Sentencia 2005-00196 de noviembre 3 de 2010

 

Sentencia 2005-00196 de noviembre 3 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: C-7662231840012005-00196-01

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Alberto Arrubla Paucar

Bogotá, D.C., tres de noviembre de dos mil diez.

EXTRACTOS: «El recurso de casación

El estudio de los tres cargos formulados, con base en la causal primera, impone empezar por el último, porque discute la existencia de la unión marital de hecho, en tanto los otros, que se aúnan para su estudio, la suponen, ello porque, en general, ambos plantean problemas de aplicación temporal de las leyes.

Cargo tercero

1. Denuncia la violación indirecta de los artículos 1º y 2º de la Ley 54 de 1990, este último modificado por el artículo 1º de la Ley 979 de 2005.

2. Manifiesta el recurrente que la fijación temporal de la unión marital de hecho, resulta dispersa y heterogénea, porque mientras en el libelo la demandante la ubica entre el 12 de enero de 1980 y el 20 de enero de 2005, en la audiencia del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, fija el comienzo en 1981 y el final en febrero de 2005. Los testigos Daniel Gustavo López Cardona, desde 1986 a 1996; Anabolena Gómez Cardona, entre 1983 a 1984 y 2005; Abel Antonio Largo Motato, en 1988, sin señalar el otro extremo; Miriam de Jesús Giraldo Alzate, habla de 20 años de convivencia; y Ana Rita Tamayo Zapata, hija de la pareja, quien nació el 19 de diciembre de 1984, la extiende hasta 2005.

El error protuberante del tribunal, dice, consiste en haber confirmado, “sin salvedades”, la conclusión del juzgado, quien a falta de prueba que señale con exactitud la fecha de iniciación de la convivencia, fija como tal el 30 de marzo de 1982, resultado de promediar las informaciones de las partes. Lo mismo se predica del otro borde de la convivencia, al tener como referencia una conciliación llevada a cabo el 9 de diciembre de 2004, cuando en el proceso existen datos distintos, empezando porque la actora en la demanda señala el 20 de enero de 2005 y en el interrogatorio en febrero de ese mismo año, en tanto que las testigos Gómez Cardona y Giraldo Alzate, al declarar en junio de 2006, indican que “hace más o menos un año”.

Esas inconsistencias, agrega, no se pueden tener en cuenta para esos propósitos. Con relación al comienzo de la unión marital de hecho, porque el promedio efectuado es verdaderamente insólito y exterioriza el mayúsculo error. Relativo a la finalización, por cuanto si bien no es abultada la diferencia, al extenderse entre diciembre de 2004 y junio de 2005, la imprecisión no puede servir de base a la sentencia.

3. Sobre la “estabilidad” de la relación, el recurrente anota que fue precaria y, por tanto, irregular el débito marital. En efecto, según afirma la hija de la pareja, ellos vivieron como esposos, pero en un tiempo pernoctaron en piezas aparte, recuerda que sus padres no dormían juntos, sin embargo, esos hechos no fueron tenidos en cuenta por el tribunal.

4. Frente a lo anterior, el censor solicita que se case la sentencia del tribunal y se revoque la del juzgado.

Consideraciones

1. Cabe memorar, respecto de los requisitos exigidos en la ley para la existencia de la unión marital de hecho, entre ellos el que ahora echa de menos el censor, que el tribunal los tuvo por acreditados no solo con la declaración de Ana Rita Tamayo Zapata, hija común de las partes, sino también con las siguientes pruebas: (i) los testimonios de Daniel Gustavo López Cardona, Anabolena Gómez Cardona, Miriam de Jesús Giraldo Alzate y Abel Antonio Largo Motato, (ii) el “detallado interrogatorio absuelto por la demandante”, (iii) las “fotografías” o “representaciones históricas” y (iv) la “completa inacción demostrativa” del demandado.

1.1. En ese orden, claramente se advierte, sin más, que la acusación, en ese apartado, no puede ser de recibo, porque inclusive en el hipotético caso de haber incurrido el sentenciador en error manifiesto de hecho al apreciar lo manifestado por la hija de las partes, la decisión cuestionada seguiría soportada, por sí, en las conclusiones que extrajo de los otros medios de convicción que en el cargo no se controvierten, las cuales seguirían cobijadas por la presunción de legalidad y acierto con que arriban al recurso de casación.

La Corte tiene explicado que cuando la sentencia “se basa en varios motivos jurídicos, independientes, pero cada uno con fuerza suficiente para sustentar la decisión jurisdiccional, no es difícil descubrir que si la censura en casación es ineficaz para desvirtuar todos los soportes del fallo, porque permanece en vigor alguno que le mantiene su firmeza en derecho, el recurso no es susceptible de prosperar, aún en el supuesto de que fueran destruidos los motivos restantes de la sentencia acusada”(1).

1.2. El juzgador, con todo, no incurrió en ningún error fáctico al respecto, porque expresamente se refirió a lo que según el cargo fue preterido, cuando indicó que el demandado había traído la declaración de Ana Rita Tamayo Zapata, respecto a que sus padres en un tiempo durmieron en piezas separadas, para rebatir la comunidad de vida permanente y singular.

Distinto es que, para el tribunal, ese hecho no haya truncado la estabilidad del hogar, pues la testigo no se limitó a decir que sus progenitores no “compartían cama”, dado que siempre manifestó la “convivencia”, así ellos tuvieran problemas, que es normal, pero “desarrollando un proyecto de vida común”. En su entender, “dormir en camas separadas”, como “simple eventualidad”, no tenía virtud para “romper la convivencia que la pareja sostuvo durante tanto tiempo”, porque esa “separación de alcobas” no fue óbice para que cada uno siguiera atendiendo las obligaciones que en forma voluntaria se cargaron recíprocamente.

La conclusión en ese sentido, desde luego, es coherente con el contenido objetivo del medio que se reprocha, porque la testigo no refiere el trato de sus padres como pasajero o casual, por el contrario, menciona que era de “esposos”, sin que el aislamiento de lecho, accidentalmente, o en sus palabras, “en un tiempo”, comprometa la comunidad de vida permanente y singular, puesto que una vez establecida la unión marital, únicamente se disuelve, en caso de rompimiento material, con la separación física y definitiva de los compañeros permanentes (L. 54/90, art. 8º), y no con un eventual aislamiento intermitente de uno de ellos, mucho menos cuando simplemente es de habitación.

2. Con relación a los extremos temporales de la relación, es de verse que el tribunal no estudió el punto, no por capricho, sino porque consideró, independientemente del acierto, que carecía de competencia funcional, al decir que no había lugar a alterar las fechas fijadas en la sentencia apelada, por cuanto “en ningún momento fueron objeto de pugna por el censor”.

2.1. En esas circunstancias, no es cierto que el sentenciador haya confirmado “sin salvedades”, en ese puntual aspecto, la decisión de primera instancia, porque una cosa es callar absolutamente, pese a haberse protestado, y otra, distinta, considerar, con independencia del acierto, que esa específica temática fue aceptada de antemano por el inconforme, así sea de manera implícita, al no mencionarla en el recurso de apelación.

Frente a lo anterior, se avizora la falta de interés del censor para replantear una discusión que en instancias resultó pacifica, como es el comienzo y fin de la unión marital de hecho que el juzgado dejó fijada. El ejercicio del derecho de impugnación, bien se sabe, exige que el agraviado con determinada decisión la rebata, una vez la advierta, requisito que se hace más notorio frente a un recurso extraordinario, como el de casación, en cuanto su procedencia impone, en principio, por lo excepcional que es, agotar todos los mecanismos ordinarios de defensa judicial que brinda el sistema jurídico para obtener la enmienda de que se trate en forma cabal y completa.

