Sentencia 2005-00219 de abril 7 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 11001032400020050021901

Consejero ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Acción: Nulidad

Actor: Bernardo Bonilla Navarro

Bogotá, D.C., siete de abril de dos mil once.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

Sea lo primero observar que mediante sentencia del 11 de junio de 2009 (Rad. 11001-03-24-000-2004-00431-01, consejera ponente Martha Sofía Sanz Tobón), la Sala denegó las pretensiones de la demanda instaurada, entre otros, contra el artículo 5º del Decreto 898 del 7 de mayo de 2002, por violación del numeral 3º del artículo 92 del Código de Comercio(1), y de los artículos 150 numerales 1º y 2º(2) y 189 numeral 11(3) de la Constitución Política mientras en el presente caso se invocan como violados además de los anotados, los artículos 13(4), 84(5) y 121(6) de la Carta Política.

Lo anterior indica que no se presenta el fenómeno de la cosa juzgada, pues de conformidad con el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo, la sentencia que “niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada “erga omnes” pero solo en relación con la “causa petendi” juzgada” y en el presente caso se plantean como violadas normas adicionales a las invocadas en aquella ocasión, por lo cual procederá la Sala a estudiar la demanda en lo referente a los nuevos cargos.

Considera la Sala que, si de acuerdo con la providencia del 11 de junio de 2009 mencionada, no se declaró la nulidad de la norma acusada por cuanto no se consideró que vulneraba las normas que se invocaron como infringidas, se desprende lógicamente de allí que no se quebrantan tampoco los artículos 84 y 121, de la Carta, pues al no vulnerar el numeral 3º del artículo 92 del Código de Comercio que es la norma que se reglamenta, resulta evidente que no se están fijando requisitos adicionales a los que determinó el legislador, ni se están ejerciendo funciones diferentes a las consagradas en la Constitución y la ley.

Con base en el supuesto anterior, esto es, el ajuste de la norma reglamentaria a la ley que reglamenta, tampoco se vulnera el derecho a la igualdad por cuanto lo que se paga por los certificados de las cámaras de comercio es una tasa(7), definida por esta corporación como una erogación que corresponde a la prestación concreta e individualizada de un servicio al usuario, dentro de un contexto de parcial equivalencia(8) y cuyas características fueron definidas por la Corte Constitucional en el fallo C-1171 de 2005(9)así:

“constituyen el precio que el Estado cobra por un bien o servicio y, en principio, no son obligatorias, toda vez que el particular tiene la opción de adquirir o no dicho bien o servicio, pero lo cierto es que una vez se ha tomado la decisión de acceder al mismo, se genera la obligación de pagarla. Su finalidad es la de recuperar el costo de lo ofrecido y el precio que paga el usuario guarda una relación directa con los beneficios derivados de ese bien o servicio (...).

Al señalar la norma demandada que el número de certificados a que tiene derecho gratuitamente un afiliado a una cámara de comercio corresponde a los que se relacionen con su propia actividad mercantil y en un número que sea proporcional a la cuota anual de afiliación que cancele a la respectiva cámara de comercio, es claro que se está calculando un precio por el servicio que presta la cámara que equivale, como lo afirma el Ministerio de Comercio Industria y Turismo a una compensación con la tasa que dicha entidad cobra a las demás personas por los certificados.

Lo anterior conduce a la Sala a declarar la existencia de cosa juzgada respecto de la violación del artículo 92 del Código de Comercio y de los artículos 150 numerales 1º y 2º(10) y 189 numeral 11(11) de la Constitución Política y a denegar las demás súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE LA EXISTENCIA DE COSA JUZGADA respecto de la violación del artículo 92 del Código de Comercio y de los artículos 150 numerales 1º y 2º y 189 numeral 11 de la Constitución Política.

DENIÉGANSE las demás súplicas de la demanda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de abril de 2011».

(1) En la citada sentencia se dijo al respecto “De otro lado, si bien el artículo 92 del Código de Comercio dispuso que los afiliados tienen derecho a obtener “gratuitamente” los certificados que soliciten a la cámara, el artículo 5º acusado dispuso que se trata de los certificados que se relacionen con su propia actividad mercantil y en un número que sea proporcional a la cuota anual de afiliación que cancele a la respectiva cámara, lo cual es apenas obvio y razonable”.

(2) ART. 150.—Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

1. Interpretar, reformar y derogar las leyes.

2. Expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones.

(3) ART. 189.—Corresponde al Presidente de la República como jefe de Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa:

(...).

11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes.

(4) ART. 13.—Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

(5) ART. 84.—Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio.

(6) ART. 121.—Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley.

(7) En Sentencia C-167 de 1995, M.P. Fabio Morón Díaz, la Corte Constitucional señaló al respecto: “Considera la Corte, que las actuaciones que las cámaras de comercio desarrollan en cumplimiento de la función pública del registro mercantil, es una función a cargo del Estado, pero prestada por los particulares por habilitación legal (C.Co., art. 86, inc. 3º), igualmente, los ingresos que genera el registro mercantil, proveniente de la inscripción del comerciante y del establecimiento de comercio, así como de los actos, documentos, libros respecto de los cuales la ley exigiere tal formalidad, son ingresos públicos (tasa), administrados por estas entidades privadas, gremiales y corporativas, sujetas a control fiscal por parte de la Contraloría General de la República”.

(8) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta Bogotá, D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil (2000). Consejero ponente: Daniel Manrique Guzmán. Radicación 25000-23-27-000-1998-0149-01-9723, actor: Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom.

(9) M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(10) ART. 150.—Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

1. Interpretar, reformar y derogar las leyes.

2. Expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones.

11. ART. 189.—Corresponde al Presidente de la República como jefe de Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa:

(...).

(11) Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes.