Sentencia 2005-00308 de diciembre 2 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Rad. 25000232700020050030801 (18051)

Consejero Ponente:

Dr. William Giraldo Giraldo

Actor: Panamco Colombia S.A.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Fallo

Bogotá, D.C., dos de diciembre de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

El asunto sometido a consideración de la Sala se concreta en determinar si conforme al recurso de apelación interpuesto por la demandada, la sentencia de primera instancia incurrió en error en lo atinente a la fecha a partir de la cual se liquidan los intereses moratorios conforme al artículo 670 del estatuto tributario.

La sociedad Panamco Colombia S.A. presentó declaración del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al año gravable 1998, en la que determinó un saldo a favor de $ 3.601.533.000.

Mediante Resolución 716 del 29 de noviembre de 1999 la administración reconoció y compensó el anterior saldo a favor ($ 3.601.533.000).

Toda vez que la declaración presentada fue modificada mediante la Liquidación Oficial de Revisión 900010 del 21 de marzo de 2002, que determinó un impuesto a cargo de $ 561.293.000(2), mediante los actos administrativos demandados se impuso a la actora sanción por compensación improcedente, consistente en el reintegro de la suma de $ 3.601.533.000 más el pago de los intereses moratorios incrementados en un 50%, calculados desde el 29 de noviembre de 1999, hasta la fecha del pago.

Esta corporación en sentencia de abril 23 de 2009 modificó la sentencia del tribunal que anuló parcialmente los actos que determinaron oficialmente el impuesto de renta de la sociedad Panamco Colombia S.A. por el año gravable 1998 y fijó como total saldo a favor de la sociedad por concepto de ese impuesto y período la suma de $ 1.922.968.000.

A juicio de la Sala, el fallo que dictó la corporación el 23 de abril de 2009, es decisivo para el presente, toda vez que en virtud de él se anularon parcialmente los actos que determinaron el impuesto, y se fijó como saldo a favor la suma que ya se mencionó.

Ahora bien, el artículo 670 del estatuto tributario señala:

ART. 670.—Sanción por improcedencia de las devoluciones o compensaciones. Las devoluciones o compensaciones efectuadas de acuerdo con las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios y sobre las ventas, presentadas por los contribuyentes o responsables, no constituyen un reconocimiento definitivo a su favor.

Si la administración tributaria dentro del proceso de determinación, mediante liquidación oficial rechaza o modifica el saldo a favor objeto de devolución o compensación, deberán reintegrarse las sumas devueltas o compensadas en exceso más los intereses moratorios que correspondan, aumentados éstos últimos en un cincuenta por ciento (50%).

Esta sanción deberá imponerse dentro del término de dos años contados a partir de la fecha en que se notifique la liquidación oficial de revisión.

Cuando en el proceso de determinación del impuesto, se modifiquen o rechacen saldos a favor, que hayan sido imputados por el contribuyente o responsable en sus declaraciones del período siguiente, la administración exigirá su reintegro, incrementado en los intereses moratorios correspondientes.

Cuando utilizando documentos falsos o mediante fraude, se obtenga una devolución, adicionalmente se impondrá una sanción equivalente al quinientos por ciento (500%) del monto devuelto en forma improcedente.

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se dará traslado del pliego de cargos por el término de un mes para responder.

PAR. 1º—Cuando la solicitud de devolución se haya presentado con garantía, el recurso contra la resolución que impone la sanción, se debe resolver en el término de un año contado a partir de la fecha de interposición del recurso. En caso de no resolverse en este lapso, operará el silencio administrativo positivo.

PAR. 2º—Cuando el recurso contra la sanción por devolución improcedente fuere resuelto desfavorablemente, y estuviere pendiente de resolver en la vía gubernativa o en la jurisdiccional el recurso o la demanda contra la liquidación de revisión en la cual se discuta la improcedencia de dicha devolución, la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales no podrá iniciar proceso de cobro hasta tanto quede ejecutoriada la resolución que falle negativamente dicha demanda o recurso.

De acuerdo a lo anterior, en el presente caso, es claro que la sociedad debía reintegrar la suma compensada de manera improcedente más los intereses de mora aumentados en un cincuenta por ciento (50%), toda vez que en el proceso de determinación oficial del impuesto se modificó el saldo a favor.

