Sentencia 2005-00267 de diciembre 18 de 2009

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 25899-3103-002-2005-00267-01

Magistrado Ponente:

Dr. Arturo Solarte Rodríguez

Bogotá, D.C., dieciocho de diciembre de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. La implantación positiva de la figura del enriquecimiento sin justa causa en el ordenamiento jurídico colombiano estuvo precedida de la doctrina jurisprudencial que sobre esa temática elaboró esta corporación, apoyada, fundamentalmente, en la equidad como principio general de derecho y en los mandatos contenidos en los artículos 5º, 8º y 48 de la Ley 153 de 1887, y fue desarrollada en distintos fallos, entre los cuales pueden mencionarse los fechados el 6 de septiembre de 1935 (G.J., t. XLII, 1897, págs. 605 y 606), 19 de noviembre de 1936 (G.J., t. XLIV, pág. 474), 14 de abril de 1937 (G.J., t. XLV, pág. 29) 27 de marzo de 1939 (G.J., t. XLVIII, págs. 128 a 130), 6 de noviembre de 1951 (G.J., t. LXX, págs. 923 y 924), 6 de junio de 1955 (G.J., t. LXXX, pág. 417), 12 de diciembre de 1955 (G.J., t. LXXXI, págs. 730 y 731), 14 de noviembre de 1957 (G.J., t. LXXXVI, págs. 525 y 526), 26 de marzo de 1958 (G.J., t. LXXXVII, págs. 502 y 503) y 9 de junio de 1971 (G.J., t. CXXXVIII, pág. 380), lo que condujo, entre otras circunstancias, a que, posteriormente, los redactores del Código de Comercio de 1971 explicitaran en el artículo 831 del mismo, el principio según el cual “nadie podrá enriquecerse sin justa causa a expensas de otro”.

2. Empero, el empeño del legislador al expedir la citada codificación no se limitó a establecer sólo de manera general el instituto de que se trata, sino que, adicionalmente, lo consagró de manera particular en el campo de los títulos valores, dando lugar al surgimiento del que ha dado en llamarse enriquecimiento cambiario, modalidad de la figura que, conforme el inciso final del artículo 882 de la mencionada obra, consiste en que “[s]i el acreedor deja caducar o prescribir el instrumento, la obligación originaria o fundamental se extinguirá así mismo; no obstante tendrá acción contra quien se haya enriquecido sin causa a consecuencia de la caducidad o prescripción. Esta acción prescribirá en un año” (se resalta).

3. Son, por lo tanto, notas características y, al tiempo, diferenciadoras de esta última figura, por una parte, que ella sólo tiene cabida frente a los títulos valores cuyas acciones —causales y cambiarias— hubieren decaído por prescripción o caducidad; por otra, que no sigue la regla general según la cual la actio in rem verso no está al alcance de quien ha dejado precluir las alternativas jurídico-procesales de que disponía para conjurar el desequilibrio patrimonial que lo afecta, toda vez que, por el contrario, en tratándose de los referidos instrumentos, los aludidos fenómenos extintivos bien pueden haberse derivado de la falta de diligencia del respectivo acreedor; y, finalmente, el breve término para su ejercicio (un año).

4. En consecuencia, pues, conforme el sistema legal desarrollado en el Código de Comercio, resulta obligatorio distinguir la actio in rem verso común de aquella que opera para conjurar el enriquecimiento cambiario, en tanto que ésta, como acaba de verse, tiene un régimen propio y especial, resultado de sus particulares características, el cual difiere en forma importante del general consagrado para todo tipo de enriquecimiento incausado.

Sobre el particular, tiene dicho la Corte que, en cuanto hace a los títulos valores, el inciso final del artículo 882 del Código de Comercio “privó a la caducidad y a la prescripción de tales instrumentos ‘del carácter de justas causas para consolidar desplazamientos patrimoniales, no obstante que en su producción haya podido jugar papel de alguna importancia la culpa o la voluntad de la víctima’ (CCXXV, págs. 770 y 771) y, con tal miramiento, le concedió al acreedor la acción de enriquecimiento sin causa que, por tal razón, goza de una característica especial frente al régimen común que le es propio a dicha fuente de las obligaciones, por lo que, tratándose de esa particular hipótesis, no pueden los jueces, como erradamente lo hizo el ad quem en el caso in examine, considerar que el acreedor demandante tenía ‘otra vía…para reclamar su derecho’ (fl. 41, cdno. 2), específicamente la acción causal, pues de esta manera se pasa por alto, de una parte, que la obligación originaria se extinguió por efecto de la prescripción (C. Co., art. 882, inc. 3º), lo que impide acudir al negocio subyacente, y de la otra, que en dicha materia, como se acotó, existe un régimen especialísimo, consagrado en la misma disposición, que obliga a separarse —en el punto— de la preceptiva general (C. Co., art. 831)” (Cas. Civil, sent. jul. 30/2001, Exp. 6150; se resalta).

5. El tribunal, en procura de definir el presente caso, ubicó la acción en el artículo 882 del Código de Comercio y, con tal sustento, definió los elementos estructurales que le son propios, estimó que la comprobación de los mismos estaba a cargo de la parte demandante y, en definitiva, coligió que el banco aquí actor no satisfizo la carga demostrativa que le correspondía, razón por la cual optó por revocar la sentencia estimatoria de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

6. Dicha postura del ad quem se ajusta en un todo a la posición que sobre ese mismo punto esgrimió la parte demandante —recurrente en casación— a lo largo del proceso, la cual se infiere de los siguientes elementos de juicio:

En primer lugar, del poder que confirió al apoderado que la representó, cuyo encargo se concretó a que adelantara un proceso “ordinario de enriquecimiento sin causa de que trata el inciso tercero del artículo 882 del Código de Comercio” (fl. 31, cdno. 1).

En segundo término, de la demanda iniciadora de la controversia, por cuanto en ella se indicó expresamente que se promovía “el proceso ordinario declarativo [de] mayor cuantía de que trata el artículo 882 del Código de Comercio”; en dicho contexto se solicitó, por una parte, declarar que los demandados “han obtenido enriquecimiento sin causa en perjuicio” del actor “como consecuencia de la prescripción declarada” de los pagarés números 340, 346 y 168 y, por otra, condenar a aquellos a pagarle a éste las sumas de dinero en que el banco calculó el incremento injustificado del patrimonio de los accionados; y se adujo como hecho sustentante de las pretensiones, que en sentencia de segunda instancia se declaró la prescripción de la acción cambiaria de cobro de los mencionados títulos valores (fls. 59 a 66, cdno. 1).

Y, finalmente, de los alegatos de conclusión que en nombre del banco demandante se presentaron en primera instancia, cuyo principal soporte fue, precisamente, el señalado precepto (fls. 103 a 105, cdno. 1).

7. Así las cosas, se torna evidente, entonces, el acierto del ad quem al someter la presente controversia a las especiales previsiones del inciso final del tantas veces citado artículo 882 del Código de Comercio, único relacionado con el enriquecimiento cambiario, y, por contera, que en ningún yerro jurídico incurrió dicho sentenciador al no sujetar el litigio a la regla general del artículo 831 ibídem, norma contentiva de un régimen legal genérico, diverso, por tanto, del consagrado en aquel primer precepto y, por consiguiente, inaplicable para corregir los desequilibrios patrimoniales derivados de la imposibilidad de hacer efectivo un título valor, por la prescripción o caducidad de las acciones que de él hubieran surgido.

8. Para desestimar un cargo de similares características al que ahora ocupa su atención, la Corte, en sentencia del 14 de marzo de 2001 (Exp. 6550), señaló:

“7. El censor afirma en el cargo que el tribunal dejó de aplicar el artículo 831 del Código de Comercio que señala que ‘Nadie podrá enriquecerse sin justa causa a expensas de otro’, por cuanto…, la disposición aplicable en relación con la acción de enriquecimiento era la contemplada en dicha norma, y no la del artículo 882 de la misma obra.