2.2. Ahora, si la limitación de la competencia funcional por el tribunal anduvo equivocada, bien por haberse reclamado expresamente el particular, ya porque la alzada comprendía el punto, en fin, por existir legitimación, el recurrente, entonces, debió aplicarse a desvirtuar, por el cauce que correspondiera, la conclusión del juzgador sobre que no se debía alterar el tiempo de convivencia fijado en la sentencia apelada, dado que “en ningún momento fueron objeto de pugna por el censor”, pero como no lo hizo, cualquier otra protesta caería en el vacío, porque ello continuaría soportando la decisión, al margen de que se hubiere incurrido en los errores de hecho enrostrados.

Como suficientemente tiene dicho la Sala, los “cargos operantes en un recurso de casación no son otros sino aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido con el objeto de desvirtuarlos o quebrantarlos”. Por esto, “cuando los cargos hechos en un recurso no se relacionan con esos fundamentos, son inoperantes”, el recurrente no puede “alegar con éxito, razones o aducir argumentos en que no se apoya el fallo recurrido”(2).

3. El cargo, por lo tanto, sin más, no se abre paso.

Cargo primero

1. Por la vía directa, denuncia interpretación errónea de los artículos 1º, 2º (modificado por L. 979/2005, art. 1º) 3º y 9º de la Ley 54 de 1990, y 52 de la Ley 4ª de 1913.

2. Sostiene el recurrente que la unión marital de hecho no podía declararse en forma retrospectiva, porque así existiera polémica judicial al respecto, en el texto de la ley se señaló expresamente que regía a partir de su vigencia, igual a como se concluyó al superarse el juicio de constitucionalidad.

Señala que si la regulación de la unión marital de hecho y de la sociedad patrimonial, es novísima, considerando que no modifica, subroga, sustituye o deroga legislación preexistente, la ley se asimila a la “constitución de una situación jurídica”, de donde, en coherencia con la doctrina, no se puede atribuir a hechos pretéritos el poder de generar esas nuevas creaciones en derecho, salvo cláusula especial del legislador.

Por esto, acorde con la jurisprudencia, si la ley no fija el ámbito temporal dentro del cual va a producir efectos, compete al intérprete precisar las condiciones de su aplicación, siguiendo también las pautas de antemano previstas por el legislador. Sin embargo, dice, la Ley 153 de 1887, en sus artículos 17 a 47, únicamente soluciona los conflictos de sucesión de leyes, no así los provenientes de inexistencia de precedente normativo.

Frente a esa anomia, el censor recaba en la necesidad de que la nueva ley, paladinamente, extienda sus consecuencias jurídicas a las situaciones fácticas preexistentes al momento de su vigencia. Si ello no ocurre, se entiende que la novísima regulación legal se aplica únicamente a los hechos que se ejecutan en el futuro, a partir de su promulgación, como ocurre en el caso, igual al juicio crítico que realizó la Corte, a propósito de las acciones de prescripción en materia civil.

En esa medida, concluye, el fallo atacado señaló un sentido y alcance por fuera de la sanidad hermenéutica de la Ley 54 de 1990, al cobijar situaciones de hecho pasadas que expresamente el legislador, deliberadamente, no incorporó.

3. Solicita el censor, en consecuencia, que se case parcialmente la sentencia del tribunal, para ubicar en el tiempo la unión marital y la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, a partir del 31 de diciembre de 1990, fecha de vigencia de la mencionada ley.

Cargo segundo

1. También derechamente, acusa violación de los mismos preceptos citados en el cargo primero y, además, los artículos 30 y 50 de la Constitución de 1886, 42 y 58 de la actual, 669, 673, 740, 754, 756, 1849 y 1857 del Código Civil, 20 y 28 de la Ley 153 de 1887, y 1º del Decreto 1260 de 1970.

2. En su desarrollo, el recurrente considera tamaño despropósito que la sentencia sometida a casación, con alusión a un precedente judicial, haya señalado que aplicar la Ley 54 de 1990 a hechos preexistentes a su vigencia, ningún derecho adquirido lesionaba o ponía en peligro, cuando no hizo más que conferirle efectos retroactivos, sin autorización del legislador, pues los bienes que anteriormente habían ingresado a su patrimonio, con sujeción a las normas en la época imperantes, ahora pertenecerían a una sociedad patrimonial.

Añade que el estado civil de compañero permanente, según calificación de la Corte, incide en la aplicación temporal del cuerpo normativo en comento, porque antes de su vigencia, tenía la condición de célibe, y ese es un derecho adquirido con las consecuencias de rigor, que no se podía desconocer. La sentencia impugnada, por lo tanto, echa por tierra la posición de soltería que la ley le atribuía en el periodo anterior al establecimiento de la unión marital de hecho, pues ese es el resultado del efecto retroactivo atribuido a la nueva normatividad.

3. Solicita el censor que se case parcialmente el fallo del tribunal y se reconozcan las relaciones de convivencia desde la vigencia de la precitada ley y hacia el futuro.

Consideraciones

1. En los cargos que se resuelven conjuntamente, contrario a lo sostenido en el primero, el recurrente parte de aceptar la existencia de la unión marital de hecho y la consecuente sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, solo que ahora, en términos generales, aboga porque se reconozca únicamente a partir del 31 de diciembre de 1990, fecha de promulgación de la Ley 54 de 1990.

2. Es cierto, en los términos del censor, que la regulación positiva de la institución en comento, es “novísima”,o al decir de la Corte en las sentencias que confronta, ese cuerpo normativo “no originó tránsito legislativo alguno”, pues al respecto “había era una ausencia de régimen específico”(3), o simplemente las relaciones maritales “no gozaban de protección”, dado que el “ordenamiento jurídico ni siquiera se ocupaba de ellas”(4).

En relación con los hechos que en otrora, en ese sentido, carecían de connotación jurídica, debe dejarse bien claro que en el caso ninguna polémica se cierne sobre las uniones maritales que nacieron y murieron antes de entrar a regir la citada ley, conocidas como de concubinato, amancebamiento o de barraganería, puesto que, según se dejó sentado en el fallo de 20 de abril de 2001, citado, respecto del cual se solicita su reiteración, esa normatividad, en línea de principio, amparaba las relaciones de la misma estirpe que “sin duda alguna tuvieron comienzo y se consolidaron bajo la vigencia de la ley, luego de su promulgación, incuestionablemente comprendidas por ella”.

El problema que plantea el cargo primero, entonces, se reduce a establecer si las uniones maritales de hecho que preexistían al entrar a regir el nuevo cuerpo legal, quedaron abrigadas por él, como lo prohijó la Corte en la mentada sentencia de 28 de octubre de 2005, en virtud del principio general sobre aplicación inmediata o retrospectiva de la ley, o si era necesario, en la tesis de la censura, que el legislador, mediante cláusula especial, expresamente asignara los anotados efectos a las situaciones fácticas en curso que trocó en hechos jurídicos.

3. La postura del recurrente supone que la Ley 54 de 1990, guardó silencio en ese aspecto y que al nominar la “unión marital de hecho”, “a partir” de su vigencia o de su “promulgación”, según los artículos 1º y 9º, significaba que no podía aplicarse a relaciones de igual naturaleza surgidas, como simples hechos sociales, antes del 31 de diciembre de ese mismo año, cuando empezó a regir dicha normatividad, pero que siguieron desarrollándose sin solución de continuidad estando en vigor.

3.1. En el cargo primero, el censor contrasta los “hechos sociales” en curso, exentos entonces de atribuciones legales, con su posterior conversión a “hechos jurídicos”, para decir, apoyado en la doctrina que comenta las tesis sobre aplicación de las leyes en el tiempo de Paul Roubier(5), que no tienen la virtud de constituir esas nuevas “situaciones jurídicas”.

Sin embargo, tergiversa al autor, porque ello lo predica de “hechos o actos pretéritos”, esto es, pasados o históricos, que no preexistentes, en el subjudice, de “relaciones concubinarias consumadas, es decir, nacidas y extinguidas” antes de entrar en vigor el comentado cuerpo legal, como así lo señaló la Corte Constitucional al declarar exequible del artículo 1º, la frase “a partir de la vigencia de la presente ley”(6).

