Sentencia 2005-00168 de octubre 21 de 2010

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001 1032 000 2005 00168 01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Actor: Colmédica Medicina Prepagada S.A.

Bogotá, D.C., veintiuno de octubre de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. La excepción propuesta

La ineptitud que la entidad demandada le atribuye a la demanda por falta de formulación de cargos en su contra por la precariedad de las razones de la violación, no se configura puesto que según se constata en la reseña de dicha demanda, se cumple con los requisitos de indicar las normas violadas y el concepto de la violación. Si las razones expuestas en ese concepto son acertadas y fundadas o no, no es aspecto que sea examinable a título de excepción, si no que hace parte justamente del estudio de fondo de cada cargo.

Por ende, la excepción carece de fundamento y en virtud de ellos se desestima.

2. El acto acusado

La Resolución 525 del 19 de abril de 2004 se profirió con motivo de la comercialización sin previa aprobación del plan de medicina prepagada Zafiro Premium Integral, que la actora procedió a realizar bajo el convencimiento de que había adquirido pleno derecho a ello por haber remitido a la Superintendencia con antelación superior a 30 días hábiles al día que empezó a comercializarlo, toda la información relacionada con el mismo y que cumplía todos los requisitos para enmarcarse en la autorización general de planes y contratos de medicina prepagada, a la luz de la Circular 77 de 1998, numeral 2.1.1., según se lee en la respuesta que dio a las explicaciones que le requirió dicha entidad al encontrar que si bien tenía solicitud de aprobación, el mencionado plan aún no había sido aprobado.

Al punto se precisa en la primera de las resoluciones enjuiciadas que según el artículo 22 del Decreto 806 de 1998 y la Circular Externa 77 de 1998, no basta con enviar a la superintendencia parte de la información que allí se señala, sino que es indispensable que esté completa y se ajuste a lo allí dispuesto.

Que como bien lo anota la representante legal de la actora, el numeral 2.1.2 de la citada circular, la aprobación se entiende concedida sin que deba mediar la autorización expresa de la Superintendencia siempre y cuando se envíe la información solicitada y lo haga en el término allí previsto; empero el numeral 2.1.3 igualmente establece que cuando se compruebe que se encuentra comercializando un plan sin el cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos, ordenará la suspensión de su comercialización e impondrá las sanciones previstas en los numerales 23 y 24, artículo 5º del Decreto 1259 de 1994.

Que ampliamente quedó demostrado que de los 33 aspectos informativos que debía cumplir la actora, 3 no fueron presentados y 18 fueron objetados mediante comunicación del 25 de septiembre de 2003, por lo cual se encuentra incursa en lo previsto en el numeral 2.1.3 de la aludida circular 77, ya que comercializó el Plan Zafiro Premium Integral sin haber sido aprobado previamente por la Superintendencia, y la información remitida para el efecto no cumple con lo requerido en la normatividad vigente.

Por lo anterior en su artículo primero resolvió:

1. Ordenar a la empresa Salud Colmena Medicina Prepagada S.A. la suspensión de la comercialización del plan de medicina prepagada denominado Zafiro Premium Integral, por haber sido objetado por la Superintendencia Nacional de Salud, por lo cual se considera que no está aprobado por el organismo de control.

El artículo de esa resolución, en el cual imponía una multa a la actora, fue revocado en virtud del recurso de reposición, mediante Resolución 1222 de 6 de septiembre de 2004, en la cual se confirmó el transcrito artículo primero de la resolución sancionatoria.

3. Examen de los cargos.

3.1. Vistos los fundamentos de la decisión acusada y los cargos que se le formulan en la demanda, y sin perjuicio de examinar los demás tópicos de esos cargos, la cuestión se contrae a establecer si las razones expuestas justificaban o no dicha decisión, esto es, la orden dada a la actora para que suspendiera la comercialización del referido plan, en especial las concernientes a su falta de aprobación especial situación que se da como cierta, ya que dicha falta es un hecho que no tiene discusión; o si por el contrario, son válidas o no las razones aducidas por la actora para justificar la comercialización del plan en mención en esas circunstancias.

