Sentencia 2005-00131 de agosto 15 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: 250002324000 2005 00131 01

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Acción: Apelación contra la sentencia del 23 de octubre de 2008 expedida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A.

Actor: Sandi Adriana Castro Aldana Servicios Aéreos del Llano Ltda. “Salla LTDA.”

Bogotá, D. C., quince de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala:

Según la potestad que tiene el ad quem para resolver la alzada, de conformidad con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, la Sala se limitará a conocer solamente de los puntos o cuestiones a los cuales se contrae el recurso de apelación, pues los mismos, en el caso del apelante único, definen el marco de la decisión que ha de adoptarse en esta instancia.

Las resoluciones expedidas por la Dirección Nacional de Estupefacientes DNE demandadas en este caso son del siguiente tenor:

Resolución 586 de 11 de mayo de 2004

“Por medio de la cual se anula unilateralmente un certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes”.

El Director Nacional de Estupefacientes,

en uso de las facultades que le confiere la Ley 30 de 1986, el Decreto 2894 de 1990 del cual algunas disposiciones fueron adoptadas como legislación permanente por el artículo séptimo del Decreto 2272 de 1991, el Decreto 2150 de 1995, el Decreto 2568 de 2003, y

CONSIDERANDO

Que la Dirección Nacional de Estupefacientes expidió el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes número 249 de 31 de enero de 2002, con vigencia hasta el 6 de agosto de 2005 a la sociedad Servicios Aéreos del Llano Limitada “Salla Ltda.”, conformada por Jairo Alberto Mendoza Pimiento, identificado con cédula de ciudadanía número 80.419.683 de Usaquén (Bogotá D.C.), gerente y representante legal, Wilmar Leandro Castro Aldana, identificado con la cédula de ciudadanía número 80.089.516 de Bogotá D.C., subgerente de la empresa, para adelantar ante la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil el trámite relacionada (sic) con la obtención del permiso de operación de la compañía con las aeronaves HK-3140, HK-2275, HK-3565, HK-2937 y HK-3566.

Que Jairo Mendoza González, mediante escrito radicado el 12 de septiembre de 2003 bajo el número E-2003-59546, quien dijo ser el padre de Jairo Alberto Mendoza Pimiento, solicitó la expedición de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, a favor de la citada persona, con destino a las autoridades judiciales de México, por cuanto aquel se encontraba privado de la libertad en la ciudad de Toluca desde hacía ocho meses.

Que, con fundamento en esta información, se solicitó por parte de esta dirección, a la coordinadora del grupo de asistencia a connacionales y promoción de comunidades colombianas en el exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, por medio del Oficio OES-49444-S69-6133 de 2 de octubre de 2003, la verificación de la situación jurídica del señor Mendoza Pimiento en la República de México.

Que la coordinadora del grupo de asistencia a connacionales y promoción de comunidades colombianas en el exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, mediante Oficio CPR.12747 de 15 de marzo de la corriente anualidad, radicado en esta entidad el día 30 del mismo mes y año, bajo el número E-2004-21762 aportó, copia de la nota DGEAJ/0485/04, por medio de la cual la Procuraduría General de la República de México informó al Consulado de Colombia en ese país la situación jurídica de Jairo Alberto Mendoza Pimiento.

Que, dentro de la documentación aportada, obra el Oficio DGEAJ/0485/04 de 10 de febrero de 2004, suscrito por el director de extradiciones, encargado de la dirección general de extradiciones y asistencia jurídica de la República de México, en el cual indicó que, de acuerdo con la información aportada por el agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la agencia de exhortos de la delegación de esa institución en el Estado de México, se estableció respecto de Jairo Alberto Mendoza Pimiento, que:

“(…) se encuentra actualmente a disposición del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, quien le instruye la Causa Penal 43/2003- B-IV, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de violación de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y contra la Salud.

Asimismo, el día 6 de mayo de 2003, la autoridad judicial dictó en contra de Jairo Mendoza Pimiento, auto formal de prisión, pero se encuentra pendiente de resolución del órgano jurisdiccional en cuestión, por lo que la situación jurídica de la persona en comento es de procesado” (subrayado fuera del texto original).

Que, junto con la referida comunicación, se observa el Oficio 6504 del 11 de diciembre de 2003, dirigido al agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la agencia de exhortos de la Procuraduría General de la República de México, de parte del director general del Centro General de Readaptación Social Nº 1 “La Palma”, situado en Almoyola (sic) de Juárez, Estado de México el cual se refiere:

“El interno Jairo Alberto Mendoza Pimiento y/o Carlos José Álvarez Riveros ingresó a esa unidad administrativa el día 30 de abril del presente año, procedente de la unidad especializada en delincuencia organizada de la Procuraduría General de la República, mismo que actualmente se encuentra en calidad de procesado a disposición del C. Juez Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en esta entidad federativa, autoridad que le instruye la causa penal número 43/2003-B-IV por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de violación a la ley federal contra la delincuencia organizada y contra la salud en la modalidad de introducción al país de clorhidrato de cocaína” (subrayado fuera del texto original).

Que esta entidad, a efectos de decidir acerca de la expedición del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes o en ejercicio del control posterior, luego de haber sido este emitido, debe basarse en los reportes que existan en sus archivos o que le sean allegados por parte de las diferentes autoridades, y en evento de anular de forma unilateral el certificado que hubiera sido expedido debe informar a la persona interesada, natural o jurídica, los motivos en los cuales se fundamentó para adoptar esa determinación, con la finalidad de hacer oponible esa circunstancia y, en caso de resultar procedente, facilitar a la persona solicitante la aclaración de la situación jurídica de quien figura con la anotación fundamentada a su nombre, relacionada con los delitos de tráfico de estupefacientes y conexos, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Que en la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico lítico (sic) de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988, las partes que la suscribieron reconocieron que la erradicación del tráfico lícito (sic) es responsabilidad de todos los Estados y que a ese fin, es necesaria una acción coordinada en el marco de la cooperación internacional.

Que la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico lícito (sic) de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988 fue ratificado por el Congreso de Colombia mediante la Ley 67 de 1993, cuya concordancia con los preceptos fundamentales estatuidos en la Constitución Política fue avalada por la Honorable Corte Constitucional, por medio de la Sentencia C- 176 de 12 de abril de 1994.

Que la existencia de las diligencias en las que se encuentra procesado y privado de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Nº 1 “La Palma” de Almoyola (sic) de Juárez, Estado de México, República de México, el socio cedente de las cuotas de interés social de la empresa Servicios Aéros (sic) del Llano Limitada “Salla Ltda.”, Jairo Alberto Mendoza Pimiento, por los delitos de violación a la ley federal contra la delincuencia organizada y contra la salud en la modalidad de introducción a ese país de clorhidrato de cocaína, constituye un registro debidamente fundamentado que lo relaciona con una de las infracciones de interés para esta dirección, de acuerdo con lo normado en el artículo tercero del Decreto 2894 de 1990, adoptado como legislación permanente por el artículo séptimo del Decreto 2272 de 1991, al establecerse la relación directa de tales comportamientos con el tráfico de sustancias estupefacientes.