Distintas, por lo tanto, son las circunstancias que venían en desarrollo y que continuaron desenvolviéndose, en vigencia de las normas que se comentan, sin interrupción de ninguna clase, y que las legislaciones anteriores desconocían, sobre todo cuando la situación jurídica creada exige la duración de un hecho continuo, como ocurre con las relaciones de familia de que se trata, cuestiones a las que no aluden los fallos citados por el recurrente, pues, en general, parten de la existencia de una legislación antecedente, por ejemplo, la reducción de los términos de prescripción supone la existencia del tal instituto.

Por esto, según un autor nacional, en referencia al doctrinante francés citado, cuando se trata de “hechos que no han determinado la constitución o la extinción de una situación jurídica según la ley vigente el día en que ellos se ejecutaron, no pueden, en virtud de una ley nueva, ser considerados como si hubieren generado esa constitución o extinción, pero si se trata de hechos durables que existen todavía al tiempo en que la ley nueva entra en vigor, esta puede tomarlos en ese momento, como hechos de presente, para determinar la constitución o la extinción de tal o cual situación jurídica(7) (resaltado extexto). En este caso, en palabras de la Corte, lo que se presenta es el “fenómeno de la retrospección, caracterizado por actuar sobre los efectos aún pendientes o sin producirse y no sobre la causa generadora del derecho, que distingue particularmente a la retroactividad”(8).

Esto mismo lo sostuvo la Sala, aunque con un efecto contrario, cuando escudriñó sobre la aplicación temporal de la Ley 54 de 1990, al decir que si “se aplica a consecuencias aún no realizadas, derivadas de una determinada situación fáctica, inclusive preexistente a ella, está actuando de una manera que suele serle propia, o sea, surtiendo efectos inmediatos”, entendiendo por tal fenómeno, los “efectos que se produzcan desde el momento, en que entra en vigor, incluidos los que se deriven de una situación surgida de antemano”(9).

En esa medida, pertinente resulta precisar, frente a la confusión presentada, que la irretroactividad se instituyó para dejar a salvo los derechos adquiridos o las situaciones jurídicas consolidadas, inclusive los hechos fenecidos sin regulación legal, y que la retrospección o aplicación inmediata se entronca es con las cuestiones fácticas en curso y con las del porvenir, para “evitar que se perpetúen injusticias sociales”(10). Desde luego que como todo ello se traduce en reglas sobre aplicación de las leyes en el tiempo, la retroactividad, en los casos constitucionalmente permitidos, y la no retrospección, que son las excepciones a esos principios, únicamente pueden ser dispuestas por el legislador.

3.2. Por lo anterior, el tribunal no pudo incurrir en los errores iuris in judicando denunciados en el cargo primero, puesto que para aplicar la Ley 54 de 1990, a hechos sociales que venían desarrollándose y que sin solución de continuidad pervivieron como jurídicos durante su vigencia, no necesitaba de norma expresa, porque al no prohibirse, se entiende su permisión.

Del mismo modo, la presunción de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, desde el momento en que surgió la unión marital de hecho, igualmente estuvo ajustada a derecho, porque aquella es simplemente una consecuencia de esta, razón por la que tesis sobre la aplicación inmediata o retrospectiva, también la comprende. Con mayor razón, cuando el parágrafo del artículo 3º de la Ley 54 de 1990, al referirse a los bienes que forman parte del haber social, entronca la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes con la iniciación y duración de la unión marital de hecho.

3.3. La Corte, por tanto, reitera la doctrina sentada en la sentencia de 28 de octubre de 2005, sobre que, inclusive en la perspectiva de la Constitución Política de 1991, el citado cuerpo legal es de aplicación inmediata o retrospectiva, porque “tiene el inequívoco propósito de brindar pronta y cumplida tutela a cierto grupo de personas que reciben una protección precaria, o nula. De allí que en la ponencia para primer debate al proyecto de ley 107 de 1988 - Cámara de Representantes, antecedente de la mencionada normatividad, se hubiere precisado que la ley pretende conjurar ‘una grave injusticia’, generada, entre otras razones, por existir ‘un vacío en la legislación acerca de un hecho social cada vez más extendido’ (se resalta). Más aún, en el informe-ponencia para primer debate en plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente, se acotó que ‘Interpretando una necesidad nacional debe reflejarse en la Constitución la realidad en que vive hoy más de la cuarta parte de nuestra población. Se deben complementar las normas legales vigentes sobre ‘uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes’ (se resalta; Gaceta Constitucional 85, pág. 5).

“A este respecto, es útil señalar que la Corte, de tiempo atrás, ha adoptado posturas interpretativas que habilitan el reconocimiento de derechos patrimoniales a quienes han conformado una familia sin sujeción al vínculo matrimonial, en un claro y plausible esfuerzo por conjurar la injusticia que generó la indiferencia del legislador ante un hecho que, en forma paulatina, se fue generalizando y arraigando en la sociedad patria e internacional, en general, y el no menos grave rechazo social que enantes provocaba ese tipo de uniones (...).

“De allí, entonces, en la hora de ahora, que no pueda perseverarse en una interpretación que difiere en dos años el reconocimiento de los beneficios patrimoniales reconocidos por la Ley 54 de 1990 a las uniones maritales de hecho, pues ello traduce, ni más ni menos, que la ‘grave injusticia’ que, ex professo, el legislador quiso remediar, siguió latente por un bienio adicional, si se quiere con el sobreentendido beneplácito de aquel, lo que no se encuentra en consonancia con el sentido común y la recta razón, amén que tal suerte de entendimiento, in radice, desconoce el acerado principio de solidaridad que informa el ordenamiento jurídico patrio y deja latente el equivocado mensaje, de que la ley en cuestión, mutatis mutandis, es una ley de punto final de las uniones maritales de hecho que afloraron antes de su vigencia formal.

“Flaco favor se le hace a la familia natural, ciertamente, cuando se dice que, no obstante la urgente y laudable necesidad de disciplinar la unión marital de hecho reconocida y advertida expresamente por el legislador; solo dos años después del despunte material de la ley se corregirá una situación conscientemente tildada, sin ambages, de ‘grave injusticia’. Sería paradójico aplazar sus efectos reales por un bienio, a sabiendas de la presencia de esta ‘injusticia’, calificada de ‘grave’, como se acotó. Sin duda, allí no anida una interpretación racional y, sobre todo, dotada de sólida apoyatura. No en vano, diferir la solución de una injusticia, cuando hay plena y confesada consciencia de su existencia y de sus devastadores consecuencias, es tanto como darle la espalda al genuino norte de la misión legislativa y judicial, esto es, la incesante búsqueda de la justicia, en claro apartamiento de la teleología que anima la hermenéutica contemporánea, muy alejada de la exégesis y de las interpretaciones meramente literales, de suyo pétreas y distantes de la realidad imperante, de suyo muy otra (...).

“Por ende, no se puede afirmar que fue la propia Ley 54 de 1990 la que descartó la posibilidad de tener en cuenta el tiempo de convivencia anterior, por haber precisado en su artículo 1º que “A partir de la vigencia de la presente ley y para todos los efectos civiles, se denomina unión marital de hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular”, pues es claro que esa puntual referencia, no solo tuvo el confesado, amén de notable propósito de excluir las odiosas nomenclaturas otrora utilizadas para referirse a esas uniones, a las que se otorgó un calificativo más acorde con su significación social actual, sino también el de resaltar el principio de vigencia inmediata de la ley, por lo que no se podría afirmar que las uniones que tuvieron comienzo antes del 31 de diciembre de 1990 y que siguieron desarrollándose con posterioridad, el único beneficio que reportaron, una vez promulgada la ley en cuestión, fue el de recibir una más adecuada denominación o estatus societario, como si ello, fuere bastante, o acaso de mayor importancia que el efecto patrimonial. He aquí esbozada la ratio auténtica de la “grave injusticia” que el legislador de 1990 se empeñó en remediar, según dan cumplida cuenta los antecedentes de la Ley 54 de esa anualidad, muy diferente a solucionar, por lo pronto, la mera nomenclatura”.