3.2. Al efecto se hacen las siguientes precisiones

3.2.1. El servicio de medicina prepagada se encuentra autorizado y previsto como objeto de intervención estatal en el artículo 4º, numeral 15, del Decreto-Ley 1298 de 1994, “Por el cual se expide el Estatuto Orgánico del Sistema General de Seguridad Social en Salud”, en términos que conviene traer a colación, a saber:

“ART. 4º.—Intervencion del Estado. El Estado intervendrá en el servicio público de Seguridad Social en Salud, conforme a las reglas de competencia de que trata el presente estatuto, en el marco de lo dispuesto en los artículos 48, 49, 334 y 365 a 370 de la Constitución Política. Dicha intervención buscará principalmente el logro de los siguientes fines:

(…).

15. Dictar normas sobre la organización y funcionamiento de la medicina prepagada, cualquiera sea su modalidad, especialmente sobre su régimen tarifario y las normas de calidad de los servicios, así como en relación con el otorgamiento del mismo tipo de servicios por las instituciones de seguridad y previsión social, cuya inspección, vigilancia y control estarán a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud”.

3.2.2. Tal modalidad de servicio de medicina tiene como reglamentación el Decreto 1486 de 1994, proferido en desarrollo del anterior numeral, cuyo artículo 1º lo define como ”El sistema organizado y establecido por entidades autorizadas conforme al presente decreto, para la gestión de la atención médica, y la prestación de los servicios de salud y/o atender directa o indirectamente estos servicios, incluidos en un plan de salud preestablecido, mediante el cobro de un precio regular previamente acordado”.

3.2.3. Sobre los planes que se ofrezcan para su prestación, conviene traer el artículo 12 del citado Decreto 1486 de 1994, que modificado por el artículo 1º del Decreto 783 de 2000, establece:

“La Superintendencia Nacional de Salud deberá aprobar los programas de copagos y pagos moderadores que pretendan desarrollar las entidades, dependencias o programas de medicina prepagada y definirá la forma como se le deberá suministrar al usuario información al respecto.

Para el efecto las entidades de medicina prepagada estarán sometidas al régimen general o de autorización previa que para el efecto disponga la Superintendencia Nacional de Salud.”

3.2.4. A su turno, el titular de la aludida entidad profirió la Circular Externa 77 de 1998, en ejercicio de las facultades conferidas por el numeral 6º del artículo 7º del Decreto 1259 de 1994, en concordancia con lo dispuesto en el literal c, numeral 12 del artículo 14 del mismo y con lo establecido en el numeral 4º, artículo 15 del Decreto 1570 de 1993 y en el numeral 3º del artículo 22 del Decreto 1486 de 1994 en lo relacionado con la organización y funcionamiento de la medicina prepagada, en la cual incluyó el numeral 2º referido a la aprobación de los planes de medicina prepagada, en palabras que se transcriben a continuación en lo que aquí interesa.

“2. Aprobación de planes y contratos de medicina prepagada y servicios de ambulancia prepagados

2.1. Aprobación general

Las entidades, programas y dependencias de medicina prepagada y servicios de ambulancia prepagados que cuenten con el respectivo certificado de funcionamiento podrán comercializar los planes sin autorización previa de la Superintendencia Nacional de Salud siempre y cuando cumplan con lo siguiente:

“2.1.1. Requisitos

2.1.1.1 Estar cumpliendo con las disposiciones legales vigentes, que le sean aplicables sobre capital mínimo saneado, margen de solvencia e inversiones obligatorias.

2.1.1.2. No estar incurso en las causales de disolución establecidas en el código de comercio y demás normas vigentes.

2.1.1.3. No encontrarse en las causales ni estar sometido en alguno de los regímenes de autorización previa de tarifas o publicidad.

2.1.1.4 Informar a la Superintendencia Nacional de Salud mediante comunicación escrita la intención de comercializar el plan o los planes indicando el(os) nombre(s) y adjuntando la información y documentación que se relaciona en el numeral 2.1.2 de la presente circular externa”.

2.1.2. Información a suministrar

La información y documentación que se detalla a continuación deberá ser remitida a la Superintendencia Nacional de Salud con una anticipación no inferior a treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de su colocación en el mercado incluida en este plazo la suscripción del primer contrato”.

(…).

2.1.3. Incumplimiento de requisitos

Cuando la Superintendencia Nacional de Salud compruebe que la entidad, programa o dependencia de medicina prepagada o servicio de ambulancias prepagado, se encuentra comercializando un plan sin el cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos, ordenará la suspensión de su comercialización e impondrá las sanciones previstas en los numerales 23 y 24, artículo 5º del Decreto 1259 de 1994”.

