Sentencia 2005-00217/43447

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Bogotá D.C., 19 de julio de dos mil 2017.

Rad.: 25000-23-26-000-2005-00217-01 (43447)

Actor: Jorge Eliécer Patiño Córdoba.

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa.

Referencia: Acción de reparación directa.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, para cuyo efecto se abordarán los siguientes temas: 1) la competencia funcional del Consejo de Estado para conocer del presente asunto; 2) la oportunidad de la acción; 3) la responsabilidad del Estado por error judicial; 4) la responsabilidad de la entidad demandada en el caso concreto - ausencia de daño; 5) decisión sobre costas.

1. Competencia.

Teniendo en cuenta que en los asuntos relativos a la responsabilidad del Estado por el error judicial, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y la privación injusta de la libertad, el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 estableció la competencia privativa de los tribunales administrativos en primera instancia y del Consejo de Estado en segunda instancia, se impone concluir que esta corporación es competente para conocer, en segunda instancia, del recurso de apelación interpuesto(6).

2. La oportunidad de la acción.

La providencia contentiva del supuesto error jurisdiccional data del 14 de julio del 2003(7), auto por el cual el Tribunal Superior Militar declaró extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia condenatoria del 15 de noviembre de 2002, proferida por el juzgado 141 de primera instancia del departamento de Policía de Bogotá.

Dicho auto quedó ejecutoriado el 25 de julio de 2003 y se observa que la demanda fue interpuesta el 14 de diciembre de 2004, esto es, dentro de los dos años a los que alude el artículo 136 numeral 8 del Código Contencioso Administrativo.

3. Responsabilidad del Estado por error judicial.

La jurisprudencia de esta corporación y la ley se encargaron de dotar de sustantividad al régimen de responsabilidad patrimonial del Estado en aquellos casos en los cuales se cuestionaba la ocurrencia de un daño causado por la acción del aparato judicial, ya fuere en el marco del tráfico procesal mismo o como consecuencia de un error judicial o jurisdiccional o en los casos de privación injusta de la libertad realizados como consecuencia de una providencia judicial.

De conformidad con los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, el legislador consagró tres hipótesis para la configuración de la responsabilidad del Estado por la actividad del aparato judicial: i) el error jurisdiccional; ii) la privación injusta de la libertad; y, iii) el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

En cuanto a los elementos constitutivos del error jurisdiccional, estos se encuentran descritos en el artículo 67 precitado a saber: i) la interposición de los recursos de ley por parte del afectado, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial y; ii) la providencia contentiva de error debe estar en firme.

Respecto de dichos elementos ya esta corporación ha precisado que, frente al primero, el interesado debió agotar los recursos de ley, estos son los medios de defensa judicial que tiene a su alcance para evitar que el perjuicio se ocasione por su propia negligencia y no por el error judicial. Igualmente, tales recursos deben corresponder a los mecanismos idóneos respecto de la decisión cuestionada, es decir “aquellos que no sólo permiten el examen limitado de la decisión con el objeto de corregir los errores de toda clase, tanto de hecho como jurídicos, sino que pueden interponerse sin sujeción a las rígidas causales que operan para los extraordinarios(8)”.

En cuanto al segundo elemento, “la norma exige que el error se encuentre contenido en una providencia judicial que esté en firme, esto es, que haya puesto fin de manera normal o anormal al proceso, lo cual tiene pleno sentido ya que si la misma todavía puede ser impugnada a través de los recursos ordinarios, no se configura el error judicial(9)”.

Así mismo, la providencia judicial debe ser contraria a derecho, “bien porque surja de una inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), de la falta de aplicación de la norma que corresponde al caso concreto o de la indebida aplicación de la misma (error de derecho)(10)”.

4. La responsabilidad de la entidad demandada en el caso concreto - ausencia de daño.

En el caso que se examina, el demandante hace consistir la responsabilidad de la accionada en el supuesto error jurisdiccional en que habría incurrido el Tribunal Superior Militar en el auto del 14 de julio de 2003, proferido dentro del proceso penal seguido en contra del actor, por el cual se abstuvo de conocer el recurso de apelación interpuesto por este contra la sentencia condenatoria.

Como ya se advirtió, son dos los presupuestos necesarios para que se declare la responsabilidad del Estado por el error jurisdiccional, estos son: a) que respecto de la providencia contentiva de error se hayan agotado los recursos de ley y esta se encuentre en firme y, b) que la providencia sea contraria a derecho.

En primer lugar, en cuanto al presupuesto de que se agotaran los recursos ordinarios legalmente procedentes, la Sala encuentra que en este caso se cumple, pues la providencia acusada de error del 14 de julio de 2003 quedó ejecutoriada el 25 de julio de 2003 como consta al reverso de la misma(11), dado que se trata de un auto interlocutorio de segunda instancia no susceptible de los recursos de reposición y de apelación(12).

En segundo lugar, en cuanto a si la providencia cuestionada es contraria a derecho, previamente la Sala verificará los hechos probados.

Se observa que, efectivamente, el actor fue condenado por el juzgado 141 de primera instancia del departamento de Policía de Bogotá a la pena principal de seis meses de arresto y multa de mil pesos, como responsable del delito de peculado culposo, según providencia del 15 de noviembre de 2002(13).

Contra dicha sentencia el demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido por el juzgado 141 de primera instancia del departamento de Policía de Bogotá, mediante auto del 3 de diciembre de 2002(14).

Posteriormente, a través de auto del 14 de julio de 2003, el Tribunal Superior Militar se abstuvo de conocer el recurso por considerarlo extemporáneo, con fundamento en que el actor y todos los sujetos procesales se habían notificado personalmente de la sentencia condenatoria el 20 de noviembre de 2002 y, por tanto, tenía hasta el 26 de noviembre de 2002 para presentar el recurso de alzada, de conformidad con el artículo 363 de la Ley 522 de 1999, sin que hubiera sido necesaria la notificación por edicto(15).

Como consecuencia, el actor interpuso acción de tutela por violación de su derecho fundamental al debido proceso, al considerar que había formulado el recurso de apelación dentro del término de ley(16).

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en Sentencia del 28 de enero de 2004 tuteló el derecho fundamental al debido proceso invocado por el actor, le ordenó al Tribunal Superior Militar que dejara sin efecto la providencia del 14 de julio de 2003 y que se pronunciara sobre el recurso de apelación presentado por el procesado(17).

En cumplimiento de dicha orden de tutela, mediante providencia del 4 de febrero de 2004, el Tribunal Superior Militar declaró la nulidad del auto interlocutorio del 14 de julio de 2003 y ordenó continuar el trámite del recurso de apelación(18).

En esa oportunidad, el Tribunal Superior Militar señaló que por un error involuntario consideró que todos los sujetos procesales se encontraban debidamente notificados, cuando faltaba por notificarse el representante de la parte civil, de modo que la notificación por edicto sí se efectuó conforme a derecho y, por ende, el recurso de apelación fue interpuesto dentro del término de ley.

Finalmente, mediante Sentencia del 27 de agosto de 2004, el Tribunal Superior Militar resolvió el recurso de apelación confirmando la sentencia condenatoria del 15 de noviembre de 2002, proferida por el juzgado 141 de primera instancia del departamento de Policía de Bogotá, en contra del actor(19).

Pues bien, para el demandante el daño se produjo como consecuencia de la decisión equivocada del Tribunal Superior Militar, al momento de negar la alzada, dado que con ello puso fin a la actuación y vulneró su derecho al debido proceso.

No obstante, encuentra la Sala que el daño alegado por el actor fue corregido oportunamente pues, como se verificó, al acudir a la acción de tutela fue amparado en su derecho fundamental al debido proceso y la providencia contentiva del yerro fue dejada sin efectos, de modo que el recurso de apelación se tramitó y el demandante en su calidad de procesado tuvo acceso a la segunda instancia penal.

De ahí que el motivo del daño se conjuró, no persistió, pues pese a que la providencia del 14 de julio de 2003 estuvo en firme y con ello la sentencia condenatoria, con la declaratoria de nulidad en virtud de la orden de tutela, el actor pudo sustentar sus motivos de apelación, derecho que le había sido negado y así obtuvo una sentencia de segunda instancia.

Ahora bien, el actor insistió en que se puso fin a la actuación y que fue separado del servicio por parte de la Policía Nacional en cumplimiento a la sentencia de primera instancia. Se observa que, una vez el Tribunal Superior Militar se abstuvo de conocer el recurso de apelación y la sentencia condenatoria se declaró en firme, la Policía Nacional expidió la Resolución 02662 del 1º de diciembre de 2003, por la cual separó en forma temporal del servicio al actor por un término de seis meses, en cumplimiento de la sanción penal(20).

Sin embargo, la misma fue revocada mediante la Resolución 365 del 24 de febrero de 2004, precisamente, en virtud de la sentencia de tutela del 28 de enero de 2004 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal y del auto del 4 de febrero del mismo año del Tribunal Superior Militar que, en cumplimiento de esta, ordenó dar trámite al recurso de alzada. Ello por cuanto la decisión administrativa era ilegal, contraria al artículo 67 del Decreto 1791 de 2000, que solo prevé el retiro del servicio como consecuencia de una condena por “sentencia ejecutoriada a la pena principal de arresto o prisión por delitos culposos(21)”.

De manera que, aún en ese evento, el actor no sufrió las consecuencias de una sentencia condenatoria que no se encontraba en firme, pues al revocarse el acto administrativo que lo había separado del servicio de forma temporal, de llevar dos meses por fuera de la institución como lo alegó en la demanda, los efectos de dicho retiro fueron revertidos como resultado de dicha revocatoria, es decir, las cosas volvieron a su estado anterior(22).

De ahí que si bien existió un yerro en la providencia del 14 de julio de 2003 proferida por el Tribunal Superior Militar, lo cierto es que el actor agotó la jurisdicción constitucional y logró que este fuera corregido, de modo no se puso fin a la actuación como él lo alegó, sino que consiguió que se tramitara el recurso de apelación y pudo acceder a la segunda instancia para que el tribunal analizara los motivos de su impugnación y emitiera la correspondiente sentencia, como en efecto ocurrió.

