Sentencia 2005-00130 de diciembre 5 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Ref.: Expediente 180012331000200500130 01.

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez (e)

Número interno: 2309-2013.

Actor: Eduardo Arturo Matson Ospino.

Autoridades Nacionales.

Bogotá, D. C., cinco de diciembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problema jurídico

Consiste en determinar si el acto por medio del cual la secretaria general de la Fiscalía General de la Nación que aceptó la renuncia del demandante al cargo de fiscal delegado ante el Tribunal de Distrito de la Dirección Seccional de Fiscalías de Florencia - Caquetá se produjo con desviación de poder.

Acto acusado

Resolución 2-3069 de 29 de noviembre 2004 (fl. 53), proferida por la secretaria general de la Fiscalía General de la Nación, por medio de la cual aceptó la renuncia presentada por Eduardo Arturo Matson Ospino al cargo de fiscal delegado ante Tribunal de Distrito de la Dirección Seccional de Fiscalías de Florencia - Caquetá, a partir del 29 de noviembre de 2004.

Escrito de renuncia

Mediante escrito de 24 de noviembre de 2004, dirigido al Fiscal General de la Nación, el demandante presentó la renuncia al cargo que desempeñaba, en los siguientes términos (fl. 49):

“Atendiendo las últimas orientaciones concedidas por su despacho, le informo que RENUNCIO IRREVOCABLEMENTE a continuar siendo miembro de esa prestigiosa y entrañable entidad. Voluntad que espero sea aceptada sin ninguna clase de dilatación a más tardar el 29 de noviembre del cursante año, pues la secretaria general ha dado muestra de urgir la necesidad de mi retiro del cargo.

La renuncia no se debe a un deseo inexorable, toda vez que la Fiscalía es y seguirá siendo la casa donde me he formado destacadamente como funcionario de bien y buenas costumbres desde su creación, en el cargo de técnico judicial, pasando por auxiliar, secretario, fiscal local (concurso), fiscal seccional y fiscal delegado ante el tribunal desde hace más de tres años, sino por entender que no encuentro el respaldo ni el espacio suficiente para continuar ejerciéndome como miembro de esa institución hasta la entrada en vigencia del nuevo sistema penal. Menos, entendiendo que este entrará a regir en el departamento del Caquetá y en la Costa Atlántica a partir del año 2007 y 2008 respectivamente.

Aunque en la actualidad me encuentro incapacitado por problemas de salud, tengo conocimiento de la resolución expedida por su despacho con la numeración 0-5196 del 29 de octubre de 2004, degradándome al cargo de técnico judicial II, el cual se me reconoció en carrera este año. De tal suerte, Eduardo Arturo Matson Ospino, como hombre honorable y digno de una estirpe familiar ampliamente considerada en la ciudad de Cartagena de Indias, me encuentro forzado a actuar en el sentido expreso.

Suficiente tuve con haber sido trasladado por la secretaria general hacia la ciudad de Florencia – Caquetá, donde actúo desde hace dos años cumplidos, alejado de mi esposa, hijos menores de edad, mis padres ancianos, hermanos y del ambiente donde nací, crecí y formé profesionalmente. No obstante no guardo ninguna clase de resentimiento contra usted, de quien poseo plena información de sus excelsas condiciones humanas, ni mucho menos contra ningún miembro de su administración.

Finalmente la deseo éxitos en sus funciones y que el gran arquitecto del Universo lo proteja siempre e inunde de bendiciones sobre su salud, prosperidad y felicidad (…)”.

De lo probado en el proceso

El analista de recursos humanos de la dirección seccional administrativa y financiera de la Fiscalía General de la Nación de Cartagena de Indias, mediante certificación de 8 de febrero de 1994 señaló (fl. 1):

“Que el señor Eduardo Arturo Matson Ospino, laboró en el Juzgado 3º de Instrucción Criminal de esa ciudad desde el 16 de octubre de 1990 hasta el 30 de junio de 1992, en el cargo de oficial mayor grado 9º; el 1 de julio de 1992 fue incorporado a la Fiscalía General de la Nación en el cargo de auxiliar de fiscal grado 9º mediante Resolución 3; posteriormente fue nombrado en el cargo de secretario auxiliar grado 10 de la unidad previa y permanente, mediante Resolución 22 de 21 de diciembre de 1992, quien tomó posesión del cargo el mismo día según Acta 267.