La interpretación que precede, en cuanto hace a la aplicación inmediata o retrospectiva de una norma, que no ha variado desde entonces, debe ahora reiterarse, se insiste, porque al reconocer el legislador el hecho social inobjetable de las uniones maritales, como fuente de la familia natural, frente a la voluntad responsable de la pareja de conformarla, esto denota que su intención no fue borrar los hechos durables preexistentes y hacer cuenta nueva, sino que los tomó en ese momento como presentes, y porque al fin de cuentas, al ser consciente de ese estado de cosas, no puede decirse que el mismo hecho social que subsistía al entrar a regir la ley, es distinto después de legislado.

4. En ese orden de ideas, pasa a examinarse, si desde la perspectiva patrimonial y del estado civil de las personas, la aplicación inmediata o retrospectiva de la Ley 54 de 1990, desconoce, colateralmente, derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, según el cargo segundo.

4.1. Siendo claro que la unión marital de hecho abre paso al estado civil de compañeros permanentes(11), cuestión que en la censura no se desconoce, el planteamiento del ataque implica que el recurrente, al entrar en vigencia la Ley 54 de 1990, conservaba, stricto sensu, el estatus de soltero, es decir, que no era casado ni hacía vida marital con nadie. Esto, sin embargo, no es así, porque la sentencia recurrida declaró que hacía comunidad de vida permanente y singular con la demandante, desde el 30 de marzo de 1982, hasta el 9 de diciembre de 2004, todo lo cual en casación no fue desvirtuado.

El tribunal, por lo tanto, sin más, no pudo desconocer ningún derecho adquirido o situación jurídica consolidada, porque si los estados civiles de las personas se establecen o modifican igualmente por fuerza de los “hechos” (D. 1260/70, art. 2º), desde el punto de vista fáctico, el recurrente, voluntariamente, alteró el estado civil de soltería que traía antes del 30 de marzo de 1982, al de concubino o compañero permanente. El juzgador, entonces, simplemente declaró una realidad existente, producto del comportamiento del demandado y de la demandante, en cuanto cada uno estando solo, mutaron ese estilo de vida en una comunidad de vida permanente y singular, semejante a la que se deriva del matrimonio.

La sentencia, entonces, es simplemente declarativa y no constitutiva de la condición de compañero permanente, porque se limita a reconocerla desde el hecho antecedente que la origina, como es la unión marital de hecho, igual al fallo que declara una paternidad extramatrimonial, en cuanto la condición de hijo tal, no se adquiere desde la decisión, sino desde que existe. Por esto, dice la Corte, el “El estado civil, pues encuentra su origen en el hecho generador. Otra cosa es que por falta de prueba en ciertos casos no pueda hacérsele valer; mas una vez demostrado por los medios legales vigentes en el momento de su alegación, todos los efectos jurídicos de aquel se producen. Por eso Alessandri Rodríguez dice que ‘subsistiendo los hechos generadores, el estado civil subsiste’ (tomo 1, pág. 231)”(12).

4.2. La sentencia sometida a casación también se refuta, porque al presumirse la sociedad patrimonial entre los compañeros permanentes, los bienes que adquirió el recurrente desde que se declaró la unión marital de hecho, hasta que entró en vigor la Ley 54 de 1990, “ahora pertenecerían” a la comunidad de gananciales, no obstante haber ingresado a su patrimonio conforme a las normas imperantes.

El razonamiento supone que ese cuerpo legal despojó de la hacienda de cada uno de los contendientes, los bienes que habían adquirido para sí. Sin embargo, ninguno de sus artículos así lo dispuso, simplemente regula los derechos y deberes de ese régimen económico, a semejanza, en general, del que se origina en el matrimonio, al punto que algunas de las causales legales de disolución, coinciden con otras de este, inclusive, su liquidación se remite a las reglas establecidas en el Código Civil para las capitulaciones matrimoniales y la sociedad conyugal.

La razón de ser de la presunción en comento, desde luego, estriba en que, por regla de principio, no se puede concebir la comunidad de vida sin un fin económico, alimentado por el ahorro y el trabajo conjunto de la pareja, la solidaridad y el apoyo mutuo, para un mejor bienestar, con la esperanza de que el capital formado, cuya existencia se coteja al momento de disolverse, que es cuando de abstracto pasa a ser concreta, sea repartido entre los socios permanentes en condiciones de justicia e igualdad. Si no fuere así, se menoscabarían los derechos del sujeto más débil de la relación, generalmente la mujer, en contravía del ánimo tuitivo que, como quedó dicho, inspiró el legislador para presumir, bajo ciertos requisitos, dicha sociedad.

En concordancia, la Corte tiene dicho que la unión marital de hecho no surge para “satisfacer únicamente necesidades biológicas, afectivas o sicológicas sino, también, económicas. En efecto, la aludida relación de pareja no se conforma solo para el cumplimiento de las funciones básicas de la familia, sino que de antaño persigue la proyección de sus miembros en todos los campos, entre ellos, por supuesto, el patrimonial, habida cuenta que estos aúnan esfuerzos para estructurar un proyecto económico que responda a las complejas exigencias personales y sociales”(13).

En esa línea, si en el caso, la unión marital de hecho, fuente de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, se declaró existente antes de entrar a regir la Ley 54 de 1990 resulta odioso pensar que desde esa época ningún propósito económico tuvo. Menos cuando, como suficientemente es conocido, a partir de la sentencia de 30 de noviembre de 1935(14), en orden a proteger los derechos de los concubinos, la Corte reconoció efectos patrimoniales a quienes habían conformado una familia sin sujeción al vínculo matrimonial, como sociedad de hecho civil o comercial, según el caso, todo dirigido a conjurar las injusticias que al respecto generaba la indiferencia del legislador.

No se diga que al prohibir el artículo 2082 del Código Civil, derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995, toda “sociedad de ganancias, a título universal, excepto entre cónyuges”, quienes con anterioridad a la vigencia de la Ley 54 de 1990, venían conformando una comunidad de vida permanente y singular, habían adquirido el derecho a no conformar la sociedad patrimonial que surge como consecuencia de una relación marital.

En primer lugar, porque al no haber sido obstáculo esa disposición para que la jurisprudencia reconociera efectos económicos a las relaciones de los concubinos, se entiende que la excepción, vale decir, la permisión de las sociedades de gananciales a título universal, comprende las que surgen de las1 relaciones de familia, esto es, tanto las conyugales, como las, derivadas de las uniones maritales originadas en los hechos, tal cual así vino a confirmarlo la citada ley, pues al presumir la sociedad patrimonial, excluyó expresamente de la prohibición esa forma de sociedad que reguló.

Además, porque si la institución de la familia abreva en dos fuentes, la legítima y la natural, sus consecuencias patrimoniales deben predicarse de ambas. Por esto, no se puede afirmar que la otrora prohibición prevista en el artículo 2082 del Código Civil, se aplicaba a la familia que surgía de los hechos, no así a las revestidas de un vínculo matrimonial, porque fuera de no existir fundamento plausible para la distinción, el legislador, en esa materia, únicamente estimó inconveniente la coexistencia de sociedades de gananciales a título universal, al punto que un segundo matrimonio no la generaba. Si se admitía, dijo la Corte, “junto a la conyugal, otra excepción a la prohibición de sociedades de ganancias a título universal [la de hecho] (...), era bajo la condición de proscribir que una y otra lo fuesen al tiempo”(15).