“7.1. Sobre esta censura es preciso anotar que el recurrente en este mismo cargo se refirió expresamente a la acción contemplada en la última norma citada y expuso su criterio sobre su prescripción, aceptando que esta era la invocada en la segunda pretensión subsidiaria. Como se trata de dos acciones esencialmente distintas, no puede pretenderse que en un solo proceso el fallador de aplicación a las dos, y el ad quem se apoyó en la de enriquecimiento cambiario consagrada positivamente en el inciso final del artículo 882 del Código de Comercio, dado que esta norma, a diferencia de la establecida en el artículo 831, permite el ejercicio de la acción a pesar de que el acreedor haya dejado caducar o prescribir el instrumento que ha recibido pro solvendo de una obligación anterior, y por cuanto, como lo ha sostenido esta corporación ‘...se trata de una regulación normativa específica, concerniente exclusivamente a los casos en que se paga una obligación causal preexistente, como se dijo atrás, con uno o varios títulos de contenido crediticio respecto de los cuales se produce la caducidad o la prescripción; por lo que impónese afirmar que la norma da un tratamiento particular a la actio in rem verso cuando ésta se apoya en tal tipo de documentos crediticios(1)’”.

“7.2. En sentencia posterior, refiriéndose al inciso 3º del artículo 882 citado ha dicho igualmente la Corte: ‘Pero se trata en este evento, de una acción de enriquecimiento especial no sólo por su consagración normativa de este orden, sino también porque se estructura particularmente, con los requisitos generales de aquel principio, establecidos por la doctrina y la jurisprudencia y ahora consagrados en el artículo 831 del Código de Comercio, pero concretados y especificados en dicha disposición, para la caducidad o prescripción de los títulos valores. De ahí que aquel precepto del inciso final del artículo 882 citado (distinto en lo pertinente al correspondiente en el proyecto INTAL), en armonía con sus incisos precedentes, conceda expresa y claramente dicha acción al ‘acreedor’ específico de la obligación fundamental que ha sido cancelada por el título valor que se ha dejado caducar o prescribir, y que, además, también haya resultado empobrecido por este motivo, siempre que se encuentren satisfechos todos los requisitos contemplados en el contenido integral del artículo 882 Código de Comercio...(2)’” .

9. Los otros aspectos de la acusación tampoco están signados por el éxito, en tanto que los artículos 27, 30 y 1524 del Código Civil no son normas sustanciales para los propósitos del recurso extraordinario de casación, tal y como lo definió la Corte, respecto de los dos primeros, en sentencia del 22 de agosto de 1995 (Exp. 4543) y, en cuanto al último, en auto del 2 de febrero de 2005 (Exp. 1998-00155-01).

Adicionalmente, porque los planteamientos finales del cargo, alusivos a la evidencia del enriquecimiento de los demandados, derivada del desembolsó de dinero que en su favor les hizo el banco, y a la constatación del empobrecimiento de dicha entidad crediticia, inferido de los pagarés base del litigio, en tanto que las obligaciones en ellos contenidas no fueron descargadas por los deudores cambiarios, hacen referencia, como se desprende de su simple lectura, a cuestiones fácticas del proceso que, por su propia naturaleza, no sirven para estructurar un cargo que, como el auscultado, denunció la violación directa de la ley sustancial, reproche que, como el propio recurrente lo señaló al inicio de la acusación, debe configurarse al margen de los hechos del proceso y de su demostración.

10. La acusación analizada, por consiguiente, no está llamada a prosperar.

Cargo segundo

1. También con fundamento en la causal primera de casación, se acusó aquí la “violación directa de la ley sustancial, por interpretación errónea del artículo 882 del Código de Comercio”.

2. Luego de reconocer el acierto del tribunal al hacer actuar en el presente caso la citada norma y haber inferido de ella los elementos estructurales que consignó en su fallo, el recurrente puntualizó que “la interpretación errónea aparece cuando justifica su decisión en una fracción o parte de una sentencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia, más exactamente de la sentencia del 6 de abril de 2005, proferida dentro de un proceso en el cual no concurren los mismos elementos que se dan en la acción impetrada por mi mandante, como que en ésta, a diferencia de aquella, el demandante, BBVA Colombia, ejerció con anterioridad la acción ejecutiva dentro de la cual se declaró la prescripción de los títulos en que ella se basó”, mientras que en ese otro caso “el actor acudió directamente a la actio in rem verso”, razón por la cual, advirtió, siendo distinto “el supuesto fáctico de una y otra, se yerra en la interpretación y aplicación por parte del tribunal”.

