Sentencia 2005-00294/39696 de octubre 24 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 25000-23-26-000-2005-00294-01(39696)

Actor: Marina Montoya de Rodríguez

Demandado: Nación - Ministerio de Educación y otro

Ref.: Acción de reparación directa

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico (e)

Bogotá, D.C., veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete.

«EXTRACTOS: II. Consideraciones

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, para cuyo efecto se abordarán los siguientes temas: 1. Competencia de la Sala; 2. Legitimación en la causa por activa; 3. Lo probado en el proceso; 4. Caducidad de la acción impetrada; 5. Responsabilidad del Estado por daños a inmuebles causados por trabajos públicos; 6. Caso concreto; 7. Decisión sobre costas.

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 24 de junio de 2010 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, dado que la demanda se presentó el 16 de diciembre de 2004 y la suma de las pretensiones arroja un monto superior al exigido —500 smlmv—, para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta Corporación para aquella época(14).

2. Legitimación en la causa por activa.

Con ocasión del daño que originó la presente acción, esto es, los perjuicios sufridos por la demandante como consecuencia de la ejecución de una obra en un predio colindante con su casa de habitación, concurrió al proceso la señora Marina Montoya de Rodríguez, como titular del derecho de dominio del predio urbano identificado con la matrícula inmobiliaria 901912, según consta en la copia del folio de matrícula inmobiliaria de dicho predio allegada al proceso(15).

En cuanto a la legitimación por pasiva, se tiene que la demanda se presentó en contra de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, la cual es una institución oficial de educación superior, del orden nacional, creada mediante Ley 48 de 1945(16) y acudió al proceso a través de su apoderado judicial, en virtud del poder conferido por su representante legal(17), amén de que tiene interés en controvertir las pretensiones de la demanda en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, dado que es la persona jurídica sobre la cual repercutirían las eventuales consecuencias patrimoniales derivadas del supuesto hecho dañoso al que se refiere el libelo.

De otra parte, precisa la Sala que habida cuenta de que la decisión proferida por el Tribunal de primera instancia que declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del Ministerio de Educación Nacional no fue objeto de impugnación alguna por las partes, la Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento sobre el particular.

3. Caducidad de la acción.

En cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, advierte la Sala que la acción se ejerció dentro de los dos (2) años que establece el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que el daño por cuya indemnización reclama la demandante, esto es, la destrucción parcial de su inmueble se produjo a partir de mayo de 2004, razón por la cual, por haberse interpuesto la demanda el 16 de diciembre de esa misma anualidad, se impone concluir se formuló oportunamente.

4. Análisis de la Sala.

A partir de los hechos acreditados en el presente caso, la Sala analizará si la entidad pública demandada es responsable o no del daño que se le imputó en la demanda.

De conformidad con las pruebas allegadas al proceso, se tiene acreditado, básicamente, lo siguiente:

— Mediante escritura pública fechada 29 de enero de 1963, la señora Marina Montoya de Rodríguez adquirió el inmueble urbano residencial identificado con matrícula inmobiliaria 301912, ubicado en la diagonal 34 # 5-53 de la ciudad de Bogotá(18).

— Mediante Decreto 606 del 26 de julio de 2006 el Departamento Administrativo de Planeación Distrital de Bogotá declaró al referido inmueble como “predio de interés cultural”(19).

— A través de escrito calendado el 28 de septiembre de 2004, la señora Marina Montoya de Rodríguez informó al rector de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca que, como consecuencia de las reparaciones locativas que se venían realizando hacía más de dos semanas en la casa colindante a la suya, se había presentado la fisuración de los muros contiguos, de las vigas de amarre y de los techos, especialmente en el tercer piso de su casa de habitación, “sin que hasta la fecha personal alguno de esa entidad se haya presentado para acordar las condiciones de las reparaciones a efectuar”(20).