En consecuencia, si la sociedad patrimonial que apareja la unión marital de hecho, empieza a consolidarse desde cuando esta se inició, producto del “trabajo, ayuda y socorro mutuos” (L. 54/90, art. 3º), el tribunal no pudo desconocer que los bienes que estaban en cabeza no solo del demandado, sino también de la demandante, todo obviamente al momento de disolverse esa sociedad, ahora pertenecerían a esa universalidad jurídica que se forma.

De una parte, porque como ocurre con la sociedad conyugal, de cuyas normas, en cuanto a la liquidación, se nutre la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, por así disponerlo la precitada ley, mientras una y otra se encuentren en abstracto o en estado latente, cada socio conyugal o de hecho tiene la libre administración de los bienes que adquiere.

Y de otra, porque al disolverse esa sociedad patrimonial, que es cuando cobra vida, según quedó dicho, no puede sostenerse que la universalidad jurídica que surge arrebata los bienes que cada uno de los socios maritales tiene, puesto que se entiende, en principio, que los haberes que en ese momento se encuentren en cabeza de cada uno de ellos, son el producto del “trabajo, socorro y ayuda mutuos”, y que por tal motivo a ellos pertenecen por partes iguales.

5. Los cargos, en consecuencia, no se abren paso.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 2 de diciembre de 2008, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, Sala Civil-Familia, en el proceso ordinario de María Olga Zapata Guevara contra Floro César Tamayo Aristizábal.

Las costas en casación corren a cargo del demandado recurrente. Tásense.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo pertinente».

(1) Sentencia de 1º de junio de 2009, Expediente 2004-00179-01, reiterando doctrina anterior.

(2) G. J. Tomo LVII-563, reiterada en Sentencia 190 de 24 de mayo de 1990, sin publicar oficialmente, y 130 de 7 de noviembre de 2007, Expediente 1999-01083, entre otras.

(3) Sentencia 072 de 20 de abril de 2001, Expediente 5883.

(4) Sentencia 0268 de 28 de octubre de 2005, Expediente 00591.

(5) García Maynes, Eduardo. Introducción al estudio del derecho. Editorial Porrua, México 2002. Pág. 393.

(6) Cote Constitucional. Sentencia C-239 de 1994.

(7) Zuleta Ángel, Eduardo. Estudios jurídicos. Editorial Temis. Bogotá 1974. Pág. 65.

(8) Sentencia 019 de 29 de mayo de 1997, CCXLVI-1256.

(9) Sentencia 030 de 20 de marzo de 2003, Expediente 6726.

(10) Corte Constitucional. Sentencia SU-881 de 2005.

(11) Cfr. Auto 125 de 18 de julio de 2008, Expediente 2004-00205.

(12) Sentencia de 7 de abril de 1953 (LXXIV-607).

(13) Sentencia 135 de 27 de junio de 2005, Expediente 7188.

(14) Gaceta Judicial 1987, página 476.

(15) Sentencia 097 de 10 de septiembre de 2003, Expediente 7603.

Salvamento parcial de voto

Con todo respeto por la Sala debo salvar parcialmente mi voto respecto de la sentencia que decide no casar la del tribunal en cuanto acogió la tesis jurídica de la retrospectividad de la Ley 54 de 1990 atinente a la vigencia de las “uniones maritales y sociedades patrimoniales entre compañeros permanentes” con anterioridad a la fecha de promulgación de la nueva normatividad reguladora de la materia.

El fallo de primera instancia declaró la existencia de la “unión marital de hecho y la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes” objeto de la presente controversia entre el 30 de marzo de 1982 y el 9 de diciembre de 2004, aspecto que fue confirmado por el ad quem, y que como se sostiene en esta providencia, en atención a que el punto no fue motivo de censura por la impugnante extraordinaria “se avizora la falta de interés del censor para replantear una discusión que en las instancias resultó pacífica, como es el comienzo y fin de la unión marital de hecho que el juzgado dejo fijada”.

No discrepo de la solución adoptada por la mayoría de los honorables magistrados respecto de dar por establecida la “unión marital de hecho” y en consecuencia la “sociedad patrimonial entre compañeros permanentes” a partir de la vigencia de la Ley 54 de 1990, obviamente que en las condiciones allí previstas, en atención a que comparto en su integridad los argumentos suministrados en el pronunciamiento para admitirlas, en la medida en que no se casó, en lo pertinente, la decisión de segundo grado dictada por el ad quem.

Mi disentimiento comedido se centra en la circunstancia de darle al mencionado ordenamiento jurídico unos efectos retrospectivos, a través de los cuales las “uniones maritales y sociedades patrimoniales” constituidas con anterioridad a la fecha de vigencia del mismo, quedaron cobijadas y amparadas por los efectos protectivos generados por la novísima legislación que por primera vez se encargaba de regular tan importantes hechos sociales.

Se lee en el artículo 9º del texto aludido que “la presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias”, debiéndose destacar que su publicación se hizo en el Diario Oficial 39.615 del 31 de diciembre de de 1990.

Es postulado universal que la ley expedida formalmente se aplica hacia el futuro por no producir efectos hacia atrás o el pasado, es decir, tiene el carácter de ser irretroactiva. Obviamente que existen excepciones expresamente establecidas por el legislador o que se desprenden de la naturaleza de su texto, como por ejemplo las de índole interpretativa y las relativas al orden público.

En este caso, en concepto de la suscrita magistrada, el texto del artículo noveno de la aludida ley es claro, concreto y contundente en cuanto dispuso que la misma sería aplicable a partir de su vigencia, expresión que inequívocamente significa que rige única y exclusivamente para el avenir y que no puede extender su alcance a situaciones surgidas con antelación, como lo ha decidido la mayoría de la corporación en esta sentencia y de la cual, insisto, exhibo mi radical disenso dentro de la mayor armonía y respeto intelectual.

Aplicar la figura de la retrospectividad en este evento para extender hacia el pasado a las “uniones maritales y las sociedades patrimoniales entre compañeros permanentes” conformadas con anterioridad a la vigencia explícita de la ley determinada por voluntad del Congreso de la República a que fuera “a partir de su promulgación”, constituye, ni más ni menos, una sorpresiva e inopinada afectación de derechos de terceras personas que estaban unidas maritalmente de facto bajo el convencimiento de que entre ellos no surgía ninguna clase de sociedad patrimonial, toda vez que en el momento no existía en el panorama jurídico nacional un ordenamiento normativo que la estableciera ni la regulara.

La Corte tuvo la oportunidad de pronunciarse, también por mayoría, en relación con la irretroactividad de la Ley 54 de 1990 en la Sentencia 072 de 20 de abril de 2001, Expediente 5883, con argumentos consistentes que conservan plena validez, y que por compartirlos en su totalidad, me permito reproducir algunos de sus apartes que sirven de sustento específico a lo que he venido sosteniendo:

(...).

“Siendo el acto legal de naturaleza eminentemente constitutiva, pues, se repite, es el que crea o tipifica el nuevo fenómeno jurídico, llamado ‘sociedad patrimonial entre compañeros permanentes’, sujeto a un régimen propio hasta entonces inexistente y con pautas formativas distintas a las de la situación tratada por la jurisprudencia por la vía de la sociedad de hecho, sin necesidad de entrar a hacer un abstracto ejercicio en torno a derechos adquiridos, con lógica jurídica enmarcada en pautas de equidad y justicia, inevitablemente se tiene que concluir en la negación de cualquier efecto retroactivo o retrospectivo de la ley, porque lo cierto es que la nueva disposición no subsume el factum anterior, por cuanto ella misma lo excluye en el artículo 2º, cuando establece, además de otras condiciones antes no concebidas, los dos años de la unión marital como requisito para que opere la presunción legal de existencia de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, que es claramente el tiempo que la ley señaló para que la norma pudiera ser utilizada como fundamento de una decisión judicial, pues no debe olvidarse que por encima de cualquier consideración atinente al reconocimiento de un hecho social (unión extramatrimonial), lo que de ella resulta trascendente y que es lo que convoca a esta decisión, es el otorgamiento de una tutela jurisdiccional perfectamente identificable, pero diferida en el tiempo a los dos señalados años de unión marital”.

