Sentencia 2005-00126 de marzo 7 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 66001-23-31-000-2005-00126-02(0001-09)

Consejero Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Actor: Álvaro de Jesús Restrepo Arenas

Demandado: Nación - Procuraduría General de la Nación

Autoridades Nacionales

Bogotá, D.C., siete de marzo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Considera

La controversia gira en torno a establecer la legalidad de la Resolución 7 de 26 de junio de 2003 y la decisión de 20 de octubre 2003, proferidas, por la Procuraduría Provincial de Pereira y Delegada para la Moralidad Pública, respectivamente, por medio de las cuales se declaró disciplinariamente responsable al demandante Álvaro de Jesús Restrepo Arenas y lo sancionó con destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas por el término de 5 años.

La conducta por la cual fue destituido el actor, según los actos acusados, se tipificó en la falta gravísima descrita en el numeral 4º del artículo 25 de la Ley 200 de 1995, al incrementar su patrimonio sin justa causa, por haber cobrado honorarios en forma indebida por asistir a las sesiones del Concejo Municipal de Dosquebradas (Risaralda) en el año 1999 donde no se debatieron proyectos de acuerdo y por ende de corta duración, conducta que implicó la inobservancia de los deberes señalados en los numerales 1º, 2º, 8º, 21, 22 y 23 del artículo 40 de la Ley 200 de 1995 y la prohibición contenida en el numeral 19 del artículo 41 Ibídem. Textualmente señaló:

“Tipicidad de la conducta

La falta en materia disciplinaria se estructura a partir de la infracción al deber funcional.

En el contexto anterior, vale decir que quienes ejercen una función pública, deben desempeñar el empleo, cargo o función, con diligencia, eficiencia; absteniéndose de ejecutar actos que impliquen ejercicio indebido del cargo o función, sin obtener o pretender beneficios adicionales a las contraprestaciones de ley, abstenerse de recibir remuneración por servicios no prestados, ceñirse en sus actuaciones a los postulados de la buena fe, vigilando y salvaguardando los intereses del Estado y ante todo consultando permanentemente los intereses del bien común, tal como lo disponían los numerales 2º, 8º, 21, 22 y 23 del artículo 40 de la Ley 200 de 1995, atinentes a los deberes de los servidores públicos; y el numeral 19 del artículo 41 de la misma norma, atinente a la prohibición de ordenar el pago y recibir remuneración oficial por servicios no prestados; deberes y prohibiciones que igualmente contempla la Ley 734 de 2002; preceptivas que en el presente asunto fueron desconocidas con la conducta desplegada por los concejales investigados, al tenerse acreditado que cobraron honorarios por servicios no prestados, con claro desconocimiento de la prohibición y de los deberes antes anotados, y de los principios de moralidad y eficacia que rigen la función administrativa en general y la administración municipal, por lo que sin duda el comportamiento se adecua a las faltas disciplinarias descritas en los numerales 1º, 2º, 8º, 21, 22 y 23 del artículo 40 y la escrita en el numeral 19 del artículo 41 de la Ley 200 de 1995, normas que le fueron citadas como infringidas”.

Con respecto al señor presidente de la corporación además de las anteriores normas, desconoció el deber consagrado en el numeral 18 del artículo 40 e incurrió en la prohibición contemplada en el numeral 18 del artículo 40 e incurrió en la prohibición contemplada en el numeral 19 del artículo 41 del texto legal señalado, no solo al haber percibido honorarios por servicios no prestados, sino también al ordenar su pago para sí y para los demás concejales implicados bajo estas mismas condiciones, es decir, sin haberse prestado el servicio.

