Sentencia 2005-00274/39435 de agosto 30 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Rad.: 50001-23-31-000-2005-00274-01(39435)

Actor: Salvador Galvis Monroy

Demandado: Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación

Referencia: Acción de Reparación Directa

Bogotá, D.C., treinta de agosto de dos mil diecisiete.

Extractos «II. Consideraciones.

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, el 30 de junio de 2010, que denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa.

Para ello, se abordará el asunto en el siguiente orden: 1) presupuestos de procedibilidad de la acción de reparación directa en el caso sub examine; 2) el objeto del recurso de apelación; 3) el caso concreto; 4) indemnización de perjuicios; y 5) condena en costas.

1. Presupuestos de procedibilidad de la acción de reparación directa en el caso sub examine. 

1.1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la Sentencia proferida el 30 de junio de 2010, por el Tribunal Administrativo del Meta, habida cuenta de que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso(11).

La Sala considera necesario dejar claro que el Tribunal Administrativo del Meta, en la sentencia impugnada, enmarcó el caso en los supuestos de error judicial y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por lo que se decidirá de conformidad.

1.2. Legitimación en la causa por activa.

En el presente asunto se tiene que el señor Salvador Galvis Monroy se encuentra legitimado para reclamar por los posibles perjuicios causados con las providencias dictadas por la Fiscalía General de la Nación, por cuanto él fue la persona investigada por el delito de peculado al inicio del proceso penal y, una vez se adecuó la calificación de la conducta, por abuso de confianza.

Para determinar si se encuentra probada la representación de la Fundación Nuevo Amanecer - Funacer IPS, resulta necesario revisar las normas jurídicas que regulan el tema:

Respecto de las entidades privadas con o sin ánimo de lucro obligadas a registrarse en la Cámara de Comercio, el artículo 117 del Código de Comercio consagra:

“(...) Para probar la representación de una sociedad bastará la certificación de la cámara respectiva, con indicación del nombre de los representantes, de las facultades conferidas a cada uno de ellos en el contrato y de las limitaciones acordadas a dichas facultades, en su caso”.

El Decreto 1088 de 1991(12) en los artículos 13, 14, 15, y 16 hace referencia a las clases de entidades sin ánimo de lucro que hacen parte del subsector salud y en el artículo 17, define que:

“… la existencia como personas jurídicas de las fundaciones o instituciones de utilidad común y asociaciones o corporaciones sin ánimo de lucro que presten servicios de salud, se prueba con el acto de autoridad competente que legalmente le reconoce tal calidad”.

Los artículos 18 y 19 de mismo decreto determinaron que las entidades encargadas de hacer el reconocimiento de las personerías jurídicas “…a las fundaciones o instituciones de utilidad común y asociaciones o corporaciones sin ánimo de lucro que tengan por finalidad el fomento, prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud, dentro de la jurisdicción de más de un departamento, o intendencia, o comisaría o en todo el territorio nacional, corresponde al Ministro de Salud” y, “…La función de reconocer personería jurídica a las fundaciones o instituciones de utilidad común y asociaciones o corporaciones sin ánimo de lucro y el reconocimiento civil de las instituciones creadas por la iglesia católica o de cualquier confesión religiosa que tengan por finalidad el fomento, la prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud, dentro de la jurisdicción de un departamento o del Distrito Capital de Bogotá, corresponde al respectivo Gobernador a través del Organismo de Dirección Seccional de Salud y al Alcalde Mayor de Bogotá D.C., a través del Organismo Distrital de Salud de Bogotá D.C…”.

Por su parte, el artículo 40 del Decreto 2150 de 1995, obligó a las entidades sin ánimo de lucro a registrarse ante las Cámaras de Comercio, así:

“ART. 40.—Supresión del reconocimiento de personerías jurídicas. Suprímase el acto de reconocimiento de personería jurídica de las organizaciones civiles, las corporaciones, las fundaciones, las juntas de acción comunal y de las demás entidades privadas sin ánimo de lucro. Para la obtención de su personalidad, dichas entidades se constituirán por escritura pública o documento privado reconocido en el cual se expresará, cuando menos, lo siguiente: …Las entidades a que se refiere este artículo, formarán una persona distinta de sus miembros o fundadores individualmente considerados, a partir de su registro ante la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la persona jurídica que se constituye.” (Resaltado fuera del texto original).

En este punto resulta pertinente dejar claro que el Decreto 2150 de 1995 no es derogatorio del Decreto 1088 de 1991. En relación con el tema, el Ministerio de Salud dilucidó el punto en virtud de la consulta(13) que le fue elevada y absuelta el 11 de agosto de 2015, en los siguientes términos (se transcribe literal del documento original, incluso con errores):

“1. Tal y como lo expresa en su comunicación, efectivamente el artículo 40 del Decreto Ley 2150 de 1995, suprimió el reconocimiento de personerías a las Entidades Sin Ánimo de Lucro.

“2. No obstante, la supresión del reconocimiento de personerías a Entidades Sin Ánimo de Lucro, no aplica a las Instituciones reguladas por la Ley 100 de 1993.

“3. Para las Instituciones reguladas por la Ley 100 de 1993, que se pretendan constituir como personas sin ánimo de lucro, es necesario solicitar ante el Ministerio de Salud y Protección Social o ante las Gobernaciones y la Alcaldía Mayor de Bogotá, el reconocimiento de Personería Jurídica, para lo cual deben cumplir con los requisitos señalados por el Decreto 1088 de 1991 y la Resolución 13565 de 1991.

“4. En este caso, si la fundación o institución de utilidad común o asociación o corporación sin ánimo de lucro, va a operar sólo en la Jurisdicción de un Departamento, como lo sería la descrita en su comunicación, el reconocimiento de su personería jurídica recaería en cabeza del departamento del Quindío, a través de su organismo de salud.

“5. El acto administrativo que reconozca personería jurídica a las fundaciones o instituciones de utilidad común y asociaciones o corporaciones sin ánimo de lucro que tengan por finalidad y objeto social principal, el fomento, prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud, deberá contemplar la obligación de acreditar su inscripción y/o habilitación de servicios para operar como un prestador de servicios de salud”.