En la actualidad desempeña el cargo de técnico judicial II”.

Mediante Resolución 860 de 28 de octubre de 1993 el señor Eduardo Matson Ospino hizo parte del comité de candidatos que aspiraban a ingresar a las unidades locales de fiscalías (fls. 6 y 7).

A través de la Resolución 1 de 3 de enero de 1994, se le asignaron las funciones de jefe de secretaría común de la unidad previa y preventiva en el período comprendido entre el 3 y el 13 de enero de 1994, período de vacaciones del titular (fl. 8).

Por medio de la Resolución 860 de 23 de mayo de 1994 fue nombrado fiscal local en la dirección seccional de Cartagena, la cual le fue notificada el 7 de junio de la misma anualidad (fls. 9 a 11).

El 17 de enero de 1994 fue nombrado en provisionalidad en el cargo de fiscal seccional de Cartagena por el término de 25 días, mediante la Resolución 932, la cual le fue notificada el 21 de enero de la misma anualidad (fls. 12 y 13).

El Director Seccional Administrativo y Financiero de la Fiscalía de Cartagena de Indias, por Resolución 1081 de 5 de octubre de 1995, encargó al Dr. Eduardo Matson Ospino en el cargo de fiscal seccional de fiscal seccional (sic) de la unidad coordinadora de patrimonio económico, quien tomó posesión del cargo mediante Acta 567 de 20 de octubre de la misma anualidad (fls. 14 a 16).

Por Resolución 1502 de 21 de diciembre de 1995, el director seccional administrativo y financiero de la fiscalía de Cartagena de Indias encargó al actor en el cargo de fiscal seccional de la unidad de vida de Cartagena de Indias del 26 de diciembre de 1995 al 19 de enero de 1996, período de vacaciones del titular (fls. 17 y 18).

El 15 de diciembre de 1997, el Director Seccional Administrativo y Financiero, a través de la Resolución 1846 de 15 de diciembre de 1997, encargo al Dr. Matson Ospino en el cargo de fiscal delegado ante los jueces del circuito de la unidad de administración pública de la dirección seccional de fiscalías de Cartagena, mientras dure la licencia de maternidad de la Dra. Emerita del Socorro Mora Insuasty, habiendo tomado posesión del cargo el 15 de diciembre de la misma anualidad (fls. 19 a 21).

Mediante Resolución 232 de 16 de febrero de 1998, el director seccional administrativo y financiero de la fiscalía de Cartagena de Indias, encargó a partir del 24 de febrero de 1998 al actor en el cargo de fiscal delegado ante los jueces del circuito de la unidad seccional de administración pública de Cartagena, habiendo tomado posesión del cargo mediante Acta 37 (fls. 22 a 24).

A través de la Resolución 820 de 8 de abril de 1998, el Fiscal General de la Nación nombró en provisionalidad al demandante en el cargo de fiscal delegado ante los jueces del circuito de la dirección seccional de fiscalías de Cartagena, cargo que fue aceptado y del cual tomó posesión (fls. 25 a 29).

Mediante Resolución 2627 de 15 de abril de 1998, el director seccional de fiscalías de Cartagena de Indias ubicó al Dr. Eduardo Arturo Matson Ospino en la fiscalía delegada ante los jueces penales del circuito de Magangué, quien fue trasladado posteriormente por Resolución 982 de 29 de marzo de 2005 a la Fiscalía 13 de la unidad de administración pública de Cartagena (fls. 30 a 33).

El Fiscal General de la Nación a través de la Resolución 405 de 16 de abril de 2001, nombró en provisionalidad en el cargo de fiscal delegado ante el tribunal de distrito, de la dirección seccional de fiscalías de Cartagena al Dr. Eduardo Arturo Matson Ospino (fl. 34).

El Director Seccional de Fiscalías por Resolución 45 de 23 de abril de 2001 ubicó al señor Matson Ospino en la Fiscalía 4 delegada ante el tribunal superior del distrito judicial de Cartagena, quien tomó posesión mediante Acta 61 de 25 de abril de 2001 (fls. 34 a 36).

A través del escrito de 8 de julio de 2002, el jefe de la oficina de personal de la Fiscalía General de la Nación le comunicó al Dr. Eduardo Arturo Matson Ospino la Resolución 2-1483 de 3 de julio de 2002 expedida por la secretaria general de la entidad, mediante la cual se originaba su traslado de la dirección de fiscalías de Cartagena a la dirección de fiscalías de Florencia – Caquetá (fls. 37 y 38).