— El 5 de noviembre de 2004, la señora Montoya de Rodríguez interpuso una queja ante la alcaldía local de Santa Fe en contra de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en virtud de la cual se adelantó una visita por parte de los funcionarios comisionados el 23 de ese mismo mes y se constató la realización de las obras en el predio de esa institución universitaria(21).

— Mediante oficio suscrito el 19 de febrero de 2007, el personero delegado para medio ambiente y desarrollo urbano de la personería de Bogotá hizo constar que “para la alcaldía local es claro que las obras adelantadas por la universidad eran ilegales, toda vez que requerían de un anteproyecto aprobado por planeación distrital, previo concepto del comité técnico asesor de patrimonio, como requisito previo a la solicitud de licencia ante la Curaduría Urbana”(22) (se deja destacado).

— El 11 de diciembre de 2004, la dirección de prevención y atención de emergencias expidió un concepto sobre el estado del inmueble ubicado en la diagonal 34 # 5-53 de Bogotá, en el cual se concluyó lo siguiente (se transcribe literalmente incluso los posibles errores):

“El estado general de la estructura de la casa es aceptable pero el muro divisorio con el predio vecino por el estado occidental, el cual es de uso común para las dos estructuras y según la información suministrada por los residentes, ha venido presentado recientemente los asentamientos que se evidencian en el piso de la cocina. El muro se presenta fisurado en algunos lugares, pero debido a que se encuentra cubierto con papel tapiz no fue posible establecer su grado de fisuración. Los movimientos del muro han generado dilataciones en la escalera de acceso al segundo piso y dilataciones en los marcos de puertas interiores, así como también descuadres en las puertas de la casa. En el tercer piso de la edificación se presentan grietas y desprendimiento del pañete en algunos sectores. (…).

“De acuerdo con lo anterior, se puede establecer que la edificación no amenaza ruina, pero debido a que los asentamientos del muro occidental de la edificación son progresivos, estos pueden comprometer con el tiempo la estabilidad de la misma, por esto se recomienda la ejecución inmediata de las obras necesarias para detener los sentamientos del muro y se realicen las reparaciones correspondientes en los daños que presenta la estructura actualmente(23) (negrillas adicionales).

— El 13 de diciembre de 2004 se presentó un dictamen pericial denominado “evaluación estructural casa diagonal 34 # 5-53”, el cual fue solicitado por la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, con el fin de evaluar el efecto que han tenido los trabajos de acondicionamiento de la universidad en la referida casa de habitación. El cual arrojó las siguientes conclusiones (se transcribe literalmente incluso los posibles errores):

Las obras en la casa B (universidad) han producido algunos daños locales, particularmente en la cubierta del tercer piso de la casa A (Marina Montoya), que han afectado su funcionalidad. Es claro que el tercer piso no se puede habitar en las actuales circunstancias y que las filtraciones de agua pueden afectar algunas zonas del segundo piso, por lo cual se recomienda repararlo tan pronto como sea posible.

“La casa A (Marina Montoya) no amenaza ruina y su resistencia y estabilidad originales no se han visto comprometidas por las obras en la casa B (universidad). Sin embargo se debe aclarar que la edificación no es sismo resistente y que por lo tanto su capacidad para resistir sismos es baja y que puede resultar averiada aún bajo la acción de sismos de baja intensidad.

“Hay algunos daños, como el de la cubierta, que claramente fueron causados por las obras en la casa B, otros como algunas fisuras de muros pudieron haber sido causados por dichas obras, pero otros, como daños en papel de colgadura, desajustes de los marcos y vibraciones del entrepiso, muy probablemente no están relacionados con la casa B (universidad).

Aunque la casa (A) no amenaza ruina, sí ha sufrido daños, algunos causados por las obras en la casa B, que afectan su funcionalidad a nivel estético y a nivel de comodidad de los usuarios.

Como las dos casas comparten elementos comunes a nivel de cubierta y el muro divisorio sirve de apoyo a los entrepisos de ambas casas, las obras en una casa pueden afectar a la otra. Se recomienda antes de hacer reparaciones en la casa A, terminar la adecuación de la casa B, o proceder simultáneamente”(24) (negrillas adicionales).