2.2.5. Las disposiciones que se invocan en esa circular, además de las atrás reproducidas, son del siguiente tenor:

Del Decreto 1259 de 1994, “Por el cual se reestructura la Superintendencia Nacional de Salud”:

ART. 7º—Funciones del Superintendente Nacional de Salud. Al Superintendente Nacional de Salud le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:

(...).

6. Instruir a las entidades vigiladas sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones que regulan su actividad en cuantos sujetos vigilados, fijar los criterios técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de las normas que le compete aplicar y señalar los procedimientos paran su cabal aplicación.

ART. 14.—Divisiones con funciones particulares. Además de las funciones de carácter general que le corresponden a todas las divisiones, algunas cumplirán las siguientes de acuerdo con su naturaleza:

(...).

12. De las divisiones para entidades promotoras de salud y empresas de medicina prepagada. Las divisiones para entidades promotoras de salud y empresas de medicina prepagada tendrá las siguientes funciones de carácter particular:

(...).

c) Aprobar los planes y contratos de medicina prepagada;

— Del Decreto 1486 de 1994

“ART. 22.—Vigencia de los contratos. Los contratos de servicio de ambulancia prepagado deberán guardar directa relación con las cualidades del servicio contratado.

(...).

3. Aprobación de contratos. Los modelos de contratos de servicio de ambulancia prepagado se someterán a aprobación previa de la Superintendencia Nacional de la Salud.

Con la presentación de la petición se hará la sustentación correspondiente de la viabilidad financiera y de la cobertura de la entidad”.

3.2.6. De la lectura de ese conjunto normativo y su correspondiente interpretación concordada o sistemática, surgen lo que puede considerarse como premisas básicas que configuran la situación jurídica en que se enmarcan los programas de medicina prepagada en comento, a saber:

— Inequívocamente requieren de la aprobación de la Superintendencia Nacional de Salud para que tales programas puedan ofrecerse al público o comercializarse, en cada caso concreto o específico.

— Para acceder a la aprobación de los mismos, las entidades de medicina prepagada estarán sometidas al régimen general que establezca la Superintendencia Nacional de Salud, el cual se ha de entender como el conjunto de disposiciones reglamentarias que en desarrollo y acorde con la normatividad superior, señale las condiciones o requerimientos que deben cumplir todas las mencionadas entidades de medicina en concreto para obtener dicha aprobación.

La Circular Externa 77 de 1998 puede considerarse justamente como contentiva de ese régimen general, en la medida en que contiene las disposiciones a que están sometidas las entidades de medicina prepagada para poder ofrecer los programas de esa modalidad del servicio de medicina.

— La aprobación de los aludidos programas es previa a su ofrecimiento al público por la respectiva entidad que los preste, en razón a que cabe entender que el artículo 12 del Decreto 1486 de 1994, modificado por el artículo 1ºdel Decreto 783 de 2000, al referirse al régimen general que ha de adoptar la Superintendencia Nacional de Salud es el régimen de la autorización previa que requieren las entidades de medicina prepagada para poder ofrecer los programas de ese servicio. Es decir, el citado artículo está hablando de régimen general o de régimen de autorización previa, como conceptos equivalentes.

En efecto, el alcance más entendible o lógico que cabe darle a la conjunción “o” de la expresión “régimen general o de autorización previa”, es el de ser una conjunción que denota equivalencia o caracterización del régimen general que según dicha norma debe adoptar la Superintendencia Nacional de Salud, en el sentido de que se trata de un régimen general o de autorización previa.

Si la “o” se tomara como una conjunción disyuntiva, se afectaría la sindéresis o estructura lógica de la expresión, por cuanto esa función gramatical comporta una relación de exclusión entre dos opciones que pueden ser personas, cosas, ideas, etc.: Pedro o Juan; blanco o negro; vencer o morir.

En este caso, se trata de una misma opción en relación con un sustantivo, como quiera que se alude a un determinado régimen, que amén de su denominación o carácter general es de autorización previa, de modo que no cabe entender que el legislador estuviere pensando en dos posibles regímenes y menos que fueren alternativos o excluyentes: un régimen general y otro, que se denomine régimen de autorización previa, lo cual carece de sentido lógico.

Lo general es entendible en cuanto está llamado a cobijar a todas las entidades de medicina prepagada, sin distingo o particularización alguna dentro de ellas; mientras que lo “de autorización previa”, es fácilmente comprensible como el tema u objeto central de ese régimen general en relación con el ofrecimiento de los programas de medicina prepagada.