La secretaria general de la Fiscalía General de la Nación, mediante Oficio STGR – 11172 de 3 de noviembre de 2004, le remitió al director seccional administrativo y financiero de la fiscalía de Florencia – Caquetá, la Resolución 5196 de 29 de octubre de 2004, mediante la cual se declaró terminado el nombramiento en provisional realizado al Dr. Eduardo Arturo Matson Ospino como fiscal delegado ante el tribunal de distrito de la dirección seccional de fiscalías de Florencia, quien debía ocupar nuevamente el cargo de técnico judicial II en la misma dirección seccional de fiscalías (fls. 47 y 48).

Mediante escrito de 24 de noviembre de 2004, el actor presentó renuncia al cargo de fiscal delegado ante el tribunal de distrito de la dirección seccional de fiscalías de Florencia, la cual le fue aceptada por la secretaría general de la Fiscalía General de la Nación mediante Resolución 2-3069 de 29 de noviembre de 2004 (fls. 49 a 53).

La secretaría general de la Fiscalía General de la Nación, mediante Oficio 11875 de 19 de noviembre de 2004, le comunicó al demandante que mediante Resolución 5577 de la misma fecha, había sido nombrado en el cargo de fiscal delegado ante los jueces del circuito de la dirección seccional de fiscalías de Quibdó, decisión que fue rechazada por el Dr. Matson Ospino (fls. 54, 55, 57 y 58).

Mediante Oficio 12522 de 1º de diciembre de 2004, la secretaria general de la Fiscalía General de la Nación le comunica al director sección de fiscalías de Florencia – Caquetá que mediante Resolución 5826 de 22 de noviembre de 204, fue nombrado en provisionalidad el Dr. Carlos Arturo Baquero Contreras en el cargo de fiscal delegado ante el tribunal de distrito de la dirección seccional de fiscalías de esa ciudad (fls. 59 y 60).

Frente a las excepciones planteadas por la entidad demandada en el recurso de apelación, la Sala señala que las mismas serán desatadas al estudiar el fondo del asunto, comoquiera que estas tiene incidencia en los argumentos aquí planteados.

Análisis de la Sala

Teniendo en cuenta que el recurso de apelación presentado por la entidad demandada es el marco de juzgamiento que delimita la segunda instancia, procede la Sala a su estudio en el siguiente orden:

La apoderada de la entidad demandada sustenta su inconformidad con la decisión de primera instancia en el hecho de que la renuncia del cargo presentada por el demandante reúne los requisitos dispuestos en la Resolución 1280 de 6 de junio de 1995, proferida por la Fiscalía General de la Nación, pues fue presentada de forma inequívoca, libre y espontánea, no demostrándose la desviación de poder por parte del Fiscal General de la Nación, comoquiera que no existe prueba que demuestre que el Dr. Eduardo Arturo Matson Ospino hubiere sido conminado a renunciar por presión indebida de la administración, ya que no hay un hecho indicador que permita concluir que el Fiscal ejerció la facultad discrecional con fines distintos a los señalados en las normas

Previo al estudio de los cargos, la Sala hace las siguientes precisiones:

Vinculación laboral

Para la fecha de la renuncia, 24 de noviembre de 2004, el actor se encontraba nombrado en provisionalidad en el cargo de fiscal delegado ante el tribunal del distrito de la dirección seccional de fiscalías de Florencia - Caquetá.

La Ley Estatutaria de Administración de Justicia (270 de 1996) reguló la carrera judicial manteniendo la vigencia de algunas disposiciones del Decreto-Ley 52 de 1987, por mandato expreso del artículo 204.

De acuerdo con el artículo 130 de la Ley 270 de 1996 el cargo de fiscal delegado ante el tribunal del distrito de la dirección seccional de fiscalías, que ocupaba el demandante, es de carrera porque no se encuentra dentro de los previstos como de libre nombramiento y remoción. La norma en cita dispone lo siguiente:

“Clasificación de los empleos. (…)

Son de libre nombramiento y remoción los cargos de magistrado auxiliar, abogado asistente y sus equivalentes; los cargos de los despachos de magistrados enunciados en los incisos anteriores, los adscritos a la presidencia y vicepresidencia de estas corporaciones; los de los secretario y directores administrativos de esas corporaciones; los cargos de los despachos de los magistrados de los tribunales; los cargos de vicefiscal general de la nación, secretario general, directores nacionales, directores regionales y seccionales, los empleados del despacho del Fiscal General, del vicefiscal y de la secretaría general, y los de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Estos cargos no requieren confirmación.

