Sentencia 2005-00206 de febrero 10 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 68001-23-31000-2005-00206-01(17525)

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Actor: Promotora de Inversiones de Santander S.A.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Fallo

Bogotá, D.C., diez de febrero de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación interpuesto por las partes, corresponde a la Sala decidir la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Bucaramanga determinó en la suma de $ 126.621.000, el valor de la diferencia en la inversión forzosa en bonos de solidaridad para la paz por el año 2000, a cargo del contribuyente Promotora de Inversiones de Santander S.A. NIT. 804.006.510-9.

La censura en contra de las actuaciones de la administración se fundamenta en que la demandante determinó la inversión forzosa en Bonos de Solidaridad para la Paz por el año 2000, de acuerdo con lo indicado en el Concepto 09666 del 12 de febrero de 2001.

Extemporaneidad del acto acusado

La Ley 487 de 1998 autorizó al Gobierno Nacional para emitir títulos de deuda interna denominados bonos de solidaridad para la paz, estableció su naturaleza, rendimientos y plazo; y señaló las condiciones de emisión y colocación.

La redención de los “Bonos de Solidaridad para la Paz” era por su valor nominal y sólo podía efectuarse a partir de la fecha de su vencimiento, es decir, a los siete (7) años de haberse constituido la inversión inicial y devengaban un rendimiento anual igual al ciento diez por ciento (110%) de la variación de precios al consumidor ingresos medios certificado por el DANE.

El artículo 3º de la Ley 487 de 1998 dispuso:

Obligados a efectuar inversión forzosa. Deberán efectuar una inversión forzosa en bonos de solidaridad para la paz durante los años 1999 y 2000, las personas naturales cuyo patrimonio líquido a 31 de diciembre de 1998 exceda de doscientos diez millones de pesos ($ 210.000.000) y las personas jurídicas.

De acuerdo con la norma en cita, la inversión la debían efectuar durante los años 1999 y 2000, las personas naturales cuyo patrimonio líquido a 31 de diciembre de 1998 exceda de $ 210.000.000, las personas jurídicas, incluso las constituidas durante el año de 1999, para lo cual tendrán en cuenta las disposiciones del Libro Primero del estatuto tributario y el artículo 3º del Decreto 676 de 1999.

El artículo 4º del Decreto 1967 de 2000 estableció que el monto de la inversión forzosa por los años 1999 y 2000 era el equivalente al cero punto seis por ciento (0.6%) sobre el patrimonio líquido y que para las personas jurídicas diferentes a las calificadas como grandes contribuyentes para el año 2000 debían efectuar la inversión así:

— El 30% de la inversión, hasta la fecha límite del mes de mayo del año 2001.

— El 70% de la inversión, hasta la fecha límite de los meses de octubre y noviembre del año 2001.

La sociedad Promotora de Inversiones de Santander S.A., dentro de la oportunidad legal, liquidó y pagó la suma de $ 111.598.000 por concepto de la inversión en bonos de solidaridad para la paz por el año 2000, correspondiente según el actor, al 100% de la inversión imputable a ese año.

Mediante la Resolución 040642004000103 de fecha 22 de junio de 2004, la Administración de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga determinó el valor de la diferencia en la inversión en bonos a la sociedad Promotora de Inversiones de Santander S.A. por valor de $ 126.621.000, notificada el 2 de julio del mismo año. Este acto fue impugnado, y como motivos de inconformidad el actor expuso que se expidió por fuera de los términos contemplados en el estatuto tributario para la investigación y determinación del impuesto.

En relación con la pretendida extemporaneidad de la resolución que determinó el valor de la diferencia en la inversión en bonos a cargo del demandante, por haberse notificado cuando había vencido el plazo de dos años que tenía la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Bucaramanga para expedir el acto de determinación, la Sala precisa que la obligación prevista en la Ley 487 de 1998 es distinta de la obligación tributaria consagrada en el ordenamiento tributario habida cuenta de que se trata de una operación de endeudamiento interno de la Nación a través de la colocación de títulos de deuda pública y no de la determinación de impuestos.