A ello se suma el hecho innegable de que la sentencia condenatoria fue confirmada, e inevitablemente el actor debió ser separado temporalmente del servicio activo de la Policía Nacional, según lo prescribía el artículo 67 del Decreto 1791 de 2000, como consta en la Resolución 6430 del 29 de diciembre de 2006(23).

De todo lo anterior se colige que el daño alegado por el actor brilla por su ausencia, pues resulta hipotético, incierto y, en todo caso, la eventualidad de su existencia fue resuelta a tiempo, dado que la negativa a una segunda instancia que tanto reclamaba para un nuevo juicio sobre su sentencia condenatoria fue efectivamente concedida, quedando garantizado su derecho al debido proceso y cumplido el principio de la doble instancia.

Como consecuencia, forzoso resulta concluir que ante la ausencia de un elemento medular de la responsabilidad administrativa como es el daño, no habrá lugar a declaratoria alguna al respecto y será confirmada la providencia recurrida, pero por los motivos aquí expuestos.

5. Decisión sobre costas.

Habida cuenta de que, para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de descongestión, el 30 de septiembre de 2011.

2. Sin lugar a costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, por secretaría REMÍTASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(6) Mediante providencia del 1º de septiembre de 2009 el juzgado treinta y siete administrativo del circuito de Bogotá, Sección Tercera, se declaró incompetente para conocer el proceso de la referencia y ordenó remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que a través de auto del 22 de octubre de 2009 avocó el conocimiento del mismo (fls. 96 a 98 y 102 a 105, c. 1).

(7) Fls. 654 a 659, c. 2.

(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 14 de agosto de 2008, exp. 16594, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. En el mismo sentido, la Sentencia de 22 de noviembre de 2001, exp. 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(9) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 24 de julio de 2012, exp. 22581, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(10) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 14 de agosto de 2008, exp. 16.594, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(11) Fls. 654 a 659, c. 4.

(12) Texto original de los artículos 356 y 360 del Código Penal Militar, Ley 522 de 1999, vigente para la época de los hechos:
“ART. 356.—Procedencia. Salvo las excepciones legales el recurso de reposición procede contra las providencias de sustanciación que deban notificarse y contra las interlocutorias de primera o única instancia”.
“ART. 360.—Procedencia. Salvo disposición en contrario, el recurso de apelación procede contra la sentencia y las providencias interlocutorias de primera instancia. En la audiencia, no procederá en ningún caso el recurso de apelación. Las decisiones que en ella se adopten, solo son susceptibles del recurso de reposición”.

(13) Fls. 121 a 134, c. 3.

(14) FI. 206, c. 2.

(15) Fls. 654 a 659, c. 2.

(16) Fls. 2 a 13, c. 3.

(17) Fls. 170 a 179, c. 3.

(18) Fls. 6 a 9, c. 2.

(19) Fls. 22 a 32, c. 2.

(20) FI. 26, c. 3.

(21) Fls. 20 y 21, c. 2.

(22) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia del 20 de mayo de 2004, exp. 5618, C.P. Alberto Arango Mantilla: “Como se sabe, la revocación directa del acto administrativo es una potestad legal otorgada a una autoridad para hacer desaparecer de la vida jurídica las decisiones que ella misma ha expedido, bien sea por razones de legalidad o por motivos de mérito (causales). Son razones de legalidad cuando constituye un juicio estrictamente lógico jurídico, esto es, cuando se hace una confrontación normativa, porque infringe el orden preestablecido que constituye el principio de legalidad (num. 1º del art. 69 del C.C.A.). Y de mérito, cuando el acto es extinguido por razones de oportunidad, conveniencia pública, o cuando una persona determinada recibe un agravio injustificado (num. 2º y 3º ibídem). Es necesario tener en cuenta también la causa que origina la revocación, pues en el primer caso —legalidad—, sus efectos en el tiempo son retroactivos (ex tunc). En tanto que, en el segundo —mérito— sus efectos son hacia futuro (ex nunc). Ahora, no puede olvidarse que la revocación no solo es una forma de extinción del acto administrativo sino que constituye igualmente un recurso gubernativo extraordinario que procede aún contra decisiones en firme. Se debe precisar que de conformidad con la jurisprudencia y la doctrina, los efectos ex tunc o retroactivos de una decisión, implican la invalidación del acto revocado desde el mismo momento que ha sido expedido, es decir, la revocatoria retrotrae sus efectos en el tiempo hasta dicha fecha; así las cosas, el acto debe entenderse retirado del ordenamiento positivo a partir de su promulgación, por haber sido expedido el mismo con desconocimiento de las disposiciones constitucionales, significando ello que no es posible considerar que haya producido efecto jurídico alguno. En consecuencia, cuando un acto administrativo es revocado por razones de legalidad, una vez en firme la decisión de revocatoria, la situación se retrotrae al estado anterior” (negrillas fuera de texto).

(23) Fls. 107 y 108, c. 2.