Son de carrera los cargos de magistrado de los tribunales superiores de distrito judicial y de los tribunales contencioso administrativos y de las salas disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura; de los fiscales no previstos en los incisos anteriores; de juez de la República, y los demás cargos de empleados de la Rama Judicial.

PAR. TRANS.—Mientras subsistan el tribunal nacional y los juzgados regionales, son de libre nombramiento y remoción los magistrados, jueces y empleados a ellos vinculados, lo mismo que los fiscales delegados ante el tribunal nacional y los fiscales regionales” (destacado por la Sala).

Requisitos de la renuncia

La renuncia se produce cuando el empleado manifiesta por escrito, en forma espontánea e inequívoca, su decisión de separase del servicio (D. 2400/68, art. 27 y D. 1950/73, art. 111).

El artículo 121 del Decreto 1660 de 1978, determina como requisitos de la renuncia los siguientes:

“La renuncia se produce cuando el funcionario o empleado manifiesta por escrito, en forma espontánea e inequívoca, su decisión de separarse del empleo de que ha tomado posesión”.

En relación con el tema de la renuncia, el Consejo de Estado en fallo de 6 de agosto de 2009, Radicación 2075-08, M. P. Víctor Hernando Alvarado, expresó:

“De lo anterior se puede colegir que la renuncia es el derecho de manifestar de forma escrita e inequívoca la voluntad de retirarse del cargo que se está ejerciendo. Así lo ha entendido esta corporación(1):

“De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico cuando el servidor público opta por retirarse del servicio mediante la modalidad en estudio, la dimisión ha de tener su origen o su fuente generatriz en el libre, franco y espontáneo impulso psíquico y querer del sujeto, que descifran su plena voluntad.

Así, pues, esa renuncia debe reflejar la voluntad inequívoca del funcionario de retirarse de su empleo, debe ser consciente, ajena a todo vicio de fuerza o engaño”.

La entidad demandada afirma que la renuncia presentada por el actor reúne los requisitos dispuestos en el artículo 133 de la Resolución 1280 de 6 de junio de 1995, proferida por el Fiscal General de la Nación según el cual “la renuncia se produce cuando el servidor manifiesta por escrito, de manera inequívoca, libre y espontánea, su deseo de separarse definitivamente del servicio”.

Del contenido del documento en que el demandante expresa su renuncia al cargo de fiscal delegado ante el tribunal superior de Florencia – Caquetá, podría entenderse, en principio, que tal manifestación la hizo en forma inequívoca, libre y espontánea, sin embargo, observa la Sala que las pruebas allegadas al plenario evidencian una falta de voluntad en la dimisión por las siguientes razones:

El actor adujo que su renuncia se debió a las últimas orientaciones concedidas por su despacho, pues la secretaria general de la Fiscal General de la Nación ha dado muestra de urgir la necesidad del retiro de su cargo.

Para probar la anterior afirmación se allegaron las siguientes pruebas:

1. La Fiscalía General de la Nación, mediante Resolución 405 de 16 de abril de 2004, nombró en provisionalidad al Dr. Eduardo Arturo Matson Ospino en el cargo de fiscal delegado ante el tribunal de distrito de la dirección seccional de fiscalías de Cartagena, quien tomó posesión del cargo el 25 de abril de la misma anualidad (fls. 34 a 36).

2. La secretaria general de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Resolución 2-1483 de 3 de julio de 2002, trasladó al actor de la dirección seccional de fiscalías de Cartagena a la dirección seccional de fiscalías de Florencia, la cual fue debidamente comunicada a la directora seccional de fiscalías de Cartagena (fls. 37 y 38).

3. El 29 de octubre de 2004, el Fiscal General de la Nación mediante Resolución 5196 de 29 de octubre de 2004 dio por terminado el nombramiento en provisionalidad del demandante como fiscal delegado ante el tribunal de distrito de la dirección seccional de Fiscalías de Florencia – Caquetá, quien deberá ocupar nuevamente el cargo de técnico judicial II en dicha Fiscalía (fl. 48).