Ahora, el artículo 7º de la Ley 487 de 1998 le otorgó a la administración tributaria las facultades de investigación, determinación, discusión y cobro previstas en el estatuto tributario, pero no hizo referencia a las normas que establecen el procedimiento para la notificación de las liquidaciones oficiales de determinación de impuestos, como lo deduce la demandante.

El asunto en cuestión ha sido analizado por la corporación, por lo que en esta oportunidad se reitera la posición de la Sala(1):

“(...).

Dado que la obligación de suscribir los bonos no es de naturaleza tributaria, el acto de determinación de la inversión no puede considerarse como una liquidación oficial, ni mucho menos como una sanción tributaria, por lo cual las normas tributarias aplicables, en relación con las facultades asignadas para el control de la inversión, sólo pueden ser las que resulten compatibles con la naturaleza de la inversión.

Además, el otorgamiento de facultades del estatuto tributario, no significa la asignación de los procedimientos de dicho estatuto tributario, pues, las primeras corresponden a las potestades y derechos de que goza la administración para el cumplimiento de sus fines, mientras que los segundos son el conjunto de actos relacionados entre sí que deben cumplirse para lograr el mismo objetivo. Por tanto, si se otorgan unas facultades, éstas no conllevan necesariamente un procedimiento determinado. En tales condiciones, debe tenerse en cuenta que la Ley 487 se refirió específicamente al acto de cuantificación de la inversión y al recurso procedente contra el mismo; los demás aspectos deben regirse, entonces, por las normas que sean pertinentes del estatuto tributario y del Código Contencioso Administrativo.

De manera coherente, no son aplicables los términos de firmeza de la declaración tributaria, ni mucho menos de imposición de sanciones, porque, se insiste, la Ley 487 de 1998 no remitió a dichas normas de procedimiento, ni éstas le son aplicables, dado que la suscripción de los bonos de paz no es una obligación tributaria.

En consecuencia, la facultad de control quedó sujeta al término ordinario de prescripción consagrado en el artículo 2536 del Código Civil, debido a la ausencia de norma especial(2).

(...)”.

El artículo 2º del Decreto 2160 de 1999, modificado por el Decreto 2576 de 1999, y el Decreto 1967 de 2000, señalaron que para las personas jurídicas cuyo NIT terminara en 9 o 0 el plazo para efectuar la inversión forzosa por el año 2000 vencía, para el treinta por ciento (30%) el 25 de mayo de 2001 y para el setenta por ciento (70%), el 7 de noviembre de 2001, y el demandante efectuó la inversión el 12 de octubre de 2001. La resolución de determinación del valor adicional de la inversión, fue notificada el 2 de julio de 2004 dentro de la oportunidad legal, es decir, dentro del término señalado en el artículo 2536 del Código Civil(3).

No prospera el cargo.

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no estudió la totalidad de los cargos de la demanda, la Sala procede a su estudio:

Indebida determinación de la base gravable

Señala el demandante que en los actos acusados no se determinó el valor a invertir, por lo cual se incurre en la causal de nulidad señalada en el numeral 4º del artículo 730 del estatuto tributario.

El artículo 730 del estatuto tributario señala:

Causales de nulidad. Los actos de liquidación de impuestos y resolución de recursos, proferidos por la administración tributaria, son nulos:

1. Cuando se practiquen por funcionario incompetente.

2. Cuando se omita el requerimiento especial previo a la liquidación de revisión o se pretermita el término señalado para la respuesta, conforme a lo previsto en la ley, en tributos que se determinan con base en declaraciones periódicas.

3. Cuando no se notifiquen dentro del término legal.

4. Cuando se omitan las bases gravables, el monto de los tributos o la explicación de las modificaciones efectuadas respecto de la declaración, o de los fundamentos del aforo.