Que la función de control administrativo y preventivo que tiene esta dirección, le permite, respecto del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, considerar cualquier anotación debidamente fundamentada relacionada con las conductas punibles referidas en precedencia, ya se trate de registros de inteligencia, diligencias penales en etapa de investigación previa, instrucción, juzgamiento, con sentencia en firme o por un registro similar en el extranjero, conforme lo consignó la Corte Constitucional en Sentencia C-114 de 25 de marzo de 1993 y el Consejo de Estado en sentencia de 29 de noviembre de 2001, emitida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo.

Con fundamento en lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Anular unilateralmente el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes número 249 de 31 de enero de 2002, con vigencia hasta el 6 de agosto de 2006, expedido a la sociedad Servicios Aéreos DEL Llano Limitda (sic) “Salla Ltda.”, registrada con el número de identificación tributaria 080016777-6, para adelantar ante a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil el trámite relacionado con la obtención del permiso de operación de la compañía con las aeronaves HK-3140, HK-3140, HK-2275, HK-3565, HK-2937 y HK-3566; por las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

ART. 2º—Informar a Sandi Adriana Castro Aldana, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.647.394 de Usaquén (Bogotá D.C.), en calidad de gerente y representante legal de la sociedad denominada Servicios Aeréos del Llano Limitda (sic) “Salla Ltda.”, registrada conforme se indicó en precedencia, que para solicitar la expedición de un certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, debe aclarar ante la autoridad judicial competente, la información que sirve de fundamento al presente acto administrativo, recabada a nombre de Jairo Alberto Mendoza Pimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto 2894 de 1990 adoptado como legislación permanente por el artículo séptimo del Decreto 2272 de 1991.

ART. 3º—Notificar la presente resolución a Sandi Adriana Castro Aldana, identificadas con la cédula de ciudadanía 52.647.394 de Usaquén (Bogotá D.C.) en calidad de gerente y representante legal de la sociedad denominada Servicios Aéreos del Llano Limitada “Salla Ltda.”.

ART. 4º—Comunicar la presente resolución a los diferentes organismos investigativos y de seguridad del Estado; al Ministerio de Relaciones Exteriores; a la Fuerza Aérea Colombiana—Dirección de Inteligencia Aérea; a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil—Oficina de registro y subdirección general; y al grupo de control de aviación civil de la dirección antinarcóticos de la Policía Nacional.

ART. 5º—Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del acto.

Notifíquese, comuniquése (sic) y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a los 11 de mayo (sic) de 2004.

2.1.2. Resolución 587 de 11 de mayo de 2004

“Por medio de la cual se abstiene de expedir unos certificados de carencia de informes por tráfico de estupefacientes”.

El Director Nacional de Estupefacientes,

en uso de las facultades que le confiere la Ley 30 de 1986, el Decreto 2894 de 1990 del cual algunas disposiciones fueron adoptadas como legislación permanente por el artículo séptimo del Decreto 2272 de 1991, el Decreto 2150 de 1995, el Decreto 2568 de 2003 y,

CONSIDERANDO

Que Sandi Adriana Castro Aldana, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.647.394 de Usaquén (Bogotá D.C.), en calidad de gente y representante legal de la sociedad denominada Servicios Aéreos del Llano Limitada “Salla Ltda.”, solicitó a la Dirección Nacional de Estupefacientes la expedición del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, dirigido a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, con el propósito de adelantar los trámites concernientes al registro de la cesión de cuotas de interés social de la empresa, a favor de la peticionaria Castro Aldana, por parte de Jairo Alberto Mendoza Pimiento, identificado con la cédula de ciudadanía número 80.419.683 de Usaquén (Bogotá D.C.) conforme la escritura pública número 2.972 de 23 de diciembre de 2002, otorgada en la Notaría Quinta del Círculo Notarial de Medellín (Antioquia), la igual que la ampliación del permiso de operación de la sociedad en comento, por el ingreso de la nueva socia y el cambio de representante legal.

Que la Dirección Nacional de Estupefacientes, en ejercicio de las funciones que le han sido asignadas, requirió a los diferentes organismos investigativos y de seguridad del Estado la información, debidamente fundamentada, que reposara en sus archivos respecto de los comportamientos relacionados con los delitos de tráfico de estupefacientes y conexos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y testaferrato, a nombre del cedente, y de la cesionaria de las cuotas de interés social de la empresa Servicios Aéreos del Llano Limitada “Salla Ltda.”.

Que el Departamento Administrativo de Seguridad, mediante oficio radicado en esta entidad el 9 de junio de 2003, bajo el número E-2003-33149, señaló que en sus archivos reposaba la anotación a nombre de Jairo Alberto Mendoza Pimiento, por parte de la Fiscalía Seccional Trece de la Unidad de Fiscales delegadas ante el Juzgado Penal del Circuito de Yopal (Casanare), dentro del proceso 32920, autoridad que por medio de Oficio 818, radicado en esta dirección el 3 de octubre de 2003, con el número E-2003-64201, aclaró que la conducta punible por la cual se había procesado a la citada persona era el delito de omisión del agente retenedor o recaudador.

Que Jairo Mendoza González, mediante escrito radicado el 12 de septiembre de 2003 bajo el número E-2003-59546. Quien dijo ser el padre de Jairo Alberto Mendoza Pimiento, solicitó la expedición del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, a favor de la citada persona, con destino a las autoridades judiciales de México, por cuanto aquel se encontraba privado de la libertad en la ciudad de Toluca desde hacía ocho meses.

Que, con fundamento en esa información, se solicitó, por parte de esta dirección, a la coordinadora del grupo de asistencia a connacionales y promoción de comunidades colombianas en el exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, por medio del Oficio OES-49444-6133 de 2 de octubre de 2003, la verificación de la situación jurídica del señor Mendoza Pimiento en la República de México.

Que la coordinadora del grupo de asistencia a connacionales y promoción de comunidades colombianas en el exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, mediante Oficio CPR.12747 de 15 de marzo de la corriente anualidad, radicado en esta entidad el día 30 del mismo mes y año, bajo el número E-2004-21762 aportó, copia de la nota DGEAJ/0485/04, por medio de la cual la Procuraduría General de la República de México informó al Consulado de Colombia en ese país la situación jurídica de Jairo Alberto Mendoza Pimiento.

Que, dentro de la documentación aportada, obra el oficio número DGEAJ/0485/04 de 10 de febrero de 2004, suscrito por el director de extradiciones, encargado de la dirección general de extradiciones y asistencia jurídica de la República de México, en el cual indicó que, de acuerdo con la información aportada por el agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la agencia de exhortos de la delegación de esa institución en el Estado de México, se estableció respecto de Jairo Alberto Mendoza Pimiento, que:

“(…) se encuentra actualmente a disposición del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el estado de México, quien le instruye la Causa Penal 43/2003- B-IV, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de violación de la ley federal contra la delincuencia organizada y contra la salud.

Asimismo, el día 6 de mayo de 2003, la autoridad judicial dictó en contra de Jairo Mendoza Pimiento, auto formal de prisión, pero se encuentra pendiente de resolución del órgano jurisdiccional en cuestión, por lo que la situación jurídica de la persona en comento es de procesado” (subrayado fuera del texto original).