Lo anterior se hace más evidente con el uso de la preposición “de” antepuesta a la expresión autorización previa, en razón a que en las numerosas acepciones de dicha preposición que trae el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, resalta la idea de que califica o caracteriza algo, ya por relación de posesión o pertenencia (la paciencia de Job); relación de origen (La piedra es de Colmenar. Vengo de Aranjuez); de contenido o materia (Un vaso de agua. Un plato de asado); de causa (Murió de viruelas. Fiebre del heno); de cualidad, condición o naturaleza (Hombre de valor. Entrañas de fiera.); o por indicar modo (almorzó de pie).

De suerte que la expresión “de autorización previa” sólo adquiere sentido gramatical en el contexto del artículo en comento, en tanto se entienda como la caracterización o calificación que se le ha dado en la norma al régimen general que debe adoptar la Superintendencia Nacional de Salud y al que deben someterse las entidades prestadoras de salud prepagada para poder ofrecer programas de ese servicio, es decir, que se trata del régimen de autorización previa de los planes o programas de medicina prepagada.

Ahora bien, lo previo se refiere a su vez a antes de empezar a ofrecer el específico programa de medicina prepagada en el caso de cada entidad prestadora de dicho servicio de salud.

Así emerge en las normas superiores comentadas, que justamente se invocan como fundamento de la Circular Externa 77, a tal punto que el artículo 12 del Decreto 1486 de 1994, modificado por el artículo 1º del Decreto 783 de 2000, y en desarrollo del artículo 4º, numeral 15, del Decreto-Ley 1298 de 1994 establece la aprobación previa incluso como un imperativo para la Superintendencia Nacional de Salud, al prever que ésta “deberá aprobar los programas de copagos y pagos moderadores que pretendan desarrollar las entidades, dependencias o programas de medicina prepagada” y que “Para el efecto las entidades de medicina prepagada estarán sometidas al régimen general o de autorización previa que para el efecto disponga la Superintendencia Nacional de Salud”.

Justamente, en cumplimiento de ese imperativo, el Decreto 1259 de 1994 estableció en el literal c) del numeral 12 de su artículo 14, que “Las Divisiones para entidades promotoras de salud y empresas de medicina prepagada, tendrán entre sus funciones la de “Aprobar los planes y contratos de medicina prepagada;”.

A todo ello anotado se suma el artículo 22, numeral 3º, del Decreto 1486 de 1994, en cuanto establece la necesidad de la aprobación previa de los modelos de contratos de servicio de ambulancia prepagado.

— Por otra parte, y contrariu sensu, en ninguna de esas disposiciones se prevé o se establece la posibilidad de que la comentada autorización pueda darse de manera general, sin que por la denominación “régimen general” pueda confundirse o entenderse como autorización general, ya que régimen y autorización son dos conceptos totalmente distintos, además de que la norma caracteriza la autorización como previa, que ha de entenderse como previa al ofrecimiento del programa.

3.2.7. De suerte que la Circular Externa 77 de 1998 en comento no puede tener un alcance que exceda o desconozca lo previsto en tales disposiciones sobre el particular, puesto que eso sería una clara derogación de ellas, por pronunciamientos que si bien están reconocidos como actos administrativos generales, tienen más una función instructiva y encausadora con carácter vinculante en la interpretación y aplicación de normas legales y reglamentarias que conforman un específico régimen jurídico, que un alcance regulador de la actividad o materia objeto de dicho régimen.

Así las cosas, la aprobación general que se incluye en la referida circular no aparece en la normatividad superior en que se apoya o a la que persigue darle cumplimiento, ni tiene cabida en la misma bajo ninguna forma de interpretación. Por el contrario, resulta opuesta a lo que se prevé sobre el punto, a tal grado que incluso la estaría derogando o dejando nugatoria y sin eficacia, como quiera que habiendo una autorización general, queda sin objeto cualquier aprobación especial o particular.

De suerte que literalmente ese numeral en tanto establece una autorización general estaría suprimiendo el deber que las comentadas disposiciones le imponen a la superintendencia de aprobar previamente los programas de medicina prepagada o similares, como uno de los mecanismos para ejercer la función de inspección, control y vigilancia de las entidades prestadoras de servicios de salud, que a su vez desarrolla la facultad de intervención que Constitución y la ley le otorgan al Estado en dichos servicios.

