Sentencia 2005-00221 de agosto 8 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001-03-24-4000-2005-00221-01

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Actor: Odilia Barrera Bohórquez.

Acción: Nulidad.

Bogotá, D.C., ocho de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

El acto acusado:

El texto del acto cuya declaratoria de nulidad se solicita, es del siguiente tenor:

“DECRETO 870 DE 1974

(Mayo 13)

“Por el cual se fijan los límites de los diferentes municipios en que se divide la intendencia de Casanare”.

El Presidente de la República de Colombia,

en desarrollo de las facultades que le confiere el artículo 4º de la Ley 2º de 1943,

DECRETA:

ART. 1º—La intendencia nacional de Casanare estará dividida en los municipios que a continuación se relacionan: Yopal, Aguazul, Chameza, Hato Corozal, La Salina, Maní, Monterrey, Nunchía, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, Recetor, Sabanalarga, Sácama, San Luis de Palenque, Tamara, Tauramena y Trinidad.

ART. 2º—Los límites del municipio de Yopal son los siguientes:

a) Con el municipio de Nunchía:

Partiendo del puente “Vega de Paya”, sobre el río Payero, donde concurren los territorios de Yopal y Nunchía en el límite con el departamento de Boyacá, se sigue el río Payero hasta su desembocadura en el río Tocaría; se continúa por el río Tocaría, aguas abajo, hasta la desembocadura del caño Sirivana, donde concurren los territorios de Yopal, Nunchía y San Luis de Palenque.

b) Con el municipio de San Luis de Palenque:

Partiendo de la desembocadura del Caño Sirivana en el río Tocaría, donde concurren los territorios de Yopal, Nunchía y San Luis de Palenque se sigue el río Tocaría hasta su desembocadura en el río Cravo Sur; se continúa por el río Cravo Sur, aguas abajo, hasta la desembocadura del Caño Seco o donde concurren los territorios de Yopal, San Luis de Palenque y Orocué.

c) Con el municipio de Orocué:

Partiendo de la desembocadura del Caño Seco en el río Cravo Sur (sitio denominado Quebradaseca), donde concurren los territorios de Yopal, San Luis de Palenque y Orocué, se sigue por el camino real hasta encontrar el antiguo camino ganadero que de El Algarrobo conduce Maní y Villavicencio; se continúa por el camino ganadero citado y en una dirección general Sureste (SW), hasta el sitio denominado Paso Real, sobre el Caño Guariamena, donde concurren los territorios de Yopal, Orocué y Maní.

d) Con el municipio de Maní:

Partiendo del sitio Paso Real, sobre el Caño Guariamena, donde concurren los territorios de Yopal, Orocué y Maní, (antiguo camino ganadero que de El Algarrobo conduce a Maní), se sigue el Caño Guariamena, aguas arriba, hasta el curso carreteable que del Hato “La Lucha” conduce a las “Sabanas del Corozal”; se continúa por el referido carreteable (borde norte) hasta el río Charte y por éste, aguas arriba, al cruce del carreteable que del sitio El Nogal conduce a la Escuela Salitrico, donde concurren los territorios de Yopal, Maní y Aguazul.

e) Con el municipio de Aguazul:

Partiendo del cruce del carreteable que del sitio El Nogal conduce a la Escuela Salitrico con el río Charte, donde concurren los territorios de Yopal, Maní y Aguazul, se sigue el río Charte, aguas arriba, hasta su intersección con la cuchilla de Guaimará, donde concurren los territorios de Yopal y Aguazul en el límite con el departamento de Boyacá.

f) Con el departamento de Boyacá.

ART. 3º—Los límites del municipio de Aguazul, son los siguientes:

a) Con el municipio de Yopal:

Los descritos en el artículo segundo, ordinal e) de este decreto.

b) Con el municipio de Maní:

Pariendo de la intersección del carreteable que de El Nogal conduce a la Escuela Salitrico con el río Charte donde concurren los territorios de Yopal y Maní; se sigue el referido carreteable por su borde occidental y luego Noroccidental hasta el río Unete; se continúa por el río Unete, aguas arriba, hasta donde se inicial el carreteable que conduce del sitio La Pura hasta Las Delicias; se sigue la vía citada hasta el Caño Tinige y por este hasta su desembocadura en el río Cusiana; por el río Cusiana, aguas arriba, hasta la desembocadura del Caño Saboa, donde concurren los territorios de Aguazul, Maní y Tauramena.

c) Con el municipio de Tauramena:

Partiendo de la desembocadura del Caño Saboa, en el río Cusiana, donde concurren los territorios de Aguazul, Maní y Tauramena, se sigue el río Cusiana; por el río Cusiana, aguas arriba, hasta la desembocadura del río Salinero donde concurren los territorios de Aguazul, Tauramena y Recetor.

d) Con el municipio de Recetor:

Partiendo de la desembocadura del río Salinero en el río Cusiana, donde concurren los territorios de Aguazul, Tauramena y Recetor, se sigue el río Cusiana, aguas arriba, hasta la desembocadura de la quebrada Costa Grande, donde concurren los territorios de Aguazul y Recetor en el límite con el departamento de Boyacá.

e) Con el departamento de Boyacá.

ART. 4º—Los límites del municipio de Chámeza son los siguientes:

a) Con el municipio de Recetor:

Partiendo del nacimiento del río Sunce en la cuchilla Las Lisas, donde concurren los territorios de Chámeza y Recetor en el límite con el departamento de Boyacá, se sigue el río Sunce hasta su desembocadura en el río Salinero; se continúa por el río Salinero, aguas arriba, hasta la desembocadura de la quebrada La Raya, donde concurren los territorios de Chámeza, Recetor y Tauramena.

b) Con el municipio de Tauramena:

Partiendo de la desembocadura de la quebrada La Raya en el río Salinero, donde concurren los territorios de Chámeza, Recetor y Tauramena, se sigue la quebrada La Raya hasta su nacimiento en la cuchilla de Las Cruces; se continúa por la cuchilla las cruces y luego por la cuchilla de San Martín para seguir luego, en dirección general Oeste (W), por las cabeceras del río Caja hasta la peña El Retiro, donde concurren los territorios de Chámeza y Tauramena en el límite con el departamento de Boyacá.

c) Con el departamento de Boyacá.