Que, junto con la referida comunicación, se observa el Oficio 6504 del 11 de diciembre de 2003, dirigido al agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la agencia de exhortos de la Procuraduría General de la República de México, de parte del director general del Centro General de Readaptación Social Nº 1 “La Palma”, situado en Almoyola (sic) de Juárez, Estado de México el cual se refiere:

“El interno Jairo Alberto Mendoza Pimiento y/o Carlos José Álvarez Riveros ingresó a esa unidad administrativa el día 30 de abril del presente año, procedente de la unidad especializada en delincuencia organizada de la Procuraduría General de la República, mismo que actualmente se encuentra en calidad de procesado a disposición del C. Juez Quinto de Distrito en Maatesria (sic) de Procesos Penales Federales en esta entidad federativa, autoridad que le instruye la causa penal número 43/2003-B-IV por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de violación a la ley federal contra la delincuencia organizada y contra la salud en la modalidad de introducción al país de clorhidrato de cocaína” (subrayado fuera del texto original).

Que esta entidad, a efectos de decidir acerca de la expedición del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes o en ejercicio del control posterior, luego de haber sido este emitido, debe basarse en los reportes que existan en sus archivos o que le sean allegados por parte de las diferentes autoridades, y en evento de anular de forma unilateral el certificado que hubiera sido expedido debe informar a la persona interesada, natural o jurídica, los motivos en los cuales se fundamentó para adoptar esa determinación, con la finalidad de hacer oponible esa circunstancia y, en caso de resultar procedente, facilitar a la persona solicitante la aclaración de la situación jurídica de quien figura con la anotación fundamentada a su nombre, relacionada con los delitos de tráfico de estupefacientes y conexos, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Que en la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico lítico (sic) de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988, las partes que la suscribieron reconocieron que la erradicación del tráfico lícito (sic) es responsabilidad de todos los Estados y que a ese fin, es necesaria una acción coordinada en el marco de la cooperación internacional.

Que en la citada Convención, en el litoral “e”, numeral segundo, artículo séptimo, se estableció como una de las formas de cooperación judicial entre las partes suscriptoras de la misma, facilitar información y elementos de prueba.

Que la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico lícito (sic) de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988 fue ratificado por el Congreso de Colombia mediante la Ley 67 de 1993, cuya concordancia con los preceptos fundamentales estatuidos en la Constitución Política fue avalada por la Honorable Corte Constitucional, por medio de la Sentencia C-176 de 12 de abril de 1994.

Que la existencia de las diligencias en las que se encuentra procesado y privado de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Nº 1 “La Palma” de Almoyola (sic) de Juárez, Estado de México, República de México, el socio cedente de las cuotas de interés social de la empresa Servicios Aéreos del Llano Limitada “Salla Ltda.”, Jairo Alberto Mendoza Pimiento, por los delitos de violación a la ley federal contra la delincuencia organizada y contra la salud en la modalidad de introducción a ese país de clorhidrato de cocaína, constituye un registro debidamente fundamentado que lo relaciona con una de las infracciones de interés para esta dirección, de acuerdo con lo normado en el artículo tercero del Decreto 2894 de 1990, adoptado como legislación permanente por el artículo séptimo del Decreto 2272 de 1991, al establecerse la relación directa de tales comportamientos con el tráfico de sustancias estupefacientes.

Que la función de control administrativo y preventivo que tiene esta dirección, le permite, respecto del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, considerar cualquier anotación debidamente fundamentada relacionada con las conductas punibles referidas en precedencia, ya se trate de registros de inteligencia, diligencias penales en etapa de investigación previa, instrucción, juzgamiento, con sentencia en firme o por un registro similar en el extranjero, conforme lo consignó la Corte Constitucional en Sentencia C-114 de 25 de marzo de 1993 y el Consejo de Estado en sentencia de 29 de noviembre de 2001, emitida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo.

Con fundamento en lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Abstenerse de expedir los certificados de carencia de informes por tráfico de estupefacientes solicitados por Sandi Adriana Castro Aldana, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.647.394 de Usaquén (Bogotá, D.C.), en calidad de gerente y representante legal de la sociedad denominada Servicios Aéreos del Llano Limitada “Salla Ltda.”, registrada con el número de identificación tributaria 0800016777-6, dirigidos a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, con el propósito de adelantar el trámite concerniente al registro de cesión de cuotas efectuada por Jairo Alberto Mendoza Pimiento, identificado con la cédula de ciudadanía número 80.419.683 de Usaquén (Bogotá D.C.), conforme a la escritura pública número 2.972 de 23 de diciembre de 2002, otorgada por la Notaria Quinta del Círculo Notarial de Medellín (Antioquia), al igual que la ampliación del permiso de operación de la sociedad en comento, por el ingreso de la nueva socia y el cambio de representante legal; por las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

ART. 2º—Informar a Sandi Adriana Castro Aldana, identificada conforme se indicó en precedencia, en calidad de gerente y representante legal de la empresa Servicios Aeréos del Llano Limitda (sic) “Salla Ltda.”, que para solicitar la expedición de un certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes con esas mismas finalidades, debe aclarar ante la autoridad judicial competente, la información que sirve de fundamento al presente acto administrativo, recabada a nombre de Jairo Alberto Mendoza Pimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto 2894 de 1990 adoptado como legislación permanente por el artículo séptimo del decreto 2272 de 1991.

ART. 3º—Notificar la presente resolución a Sandi Adriana Castro Aldana, identificada con la cédula de ciudadanía 52.647.394 de Usaquén ( Bogotá D.C.) en calidad de gerente y representante legal de la sociedad denominada Servicios Aéreos del Llano Limitada “Salla Ltda.”.

ART. 4º—Comunicar la presente resolución a los diferentes organismos investigativos y de seguridad del Estado; al Ministerio de Relaciones Exteriores; a la Fuerza Aérea Colombiana—Dirección de Inteligencia Aérea; a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil—Oficina de registro y subdirección general; y al grupo de control de aviación civil de la dirección antinarcóticos de la Policía Nacional.

ART. 5º—Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del acto.

Notifíquese, comuniquése (sic) y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a los 11 de mayo (sic) de 2004.

2.1.3. Resolución 1525 de 12 de octubre 2004

“Por medio de la cual se resuelven unos recursos de reposición”.

El Director Nacional de Estupefacientes,

en uso de las facultades que le confiere la Ley 30 de 1986; el Decreto 2094 de 1990, adoptado como legislación permanente por el artículo séptimo del Decreto 2272 de 1991; el Decreto 2150 de 1995, el Decreto 2568 de 2003, y en desarrollo de las normas establecidas por el Código Contencioso Administrativo; y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución 587 de 11 de mayo de 2004 esta dirección se abstuvo de expedir los certificados de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, solicitados por Sandi Adriana Castro Aldana, identificada con la cédula de ciudadanía número 52647394 de Usaquén, en su condición de gerente de la compañía Servicios Aéreos del Llano Limitada “Salla Ltda.”, distinguida con el número de identificación tributaria 0800016777-6, tendientes a tramitar ante la Aeronáutica Civil el registro de la cesión de cuotas de interés social de la empresa, al igual que la ampliación del permiso de operación de la sociedad por ingreso de una nueva socia y por cambio de representante legal, con fundamento en la anotación proporcionada por la coordinadora de asistencia de connacionales y promoción de comunidades colombianas en el exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, relativa a la situación jurídica del socio cedente Jairo Alberto Mendoza Pimiento, identificado con la cédula de ciudadanía número 80.419.683 de Usaquén, al hallarse este privado de la libertad en el Centro General de Readaptación Social Nº 1 “ La Palma”, Almoyola (sic) de Juárez, en calidad de procesado a disposición del Juez Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con ocasión de la causa penal 43/2003-B-Ib, proseguida por los delitos de violación a la ley federal contra la delincuencia organizada y contra la salud en la modalidad de introducción al país de clorhidrato de cocaína.