(...).

“Descartado así el carácter imperativo de la Ley 54 de 1990, y por contera su naturaleza de orden público, el último rescoldo argumentativo de la aplicación inmediata queda apagado, porque si la norma es supletoria de la voluntad de los compañeros permanentes, la novedosa ley no puede aplicarse a las relaciones jurídicas constituidas con anterioridad a su vigencia, por cuanto allí prima la voluntad y la autonomía de las partes, que libremente adecuaron su conducta al régimen jurídico para entonces vigente, pues al fin de cuentas la aplicación o no de la ley que introduce la nueva regulación a las situaciones o relaciones jurídicas preexistentes, tiene que ver con ese específico carácter, porque de él depende que esta se considere como de orden público, y por ende, con un contenido implicado con el interés general o el “interés, público o social”, como lo consagra el artículo 58 de la Constitución Política, que es el principio que por prevalecer sobre el interés individual o privado (C.P., art. 1º), impone de manera excepcional la aplicación inmediata de la nueva ley”.

Consecuentemente, ratifico que si bien la decisión adversa del recurso extraordinario de casación fue acertada, lo que no podía hacer jurídicamente la Corte, como lamentablemente se hizo aquí por la mayoría, era extender hacia el pasado los efectos y alcances de la Ley 54 de 1990 al darle amparo a la “unión marital y sociedad patrimonial entre compañeros permanentes” discutida en este litigio desde el 30 de marzo de 1982 y no, como legalmente correspondía, “a partir de la promulgación” de la misma, o sea, el 1º de enero de 1991.

Fecha ut supra 

Ruth Marina Díaz Rueda 

Salvamento parcial de voto

Con el respeto que siempre he profesado por la Sala, me permito exponer enseguida las razones por las cuales disiento de la posición mayoritaria, en cuanto optó por darle alcance retrospectivo a la Ley 54 de 1990 en el caso de la unión marital de hecho y consiguiente sociedad patrimonial formada entre Floro César Tamayo Aristizábal y María Olga Zapata Guevara.

Tal y como lo expresé al salvar voto frente a lo resuelto en la sentencia de 28 de octubre de 2005, Expediente 08001-31-10-004-2000-00591-011, no comparto ese entendimiento por cuanto ocasiona un grave atentado a la seguridad jurídica, fuera de que no tiene sustento legal ni constitucional.

Tanto en aquella ocasión como ahora, me apoyo en lo sostenido por la Corte en el Fallo S-072 de 20 de abril de 2001, en el que, entre otras razones, expuso las siguientes:

“3. Consciente el legislador no solo del inocultable hecho social de la “familia natural”, sino del silencio de la ley, que como ya se dijo, simplemente soslayaba el fenómeno, el 29 de diciembre de 1990 expidió la Ley 54, publicada en el Diario Oficial 39.618 de 31 de diciembre de 1990, “Por la cual se definen las uniones maritales de hecho y el régimen patrimonial entre compañeros permanentes”.

“Esta normatividad, como su misma titulación lo índica, tiene como finalidad, además de reconocer la existencia de la “familia natural”, establecer los derechos y deberes de orden patrimonial de los “concubinos”, y así llenar el vacío legal existente en una materia que interesa al bienestar de la familia y que no puede quedar al margen de la protección del Estado, como se lee en la exposición de motivos (Anales del Congreso Nº 79, ago. 15/88).

“Aunque la Ley 54 de 1990, es un texto anterior a la Constitución de 1991, su lectura e interpretación no puede ser extraña a los valores y principios que esta última consagra, esto es, verla como una preceptiva con una vocación de equidad e igualdad, pero sin que necesariamente se pueda concluir en una asimilación absoluta entre matrimonio y unión marital de hecho, porque sin duda alguna lo que sus normas procuran es reconocer, como luego lo hizo el artículo 42 de la Constitución Política, que la unión libre entre el hombre y la mujer, también es una forma legítima de constituir la familia, merecedora de toda la protección legal y de la aceptación social”.

“Procurando la finalidad dicha, el artículo primero define la unión marital de hecho como “la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular”; expresión esta de “unión marital de hecho”, destinada a sustituir términos antiguos (concubinato o amancebamiento), que por lo peyorativos aparecían como discriminatorios”.

“Por su parte el artículo segundo presume legalmente la existencia de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, y por contera establece una tutela jurisdiccional para su declaración, cuando “exista unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos (2) años, entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio” (lit. a) y “cuando exista una unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos (2) años e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o ambos compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un (1) año antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho” (lit. b). Este artículo, según lo entendió la Corte Constitucional en Sentencia C-239 de 1994, tiene como propósito “evitar la coexistencia de dos sociedades de gananciales a título universal, nacida una del matrimonio y la otra de la unión marital de hecho”.

“Los artículos restantes, en su orden, tienen contenidos destinados a determinar el haber de la sociedad patrimonial (art. 3º), la forma de probar su existencia y la competencia de los jueces de familia en primera instancia (art. 4º), las causas de disolución (art. 5º), la legitimación de los compañeros permanentes o sus herederos para pedir la liquidación y la adjudicación de los bienes (art. 6º), el procedimiento a aplicarse en consideración a la pretensión propuesta (art. 7º), el régimen de prescripción de las acciones (art. 8º) y la vigencia y derogaciones de la ley (art. 9º).

“Refiriéndose al contenido de la ley, la Corte Constitucional con ocasión de la Sentencia C-098 de 1996, advirtió que esta “sin equiparar a los miembros de las uniones libres y a los cónyuges vinculados por matrimonio, avanza en el sentido de reconocer jurídicamente su existencia y regular sus derechos y deberes patrimoniales”, para luego agregar que con la ley se quiso llenar el silencio que en esta materia se observaba y además suplir las falencias que aun dentro del marco de la respuesta jurisprudencial se seguían presentando, pues, “las presunciones legales sobre la existencia de la unión marital de hecho, la configuración de la sociedad patrimonial entre los miembros de la pareja, la libertad probatoria para acreditar la unión, comportan mecanismos y vías diseñadas por el legislador con el objeto de reconocer legitimidad de este tipo de relaciones y buscar que en su interior reine la equidad y la justicia”.

“4. Identificado el problema que plantea el caso, así como el contenido de la Ley 54 de 1990 y la finalidad que la justifica, procede entrar a la definición de su ámbito de validez temporal, tomando tres situaciones fácticas completamente diferentes, dos de las cuales no ofrecen dificultad, como son las uniones maritales fenecidas antes de la ley, no amparadas por esta, dada su obvia inexistencia, y aquellas que sin duda alguna tuvieron comienzo y se consolidaron bajo la vigencia de la ley, luego de su promulgación, incuestionablemente comprendidas por ella.

“De modo que el punto álgido, en consideración al trato sucesivo que como hilo conductor une a la pareja de compañeros permanentes, se presenta respecto de las relaciones o uniones que empezadas antes de la vigencia de la Ley 54, sin solución de continuidad siguieron luego, porque es frente a este específico caso, y a propósito de la novedosa reglamentación, donde vale preguntar si los dos (2) años de que trata el artículo 2º, pueden corresponder al bienio anterior a la vigencia de la ley, o si necesariamente tienen que ser contados a partir de su promulgación, o sea desde el 1º de enero de 1991.

“Por supuesto que el tema no es pacífico, porque hay quienes sostienen el efecto retroactivo, o el restrospectivo, o la aplicación inmediata, que es la opción del recurrente, para afirmar con cualquiera de los criterios que la ley tiene en cuenta el bienio anterior a su vigencia, para así entender cumplido el requisito temporal de la unión marital, confundido con el mismo instante de su promulgación, y dar lugar simultáneamente a la presunción legal de existencia de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. En cambio otros, como sucede con el ad quem en este caso, predican los efectos de la ley hacía el futuro, para excluir de su aplicación situaciones sucedidas antes de la promulgación.