ART. 5º—Los límites del municipio de Hato Corozal son los siguientes:

a) Con el municipio de Paz de Ariporo:

Partiendo de la desembocadura del río Ariporo, en el río Casanare, donde concurren los territorios de Hato Corozal y Paz de Ariporo en el límite con la Intendencia de Arauca, se sigue el río Ariporo, aguas arriba, hasta la desembocadura del río Tate; se continúa por el río Tate hasta su nacimiento en el cerro de Manare, donde se encuentra el vértice geodésico denominado “Manare 1136”, donde concurren los territorios de Hato Corozal, Paz de Ariporo, Tamara y Sácama.

b) Con el municipio de Sácama:

Partiendo del cerro Manare, donde se encuentra el vértice geodésico denominado “Manare 1136”, donde concurren los territorios de Hato Corozal, Paz de Ariporo, Tamara y Sácama, se sigue por la mayor elevación de la cuchilla hasta el nacimiento de la quebrada Casirbita en el alto El Tunebo; se continúa por la quebrada Casirbita hasta su desembocadura en el río Casanare, donde concurren los territorios de Hato Corozal y Sácama, en el límite con la intendencia de Arauca.

c) Con la intendencia de Arauca.

ART. 6º—Los límites del municipio La Salina son los siguientes:

a) Con el municipio de Sácama:

Partiendo de la desembocadura de la quebrada El Mirador en el río Casanare, donde concurren los territorios de La Salina y Sácama en el límite con la Intendencia de Arauca, se sigue la quebrada El Mirador hasta su nacimiento en el río Mirador; se continúa en dirección Sureste (SW) hasta el alto Las Lajas y finalmente al alto El Poleo donde concurren los territorios de La Salina y Sácama en el límite con el departamento de Boyacá.

b) Con el departamento de Boyacá.

c) Con la intendencia de Arauca.

ART. 7º—Los límites del municipio de Maní son los siguientes:

a) Con el municipio de Tauramena:

Partiendo de la desembocadura del Caño Guira en el río Meta, donde concurren los territorios de Maní y Taura- (sic) sigue hasta su desembocadura en el Caño Saboa; se sigue el Caño Güira, aguas arriba, hasta el sitio Veracruz; se continúa por el borde sur del carreteable que conduce de Veracruz a Piñalito hasta la cañada del Piñalito, la que se sigue hasta su desembocadura en el Caño Sabana; se sigue por el Caño Saboa hasta su desembocadura en el río Cusiana, donde concurren los territorios de Maní, Tauramena y Aguazul.

b) Con el municipio de Aguazul:

Los descritos en el artículo tercero, ordinal b) de este decreto.

c) Con el municipio de Yopal:

Los descritos en el artículo segundo, ordinal d) de este decreto.

d) Con el municipio de Orocué:

Partiendo de la intersección del antiguo camino ganadero que de El Algarrobo conduce a Maní con el Caño Guariamena en el sitio Paso Real, donde concurren los territorios de Maní, Orocué y Yopal, se sigue el Caño Guariamena hasta su desembocadura en el río Meta, donde concurren los territorios de Maní y Orocué en el límite con el departamento del Meta.

e) Con el departamento del Meta.

ART. 8º—Los límites del municipio de Monterrey son los siguientes:

a) Con el municipio de Tauramena:

Partiendo del cerro “Pabellón” donde concurren los territorios de Monterrey y Tauramena en el límite con el departamento de Boyacá, se sigue el río Túa desde su nacimiento hasta el punto “Banco del Oso”; se continúa por el camino que conduce a la Escuela El Oso y luego por la cuchilla El oso hasta el nacimiento del río Tacuya; se sigue por el río Tacuya hasta su desembocadura en el río Túa, donde concurren los territorios de Monterrey, Tauramena y Sabanalarga.

b) Con el municipio de Sabanalarga:

Partiendo de la desembocadura del río Tacuya en el río Túa donde concurren los territorios de Monterrey, Tauramena y Sabanalarga; se sigue el río Túa, aguas arriba, hasta la desembocadura de la quebrada La Nuya; se continúa por la quebrada La Nuya hasta la desembocadura de la quebrada Melera y por esta hasta su nacimiento en la loma Los Guaneyes. De la loma Los Guaneyes se sigue a la loma Silbadero y pasando por el vértice geodésico 907 se desciende a la quebrada La Piñalera; se sigue la quebrada La Piñaleras, aguas arriba, hasta la desembocadura de la quebrada Agua Blanca y por ésta hasta su nacimiento en la cuchilla de Palmichal, donde concurren los territorios de Monterrey y Sabanalarga en el límite con el departamento de Boyacá.

c) Con el departamento de Boyacá.

ART. 9º—Los límites del municipio de Nunchía son los siguientes:

a) Con el municipio de Támara:

Partiendo de la intersección del filo “El Chulo” con el río Nunchía donde concurren los territorios de Nunchía y Támara en el límite con el departamento de Boyacá se sigue en dirección Noreste (NE) por el divorcio de aguas hasta el Alto de La Cruz; se continúa en la misma dirección hasta el cerro Las Lajas y por el filo Aposentos hasta su terminación en el río Pauto en el sitio denominado “Aposentos”; se sigue el río Pauto, aguas abajo, hasta la desembocadura de la quebrada “Guaracura” donde concurren los territorios de Nunchía, Támara y Pore.

b) Con el municipio de Pore:

Partiendo de la desembocadura de la quebrada Guaracura en el río Pauto, donde concurren los territorios de Nunchía, Támara y Pore, se sigue el río Pauto, aguas abajo, hasta su desembocadura en el Caño Boral, donde concurren los territorios de Nunchía, Pore y San Luis de Palenque

c) Con el municipio de San Luis de Palenque:

Partiendo de la desembocadura del Caño Boral en el río Pauto, donde concurren los territorios de Nunchía, Pore y San Luis de Palenque, se sigue el Caño Boral, aguas arriba, hasta el carreteable que de El Despecho conduce a las Gaviotas; se continúa por el carreteable que pasa por el estero La Piña de Corozo, hasta el Caño Guanapalo; se sigue el Caño Guanapalo, aguas abajo, hasta el cruce de la carretera que de San Luis de Palenque conduce a La Barquera; se continúa por el borde norte de esta carretera, en dirección Oeste (W), hasta el caño de Sirivana, sitio “Paso del Sirivana”; se sigue el cauce del Caño Sirivana hasta su desembocadura en el río Tocaría, donde concurren los territorios de Nunchía, San Luis de Palenque y Yopal.

d) Con el municipio de Yopal:

Los descritos en el artículo segundo literal a) de este decreto.

e) Con el departamento de Boyacá

ART. 10.—Los límites del municipio de Orocué son los siguientes:

a) Con el municipio de Maní:

Los descritos en el artículo séptimo ordinal d) de este decreto.

b) Con el municipio de Yopal:

Los descritos en el artículo segundo literal c) de este decreto.

c) Con el municipio de San Luis de Palenque:

Partiendo de la desembocadura del Caño Seco, en el río Cravo Sur, donde concurren los territorios de Orocué, Yopal y San Luis de Palenque, se sigue el río Cravo Sur, aguas abajo, hasta la desembocadura del Caño Ocumare; se continúa por el Caño Ocumare, aguas arriba, hasta la desembocadura del Caño Santa Rosa y por este hasta el cruce del carreteable que de Campoalegre conduce a San Felipe, Santa Ana, La Candelaria y La Palmita, quedando la vía en jurisdicción de Orocué, hasta el paso de la cañada Los Corzos; por la Cañada Los Corzos hasta la desembocadura en el Caño Guanapalo y finalmente, por el Caño Guanapalo, hasta su desembocadura en el río Meta, donde concurren los territorios de Orocué y San Luis de Palenque en el límite con la comisaría del Vichada.

d) Con la comisaría del Vichada.

e) Con el departamento del Meta.

ART. 11.—Los límites del municipio de Paz de Ariporo son los siguientes:

a) Con el municipio de Trinidad:

Partiendo de la desembocadura del río Guachiría en el río Meta, donde concurren los territorios de Paz de Ariporo y Trinidad en el límite con la comisaría del Vichada, se sigue el río Guachiría, aguas arriba, hasta la desembocadura del Caño Carupana, donde concurren los territorios de Paz de Ariporo, Trinidad y Pore.

b) Con el municipio de Pore:

Partiendo de la desembocadura del Caño Carupana en el río Guachiría, donde concurren los territorios de Paz de Ariporo, Trinidad y Pore, se sigue el río Guachiría hasta su nacimiento en el cerro Zamaricote (vértice geodésico “PORE 1138”), donde concurren los territorios de Paz de Ariporo, Trinidad y Pore.

c) Con el municipio de Támara:

Partiendo del cerro Zamaricote donde se halla el vertiente geodésico “PORE 1138” y concurren los territorios de Paz de Ariporo, Pore y Támara, se sigue por el filo de la cuchilla hasta el alto quebrada Seca y luego el nacimiento de la quebrada Seca; se continúa por la quebrada Seca hasta su desembocadura en la quebrada Honda y por esta, hasta su desembocadura en el río Ariporo; se sigue el río Ariporo, aguas abajo, hasta la desembocadura de la quebrada Potosí y por esta, hasta su nacimiento en el cerro Las Mesas. Se continúa en dirección Norte (N) por el filo de la cuchilla hasta el cerro Manare, donde se halla el vertiente geodésico “MANARE 1136” y concurren los territorios de Paz de Ariporo, Sácama y Hato Corozal.

d) Con el municipio de Hato Corozal:

Los descritos en el artículo quinto ordinal a) de este decreto.

e) Con la intendencia de Arauca.

f) Con la comisaría del Vichada.

ART. 12.—Los límites del municipio de Pore son los siguientes:

a) Con el municipio de Támara:

Partiendo de la desembocadura de la quebrada Guaracura en el río Pauto donde concurren los territorios de Pore, Támara y Nunchía se sigue por la quebrada Guaracura hasta su nacimiento; se continúa en dirección Noreste (NE) hasta el nacimiento de la quebrada Tamacho (brazo norte); se sigue por el filo de El Tablón hasta el nacimiento de quebrada La Pone y luego, por la loma Manatiga y cerro Pan de Azúcar hasta el vértice geodésico “PORE 1138”, donde concurren los territorios de Pore, Támara y Paz de Ariporo.

b) Con el municipio de Paz de Ariporo:

Los descritos en el artículo decimoprimero ordinal b) de este decreto.

c) Con el municipio de Trinidad:

Partiendo de la desembocadura del Caño Carupana en el río Guachiría, donde concurren los territorios de Pore, Paz de Ariporo y Trinidad, se sigue el Caño Carupana, aguas arriba, hasta la desembocadura del Caño Curimina y por este, aguas arriba, hasta la cañada El Ceibal; se continúa por la cañada El Ceibal hasta su nacimiento cerca del río Viejo; se sigue el cauce del río Viejo, hasta su desembocadura en el río Pauto, donde concurren los territorios de Pore, Trinidad y San Luis de Palenque.

d) Con el municipio de San Luis de Palenque:

Partiendo de la desembocadura del río Viejo en el río Pauto, donde concurren los territorios de Pore, Trinidad y San Luis de Palenque, se sigue el río Pauto, aguas arriba, hasta la desembocadura del Caño Boral, donde concurren los territorios de Pore, San Luis de Palenque y Nunchía.

e) Con el municipio de Nunchía:

Los descritos en el artículo noveno ordinal b) de este decreto.

ART. 13.—Los límites del municipio de Recetor son los siguientes:

a) Con el municipio de Aguazul:

Los descritos en el artículo tercero ordinal d) de este decreto.

b) Con el municipio de Tauramena:

Partiendo de la desembocadura del río Salinero en el río Cusiana, donde concurren los territorios de Recetor, Aguazul y Tauramena; se sigue el río Salinero, aguas arriba, hasta la desembocadura de la quebrada La Raya, donde concurren los territorios de Recetor, Tauramena y Chámeza.

c) Con el municipio de Chámeza: los descritos en el artículo cuarto, literal a) de este decreto.

d) Con el departamento de Boyacá.

ART. 14.—Los límites del municipio de municipio de Sabanalarga son los siguientes:

a) Con el municipio de Monterrey:

Los descritos en el artículo octavo, ordinal b) de este decreto.

b) Con el municipio de Tauramena:

Partiendo de la desembocadura del río Tacuya en el río Túa donde concurren los territorios de Sabanalarga, Monterrey y Tauramena; se sigue el río Túa hasta su desembocadura en el río Meta, donde concurren los territorios de Sabanalarga y Tauramena en el límite con el departamento del Meta.

c) Con el departamento del Meta.

d) Con el departamento de Boyacá.

ART. 15.—Los límites del municipio de Sácama son los siguientes:

a) Con el municipio Hato Corozal:

Los descritos en el artículo quinto ordinal b) de este decreto.

b) Con el municipio de Támara:

Partiendo del cerro Manare (Vértice geodésico “Manare 1136”), donde concurren los territorios de Sácama, Hato Corozal, Támara y Paz de Ariporo, se sigue el filo de la cuchilla que separa las vertientes del río Casanare y el río Ariporo, pasando por el alto El Masato y el cerro El Llorón hasta el alto de Aguablanca, situado en la cuchilla del mismo nombre; se continúa por la cuchilla de Aguablanca hasta el vértice geodésico 547, y de este al cerro Vanegas, donde concurren los territorios de Sácama y Támara en el límite con el Departamento de Boyacá.

c) Con el departamento de Boyacá.

d) Con el municipio de la Salina:

Los descritos en el artículo sexto, ordinal a) de este decreto.

e) Con la intendencia de Arauca.