Que por medio de Resolución 586 de 11 de mayo de 2004 esta entidad anuló de forma unilateral el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes número 249 de 31 de enero de 2002, vigentes hasta el 6 de agosto de 2006, expedido a nombre de la compañía Servicios Aéreos del Llano Limitada “Salla Ltda.”, dirigido a tramitar ante la Aeronáutica Civil el permiso de operación de la sociedad con las aeronaves de matrícula HK-3140, HK-2275, HK-3565, HK-3566, con fundamento en la misma anotación en que se basara la decisión de abstención indicada en precedencia, relativa a la situación jurídica del socio y representante legal de la compañía, Jairo Alberto Mendoza Pimiento.

Que por medio de escritos radicados en esta entidad el 3 de junio de 2004, bajo el número E-2004-37203, la abogada Lidia Omaira Martínez Guasca, apoderada de la sociedad Servicios Aéreos del Llano Limitada “Salla Ltda.”, de acuerdo con poder otorgado por la gerente de dicha compañía, Sandi Adriana Castro Aldana, interpuso contra las resoluciones mencionadas recurso de reposición, solicitando su revocatoria integral y en su lugar requiere la expedición de los certificados de carencia de informes por tráfico de estupefacientes a favor de la compañía en mención, con base en los siguientes argumentos:

1. Que Jairo Alberto Mendoza Pimiento vendió su participación en el capital social de la mencionada compañía “Salla Ltda.”, el 23 de diciembre de 2002, conforme consta en el instrumento público número 2.972 de diciembre de 2002, otorgado por la Notaría 5ª de Medellín.

2. Que dicha escritura pública fue inscrita en la Cámara de Comercio el día 20 de febrero de 2003, por lo que de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio, este acto jurídico de carácter privado surtió plenos efectos a terceros.

Que hasta esa fecha, Jairo Alberto Mendoza Pimiento cumplió a cabalidad con sus derechos y obligaciones para con la empresa.

3. Que los “(…) hechos por los cuales fue privado de su libertad el precitado Mendoza Pimiento, ocurrieron en el mes de abril de 2004 (sic) cuando se le capturó en flagrancia, pretendiendo ingresar clorhidrato de cocaína a México”, motivo por el cual estos acontecimientos sucedieron con posterioridad a que Jairo Alberto Mendoza Pimiento cediera sus cuotas de interés social en la empresa Servicios Aéreos del Llano Limitada “Salla Ltda.”.

Que ni la Constitución Política, ni la ley colombiana establecen que los socios o miembros de un sociedad, sometida a la vigilancia de esta dirección o que deba solicitar el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, “(…) durante todo el resto de su vida, luego de haber vendido sus acciones o derechos societarios se encuentra obligado a mantener una vida acrisolada, incólume, sin ninguna sindicación o condena (…)” y que de incurrir en un delito relacionado con narcotráfico su conducta afecte o derive en la anulación de un certificado ya expedido, por lo cual solicita en el evento de existir una disposición tal, la misma sea trascrita en el acto administrativo que resuelva el recurso interpuesto.

Que, en su concepto, pudo incurrirse por parte de esta dirección en un error humano, pero dicha circunstancia no faculta la persistencia en el mismo, ya que esta situación habría de entenderse como “(…) capricho, terquedad y hace responsable al Estado de los perjuicios que culposa o dolosamente cause a los particulares (…)”.

Que esta entidad, mediante auto de 29 de junio de 2004, dispuso la apertura de término probatorio por el lapso de treinta (30) días hábiles, de acuerdo con lo normado en el artículo 56 del Código Contencioso Administrativo, con el propósito de establecer, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la fecha en la cual Jairo Alberto Mendoza Pimiento había sido capturada por parte de las autoridades mexicanas.

Que de esta determinación se informó a la abogada Lidia Omaira Martínez Guasca, apoderada especial de la empresa Servicios Aéreos del Llano Limitada “ Salla Ltda.”, por medio de Oficio SES-S69-3010 de 6 de julio de 2004.

Que la coordinadora del grupo de vinculación de colombianos en el exterior (e) del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante Oficio CPD 38228 de 4 de agosto de la corriente anualidad, radicado en esta dirección el día 9 del mismo mes y año, bajo el número E-2004-53630, comunicó que la Cónsul de Colombia en México, a través de Oficio C.109/214/14 de 3 de agosto, había indicado que esa autoridad solicitó información a la Procuraduría General de la República de México acerca de la situación jurídica del señor Mendoza Pimiento.

Que esta entidad, con Oficio SES-S69-3576 de 12 de agosto de 2004, requirió a la coordinadora grupo de vinculación colombianos en exterior (e) del Ministerio de relaciones Exteriores respuesta pronta el anunciado requerimiento, por resultar importante a efectos de resolver el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 587 de 11 de mayo de la corriente anualidad.

Que, a la fecha de emisión de esta resolución, de este oficio no se recibió respuesta, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Que mediante escrito radicado en esta dirección el 21 de septiembre de la corriente anualidad, con el número E-2004-62627, la apoderada de la empresa citada, Lidia Omaira Martínez Guasca, solicita que sean resueltos los recursos de reposición interpuestos contra los actos administrativos enunciados.

Que no obstante esta dirección expidió dos resoluciones diferentes en relación con la empresa Salla Ltda., las mismas se fundamentan en idéntica anotación, es decir, en la reportada por la coordinadora de asistencia a connacionales y promoción de comunidades en el exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, respecto de Jairo Alberto Mendoza Pimiento, así como los argumentos y pretensiones de los recursos de reposición interpuestos contra aquellos son igualmente coincidentes, motivo por el cual, en aplicación del principio de economía que rige todo tipo de actuación administrativa, conforme lo prevé el inciso segundo, artículo 3 del Código Contencioso Administrativo, el pronunciamiento acerca de los recursos en mención, será tomado en un solo acto administrativo.

Que, de acuerdo con lo indicado en el artículo 7º del Decreto Legislativo 2894 de 1990, acogido como legislación permanente por el artículo 7º del Decreto 2272 de 1991, esta dirección, al abstenerse de expedir el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes o anular el emitido, informará al peticionario las razones que tiene, con el objeto de facilitarle l[a] aclaración de su situación jurídica ante las autoridades correspondientes; es por ello por lo que compete directamente al peticionario, por disposición del legislador, la elucidación de los registros negativos.