De otra parte, el numeral 4º del artículo 25 de la Ley 200 de 1995, tipifica como falta disciplinaria gravísima del servidor público el hecho de obtener de manera directa para sí incremento patrimonial. Entendiendo este, claro está, el obtenido en forma injustificada, indebida o ilícita, tal como lo señaló la Corte Constitucional en Sentencia C-310 de 1997, al declarar la exequibilidad de la norma en mención, que al respecto indicó:

“De la lectura de estos cánones constitucionales y teniendo en cuenta los principios de transparencia y moralidad que deben regir la función pública (C.P., arts. 122 y 2009) es fácil que la norma demandada es fiel desarrollo de dichos mandatos y, al igual que la tipifica el delito de enriquecimiento ilícito, son disposiciones en las que “se refleja el interés que le asiste al Estado no solo de legitimar la adquisición de la propiedad, sino además de sanear la administración pública, cuyo patrimonio se ve afectado por la conducta indebida de aquellos servidores que por el ejercicio de su cargo incrementan de manera injustificada su propio peculio con grave detrimento de la moral social”.

“En virtud de lo expuesto, la Corte declarará exequible el numeral 4º del artículo 25 de la Ley 200 de 1995, en forma condicionada, esto es, en el entendido de que el incremento patrimonial a que alude este precepto es el obtenido en forma injustificada o indebida o ilícita.

Por lo tanto, los implicados con el cobro de honorarios por la asistencia a las sesiones que son objeto del presente proceso disciplinario, obtuvieron para sí incremento en su patrimonio sin justa causa, en forma indebida; adecuando con este comportamiento su conducta a la descripción del numeral 4º del artículo 25 de la Ley 200 de 1995 en los términos antes indicados”.

La sanción se fundamentó por la trasgresión de las siguientes normas de la Ley 200 de 1995:

“ART. 25.—Faltas gravísimas. Se consideran faltas gravísimas:

...

4. El servidor público o el particular que ejerza funciones públicas, que de manera directa o por interpuesta persona obtenga para sí o para otro incremento patrimonial.

“ART. 40.—Los deberes. Son deberes de los servidores públicos los siguientes:

1. Cumplir y hacer que se cumpla la Constitución, los tratados públicos ratificados por el Gobierno colombiano, las leyes, las ordenanzas, los acuerdos municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos, los manuales de funciones, las órdenes superiores, cuando correspondan a la naturaleza de sus funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y contratos de trabajo.

2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación de un servicio esencial o que implique abuso o ejercicio indebido del cargo de función.

(...)

8. Desempeñar su empleo, cargo o función sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones legales.

...

21. Ceñirse en sus actuaciones a los postulados de la buena fe.

22. Desempeñar con solicitud, eficiencia e imparcialidad las funciones de su cargo.

23. Vigilar y salvaguardar los intereses del Estado”.

“ART. 41.—Prohibiciones. Está prohibido a los servidores públicos:

...

19. Ordenar el pago o percibir remuneración oficial por servicios no prestados, o en cuantía superior a la legal, efectuar avances prohibidos por la ley y reglamentos salvo las excepciones legales”.

Insiste el actor que los actos acusados se fundamentaron en interpretaciones erróneas carentes de sustento legal y probatorio, por lo que estima que la conducta por la que se le sancionó no fue establecida por el legislador como falta disciplinaria, pues no existe norma que establezca una duración mínima para que las sesiones de los concejos municipales sean válidas y generen el pago de honorarios, y contrariamente a lo afirmado por la procuraduría, los artículos 65 y 66 de la Ley 136 de 1994 y el reglamento del Concejo Municipal de Dosquebradas solo exigen para su causación la asistencia a sesiones plenarias.

Agrega que se le violó el debido proceso y por ende las previsiones del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, puesto que el recurso de apelación que interpuso contra de la decisión que profirió el Procurador Provincial de Pereira no fue resuelto dentro de los 45 días desde que fue recibido el proceso, esto es, cuando la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública profirió la decisión ya no tenía competencia para decidir.

El problema materia de controversia se circunscribe a determinar si el señor Álvaro de Jesús Restrepo Arenas incurrió o no en las conductas que originaron la sanción disciplinaria, es decir, si su comportamiento se adecuó a la descripción que se hizo en los actos acusados, donde se le atribuyó que actuó con “dolo” porque sabía el contenido de las sesiones cuestionadas y pese a que tenía plena conciencia en que en su desarrollo no cumpliría ninguna función acudió al concejo con el único propósito de acreditar su presencia para de este modo obtener el pago de honorarios que al no corresponder a un servicio se transformaron en indebidos beneficios económicos que afectaron el presupuesto municipal.