ART. 16.—Los límites del municipio de San Luis de Palenque son los siguientes:

a) Con el municipio de Orocué:

Los descritos en el artículo décimo, ordinal c) de este decreto.

b) Con el municipio de Yopal:

Los descritos en el artículo segundo, ordinal b) de este decreto.

c) Con el municipio de Nunchía:

Los descritos en el artículo noveno, ordinal c) de este decreto.

d) Con el municipio de Pore:

Los descritos en el artículo decimosegundo, ordinal d) de este decreto.

e) Con el municipio de Trinidad:

Partiendo de la desembocadura del río Viejo en el río Pauto donde concurren los territorios de San Luis de Palenque, Pore y Trinidad, se sigue el río Pauto hasta su desembocadura en el río Meta, donde concurren los territorios de San Luis de Palenque y Trinidad en el límite con la comisaría del Vichada.

f) Con la comisaría del Vichada.

ART. 17.—Los límites del municipio de Támara son los siguientes:

a) Con el municipio de Sácama:

Los descritos en el artículo decimoquinto, ordinal b) de este decreto.

b) Con el municipio de Paz de Ariporo:

Los descritos en el artículo decimoprimero, ordinal c) de este decreto.

c) Con el municipio de Pore:

Los descritos en el artículo decimosegundo, ordinal a) de este decreto.

d) Con el municipio de Nunchía: Los descritos en el artículo noveno, ordinal a) de este decreto.

e) Con el departamento de Boyacá.

ART. 18.—Los límites del municipio de Tauramena son los siguientes:

a) Con el municipio de Chámeza:

Los descritos en el artículo cuarto, ordinal b) de este decreto.

b) Con el municipio de Recetor:

Los descritos en el ordinal (sic) decimotercero, ordinal b) de este decreto.

c) Con el municipio de Aguazul:

Los descritos en el artículo tercero, ordinal c) de este decreto.

d) Con el municipio de Maní:

Los descritos en el artículo séptimo, ordinal a) de este decreto.

e) Con el departamento del Meta.

f) Con el municipio de Sabanalarga:

Los descritos en el artículo decimocuarto, ordinal b) de este decreto.

g) Con el municipio de Monterrey:

Los descritos en el artículo octavo, ordinal a) de este decreto.

h) Con el departamento de Boyacá.

ART. 19.—Los límites del municipio de Trinidad son los siguientes:

a) Con el municipio de San Luis de Palenque:

Los descritos en el artículo decimosexto, ordinal e) de este decreto.

b) Con el municipio de Pore:

Los descritos en el artículo decimosegundo, ordinal c) de este decreto.

c) Con el municipio de Paz de Ariporo:

Los descritos en el artículo decimoprimero, ordinal a) de este decreto.

d) Con la comisaría del Vichada.

ART. 20.—Los límites que se fijan en el presente decreto corresponden a los que se hallan dibujados sobre las planchas elaboradas en el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”, conforme a las disposiciones de la Ley 62 de 1939 y del Decreto 803 de 1940.

ART. 21.—Con el presente decreto y en los términos de los artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, quedan sustituidos, en las partes pertinentes a los linderos que se fijan, todas las disposiciones legales vigentes.

ART. 22.—Este decreto empezará a regir a partir de la fecha de su expedición”.

La excepción propuesta:

En lo que respecta a la excepción de cosa juzgada planteada por el apoderado del departamento de Boyacá, advierte la Sala que tal figura se encuentra regulada en el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo, cuyo tenor, en lo pertinente, es el siguiente:

“ART. 175.—La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes.

La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada.

(...)”.

El decreto acusado ciertamente fue objeto de una acción de nulidad anterior, que culminó con la sentencia de esta Sala del 14 de febrero de 1990, Radicación 97, consejero ponente Simón Rodríguez Rodríguez, cuya copia y aclaración debidamente autenticadas por el secretario de la sección obra a folios 208 a 230 del expediente.

Ahora bien, para determinar si en este asunto se presenta la cosa juzgada, la Sala considera que ella debe evaluarse de acuerdo con los requisitos que para tal efecto consagra el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, cuales son:

a) Que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto.

b) Que se funde en la misma causa anterior.

c) Que en los procesos haya identidad jurídica de parte.

Por tanto, a continuación se examinarán los dos procesos a la luz de lo dispuesto en el citado artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, teniendo presente que ellos han tenido origen en la acción de simple nulidad.

a) En cuanto al primero de los requisitos mencionados, es decir, la identidad de objeto, resulta evidente que tanto en el proceso radicado bajo el número 1911, como en el que ahora es objeto de decisión, las pretensiones de las demandas no son las mismas, pues si bien en ambos se pretende la declaratoria de nulidad del Decreto 870 de 1974, expedido por el Gobierno Nacional, en el primero lo fue en forma parcial(8) y en el segundo lo es en su integridad y/o respecto de algunos de sus artículos.

b) Por lo que concierne al requisito de la identidad de causa, “causa petendi juzgada”, como lo denomina el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo, la cual consiste en que los motivos de nulidad alegados en ambos procesos sean los mismos, la Sala constata que las razones que sirvieron de fundamento para solicitar la nulidad parcial del acto acusado en el primer proceso consistieron en los vicios de procedimiento que se le atribuyeron para su expedición por desconocimiento del artículo 4º de la Ley 2ª de 1943 y 8º de la Ley 62 de 1939, las cuales no coinciden con las expuestas en el asunto sub examine, que se fundamentan en que para expedir dicho acto el Gobierno Nacional desconoció los procedimientos previos que debían agotarse para su expedición, contenidos en la Ley 62 de 1939 y el Decreto Reglamentario 803 de 1940, amén de atribuírsele los cargos de falsa motivación, quebrantamiento del debido proceso y expedición irregular.

c) En lo referente a la presencia del tercer requisito, identidad jurídica de las partes, ésta no tiene aplicación en los procesos contencioso administrativos de nulidad, pues en estos la parte actora no promueve la acción en interés particular sino que lo hace en interés de la preservación del orden jurídico.

Las consideraciones que anteceden son suficientes para desestimar la excepción propuesta, como se dispondrá en la parte dispositiva de esta providencia.

