Sentencia 2005-00265 de enero 28 de 2010 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente 25000-23-27-000-2005-00265-01-16709

Consejera Ponente (E):

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Inversiones Aguanica Ltda. En Liquidación C/la Nación DIAN

Impuesto de renta 1997 y 1998

Fallo

Bogotá, D.C., veintiocho de enero de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos de la apelación de la demandada la Sala debe decidir la legalidad de los actos por medio de los cuales la DIAN declaró sin vigencia la facilidad de pago otorgada a Inversiones Aguanica Ltda. En Liquidación para el pago de la deuda del impuesto de renta de 1997 y 1998.

Antes de decidir la Sala analizará si el tribunal debió declararse inhibido para hacer un pronunciamiento de fondo, pues, a juicio de la DIAN, lo que se demandó no fue un acto administrativo físico ni presunto, sino que la actora pretende la nulidad de los actos mencionados con fundamento en la falta de respuesta de la DIAN a una petición en la que solicitaba la compensación del anticipo de renta de la declaración de 1998 con el saldo a favor de la declaración de renta de 1999.

Para la Sala, si bien la demanda tiene unas pretensiones principales relacionadas con una petición que elevó la sociedad a la DIAN así como la falta de respuesta a la misma, lo cierto es que precisamente, no fue objeto de demanda el acto ficto negativo en relación con esa petición y finalmente lo que se demandan son los actos que declararon sin vigencia la facilidad de pago, que fueron sobre los cuales el tribunal se pronunció y respecto de los cuales en esta instancia debe hacerse el estudio de fondo para determinar si la administración podía o no declarar sin vigencia la facilidad de pago.

En efecto, el acto ficto negativo no fue demandado por la sociedad, de manera que sobre tales aspectos la Sala no hará ningún pronunciamiento.

Ahora bien, de acuerdo con los fundamentos de la demanda, la DIAN no tuvo en cuenta que en el acuerdo de pago se incluyó y se liquidaron intereses sobre el anticipo registrado en la declaración de renta de 1998 para el año siguiente, el cual no se causó porque no hubo impuesto, de manera que considera que se debe reanudar la facilidad de pago previa la reliquidación de la deuda teniendo en cuenta que ésta incluye un anticipo que se podía compensar con el saldo a favor de 1999 y que fue arrastrado en los años siguientes.

Advierte la Sala que los actos demandados se expidieron en virtud de lo dispuesto en el artículo 814-3 del estatuto tributario, según el cual:

“Incumplimiento de las facilidades. Cuando el beneficiario de una facilidad de pago, dejare de pagar alguna de las cuotas o incumpliere el pago de cualquiera otra obligación tributaria surgida con posterioridad a la notificación de la misma, el administrador de impuestos o el subdirector de cobranzas, según el caso, mediante resolución, podrá dejar sin efecto la facilidad de pago, declarando sin vigencia el plazo concedido, ordenando hacer efectiva la garantía hasta concurrencia del saldo de la deuda garantizada, la práctica del embargo, secuestro y remate de los bienes o la terminación de los contratos”.

Conforme a la norma transcrita, las causales para que proceda dejar sin efecto la facilidad de pago son: no pagar alguna de las cuotas o el incumplimiento de las obligaciones tributarias surgidas con posterioridad a cargo del contribuyente. De manera que, una vez se presenta cualquiera de dichas causales, surge para el administrador de Impuestos o el Subdirector de Cobranzas la facultad de dejar sin efecto la facilidad de pago, sin que esta facultad esté condicionada a ninguna otra situación diferente al incumplimiento.

En el presente caso, consta en la Resolución 00103 de 22 de junio de 2004 que la contribuyente no había aportado la prueba de pago de las cuotas 1 a 14 dentro de los plazos otorgados por la Resolución 427 de 2000, por lo tanto, tal hecho facultaba a la administración para dejar sin vigencia la facilidad de pago, como en efecto lo hizo(1).

Ahora bien, conforme a la norma expuesta el ejercicio de tal facultad no se suspende ni impide que se ejercite, por el hecho de que exista una petición de compensación, así como tampoco esta petición faculta al contribuyente para incumplir con un acuerdo de pago.

La compensación de obligaciones tributarias está consagrada en el artículo 815 del estatuto tributario, el cual establece la compensación de saldos a favor arrojados en las declaraciones tributarias, con deudas por concepto de impuestos, anticipos, retenciones, intereses y sanciones que figuren a su cargo. Sin embargo, como lo ha considerado la Sala la solicitud de compensación no implica su aprobación, mucho menos la extinción parcial o total de la obligación del contribuyente, dado que constituye sólo una expectativa. Además, es probable que la petición no cumpla con los requisitos de los artículos 856 y 857 del estatuto tributario(2).

Tampoco la aprobación de la compensación constituye un reconocimiento definitivo a favor del contribuyente o responsable, pues, en desarrollo de la facultad de determinación oficial, la administración puede rechazar o modificar el saldo a favor compensado o devuelto, lo que acarrea, además, la sanción del artículo 670 del estatuto tributario(3).