5. Cuando correspondan a procedimientos legalmente concluidos.

6. Cuando adolezcan de otros vicios procedimentales, expresamente señalados por la ley como causal de nulidad.

Conforme con la norma tributaria es evidente que cuando se omitan las bases gravables, el monto de los tributos o la explicación de las modificaciones efectuadas respecto de la declaración, o de los fundamentos del aforo, el acto de liquidación de impuestos y resolución de recursos, proferidos por la administración tributaria, serán nulos.

Observa la Sala que la obligación prevista en la Ley 487 de 1998 es distinta a la obligación tributaria prevista en el estatuto tributario, toda vez que se trata de una operación de endeudamiento interno de la Nación a través de la colocación de títulos de deuda pública bonos de solidaridad para la paz que se redimen dentro de los siete (7) años siguientes a la fecha de su vencimiento por su valor nominal y tienen reconocimiento anual de intereses, por consiguiente, no pueden aplicarse las causales de nulidad del artículo 730 del estatuto tributario. Además se advierte, que las causales de nulidad son taxativas de interpretación restrictiva por lo que no admite aplicación extensiva o por analogía.

En consecuencia, no prospera el cargo.

Incompetencia del funcionario

Estima el demandante que el acto de determinación del valor a invertir está viciado, por cuanto fue expedido por funcionario incompetente.

La Ley 487 de 1998 Por la cual se autoriza un endeudamiento público interno y se crea el Fondo de Inversión para la Paz le otorgó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público las facultades de investigación, determinación, discusión y cobro previstas en el estatuto tributario, y añadió que éste podía perseguir por la vía coactiva el cobro de la inversión junto con los intereses de mora, frente a quienes no la efectúen, lo hagan de forma extemporánea, o la realicen por una suma menor a la que corresponda.

Estas facultades según la ley, se podían delegar en las entidades adscritas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Con base en esto, el ministerio profirió la Resolución 472 del 4 de marzo de 1999, a través de la cual dispuso:


“ART. 1º—Delegar en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la facultad para ejercer la investigación, determinación, discusión, cobro y ejecución por la inversión en los bonos de solidaridad por la paz, y para perseguir por la vía coactiva el cobro de la inversión junto con los intereses que sean del caso, contra quienes no la realicen, lo hagan de manera extemporánea, o la efectúen por una suma menor, de acuerdo con lo establecido en el estatuto tributario”.

En el caso, la Sala observa que la autorización de delegación impartida por la Ley 487 de 1998 no estableció una autoridad específica sino que por el contrario, señaló que podía ser una de las entidades adscritas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como es la Unidad Administrativa Especial – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Por otro lado, el artículo 211 de la Constitución Política señala:

La ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine. Igualmente, fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades.

(...).

Como puede observarse la Constitución Política admite la delegación de funciones, entre autoridades administrativas así como en subalternos o en otras entidades.


En estas condiciones, no tiene soporte jurídico la manifestación del apelante en cuanto a que la delegación de funciones que realizó el Ministro de Hacienda y Crédito Público, mediante la Resolución 472 de 1999 haya sido definida en el Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, pues como se indicó, fue la misma Ley 487 de 1998 la que facultó la delegación y de la Resolución en cita no se evidencia lo esgrimido por el recurrente.

En consecuencia, y con base en el acto de delegación que estableció que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales estaba facultada para ejercer la investigación, determinación, discusión, cobro y ejecución por los bonos de solidaridad para la paz, debía asumirla la dependencia de la administración tributaria que ejerciera la función conforme con la delegación, aunque la inversión forzosa no cumpla con las característica propias de un tributo.


Para efectos de la competencia para expedir el acto que determina la inversión forzosa vigente para el período que se examina, el Decreto 1071 de 1999(4) disponía:


ART. 39.—Competencia funcional. Sin perjuicio de las normas previstas en los artículos anteriores, las dependencias de las administraciones tendrán las siguientes competencias:

(...).
b) La división que ejerza las funciones de determinación, sanción, decomiso o abandono:
(...).

2. Proferir los actos de determinación de impuestos, de decomiso o abandono de mercancías y/o de imposición de sanciones.

En el caso, la Sala observa que el funcionario que expidió la resolución de determinación valor inversión en bonos para la paz 040642004000103 del 22 de junio de 2004, mencionó como soporte de su decisión el artículo 70 de la Resolución 5632 de 1999(5)que dice:


“ART. 70.—División de liquidación.

a) Proferir las ampliaciones a los requerimientos especiales, las liquidaciones oficiales y demás actos de determinación de las obligaciones tributarias, aduaneras y sanciones cambiarias, así como la aplicación y liquidación de las sanciones cuya competencia no esté asignada a otra dependencia, de acuerdo con el procedimiento señalado en las normas vigentes.
(...)”.

Visto el contenido de la Resolución 5632 de 1999 se encuentra que ella se ajusta a la facultad otorgada por el Decreto 1071 de 1999 y teniendo en cuenta que la resolución de determinación de la inversión forzosa fue proferida por un funcionario de la división de liquidación y la resolución que resolvió el recurso de reposición por un funcionario de la división jurídica, ambos vinculados a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Bucaramanga, no se configura la incompetencia del funcionario aludida por el demandante.

Esta Sala, mediante sentencia del 3 de junio de 2010 consejera ponente doctora Martha Teresa Briceño de Valencia, Exp. 17517, se pronunció en otro caso de bonos de solidaridad para la paz – Ley 487 de 1998 en los siguientes términos:

“…Por consiguiente, teniendo en cuenta que en el acto de delegación se señaló que la DIAN, para efectos de cobrar a los contribuyentes obligados a efectuar la inversión forzosa en los bonos de solidaridad por la paz, debía proferir una resolución en la que debía determinar el monto base de liquidación, cuantificar el valor total de la inversión y los intereses a que haya lugar, tal facultad debía ser asumida por la dependencia de la administración tributaria que tuviera a su cargo una función acorde con la que le fue delegada, concretamente y para el caso, la de determinación, aunque la inversión forzosa no sea un tributo.

Sobre este punto resulta oportuno reiterar(6) que en materia de competencias de la administración tributaria, las normas no señalan una competencia personal sino funcional, al establecer las actividades que le corresponde desarrollar a cada una de las divisiones o dependencias.…”.

En consecuencia, no se configura extralimitación de funciones, pues, aunque la competencia de los funcionarios sea en materia tributaria, por efectos de lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 487 de 1998 y en la Resolución 472 de 1999, tienen facultades para determinar la inversión forzosa en bonos de solidaridad para la paz, y esta facultades debían en su momento ajustarse a la estructura interna y organizacional de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

No prospera el cargo.

Indebida determinación del cálculo de la inversión

Considera el demandante, que para la inversión en bonos de solidaridad para la paz, por el año 2000, se toma el patrimonio líquido del año gravable 1998 y se hacen los ajustes de que habla el inciso 3º del artículo 4º de la Ley 487 de 1998, pero que correspondan al año gravable 2000.

El artículo 4º de la Ley 487 de 1998 señaló el cálculo de la inversión forzosa, y estableció:

“Para el cálculo de la inversión de que trata el presente artículo, se descontarán del patrimonio líquido, aquella proporción que dentro del valor total de los bienes y derechos apreciables en dinero poseídos a 31 de diciembre del respectivo año, corresponda a los bienes representados en acciones y aportes en sociedades.

Tratándose de las personas naturales, adicionalmente se descontarán los aportes voluntarios y obligatorios a los fondos públicos y privados de pensiones de vejez e invalidez”.

Mediante oficio 81-04-064-428 del 1º de junio de 2004, la Administración de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga le solicitó a la Sociedad Promotora de Inversiones de Santander S.A., le informara sobre el cumplimiento de la suscripción de la inversión en bonos de solidaridad para la paz por el año 2000.

El contribuyente para sustentar el cumplimiento de la obligación, presentó a la administración tributaria fotocopia de los recibos de pago que demostraban el cumplimiento de la inversión por el año 2000 por un valor de $ 111.508.000 y argumentó que para el cálculo de la inversión se fundamentó en lo expuesto en el Concepto 09666 del 12 de febrero de 2001 de la Oficina Jurídica de la DIAN.