— Finalmente, mediante oficio suscrito el 10 de marzo de 2006, el gerente de planeamiento urbano del departamento administrativo de planeación distrital y dirigido al Tribunal de primera instancia hizo constar lo siguiente (se transcribe literalmente incluso los eventuales errores):

“Si bien es cierto a la fecha no se ha vuelto a presentar propuesta alguna por parte del Colegio Mayor de Cundinamarca encaminada a la recuperación de los inmuebles de la diagonal 34 # 5-63 y 5-53, es conveniente expresar que aunque parecen haberse realizado algunos avances en la recuperación del inmueble, este despacho reconoce su preocupación por la lentitud del mismo. No obstante lo anterior y dado el estado interior del inmueble, comprobado mediante visita realizada al inmueble a principios de este año, se recomienda la mayor agilidad en el cumplimiento de los requerimientos realizados por el comité asesor de patrimonio, encaminados a la recuperación del inmueble”(25).

5. Acerca de la responsabilidad estatal por la ocupación o la afectación a bienes inmuebles por causa de trabajos públicos.

Tratándose de supuestos como el que mediante esta providencia se resuelve, marco en el cual se le atribuye al Estado el daño causado por la afectación de inmuebles por trabajos públicos, esta Sección del Consejo de Estado, de la que hace parte esta Sala, ha sostenido de forma reiterada que, sin perjuicio de la acreditación de eventuales fallas del servicio, el régimen de responsabilidad aplicable ha de ser el de carácter objetivo, y que hay lugar a su declaración, una vez se haya demostrado que una parte o la totalidad de un bien inmueble de propiedad del demandante, hubiere sido afectado de forma permanente por la administración o por particulares que actúan autorizados por ella(26).

Así pues, la imposición de la obligación resarcitoria a cargo del Estado en este tipo de casos se justifica por la ruptura del principio de igualdad frente a las cargas públicas en que la afectación se traduce, pues no existe para el particular afectado el deber jurídico de soportar, sin compensación alguna, el detrimento que a su patrimonio —material o inmaterial— se ocasiona a causa de la realización de unas obras o trabajos públicos que bien pueden reportar beneficio para la colectividad entera, pero lesionan desproporcionadamente los derechos de un coasociado.

La concreción y prevalencia del interés general —artículo 1º de la Constitución Política—, si bien respalda y orienta teleológicamente la actividad administrativa, no justifica el desproporcionado sacrificio de la esfera de derechos e intereses del individuo, cuya salvaguarda también constituye fin esencial del Estado al tenor de lo normado por el artículo 2º de la Carta Política.

Con base en los anteriores fundamentos jurídicos, la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación ha considerado que la declaratoria de la responsabilidad patrimonial del Estado por la afectación y/o por la ocupación permanente de inmuebles supone la concurrencia de dos elementos:

“i) el daño antijurídico, que consiste en la lesión al derecho subjetivo, real o personal, de que es titular el demandante. Están comprendidos, por tanto, no sólo los perjuicios derivados de la afectación del derecho de propiedad(27), sino también los perjuicios provenientes de la ocupación jurídica del inmueble, por la limitación al ejercicio de las facultades propias de los derechos reales y del menoscabo del derecho de posesión que se ejerce respecto del predio ocupado y;

“ii) la imputación jurídica del daño al ente demandado, que se configura con la prueba de que la afectación u ocupación permanente, total o parcial, del bien inmueble de propiedad del demandante, provino de la acción del Estado.

“El Estado podrá exonerarse de responsabilidad, si desvirtúa la relación causal mediante la prueba de una causa extraña tal como la fuerza mayor, el hecho exclusivo de tercero o el hecho exclusivo de la víctima”(28).