De otra parte, advierte la Sala que no se pronunciará sobre la presunta violación de los artículos 4º y 10 de la Ley 2ª de 1943 alegadas por la parte actora y por los coadyuvantes, la primera en su alegato de conclusión y los segundos en el escrito de su intervención en el proceso y el alegato de conclusión, pues debe recordarse que la única oportunidad que tiene la parte actora en acciones como la ejercida para indicar las normas violadas y explicar su concepto de violación es en el escrito de demanda(9) o en su corrección y en manera alguna en las subsiguientes etapas procesales, pues el admitirse conllevaría a la violación del derecho de defensa de las demás partes que intervengan en el proceso.

De igual forma, también debe recordar la Sala que los intervinientes en calidad de coadyuvantes en los procesos de la misma naturaleza, están sujetos a las limitaciones que les impone tal calidad, por lo cual solo están habilitados para reforzar los argumentos de violaciones normativas invocadas en la demanda o su corrección, por lo cual no les es dable aducir en contra del acto administrativo de que se trate nuevas disposiciones de orden legal o constitucional en sustento de las pretensiones anulatorias de la demanda.

Pues bien, se demanda la declaratoria de nulidad del Decreto 870 de 1974, “por medio del cual se fijan los límites de los diferentes municipios en que se divide la intendencia de Casanare” (hoy departamento de Casanare) en su totalidad, expedido por el Presidente de la República y, en su defecto, la nulidad de los artículos 2º, 9º, 10, 16 y 17 del mismo.

Precedente normativo del acto acusado y normatividad actual:

Como se advierte, en 1974, año en que se expidió el acto acusado, regía la Constitución Política de 1986, la cual disponía en sus artículos 6º y 186, respectivamente, que solo por ley aprobada con los requisitos expresamente señalados en la misma, se podrían variar los límites de los departamentos y, de otra parte, que correspondía a las asambleas departamentales crear o suprimir municipios, así como agregar o segregar términos municipales, aunque en este último caso, de presentarse conflicto, resolvía definitivamente el Congreso.

Por su parte, la Ley 2º de 1943, fundamento del acto demandado, por el cual se dictaron normas sobre administración, división administrativa y régimen electoral de las intendencias y comisarías, señaló que de conformidad con el artículo 5º constitucional, las intendencias y comisarías estaban bajo la administración inmediata del Gobierno Nacional el cual, además de las funciones ejecutivas y administrativas, ejercía en ellas las que en los departamentos correspondía a las asambleas departamentales.

En ese sentido, el artículo 4º de la misma ley señalaba que correspondía al Gobierno Nacional, en las intendencias y comisarías, crear y suprimir municipios y provincias, agregar o segregar términos municipales con arreglo a la base de población y demás condiciones establecidas en las leyes sobre la materia, así como crear, organizar y suprimir corregimientos intendenciales o comisariales.

En la actualidad, la Constitución de 1991 hace referencia al tema en sus artículos 150-4, 290, 300-6 y 40 transitorio, respectivamente, estableciendo que corresponde al Congreso definir la división del territorio con arreglo a lo previsto en la Constitución, fijar las bases y condiciones para crear, eliminar, modificar o fusionar entidades territoriales y establecer sus competencias; que bajo el cumplimiento de los requisitos y formalidades señalados en la ley y, en los casos que esta determine, se realizará un examen periódico de los límites de las entidades territoriales y se publicará el mapa oficial de la República; que corresponde a las asambleas departamentales con sujeción a los requisitos que señale la ley, crear y suprimir municipios, agregar y segregar términos municipales, y organizar provincias; y que son válidas las creaciones de municipios realizadas por las asambleas departamentales antes del 31 de diciembre de 1990.

A su turno, el tema sobre la fijación de límites territoriales tanto departamentales como municipales, fue regulado mediante el Decreto Extraordinario 1222 1986(10), artículos 8º a 15 y 82-8, el Decreto Extraordinario 1333 de 1986(11), artículo 20 a 29, la Ley 136 de 1994(12), artículos 8º a 16 y 117, y la Ley 617 de 2000(13), artículos 15 a 17.

Procedimiento para fijación de límites territoriales:

Aduce la demandante que para la expedición del acto acusado, el Decreto 870 de 1974, se omitió el procedimiento para la fijación de los límites municipales previsto en la Ley 62 de 1939 sobre deslinde y amojonamiento de los departamentos, intendencias, comisarías y municipios de la República, así como en su Decreto Reglamentario 803 de 1940, en los cuales se disponía que previo acuerdo entre los ministerios de Gobierno y de Hacienda de la época, se procedería a deslindar y amojonar los departamentos, intendencias, comisarías y municipios de la República, a medida del establecimiento del catastro nacional y de acuerdo con las disposiciones de la ley.

Para el mencionado efecto se dispuso que el deslinde y amojonamiento respectivo quedaba a cargo de la sección nacional de catastro del Ministerio de Hacienda de la época; que el ingeniero catastral haría el deslinde directamente sobre el terreno, en presencia de los representantes de cada una de las entidades interesadas previamente convocadas, marcando sobre el punto topográfico o fotográfico del territorio la línea o líneas que correspondieran a la opinión unánime o diferente de estos, basada en la interpretación de los textos legales u otras razones y, en último caso, marcando además el trazado técnico que juzgare más adecuado; que el Ministerio de Hacienda debía remitir al de gobierno los documentos respectivos para su ratificación definitiva, al Senado, tratándose de límites de departamentos, intendencias o comisarías, o a la asamblea departamental, tratándose de municipios, donde se nombrarían las comisiones demarcadoras respectivas. Dicha demarcación ratificada por ellas vendría a ser definitiva y, finalmente, cuando los trabajos hubieren terminado, el Ministerio de Hacienda remitiría al de gobierno copias auténticas de los planos y documentos respectivos para su distribución entre las entidades políticas interesadas y su publicación en el Diario Oficial.

Adicionalmente, en el decreto reglamentario se estableció que el Instituto Geográfico Militar y Catastral del Ministerio de Hacienda de entonces, (hoy Instituto Geográfico Agustín Codazzi), tendría a su cargo la aplicación de la Ley 62 de 1939 (art. 2º); que cuando se efectuara un deslinde, el ingeniero catastral debía elaborar el proyecto de amojonamiento de los puntos característicos y terminada la operación dibujar sobre el foto mosaico el trazado correspondiente para posteriormente enviar al Ministerio de Hacienda un informe de las operaciones y las actas de las sesiones firmadas por todos los interesados y continuar con el trámite indicado.