3. Enfatizó el censor que en el memorado pronunciamiento —cuyo aspecto toral alude a la necesidad de acreditar los correlativos enriquecimiento y empobrecimiento derivados de la prescripción del respectivo título valor para que pueda actuar el artículo 882 del Código de Comercio—, la Corte realzó la importancia de la diferencia arriba indicada, luego de lo cual observó que cada una de las restantes sentencias invocadas por el tribunal, de las que este dedujo la existencia de una “doctrina jurisprudencial”, “deben ser materia de análisis para ver su génesis y sus elementos fácticos”, cuestión sobre la que acotó que la providencia fechada el 25 de octubre de 2000 versa sobre una “filiación natural y en ninguna parte… hace referencia a lo expuesto por el tribunal”; que la proferida el 30 de julio de 2001 trata de un “negocio jurídico de venta de ganado, es decir según la Corte existía otra vía para recuperar lo adeudado”; y que respecto de la adiada el 6 de abril de 2005, omitió uno de sus “considerandos”, que “cambia por completo la apreciación de la misma”.

Estimó el censor, que de esta manera se acredita “que la interpretación que le da el tribunal no es la más acertada y las sentencias en las que se apoya para construir una presunta e inexistente doctrina probable, según el cual ‘tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema, como tribunal de casación, sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina probable, y los jueces podrán aplicarla en casos análogos’, no tiene consonancia para este caso en particular, ya que las circunstancias fácticas, como está demostrado, son totalmente distintas por lo que no deben ser de recibo ni aplicables a fallos con fundamentos disímiles”.

4. Seguidamente, el recurrente puso de presente el acierto que, en su opinión, tienen los argumentos que el a quo esgrimió en la sentencia que profirió, la cual, como se ha señalado, fue estimatoria de las pretensiones. A continuación, reprodujo los salvamentos de voto que se formularon a la sentencia de esta Corporación fechada el 26 de junio de 2007 y coligió que ellos contienen “una interpretación correcta de la norma, muy distinta a la que el tribunal de segunda instancia le da, por lo que considero que en sentido lógico la interpretación debe ser la que con fundamentos claros se acaba de justificar”.

Consideraciones

1. Palmaria es la contradicción que envuelve el cargo ahora auscultado, como quiera que habiéndose denunciado en él la violación directa del artículo 882 del Código de Comercio, por interpretación errónea, su desenvolvimiento, en esencia, se concretó a controvertir la apreciación del tribunal, según la cual los títulos valores base de la acción no son suficientes para tener por acreditado el enriquecimiento de los demandados y el correlativo empobrecimiento del actor, problemática eminentemente fáctica que, por ende, sólo era susceptible de proponerse en casación por la vía indirecta.

2. En efecto, como ya quedó registrado, el tribunal, tras ubicar la acción reclamada en el artículo 882 del Código de Comercio e identificar sus elementos estructurales, entre los cuales destacó los dos en precedencia mencionados, concentró su atención en la demostración de los mismos y, al respecto, descartó que su comprobación pueda realizarse solamente con los títulos valores en relación con los cuales se haya declarado la prescripción de la acción de cobro previamente seguida entre las partes, criterio en torno del cual afirmó la existencia de “doctrina probable” en ese mismo sentido, que dedujo, por una parte, de las sentencias de esta Sala de la Corte fechadas el 6 de abril de 2005, el “25 de octubre de 2000, ..., [el] 30 de julio de 2001,…, y [el] 26 de junio de 2007…, esta última con tres salvamentos de voto…”, y, por otra, de la aplicación que hizo del artículo 4º de la Ley 169 de 1896, del que observó que su exequibilidad fue declarada por la Corte Constitucional en Sentencia C-836 de 2001, la cual reprodujo a espacio, postura jurisprudencial que, añadió, no le era dable desconocer, por no encontrar reunidas las exigencias que con ese fin se establecieron en el precitado fallo.