Para el caso sub examine encuentra la Sala que está demostrado el daño antijurídico por cuya indemnización se reclama, pues se probó la afectación que se produjo sobre el inmueble de propiedad de la demandante Marina Montoya de Rodríguez, identificado con la matrícula inmobiliaria 901912 y ubicado en la diagonal 34 # 5-63 de Bogotá D.C., con ocasión y/o como consecuencia de la remodelación o readecuación del predio contiguo, de propiedad de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (diagonal 34 # 5-63), pues así se acreditó en el plenario, principalmente, con el dictamen pericial practicado dentro del proceso, a solicitud de la propia universidad, el cual da cuenta de la existencia, de la ejecución de la referida obra pública y de la consiguiente afectación al predio de la ahora demandante.

Ciertamente, en dicha prueba pericial se concluyó que “las obras en la casa B (universidad) han producido algunos daños locales, particularmente en la cubierta del tercer piso de la casa A (Marina Montoya), que han afectado su funcionalidad. Es claro que el tercer piso no se puede habitar en las actuales circunstancias y que las filtraciones de agua pueden afectar algunas zonas del segundo piso”.

Ahora bien, respecto de la configuración de una falla del servicio en el presente caso, advierte la Sala que el personero delegado para medio ambiente y desarrollo urbano de la Personería de Bogotá hizo constar que “las obras adelantadas por la universidad eran ilegales, toda vez que requerían de un anteproyecto aprobado por Planeación Distrital, previo concepto del comité técnico asesor de patrimonio, como requisito previo a la solicitud de licencia ante la Curaduría Urbana”.

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 388 de 1997(29) —vigente para la época de los hechos—, el cual reguló lo concerniente con las licencias urbanísticas, bajo el siguiente tenor literal:

“1. Para adelantar obras de construcción, ampliación, modificación y demolición de edificaciones, de urbanización y parcelación en terrenos urbanos, de expansión urbana y rurales, se requiere licencia expedida por los municipios, los distritos especiales, el Distrito Capital, el departamento especial de San Andrés y Providencia o los curadores urbanos, según sea del caso. (…).

“2. Dichas licencias se otorgarán con sujeción al plan de ordenamiento territorial, planes parciales y a las normas urbanísticas que los desarrollan y complementan y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 y en su reglamento, no se requerirá licencia o plan de manejo ambiental, cuando el plan haya sido expedido de conformidad con lo dispuesto en esta ley.

“3. Las entidades competentes y los curadores urbanos, según sea del caso, tendrán un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles para pronunciarse sobre las solicitudes de licencia (…).

“4. La invocación del silencio administrativo positivo se someterá al procedimiento previsto en el Código Contencioso Administrativo.

“5. El urbanizador, el constructor, los arquitectos que firman los planos urbanísticos y arquitectónicos y los ingenieros que suscriban los planos técnicos y memorias son responsables de cualquier contravención y violación a las normas urbanísticas, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que se deriven para los funcionarios y curadores urbanos que expidan las licencias sin concordancia o en contravención o violación de las normas correspondientes.

“6. Al acto administrativo que otorga la respectiva licencia le son aplicables en su totalidad las disposiciones sobre revocatoria directa establecidas en el Código Contencioso Administrativo.

“7. El reglamento establecerá los documentos que deben acompañar las solicitudes de licencia y la vigencia de las licencias teniendo en cuenta el tipo de actuación y la clasificación del suelo donde se ubique el inmueble”.

Asimismo, los artículos 103 y 104 de la misma legislación, respecto de las sanciones por no contar con la respectiva licencia, establecían lo siguiente:

“ART. 103.—Toda actuación de construcción, ampliación, modificación, adecuación y demolición de edificaciones, de urbanización y parcelación, que contravenga los planes de ordenamiento territorial y las normas urbanísticas que los desarrollan y complementan incluyendo los planes parciales, dará lugar a la imposición de sanciones urbanísticas a los responsables, incluyendo la demolición de las obras, según sea el caso, sin perjuicio de la eventual responsabilidad civil y penal de los infractores. Para efectos de la aplicación de las sanciones estas infracciones se considerarán graves o leves, según se afecte el interés tutelado por dichas normas.