“El ámbito de validez temporal de la norma jurídica, que es el discutido en el proceso con ocasión de la vigencia de la Ley 54 de 29 de diciembre de 1990, implica una definición entre retroactividad o irretroactividad de la ley, como puntos extremos de su aplicación en el tiempo, porque otras proposiciones intermedias como las de retrospectividad y aplicación inmediata, de alguna manera constituyen excepciones al principio de irretroactividad, porque de todos modos con dichos criterios lo procurado es la aplicación de la norma a hechos acaecidos con anterioridad a su vigencia, aunque no agotados o cumplidos definitivamente, pues de lo que se trata, según lo entiende la doctrina, es de llevar su aplicación a hechos derivados de una relación jurídica, aun subsistente, pero nacida precedentemente.

“La irretroactividad de la ley es el principio que prevalece en la legislación universal. Por regla general se considera que la ley no puede tener efectos hacia el pasado. Es la premisa, ha dicho la jurisprudencia, “según la cual, en la generalidad de las circunstancias se prohíbe, con base en la preservación del orden público y con la finalidad de plasmar la seguridad y estabilidad jurídicas, que una ley tenga efectos con anterioridad a su vigencia, salvo circunstancias especiales que favorezcan, tanto al destinatario de la norma como a la consecución del bien común de manera concurrente” (sents. C-549/93 y C-926/2000).

“Desde luego que el sistema jurídico del país no es ajeno a este postulado, porque la propia Constitución lo consagró como principio general en el artículo 58, donde acudiendo a una de las teorías que sustentan la irretroactividad de la ley, la de los “derechos adquiridos”, dejó por sentado que las normas rigen para el futuro cuando expresamente declaró la garantía de “la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores”, para seguidamente agregar que, “Cuando de la aplicación de la ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado debe ceder al interés público o social”, que es ciertamente una relativización del principio inicialmente concebido. Principio este que igualmente reconocía el artículo 30 de la Constitución de 1886, vigente para cuando se promulgó la Ley 54 de 1990.

“De manera que la retroactividad de la ley, o la retrospectívidad o “la aplicación inmediata”, según la terminología del recurrente, son excepciones al principio general de irretroactividad, cuya fundamentación está íntimamente ligada con la necesidad de amparar la seguridad jurídica en los términos del inciso 2º del artículo 2º de la Constitución. De ahí, entonces, que la irretroactividad de la ley se torne en una garantía para la protección de los derechos adquiridos, pero también de los intereses legítimos, porque cuando de conductas se trata está de por medio el valor fundamental de la libertad, merecedor de la mayor de las tutelas, que se manifiesta precisamente en la opción de elegir de conformidad con la significación legal que a la misma se le ha dado. Si un individuo, dicen Alex Weill et François Terre (Introduction Génerale au Droit, pág. 364), “que ha obedecido la orden de la ley pudiera ser molestado bajo pretexto de que una ley posterior ha modificado los términos de la reglamentación que existía antes, la ley perdería toda su fuerza, puesto que nadie osaría ni siquiera ejecutar las órdenes de la ley por el temor de ver ulteriormente actos, aunque legítimamente ejecutados, criticados por una ley nueva y desconocida”.

“En el Estado social de derecho, democrático y constitucional, como lo es el colombiano, según la declaración del artículo 1º de la Constitución, el principio de seguridad jurídica constituye base esencial de la organización democrática y factor consustancial al desarrollo de la sociedad, dado el entronque que el mismo tiene con la política libertaria que la Carta plasma, lo cual hace imperioso el conocimiento anticipado de la normatividad a la cual los asociados deben adecuar su comportamiento. Ahí la razón del principio de irretroactividad, que es un límite para el legislador, y por supuesto para el juez, porque aunque al primero le corresponde señalar las reglas que rigen el ejercicio de los derechos, esta competencia, como todo mundo lo sabe, no es absoluta, sino, por el contrario, restringida, porque necesariamente en el gobierno de esos derechos deben resultar armonizados los intereses individuales con los generales, pero sin olvidar que de estos últimos hace parte todo el sistema de derechos y garantías fundamentales de las personas, que debe dejarse a salvo cuando la actividad legislativa está destinada a constituir o modificar instituciones jurídicas. Con mayor razón el juez que produce un acto singular, inevitablemente sometido al imperio de la ley, que es la que debe aplicar privilegiando el interés público o social cuando este entra en conflicto con el interés privado o particular, como lo dice expresamente el artículo 58 de la Constitución.

“Esta hermenéutica restrictiva que se impone en el ámbito de la aplicación de la ley en el tiempo, ofrece en la práctica legislativa una política normal y ordinaria de leyes promulgadas para disponer hacia el futuro y excepcionalmente de leyes de aplicación diferida, o sea para regir relaciones jurídicas constituidas con posterioridad a la promulgación, dejando que los efectos de las ajustadas antes se sigan surtiendo por la ley igualmente anterior (ultra actividad). También por esa vía excepcionalísima se advierte la vigencia de leyes con carácter retroactivo, como ocurre, simplemente por vía de ejemplo, con algunas leyes penales para garantizar el principio de favorabilidad.

“Por su parte, la doctrina con el fin de zanjar la eventual y concreta oposición entre retroactividad e irretroactividad de la ley, ha morigerado el alcance del principio de irretroactividad acudiendo a dos excepciones, ambas con respaldo legal en el ordenamiento jurídico colombiano: las leyes interpretativas, que se entienden incorporadas a la interpretada y las leyes de orden público, a las cuales además de otorgárseles un carácter imperativo, derogatorio de la convención particular, se les implica directamente con la prevalencia del interés general sobre el particular o privado. Por consiguiente, sendos tipos de leyes se prodigan de un efecto inmediato, como lo es el procurado por el recurrente con respecto a la Ley 54 de 1990.

“5. Siguiendo los derroteros teóricos presentados, debe entrarse en la esencia misma del caso concreto para dar respuesta al cuestionamiento planteado, cual es la aplicación en el tiempo de la Ley 54 de 1990.

“Sea lo primero dejar por averiguado que en la mencionada ley el Congreso no adoptó explícitamente un compromiso con la retroactividad, la retrospectividad o la aplicación inmediata de la norma, para derivar de cualesquiera de las alternativas una respuesta afirmativa a las aspiraciones del recurrente. Ciertamente este es un aspecto que pasa en silencio en la historia de la ley (anales), lo cual de alguna manera explica lo difuso de su tenor, porque ninguno de los tres artículos (1º, 2º y 9º), referidos al problema del ámbito de validez temporal, de manera diáfana y expresiva dan cuenta de que la real y verdadera voluntad del legislador, haya estado orientada por el camino que indica el recurrente, siendo esta, sin duda alguna, la justificación de la controversia y la dificultad del caso mismo.

“La Corte Constitucional a propósito de una demanda de inconstitucionalidad propuesta contra el artículo 1º de la Ley 54 de 1990, en cuanto decía “A partir de la vigencia de la presente ley”, tuvo oportunidad de ocuparse del tema de la “aplicación en el tiempo” de la citada normatividad, anotando como aspecto primario que, “Lo primero que debe anotarse es esto: en cuanto a su vigencia, la Ley 54 de 1990 sigue el principio general según el cual la ley rige hacia el futuro. Al respecto, el artículo 9º de la ley comentada dispone que esta rige a partir de la fecha de su promulgación”. Así mismo, aunque advirtiendo que la tarea interpretativa de la ley la debe cumplir en última instancia la Corte Suprema de Justicia con ocasión del caso concreto, adelantó su propio criterio, insinuativo al menos del carácter irretroactivo de la Ley 54, cuando dijo: “De la norma citada surge un primer criterio que esclarece el asunto que se estudia: la aplicación de la Ley 54 de 1990 a relaciones concubinarias consumadas, es decir, nacidas y extinguidas antes de su vigencia, solo sería posible, idealmente, en la medida en que no se vulneraran derechos adquiridos, en razón del principio consagrado en el artículo 58 de la Constitución: ‘Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores’. Aunque hay que advertir que ello implicaría darle a la ley un efecto retroactivo, que ella misma no previó, y que está, en general, prohibido en guarda de la seguridad jurídica (Sent. C-239, mayo 31/94).