3. El recurrente, en la presente acusación, sin atacar la aplicación que el tribunal realizó del memorado artículo 4º de la Ley 169 de 1896, en sí misma considerada, planteó, en primer lugar, que de las sentencias reseñadas por esa autoridad no se puede inferir la existencia de la referida “doctrina probable”, por cuanto las circunstancias fácticas de los casos en que esas providencias se produjeron son diferentes a las del presente asunto; y, en segundo término, por cuanto la interpretación correcta del inciso final del artículo 882 del Código de Comercio corresponde a la contenida en los salvamentos de voto que se hicieron a la sentencia del 26 de julio de 2007 dictada por esta corporación, según los cuales la aducción al proceso de los instrumentos cambiarios prescritos o caducados sí tiene mérito demostrativo respecto del empobrecimiento del beneficiario de los mismos y del enriquecimiento correlativo de quien haya figurado allí como obligado.

4. Es ostensible, entonces, que el censor nada objetó al tribunal sobre el sentido que le atribuyó al artículo 882 del Código de Comercio, sino que sus reproches se concretaron a la forma en que el actor debía acreditar la merma injustificada de su patrimonio y el incremento del de los demandados, derivado directamente de dicha disminución, reparos que, por consiguiente, desbordan el ámbito estrictamente jurídico y, consecuentemente, se ubican en el campo eminentemente fáctico.

5. Así las cosas, se impone colegir que el cargo adolece de notoria falla técnica y que dicha deficiencia, por reñir abiertamente con la naturaleza del quebranto recto de la ley sustancial que como motivo de casación contempla el numeral 1º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, impide su acogimiento.

6. Ahora bien, no obstante que el recurrente hizo suyos los argumentos contenidos en los salvamentos de voto efectuados en relación con la ya mencionada sentencia del 27 de julio de 2007 e, incluso, así se integraran a este cargo los planteamientos finales del anterior, ya compendiados, es del caso observar que no sería dable para la Corte interpretar que la presente acusación viene estructurada por la vía indirecta, habida cuenta que, como ya se destacó, el reproche aquí elevado estuvo referido exclusivamente a la “interpretación errónea del artículo 882 del Código de Comercio” (se resalta), planteamiento que esta corporación no podría desatender y, mucho menos, variar, habida cuenta del carácter eminentemente dispositivo de la casación, y que, per se, impediría ese entendimiento, pues tal modalidad de quebranto es propia únicamente de la infracción recta de las normas materiales y, por lo mismo, ajena a la vulneración indirecta.

Al respecto, se impone recordar que “el quebranto de la ley sustancial, como corolario de una interpretación errónea de la misma, sólo puede tener lugar tratándose de una violación de estirpe directa y no por una transgresión de índole indirecta, vinculada, como se sabe, con cuestiones de carácter probatorio, en particular con yerros cometidos por el juzgador en el proceso de valoración de las pruebas, a diferencia de aquella —la directa—, ajena a la cuestión meramente fáctica. Es por ello por lo que se ha acotado que esta forma de violación aflora cuando se vulnera la ley sustancial ‘...derecha o rectamente’, o sea prescindiendo de cualquier consideración de facto. De ahí que se aluda a que en la violación directa el error que comete el sentenciador es iuris in iudicando, por oposición al yerro facti in iudicando, de visible conexión con aspectos de tipo probatorio y, por tanto, de naturaleza fáctica” (Cas. Civil, Sent. dic. 10/99, Exp. 5277).

7. Corolario de lo expresado, es que el cargo no se abre paso.

Cargo tercero

1. En este último reproche se sindicó al tribunal de haber vulnerado indirectamente la ley sustancial, “al haber incurrido en error de derecho por violación de la norma probatoria contenida en los artículos 177 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil y 1757 del Código Civil, aplicable por expresa disposición del artículo 822 del Código de Comercio, la cual deviene en violación del ya citado artículo 882 del Código de Comercio”.

2. Con base en la primera de las normas anteriormente señaladas, consideró el censor que “mal podía el Tribunal en su fallo exigir a mi mandante que probara el contenido de los hechos 1.4, 2.4 y 5 de la demanda, puesto que ellos constituyen negaciones indefinidas en cuanto señalan que los demandados no pagaron a la actora las obligaciones a su cargo contenidas en los pagarés 340, 346 y 160”.