Ahora bien, para resolver el problema jurídico planteado, son indispensables las siguientes precisiones:

Ha reiterado el Consejo de Estado que el control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo sobre los actos expedidos en ejercicio de la potestad disciplinaria, debe mantenerse al margen de erigirse en un nuevo espacio para valorar las pruebas. No obstante, dicho control judicial resulta ser el momento propicio para verificar que la prueba recaudada en el trámite disciplinario se haya ajustado a las garantías constitucionales y legales, por cuanto es apenas natural que las sanciones no se pueden imponer de cualquier modo, sino con sujeción al debido proceso, de modo que el disciplinado pueda ejercer todos los medios de réplica, como pedir la práctica de las pruebas que puedan beneficiarlo, obtener su decreto y práctica, así como controvertir los medios demostrativos que puedan inculparlo. También resulta procedente cuando de la apreciación que de ellas hubiere hecho el órgano disciplinario resulte ser totalmente contra evidente, esto es, contraria al sentido común y alejada de toda razonabilidad, como cuando las instancias disciplinarias persisten en tener como probado un hecho sin que haya rastro de su existencia; o inadvierten hechos exculpatorios demostrados. Tan es así que cuando esas suposiciones u omisiones de la prueba tienen la fuerza para hacer cambiar la decisión, puede el órgano jurisdiccional ejercer un poder controlador de la actividad correccional.

El artículo 14 de la Ley 200 de 1995 establece en relación con la culpabilidad que “En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas solo son sancionables a título de dolo o culpa”, ello quiere decir que para ser sancionado disciplinariamente a título de dolo como en el presente asunto, se debe previamente establecer la intencionalidad o el elemento volitivo del agente que lleva el implícito “el desear” o “el querer” la materialización de algo que es censurado por el ordenamiento jurídico.

El artículo 312 de la Constitución Nacional, vigente para el momento en que acaecieron los hechos que generaron la investigación disciplinaria, en relación con los concejales, señalaba entre otros aspectos, que estos serían elegidos para un periodo de tres años, que la ley determinará la calidades, inhabilidades e incompatibilidades, la época de las sesiones ordinarias y los casos en que tienen derecho a honorarios por su asistencia a sesiones, y precisó que no tendrán la calidad de empleados públicos. Por su parte el artículo 123 Ibídem los incluyó como servidores públicos.

La Ley 136 de 2 de junio de 1994, determinó los casos en que los concejales tienen derecho a honorarios por su asistencia a sesiones, de la siguiente forma:

ART. 65.—Reconocimiento de derechos. Los miembros de los concejos de las entidades territoriales tienen derecho a reconocimiento de honorarios por la asistencia comprobada a las sesiones plenarias (resalta la Sala).

Así mismo, tienen derecho, durante el periodo para el cual fueron elegidos, a un seguro de vida y a la atención médico-asistencial personal, vigente en la respectiva localidad para los servidores públicos municipales.

Las resoluciones que para efecto de reconocimiento de honorarios expidan las mesas directivas de los concejos, serán publicadas en los medios oficiales de información existentes en el respectivo municipio o distrito. Cualquier ciudadano o persona podrá impugnarlas, y la autoridad competente, según el caso, dará curso a la investigación o proceso correspondiente.

PAR.—Los honorarios de que trata este artículo se causarán a partir del 1º de enero de 1994.

ART. 66.—Causación de honorarios. El pago de honorarios a los concejales se causará durante los periodos de sesiones ordinarias y extraordinarias que celebren estas corporaciones, y no tendrán efecto legal alguno con carácter de remuneración laboral ni derecho al reconocimiento de prestaciones sociales.

En los municipios de categoría especial, primera y segunda los honorarios serán equivalentes al ciento por ciento (100%) del salario básico diario que corresponde al alcalde respectivo, por sesión, y hasta por veinte sesiones en el mes. En los municipios de categorías tercera y cuarta, serán equivalentes al {setenta y cinco por ciento (75%) del*} salario del alcalde y hasta por doce (12) sesiones en el mes. En los municipios de las demás categorías, serán equivalentes al {cincuenta por ciento (50%) del*(1)} salario diario del alcalde y hasta por doce (12) sesiones en el mes.