“(…).

“Los municipios y distritos establecerán qué tipo de amoblamiento sobre el espacio público requiere de la licencia a que se refiere este artículo, así como los procedimientos y condiciones para su expedición.

En los casos de actuaciones urbanísticas, respecto de las cuales no se acredite la existencia de la licencia correspondiente o que no se ajuste a ella, el alcalde o su delegado, de oficio o a petición de parte, dispondrá la medida policiva de suspensión inmediata de todas las obras respectivas, hasta cuando se acredite plenamente que han cesado las causas que hubieren dado lugar a la medida.

En el caso del Distrito Capital, la competencia para adelantar la suspensión de obras a que se refiere este artículo, corresponde a los alcaldes locales, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Distrito Capital”.

“(…).

“ART. 104.—Sanciones urbanísticas. (…).

En la misma sanción incurrirán quienes demuelan inmuebles declarados de conservación arquitectónica o realicen intervenciones sobre los mismos sin la licencia respectiva, o incumplan las obligaciones de adecuada conservación, sin perjuicio de la obligación de reconstrucción que más adelante se señala, así como quienes usen o destinen inmuebles en contravención a las normas sobre usos del suelo” (negrillas y subrayas adicionales).

En ese mismo sentido, el Decreto 1052(30) —vigente para la época de los hechos— que desarrolló y reglamentó la anterior ley, dispuso:

“ART. 4º—Licencia de construcción y sus modalidades. Se entiende por licencia de construcción la autorización para desarrollar un predio con construcciones, cualquiera que ellas sean, acordes con el plan de ordenamiento territorial y las normas urbanísticas del municipio o distrito. Son modalidades de la licencia de construcción las autorizaciones para ampliar, adecuar, modificar, cerrar y demoler construcciones.

“ART. 5º—Obligatoriedad.Para adelantar obras de construcción, ampliación, modificación y demolición de edificaciones, de urbanización y parcelación en terrenos urbanos de expansión urbana y rurales, se requiere la licencia correspondiente expedida por la persona o autoridad competente antes de la iniciación.

“ART. 9º—Solicitud de licencias. El estudio, trámite y expedición de licencias, se hará sólo a solicitud de quienes puedan ser titulares de las mismas.

La expedición de la licencia conlleva por parte de la autoridad competente para su expedición la realización de las siguientes actuaciones, entre otras: el suministro de información sobre las normas urbanísticas aplicables a los predios objeto del proyecto, la rendición de los conceptos que sobre las normas urbanísticas aplicables se soliciten, el visto bueno a los planos necesarios para la construcción y los reglamentos de propiedad horizontal, la citación y notificación a vecinos y la gestión ante la entidad competente para la asignación, rectificación y certificación de la nomenclatura de los predios y construcciones con sujeción a la información catastral correspondiente.

“ART. 10.—Documentos que debe acompañar la solicitud de licencia. Toda solicitud de licencia debe acompañarse de los siguientes documentos:

“(…).

“PAR. 1º—Cuando el objeto de la licencia sea una autorización de remodelación o restauración de fachadas o de demolición de un bien inmueble considerado patrimonio arquitectónico, el solicitante deberá acompañar, además de los documentos señalados en los numerales 1º a 6º del presente artículo, concepto favorable de la remodelación, restauración o demolición y el destino de uso expedidos por la entidad encargada de velar por el cumplimiento de las normas sobre patrimonio existentes en el municipio o distrito. Dicha entidad deberá conceptuar acerca de la licencia a más tardar dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de la solicitud.

“ART. 15.—Revisión de los diseños. El curador o las entidades municipales encargadas de estudiar, tramitar y expedir licencias, dentro del trámite correspondiente deberán constatar que la construcción propuesta cumpla los requisitos impuestos por las normas de construcción sismo resistentes, mediante la revisión de los parámetros establecidos para los planos, memorias y diseños que deben acompañar los proyectos. (…).