Calificó la referida exigencia del ad quem, expresada en el numeral 3.2. de las consideraciones de su fallo, como la imposición a la entidad demandante de una “prueba diabólica, como que resulta imposible acreditar un hecho nunca acaecido”, y estimó que ella va en contra del criterio de que los títulos valores “son, per se demostrativos de la entrega al deudor de los dineros a los que ellos hacen referencia; por lo tanto, exigir prueba diferente de ellos para acreditar la erogación de unos dineros por parte del demandante, equivale, aquí sí de forma palmaria, [a] una presunción de mala fe de la entidad actora que hace el tribunal en el fallo atacado”, consistente en que “pretende recuperar unos dineros que nunca salieron de su patrimonio, o bien cobrar dos veces dichos dineros, cuando ninguna de las dos situaciones se ha dado”, presunción que atenta contra el principio de buena fe que consagra el artículo 83 de la Constitución Política.

En relación con este aspecto, terminó preguntando “bajo qué criterios legales, o al menos lógicos se puede exigir a mi representada que acredite el enriquecimiento de su deudor renuente cuando éste no solo ha eludido honrar sus obligaciones, sino que además no ha comparecido a los procesos adelantados en su contra?” y si “puede exigírsele al demandante en este tipo de acciones que disponga de los estados financieros de su deudor para convencer al encargado de impartir justicia del enriquecimiento de su deudor a expensas de su patrimonio?”.

3. A continuación pasó el recurrente a sustentar la infracción del artículo 1757 del Código Civil, norma que calificó como de naturaleza probatoria, y aseveró que “era deber de la pasiva, tanto dentro del proceso ejecutivo adelantado por mi mandante y que cursó en el Juzgado Décimo Civil del Circuito de esta ciudad, como en el proceso ordinario adelantado ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquirá y que es base de la decisión que aquí se ataca, acreditar la extinción de obligación pero no por la causal contenida en el numeral 10 del artículo 1625 del Código Civil, sino por la contemplada en el numeral 1º del mismo, normas estas aplicables al asunto materia de debate, por remisión del artículo 822 del Código de Comercio”.

Con tal fundamento, estimó que el haber exigido el tribunal a la parte demandante la prueba del incremento patrimonial de los demandados “constituye una violación no ya de una, sino de dos normas probatorias: tanto el artículo 1757 del Código Civil, como el 177 del Código de Procedimiento Civil, al trasladar la carga de la prueba sobre este particular, de los demandados a la demandante, cual si esta fuera la custodia de los estados financieros de aquellos”.

Dentro de esta misma perspectiva trajo nuevamente a colación el artículo 882 del Código de Comercio y afirmó que “la redacción de la norma lleva implícita la existencia de un título valor, que ella denomina instrumento; de lo anterior, se sigue, sin hesitación alguna, que no es posible omitir la presentación del título o títulos contentivos del derecho prescrito para el ejercicio de la acción contemplada en dicha norma” y que, “conforme el principio de literalidad de los títulos valores, ellos son prueba del derecho cartular que se les ha incorporado, de suerte que en el sub lite se ha probado fehacientemente la existencia de tres contratos de mutuo con intereses celebrados entre mi mandante y los demandados, o, lo que es igual, la entrega por parte de la entidad que represento de unas sumas de dinero a los demandados”.

En contraste, adujo que la demostración faltante en este asunto es otra, es decir, la de “la solución o pago efectivo de las obligaciones contenidas en dichos títulos, siendo esa, se reitera, una carga u obligación de la pasiva de la acción”, independientemente de que hubiese estado representada por curador ad litem.

4. Terminó señalando que si se admitiera el acierto de la decisión combatida, “se estaría convirtiendo en letra muerta el contenido del artículo 882 inciso final del Código de Comercio”, pues el acreedor, por una parte, “carece de los documentos para probar,… la entrega de los dineros en mutuo” y, por otra, quedaría “inerme ante el no pago” del respectivo crédito y “la extinción por prescripción del mismo”, sin que sea dable pensar que el título otorgado corresponde a uno de aquellos de que trata el artículo 639 del estatuto mercantil.