Los reconocimientos de que trata la presente ley se harán con cargo a los respectivos presupuestos municipales o distritales, siempre que no se afecten partidas destinadas a inversión, de acuerdo con los planes correspondientes, o las de destinación específica según la ley. En consecuencia, solo podrán afectar gastos de funcionamiento de la administración que correspondan a sus recursos ordinarios.

Se autoriza a los concejos para proceder a los traslados presupuestales que sean necesarios.

PAR.—Los honorarios son incompatibles con cualquier asignación proveniente del tesoro público, excepto con aquellas originadas en pensiones o sustituciones pensionales.

En relación con el reconocimiento de honorarios a los concejales, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado hizo las siguientes precisiones:

“1) La Ley 136 de 1994 contempla los honorarios para los concejales como un incentivo por su labor, sin que constituyan remuneración de carácter laboral, y señaló límites para su reconocimiento. Sin embargo, para que los concejales tengan derecho al pago completo de los honorarios que se les reconozcan es necesario que asistan a las sesiones plenarias para las cuales sean convocados; en caso contrario, deberá reconocérseles una suma proporcional a las sesiones plenarias a que efectivamente asistieron en cada mes, sin perjuicio de la correspondiente sanción disciplinaria a que haya lugar.

2) El derecho al pago de honorarios corresponde a la asistencia de los concejales a las sesiones plenarias de los periodos ordinarios o extraordinarios.

3) Si los concejales asisten a tiempo a una convocatoria para una sesión plenaria del concejo, realizada de conformidad con el reglamento interno, pero ella no se lleva a cabo por razones ajenas a su voluntad, de este hecho debe dejarse la correspondiente constancia por el secretario del concejo, según el mismo reglamento (art. 31, ibíd.). En este caso, la asistencia debidamente comprobada se computará para el pago de los honorarios(2) (resalta la Sala)”.

Por su parte el Acuerdo 61 de 6 de diciembre de 1998 del Concejo Municipal de Dosquebradas Risaralda (fls. 235 y ss. del proceso disciplinario), por el cual se modifica el reglamento interno de dicha corporación, en lo pertinente a los aspectos materia de la presente controversia, establece:

“ART. 5º—Periodo de sesiones. El Concejo Municipal sesionará máximo una vez por día, seis meses al año, en sesiones ordinarias, así:

a. El primer periodo será en el primer año de sesiones, del dos de enero posterior a su elección, al último día del mes de febrero del respectivo año.

El segundo y tercer año de sesiones tendrá como primer periodo el comprendido entre el primero de marzo y el treinta de abril.

b. El segundo periodo será del primero de junio al último día de julio, y

c. El tercer periodo será del primero de octubre al treinta de noviembre, con el objetivo prioritario de estudiar, aprobar o improbar el presupuesto municipal.

PAR. 1º—Cada periodo ordinario podrá ser prorrogado por diez días calendario más, a voluntad del respectivo concejo.

PAR. 2º—El alcalde podrá convocar a sesiones extraordinarias en oportunidades diferentes, para que se ocupen exclusivamente de los asuntos, que se sometan a su consideración, mediante un decreto en el cual se consigne el temario y la duración de las mismas.

...”

“ART. 11.—Mesa directiva. La mesa directiva del Concejo Municipal estará integrada por un presidente, un primer vicepresidente y un segundo vicepresidente, elegidos separadamente para un periodo de un año.

...”.

“ART. 12.—Funciones de la mesa directiva. Son funciones de la mesa directiva las siguientes:

...

3. El reconocimiento mediante resolución de los honorarios de los concejales por la asistencia a sesiones”.

...

“ART. 19.—Funciones del presidente. Corresponde al presidente:

...

7. Elaborar el proyecto de orden del día de las sesiones.

...”