Adicionalmente, la razón por la cual finalmente la Superintendencia Nacional de Salud adoptó la medida acusada, esto es, ordenar la suspensión del ofrecimiento del programa de salud prepagada Zafiro Premium Integral, fue justamente la de la falta de autorización previa del mismo por parte suya, al concluir en la Resolución 525 de 2004 que “Salud Colmena Medicina Prepagada S.A., comercializa el Plan Premium Integral sin haber sido aprobado previamente por parte la Superintendencia Nacional de Salud, adicionalmente, la información remitida para obtener dicha autorización, no cumple con lo requerido en la normatividad vigente;” (negrillas no son del texto).

Esa conclusión había sido antecedida de una consideración que pone de presente que pese a la contradicción que suscita la Circular 77 sobre el punto, la Superintendencia Nacional de Salud tiene clara la existencia del requisito de la autorización previa.

Es así como en la página 3 de la Resolución acusada, parte final del segundo párrafo, advierte que “No se entiende entonces, para qué remite el vigilado la información sobre el nuevo producto que pretende comercializar si no atenderá las observaciones de la Superintendencia y si considera que no necesita de esta autorización”.

3.2.8. La tan notoria oposición del numeral 2.1 de la Circular 77 frente a las normas superiores comentadas, en cuanto prevé que “Las entidades, programas y dependencias de medicina prepagada y servicios de ambulancia prepagados que cuenten con el respectivo certificado de funcionamiento podrán comercializar los planes sin autorización previa de la Superintendencia Nacional de Salud”, configura precisamente la situación jurídica que da pie para la excepción de ilegalidad de un acto administrativo y, por consiguiente, para su inaplicación y para atender en lugar de ella la norma superior, lo que por reiterada jurisprudencia pueden hacer de oficio las autoridades judiciales de esta jurisdicción contencioso administrativa(2), como en efecto lo hará la Sala respecto de dicho numeral.

Por ello, en lugar del numeral en cuestión se acogerán los artículos 12 del Decreto 1486 de 1994, modificado por el artículo 1º del Decreto 783 de 2000; 4º, numeral 15, del Decreto-Ley 1298 de 1994; 14, numeral 12, literal c) del Decreto 1259 de 1994 y 22, numeral 3º, del Decreto 1486 de 1994, en virtud de los cuales todo plan de medicina prepagada debe tener previamente aprobación o autorización específica de la Superintendencia Nacional de Salud.

3.2.9. En ese orden y dadas las precisiones hechas, la Sala concluye que el plan de medicina prepagada Zafiro Premium Integral, cuya comercialización ordenó suspender la superintendencia en la Resolución 525 de 19 de abril de 2004, sí requiere de su previa aprobación por esa entidad para que sea susceptible de comercialización, por lo tanto al estar comercializándose sin esa aprobación, lo obvio era que la entidad que tiene a cargo la vigilancia de ese servicio ordenara su suspensión, como en efecto lo hizo, luego esa decisión se dio ajustada a derecho.

3.2.10. Valga aclarar que dicha medida no es propiamente una sanción, como lo aduce la actora, sino simplemente una medida correctiva de una situación contraria al ordenamiento jurídico que la rige y que por lo mismo está llamada a ser técnicamente un mecanismo cautelar, y si se da en un contexto como el del sub lite, esto es, dentro de una actuación administrativa iniciada por petición en interés particular, no puede ser más que una medida cautelar provisional, es decir, mientras se decide de fondo la petición, negando o concediendo lo pedido.

Desafortunadamente, en este caso la superintendencia la adoptó como si fuera una decisión definitiva, en la medida en que todo indica que con ella puso fin a la actuación administrativa, impidió que ésta continuara, sin definir si negaba o concedía la aprobación solicitada por la actora o si tenía oportunidad de corregir las falencias de su petición, como lo autoriza en esas circunstancias el artículo 12 del Código Contencioso Administrativo.

En este orden, la Resolución 525 de 2004, acusada, siendo finalmente un acto de trámite, al quedar ejecutoriada devino en un acto administrativo definitivo, a voces del último inciso del artículo 50 del Código Contencioso Administrativo, por cuanto impidió la continuidad de la actuación administrativa.