Consideraciones

1. El tribunal, según la cita que hizo de la sentencia proferida por esta Corte el 6 de abril de 2005, radicó en cabeza de la parte demandante el deber de acreditar la totalidad de los requisitos axiológicos de la acción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, que a la letra establece que “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen… Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren de prueba” (se resalta).

Ahora bien, como dicho sentenciador estimó que son, entre otros, elementos esenciales de la actio in rem verso cambiaria, tanto el enriquecimiento de la parte demandada, como el empobrecimiento correlativo de la demandante, aspecto este que el recurrente no controvirtió y que, por el contrario, avaló en el cargo segundo, se impone colegir que, por lo tanto, la carga demostrativa que el tribunal asignó a la entidad actora, recaía exclusivamente en la comprobación de esos hechos fundamentales.

2. Aflora de lo expuesto que el ad quem, en forma alguna, exigió a la aquí demandante la prueba del no pago de las obligaciones contenidas en los pagarés base de la acción, que es, en esencia, la acusación que, bajo la égida del error de derecho denunciado, lanzó el recurrente en contra de su fallo.

3. Siendo ello así, como en efecto lo es, no hay lugar a admitir el quebranto de los artículos 177 del Código de Procedimiento Civil y 1757 del Código Civil, habida cuenta que, como viene de decirse, el tribunal no requirió del actor la comprobación de una negación indefinida sino que, por el contrario, reclamó la demostración de hechos positivos concretos, esto es, se reitera, el incremento económico de los demandados y la correlativa merma del accionante, supuestos estos que, de un lado, constituyen el fundamento de hecho cardinal de la acción y, de otro, se erigen en la razón de ser para que el enriquecimiento sin causa se configure como fuente de obligaciones, particularmente de la que surge a cargo de la persona cuya riqueza se ha incrementado y a favor de aquella en cuyo patrimonio se ha producido merma, consistente en restablecer el equilibrio perdido.

Téngase presente, además, que el enriquecimiento y el empobrecimiento correlativos a que hace referencia la acción contemplada en el artículo 882 del Código de Comercio, por una parte, los hace derivar el mencionado precepto de la extinción que se presente no sólo del crédito cambiario —por la caducidad o prescripción— sino también de la consecuencial pérdida de vigencia de la obligación originaria o fundamental, y por otra, que no necesariamente coinciden, en el terreno cuantitativo, tales enriquecimiento y empobrecimiento, con el valor de los créditos incorporados en los títulos valores cuya exigibilidad ha decaído por virtud de la caducidad o de la prescripción, pues tal suma puede ser superior o inferior al crédito cartular o, incluso, a pesar de la existencia de uno de los mencionados instrumentos mercantiles, es posible que no se presente, en realidad, el enriquecimiento o el empobrecimiento comentados, toda vez que, como lo ha precisado la Corte, “no es dable desconocer que no siempre que se suscribe un título valor media un negocio jurídico oneroso, toda vez que podrían celebrarse otros donde impere la gratuidad, como ocurriría, verbi gratia, con la figura del favor cambialis prevista por el artículo 639 del Código de Comercio” (Cas. Civil, Sent. 54, abr. 6/2005, Exp. 1955-01).

4. Ahora bien, como los restantes argumentos de la acusación, tocantes con la suficiencia de los pagarés base del proceso para demostrar la entrega de los dineros representados en ellos a quienes figuran en esos mismos instrumentos como deudores y la falta de pago por parte de estos de dichas obligaciones cartulares, resultan extraños al error de derecho denunciado, toda vez que no comportan, en forma alguna, la trasgresión de los precitados artículos 177 del Código de Procedimiento Civil y 1757 del Código Civil, no son atendibles por esta vía.

5. Habrá de negarse, por ende, la censura examinada.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, actuando en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 29 de febrero de 2008, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil - Familia, en el proceso ordinario al inicio referenciado.

Se condena en costas del recurso extraordinario a quien lo propuso. Tásense.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

(1) Cas. Civil de 18 de agosto de 1989 reiterada en Sentencia 38 de 31 de marzo de 1993.

(2) Cas. Civil de 5 de octubre de 1989 reiterada en Sentencia 38 de 31 de marzo de 1993.