En relación con las Empresas Sociales del Estado, por tratarse de Entidades Públicas de naturaleza especial, su capacidad y representación estará sujeta a lo indicado en el artículo 159 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que dispone:

“ART. 159.—Capacidad y representación. Las entidades públicas, los particulares que cumplen funciones públicas y los demás sujetos de derecho que de acuerdo con la ley tengan capacidad para comparecer al proceso, podrán obrar como demandantes, demandados o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados.

“La entidad, órgano u organismo estatal estará representada, para efectos judiciales, por el Ministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República o Fiscal General de la Nación o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho.

“El Presidente del Senado representa a la Nación en cuanto se relacione con la Rama Legislativa; y el Director Ejecutivo de Administración Judicial la representa en cuanto se relacione con la Rama Judicial, salvo si se trata de procesos en los que deba ser parte la Fiscalía General de la Nación.

“En los procesos sobre impuestos, tasas o contribuciones, la representación de las entidades públicas la tendrán el Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales en lo de su competencia, o el funcionario que expidió el acto. En materia contractual, la representación la ejercerá el servidor público de mayor jerarquía de las dependencias a que se refiere el literal b), del numeral 1 del artículo 2º de la Ley 80 de 1993, o la ley que la modifique o sustituya. Cuando el contrato o acto haya sido suscrito directamente por el Presidente de la República en nombre de la Nación, la representación de esta se ejercerá por el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

“Las entidades y órganos que conforman el sector central de las administraciones del nivel territorial están representadas por el respectivo gobernador o alcalde distrital o municipal. En los procesos originados en la actividad de los órganos de control del nivel territorial, la representación judicial corresponderá al respectivo personero o contralor”.

Descendiendo al caso concreto, se tiene que la Fundación Nuevo Amanecer IPS —Funacer es una empresa prestadora del servicio de salud, que tiene su domicilio en Villavicencio— Meta y que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del Decreto 1088 de 1991, la representación y existencia de las IPS privadas, sin ánimo de lucro, del orden departamental debe acreditarse con la resolución que le dio vida jurídica, expedida por la autoridad correspondiente —Gobernación, Alcaldía o Secretaría de Salud, lo que corresponda—.

Ahora bien, junto con la demanda fueron aportadas las Resoluciones 146 de 2000 y 354 de 2004, la primera mediante la cual el director de Participación Social del Meta le reconoció personería jurídica a Funacer IPS y la segunda por la cual se reconoció como representante legal de la IPS al señor Salvador Galvis Monroy.

De acuerdo con todo lo anterior, esta Sala no comparte la manifestación hecha por el Tribunal en relación con que no se encontraba probada la legitimación en la causa por activa, al no haber sido aportada la prueba de la personería jurídica de la sociedad, ni la representación legal de la misma.

Huelga concluir que Funacer IPS también se encuentra legitimada para reclamar por los aparentes perjuicios causados por las decisiones adoptadas por el ente investigador.

La Fiscalía General de la Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva, pues profirió las decisiones e incautó los elementos por los cuales se está solicitando la indemnización de los perjuicios que se le habrían ocasionado a los demandantes.

1.3. El daño alegado.

De acuerdo con el texto de la demanda, la parte actora consideró que con el allanamiento, incautación de mercancía e iniciación de la investigación penal se le causaron los siguientes daños:

1.3.1. Haber sido sometido —Salvador Galvis Monroy— a una injusta investigación penal, iniciada como consecuencia de informes falaces y amañados, para, posteriormente, precluirla a su favor.

1.3.2. El deterioro y posterior incineración de los medicamentos que fueron incautados en el allanamiento realizado el 4 de octubre de 2001 en la ciudad de Villavicencio.

1.4. Caducidad de la acción.

Esta corporación, en forma reiterada, ha sostenido que la caducidad se encuentra instituida para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, frente a aquellos eventos en los que determinadas acciones judiciales no se ejercen dentro de un término específico. Así entonces, a los interesados les corresponde asumir la carga procesal de promover el litigio dentro de ese plazo, el cual es fijado por la ley y, por ello, si no se hace en tiempo, pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho(14).

Es de precisar que la referida figura no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las Leyes 446 de 1998 y 640 de 2001; tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.

El Código Contencioso Administrativo (norma aplicable), en su artículo 136-8(15), consagraba un término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho que da lugar al daño por el que se demanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa, período que, una vez vencido, impide solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.

La Sección Tercera de esta Corporación(16) ha sostenido, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de error judicial, “… el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que contiene el error judicial(17). Con todo, se ha precisado que, ‘aunque generalmente el plazo bienal de caducidad opera desde la configuración del hecho dañoso, esto es, a partir de la ejecutoria de la providencia constitutiva del error judicial, cuando el afectado no sea parte en la causa donde se comete el yerro, el término sólo puede germinar desde que al perjudicado se le notifique la decisión cuestionada(18)” (negrilla fuera del texto).

En cuanto a la contabilización del término de caducidad en eventos en los cuales la acción de reparación directa se fundamenta en el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, el término de dos (2) años, se empieza a contabilizar “a partir del acaecimiento del hecho que causó el daño, que para estos casos generalmente se hace evidente o se concreta mediante la providencia judicial que determina la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la decisión o el procedimiento adelantado por la autoridad judicial(19) (se resalta).

Para establecer si la presente acción fue interpuesta dentro del término que consagraba el artículo 136-8 del Código Contencioso Administrativo, se debe partir de la precisión de que los daños se habrían ocasionado como consecuencia de las siguientes actuaciones de la Fiscalía General de la Nación: i) el error jurisdiccional que se habría configurado al vincular al señor Salvador Galvis Monroy a la investigación penal para, posteriormente, precluirla a su favor y ii) el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que habría incurrido por el deterioro y posterior incineración de los medicamentos que fueron incautados en el allanamiento ordenado en la investigación penal.

Claro el anterior punto, se tiene que mediante providencia del 16 de mayo de 2003 la Fiscalía Veinte Delegada ante los Juzgados Penales Municipales - Unidad de Patrimonio Económico decidió lo siguiente:

“PRIMERO. Precluir la investigación a favor del señor Salvador Galvis, en los términos y alcances del artículo 399 del Código de Procedimiento Penal.