“ART. 19.—Contenido de la licencia. La licencia contendrá:

“1. Vigencia.

“2. Características básicas del proyecto, según la información suministrada en el formulario de radicación.

“3. Nombre del titular de la licencia y del urbanizador o constructor responsable.

4. Indicación de que las obras deberán ser ejecutadas de forma tal que se garantice tanto la salubridad de las personas, como la estabilidad de los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del espacio público.

“5. Indicación de la obligación de mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y de exhibirlos cuando sean requeridos por autoridad competente” (negrillas y subrayas adicionales).

De conformidad con lo anterior, forzoso resulta concluir para la Sala que en el presente asunto la entidad demandada Colegio Mayor de Cundinamarca adelantó las obras de remodelación o reestructuración en el inmueble de su propiedad sin contar con la licencia urbanística correspondiente, requisito que debía obtenerse antes de iniciar la obra, máxime cuando se trataba de un inmueble que había sido declarado patrimonio arquitectónico o de “interés cultural”.

Así las cosas, concluye la Sala que de haberse contado con dicho permiso o licencia urbanística, se hubiera podido evitar la afectación daño a la edificación de la ahora demandante, habida cuenta de que de acuerdo con la normativa antes transcrita, los funcionarios competentes encargados de expedir dichas licencias deben verificar, entre otros requisitos, la estabilidad de los terrenos, las condiciones de construcción de la obra y la posibilidad de que estos trabajos puedan afectar la estabilidad de las edificaciones vecinas.

Por consiguiente, ha de concluir la Sala que dicha omisión consistente en adelantar una obra de construcción y/o remodelación sin haber obtenido de forma previa la referida licencia por parte del comité técnico asesor de patrimonio y de la oficina de planeación distrital por parte de la universidad demandada, constituyó una falla del servicio, la cual determinó la afectación al inmueble de la señora Marina Montoya de Rodríguez.

Así las cosas, demostrado —como está— que tanto la afectación como el daño antijurídico producido en el inmueble de propiedad de la señora Marina Montoya de Rodríguez fue ocasionado por una falla del servicio imputable a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, no hay la menor duda, por tanto, de la existencia del nexo de causalidad entre la actividad de la administración demandada y los daños y la afectación acaecidas en el predio respecto del cual la demandante es propietaria.

Por otro lado, advierte la Sala que ninguna actividad probatoria efectuó o llevó a cabo la entidad demandada con miras a demostrar la ocurrencia de algún evento con la entidad jurídica suficiente para ocasionar la ruptura del mencionado vínculo causal y, por ende, impedir la imputación del daño en su contra, amén de que no se probó que se hubiere celebrado acuerdo previo alguno con la ahora demandante para efectos de la indemnización del perjuicio que le causó dicha afectación, ni que ya hubiera recibido una compensación por tal concepto, ni tampoco que dichos daños ya hubieran sido reparados.

Como consecuencia, concurren en el sub examine los presupuestos exigidos para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por la falla del servicio acreditada en este asunto, derivada de la realización de trabajos públicos, por lo cual se confirmará en este aspecto la sentencia de primera instancia.

6. Indemnización de perjuicios.

Habida cuenta de que en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia no se efectuó cuestionamiento alguno respecto del reconocimiento de perjuicios materiales mediante condena en abstracto, la Sala no emitirá pronunciamiento sobre el particular.

De otra parte, respecto de los perjuicios morales, se tiene que el Tribunal de primera instancia reconoció la suma de 50 smlmv a favor de la señora Marina Montoya Rodríguez, y que en la apelación la parte demandada manifestó que la prueba de dichos perjuicios fueron los testimonios rendidos por los familiares de la demandante, por lo que esa circunstancia les restaba credibilidad, motivo por el cual solicitó que se denegara tal reconocimiento de perjuicios.