La administración tributaria, no conforme con la respuesta de la sociedad, profiere la Resolución 040642004000103 en la cual determina el valor de la diferencia de la inversión forzosa en bonos para la paz del año 2000, precisando que para el cálculo de la inversión se tomaba el patrimonio liquido poseído a 31 de diciembre de 1998, disminuido con la proporción que dentro del valor total de los bienes y derechos apreciables en dinero corresponda a los bienes representados en acciones y aportes en sociedades del mismo año que sirve de base para la inversión, es decir 1998.

Agregó la entidad, que el concepto argumentado por la sociedad como fundamento de su proceder había sido modificado con anterioridad a la fecha en que se realizó el pago parcial de la inversión del año 2000, mediante Concepto 040809 del 18 de mayo de 2001.

A continuación transcriben apartes de los conceptos 09666 y 040809:

Concepto 096666 del 12 de febrero de 2001

Problema jurídico. Para la inversión en bonos de solidaridad para la paz, correspondiente al año 2000, el valor de las acciones que se puede descontar del patrimonio liquido que sirve de base para la inversión en bonos de solidaridad para la paz, es el valor patrimonial neto a diciembre 31 de 1998 o a 1999?, o es dicho valor ajustado por inflación?

Tesis jurídica. Para la inversión en bonos de solidaridad para la paz, correspondiente al año 2000, el valor de las acciones que se pueden descontar del patrimonio liquido que sirve de base para la inversión en bonos de solidaridad para paz, es el valor patrimonial a diciembre 31 de 1999 .(el subrayado es nuestro).

Concepto 040809 del 18 de mayo de 2001

Problema jurídico. Para la inversión en bonos de solidaridad para la paz correspondiente al año 2000, el valor de las acciones que se puede descontar del patrimonio liquido que sirve de base para la inversión, es el valor patrimonial neto a diciembre 31 de 1998 o a 1999?

Tesis jurídica. Para la inversión en bonos de solidaridad para la paz correspondiente al año 2000 se puede descontar del patrimonio líquido, aquella proporción que dentro de los bienes y derechos apreciables en dinero poseídos a diciembre 31 de 1998, corresponda a los bienes representados en acciones y aportes en sociedades.(el subrayado es nuestro)

Al respecto, los conceptos que profiere la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de acuerdo con la Circular 175 de 2001, “…constituye la expresión de manifestaciones, juicios, criterios o dictámenes sobre la interpretación de las normas tributarias, aduaneras, de comercio exterior o de control de cambios, ya sea que hayan sido solicitados por los particulares o a instancia de las administraciones, para satisfacer necesidades o requerimientos de las mismas”.

Pero estos conceptos no se convierten en decisiones administrativas que afecten la esfera jurídica de los administrados, en el sentido de imponerles deberes u obligaciones, u otorgarles derechos no contemplados en la ley.

Ahora bien, la Sala observa que el Concepto 09666 del 12 de febrero de 2001, estuvo vigente hasta el 1 de junio de 2001, fecha en que fue publicado en el Diario Oficial 44.442 el Concepto 040809 del 18 de mayo de 2001(7), ya que en este último se advierte que modifica el concepto número 9666 de febrero 12 de 2001.

De otra parte, estima el demandante, que en la parte final del Concepto 040809 del 18 de mayo de 2001, se hizo referencia al Concepto. 9661 y no al 09666. En efecto, la DIAN al momento de emitir el pronunciamiento, incurrió en un error de trascripción que fue subsanado a través del oficio modificatorio 043450 del 25 de mayo de 2001, publicado en el Diario Oficial en cita.

Con todo lo anterior queda demostrado, que el ente fiscal, con la publicación en el Diario Oficial de fecha 1º de junio de 2001, modificó la interpretación y aplicación de la Ley 487 de 1998.