“SEGUNDO. En lo que se refiere a la entrega de elementos relacionados en el acta del 22 de febrero de 2002, será preciso señalar que dicha entrega procederá de manera definitiva y respecto de quien acreditó su legítima tenencia, señor Salvador Galvis”.

De acuerdo con lo transcrito se observa que la providencia que puso fin a la investigación penal resolvió tanto lo que tiene que ver con la investigación iniciada al ahora demandante, como lo concerniente a la entrega definitiva de los medicamentos incautados durante el allanamiento llevado a cabo el 4 de octubre de 2001, en la ciudad de Villavicencio.

Así las cosas, el término de caducidad debe empezar a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación a favor del ahora demandante y decidió sobre la entrega definitiva de las mercancías incautadas; como la providencia cobró ejecutoria el 23 de mayo de 2003(20), se concluye que la demanda fue presentada dentro de los dos años siguientes, esto es, el 8 de mayo de 2005(21).

2. El objeto del recurso de apelación.

Previo a abordar el análisis de fondo resulta necesario señalar que el recurso de apelación interpuesto por la parte actora está encaminado a que se revoque la sentencia impugnada en relación con las pretensiones de Funacer IPS; el motivo de inconformidad, específicamente, hace relación a dos temas: i) no haber acreditado la existencia y la representación legal de la entidad demandada —tema que fue desarrollado en el acápite de legitimación en la causa por activa— y, ii) no haber acreditado la propiedad de los medicamentos incautados y su valor, reparos éstos que se encuentran asociados a los alegados daños de pérdida y deterioro de los medicamentos.

Estos son los motivos por los cuales se pidió la revocatoria y la condición para decidir de fondo respecto de los asuntos apelados, cuyas pretensiones fueron negadas.

Tal como se dejó indicado, la inconformidad de la parte demandante guarda relación con la responsabilidad de la administración en el deterioro y pérdida de los medicamentos y elementos de odontología incautados el 4 de octubre de 2001, así como la acreditación de la propiedad y el valor; pues ningún reparo formuló en relación con lo decidido por el Tribunal respecto de la consideración acerca de que la investigación penal constituía una carga que el actor debía soportar, como tampoco respecto de la negativa de esta pretensión.

Así entonces, únicamente se abordará el tema del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y se examinará si este ocurrió o no y en caso de haberse presentado si ocasionó el alegado daño que se habría derivado del mismo.

3. El caso concreto.

3.1. Hechos probados.

— El 4 de octubre de 2001, el Coordinador del Grupo de Homicidios de la Fiscalía General de la Nación le solicitó al fiscal de turno “ordenar diligencia de allanamiento y registro al inmueble ubicado en la manzana O, casa 7 del barrio Villa Lorena”.

Como sustento de su solicitud informó que “allí se encuentran almacenadas varias cajas que contienen medicamentos. Además las precitadas cajas, son evacuadas periódicamente en un vehículo tipo comando color rojo, al parecer de propiedad del precitado Salvador Galvis”(22).

— El 4 de octubre de 2001, la Fiscalía Octava Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Villavicencio profirió providencia en la que ordenó el “allanamiento y registro de la vivienda ubicada en la manzana O, casa 7 del barrio Villa Lorena”, en la misma dispuso que “si los resultados son positivos se procederá a la incautación de los medicamentos y/o elementos que no se demuestre su procedencia legal”(23).

— El mismo 4 de octubre, a las cinco de la tarde, el Juez Octavo Penal del Circuito de Villavicencio y su técnico judicial se trasladaron a la vivienda de la manzano O, casa 7, del barrio Villa Lorena, realizaron el allanamiento y el registro autorizados.

En el acta que se elaboró con motivo de la diligencia se dejó consignado que “se ordena la incautación de los medicamentos y material odontológico de tipo portátil, por cuanto fueron adquiridos con dineros del Estado y ante la no exhibición de la documentación de compra”; como parte del acta se elaboró una relación de los elementos incautados(24).

— El Fiscal Octavo Delegado ante los Jueces Penales del Circuito, mediante providencia del 5 de octubre de 2001, dispuso dejar a disposición de la Fiscalía Cuarta de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública “los medicamentos, elementos y documentos que fueron incautados en la diligencia de allanamiento realizada la noche anterior en el inmueble de la manzana O, casa 7 del barrio Villa Lorena”(25).

— En cumplimiento de lo dispuesto, el 5 de octubre de 2001, el Fiscal Octavo Delegado ante los Jueces Penales del Circuito, mediante oficio 1403, puso a disposición del Fiscal Cuarto Seccional de Villavicencio las diligencias de allanamiento y los elementos incautados(26).

— El 5 de octubre de 2001, el Fiscal Octavo Delegado ante los Jueces Penales del Circuito, mediante oficio 1402, remitió al administrador de bienes de la Fiscalía General de la Nación “copia del acta de allanamiento” realizada por esa Fiscalía la noche anterior para que “se le dé la custodia debida a los medicamentos y elementos que fueron incautados”(27).

— El 17 de octubre de 2001(28), la Fiscalía Cuarta de Delitos contra la Administración de Justicia remitió las diligencias a la oficina de asignaciones, porque las mismas no se encontraban relacionadas con los hechos investigados al interior de la EPS. Nuevo Amanecer. Realizado el reparto le correspondió su conocimiento a la Fiscalía 20 Delegada ante los Jueces Penales Municipales.

— El 23 de diciembre de 2001, Salvador Galvis Monroy solicitó a la fiscalía directora del proceso la entrega de los bienes incautados “previa evaluación del estado de la calidad de los medicamentos por autoridad competente y de las vacunas”(29).

— La anterior solicitud fue negada al día siguiente —24 de diciembre de 2001—, bajo el argumento de que “el señor Fiscal de conocimiento de las diligencias por auto del 21 de diciembre del año en curso dispuso establecer quiénes son los socios y empleados, así como el origen de los recursos y dineros invertidos en la compra de las drogas que fueron incautadas, por tal motivo esta Fiscalía se abstiene al menos por ahora de proceder o no a su entrega hasta tanto no se cumpla lo anterior”(30).

— Mediante providencia del 9 de enero de 2002, la Fiscalía Veinte Delegada ante los Jueces Penales ordenó la entrega provisional de los elementos incautados, “previo a un dictamen de un perito experto en medicamentos, el cual será requerido ante la Secretaría de Salud … y en compañía de un investigador del CTI, quienes se encargarán de determinar los elementos, medicamentos y herramientas que pueden ser utilizados y que se encuentran vigentes a fin de procede a su entrega, efectuando al acta respectiva con el correspondiente avalúo”(31).

— En cumplimiento de la orden dada en la providencia anterior, el 13 de febrero de 2002 fue entregado un dictamen contentivo de la “misión de trabajo 28”, documento en el que se dejó constancia de que el estudio consistía en la revisión de “los medicamentos y herramientas odontológicas a fin de determinar cuáles pueden ser utilizados y están vigentes, realizando el avalúo de los mismos”.

En ese estudio se dejó consignado que los elementos se “hallaron en el interior de la carrocería de un camión que se encontraba a la intemperie en el parqueadero ubicado en el barrio Siete de Agosto aledaño al almacén”.

En relación con las circunstancias en las que se hallaron los elementos incautados, se estipuló que los medicamentos se encontraron en mal estado, que el instrumental médico y odontológico, a pesar de estar usado, podía utilizarse, previas medidas de desinfección y esterilización, por lo que se describieron como en buen estado.

Al anterior informe se anexó un cuadro en el cual se describía el estado en que se encontraban los elementos y el valor de los mismos(32).

— Mediante providencia del 19 de febrero de 2002, la Fiscalía Veinte Delegada ante los Juzgados Penales advirtió que la misión de trabajo no había sido cumplida de conformidad con lo dispuesto el 9 de febrero del mismo año, por cuanto no se había realizado la entrega provisional de los elementos incautados.

En la misma providencia ordenó oficiar de manera inmediata al CTI para que procediera a realizar la entrega de los “elementos que fueron relacionados como en buen estado”, que se levantara un acta de esta diligencia y otra en la que se consignaran “los elementos en mal estado”(33).

— El 24 de febrero de 2002 se realizó la diligencia de entrega provisional de elementos, a la cual asistieron el presidente, el vicepresidente y la secretaria de Funacer IPS, así como el representante de la Personería Delegada en lo Penal; en el acta de dejó constancia de la entrega de los elementos que aparecen relacionados como en buen estado en la “misión de trabajo 28” del 13 de febrero de ese mismo año y además se afirmó que estos “fueron revisados uno a uno por todos los intervinientes, aceptando el estado en que se encuentran”(34).

— En esa misma fecha, se procedió a realizar la diligencia de destrucción de los elementos médicos “determinados en mal estado de conservación” en la “misión de trabajo 28”; en el acta respectiva se dejó consignado que, en tanto el lugar donde se estaba desarrollando la diligencia no era idóneo para realizar la destrucción, se debía tramitar el respectivo permiso ante el Hospital Departamental ubicado en Villavicencio, para que se fijara fecha y hora con el fin de llevar a cabo la destrucción de los medicamentos. Lo anterior por cuanto era el único lugar apto para realizar la diligencia(35).

— La Fiscalía Veinte Delegada ante los Jueces Penales Municipales, en providencia del 28 de febrero de 2002, ordenó oficiar al hospital regional de Villavicencio con el propósito de pedirle su colaboración para la destrucción de los medicamentos en estado de descomposición y puso de presente que la diligencia se llevaría a cabo con el médico de criminalística del CTI y la personera delegada en lo penal(36).

— El 16 de mayo de 2003, la fiscalía Veinte Delegada ante los Juzgados Penales precluyó la investigación a favor del señor Salvador Galvis y para llegar a esa conclusión discurrió así (se transcribe en forma literal, incluso con errores):

“De la revisión integral de las piezas probatorias que conforman la investigación, encuentra viable esta Fiscalía, postular desde ya que no resulta posible edificar un señalamiento de responsabilidad penal en disfavor de los intereses procesales del señor Salvador Galvis, si se tiene en cuenta que los cargos edificados en su contra, puestos de presente en diligencia de indagatoria, no lograron su consolidación punitiva, en el entendido que la cuestión neurálgica del presente asunto se reduce a la transformación de una entidad prestadora de salud a otra, en cuyo trance existió un desfase de orden administrativo, respecto del cual no se advierte el dolo como elemento subjetivo del tipo, en últimas estructurador del delito en cuestión. Así lo hace ver el señor Salvador Galvis, cuando en diligencia de indagatoria refiere el proceso de transformación por el que atravesó la Asociación Nuevo Amanecer ARS y a la legitimidad con la que contó para vender los medicamentos con fecha próxima de vencimiento, dineros que usó en el pago de las prestaciones sociales debidas a la señora Yolised Moreno de Díaz, quien había instaurado una acción de tutela fallada a su favor.

“Ahora, para disponer la elaboración de un señalamiento de responsabilidad penal en cuanto al delito de Abuso de Confianza Calificada se refiere, resulta preciso establecer por lo menos en forma meridiana el monto de lo ilícitamente apropiado, cuestión que en el presente evento no tuvo lugar, más cuando las declaraciones rendidas por los señores Marco Antonio Mendoza Rodríguez y Clodomiro Camargo Ángel, convergen en afirmar que el señor Salvador Galvis, estaba autorizado para manejar y custodiar todos los bienes de propiedad de la Fundación y que esto obedeció a la necesidad de suspender temporalmente los servicios de salud suscritos entre la Asociación nuevo amanecer y la Fundación incorporada al régimen subsidiado de salud Esmasalud, la que también fue intervenida e ingresada a un proceso de liquidación por la Superintendencia de Salud.

“Es así, como no fue posible determinar que en cabeza del señor Salvador Galvis, hubiese existido apropiación de dineros correspondientes a las entidades prestadoras de salud, más cuando la génesis de la investigación arribó a las irregularidades respecto de las cuales se presumió un manejo irregular de parte de aquel y en lo que tiene que ver con la custodia que tenía de medicamentos de la Asociación Nuevo Amanecer, cuestión que fue disipada por pruebas de orden testimonial, que dieron cuenta de las facultades legales que revestían al señor Salvador Galvis, para proceder en la forma como lo hizo.

“En lo que tiene que ver con la deuda a cargo de la ARS Nuevo Amanecer con la IPS Fundación Nuevo Amanecer y a su vez con Esmasalud, de aproximadamente seiscientos millones de pesos, resulta preciso indicar que este conflicto fue asumido por la Procuraduría General de la Nación, quien ya agotó una diligencia de conciliación prejudicial. Cuestión indicativa que tales hechos guardan una connotación administrativa y no penal.

“Es así, como al no estar consolidados los cargos que hasta este momento operaron en contra del señor Salvador Galvis, y por los mismo surgir dudas insalvables que impiden elaborar un señalamiento de responsabilidad y teniendo en cuenta que el término de la instrucción se encuentra ampliamente vencido, no es más que dar aplicación al artículo 399 del Código de Procedimiento Penal y en consecuencia, precluir la investigación a su favor.

“Otras Determinaciones

“En lo que se refiere a la entrega de elementos relacionados en el acta del 22 de febrero de 2002, será preciso señalar que dicha entrega procederá de manera definitiva y respecto de quien acreditó su legítima tenencia, señor Salvador Galvis.

“Oficiar a la oficina de Bienes de la Fiscalía para comunicarles la presente decisión y por lo tanto proceder a la destrucción integra del material médico que aún se encuentre bajo su custodia por cuenta de la presente investigación”.

3.2 La imputación.

3.2.1. De acuerdo con el artículo 90 de la Constitución Política, “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Al respecto, esta Corporación ha precisado que, aunque el ordenamiento jurídico no prevé una definición de daño antijurídico, este hace referencia a “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho(37)”.

Ahora bien, sobre el decomiso de bienes en el trámite de un proceso penal, la jurisprudencia ha sostenido que aquel constituye un daño antijurídico cuando en el proceso penal se determina que el bien decomisado “no se encontraba vinculad[o] a un hecho ilícito”(38), situación que permite concluir que la autoridad judicial que dispuso el decomiso “privó injustificadamente al demandante de los ingresos provenientes de la explotación económica de un bien de su propiedad”(39).

Para los demandantes(40), el daño a que se contrae el recurso de apelación consiste en la pérdida de unos medicamentos incautados en la diligencia de allanamiento llevada a cabo el 4 de octubre de 2001, ocasionada por la indebida conservación de los mismos.

3.2.2. Conclusión probatoria.

Se encuentra demostrado que 4 de octubre de 2001, en razón de un allanamiento realizado al inmueble ubicado en la manzana O, casa 7, del barrio Villa Lorena de la ciudad de Villavicencio, se incautaron algunos medicamentos y elementos de odontología, los cuales fueron remitidos al administrador de bienes de la Fiscalía General de la Nación, para su custodia.

En cuanto a la imputación del daño, con base en la disposición constitucional indicada y la jurisprudencia transcrita, la Sala encuentra que la Fiscalía General de la Nación es responsable del daño antijurídico sufrido por Funacer IPS, por lo que como depositaria de los bienes incautados tenía la obligación de mantenerlos en buen estado(41).

En el proceso penal quedó demostrado que estos elementos eran de propiedad de la sociedad ahora demandante y que no tenían ninguna relación con el ilícito investigado, pues se logró establecer que no habían sido adquiridos con dineros públicos y que no eran de propiedad de entidades prestadoras de salud.

Además, los medicamentos incautados fueron remitidos a la oficina de administración de bienes de la entidad demandada para que se les diera “la custodia debida” y a pesar de lo anterior, el encargado los dejó en “el interior de la carrocería de un camión que se encontraba a la intemperie”, en un parqueadero de propiedad de la entidad demandada.

En relación con el almacenamiento de medicamentos, la Organización Mundial de la Salud(42) —OMS— en el año 2003 publicó un documento titulado “Directrices para el almacenamiento de los medicamentos esenciales y otros insumos de salud”, en cuyo texto se formulan recomendaciones sobre el manejo de insumos médicos.

En primer lugar, deja claro que se deben conservan en depósitos pues “mantener condiciones adecuadas de almacenamiento para los insumos de salud es esencial para asegurar su calidad. Las fechas de caducidad del producto se determinan en (sic) base a condiciones ideales de almacenamiento para proteger la calidad del producto hasta su fecha de caducidad”, también se resalta que es importante tener en cuenta “las instrucciones del fabricante o del agente que despacha cuando apile los productos y siga las indicaciones consignadas en las etiquetas en cuanto a las condiciones de almacenamiento”.

Destaca que una vez que se reciban los insumos se recomienda:

“…separe inmediatamente los productos dañados o vencidos de las existencias utilizables,… cuando las etiquetas del producto indiquen ‘protéjase contra la humedad’, almacene el producto en un lugar cuya humedad relativa no sea superior al 60%. Para reducir los efectos de la humedad tenga en cuenta lo siguiente: Ventilación: Abra las ventanas o los respiraderos del depósito para permitir la circulación de aire. Asegúrese de que todas las ventanas tengan mallas metálicas para evitar el ingreso de pájaros e insectos y que tengan rejas o no estén abiertas de par en par a fin de evitar que alguien pueda ingresar por ellas... Luz solar Algunos insumos de salud son fotosensibles y se dañan si se exponen a la luz. Entre ellos cabe mencionar diversas vitaminas, furosemida, maleato de clorfeniramina, hidrocortisona, los productos de látex (como los condones masculinos) y las películas de rayos X. 3 68. Para proteger los productos de la luz solar: Proteja las ventanas de la luz solar o use cortinas si reciben luz solar directa. Mantenga los productos en las cajas. No almacene o embale los productos exponiéndolos a la luz solar. Calor Recuerde que el calor afecta a muchos productos. Derrite los ungüentos y las cremas e inutiliza otros productos. Si cumple con las normas enumeradas para proteger los productos de la humedad y la luz solar, también logrará proteger los productos del calor”.

Resulta necesario hacer notar que el señor Salvador Galvis, quien fungía como representante legal de Funacer IPS, el 23 de diciembre de 2001 solicitó la devolución de los elementos incautados, previa valoración del estado de los mismos, dado que algunos de ellos requerían unas condiciones especiales de conservación(43).

La prueba del mal manejo que la entidad le dio a los elementos incautados se encuentra consignada en el documento denominado “misión de trabajo 28”, elaborado por un experto adscrito a la Fiscalía General de la Nación; en este se dejó consignado que los medicamentos estaban “en el interior de la carrocería de un camión que se encontraba a la intemperie”, motivo por el cual pasó a explicar que “las condiciones ambientales de humedad y calor no garantizan la calidad y estabilidad del medicamento”, también que “muchos medicamentos son afectados por altas temperaturas, humedad y la luz solar” y que su consumo puede “constituir un riesgo para la salud”.

Lo hasta aquí relatado lleva a la convicción de que el manejo que se le dio a los medicamentos incautados en la diligencia de allanamiento realizada el 4 de octubre de 2001 no fue el adecuado, motivo por el cual muchos de estos elementos fueron catalogados como en mal estado, no pudieron ser devueltos a su dueño y debieron ser destruidos, lo que le causó un detrimento patrimonial, dado que de acuerdo con lo expresado por ellos mismos, en la diligencia de incautación algunos de estos iban a ser devueltos a los laboratorios como parte de pago de sus deudas.

De esta manera, la Sala concluye que Funacer IPS sufrió un daño antijurídico imputable a la Fiscalía General de la Nación.

Por lo antes expuesto, las actuaciones de la Fiscalía en lo relativo a la pérdida de los medicamentos incautados se enmarca en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, de acuerdo con la evolución jurisprudencial que sobre el tema ha desarrollado la Sección Tercera del Consejo de Estado, que aún después de entrar en vigencia el artículo 90 constitucional mantuvo la diferencia entre la actividad propiamente judicial, reservada a las providencias judiciales por medio de las cuales se declarara o hiciera efectivo el derecho subjetivo, y la responsabilidad por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, que se siguió predicando de las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias judiciales, sin que hicieran parte de ella las de interpretar y aplicar el derecho(44).

Se tiene entonces que se ha declarado la responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia en eventos como las dilaciones injustificadas(45), o pérdida o deterioro de bienes decomisados, que no fueron entregados por el depositario, o que no eran de propiedad del demandado(46).

Así las cosas, dado que la entidad demandada, como depositaria de los bienes incautados, no cumplió con la carga de prestarle un debido mantenimiento por el término que duró la investigación penal, se debe concluir que se está frente a un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, que le hace imputable el daño a la Fiscalía General de la Nación.

4. Indemnización de perjuicios.

4.1. La indemnización por perjuicios materiales.

4.1.1. Daño emergente.

Solicitó la parte demandante el reconocimiento de $75’453.895 y $10’461.126, correspondientes al costo de los medicamentos y materiales de odontología, respectivamente, incautados en el allanamiento realizado el 4 de octubre de 2001.

Revisada la prueba que reposa en el expediente, se encuentra que el acta en la que se consignó la diligencia de allanamiento e incautación fue complementada con un listado en el que se refirió cada uno de los medicamentos y elementos de odontología; en esa oportunidad se relacionó la cantidad, la fecha de vencimiento del medicamento y, frente a algunos de ellos se dejó consignada una condición especial de los mismos, así(47) (se transcribe tal como se encuentra en el documento original, incluso con errores):

CantidadVenceDescripción
64Están dañadas por falta de refrigeraciónVacuna antihepatitis B
Hebenbiovac Hab 1 mil.
27Están dañadas por falta de refrigeraciónVacuna Absorbida - Antidiflórica, antitetánica y contra la tosferina. 5 ml la dosis
7 ampollasEstán dañadas por falta de refrigeraciónDiluent ilegible 0.5 ml
122Están dañadas por falta de refrigeraciónMarupar 0.5 ml
1Están dañadas por falta de refrigeraciónEngerix 1 dosis

Al momento de hacer la devolución de los medicamentos y elementos de odontología incautados y de conformidad con lo consignado en el acta de entrega, la entidad procedió de acuerdo con lo recomendado en la “misión de trabajo 28”, esto es, entregó lo que se encontraba en buen estado y lo demás fue destruido.

Para identificar los medicamentos que no pudieron ser devueltos y debieron ser destruidos en razón al mal estado de conservación, se tomará el anexo presentado con la “misión de trabajo 28”; se hará una relación de aquellos que catalogó como “malos”, sin incluir los que fueron reseñados como dañados al momento de la incautación, que fueron relacionados en el cuadro anterior.

El precio de los medicamentos se tomará de conformidad con el asignado en la “misión de trabajo 28”(48) que fue elaborada por la entidad demandada y aceptada por la parte demandante; suma que será actualizada desde la fecha en que se debió hacer su entrega — mayo de 2003(49) — hasta la fecha de esta sentencia (se transcribe fiel al original, incluso con errores).

CantidadDescripcion de elementosEstadoVr. UnidadVr. Total
77Servamox (Amoxicilina) 500 mg, 24 capsulas, cajamalo17.3131’333.101
1Hematest, 100 tab X cajamalo250.000250.000
150Sulthrin 100 mg, suspensión, Frasco plásticomalo2.816422.400
27Norfloxacino 400 mg, 20 tab x cajamalo5.641152.307
51Falcidar 500/25 mg, 3 tab x caja (Roche)malo8.333424.983
66Pirel 250 mg, 3 tab x caja (anglopharma)malo73448.444
7Clinitest tab (Bayer) malo54.500381.500
4Agua estéril para inyección 5 ml x bolsamalo50200
99Sulfato Ferroso 2.5%, solución 230 ml x frascomalo3.375334.125
12Penicilinas sensidiscos (muestras), 1 tab x fcomalo 0
1Combur-Test, 100 unidades x tarromalo19.80019.800
146Nefrixine 400 mg, tab recubierta x cajamalo7.7821’136.172
160Gastralgina, susp 360 ml x fcomalo3.860617.600
3Isodine espuma x galonmalo61.246183.738
1Liotón 1000 gcl, tubo dc 10 gramos x cajamalo18.05018.050
3Rilatén 10 mg, 15 grs x cajamalo21.80065.400
2Enaprex 20 y 80 mg, 50 tab x cajamalo3.3956.790
1Espasmoden 40 mg, 50 tab x cajamalo200200
62Fixamicín (gotas óticas), 15 ml x fcomalo3.733231.446
15Copper - T malo12.500187.500
1Agar 500 grs, fcomalo202.000202.000
3Bonfar (jabón), galón malo24.00072.000
720Ferroproff 120 ml x fcomalo2.9572’129.040
2Tubo microhemáticomalo3.9007.800
1Set transfer 1.5 pulgadasmalo 0
40Bronter (salbutamol) 170 ml x fcomalo1.69567.800
31Hidróxido de aluminio, suspensión 360 ml x fcomalo28.16087.290
36Ampicilina 250 mg/5ml, 60 ml x fcomalo2.921105.156
18Eurax 10%, 60 ml x fcomalo7.918142.524
113Pamonex, suspensión 15 ml x fcomalo1.404158.652
2Acetaminofén, suspensión 30 ml x fcomalo1.5053.010
1Decadrón, vial - fco malo9.5859.585
6Rhinofrenol 0.025%, 125 x fcomalo3.44020.640
63.5 Paramol (acetaminofen) 50 mg, 100 tab x cajamalo4.509286.321
1Hidróxido de potacio 100 ml x fcomalo13.50013.500
3Cavitín 30 ml x fcomalo3.0009.000
2Desensil 15 ml x fcomalo3.5007.000
2Hidróxido de calcio polvo x fcomalo3.5007.000
1Yodopovidona 120 ml x fcomalo3.5003.500
3Anestesia carpulas, 50 unidades x tarro Malo20.00060.000
28Flúor 480 cc x fcoMalo13.000364.000
4Hipoclorito de sodio 120 ml x fcoMalo3.00012.000
1Gelalant esponjas x fcoMalo6.0006.000
2Microcide x galón Malo28.00056.000
2.5Neobac (jabón) x galónMalo28.00070.000
3Neoglut 2% x galónMalo28.00084.000
5Garox 30, galónMalo28.000110.000
  TOTAL 9’907.574