Sobre el particular, advierte la Sala que en cuanto a la procedencia de reconocer daños morales derivados de la pérdida o afectación a bienes materiales, la doctrina y la jurisprudencia nacionales tradicionalmente la ha aceptado(31) siempre y cuando el perjuicio aparezca plenamente probado en el proceso. Así pues, el daño moral comprende el aspecto interno del individuo, la afección directa a los sentimientos del ser humano, como la congoja, la tristeza, entre otros, y para que haya lugar a su indemnización, resulta necesario que dicho daño esté acreditado, pues debe recordarse que, únicamente, los perjuicios derivados de la afectación a la vida o integridad sicofísica de la persona se presumen respecto de la víctima directa y de sus familiares más cercanos.

Ya esta Subsección del Consejo de Estado, sobre la procedencia del reconocimiento de dicho perjuicio ha razonado de la siguiente manera:

“Salvo en circunstancias muy especiales, la pérdida de las cosas materiales no amerita el reconocimiento de perjuicios morales, pues ‘la materia necesita ser tratada con un especial enfoque cultural y filosófico para no rendirle culto a las personas que, no poseen las cosas, sino que se dejan poseer por ellas’.

“Si bien en la generalidad de las sentencias se admite la posibilidad de indemnización moral por la pérdida de un bien material, se exige al actor demostrar plenamente su existencia, pues tal perjuicio no se presume”(32).

En tal sentido ha entendido la Sala que la indemnización por daño moral debe estar precedida de un análisis del fallador que verifique la existencia de criterios o referentes objetivos para su cuantificación, tales como: “las características mismas del perjuicio, su gravedad y extensión, el grado de afectación en el caso a cada persona, vale decir, el conjunto de elementos o circunstancias de hecho que enmarcan la situación del demandante afectado”(33).

En este caso, como prueba de la causación de dicho perjuicio moral obran el testimonio del señor Anselmo Amaya Suarez, quien es yerno de la referida demandante, y respecto de la situación emocional de la señora Marina Montoya de Rodríguez, manifestó (se transcribe literalmente incluso los posibles errores):

“La señora Marina Montoya mantiene solamente llorando de ver su casa que se la acabaron, vive totalmente amargada, lo que me consta, cada vez que llego ahí, me pregunta que qué hacer con esa casa”(34).

Respecto del anterior testimonio, cabe señalar que a pesar de que se trata de un testigo que tendría interés directo en el presente proceso —dado que es yerno de la demandante—, lo cual, en principio, pudiere llevar a la calificación de sospechoso, debe tenerse en cuenta que su declaración —como se verá—, concuerda con otros elementos de convicción allegados al presente asunto, de todo lo cual concluye la Sala que, en el asunto objeto de juzgamiento, la deposición hecha por ese testigo puede tenerse como prueba susceptible de valoración.

Por otro lado, obra la declaración rendida ante el Tribunal a quo por el señor Hermes Humberto Forero Moreno, quien no posee vínculo familiar con la demandante, de la cual resulta pertinente transcribir lo siguiente (se cita literalmente incluso los posibles errores):

“Es claro que la señora Marina Montoya ha estado en ese inmueble, desde alrededor de 40 años en el mismo tuvo hogar, vivió y falleció su esposo, crio sus hijos, sus nietos, es un inmueble de conservación arquitectónica. (…) las condiciones que el inmueble observa hoy de acuerdo a mi apreciación la tienen desbastada, causándoles inconvenientes de salud, teniéndola bajo un estrés permanente, que incluso la lleva a tener conflictos familiares, si bien la vida de la señora Marina Montoya no era de total tranquilidad el hecho de que su hogar se venga abajo la ha sumido en una constante desesperación”(35).