Sobre el particular, cabe indicar que como prueba allegada al proceso, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi remitió en medio magnético el documento denominado “Guía para el deslinde y amojonamiento de las entidades territoriales” por él elaborado, del cual cabe resaltar los siguientes aspectos:

La norma que crea un departamento o un municipio determina su territorio, relacionando las fracciones que lo componen o describiendo sus límites, pero éstas a menudo son generales y en ocasiones contradictorias, razón por la cual se debe realizar el deslinde y amojonamiento entre las entidades territoriales con el fin de definir sus límites mediante su descripción, mapificación y materialización, cuya competencia se encuentra radicada en el IGAC.

Conforme se señala en dicha guía, la determinación del límite es de especial significado por cuanto garantiza la debida seguridad para el manejo de materias tales como las jurisdicciones administrativa, de justicia, electoral, y los aspectos catastral, censal y de regalías y otros aspectos y materias.

Ahora bien, advierte la Sala que el problema jurídico gira en torno a dilucidar si el Decreto 870 de 13 de mayo de 1974 se expidió por el Gobierno Nacional pretermitiendo los requisitos señalados en la Ley 62 de 1939 y su Decreto Reglamentario 803 de 1940 e incurrió como en los vicios de falsa motivación, violación del debido proceso y expedición irregular, como lo estima la demandante o, por el contrario, se ajusta al ordenamiento legal.

Las pruebas allegadas al proceso:

Entre las pruebas legalmente allegadas y decretadas con tal carácter en el curso del proceso, revisten relevancia las siguientes:

1. Documento titulado “Instituto Geográfico Agustín Codazzi”. “Acta de deslinde entre los municipios de Paya y Nunchía”.

2. Documento titulado: “Instituto Geográfico Agustín Codazzi”. “Acta de deslinde entre los municipios de Nunchía y San Luis de Palenque”.

3. Documento titulado “Instituto Geográfico Agustín Codazzi”. “Acta de deslinde entre los municipios de Nunchía y Yopal”.

4. En el curso del proceso se decretaron y practicaron dos testimonios a solitud de la parte actora a las personas que adelante se indican, quienes a las preguntas que se les formularon, respondieron así:

a) El ingeniero geógrafo Jairton Habit Diez Díaz, quien manifestó ser el coordinador de deslindes del IGAC, al preguntársele sobre cuál es el apoyo logístico, desde el punto de vista técnico, que brinda la entidad a las autoridades competentes para la fijación de límites de municipios, contestó: “La Ley 62 de 1939 y su Decreto Reglamentario 803 de 1940, estableció la competencia del IGAC de las operaciones de deslinde y amojonamiento de las entidades territoriales basado en los textos normativos que fijan límites a las mismas, es decir que el IGAC realiza el deslinde que consiste en la identificación física (terreno) y cartográfica (mapa) de las descripciones contenidas en dichas normas y adicionalmente adelanta las operaciones de amojonamiento que consiste en la materialización del límite en mención. Una vez realizada la operación de deslinde el IGAC procede a la publicación del mapa oficial de la entidad territorial, o sea más que el apoyo logístico del IGAC lo que hace es dar cumplimiento a las normas que fijan límites”.

Al preguntársele acerca de si “... en este caso en particular tiene usted conocimiento de que los municipios segregados de Boyacá, integrantes de la intendencia de Casanare para 1974, ya habían sido alinderados por actos anteriores, en caso afirmativo por favor indíquenos cuáles”, respondió: “El IGAC realizó en los años 1970, 1971 y 1972 diligencias de deslinde de los municipios de Boyacá. En este último año el IGAC elabora el proyecto de ordenanza que contiene los límites de los diferentes municipios que conforman el departamento de Boyacá, y los remitió para su ratificación a la asamblea del mismo departamento sin que esta lo hubiere ratificado. En el año de 1973 el Congreso de la República mediante la Ley 19 creó la intendencia nacional de Casanare, en la que en su artículo segundo establece los municipios que la integran y en el quinto otorga facultades extraordinarias al Presidente para que dicte las normas o estatutos relativos a la organización administrativa y fiscal o referente a la desarrollo económico y social de la intendencia de Casanare; y en el año 1974 el Gobierno Nacional dentro de sus competencias que la ley le otorga le fijó los límites a los municipios que conformaban dicha intendencia”(14).

b) El señor Rómulo Zipaquirá, quien manifestó ser profesional especializado del Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá, al preguntársele acerca de “... si tal y como se afirma en la demanda, para la expedición del Decreto 870 de 1974 no se contó con los trámites previos que debe adelantar el Instituto Geográfico Agustín Codazzi”, contestó: “No tengo conocimiento al respecto, puesto que la competencia no es de área de desarrollo regional, nuestra competencia es meramente técnica con relación a los sistemas de información geográfica”.

Al preguntársele si “tiene usted conocimiento acerca de cuál era la función del Instituto Geográfico Agustín Codazzi para la época de expedición del Decreto 870 de 1974 respecto de la fijación de límites de los entes territoriales”, contestó “No sé, no la conozco con detalle”(15).

5. En el curso del proceso, a instancias de la parte actora, se dispuso oficiar al IGAC para que certificara sobre los siguientes aspectos(16):

• Si para la expedición del acto acusado ese Instituto agotó los procedimientos establecidos en la Ley 62 de 1939 y el Decreto Reglamentario 803 de 1940.

• Si los límites definidos en las actas de convocatoria en el año de 1972 en los que participó el municipio de Nunchía con los municipios de Orocué, Paya, Támara, Yopal y San Luis de Palenque y de finidos en el catálogo “Límites del departamento de Boyacá IGAC 1972” coinciden con los descritos en el acto acusado.

• Si para la elaboración del texto del artículo 64 del documento “Límites del departamento de Boyacá IGAC 1972” literal e), el municipio de Orocué y el municipio de Nunchía suscribieron actas de convocatoria en 1972, explicando la razón para que en el acto acusado este límite no aparezca y, finalmente, para que envíe sendas copias de las actas de convocatoria de límites realizadas con asistencia técnica y científica del instituto en 1972 entre los municipio de Yopal, Orocué, Trinidad, San Luis de Palenque, Hato Corozal, Paz de Ariporo, Sácama, La Salina, Támara, Nunchía, Pore, Aguazul, Maní, Monterrey, Tauramena, Sabanalarga, Chámeza y Recetor.

El IGAC respondió al mencionado requerimiento mediante oficio de 31 de mayo de 2007(17), en el cual manifestó:

“En cumplimiento de lo establecido en la Ley 62 de 1939 y el Decreto Reglamentario 803 de 1940, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi realizó entre 1970 y 1972 el deslinde de los municipios de Yopal, Aguazul, Chámeza, Hato Corozal, La Salina, Maní, Monterrey, Nunchía, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, Recetor, Sabanalarga, Sácama, San Luis de Palenque, Támara, Tauramena y Trinidad, pertenecientes en ese entonces al departamento de Boyacá.

