Sentencia 2005-00150/38744 de mayo 26 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 81001-23-31-000-2005-00150-01 (38.744)

Actor: Nicéforo López Loza y otros

Demandado: Fiscalía General de la Nación y otro

Asunto: Acción de reparación directa

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Bogotá, D.C., veintiséis de mayo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Competencia.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 (estatutaria de la administración de justicia) y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los tribunales administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado(30), sin tener en cuenta la cuantía del proceso.

Oportunidad de la acción.

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos(31), la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En los eventos en los que se alega la privación injusta de la libertad como fuente del daño indemnizable, esta corporación ha sostenido de manera reiterada que el cómputo de la caducidad de la acción de reparación directa inicia desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o la providencia absolutoria queda ejecutoriada —lo último que ocurra—(32).

En este caso, no obra la constancia de ejecutoria de la providencia por medio de la cual se precluyó la investigación a favor de Carlos Alberto Uribe Lamus y de Leticia López Santos; sin embargo, se encuentra que otro de los sindicados interpuso recurso de apelación, el cual se concedió en auto del 16 de junio de 2003 (fl. 152, c. 15)(33). Aun teniendo en cuenta esta fecha, se observa que, para el momento en que los demandantes presentaron la demanda —15 de junio de 2005—, la acción no había caducado.

Prelación de fallo.

En la actualidad, la subsección A de la sección tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para proferir fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en el orden cronológico en que pasaron los expedientes al despacho.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en el artículo 16, permite decidir, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de la jurisprudencia”.

En el presente caso, el objeto de debate se refiere a la privación injusta de la libertad de Carlos Alberto Uribe Lamus y de Leticia López Santos, tema respecto del cual la sección tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en las cuales ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

Consideración previa.

Resulta necesario determinar si la sustentación del recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación tiene realmente tal connotación o, si por el contrario, de su contenido no es posible construir acusación alguna contra la sentencia de primera instancia. De ser esta última situación la que se verifique, indefectiblemente se estaría frente a un memorial que no puede ser tenido como la manifestación de inconformidad respecto del fallo apelado, pues, sin que allí se esboce de fondo una censura contra la sentencia impugnada, resulta imposible darle el alcance de sustentación argumentativa del recurso y menos sería próspera la aspiración de obtener la revocatoria de la sentencia.

Si bien la Fiscalía General de la Nación sustentó formalmente su recurso de apelación, lo cierto es que, materialmente, los argumentos en él esgrimidos de ninguna manera controvierten las razones expuestas por el a quo en la decisión objeto de recurso.

En efecto, la Fiscalía General de la Nación se limitó a transcribir en el escrito de apelación el contenido de los documentos aportados como contestación de la demanda y como alegatos de conclusión de primera instancia, pero no precisó los errores o equivocaciones en que, en su opinión, pudo haber incurrido el tribunal y que merecen ser corregidos por esta corporación, ni expuso argumento alguno en contra de ellos, carga argumentativa que, obviamente, no se suple con la reproducción literal de la contestación de la demanda y de los alegatos, pues, entre otras cosas, la sentencia de primera instancia decidió en torno a lo expuesto en ellos.

De lo anterior surge, claramente, que el escrito presentado no es en realidad un recurso de apelación, sino simplemente la repetición o reiteración de las razones expuestas en la contestación de la demanda y en las alegaciones finales de primera instancia, lo cual permite afirmar, sin duda alguna, que en realidad no existe un recurso de apelación, así el escrito haya sido denominado de esa manera por la fiscalía y presentado dentro del término dispuesto para ello.

Al respecto, debe decirse que esta corporación ha señalado, en reiterados pronunciamientos, que para que el juez de segunda instancia pueda ejercer la facultad jurisdiccional que la ley le ha conferido se hace necesario confrontar el fallo impugnado con los fundamentos de la apelación incoada en su contra:

“(…) De conformidad con el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil, el recurso de apelación tiene por objeto que el superior estudie la cuestión decidida en la providencia de primer grado y la revoque o reforme.

“La apelación permite el ejercicio del derecho de defensa de las partes, a través de la impugnación de la decisión judicial contenida en la sentencia. Por tanto, exige que el recurrente confronte los argumentos expuestos por el fallador de primera instancia con sus propias razones de inconformidad, para determinar si las pruebas y el sustento jurídico han sido correctamente valorados.

“Como ha señalado esta corporación ‘la labor de la segunda instancia consiste en verificar, sobre la base de la decisión impugnada, el acierto o el error del A-quo en el juicio realizado, circunscribiéndose a dicho aspecto la competencia’.

“El recurso de apelación es un instrumento judicial, en este caso, para impugnar una sentencia controvirtiéndola con argumentos que apunten a desvirtuarla total o parcialmente y sirvan de marco al juez de segunda instancia para llevar a cabo la función revisora que comporta tramitar y decidir una apelación.

“Esa función, que no es oficiosa, tiene que apoyarse en la argumentación contenida en la sustentación del recurso de apelación, que le debe servir al ad quem para soportar la decisión de revocar o modificar la sentencia de primera instancia según lo pretendido por el apelante. 

“En el presente caso, con base en lo planteado por la entidad demandada en el recurso de apelación, no es posible de ninguna manera revocar la providencia impugnada, pues no planteó ninguna inconformidad contra la sentencia, sino que se refirió a otros aspectos que no fueron el fundamento de la decisión”(34) ( se destaca).

Aún más, esta subsección también ha delimitado el estudio del recurso de apelación a los motivos de inconformidad que exponga el recurrente, pues, de lo contrario, se vulneraría el principio de congruencia que debe gobernar todas las providencias judiciales; así, en Sentencia del 26 de enero de 2011, expresó:

“De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento de que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional”(35).

Así las cosas y al no haberse presentado en este caso una real sustentación del recurso de apelación, pues, se insiste, lo que se aportó fue una simple reproducción de la contestación de la demanda y de los alegatos de conclusión de primera instancia, lo que surge es, por una parte, que el escrito que se presentó no puede ser tenido como contentivo de un recurso de apelación y, por otra parte, que el recurrente se quedó sin esgrimir cuáles eran las razones de su inconformidad respecto del fallo del tribunal(36).

En efecto, el parágrafo 1º del artículo 352 del Código de Procedimiento Civil indica que el recurso de apelación debe ser sustentado ante el juez o tribunal que deba resolverlo, lo que significa que no basta con la simple interposición o presentación del escrito que lo contenga ni con la manifestación general de no estar conforme con la decisión recurrida, pues solamente quien tiene interés en que el asunto sea estudiado y analizado en segunda instancia se encuentra en capacidad de señalar cuáles fueron, con criterio subjetivo, los yerros o desaciertos en los que incurrió el a quo al decidir la litis planteada(37).

Ahora, es cierto que la Fiscalía General de la Nación, a lo mejor consciente de la falta de sustentación material de su recurso de apelación, propuso argumentos en contra de la sentencia proferida por el tribunal; sin embargo, ello ocurrió dentro de la oportunidad que se le dio para presentar alegatos de conclusión en esta instancia, momento que, evidentemente, no era el oportuno para esa finalidad, de suerte que los fundamentos argumentativos que propuso allí no pueden servirle de sustentación de la apelación que presentó.

En consecuencia, el escrito contentivo del recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación no será estudiado.

Caso concreto.

Conforme a lo anteriormente expuesto, resulta pertinente señalar que la parte demandante tiene la calidad de apelante único; por lo tanto, la Sala no podrá hacer más gravosa su situación, únicamente podrá mejorarla en el evento de que encuentre que hay lugar a ello, de conformidad con las pruebas debidamente decretadas y practicadas en el proceso.

Así mismo, es preciso aclarar que, como el recurso de apelación se contrajo únicamente a controvertir la decisión del tribunal en lo que atañe a la indemnización de perjuicios morales y del daño a la vida de relación, la Sala omitirá el análisis del régimen de responsabilidad, el daño y su imputación.