Que en relación con los planteamientos expuestos por la abogada Lidia Omaira Martínez Guasca, apoderada especial de la empresa Servicios Aéreos del Llano Limitada “Salla Ltda.”, esta entidad encuentra lo siguiente:

1. Que efectivamente, por medio de escritura pública número 2.972 de 23 de diciembre de 2002, otorgada por la Notaría Quinta de Medellín ( Antioquia), Wilmar Leandro Castro Aldana, portador de la cédula de ciudadanía número 80.089.516 de Bogotá D.C., en calidad de representante legal de la compañía Servicios Aéreos del Llano Limitada “Salla Ltda.”, protocolizó el cta. (sic) número 30 de 4 de diciembre de 2002 de la junta de socios de esa empresa, conforme al cual fueron cedidas las cuotas de interés social de propiedad de Jairo Alberto Mendoza Pimiento a favor de Sandi Adriana Castro Aldana, en desarrollo de lo manifestado por aquel, en carta enviada a dicha sociedad.

2. Que el citado instrumento público fue inscrito en la Cámara de Comercio de Casanare el 20 de febrero de 2003, acorde con el certificado y existencia y representación legal de la mencionada compañía, expedido en esa fecha.

3. Que, contrario a lo indicado por la apoderada judicial de la empresa Salla Ltda., los hechos por los cuales Jairo Alberto Mendoza Pimiento fue privado de su libertad en México no datan del mes de abril de 2004.

Que en contraprestación a lo anterior, Jairo Mendoza González, padre de Jairo Alberto Mendoza Pimiento, por medio de escrito radicado en esta entidad el 12 de agosto de 2003, bajo el número E-2002-59546, expresó que su hijo se encontraba detenido en la república de México desde “(…) hace más de ocho meses (…)”, a la fecha de su solicitud.

Que si bien esta persona, cuya aseveración no ha sido desvirtuada o por siquiera controvertida, no indica con precisión la fecha exacta de la privación de la libertad de su hijo en México, por la referencia temporal señalada puede inferirse fundamentalmente que, por lo menos, para el mes de diciembre de 2002, inclusive, puede establecerse la fecha de detención de Jairo Alberto Mendoza Pimiento, como quiera que corresponde a “ más de ocho meses”, contados a partir del momento de la petición impetrada por Jairo Mendoza González.

Que, por otra parte, el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Nº 1” La Palma”, ubicado en Almoyola (sic) de Juárez en el Estado de México, mediante Oficio 6504 de 11 de diciembre de 2003, dirigido al Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la agencia de exhortos de la Procuraduría General de la República de México, aseveró respecto de la situación jurídica de la mencionada persona:

“El interno Jairo Alberto Mendoza Pimiento y/o Carlos José Álvarez Riveros ingresó a esta unidad administrativa el día 30 de abril del presente año. Procedente de la unidad especializada de delincuencia organizada de la Procuraduría General de la República, mismo que actualmente se encuentra en calidad de procesado a disposición del C. Juez Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en esta Entidad Federativa, autoridad que le instruye la causa penal número 43/2003-B-IV por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de violación a la ley federal contra la delincuencia organizada y contra la salud en la modalidad de introducción al país de clorhidrato de cocaína(subrayado fuera del texto).

Que, si bien se observa que para el momento del ingreso de Jairo Mendoza Pimiento en el Centro Federal de Readaptación Social Nº 1, “ La Palma” de Almoloya de Juárez en el Estado de México, este ya había cedido sus cuotas de interés social en la empresa Servicios Aéreos del Llano Limitada “Salla Ltda.”, a favor de Sandi Adriana Castro Aldana, y la escritura pública en la que constaba esta transacción, también había sido inscrita en la Cámara de Comercio correspondiente, el registro de ese cambio en la composición social de la empresa requería del adelantamiento de un trámite administrativo tendiente a obtener el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes dirigido a la Aeronáutica Civil, por tratarse de una sociedad dedicada a la explotación del transporte aéreo de carga, correo y pasajeros a nivel nacional e internacional, en la modalidad de aerotaxi, acorde con el objeto social de la compañía y con lo ordenado en el reglamento aeronáutico colombiano y en el literal “I”, numeral 1 del artículo 82 del Decreto 2150 de 1995.

Que la precitada sociedad solicitó, por intermedio de su representante legal, la expedición del certificado para registrar la cesión de cuotas de interés social efectuada entre Jairo Alberto Mendoza Pimiento y Sandi Adriana Castro Aldana, la igual que requirió similar documento para ampliar el permiso de operación de la compañía, por el ingreso de una nueva socia y nombramiento de nueva representante legal, conforme escrito radicado en esta entidad el 26 de febrero de 2003, bajo el número E-2003-10887.

Que esta entidad había expedido el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes número 249 de 31 de enero de 2002, para tramitar el permiso de operación de la compañía Servicios Aéreos del llano Limitada “Salla Ltda.”, en el cual figuraba como socio y represéntate (sic) legal Jairo Alberto Mendoza Pimiento.

Que respecto de tales solicitudes, esta dirección emitió las resoluciones 586 y 587 de 11 de mayo de 2004, por medio de las cuales anuló unilateralmente el certificado citado en precedencia y se abstuvo de expedir los certificados peticionados, siendo objeto de decisión en el evento sub examine los recursos de reposición interpuestos contra dichas determinaciones basadas en la anotación recabada a nombre de Jairo Alberto Mendoza Pimiento, relacionada con tráfico de sustancias estupefacientes en México.

Que la mentada información no se desvirtúa por el hecho de haber cedido Jairo Alberto Mendoza Pimiento su participación social en la compañía, por cuanto era indispensable para la procedencia del registro de esa operación ante la Aeronáutica Civil, la expedición del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, respecto del cedente y la cesionaria de las cuotas de interés social. Por tal motivo, al obrar la citada persona en el negocio jurídico objeto de registro, la anotación en cita impidió la emisión del documento y, por ende, implicó la abstención del mismo; de igual forma, al figurar la mencionada persona en el certificado que se encontraba vigente a nombre de la empresa interesada para el permiso de operación de la misma como compañía del sector aeronáutico, la información fundamentada referente a narcotráfico significó la anulación de dicho documento.

Que, por demás, resultaba independiente el que los hechos por los cuales fue detenido el señor Mendoza Pimiento, en México, fueron posteriores a la cesión de sus cuotas de interés social en la compañía Salla Ltda., ya que cuando fue adelantado el trámite con esa finalidad ante esta dirección, fue reportada la información que lo relacionaba con el tráfico de estupefacientes.

Que no se afecta, de esta forma, a las sociedades a las cuales sus anteriores socios, directivos o representantes legales han incurrido, con posterioridad a su desvinculación de la empresa, en conductas atinentes al narcotráfico, sino que con este tipo de determinaciones se ejercita un control previo de tales compañías, en las que se pretende registrar una operación en la cual uno de sus intervinientes registra anotaciones por tráfico de estupefacientes y/o conexos, la igual que se lleva a cabo un control posterior a los certificados expedidos vigentes, en los cuales acontezca lo anterior respecto de una de las personas que figure en dicho documento.