“ART. 28.—Duración. Cada sesión durará hasta tres horas, contadas desde el primer minuto de la hora fijada. La sesión será permanente si el concejo así lo aprueba en la última media hora de la sesión ordinaria pero en todo caso deberá terminar a las doce (12) de la noche”.

“ART. 29.—Citación de los concejales. La secretaría deberá citar a los concejales para sesiones ordinarias y extraordinarias”.

“ART. 84.—Honorarios. Los concejales tienen derecho al reconocimiento de honorarios por la asistencia comprobada a sesiones plenarias.

PAR. 1º—El pago de honorarios a los concejales se causará durante el periodo de sesiones ordinarias o extraordinarias que celebren las corporaciones.

PAR. 2º—Los honorarios serán equivalentes al ciento por ciento del salario básico diario que corresponde al alcalde, por cada sesión y hasta por veinte (20) sesiones al mes.

PAR. 3º—Si los concejales asisten a una convocatoria realizada de conformidad con el reglamento interno, pero ella no se lleva a cabo por razones ajenas a su voluntad, de este hecho debe dejarse la correspondiente constancia por el secretario del Concejo, según el mismo reglamento (art. 32, ibíd.). En este caso, la asistencia debidamente comprobada, se computará para el pago de honorarios”.

De acuerdo con las disposiciones anteriores no se censura la conducta de los concejales cuando asisten a tiempo a una convocatoria para una sesión plenaria realizada con apego al reglamento interno, que no se realiza por razones ajenas a su voluntad, evento en el que se dejará la correspondiente constancia por el secretario de la corporación, caso en el cual, la asistencia debidamente comprobada, se computará para el pago de honorarios.

Corresponde a la Sala determinar si la conducta del concejal Álvaro de Jesús Restrepo Arenas estuvo revestida de dolo o del elemento volitivo de intencionalidad “deseo” o “querer” asistir a las sesiones plenarias cuestionadas por la Procuraduría, donde no se debatieron o aprobaron acuerdos con el fin de percibir honorarios y como consecuencia defraudar el presupuesto municipal, o si por el contrario, la asistencia a dicha sesiones obedeció a las convocatorias que se hicieron con apego al reglamento y estas no se realizaron por razones ajenas a su voluntad.

No es materia de discusión que durante el año 1999 se realizaron en el Concejo Municipal de Dosquebradas 182 sesiones plenarias ordinarias y extraordinarias, y por cada sesión a la que asistieron los concejales se les reconoció y pago la suma de $ 118.230 por concepto de honorarios (fls. 203 y ss. del proceso disciplinario), sin tener en cuenta aquellas que se efectuaron en las comisiones permanentes y accidentales que no son remuneradas.

Se estableció también que al demandante se le concedió una licencia temporal no remunerada entre el 2 de marzo y el 1º de junio de 1999 (fl. 282 del proceso disciplinario), es decir no participó en las sesiones realizadas los días 23 y 24 abril, 2, 9 y 10 de mayo de ese año cuestionadas por la Procuraduría, pues de ello dan cuenta las actas 054, 055, 057, 064 y 065 de 1999 (fls. 115 a 125, cdno. 1 del proceso disciplinario) y por ende no le fueron remuneradas como consta en las nóminas de pago (fls. 81 y ss. del cdno. 1 del proceso disciplinario y 804 a 809 cdno. 3 del proceso disciplinario). Igualmente se probó que no asistió a la sesión extraordinaria realizada el día 25 de diciembre de ese año por la que tampoco percibió honorarios (fls. 91, 97 y 98 del cdno. 1 del proceso disciplinario).

Para el año 1999 el actor no se desempeñó como presidente del Concejo Municipal de Dosquebradas, ni perteneció a la mesa directiva de dicha corporación, pues dichos cargos fueron desempeñados en su orden por el señor Miguel Ángel Correa Bedoya, presidente (fl. 774, cdno. 3 del proceso disciplinario), José Humberto García Morales, primer vicepresidente, y Janeth Patricia Martínez Osorio, segundo vicepresidente (fls. 801 y ss., cdno. 3 del proceso disciplinario).