Bajo esa perspectiva, es evidente que el recurso de apelación se encuentra limitado al aspecto indicado, por lo que se deberá resolver la impugnación en los términos previstos en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece:

“La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla …” (negrillas adicionales).

En este orden de ideas, resulta claro que, para el juez de segunda instancia, el marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se esgrimen en contra de la decisión que se adoptó en la primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados en el recurso, se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia como el principio dispositivo. En tal sentido, la jurisprudencia ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, (sic) condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, (sic) constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem ‘tantum devolutum quantum appellatum’”(38).

Perjuicios morales.

Por dicho concepto, en la demanda se solicitó la suma de 100 smlmv para cada uno de los demandantes.

En el recurso de apelación, se pidió: a. el reconocimiento de este perjuicio para los hermanos y los padres de los afectados y b. el incremento de la condena impuesta, equivalente a 40 smlmv, a favor de Carlos Alberto Uribe Lamus y de Leticia López Santos (víctimas directas) y a 20 smlmv, a favor de Fredy Yobany, Nadia Dalissa y Carlos Alberto Uribe López (hijos de las víctimas).

Pues bien, la ley establece una solemnidad probatoria en materia de acreditación del parentesco, es decir, exige que se pruebe la relación de parentesco con la presentación del registro civil en el cual conste el nombre de las personas respecto de las cuales se pretende acreditar dicha relación, sin que exista posibilidad alguna de suplir dicha prueba mediante otros medios probatorios.

En efecto, esta corporación ha dicho:

“… Para verificar su ocurrencia es menester tener en cuenta que esa circunstancia corresponde al ámbito de las relaciones familiares(39), que es un supuesto distinto al del estado civil(40), aunque ambos constituyen los dos aspectos básicos de la estructura jurídica familiar, los cuales se deben distinguir en este caso debido a que el régimen de la prueba de uno y otro es diferente en nuestro ordenamiento jurídico.

“Lo anterior obedece a diferencias fácticas entre dichos fenómenos, de allí que si bien la mayoría de los estados civiles se funda en una relación de parentesco, v. gr. el estado civil de hijo, la ley también reconoce relaciones familiares que no generan estados civiles propiamente dichos, que es el caso de las relaciones familiares de afinidad (cuñado, suegra, etc.) y las de compañero o compañera permanente; así como igualmente prevé estados civiles que no surgen del parentesco, como ocurre con el estado civil de cónyuge (D. 1260/70, arts. 5º, 44, 67 y concordantes). Quiere ello decir que, (sic) no son dos aspectos inescindibles o inseparables, sino que pueden darse el uno sin el otro. Puede haber relación de parentesco sin que se produzca un correspondiente estado civil o, contrario sensu, un estado civil determinado sin una relación de parentesco que lo hubiera originado.

“Esa diferencia probatoria también está determinada por el fin que se persigue con la invocación del estado civil o de la relación familiar. Es así que cuando el estado civil se aduce como fuente de ‘derechos’ y de ‘obligaciones’ (D. 1260/70, art. 1º) es necesario acudir a su régimen probatorio, establecido en los artículos 101 y ss. del Decreto 1260 de 1970, tal como se explica adelante; mientras que cuando se aduce ‘una relación parental’ o ‘parentesco’ para deducir consecuencias jurídicas distintas de las antes mencionadas, como las concernientes a inhabilidades o incompatibilidades electorales, el parentesco de que se trate puede demostrarse con la prueba del estado civil correspondiente, si lo hay, o mediante cualquiera de los demás medios probatorios legales, previstos en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil.