Que ante la comprobación de un informe que relacione a uno de los intervinientes en la actuación y que, además, figuraba en el certificado vigente emitido a la empresa, vale decir, Jairo Alberto Mendoza Pimiento, con el tráfico de sustancias estupefacientes, independientemente de su calidad en esta o en el trámite correspondiente, por magisterio de la ley, debe esta entidad a abstenerse de certificar la carencia de informes por narcotráfico a quien efectivamente los tiene así como anular las certificaciones expedidas con tal propósito.

Que, en este sentido, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-114 del 25 de marzo de 1993, refirió:

“Es claro para esta corporación que las disposiciones de la ley buscan establecer un régimen preventivo tanto de la fundamental libertad de circulación (C.N., art. 24), como de la libertad de iniciativa económica privada (C.N., art. 333), con miras a asegurar un ejercicio de las mismas acorde con los intereses superiores que informan el interés público, representado en la necesidad de perseguir el delito, en consideraciones del fin lícito que caracteriza la comisión de hechos punibles relacionados con el tráfico de drogas a que se destinan los bienes y actividades mencionadas en los literales f) y g) del artículo 93 de la Ley 30 de 1996.

Registra la Corte que efectivamente puede resultar de alguna incomodidad para quienes ejerzan con fines lícitos esas libertades, el requisito, acto administrativo condición, del certificado al que se refiere el precepto. Sin embargo, esta molestia resulta, visto el fundamento de los fines perseguidos por el legislador, tolerable en el marco de las exigencias propias de la sociabilidad. En efecto, la sociedad colombiana acusa una realidad a la cual no puede ser ajena, ni las previsiones del legislador ni a los deberes sociales, ni a las decisiones de esta Corte que en esta materia de hecho varios pronunciamientos. Lo anterior en razón de que la libertad además de ser un ideal es una referencia de la autodeterminación de la persona humana en sociedad. Así lo ha entendido el propio constituyente al disponer las competencias de la ley para organizar la libertad, lo que quiere decir que esta no puede existir sin fronteras sino que requiere de reglamentos jurídicos como garantía de su propia existencia. El propio artículo 24 superior, se refiere a “las limitaciones que establezca la ley” como condición de ejercicio de la libertad de circulación y en similares términos lo hace el artículo 333 ibídem con relación a la libre iniciativa económica de los particulares. Más aún, de manera general los derechos y actividades de las personas pueden ser objeto de reglamentación según el artículo 84 de la Carta Política.

No cabe duda pues, de que las regulaciones a la libertad que se comentan, encuentran justificación constitucional tanto desde un punto de vista formal como desde un punto de vista material; lo primero por las expresas remisiones a la ley de la Constitución Política y lo segundo por el interés público que persiguen las disposiciones hoy acusadas, porque bien dispone el estatuto superior que cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder el interés público o social (C.N., art.58)”.

Que en lo concerniente a la actividad que pretende desarrollar la empresa Servicios Aéreos del Llano Limitada “ Salla Ltda.” y para la cual requerir los certificados de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, es necesario precisar que la abstención de su expedición o la anulación unilateral del emitido no compromete los intereses fundamentales de la compañía, siempre que la determinación adoptada se aduce a la normatividad constitucional y legal que regula esa materia, como ocurre en el caso concreto, en virtud del hallazgo de una información fundamentada con contra (sic) de quien aparecía como socio de la misma, o por mejor decirlo, Jairo Alberto Mendoza Pimiento.

Que en relación con este último punto, la Corte Constitucional advirtió en la Sentencia C-114 de 1993, citada en precedencia:

“Ahora bien, no puede entenderse que la exigencia de un requisito administrativo, como el certificado expedido por la oficina del Ministerio de Justicia, resulte violatorio del derecho a la honra, o al fuero íntimo, o al trabajo, o a la presunción de inocencia, por cuanto una persona no puede deducir que de esa exigencia legal per se, haya sido invadida su intimidad o su honra resuelve vulnerada, o su inocencia puesta en entredicho, como tampoco puede un funcionario público de la más alta jerarquía, sostener, por el hecho de que, para tomar posesión del cargo, deba exponer su declaración de renta, que se está desconfiando de su honorabilidad, inocencia o buena fe actual o futura o atentando contra su libertad de trabajo (C.N., art. 122). Son prevenciones ordinarias impuestas, se repite, por la lógica de conveniencia de nuestro tiempo y sus exigencias, y es deber de los ciudadanos ajustarse a ellas como un aporte a la vigencia de un orden justo (C.N., art. 2º)”.

Que la facultad delegada a esta dirección fue nuevamente avalada por el Consejo de Estado mediante sentencia de 29 de noviembre de 2001, emitida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, así:

“De otra parte, cuando los artículos 83 y 89 del Decreto 2150 de 1995, se refieren a “Autoridad u organismo competente” o “entidades competentes”, en tales acepciones están comprendidas también las autoridades administrativas y de policía. Sabido es que, por ejemplo el DAS, la Central de Inteligencia de la Policía Nacional o su Dirección Nacional Antinarcóticos, adelantan diligencias en las cuales reciben informaciones que vinculan a las personas en la comisión de ilícitos, que luego son puestas en conocimiento de las autoridades judiciales. Y si se restringiera en materia administrativa el alcance de la expresión “antecedentes” al de sentencias judiciales condenatorias definitivas, se llegaría la absurdo de sostener que los informes de Policía, debidamente fundamentados, por no tener carácter de sentencia, no pueden ser tenidos en cuenta por la Dirección Nacional de Estupefacientes, no obstante que las normas que regulan su actividad se refieren en forma genérica a solicitar información de la autoridad u organismo competente o de las autoridades competentes.

Si la intención del Constituyente en el artículo 248 hubiera sido el de darle a la expresión “ Antecedentes” también efectos administrativos, así lo habría previsto expresamente, como lo hizo en el artículo 29 frente a la garantía del debido proceso, la consagrar que este principio se aplica a “ toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”; y si la voluntad del legislador en los artículos 83 y 89 del Decreto 2150 de 1995 hubiera sido la de que tal vocablo tuviera la misma connotación del artículo 248 Constitucional, no habría utilizado el término geométrico u organismo competente o entidades competentes, sino que hubiera empleado el específico autoridades judiciales.

Así pues, la Dirección Nacional de estupefacientes, con base en las informaciones debidamente fundamentadas de autoridad administrativas, de policía o judiciales, y frente a estas últimas por estar dirigidas a una autoridad administrativa, no judicial, no se requieren de la existencia de sentencia penal condenatoria definitiva, sino basta, un informe debidamente fundamentado”.

Que conforme a las precedentes razones de hecho y de derecho, al no haber prosperado ninguno de los argumentos expuestos por la apoderada de la empresa recurrente, se concluye que habrán de confirmarse en su integridad las resoluciones 586 y 587 de 11 de mayo de 2004, por medio de las cuales la dirección anuló de forma unilateral el certificado de carencia de informes de tráfico de estupefacientes número 249 de 31 de enero de 2002, vigente hasta el 6 de agosto de 2006, expedido a nombre de la compañía Servicios Aéreos del Llano Limitada “Salla Ltda.”, distinguida con el número de identificación tributaria 08000016777-6, dirigido a tramitar ante la Aeronáutica Civil el permiso de operación de la sociedad con las aeronaves de matrícula HK-3140, KH-2937 (sic) y HK-3566, y se abstuvo de expedir los certificados solicitados por dicha sociedad, con el propósito de adelantar los trámites concernientes a registrar la cesión de cuotas de interés social de esa compañía y a ampliar el permiso de operación de la misma por el ingreso de una nueva sociedad y por nombramiento de una nueva representante legal, como quiera que sus fundamentos no fueron desvirtuados o aclarados.