Más adelante, solicita el demandante que se declare que la determinación de la inversión forzosa estuvo acorde a la Ley toda vez que al momento de determinar la base para la liquidación de los bonos de solidaridad para la paz por el año 2000 procedió a restar del patrimonio líquido las acciones y aportes poseídos en sociedades a 31 de diciembre de 1999, tal como lo indicaba el Concepto 09666.

Para la Sala es importante resaltar, que de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 119 de la Ley 489 del 29 de diciembre de 1998, los actos administrativos de carácter general cumplen con el requisito de publicidad para efectos de su vigencia y oponibilidad, cuando se publiquen en el Diario Oficial.

Consecuente con lo anterior, se analizará la vigencia de los conceptos en relación con los hechos, es decir con la fecha del pago de la inversión forzosa:

— Recibo inversión bonos 126899 del 12 de octubre de 2001 por $ 33.452.000 más intereses de mora $ 6.075.000(8).

— Recibo inversión bonos 078643 del 29 de octubre de 2001 por $ 78.056.000(9).

Conforme con lo anterior, se evidencia que la inversión forzosa en bonos de solidaridad para la paz fue posterior a la fecha de entrada en vigencia del Concepto 040809 del 18 de mayo de 2001, que indicó que para la inversión en bonos de solidaridad para la paz correspondiente al año 2000 se podía descontar del patrimonio líquido, aquella proporción que dentro de los bienes y derechos apreciables en dinero poseídos a diciembre 31 de 1998, corresponda a los bienes representados en acciones y aportes en sociedades.

Ahora, en materia tributaria, el artículo 264 de la Ley 223 de 1995 establece lo siguiente:

"Los contribuyentes que actúen con base en conceptos escritos de la Subdirección Jurídica(10) de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, podrán sustentar sus actuaciones en la vía gubernativa y en la jurisdiccional con base en los mismos. Durante el tiempo en que tales conceptos se encuentren vigentes, las actuaciones tributarias realizadas a su amparo no podrán ser objetadas por las autoridades tributarias. Cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales cambie la posición asumida en un concepto previamente emitido por ella deberá publicarlo".

La actuación de la Sociedad Promotora de Inversiones de Santander S.A. se fundamentó en un concepto que para la fecha de los hechos no se encontraba vigente, razón por lo cual no era posible que la administración tributaria la tuviera en cuenta, de hacerlo violaría el postulado legal transcrito.

Las consideraciones aquí consignadas llevan a desestimar el cargo propuesto.

Violación del debido proceso

El derecho fundamental al debido proceso está reconocido por la Constitución Política para que todo el proceso se adelante de conformidad con unos parámetros predeterminados y que, sobre todo, se garantice y vele por el derecho de defensa de los administrados.

El inciso 2º del artículo 7º de la Ley 487 de 1998 señala que contra el acto de determinación de bonos de solidaridad para la paz procede únicamente el recurso de reposición dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación, el cual deberá decidirse dentro de los cinco (5) días siguientes a su interposición.

Considera el demandante que esta norma no se cumplió, habida cuenta de que el día 9 de julio de 2004 interpuso el recurso de reposición contra la Resolución 040642004000103 y que el mismo fue resuelto mediante la Resolución 040772004000036 de fecha 15 de septiembre de 2004 y notificada el 28 del mismo mes y año.

En primer lugar observa la Sala, que en el escrito de recurso la demandante solicitó las siguientes certificaciones como pruebas:

— Certificación expedida por la entidad encargada de la impresión del Codex 93, sobre la fecha real de impresión del mismo; en la certificación debe constar en forma expresa si el Codex fue impreso antes del 31 de mayo de 2001.

— Copia del Diario Oficial en el que aparece publicado el oficio de fecha 25 de mayo de 2001.

