaratoria de inepta demanda, lo que obliga al juez a inhibirse de conocer el fondo del asunto.

En ese orden de ideas, se advierte que en el expediente existe una decisión en torno al reconocimiento de las prestaciones sociales e indemnización por supresión de cargo, como lo es Resolución 2044 de 22 de septiembre de 2004, sin que esta decisión hubiese sido objeto de demanda por la actora, lo cual impide a la Sala realizar un pronunciamiento sobre el particular.

En conclusión se mantiene la presunción de legalidad del acto acusado, razón por la cual se revocará la sentencia del tribunal que declaró probada de oficio la ineptitud sustantiva de la demanda y se inhibió para fallar, para en su lugar negar las pretensiones elevadas.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia del 19 de agosto de 2011, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar se declaró inhibido para conocer de las pretensiones de la demanda. En su lugar se dispone:

2. DENIÉGASE las súplicas del libelo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase».

(1) Radicación 2215-2011, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Reiterada en decisiones de 15 de marzo y 19 de abril de los corrientes.

(2) “La sentencia tiene que ser motivada. Debe analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de resolver todas las peticiones. (…)”.

(3) Posteriormente aclarado por el Decreto 1621 del 25 de septiembre de 1995.

(4) Corte Constitucional, Sentencia C-255 de 7 de junio de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía, declaró inexequible el Decreto 1298 de 1994, con las siguientes consideraciones: “(…) En el presente caso, no cabe duda de que el estatuto orgánico del sistema general de seguridad social en salud es un verdadero código. Así lo demuestran su extensión, pues consta de 723 artículos, y el hecho de enumerarse en el artículo 722 todas las leyes que “incorpora y sustituye”, que son ocho, expedidas entre los años de 1979 y 1994.

De otra parte, la Corte ha determinado también, en casos semejantes a este, que cuando examina un decreto con fuerza de ley, de los dictados por el Presidente de la República en virtud de las facultades de que trata el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución, puede también analizar la norma que confirió las facultades extraordinarias. ¿Por qué? Sencillamente, porque la competencia del presidente para dictar el decreto se origina en la ley de facultades y está determinada y limitada por ella.

En consecuencia, serán declarados inexequibles el numeral 5º del artículo 248 de la Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”, y el Decreto 1298 de 1994 “Por el cual se expide el estatuto orgánico del sistema general de seguridad social en Colombia”. Esto, porque la Corte en este caso hace la unidad normativa autorizada por el Decreto 2067 de 1991 (…)”.

(5) Expediente 1391-07, C.P. Gerardo Arenas Monsalve.

(6) Lo antes dicho es concordante con lo dispuesto por la Ley 489 de 1998, que en su artículo 83, precisó: “Empresas sociales del Estado. Las empresas sociales del Estado, creadas por la Nación o por las entidades territoriales para la prestación en forma directa de servicios de salud se sujetan al régimen previsto en la Ley 100 de 1993, la Ley 344 de 1996 y en la presente ley en los aspectos no regulados por dichas leyes y a las normas que las complementen, sustituyan o adicionen”.

(7) Derogada, salvo los artículos 24, 58, 81 y 82, por el artículo 58 de la Ley 909 de 2004, publicada en el Diario Oficial 45680, de 23 de septiembre de 2004, “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”.

(8) Sentencia C-370 de 1999, referencia expedientes D-2219 y D-2225 (acumulados), demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 5º, parcial, 39, parcial, 41, 48-2 y 56 de la Ley 443 de 1998, demandantes: Carlos Alberto Lozano Velásquez, Rubén Darío Díaz Rueda y otros, M.P. Carlos Gaviria Díaz, sentencia de 27 de mayo de 1999. En el proveído en mención, se declaró exequible la expresión “o a recibir indemnización” contemplada en el artículo 39 de la Ley 443 de 1998.

(9) El texto subrayado fue declarado exequible por la Corte Constitucional en Sala Plena, mediante Sentencia C-994 de 2 de agosto de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(10) El texto subrayado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sala Plena, mediante Sentencia C-994 de 2 de agosto de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(11) El parágrafo del artículo fue declarado inexequible por Corte Constitucional en Sala Plena, mediante Sentencia C-372 de 26 de mayo de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(12) Sentencia de 17 de marzo de 2011, Expediente 0087-10, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

(13) Sentencia de 6 de agosto de 2008, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez (3157-04).