Que con fundamento en lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Reconocer personería jurídica a Lidia Omaira Martínez Guasca, identificada con la cédula de ciudadanía número 35.333.346, portadora de la tarjeta profesional número 34.398 del Consejo Superior de la Judicatura, para que obre a nombre de la empresa de Servicios del Llano Limitada “Salla Ltda.”.

ART. 2º—No acceder a lo solicitado por Lidia Omaira Martínez Guasca, identificada con la cédula de ciudadanía número 35.333.346, quien actúa en calidad de apoderada de la empresa Servicios Aéreos del Llano Limitada “Salla Ltda.”, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente Resolución.

ART. 3º—Confirmar las resoluciones 586 y 587 del 11 de mayo de 2004, por medio de las cuales esta dirección anuló de forma unilateral el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes número 249 de 31 de enero de 2002, vigente hasta el 6 de agosto de 2006, expidió a nombre de la compañía Servicios Aéreos del Llano Limitada “Salla Ltda.”, distinguida con el número de identificación tributaria 0800016777-6 dirigido, a tramitar ante la Aeronáutica Civil el permiso de operación de la sociedad con las aeronaves de matrícula HK-3140, KH-2937 (sic) y HK-3566, y se abstuvo de expedir los certificados solicitados por dicha sociedad, con el propósito de adelantar los trámites concernientes a registrar la cesión de cuotas de interés social de esa compañía y a ampliar el permiso de operación de la misma por el ingreso de una nueva socia y por nombramiento de una nueva representante legal, por las razones expuestas.

ART. 4º—Notificar la presente resolución al representante legal de la sociedad Servicios Aéreos del Llano Limitada “Salla Ltda.”, distinguida con el número de identificación tributaria 0800016777-6, o a quien haga sus veces o a su apoderada.

ART. 5º—Comunicar la presente resolución a los diferentes organismos investigativos y de seguridad del Estado; a la Aeronáutica Civil—División de transportes y asuntos internacionales y subdirección general; al Ministerio de Relaciones Exteriores; y a la Fuerza Aérea Colombiana— Dirección de inteligencia aérea; y al del grupo de control aviación civil de la dirección antinarcóticos de la Policía Nacional.

ART. 6º—Contra la presente resolución no procede recurso alguno.

Notifíquese, comuniquése (sic) y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., 12 de octubre de 2004.

Para la Sala no es procedente la afirmación hecha por las actoras relacionada con el hecho de que Jairo Alberto Mendoza Pimiento ya no era socio de Salla Ltda. para el 26 de febrero de 2003, fecha en que Sandi Adriana Castro Aldana, en calidad de gerente y representante legal de la sociedad denominada Servicios Aéreos del Llano Limitada “Salla Ltda.”, solicitó a la Dirección Nacional de Estupefacientes la expedición del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, dirigido a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, con el propósito de adelantar los trámites concernientes al registro de la cesión de cuotas de interés social de la empresa, a favor de la peticionaria Castro Aldana, por parte de Jairo Alberto Mendoza Pimiento.

Si bien es cierto que tal como se encuentra probado el citado Jairo Alberto Mendoza Pimiento mediante escritura pública No. 2.972 del 23 de diciembre de 2002 de la Notaría 5ª del Círculo de Medellín(1) vendió a la señora Sandi Adriana Castro Aldana, los derechos y acciones que tenía la sociedad Servicios Aéreos Del Llano Ltda. “Salla Ltda.”, escritura pública que fue debidamente registrada en el Registro Mercantil más concretamente en la Cámara de Comercio de Casanare el día 20 de Febrero de 2003(2), no lo es menos que la forma como está redactado el artículo 93, literal f, numeral 6, de la ley 30 de 1986, indica que la el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, debe solicitarse con anterioridad a la cesión, pues ella debe obtenerse para la “aprobación de los nuevos socios que vayan a adquirir cuotas o acciones de una empresa de servicios aéreos comerciales, escuelas, aeroclubes y talleres aeronáuticos”, por lo cual era evidente que la Dirección Nacional de Estupefacientes, antes de emitir tal certificado dirigido a la Aeronáutica Civil para el registro de la cesión de cuotas de interés social por parte de Jairo Alberto Mendoza Pimiento a favor de la peticionaria Castro Aldana, debía hacer las averiguaciones pertinentes tanto respecto del cedente como del cesionario, lo que en realidad ocurrió, habiéndose hallado que el cedente Mendoza Pimiento, se encontraba procesado en México en la causa penal número 43/2003-B-IV por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de violación a la ley federal contra la delincuencia organizada y contra la salud en la modalidad de introducción al país de clorhidrato de cocaína(3).

En consecuencia, tal como lo señaló el Tribunal, y lo acoge la Sala, es evidente que “para efectos de orden administrativo aún se encontraba pendiente la aprobación de la nueva socia, Sandi Adriana Castro Aldana, por haber adquirido cuotas de interés de la sociedad Salla Ltda., y a estos efectos apuntaba la obtención del CCITE a favor de Salla Ltda., lo que hacía perfectamente procedente que las indagaciones adelantadas por la DNE comprendieran a quienes entonces figuraban como socios de Salla Ltda. ante la Aeronáutica Civil, entre ellos a Jairo Alberto Mendoza Pimiento”, por lo cual el hecho de que la DNE solicitara información relacionada con el cedente Mendoza Pimiento, quien aún figuraba como socio en la Aeronáutica Civil y de que la vinculación de este a un proceso judicial en otro país por la presunta introducción de clorhidrato de cocaína sirvieran de fundamento a los actos impugnados se ajusta plenamente a la legalidad, pues la existencia de dicho proceso impedía la expedición del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes.

Adicionalmente, conforme al parágrafo 1º del artículo 83 del Decreto 2150 de 1995, “el certificado podrá anularse unilateralmente en cualquier tiempo por la Dirección Nacional de Estupefacientes, con base en los informes provenientes de autoridad u organismo competente. Dicha anulación será informada a las autoridades correspondientes y contra ella procede únicamente el recurso de reposición”.

De lo anterior se deriva que una vez en conocimiento de la DNE de la vinculación de Mendoza Pimiento, quien aún figuraba como socio de Salla Ltda., a un proceso penal en México por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de violación a la ley federal contra la delincuencia organizada y contra la salud en la modalidad de introducción al país de clorhidrato de cocaína, lo obvio era que procediera a la anulación unilateral del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, que anteriormente había expedido a la sociedad Salla Ltda.