Así pues, de acuerdo tanto con los testimonios antes transcritos, como con los demás elementos de prueba allegados al proceso, la Sala tiene por acreditado que desde el mes de marzo de 2004, hasta después del mes de marzo de 2006, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca realizó varias obras en su predio, las cuales afectaron ostensiblemente la casa de habitación de la señora Marina Montoya de Rodríguez, donde habitaba desde hacía más de cuarenta años, a partir de lo cual resulta dable concluir tanto el sufrimiento, como la impotencia y la angustia padecidos por la ahora demandante como consecuencia de ese hecho dañoso.

Adicionalmente, resulta comprensible que una persona que haya padecido las consecuencias de ver la afectación manifiesta a su casa de habitación, por más de dos años, sin obtener una solución real por parte de la causante del daño, se sienta moralmente afectada(36), razón por la cual tales circunstancias permiten inferir, para el caso concreto, una afectación moral, en la cuantía establecida por el Tribunal a quo en la sentencia de primera instancia, por lo cual habrá de confirmarse en este punto dicha providencia.

7. Costas.

Toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia apelada, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A el 24 de junio de 2010, de conformidad con las razones expresadas en la presente sentencia.

2. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

3. Sin condena en costas.

4. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(14) —Ley 1395 de 2010—. Toda vez que por concepto de daños morales en la demanda se pidió el monto de 2.000 smlmv, asimismo, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante se solicitó la suma de 1.000 y $ 800.000.000 en la modalidad de daño emergente.

(15) Folio 1, cdno. 2.

(16) Según constancia expedida el 16 de mayo de 2005 por el subdirector de vigilancia administrativa del Ministerio de Educación Nacional —Folio 61, cdno. 1—.

(17) —Folio 60, cdno. 1— El artículo 149 del Código Contencioso Administrativo —modificado por el artículo 49 de la Ley 446 de 1998— establece al respecto: “Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas podrán obrar como demandantes, demandadas o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados…”.

(18) Folio 1, cdno. 2.

(19) Folios 13 a 24, cdno. 2.

(20) Folios 6 a 7, cdno. 2.

(21) Folios 10 a 12, cdno. 2.

(22) Folios 272 a 275, cdno. 1.

(23) Folios 83 a 85, cdno. 1.

(24) Folios 87 a 99, cdno. 1.

(25) Folios 96 a 98, cdno. 2.

(26) Lo anterior en virtud de lo precisado por la Sala Plena de la Sección Tercera, en sentencia del 19 de abril de 2012, exp. 21.515, M.P. Hernán Andrade Rincón, en la cual se dijo “En lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos títulos de imputación, para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar, frente a determinadas situaciones fácticas, un específico título de imputación”.

(27) Nota de la sentencia citada: Vgr. sentencias proferidas el 28 de junio de 1994, exp. 6806 y de 25 de junio de 1992, exp. 6947.

(28) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 10 de agosto de 2005, exp. 15.338, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(29) Publicada en el Diario Oficial 43.091, de 24 de julio de 1997.

(30) “Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes a licencias de construcción y urbanismo, al ejercicio de la curaduría urbana, y las sanciones urbanísticas”.

(31) “Pero, ¿acaso no basta con señalar que la primera ocasión en que la Corte concedió indemnización por daño moral (1922), fue precisamente por daño a bienes o cosas con especial valor de afección, como sin duda los eran los restos de su esposa para el señor Villaveces?” ¿Del daño moral al daño fisiológico, una evolución real? Ensayos de derecho privado Nº 4, Felipe Navia, p. 52.

(32) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de julio de 2015, exp. 28.389, M.P. Hernán Andrade Rincón.

(33) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 23 de agosto de 2012, exp. 24.392, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(34) Folios 70 a 71, cdno. 2.

(35) Folios 83 a 84, cdno. 2.

(36) Esta conclusión resulta congruente con la posición reiterada por la Sala Plena de esta Sección del Consejo de Estado, en el sentido de señalar la necesidad de acreditación probatoria del perjuicio moral que se pretende reclamar. Sentencia de 23 de agosto de 2012, exp. 1800-12-33-1000-1999-00454-01 (24392), C.P. Hernán Andrade Rincón.