4. El Fiscal General de la Nación, mediante Resolución 5826 de 22 de noviembre de 2004 nombró a Carlos Alberto Baquero Contreras en el cargo de fiscal delegado ante el tribunal de distrito de la dirección seccional de fiscalías de Florencia – Caquetá, comunicación que fue dada a conocer mediante el Oficio STGR 12523 de 1º de diciembre de 2004 (fl. 60).

5. Aunado a lo anterior, el demandante presentó renuncia irrevocable el 24 de noviembre de 2004, siendo aceptada por la secretaría general de la entidad demandada mediante Resolución 2-3069 de 29 de noviembre de la misma anualidad, la cual le fue comunicada mediante Oficio STGR – 12319 del mismo día (fls. 49 a 53).

6. Mediante Oficio STGR-12523 de 1º de diciembre de 2004, expedido por la secretaria general de la Fiscalía General de la Nación, se le comunicó al Dr. Carlos Arturo Baquero Contreras la designación efectuada mediante Resolución 5826 de 22 de noviembre de 2004 en el cargo de fiscal delegado ante el tribunal del distrito judicial de Florencia – Caquetá (fl. 60).

7. El a quo mediante oficio de 18 de septiembre de 2006, solicitó a la Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal certificara si el Dr. Carlos Alberto Baquero Contreras solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación como fiscal delegado ante los jueces del circuito (fl. 1 cdn. 2).

8. Cajanal, mediante oficios C.O.A.U. 8154 de 2 de octubre de 2006 y GN-29371 de 9 de octubre de 2009 proferido por el grupo de nómina de Cajanal, en los que se indica que el señor Baquero Contreras Carlos, registra su solicitud de pensión con el radicado Nº 31217/2004; que mediante Acto Administrativo 22441 de 5 de agosto de 2005 le fue reconocida la pensión de vejez, la cual se le notificó el 26 de agosto de la misma anualidad; y posteriormente en cumplimiento de un fallo de tutela mediante Resolución 39183 de 22 de noviembre de 2005 se le incrementó el valor de la pensión (fls. 2 a 4 cdn. 2).

Ahora bien, como la causal invocada fue la desviación de poder, debe entenderse esta figura como una modalidad de ilegalidad que se predica del elemento teleológico del acto administrativo, que en los actos discrecionales gira en torno a lograr la mejor prestación del servicio público y la buena marcha de la administración (C.P., art. 2º y CCA, art. 2º), lo cual constituye la esencia de su ser.

En el caso concreto, y de conformidad con las documentales enunciadas anteriormente se evidencia que el hecho generador de la renuncia del actor no fue la voluntad libre y espontánea, sino que la misma obedeció a razones de favorecimiento personal, pues la intención que se tuvo para separar del cargo al Dr. Eduardo Arturo Matson Ospino fue la de beneficiar al Dr. Carlos Alberto Baquero Contreras, funcionario que se encontraba próximo a adquirir su status pensional tal como se probó con la solicitud de pensión radicada en Cajanal bajo el radicado Nº 31217/2004 y posterior reconocimiento de pensión de vejez, la cual le fue otorgada mediante Acto Administrativo 22441 de 5 de agosto de 2005, notificada el 26 de agosto de 2005 y reliquidada en cumplimiento de un fallo de tutela mediante Resolución 39183 de 22 de noviembre de 2005.

Así pues, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, se llega a la convicción de que la dimisión aceptada mediante el acto acusado, no fue el resultado de una libre voluntad del actor, por ende el acto administrativo demandado se expidió sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 133 de la Resolución 1280 de 1995 y de manera ilegal, ya que la renuncia del actor no giró en torno a lograr la mejor prestación del servicio público y la buena marcha de la administración, sino por el contrario lo que el nominador buscó fue presionar al demandante para favorecer a un funcionario que estaba próximo a adquirir su status pensional, razón más que suficiente para confirmar la declaratoria de nulidad del acto administrativo acusado.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

FALLA:

Confírmase la Sentencia de 23 de agosto de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda incoada por el señor Eduardo Arturo Matson Ospino contra la Nación-Fiscalía General de la Nación.

Cópiese, notifíquese, y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase».

(1) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 19 de abril de 2007, C. P. Jaime Moreno García, expediente Nº 3949-05, actora: Lilia Cucaita Torres.