Por esta razón, la administración tributaria expide el Auto 000005 del 16 de julio de 2004, notificado a la Sociedad Promotora de Inversion de Santander S.A. el 19 de julio de 2004, mediante el cual dispuso la práctica de pruebas y suspendió por treinta (30) días los términos para decidir el recurso. Posteriormente, mediante Auto 000003 del 1º de septiembre de 2004, la división jurídica dispuso prorrogar por diez (10) días el término para decidir el recurso, desde el 2 de septiembre de 2004 hasta el 15 del mismo mes y año, en consideración a que las pruebas decretadas no habían sido recaudadas en su totalidad.

Aduce el demandante, que con los autos 000005 y 000003 se viola flagrantemente el artículo 58 del Código Contencioso Administrativo, por no indicar con toda exactitud el día en que vence el término probatorio, porque la Ley 487 de 1998 no contempla la posibilidad de suspender los términos para resolver el recurso de reposición.

En el caso concreto, era forzoso decretar las pruebas, en tanto que era imperioso establecer la fecha de entrada en vigencia de los conceptos 09666 y 040809 y del Oficio 043450 de 2001, y esto sólo era posible con la obtención de la certificación sobre la publicación en el Diario Oficial de los mismos. De no haber decretado las pruebas, la decisión administrativa no tendría respaldo cierto, y la administración tributaria hubiera expedido un acto administrativo sin la debida motivación.

Ahora, dice el demandante, que la Ley 487 de 1998 no dispuso la figura de la suspensión del término para resolver el recurso de reposición contra la resolución que determina la inversión forzosa en bonos de solidaridad para la paz, afirmación frente a la cual es imperioso señalar que los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se regirán por éstas y, en lo no previsto en ellas, se aplicaran las normas del Código Contencioso Administrativo(11).

En efecto, la suspensión de los términos se surte con base en el artículo 58 ibídem que advierte que cuando sea del caso practicar pruebas, se podrán suspender los términos por un plazo no mayor a treinta días, tal como lo hizo la administración tributaria; dicho de otra manera, los autos de suspensión de términos reconocen un derecho a la Sociedad Promotora de Inversion de Santander S.A., al haber determinado el valor de la inversión forzosa con base en hechos ajustados a la realidad.

Mas adelante indica que la resolución que resuelve el recurso de reposición es nula porque el Auto 000005 no indica con toda exactitud, el día en que vence

el término probatorio. En el caso, la Sala observa, que efectivamente, la entidad fiscal no precisó con exactitud el día en que vencía el termino probatorio; pero no debe perderse de vista que una de las causales de nulidad del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, es la omisión de los términos y oportunidades para pedir o practicar las pruebas, y como se puede observar el ente fiscalizador practicó las pruebas dentro del termino legal al que hace referencia el articulo 58 del Código Contencioso Administrativo, el cual, además, no precisa que el no indicar el día de vencimiento del termino probatorio sea una causal de nulidad.

En consecuencia, no le asiste razón al apoderado de la sociedad, cuando invoca la nulidad del acto que resolvió el recurso de reconsideración.

Violación al principio de la seguridad jurídica

Frente a este cargo se reitera lo dicho en el cargo referente a la indebida determinación del cálculo de la inversión.

En consecuencia, esta corporación revocara la decisión apelada que declaró la nulidad de la Resolución 040642004000103 de fecha 22 de junio de 2004, por medio de la cual se determinó en la suma de $ 126.621.000 el valor de la diferencia en la inversión forzosa en bonos de solidaridad para la paz por el año 2000, a cargo del contribuyente Promotora de Inversiones de Santander S.A. y de la Resolución 0407720044000036 del 15 de septiembre de 2004, por medio de la cual se decidió el recurso de reposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, la Sección Cuarta en la Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia del diecisiete (17) de julio de 2008 del Tribunal Administrativo de Santander dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la Sociedad Promotora de Iversiones de Santander S.A., contra la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

En su lugar dispone:

NIEGÁNSE la nulidad de la Resolución No. 040642004000103 de fecha 22 de junio de 2004, y de la Resolución 0407720044000036 del 15 de septiembre de 2004.

2. RECONÓCESE PERSONERÍA a la doctora Edna Patricia Díaz Marín como apoderada de la parte demandada, según poder que obra en el folio 317 del expediente.

Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

ACLARACIÓN DE VOTO

Me permito consignar las razones por las que he debido aclarar el voto frente a la decisión tomada en el presente asunto.

El fallo de tutela de la referencia revocó la providencia proferida por la Sección Segunda – Subsección A de esta corporación, que concedió el amparo solicitado por la señora Leonor Lucía Ramírez Muñoz y ordenó a la corporación judicial accionada que tramitara la demanda interpuesta contra el departamento de Cundinamarca y la adición de la misma. En su lugar, la Sala denegó por improcedente la tutela, con fundamento en que las decisiones cuestionadas se sujetaron a derecho.

En la presente oportunidad, considero que pese a que comparto la posición mayoritaria de la Sala, debo aclarar el voto respecto de la expresión “el mencionado principio de autonomía judicial no admitiría que por vía de tutela se echaran abajo las decisiones judiciales con el pretexto de que el criterio escogido por el juez coincide o no con el del fallador que lo revisa. El criterio del juez de tutela no puede desplazar el del juez natural”.

En efecto, si bien, en principio, la acción de tutela no procede para cuestionar la actividad interpretativa de los jueces, es menester dejar claro que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el defecto sustantivo puede presentarse cuando se interpreta una norma en forma evidentemente incompatible con las circunstancias fácticas del asunto, lo que trae como consecuencia que la interpretación dada por el juez a la norma resulte a todas luces una vía de hecho por interpretación errónea.

Al respecto, en reciente jurisprudencia(12), esta sección amparó los derechos fundamentales del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, violados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, en una interpretación contraria al espíritu de la norma en que se fundaba la sentencia, condenó a dicho instituto a pagar unos perjuicios morales a favor de la señora María Esneda Muñoz Piamba, demandante en un proceso de reparación directa contra el mencionado instituto.

En esa oportunidad, la Sala consideró que existió una vía de hecho por interpretación errónea y, de contera, se violó el derecho fundamental del debido proceso del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Entonces, a pesar de que, en principio, no corresponde al juez de tutela definir la correcta interpretación de las normas que deban aplicarse, en los casos en que esa interpretación carezca de razonabilidad y cuando se cumplan los requisitos señalados por la jurisprudencia constitucional, el juez de tutela puede intervenir en pos de los derechos fundamentales del accionante(13).

Por eso la razón de esta aclaración de voto.

Respetuosamente,

Hugo Fernando Bastidas Bárcenas 

(1) Sentencia del 7 de mayo de 2008, C.P. Héctor J. Romero Díaz, expediente 15283.

(2) Sentencia de 23 de junio de 2005, expediente 14548, C.P. Ligia López Díaz.

(3) El artículo 2536 del Código Civil, modificado por el artículo 82335 de la Ley 791 de 2002, señala que la acción ejecutiva prescribe en cinco (5) años y la ordinaria en diez (10).

(4) Por el cual se organiza la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales como una entidad con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y se dictan otras disposiciones.

(5) Folio 2.

(6) Sentencias de julio 25 de 1997, Exp. 8385, C.P. Julio E. Correa Restrepo y de 26 de septiembre del 2002, Exp. 12978, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.

(7) Folio 159 a 161.

(8) Folio 118.

(9) Folio 128.

(10) Hoy Dirección de Gestión Jurídica.

(11) ART. 1º— Campo de aplicacion. Las normas de esta parte primera del código se aplicarán a los órganos, corporaciones y dependencias de las ramas del Poder Público en todos los órdenes, a las entidades descentralizadas, a la Procuraduría General de la Nación y Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y contralorías regionales, a la Corte Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como a las entidades privadas, cuando unos y otras cumplan funciones administrativas. Para los efectos de este Código, a todos ellos se les dará el nombre genérico de "autoridades".

Los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se regirán por éstas; en lo no previsto en ellas se aplicarán las normas de esta parte primera que sean compatibles.

(12) Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 23 de septiembre de 2010. Demandante: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Expediente AC 2010-00592-01. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(13) Sentencia T-1222 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.