“Esta, la posición de la Corte Constitucional, que aunque respetando la función que la Corte Suprema de Justicia cumple dentro de la competencia que le otorga el recurso extraordinario de casación, para interpretar la ley con ocasión del caso concreto, como ella misma lo anota, constituye una segunda e importante aproximación a la respuesta, en todo caso muy distinta a la abogada por el impugnante, porque para el mencionado tribunal constitucional, “la Ley 54 de 1990 sigue el principio general según el cual la ley rige hacia el futuro”, amén de que “Solo el legislador al dictar una ley, puede establecer su carácter retroactivo”, que es lo que en principio no ve la Corte Suprema de Justicia en su contenido, como inicialmente se anticipó. Por lo demás, para la Corte Constitucional es posible hablar, aun en vigencia de la ley que se analiza, de una “sociedad de hecho entre concubinos, cuya existencia y disolución han podido presentarse antes y después de la vigencia de la Ley 54, y que está sujeta a otros principios, según la ley y la jurisprudencia”.

“Ahora, como lo ha admitido la doctrina y la jurisprudencia, la Ley 54 tiene un carácter innegablemente constitutivo, en cuanto ella genera una relación jurídica que antes no preveía la ley, así el hecho social reconocido diariamente golpeara a la puerta. Obviamente, como bien se sabe, la Ley 54 no originó tránsito legislativo alguno, como para pensar en un conflicto de leyes en el tiempo en consideración a incompatibilidades o contradicciones lógicas, porque como ya se dijo, lo que había era una ausencia de régimen específico, que fue suplida por la interpretación jurisprudencial acudiendo analógicamente a la institución jurídica de la sociedad de hecho, para conferir así un tratamiento legal y justo a la cuestión patrimonial de los concubinos, ya que la sociedad conyugal solo guardaba correspondencia con el matrimonio legalmente constituido y la ley civil prohibía la conformación de sociedades universales diferentes a la mencionada sociedad conyugal (C.C., art. 2089)

“Siendo el acto legal de naturaleza eminentemente constitutiva, pues, se repite, es el que crea o tipifica el nuevo fenómeno jurídico, llamado “sociedad patrimonial entre compañeros permanentes”, sujeto a un régimen propio hasta entonces inexistente y con pautas formativas distintas a las de la situación tratada por la jurisprudencia por la vía de la sociedad de hecho, sin necesidad de entrar a hacer un abstracto ejercicio en torno a derechos adquiridos, con lógica jurídica enmarcada en pautas de equidad y justicia, inevitablemente se tiene que concluir en la negación de cualquier efecto retroactivo o retrospectivo de la ley, porque lo cierto es que la nueva disposición no subsume el factum anterior, por cuanto ella misma lo excluye en el artículo 2º, cuando establece, además de otras condiciones antes no concebidas, los dos años de la unión marital como requisito para que opere la presunción legal de existencia de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, que es claramente el tiempo que la ley señaló para que la norma pudiera ser utilizada como fundamento de una decisión judicial, pues no debe olvidarse que por encima de cualquier consideración atinente al reconocimiento de un hecho social (unión extramatrimonial), lo que de ella resulta trascendente y que es lo que convoca a esta decisión, es el otorgamiento de una tutela jurisdiccional perfectamente identificable, pero diferida en el tiempo a los dos señalados años de unión marital.

“Habermas afirma que “cada ley individual representa una interpretación y un perfeccionamiento hermenéutico de los principios básicos que se encuentran y se explicitan en una constitución dada”, y a decir verdad que este criterio se ve realizado en normas como las consagradas por la Ley 54 de 1990, que como ya se anotó, estaba dirigida a llenar un vacío con sentido de equidad. Con todo, como igualmente quedó expuesto, no por la justificación de la ley, ni por su finalidad, quedaba en entredicho la justicia de la solución jurisprudencial, la cual sigue subsistiendo aun bajo la vigencia de la Ley 54, porque las normas jurídicas que la amparaban permanecen, ora para ser aplicadas a una sociedad expresamente convenida, o ya a una surgida de los hechos, cual sería el caso de aquellas uniones que viniendo de atrás no alcanzan a subsumirse en los preceptos de la ley en comentario o que manteniéndose después de esta, quedan sometidas a un doble tratamiento: el de la sociedad de hecho para la relación patrimonial anterior a la posibilidad de la aplicación de la ley y el de la sociedad patrimonial para la época enmarcable en la novedosa normatividad.

“Pues bien, la posición que ahora la Corte expone, sometida a un test de proporcionalidad, no solamente aparece como la más adecuada, porque sin duda alguna deja a salvo los principios de seguridad jurídica y justicia, que serían los que resultarían menguados de entenderse la retroactividad, sino por consultar el problema de la continuidad de la relación que es uno de los más delicados en la aplicación de las leyes en el tiempo, como se discute igualmente en los contratos sucesivos, que mutatis mutandi guardan semejanza con el fenómeno analizado, amén de mirar el carácter supletorio de la Ley 54 de 1990, en cuanto tiene que ver con la constitución de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, el cual claramente se nota en el artículo 2º en tanto sienta una mera presunción legal, por ende desvirtuable y consecuentemente admisoria de algún tipo de convenio paritario e imparcial acorde con las finalidades de la ley y al mínimo de derechos que esta reconoce a los compañeros permanentes. Carácter que igualmente se nota en el inciso 1º del artículo 7º, cuando remite a las normas “contenidas en libro IV, título XXII, capítulos I a VI del Código Civil”, para ser aplicadas a “la liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes”, donde se ubican, entre otros, los artículos 1771 a 1780, concernientes al régimen de las capitulaciones matrimoniales, que por la misma definición legal son “las convenciones” que celebran los esposos antes de contraer matrimonio, relativas a los bienes que se aportarán a la sociedad conyugal, las cuales bien pudieran dar lugar a un régimen de separación de bienes o a otro distinto, porque de modo similar a como acontece con la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, la sociedad conyugal surge de una presunción legal, “A falta de pacto escrito” en contrario, como lo indica el artículo 1 774 del Código Civil, que es otra de las normas que obran por remisión.

“Descartado así el carácter imperativo de la Ley 54 de 1990, y por contera su naturaleza de orden público, el último rescoldo argumentativo de la aplicación inmediata queda apagado, porque si la norma es supletoria de la voluntad de los compañeros permanentes, la novedosa ley no puede aplicarse a las relaciones jurídicas constituidas con anterioridad a su vigencia, por cuanto allí prima la voluntad y la autonomía de las partes, que libremente adecuaron su conducta al régimen jurídico para entonces vigente, pues al fin de cuentas la aplicación o no de la ley que introduce la nueva regulación a las situaciones o relaciones jurídicas preexistentes, tiene que ver con ese específico carácter, porque de él depende que esta se considere como de orden público, y por ende, con un contenido implicado con el interés general o el “interés público o social”, como lo consagra el artículo 58 de la Constitución Política, que es el principio que por prevalecer sobre el interés individual o privado (C.P., art. 1º), impone de manera excepcional la aplicación inmediata de la nueva ley”.

Dada la claridad y contundencia de tales razonamientos, sigo creyendo que la Ley 54 de 1990 no se aplica a situaciones anteriores a la vigencia de dicha norma y, por tanto, la Corte no ha debido prohijar en el caso aquí juzgado su alcance retrospectivo.

Fecha ut supra. 

César Julio Valencia Copete