No debe olvidarse, como lo ha mencionado esta corporación(4), que la Corte Constitucional al definir la exequibilidad de los literales f) y g) del artículo 93 de la Ley 30 de 1986, señaló que con tales disposiciones, la ley busca “establecer un régimen preventivo tanto de la fundamental libertad de circulación (C.N., art. 24), como de la libertad de iniciativa económica privada (C.N., art. 333), con miras a asegurar un ejercicio de las mismas acorde con los intereses superiores que informan el interés público, representado en la necesidad de perseguir el delito, en consideración del fin ilícito que caracteriza la comisión de hechos punibles relacionados con el tráfico de drogas” a que se destinan los bienes y actividades mencionadas en los citados literales (resalta la Sala).

En la misma providencia el Tribunal Constitucional precisó que:

“No cabe duda pues, de que las regulaciones a la libertad que se comentan, encuentran justificación constitucional tanto desde un punto de vista formal como desde un punto de vista material; lo primero por las expresas remisiones a la ley de la Constitución Política y lo segundo por el interés público que persiguen las disposiciones hoy acusadas, porque bien dispone el estatuto superior que cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social (C.N., art. 58)”.

Corolario de lo anterior es que no se desconocieron los artículos 1º, 2º, 6º, 15, 58 y 83 de la Carta como tampoco se vulneró lo establecido en los arts. (sic) 93 literal F y numeral 6 de la Ley 30 de 1986.

Por las mismas razones no resulta de recibo la afirmación de que las normativas demandadas vulneran el principio de buena fe, pues el certificado es un requisito legal para la aprobación de nuevos socios o el registro de la cesión de cuotas e interés social pues, como lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia citada, “[s]on prevenciones ordinarias impuestas, se repite, por la lógica de convivencia de nuestro tiempo y sus exigencias, y es deber de los ciudadanos ajustarse a ellas como un aporte más a la vigencia de un orden justo (C.N., art. 2º)”.

Argumenta la apelante que se quebrantaron los artículos 3º del Decreto 2894 de 1990, adoptado como legislación permanente por el art. 7º, del Decreto 2272 de 1991; 82 inciso 1º, literal f) del Decreto 2150 de 1995; y 111 y 112 del C. de Co., pues, de conformidad con estas disposiciones es requisito indispensable la obtención del certificado de carencia de informes por narcotráfico tanto de la persona natural como de la persona jurídica con el fin de inscribir ante la Aeronáutica Civil el cambio de socios y la modificación o cambio de representante legal.

Lo dicho anteriormente también sirve de fundamento para desestimar este cargo, si además se tiene en cuenta que dado el carácter preventivo de la investigación que se hace antes de expedir un certificado de carencia de informes por narcotráfico o de anularlo unilateralmente, el hecho de que las normas legales exijan dicho certificado como requisito indispensable para inscribir ante la Aeronáutica Civil el cambio de socios y la modificación o cambio de representante legal, no significa que la Dirección Nacional de Estupefacientes esté obligada a expedirlo.

Conforme a las pruebas que obran en el expediente, la cesión de cuotas se realizó el 23 de diciembre de 2002(5), y de conformidad con el informe de la autoridad mexicana(6), el auto de prisión contra Mendoza Pimiento se dictó el 6 de mayo de 2003, de manera que no es cierto, como lo afirma la apelante, que entre uno y otro hecho haya transcurrido un lapso superior a un año ni encuentra la Sala que ello sea relevante en el presente caso, pues como se ha dicho, Mendoza Pimiento continuaba como socio de Salla Ltda. en la Aeronáutica Civil, mientras esta no realizara el registro de la cesión.

La apelante menciona que a la señora Castro Aldana se le causa perjuicio, pues pierde la suma de dinero que invirtió para adquirir las acciones de esta sociedad comercial dedicada al transporte aéreo, como que, la misma no podría cumplir con su objeto social, amén que se le están causando serios y graves perjuicios morales, ya que la Dirección Nacional de Estupefacientes le está poniendo en la misma posición de un narcotraficante, cuando ella, como persona natural carece de cualquier clase de antecedentes o anotación en Colombia o en el exterior por tal clase de actos.

No encuentra la Sala que se esté causando un perjuicio a la señora Castro Aldana, pues tal como lo señaló la Corte Constitucional en la citada Sentencia C-114 de 1993, “no puede entenderse que la exigencia de un requisito administrativo, como el certificado expedido por la oficina del Ministerio de Justicia, resulte violatorio del derecho a la honra, o al fuero íntimo, o al trabajo, o a la presunción de inocencia, por cuanto una persona no puede deducir que de esa exigencia legal per se, haya sido invadida su intimidad o su honra resulte vulnerada, o su inocencia puesta en entredicho”.

Adicionalmente, conforme a lo previsto en las normas demandadas, en ningún momento se dio información negativa respecto de la señora Castro Aldana y además se le indicó que para solicitar nuevamente el certificado debía aclarar, ante la autoridad judicial competente, la información que servía de fundamento al acto administrativo, indicando claramente que ella había sido recabada respecto de Mendoza Pimiento.

Tampoco encuentra la Sala que las resoluciones atacadas califiquen de ilícito el acto de cesión de cuotas, pues ellas simplemente informan que de las investigaciones realizadas se deriva la existencia de un informe expedido por la autoridad mexicana donde indica que Mendoza Pimiento está siendo procesado por un posible delito relacionado con el narcotráfico, razón por la cual la DNE en la primera anula unilateralmente el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes número 249 de 31 de enero de 2002, expedido a la sociedad Servicios Aéreos del Llano Limitda (sic) “Salla Ltda.”, para adelantar ante a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil el trámite relacionado con la obtención del permiso de operación de la compañía con las aeronaves HK-3140, HK-3140, HK-2275, HK-3565, HK-2937 y HK-3566; y en la segunda se abstiene de expedir los certificados de carencia de informes por tráfico de estupefacientes solicitados por Sandi Adriana Castro Aldana, en calidad de gerente y representante legal de la sociedad denominada Servicios Aéreos del Llano Limitada “Salla Ltda.”, dirigidos a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, con el propósito de adelantar el trámite concerniente al registro de cesión de cuotas efectuada por Jairo Alberto Mendoza Pimiento, sin que en ningún momento haya calificado de lícita o no la transacción comercial realizada.

Por otra parte tanto el certificado que se anuló como el que se abstuvo de expedir la DNE son certificados de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, y en el presente caso está demostrado que existía un informe al respecto que impedía mantener el certificado expedido a la sociedad Salla Ltda., o expedir uno nuevo para que la Aeronáutica Civil, aprobara una cesión de cuotas.

En estas circunstancias no le queda a la Sala otro camino que confirmar la sentencia objeto de la alzada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

En firme esta providencia, regrese el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Folio 5 del cuaderno de anexos.

(2) Folios 82 a 84 del cuaderno principal.

(3) Folio 763 del cuaderno de anexos

(4) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias del veintinueve (29) de noviembre de dos mil uno (2001). C. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Rad. (5745) 250002324000199921901. Actor: Diego Ricardo Otero Sánchez; y del dos (2) de noviembre de dos mil seis (2006). C. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Rad. 00269. Actor: Academia de Pilotos de Aviación Adevia Ltda.

(5) Folio 5 del cuaderno de anexos.

(6) Folio 763 del cuaderno de anexos.