Los resultados de las diligencias de deslinde quedaron plasmados en las respectivas actas de deslinde suscritas por alcaldes y personeros municipales, y por el ingeniero del IGAC que realizó la diligencia en el terreno.

De tales actas sólo se firmaron en desacuerdo (líneas diferentes) las actas entre Nunchía y San Luis de Palenque, Paz de Ariporo y Támara, Hato Corozal y Támara, Maní y Orocué, y Nunchía y Yopal. Por otra parte, los límites entre Monterrey y Támara, Monterrey y Sabanalarga, Sabanalarga y Tauramena, y Aguazul y Tauramena tienen soporte en ordenanzas; los demás límites eran tradicionales y no se regían por normatividad alguna.

Con base en las actas de deslinde el IGAC elaboró un proyecto de ordenanza que el director general remitió a la asamblea departamental de Boyacá, mediante oficio 06-2/9194 del 14 de noviembre de 1972, cuya copia se adjunta al presente. De esta manera el IGAC agotó los procedimientos establecidos en la Ley 62 de 1939 y su Decreto Reglamentario 803 de 1940. Posteriormente dicho proyecto sirvió de base para la elaboración y expedición del Decreto 870 de 1974.

En relación con las actas de deslinde, el catálogo “Limites del departamento de Boyacá IGAC 1972”, o sea, el proyecto de ordenanza de 1972, y el Decreto 870 de 1974, es la siguiente:

Los límites entre Nunchía y Támara contenidos en las actas de deslinde de 9 de mayo de 1972 son iguales tanto a los del proyecto de ordenanza de 1972 como a los del Decreto 870 de 1974.

Los límites entre los municipios de Nunchía y Orocué contenidos en el acta de deslinde de 6 de junio de 1972 son iguales a los del proyecto de ordenanza de 1972, pero diferentes a los del Decreto 870 de 1974.

Los límites entre los municipio de Nunchía y Yopal contenidos en el acta de deslinde de 12 de junio de 1972 (en desacuerdo) son diferentes tanto a los del proyecto de ordenanza de 1972 como a los del Decreto 870 de 1974.

Los límites entre los municipio de Nunchía y San Luis de Palenque contenidos en el acta de 6 de junio de 1972 (en desacuerdo) son diferentes tanto a los proyecto de ordenanza de 1972 como a los del Decreto 803 (sic) de 1974.

Los límites entre los municipio de Nunchía y Paya contenidos en el acta de deslinde de 26 de abril de 1972 son iguales a los del proyecto de ordenanza de 1972, pero no aparecen en el Decreto 870 de 1974.

Para el texto del catálogo “Límites del departamento de Boyacá IGAC 1972, o proyecto de ordenanza de 1972, literal e, los municipios de Orocué y Nunchía suscribieron el acta de deslinde de fecha 6 de junio de 19 de 1972. Desconocemos las razones por las cuales este límite no aparece en el Decreto 870 de 1974.

Se anexan fotocopias de las actas de deslinde de los municipios de Yopal, Orocué, Trinidad, San Luis de Palenque, Hato Corozal, Paz de Ariporo, Sácama, La Salina, Támara Nunchía, Pore, Aguazul, Maní, Monterrey, Tauramena, Sabanalarga, Chámeza y Recetor.

Finalmente se adjunta copia del documento denominado catálogo “Límites del departamento de Boyacá IGAC 1972” o proyecto de ordenanza de 1972, de la parte pertinente a los municipios de Boyacá.

(...)”.

Examen de los cargos:

En relación con el primer cargo. En él se plantea el desconocimiento de los procedimientos previos a la expedición del acto acusado, señalados en la Ley 62 de 1939 y en el artículo 2º del Decreto 803 de 1940, con el argumento de que no pueden tenerse como tales los realizados con antelación por el IGAC para fijar los límites del departamento de Boyacá, pues los límites municipales en él señalados no coinciden con los establecidos por dicha entidad.

Para tal efecto, se hacen las siguientes precisiones:

1. La Ley 19 de 28 de noviembre de 1973(18) creó la intendencia de Casanare, mediante segregación territorial del departamento de Boyacá, y en ella se determinó que estaría integrada por los municipios de Paz de Ariporo, Trinidad, Aguazul, Támara, Yopal, San Luis de Palenque, Orocué, Nunchía, Hato Corozal, Monterrey, Maní, Pore, Sácama, Tauramena, Sabanalarga, La Salina, Chámeza y Recetor. En su artículo 5º revistió al Presidente de la República de facultades extraordinarias para que en el término de 6 meses a partir de su sanción procediera a dictar las normas o estatutos relativos a su organización administrativa, y fiscal o referente al desarrollo económico y social de la intendencia.

2. El Decreto 870 de 1974, “por el cual se fijan los límites de los diferentes municipios en que se divide la intendencia de Casanare”, que constituye el acto acusado, se expidió por el Presidente de la República “... en desarrollo de las facultades que le confiere el artículo 4º de la Ley 2º de 1943”(19) que, en lo pertinente, dispone:

“ART. 4º—Corresponde al Gobierno Nacional, en las intendencias y comisarías, crear y suprimir municipios y provincias y agregar o segregar términos municipales, con arreglo a las bases de población y demás condiciones que determinen las leyes sobre la materia.

(...)” (negrillas fuera de texto)

3. En el artículo vigésimo del indicado acto, se consigna expresamente que “Los límites que se fijan en el presente decreto, corresponden a los que se hallan dibujados en las planchas elaboradas en el Instituto Geográfico ‘Agustín Codazzi’, conforme a las disposiciones de la Ley 62 de 1939 y del Decreto 803 de 1940”(20) (negrillas fuera de texto).

4. Como atrás se dijo, la demandante predica en este cargo la violación genérica de la Ley 62 de 1939(21), la cual consta de 13 artículos, que tratan sobre los procesos que deben seguirse para el deslinde y amojonamiento de las entidades territoriales, y atribuye a la sección nacional de catastro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (hoy Instituto Geográfico Agustín Codazzi) la función de llevar a efecto el deslinde y amojonamiento a que haya lugar.

Lo anterior es claramente indicativo para la Sala, que mediante el acto acusado el Gobierno Nacional no fijo de manera discrecional ni caprichosa los límites de los municipios de Casanare, sino que procedió a ello con base en las planchas elaboradas por IGAC, entidad que tenía asignada esa función por la Ley 62 de 1939 y el Decreto 803 de 1940 y en los términos en ellos establecidos.