Del contenido de las actas de las sesiones que originaron la sanción disciplinaria (fls. 93 y ss., cdno. 1 del proceso disciplinario) se evidencia que estas fueron convocadas por el presidente de la corporación, incluso las extraordinarias que se originaron por iniciativa del alcalde municipal (fls. 114 y 115, cdno. anexo 1 del proceso disciplinario), y no por el actor. Además conforme lo establece el numeral 7º del artículo 19 del reglamento del Concejo Municipal de Dosquebradas (fls. 235 y ss. del cdno. 1 del proceso disciplinario), el presidente del Concejo Municipal tiene como función elaborar el proyecto del orden del día de las sesiones.

En las actas de las sesiones cuestionadas por la Procuraduría (fls. 93 y ss. cdno. 1 del proceso disciplinario) al unísono se enlista dentro de los asuntos a tratar en el orden del día “proyectos de acuerdo para debate en plenaria” cuya función como se dijo corresponde al presidente del concejo municipal.

De acuerdo a lo anterior se tiene que era obligación del concejal Álvaro de Jesús Restrepo Arenas asistir a las sesiones plenarias del Concejo Municipal de Dosquebradas a las que fue convocado, y a las que dejó de asistir lo hizo por estar en uso de licencia tal como se probó en el proceso disciplinario (fls. 281 y 282 del proceso disciplinario).

No se le puede atribuir al actor el hecho de que en dichas sesiones no se hubieran debatido o aprobado acuerdos, porque quien tenía la obligación de cerciorarse de la existencia de proyectos a debatir o aprobar, era el presidente del concejo municipal, a quien correspondía elaborar el orden del día, y en consecuencia, dicha labor la debió realizar previamente a la convocatoria a la correspondiente sesión plenaria.

No existe dentro del proceso prueba que indique que el demandante hubiera influido o concertado con el presidente del Concejo Municipal de Dosquebradas para que convocara a las sesiones plenarias cuestionadas por la Procuraduría, y menos en relación con aquellas sesiones que se realizaron cuando se encontraba en uso de licencia.

Por el contrario, el actor asistió a algunas de las sesiones que reprochó el ente demandado, en cumplimiento de sus deberes como miembro del concejo, donde por razones ajenas a su voluntad no se debatieron ni aprobaron acuerdos, porque no estaba a su cargo establecer el orden del día que debía disponerse a consideración de los miembros del concejo, ni hacer la respectiva convocatoria.

El artículos 65 de la Ley 134 de 1994 fue claro en señalar que los honorarios se causan por la asistencia comprobada de los concejales a las sesiones plenarias, y así lo reiteró el artículo 84 del reglamento del Concejo Municipal de Dosquebradas (fls. 235 y ss. del cdno. 1 del proceso disciplinario), disposición última que precisó que cuando estas no se realizan por razones ajenas a la voluntad de los concejales, el secretario de la corporación dejará la constancia, y se computará para el pago de honorarios.

Entonces no resulta censurable que el demandante hubiera recibido honorarios por haber asistido a sesiones plenarias donde por razones ajenas a su voluntad no debatieron o aprobaron acuerdos, pues conforme a lo probado en este asunto, su comportamiento no contrarió las disposiciones anteriormente citadas, pues estas permitían su reconocimiento, y por esa razón resulta atípica la conducta que se le atribuyó en el proceso disciplinario.

Tampoco se le puede atribuir al actor que su conducta haya sido dolosa, pues no se demostró dentro del proceso su “deseo” o “querer” asistir a las sesiones cuestionadas solo con el propósito de obtener para él un beneficio económico en detrimento del presupuesto municipal, y menos que con ese mismo propósito hubiere influido en el presidente del concejo municipal para que las convocara y omitiera poner a consideración de los concejales los proyectos.

Además, fue un porcentaje mínimo de sesiones a las que se le convocó y asistió donde el presidente del Concejo Municipal de Dosquebradas no presentó proyectos de acuerdo para debatir o aprobar en relación con el total de sesiones plenarias realizadas y desarrolladas en debida y legal forma durante el año 1999.

No fue el demandante quien ordenó el reconocimiento de los honorarios de los concejales por la asistencia a las sesiones plenarias reprochadas por la Procuraduría, porque dicha función al tenor de lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 136 de 1994 y numeral 3º del artículo 12 del reglamento del Concejo Municipal de Dosquebradas le corresponde a la mesa directiva de dicha corporación (fls. 235 y ss. del cdno. 1 del proceso disciplinario), quien fue la encargada de determinar sobre qué sesiones se pagarían honorarios, y de ahí la razón para que expidiera las resoluciones 7, 034 A, 044, 049, 051, 056, 084, 094 y 111 de enero 27, abril 26, mayo 10, junio 10, junio 23, julio 24, octubre 12, noviembre 11 y diciembre 27 todas del año 1999 (fls. 801 y ss. del cdno. 3 del proceso disciplinario) con las cuales los reconoció.

Por las razones que anteceden, la Sala declarará la nulidad de la Resolución 7 de 26 de junio de 2003 y la decisión de 20 de diciembre de ese mismo año, proferidas por la Procuraduría Provincial de Pereira y Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, respectivamente, mediante las cuales se declaró al señor Álvaro de Jesús Restrepo Arenas disciplinariamente responsable y lo sancionó con destitución e inhabilidad para el desempeño de funciones públicas por el término de 5 años, y como consecuencia se ordenará a la entidad demandada proceda a desanotar la sanción del registro de antecedentes disciplinarios.

En lo que respecta a la pretensión de restablecimiento del derecho, no hay lugar a ella, pues para la Sala no se existe certeza que la publicidad de la sanción que le impuso la Procuraduría hubiera sido la causa para que el actor perdiera las elecciones de alcalde realizadas en octubre de 1993 para el municipio de Dosquebradas a las que se postuló como candidato.

En efecto, sin desconocer la noticia que sobre la sanción se dio a conocer en diferentes medios de comunicación regional (fls. 255 y ss. del cdno. principal del expediente), y las versiones que rindieron Juan Carlos Vélez Franco, Francy Helena Saray Rubio, Guillermo Espinosa y Adriana Loaiza Jiménez (fls. 20 a 25 y 117 y ss., cdno. 2 del expediente), para la Sala no resulta admisible aceptar que la publicidad de la sanción fue la causa para que perdiera las citadas justas electorales, pues de ser cierto dicho argumento, el actor no hubiera obtenido la abrumadora votación que certificó la Registraduría Nacional del Estado Civil (fls. 9, cdno. 2 del expediente).

Habría lugar al restablecimiento pretendido si lo hubieran elegido alcalde de Dosquebradas, y no hubiera podido ejercer el cargo como consecuencia de la sanción que se le impuso mediante los actos acusados, pero como no fue elegido, no hay lugar a acceder a dicha pretensión.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE LA NULIDAD de la Resolución 7 de 26 de junio de 2003 y la decisión de 20 de diciembre de ese mismo año, proferidas por la Procuraduría Provincial de Pereira y Procuraduría Delegada para la moralidad pública, respectivamente, mediante las cuales se declaró al señor Álvaro de Jesús Restrepo Arenas disciplinariamente responsable y lo sancionó con destitución e inhabilidad para el desempeño de funciones públicas por el término de 5 años, y como consecuencia se ordena a la entidad demandada proceda a desanotar la sanción del registro de antecedentes disciplinarios.

DENIÉGANSE las demás súplicas de la demanda de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

A la sentencia se dará cumplimiento en los términos de los artículos 176 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

Por la secretaría de la Sección Segunda, devuélvase los cuadernos del original del proceso disciplinario a la entidad demandada y allegados a esta corporación mediante oficio P.P.P. Nº 4567 de 10 de diciembre de 2009 (fl. 447, cdno. principal del expediente).

Cópiese, notifíquese y ejecutoriada, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(1) Corte Constitucional. Sentencia C-316 de 18 de julio de 1996. Los textos subrayados y en corchete [*] fueron declarados inexequibles.

(2) Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Magistrado ponente: Humberto Mora Osejo. Radicación 631 concepto de 24 de agosto de 1994.