Ra=Renta actualizada a establecer.
Rh=Renta actualizada $9’907.574
Ipc (f)=Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 137,80 que es el correspondiente a julio de 2017.
Ipc (i)=Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 75,01 que es el que correspondió al mes de mayo de 2003 (fecha de la providencia que puso fin al proceso penal y declaró la entrega definitiva de los medicamentos).

FORMULAS-2005-00274-A
 

Índice Final(50) Índice Inicial(51)

FORMULAS-2005-00274-Botro
 

Vp = $18’201.089

La Sala considera necesario señalar que los elementos de odontología, que también fueron incautados en la diligencia de allanamiento llevada a cabo el 4 de octubre de 2001 en la ciudad de Villavicencio, de acuerdo con la “orden de trabajo 28” fueron catalogados como en “buen estado”(52) y luego en el acta de entrega de los elementos incautados se dejó constancia que “los elementos entregados fueron revisados uno a uno por todos los intervinientes, aceptando, el estado en que se encuentran”.

Lo anterior lleva a la conclusión de que los elementos de odontología incautados fueron devueltos y la parte demandante no dejó constancia en relación con algún motivo de inconformidad debido al estado en que los recibió, por lo que no se hará reconocimiento alguno por estos.

4.1.2. Lucro cesante.

En lo que corresponde a este ítem, la parte demandante solicitó el reconocimiento de $240’000.000, correspondientes a los dineros dejados de percibir por Funacer IPS, con ocasión del cierre a que se vio abocada, debido al proceso penal que fue iniciado como consecuencia del allanamiento realizado el 4 de octubre de 2001. Adicionalmente, afirmó que los contratos de prestación de servicios no fueron renovados, por la misma circunstancia.

Debe decirse que las declaraciones rendidas por los señores Ana Emma Muñoz de Roldan(53) y Marco Antonio Mendoza Rodríguez(54) se analizarán en los términos del artículo 217 del Código de Procedimiento Civil(55), como quiera que lo dicho por ellos, al tener la calidad de socios fundadores de la IPS demandante, puede estar encaminado a favorecer sus propios intereses en relación con la posible condena que pueda ser impuesta a su favor(56).

En relación con lo expuesto en sus declaraciones, la Sala encuentra que son contestes en referir que debido al proceso penal y la incautación de las medicinas y elementos de odontología, la IPS demandante perdió la oportunidad de suscribir nuevos contratos de prestación de servicios de salud.

En este punto del análisis es pertinente hacer referencia a lo consignado en el acta de allanamiento e incautación de elementos, en la que se manifestó que Funacer IPS, para el momento en que se realizó la diligencia no se encontraba en funcionamiento, dado que su contratista, la ARS Nuevo Amanecer, había sido intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud.

Además de lo anterior, la única prueba que reposa en el plenario, en relación con la actividad de contratación de la sociedad demandante es una certificación expedida por Solsalud, en la que hace constar que no ha suscrito “contrato de prestación de servicios o carta de intención alguna en ningún régimen con Funacer IPS”.

Insiste la Sala que en el plenario no obra prueba alguna que permita confirmar las afirmaciones hechas por los testigos y llevar a la convicción de que Funacer IPS no pudo celebrar contratos debido a la investigación penal que se le inició como consecuencia del allanamiento realizado el 4 de octubre de 2001.

Por lo expuesto, la Sala habrá de negar la solicitud de indemnización por lucro cesante.

5. Condena en costas.

Dado que, para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna de ellas actuó de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta el 30 de junio de 2010 y, en su lugar, se dispone:

1. DECLARAR administrativamente responsable a la Fiscalía General de la Nación por el deterioro y posterior incineración de medicamentos incautados en diligencia de allanamiento realizada el 4 de octubre de 2001 en la ciudad de Villavicencio.

2. CONDENAR a la Fiscalía General de la Nación a pagar a Funacer IPS la suma de dieciocho millones doscientos un mil ochenta y nueve pesos m/cte ($18’201.089,oo).

3. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

4. Sin condena en costas.

5. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

11. Consejo de Estado, Sala Plena. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Auto del 9 de septiembre de 2008. Expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00.

12. Por el cual se reglamenta el régimen de las instituciones del subsector Privado del Sector Salud.

13. Consultada en línea en: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Concepto%20Juridico%20201511201352061%20de%202015.pdf, hora 7:10 A.M. el 1 de septiembre de 2017.

14. Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. 6 de agosto de 2009. Expediente: 36.834 (Auto). Reiterado en Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. Radicación: 250002326000199902635-01 (27588). 26 de febrero de 2014.

