Sentencia 2005-00148 de junio 11 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad. 25000 2324 000 2005 00148 01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta

Actor: Néstor Ricardo Rodríguez Ardila

Bogotá, D.C., once de junio de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. El acto administrativo enjuiciado.

Está conformado por las resoluciones 317 de 30 de septiembre de 2004, “por la cual se impone una sanción al director administrativo de la Caja de Compensación Familiar Compensar”, y 424 de 24 de diciembre de 2004, por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la anterior, ambas proferidas por el superintendente del subsidio familiar.

Se originó en la actuación administrativa que de oficio inició la Superintendencia del Subsidio Familiar contra el director administrativo de la Caja de Compensación Familiar Compensar, con motivo del envío que esta hizo al Centro Distrital Comfenalco San Vicente de un sobre que incluía el paquete publicitario de los servicios que ella ofrece; sobre que el director de otra caja de compensación familiar (Fenalco Comfenalco Cundinamarca) remitió a dicha Superintendencia a manera de queja.

Examinado el expediente administrativo, se observa que una vez recibido el sobre que el quejoso le remitió a la Superintendencia, esta le corrió pliego de cargos al sancionado, señor Néstor Ricardo Rodríguez Ardila, en su condición de director administrativo de Compensar, por considerar que “presuntamente al actuar como tal desconoció los numerales 2º y 4º del artículo 55 de la Ley 21 de 1982”, que a la letra dicen:

“ART. 55.—Son funciones del director administrativo:

(...).

2. Cumplir y hacer cumplir la ley, los estatutos y reglamentos de la entidad, las directrices del Gobierno Nacional y los ordenamientos de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

4. Dirigir, coordinar y orientar la acción administrativa de la caja”.

Como prueba de esa inculpación se aduce únicamente el original del pluricitado sobre con todo el paquete publicitario de los servicios que ofrece Compensar; y como normas reguladoras de la conducta, se invoca solamente el referido artículo 55 en sus numerales 2º y 4º ya transcritos, sin que se haga mención de las circulares que van a aparecer referenciadas en la Resolución 0312 de 2004.

De lo que sí se hace mención en los considerandos del pliego de cargos, es de un oficio identificado con el Nº 6808 de 16 de julio de 2001, mediante el cual la Superintendencia requirió a Compensar “ante idéntica situación presentada”, y se dice que no obstante lo anterior y la respuesta de dicha caja, en el sentido de haber adoptado los correctivos necesarios para que esa situación no se volviera a presentar, volvió a remitir documentación publicitaria al mismo centro educativo, afiliado a la Caja de Compensación Familiar de Fenalco Comfenalco Cundinamarca,

Contestados los cargos, se profirió la Resolución 0312 de 2004, en la cual se da por sentado que con tal hecho el inculpado desatendió instrucciones de la Superintendencia impartidas a las cajas de compensación familiar mediante circulares, de allí que sus consideraciones finalicen diciendo que “De conformidad con lo señalado en las circulares 011 de 1997 y 023 de 2003, el fin de estas es el de prevenir los constantes conflictos que se generan entre las cajas de compensación familiar por la afiliación de las empresas. Del acervo probatorio se concluye que Compensar dirigió a una empresa no afiliada, correspondencia con la que se incumplió las instrucciones impartidas por el ente de control en dichas circulares, pues esta incluía un paquete informativo de servicios que presta esa corporación”.

Por lo anterior se resuelve en el artículo primero de dicho acto, imponer sanción consistente en amonestación escrita al investigado, Néstor Ricardo Rodríguez Ardila, en su condición de director administrativo de la Caja de Compensación Familiar Compensar.

Conviene advertir que en ningún momento se le endilgó al actor lo que él relata en los hechos como uso de dineros de la caja para compañas dirigidas a promover la desafiliación del Centro Educativo Distrital Comfenalco San Vicente, y así se pone de presente en la primera de las resoluciones acusadas, de modo que ello no hizo parte de los motivos de las mismas.

2. Examen de los cargos.

Se concretan en la alegada violación de los artículos 6º y 29 de la Constitución Política y 59 del Código Contencioso Administrativo por razones que se resumen en falta de tipicidad y culpabilidad, debido a la carencia de soporte jurídico que señala como reprochable la conducta sancionada, y en indebida motivación por la inexistencia de violación del artículo 55, numerales 2º y 4º de la Ley 21 de 1982.

Por consiguiente, la cuestión a resolver es si el hecho reseñado está o no tipificado como falta administrativa, cuya sanción sea la impuesta y de la competencia de la superintendencia demandada, pudiéndose observar al respecto que en ninguna de las resoluciones que conforman el acto acusado se indica norma que describa o le dé tal carácter de falta administrativa, ni que establezca la correspondiente sanción; ni las normas que se aplican como las reguladoras de la conducta (L. 21/82, art. 55, nums. 2º y 4º), la elevan a falta administrativa y menos señalan alguna específica sanción por tal conducta.

A ello se agrega que tampoco se indica de manera precisa la disposición de los ordenamientos de la superintendencia que específicamente violó o desatendió o incumplió el investigado, pues en el pliego de cargos se habla de un requerimiento mediante oficio y en la resolución sancionatoria ya no se hace mención de ese oficio, sino de unas circulares que no se le indicaron en dicho pliego.

De modo que la Sala no encuentra la relación directa y necesaria de adecuación típica entre el hecho motivo de la sanción y la normatividad que se aplicó como reguladora de la conducta, en razón de lo cual cabe decir que si alguna regulación contiene esa normatividad, de ninguna forma se observa que sea regulación como conducta típica, sancionable administrativamente, y menos que deba ser castigada con una u otra sanción administrativa.

En desarrollo del principio de legalidad, toda medida punitiva estatal en lo sustancial o material requiere norma jurídica preexistente que tipifique o lo dé carácter de reprensible a la conducta o hecho por la cual se persiga aplicar una medida de esa clase, y que fije la medida punitiva o sanción a imponer en el caso concreto. No hay falta administrativa sin norma que la establezca y que señale su sanción.

Por consiguiente, es cierto, como lo alega el actor, que no aparece en el acto administrativo acusado ni en sus antecedentes dentro de la actuación administrativa que le dio origen, soporte jurídico del carácter reprochable —a título de falta administrativa— de los hechos que sirvieron de motivo a dicho acto administrativo, esto es, enviar un sobre con material publicitario de los servicios que presta una caja de compensación, a una empresa o institución no afiliada a la caja remisoria de ese material; como tampoco de la sanción impuesta. No se indica norma en la que se encuadre como falta administrativa.

Ello significa que los cargos tienen vocación de prosperar y en consecuencia, se deba declarar la nulidad del acto administrativo acusado, como en efecto se hará en la parte resolutiva de la providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones 317 de 30 de septiembre de 2004, “por la cual se impone una sanción al director administrativo de la Caja de Compensación Familiar Compensar”, y 424 de 24 de diciembre de 2004, por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la anterior, ambas proferidas por el Superintendente del Subsidio Familiar.

2. En consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, declárase sin efecto alguno dicha sanción.

3. En firme esta decisión y previas las anotaciones de rigor, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de 11 de junio del 2009».

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