“3.2.1. En cuanto al estado civil, se tiene que el artículo 105 del Decreto 1260 de 1970 establece que los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas, ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938 y hasta 1970, se probarán con copia de la correspondiente partida o folio, o con certificado expedidos con base en los mismos; y que en caso de pérdida o destrucción de ellos, se probarán con las actas o los folios reconstruidos o con el folio resultante de la nueva inscripción, conforme a lo dispuesto en el artículo 100; de modo que en cuanto a los estados civiles constituidos entre 1938 y 1970, su prueba legal será siempre la copia del registro del estado civil como prueba principal y, en caso de reconstrucción del mismo, las pruebas supletorias atrás mencionadas, lo cual significa que el régimen probatorio del estado civil varía según la época de ocurrencia de los hechos constitutivos del mismo.

“Ahora bien, para efectos de la reconstrucción del registro con fundamento en sentencia judicial, esto es, cuando el thema probandi es el estado civil, esa prueba, según el artículo 105 del Decreto 1260 de 1970, puede ser ‘las declaraciones de testigos que hayan presenciado los hechos constitutivos del estado civil que se trata, y, en defecto de estas pruebas, por la notoria posesión de ese estado civil’ (L. 92/38, art. 19, parte final). Es decir, a falta del ‘registro en que debiera encontrarse el correspondiente hecho o acto, el estado civil puede probarse según el artículo 399 del Código Civil mediante un conjunto de testimonios fidedignos ( 20 ó (sic) más) que declaren de manera irrefragable que determinada persona ha pasado ante su familia y ante los demás durante más de cinco años continuos’ (C.C., art. 398), por ejemplo, como hijo de otro, a fin de que se tenga supletivamente demostrado la posesión notoria del estado de hijo, que por no controvertirse, no requiere todos los requisitos para la declaración de un estado controvertido (C.C., art. 397).

(…)

“En todo caso, el estado civil surgido con posterioridad a la vigencia del Decreto 1260 de 1970, para efectos de los derechos u obligaciones que genera, sólo puede ser demostrado mediante documento idóneo, el cual no puede ser otro que los señalados en la citada disposición, esto es, mediante copia de la correspondiente partida o folio o certificado del registro civil respectivo, lo cual excluye otro medio probatorio, como testimonio, confesión, indicio, etc.; y la regulación del estado civil de las personas es de orden público, por lo cual su aplicación no depende de la voluntad de éstas, de allí que esta jurisdicción tenga dicho que no tienen libertad probatoria frente a ellas”(41).

Acerca de la prueba del parentesco, esta Sala afirmó:

“De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 1260 de 1970, el estado civil de una persona es su situación jurídica en la familia y la sociedad y su asignación corresponde a la ley. Según el artículo 101 del mismo decreto, consta en el registro del estado civil, que es público, y las copias y certificados que se expidan con base en los libros de dicho registro son instrumentos públicos.

(…)

“Conforme al artículo 105, los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas, ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938, se probarán con copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en los mismos. El artículo 103 dispone, además, que se presume la autenticidad y pureza de las inscripciones hechas en debida forma en el registro del estado civil.

(…)

“De conformidad con las normas citadas anteriormente, resulta claro que cuando se expida un certificado de registro civil de nacimiento y en él consten los nombres de los progenitores del inscrito, dicho documento constituirá prueba suficiente para acreditar el parentesco de consanguinidad existente entre éste y aquéllos. En efecto, si tales nombres fueron indicados en el correspondiente certificado, es porque el inscrito nació dentro de un matrimonio legalmente celebrado o, siendo hijo extramatrimonial, fue reconocido por su padre o se declaró judicialmente su paternidad.

“Y no puede el juez exigir pruebas adicionales para establecer el parentesco, so pena de desconocer la solemnidad prevista por la ley, de manera excepcional, para la demostración de los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 105 del Decreto 1260 de 1970”(42).

De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que el registro civil de nacimiento constituye el medio idóneo y suficiente para probar el parentesco; por tanto, su ausencia configura la falta de legitimación en la causa (en este caso por activa) y también tiene incidencia en la determinación de la indemnización pretendida en el marco de la acción de reparación directa, puesto que permite dar aplicación a la presunción de dolor y sufrimiento de los familiares más cercanos de la víctima del daño antijurídico alegado y determinar la edad de la misma para efectos de establecer el monto de los perjuicios materiales que se pudieran derivar de dicho daño(43).