15. “ART. 136. Caducidad de las acciones.
(…) 8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. (…)”.

16. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.C.P.: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero. Radicación número: 08001-23-31-000-2009-00193-01(38833) del 26 de noviembre de 2015, entre muchas otras decisiones de la Sala.

17. Original de la cita: “Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 23 de junio de 2010, expediente 17493, M.P. (E) Mauricio Fajardo Gómez; Subsecciones A y C, Auto del 9 de mayo de 2011, expediente 40.196, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Sentencia del 27 de enero de 2012, Exp. 22.205, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; Autos del 1º de febrero de 2012, expediente 41.660, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz; 21 de noviembre de 2012, expediente 45.094, y del 14 de agosto de 2013, expediente 46.124, M.P. Mauricio Fajardo Gómez”.

18. Original de la cita: “Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 29 de agosto de 2012, expediente 24.584, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo”.

19. Providencias de julio 19 de 2007, expediente 33.763 y de 12 de diciembre de 2007, expediente 33.583, ambas reiteradas por esta Subsección, en proveído de 21 de noviembre de 2012, expediente 45.094; M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez, entre muchas otras decisiones de la Sala.

20. Folio 158 vto. del cuaderno 2.

21. Folio 17vto. del cuaderno 1.

22. Folios 3 y 4 del cuaderno 2.

23. Folios 5 y 6 del cuaderno 2.

24. Folios 7 a 19 del cuaderno 2.

25. Folio 21 del cuaderno 2.

26. Folio 20 del cuaderno 2.

27. Folio 22 del cuaderno 2.

28. Folio 23 del cuaderno 2.

29. Folio 50 del cuaderno 2.

30. Folio 51 del cuaderno 2.

31. Folios 82 y 83 del cuaderno 2.

32. Folios 106 a 111 del cuaderno 2.

33. Folio113 del cuaderno 2

34. Folio 120 del cuaderno 2.

35. Folio 121 del cuaderno 2.

36. Folio 122 del cuaderno 2.

37. Sentencia de 2 de marzo de 2000, expediente 11945, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

38. Sentencia de 12 de octubre de 2011, expediente 21403, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

39. Ibídem.

40. Considera la Sala que en el presente proceso no se encuentra en discusión la propiedad de los medicamentos y elementos de odontología incautados, pues el tema fue resuelto debidamente en la investigación penal.

41. En relación con el tema el artículo 2253 del Código Civil dispone: “Restitución de la Cosa. El depositario es obligado a la restitución de la misma cosa o cosas individuales que se han confiado en depósito, aunque consistan en dinero o cosas fungibles, salvo el caso del artículo 2206.
La cosa depositada debe restituir con todas sus accesiones y frutos”.

42. Colombia hace parte de la ONS desde el 14 de mayo de 1959. Consultado en línea: http://www.cancilleria.gov.co/international/multilateral/united-nations/who, 1 de septiembre de 2017, 7:47 A.M.

43. Folio 50 del cuaderno 2.

44. En relación con el tema en Sentencia del 22 de noviembre de 2001 expediente 13.164, se dijo: “Dentro de ese concepto están comprendidas todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no sólo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales…”

45. En Sentencia de 25 de noviembre de 2004, expediente 13.539, se declaró la responsabilidad del Estado por dilación injustificada del proceso. Dijo la Sala: “…en el caso concreto, la duración del proceso penal por más de cinco años, sin que hubiera quedado ejecutoriada la resolución de acusación, constituyó una dilación injustificada, que da lugar a la reparación de los perjuicios sufridos por el demandante, porque, además de esa falla de la administración de justicia, están acreditados en el expediente la probabilidad de que la decisión hubiera sido adversa al sindicado … y consecuencialmente, favorable a la parte civil y que la reparación del perjuicio hubiera sido posible, en consideración a la capacidad económica del responsable de los daños, si se tiene en cuenta que para tal fin le fue embargado y decomisado un vehículo de su propiedad”.

46. Sentencia de 3 de junio de 1993, expediente 7859, dijo la Sala: “La abundante prueba aportada al proceso permite concluir que este es un caso más, de otros similares de que ha conocido la Sala, en que se condena a la administración, no con apoyo en la filosofía jurídica que informe el llamado ‘Error Judicial’, sino por un ‘Mal Servicio Administrativo de la Justicia’, pues no otra cosa cabe predicar de la conducta del Juez Primero Superior, que en providencia calendada el día 15 de noviembre de 1985 ordena el depósito bajo comiso del vehículo objeto del presente conflicto de intereses, nombra depositario del mismo al Señor xxx, pero no lleva a cabo la diligencia correspondiente, limitándose a remitirlo al cuerpo de Bomberos, donde queda abandonado, al sol y al agua, realidad que determinó el deterioro con el cual fue entregado posteriormente a su dueño. Esa conducta negligente de la juez lesionó un bien del demandante, causando un daño antijurídico, por omisión de la autoridad, que el actor no tiene por qué soportar. Así las cosas la administración debe indemnizar los perjuicios causados con apoyo en el artículo 90 de la Constitución Nacional. La misma posición jurisprudencial se adoptó en relación con la demanda de reparación formulada con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios sufridos con el embargo de un vehículo, que no era propiedad del demandado, decretado por un juez dentro de un proceso ejecutivo, que permaneció varios años secuestrado, a pesar de que era fácil verificar la propiedad o posesión del bien”. Sentencia del 4 de diciembre de 2002, expediente 12.791.

47. Folios 11 a 19 del cuaderno 2.

48. Folios 108 a 110 del cuaderno 2.

49. Fecha de la providencia que puso fin al proceso penal y declaró la entrega definitiva de los medicamentos incautados.

50. Julio de 2017.

51. Mayo de 2003.

52. Folio 107 del cuaderno 2.

53. Folios 92 y 93 del cuaderno 1.

54. Folios 85 a 87 del cuaderno 1.

55. La mencionada disposición establece lo siguiente: “ART. 217.—Testigos sospechosos. Son sospechosos para declarar las personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras causas”.

56. Al respecto, puede consultarse: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencias de 11 de abril de 2012, Expediente 22.667, de 9 de mayo de 2012, Expediente 24.137 y de 23 de noviembre de 2016, Expediente 38.309.