En otros términos, como quiera que la función de fijar los límites de los municipios que por virtud de la ley integraron para ese entonces la intendencia de Casanare correspondía al IGAC y no al Gobierno Nacional, y habida cuenta que esa dependencia del Estado ya había realizado dicha tarea con miras a definir los límites de los municipios de Boyacá, dentro de los que encontraban los que posteriormente formaron parte de la intendencia de Casanare, no existió impedimento legal alguno para que el acto acusado se remitiera a aquellos que se hallan dibujados en las planchas que elaboró el IGAC de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 62 de 1939 y su Decreto Reglamentario 803 de 1940.

Por consiguiente, si en el acto administrativo acusado —que como todos los de la misma naturaleza se hallan revestidos de la presunción de legalidad—, se plasmaron los límites de los diferentes municipios de la intendencia de Casanare, correspondía a la parte actora demostrar fehacientemente que estos no corresponden a los que aparecen dibujados en las referidas plancha elaboradas por el IGAC, o que dichas planchas no fueron elaboradas conforme a dichas normas, aspectos estos que no se plantearon en la demanda ni fueron desvirtuados en el curso del proceso.

De otra parte, la Sala considera que el hecho de que en la comunicación del IGAC allegada al proceso se exprese que algunos de los límites intermunicipales que aparecen en el decreto acusado no están acordes con los que aparecen en las actas de deslinde que suscribieron los representantes de los municipios, o que están consignados en el proyecto de ordenanza que remitió a la asamblea de Boyacá, tampoco desvirtúa la presunción de legalidad de dicho acto, por la sencilla razón de que el Gobierno Nacional, conforme al artículo 4º de la Ley 2ª de 1943 y en relación con las intendencias y comisarías, estaba plenamente facultado para agregar o segregar términos municipales con arreglo a la base de población y demás condiciones establecidas en las leyes sobre la materia, y no existe alegación ni prueba alguna de que el Gobierno Nacional hubiera obrado por fuera del marco de dicha competencia o sin el cumplimiento de los requisitos señalados en la indicada norma.

Por consiguiente, el cargo no prospera.

En relación con el segundo cargo. En él se plantea que el acto acusado incurre en falsa motivación por el hecho de que carece de ella y que el Gobierno Nacional no podía expedirlo sin seguir el procedimiento legalmente establecido para fijar los límites municipales.

Al respecto, la Sala considera que tal acusación no ha de prosperar, por cuanto no es posible jurídicamente censurar un acto administrativo de incurrir en falsa motivación cuando este carece de ella.

En el presente caso podrá hablarse de falta de motivación, pero de no del vicio que se le atribuye.

Al respecto, cabe indicar que la jurisprudencia de esta corporación se ha pronunciado sobre la existencia jurídica de estas dos figuras, en los siguientes términos:

“(...).

Por otro lado, la falta de motivación es una situación distinta de la falsa motivación, ya que aquella puede conducir a un vicio de forma, cuando el acto administrativo debe ser motivado, en la medida en que así lo disponga una regulación específica v. gr. los actos administrativos contemplados en el artículo 135 en cita, a los cuales no corresponde el acto acusado, lo que constituye un problema de examen formal de la existencia de la motivación del acto; mientras que la segunda situación es un vicio de fondo o sustancial en cuanto se da en las razones de hecho o de derecho que sirven de fundamento al acto, lo cual significa un problema fáctico o jurídico, en la medida en que es puramente probatorio o de adecuación normativa”(22).

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala considera que la ausencia de motivación del acto acusado tampoco constituiría un vicio que se le pudiera atribuir, en la medida en que norma alguna imponía a Gobierno Nacional la obligación de expresar los motivos que lo impulsaron a expedirlo, los cuales debe presumirse que lo fueron en el interés general de desarrollar las facultades que le confería el artículo 4º del Ley 2ª de 1939.

En relación con cargos tercero y cuarto, en los cuales se alega el quebrantamiento del debido proceso y la expedición irregular del decreto demandado por no dar aplicación a la Ley 62 de 1939 y al Decreto Reglamentario 803 de 1940, la sala igualmente considera que adolece de vocación de prosperar, por las mismas razones expresadas en el análisis del primer cargo.

En las anotadas condiciones, establecido como se encuentra que el Gobierno Nacional profirió los actos acusados dentro del ámbito de sus competencias legales, y que en manera alguna incurrió en quebrantamiento de las disposiciones de orden legal que se invocan en la demanda, habrá de denegarse las pretensiones de la demanda, como en efecto se procederá en la parte dispositiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrandojusticia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Declárase no probada la excepción de cosa juzgada propuesta por el departamento de Boyacá.

2. DENIÉGANSElas suplicas de la demanda.

En firme esta providencia, previas las anotaciones de rigor, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(8) Se declare la nulidad “... del literal a) del artículo 2º del Decreto 870 de 1974, en cuanto prescribe: “... se continúa por el río Tocaría, aguas abajo, hasta la desembocadura del caño Sirivana, conde concurren los territorios de Yopal, Nunchía y San Luis de Palenque” y, así mismo, la nulidad del literal d) del artículo 9º del mismo decreto, en cuanto ratifica el anterior límite;

“... del literal c) del artículo 9º del decreto en cuanto prescribe; “hasta el cruce de la carretera que de San Luis de Palenque conduce a La Barqueña; se continúa por el borde norte de esta carretera, en dirección oeste (W) hasta el caño de Sirivana, sitio ‘Paso de Sirivana’; se sigue el cauce del caño Sirivana hasta su desembocadura en el río Tocaría donde concurren los territorios de Nunchía, San Luis de Palenque y Yopal y, así mismo, la nulidad del literal c) del artículo 16 del mismo decreto, en cuanto ratifica el anterior límite”.

(9) Código Contencioso Administrativo, artículo 137.

(10) “Por el cual se expide el Código de Régimen Departamental”.

(11) “Por la cual se expide el Código de Régimen Municipal”.

(12) “Por la cual se expiden normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.

(13) “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica del Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan otras para la racionalización del gasto público nacional”.

(14) Folios 306 a 309.

(15) Folios 325 a 326.

(16) Folios 202 a 203.

(17) Folios 236 a 237.

(18) “Por la cual se crea la intendencia de Casanare”.

(19) “Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre administración, división administrativas y régimen electoral de las intendencias y comisarías”

(20) “Sobre levantamiento del catastro nacional”.

(21) “Sobre deslinde y amojonamiento de los departamentos, intendencias, comisarías y municipios de la República”

(22)Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de julio de 2001, C.P. Manuel S. Urueta Ayola, Rad.: 6717.