Así las cosas, la Sala no reconocerá indemnización por este perjuicio a favor de los hermanos y de los padres de Carlos Alberto Uribe Lemus y de Leticia López Santos, toda vez que en el expediente no obran los registros civiles de nacimiento de estos dos últimos, con los cuales se puede acreditar la calidad que aducen aquellos otros.

Ahora, se ha aceptado que, cuando una persona no acredita formalmente el parentesco con la víctima, puede ser indemnizada como tercero damnificado, siempre y cuando demuestre el daño, pues frente a éste el perjuicio moral no se presume.

En relación con la condición de tercero damnificado, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala(44), en los procesos de responsabilidad se indemniza a los damnificados por el perjuicio que les hubiere causado la privación de la libertad de la que fue objeto la víctima o porque el hecho hubiere afectado sus condiciones normales de subsistencia. En los eventos en los cuales se demuestre que el demandante era el padre, hermano, hijo o cónyuge de la víctima, ese perjuicio se infiere del vínculo de parentesco; en cambio, cuando no se acreditan esas calidades, el perjuicio moral o patrimonial debe acreditarse a través de cualquier medio de prueba.

En este caso, nada indica dentro del expediente que las personas que, según la demanda, acuden en calidad de padres y hermanos de los afectados hayan tenido algún padecimiento moral que deba serles indemnizado como terceros damnificados.

Conviene precisar que el tribunal no tenía la obligación de decretar pruebas de oficio, para tener demostrado el parentesco de las víctimas respecto de sus padres y hermanos, como quiera que esa prueba está a cargo de la parte actora y decretarla de oficio implicaría perfeccionarle su tarea probatoria, labor a la cual no está llamado el juez, pues no debe olvidarse que es deber de las partes acreditar los supuestos de hecho en que sustentan sus pretensiones (CPC, art. 177).

Por otra parte, esta sección sugirió, en Sentencia del 28 de agosto de 2014 (exp. 36.149(45)), una guía para la liquidación de este perjuicio inmaterial, que toma como parámetro el tiempo que duró la detención.

Aplicando tal guía al presente asunto, por tratarse de una privación injusta de la libertad que duró 23 días(46), la indemnización que correspondería, en principio, a cada uno de los demandantes sería la siguiente:

a) Quince (15) smlmv para Carlos Alberto Uribe Lamus, Leticia López Santos (víctimas directas), Fredy Yobany, Nadia Dalissa y Carlos Alberto Uribe López (hijos de las víctimas).

Así, es claro que no se puede incrementar el monto de la condena de primera instancia (40 smlmv), pues la indemnización que les correspondería es inferior a la reconocida; sin embargo, no se podrá modificar la sentencia en orden a disminuir la condena impuesta, pues ello desmejoraría la condición de la parte demandante como apelante único, de manera que los montos a los cuales se condenó en primera instancia se mantendrán incólumes.

Por último, la parte recurrente afirmó que si el tribunal hubiera considerado el hecho de que los señores Uribe Lamus y López Santos tuvieron inconvenientes de movilidad, por cuanto la fiscalía no le comunicó al DAS sobre su libertad, el monto de los perjuicios morales sería mayor; no obstante, revisado el expediente, se encuentra que tal circunstancia no se probó.

Daño a bienes constitucionalmente protegidos, denominado por los demandantes como “daño a la vida de relación”(47). 

En la demanda se solicitó 100 smlmv como indemnización a favor de Carlos Alberto Uribe Lamus, Leticia López Santos, Fredy Yobany, Nadia Dalissa y Carlos Alberto Uribe López, a título de daño a la vida de relación.

En el recurso de apelación, se solicitó se reconociera este perjuicio a favor de los hijos de los afectados y el incremento de la condena impuesta, equivalente a 20 smlmv a favor de Carlos Alberto Uribe Lamus y Leticia López Santos.

Al respecto, en Sentencia del 14 de septiembre de 2011, la Sala dijo:

“(…) que la tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de ‘daño corporal o afectación a la integridad psicofísica’ y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v. gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta corporación(48).

Luego, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 (exp. 32.988), la Sala hizo las siguientes precisiones en torno a los perjuicios por vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados:

“i) Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos contenidos en fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones o afectaciones a bienes o derechos constitucionales y convencionales. Por lo tanto, es una nueva categoría de daño inmaterial.

“ii) Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un efecto dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos constitucionales y convencionales.

“iii) Es un daño autónomo: no depende de otras categorías de daños, porque no está condicionado a la configuración de otros tradicionalmente reconocidos, como los perjuicios materiales, el daño a la salud y el daño moral, ni depende del agotamiento previo de otros requisitos, ya que su concreción se realiza mediante presupuestos de configuración propios, que se comprueban o acreditan en cada situación fáctica particular.

“iv) La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva: los efectos del daño se manifiestan en el tiempo, de acuerdo al (sic) grado de intensidad de la afectación, esto es, el impedimento para la víctima directa e indirecta de gozar y disfrutar plena y legítimamente de sus derechos constitucionales y convencionales.

“15.4.2. La reparación del referido daño abarca los siguientes aspectos:

“i) El objetivo de reparar este daño es el de restablecer plenamente a la víctima en el ejercicio de sus derechos. La reparación de la víctima está orientada a: (a) restaurar plenamente los bienes o derechos constitucionales y convencionales, de manera individual y colectiva; (b) lograr no solo que desaparezcan las causas originarias de la lesividad, sino también que la víctima, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas, pueda volver a disfrutar de sus derechos, en lo posible en similares condiciones en las que estuvo antes de que ocurriera el daño; (c) propender para que en el futuro la vulneración o afectación a bienes o derechos constitucionales y convencionales no tengan lugar; y (d) buscar la realización efectiva de la igualdad sustancial.

“ii) La reparación del daño es dispositiva: si bien las medidas de reparación de este tipo de daños pueden serlo a petición de parte, también operan de oficio, siempre y cuando aparezca acreditada su existencia.

“iii) La legitimación de las víctimas del daño: se reconoce a la víctima directa de la lesión como a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero (a) permanente y los parientes hasta el 1º (sic) de consanguinidad, incluida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas ‘de crianza’, en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos.

“iv) Es un daño que se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario: se privilegian por excelencia las medidas reparatorias no indemnizatorias; sin embargo, en casos excepcionales cuya reparación integral, a consideración del juez, no sean suficientes, pertinentes, oportunas o posibles podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria hasta 100 smlmv, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud. Ese quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y/o la naturaleza del bien o derecho afectado”.

Según lo expuesto, esta corporación ha concluido que es procedente el reconocimiento de indemnización por concepto de perjuicios inmateriales distintos a los de carácter moral, a título de daño a bienes constitucionalmente protegidos (derecho a la honra y al buen nombre).

No obstante, la Sala no podrá efectuar ningún tipo de reconocimiento por este concepto a favor de los hijos de las víctimas directas, toda vez que, de acuerdo con el criterio de unificación adoptado por esta sección en la providencia del 28 de agosto de 2014 (exp. 32.988) ya mencionada, la reparación pecuniaria de este daño es únicamente para las víctimas directas.

Así mismo, se negará el incremento de la condena impuesta en primera instancia, por cuanto la suma que le fue reconocida a Carlos Alberto Uribe Lamus y a Leticia López Santos (20 smlmv) resulta proporcional al daño, por cuanto aquéllos permanecieron detenidos durante 23 días.

Costas.

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenarlas en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la Sentencia del 18 de marzo de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(30) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 9 de septiembre de 2008 (exp. 2008 00009).

(31) Ley 446 de 1998 del 7 de julio de 1998.

(32) Entre otras, sentencias del 14 de febrero de 2002 (exp. 13.622) y del 11 de agosto de 2011 (exp. 21.801).