Lo normal es que la medida preventiva o cautelar tomada dentro de una actuación administrativa sea un acto de trámite y por lo mismo no sea susceptible de recursos ni de acción contencioso administrativa, puesto que no es la decisión del fondo del asunto, que en este caso era la petición de la actora para que se le aprobara el plan de salud prepagada en mención, que quedó en una situación de indefinición, generándose con todo ello un desgaste innecesario de los aparatos administrativo y jurisdiccional, con la consiguiente afectación de los principios de eficacia y efectividad de la función administrativa, al provocarse un proceso contencioso administrativo que en principio no habría tenido objeto.

3.2.11. Pese a que aluden a cuestiones no planteadas en los cargos, los precedentes comentarios se hacen con el fin de hacer un llamado a la demandada y, por contera a las autoridades administrativa, a que sea más cuidadosa en atender los aspectos técnicos jurídicos de las actuaciones administrativas a su cargo y los fines de sus facultades y funciones.

3.12. En todo caso, la inequívoca consagración del permiso o autorización previa por la Superintendencia Nacional de Salud, a todo plan de medicina prepagada para su comercialización, deja sin piso cada uno de los cargos, puesto que es al superintendente a quien en primer orden le compete tomar esa clase de medidas de control sobre las actividades de sus entidades vigiladas, como bien lo advierte la misma actora, en razón a que es el titular de la entidad vigilante o de control que está a su cargo, luego actuó con competencia; la decisión tiene como motivos unos hechos ciertos que se encuadran en el numeral 2.1.3 de la Circular Externa 77 de 1998, como quiera que la comercialización del plan carecía del requisito fundamental, la previa aprobación de la superintendencia, luego tiene norma previa que la prevé o tipifica, y dada la situación de hecho observada, esa medida debía tomarse de inmediato, como toda aquella que tiene carácter cautelar, sea para prevenir o para corregir situaciones irregulares, como ocurrió en este caso.

Al ser expedido por el Superintendente, el correspondiente acto no tiene recurso de apelación, por expresa prohibición del artículo 50, numeral 2º, inciso segundo del Código Contencioso Administrativo, lo que significa que no había lugar a ninguna otra instancia funcional administrativa sobre el asunto.

4. Conclusión.

Por consiguiente, no se da la violación de las normas que invoca la actora ni se configuran los cargos formulados en la demanda, de allí que se deban negar las pretensiones que contiene, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE de oficio la excepción de ilegalidad del numeral 2.1 de la Circular 77 frente a las normas superiores comentadas, en cuanto prevé que “Las entidades, programas y dependencias de Medicina Prepagada y Servicios de Ambulancia Prepagados que cuenten con el respectivo certificado de funcionamiento podrán comercializar los planes sin autorización previa de la Superintendencia Nacional de Salud”, e INAPLÍQUESE dicho numeral en el presente caso, y en su lugar APLÍQUENSE los artículos 12 del Decreto 1486 de 1994, modificado por el artículo 1º del Decreto 783 de 2000; 4º, numeral 15, del Decreto-Ley 1298 de 1994; 14, numeral 12, literal c) del Decreto 1259 de 1994 y 22, numeral 3º, del Decreto 1486 de 1994, en virtud de los cuales todo plan de medicina prepagada debe tener previamente aprobación o autorización específica de la Superintendencia Nacional de Salud.

2. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda presentada por La sociedad Colmédica Medicina Prepagada S.A., en acción de nulidad y restablecimiento del derecho para que se declarara la nulidad de la Resolución 525 del 19 de abril de 2004, “por medio de la cual se resuelve una actuación administrativa de la empresa Salud Colmena Medicina Prepagada”, aclarada por la Resolución 805 del 9 de junio de 2004, y 1222 del 5 de octubre de 2004, en cuanto confirmó la orden de suspender la comercialización del plan de medicina prepagada denominado Zafiro Premium Integral, todas del Superintendente Nacional de Salud.

3. Se acepta la renuncia presentada por la doctora Laura Teresa Zapata Jiménez, como apoderada de la sociedad Colmédica Medicina Prepagada S.A., la cual obra a folio 503.

4. Se reconoce personería al doctor Mauro Gerardo Torres Rengifo, como apoderado de la sociedad Colmédica Medicina Prepagada S.A, en el proceso de la referencia, en los términos del poder que aparece a folio 505.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de 21 de octubre del 2010.

 

(2) Ver sentencias C-037 de 2000 de la Corte Constitucional; de 26 de junio de 1992, expediente S-086, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y de 14 de junio de 2001, expediente 6356, consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Sección Primera del Consejo de Estado, entre otras.