En efecto, como lo precisó la Sala en la sentencia reciente citada, el pago mediante saldos a favor no tiene valor definitivo, por cuanto dicho saldo puede ser modificado o desconocido por la administración en el proceso de determinación oficial o en el trámite de la compensación. Y es que “la solicitud de compensación no desconoce la fecha de pago mediante saldos a favor del artículo 803 del estatuto tributario ni torna en inmodificable su valor como para afectar la deuda tributaria que se pretende compensar; tan sólo otorga certeza sobre el momento en que ingresó el impuesto a las arcas estatales. A su vez, la resolución de compensación no es la que determina la fecha del pago del impuesto, como parece entenderlo el demandante, sino la procedencia o no para efectuar el cruce de saldos deudores y acreedores del contribuyente”.

Es más, como lo precisó la Sala, ni siquiera la compensación oficiosa a la que se refiere el artículo 816 [par.] del estatuto tributario(4) procede por el solo hecho de coexistir en un mismo contribuyente las calidades de deudor y acreedor de obligaciones tributarias, sólo es obligatoria para la administración, si el interesado presenta solicitud de devolución de saldos a favor y existen deudas a cargo del solicitante(5).

De acuerdo con lo anterior, ni la solicitud de compensación que efectuó la actora, ni su falta de respuesta, ni el hecho de que existiera un saldo a favor de la contribuyente sin compensar, la autorizaba para incumplir la facilidad de pago que la DIAN le había otorgado mediante la Resolución 427 de 2000, así como tampoco impedía que la DIAN pudiera dejar sin efecto el acuerdo de pago.

Comparte la Sala el argumento de la demandada cuando afirma que la actora pretende obtener una compensación de una deuda tributaria sin haber adelantado el procedimiento previsto en los artículos 815 y ss. y 850 del estatuto tributario. Así como también pretende justificar el incumplimiento del pago de las cuotas establecidas en la facilidad con base en una mera expectativa, lo cual no tiene fundamento jurídico.

De otra parte, es importante precisar que, conforme al artículo 807 del estatuto tributario, la obligación de liquidar y pagar el anticipo en el impuesto de renta, surge por ministerio de la ley y no desaparece la obligación para el contribuyente por el hecho de que no resulte impuesto a cargo en el año siguiente. El cálculo del anticipo en la liquidación privada sumado al impuesto a cargo y previa sustracción de retenciones en la fuente, entre otros valores, da lugar a un saldo a pagar por el año gravable que se está declarando el cual es independiente del período siguiente, que en caso de no haber impuesto a cargo en este, será el anticipo que se liquidó en el año anterior junto con las retenciones, si las hay, el valor que constituya el saldo a favor del período. Se trata entonces, de dos períodos gravables y anualidades diferentes.

Como el anticipo se debe pagar en los mismos términos que la liquidación privada, para la Sala, su inclusión en la facilidad de pago por la deuda del impuesto de renta de 1998 en el que se calculó ese anticipo y que hacía parte del total saldo a pagar, no fue un error de la DIAN. Ahora, el hecho de que en el año 1999 no hubiera impuesto a cargo de la sociedad, no desaparecía la obligación para la contribuyente de pagar la deuda contenida en la facilidad en la cual estaba incluida el anticipo, de manera que su incumplimiento facultó a la DIAN a expedir los actos acusados, los cuales encuentra la Sala ajustados a derecho.

Por las anteriores razones, la Sala no comparte la decisión del tribunal que pretende dar prevalencia al derecho sustancial frente al meramente formal, pues, se recuerda, los procedimientos están previstos para hacer efectivos los derechos sustanciales y en este caso no se había configurado un derecho para la actora que le permitiera incumplir la facilidad de pago u obviar un procedimiento. El saldo a favor que arrojó la declaración de 1999 y que arrastró en las declaraciones de los años siguientes era una simple expectativa a su favor y no podía entenderse, como se analizó, que parte de la deuda contenida en la facilidad de pago quedaba automáticamente cancelada con ese saldo a favor. La sociedad debió adelantar el procedimiento previsto en la ley para efectuar la compensación pretendida con las consecuencias a que hubiere lugar y no optar por incumplir unilateralmente y sin justificación legal el acuerdo de pago, como en efecto lo hizo.

Las razones anteriores son suficientes para desestimar las pretensiones de la demanda, previa la revocatoria de la sentencia apelada, como en efecto se hará.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVÓCASE la sentencia apelada. En su lugar dispone,

2. NIÉGANSE las súplicas de la demanda.

3. RECONÓCESE al doctor Carlos Alfredo Ramírez G. como apoderado de la parte actora.

4. RECONÓCESE a la doctora Flori Elena Fierro Manzano como apoderada de la DIAN.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(1) Folio 68.

(2) Sentencias de 5 de julio de 2007, expediente 14063, C.P. doctor Juan Ángel Palacio Hincapié y de 26 de noviembre de 2009, expediente 16873, C.P. Dr. Héctor J. Romero Díaz.

(3) Ibídem.

(4) El artículo 816 [par.] del estatuto tributario dispone. “En todos los casos, la compensación se efectuará oficiosamente por la administración cuando se hubiese solicitado la devolución de un saldo y existan deudas fiscales a cargo del solicitante”.

(5) En la sentencia de 5 de julio de 2007, expediente 14063, la Sala también precisó que de la interpretación armónica de los artículos 816 [par.] y artículos 856 y 857 del estatuto tributario, se concluye que no procede la compensación oficiosa sin la verificación previa de los requisitos y formalidades de los artículos 856 y 857 en mención.