(33) Conviene precisar que, si bien la Resolución del 5 de mayo de 2003 no fue objeto de apelación en cuanto se precluyó la investigación a favor de Carlos Alberto Uribe Lamus y de Leticia López Santos, los efectos ejecutorios de dicha decisión quedaron suspendidos hasta que se resolviera el recurso de apelación interpuesto por otro de los sindicados, bajo el entendido de que en nuestro sistema penal no existen ejecutorias parciales de las decisiones, pues debe conservarse la unanimidad de ejecución de las providencias (consultar sentencias del 14 de agosto de 2013, radicación 26.516 y del 12 de mayo de 2016, radicación 40.182).

(34) Ver, entre otras, sentencias del 9 de marzo de 2016, radicación 41.255 y 39.160.

(35) Sentencia del 26 de enero de 2011, radicado 19865, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(36) Entre otras, providencia del 9 de marzo de 2016, radicación 41.255.

(37) El Consejo de Estado se ha pronunciado en casos similares en igual sentido (ver sentencias de 17 de marzo de 2010, radicación 2009-00045 -36838-, actor Banco de la República y H. Rojas y Asociados Ltda., y de 9 de junio del mismo año, radicación 1997-08775-01-19283-, actor Jaime Ernesto Enrique Estrella y otros).

(38) Al respecto, Sentencia del 13 de febrero de 2012, expediente 21.060.

(39) Cita textual del fallo referido: “Las relaciones familiares son los vínculos jurídicos que se establecen con ocasión de la familia, que a su turno se subdividen en relaciones parentales, originadas por lazos consanguíneos con un tronco común (parentesco consanguíneo) o por nexos puramente legales (parentesco civil) y aparentales, carecen de vínculo con tronco o de sangre, las cuales a su vez son de pareja (matrimoniales y maritales) y de afinidad (suegro, cuñado, etc.)”.

(40) Cita textual del fallo referido: “El estado civil se origina en una de las relaciones jurídicas que conforma la organización familiar, y se le llama así porque indica la situación jurídica de una persona en la familia y la sociedad, determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, y se deriva de los hechos, actos y providencias que la determinan señalados en la ley (D. 1260/70, arts. 1º y 2º)”.

(41) Consejo de Estado, sección primera, 24 de agosto de 2006, expediente 25000-23-15-000-200501477-01(PI), C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianetta.

(42) Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 21 de septiembre de 2000, expediente 11766, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(43) Al respecto, consultar Sentencia del 23 de mayo de 2012, radicación 25.267.

(44) Entre otras, consultar Sentencia del 29 de mayo de 2014, radicación 27.903.

(45) “Ahora bien, sin que de manera alguna implique un parámetro inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, la Sala formula las siguientes reglas que sirven como guía en la tasación del perjuicio moral de la víctima directa en escenarios de privación injusta de la libertad: i) en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, se reconozca la suma de 100 smmlv; ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 smmlv; iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 smmlv, iv) si fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 smmlv, v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 smmlv, vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 smmlv, y vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 smmlv, todo ello para la víctima directa —se insiste— y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados.
“Se reitera, los anteriores parámetros objetivos sirven como norte, guía o derrotero a efectos de que se garantice (sic) el principio de reparación integral del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, y los principios de igualdad material y dignidad humana, para lo cual el juez al momento de la valoración del daño moral es preciso que motive con suficiencia las circunstancias de tiempo, modo y lugar por las cuales se reconoce el respectivo perjuicio”.

(46) Carlos Alberto Uribe Lamus y Leticia López Santos fueron capturados el 16 de julio de 2002, según el acta de derechos del capturado de esa misma fecha (fls. 126 y 129, c. 12). El 5 de agosto de 2002 se libró la boleta de libertad a su favor (fls. 296 y 297, c. 8) y se suscribió el acta de compromiso (fls. 119 y 120, c. 3).

(47) Consultar Sentencia de 10 de septiembre de 2014, expediente 36.798.

(48) Consejo de Estado, Sala Plena de la sección tercera, Sentencia de 14 de septiembre 2011 (exp. 19031).