Pero también surge de este criterio, que si la determinación oficial del impuesto ha sido sometida a control jurisdiccional y la misma fue declarada parcialmente nula, la sanción por devolución y/o compensación improcedente debe disminuirse en proporción al valor indebidamente compensado. No significa lo anterior que los dos procesos, el de determinación y el sancionatorio se confundan, sino que se parte del reconocimiento de los efectos que uno tiene en el otro(3).

Ahora bien, en el caso concreto, la demanda contra la Liquidación de Revisión 900010 del 21 de marzo de 2002, por medio de la cual la administración tributaria modificó la declaración de renta presentada por el actor por el año gravable 1998, dio origen al proceso 25000-23-27-000-2003-00807-01 (16627), el cual terminó con sentencia de fecha 23 de abril de 2009, en la que se fijó un saldo a favor por el período discutido de $ 1.922.968.000 (modificó el numeral segundo(4) de la dictada en primera instancia).

Entonces, si a la sociedad mediante Resolución 716 del 29 de noviembre de 1999 se le compensó la suma de $ 3.601.533.000 por concepto del saldo a favor del impuesto de renta de 1998, y en la jurisdicción se decidió y fijó como saldo a favor por ese impuesto y período la suma de $ 1.922.968.000, resulta como compensación improcedente la suma de $ 1.678.565.000, tal como lo declaró la sentencia apelada.

Ahora bien, la discusión en esta instancia se centra en la orden impartida por el a quo según la cual se debe devolver dicha suma más los intereses moratorios que se causen, aumentados en un cincuenta por ciento (50%) desde el 29 de noviembre de 1999, fecha discutida en el recurso de apelación, por cuanto la DIAN considera que tal liquidación se debe efectuar a partir de cuando la compensación surtió efecto, esto es, el 21 de mayo de 1999.

Observa la Sala que la DIAN señaló expresamente en los actos administrativos demandados la fecha a partir de la cual se deben liquidar los intereses moratorios así:

En el numeral 1º de la Resolución Sanción 310642004000025 del 24 de febrero de 2004 se dispuso:

“Primero: Imponer sanción por compensación y/o devolución improcedente, en los términos del artículo 670 del estatuto tributario, a la sociedad Panamco Colombia S.A. NIT 890.903.858-7, consistente en el reintegro de la suma de tres mil seiscientos un millones quinientos treinta y tres mil pesos m/cte. ($ 3.601.533.000 m/cte.), más el pago de los intereses moratorios incrementados en un 50% calculados desde el 29 de noviembre de 1999, hasta la fecha de pago, de conformidad con los motivos expuestos en la parte considerativa del presente acto administrativo (resalta la Sala).

En el numeral primero de la Resolución 310662004000037 del 27 de septiembre de 2004, por medio de la cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto en contra de la Resolución Sanción 310642004000025 del 24 de febrero de 2004 se señaló:

“Primero. Confirmar la Resolución Sanción 310642004000025 del 24 de febrero de 2004, practicada por la división de liquidación de la Administración Especial de Impuestos Nacionales Grandes Contribuyentes de Bogotá, D.C. a cargo de la sociedad Panamco Colombia S.A. NIT 890.903.858-7, por medio de la cual se impuso sanción por compensación improcedente del saldo a favor determinado por esta administración por concepto de impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al año gravable de 1998, en cuantía de tres mil seiscientos un millones quinientos treinta y tres mil pesos m/cte. ($ 3.601.533.000), más los intereses moratorios a que haya lugar aumentados en un 50% desde el 29 de noviembre de 1999, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución” (resalta la Sala).

Así las cosas, la administración no puede, sin vulnerar el debido proceso y el derecho de defensa, defender durante el debate de la primera instancia la legalidad de los actos administrativos demandados, y en el recurso de apelación atacar sus propias decisiones.

La administración a través de la revocatoria directa puede ejercer un autocontrol de sus actos si considera que estos no están proferidos conforme a la ley. Para el efecto debe atender a las causales contempladas en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, y, en caso de afectar situaciones particulares, la administración debe contar con el consentimiento expreso y escrito del titular conforme al artículo 73 del Código Contencioso Administrativo.

Cuando no es posible obtener el consentimiento del afectado para revocar directamente un acto administrativo, la administración puede demandar su propio acto mediante la acción de lesividad ante la jurisdicción contencioso administrativa, si el acto es demandable y si considera que se dan las causales de nulidad previstas en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.

Conforme a lo expuesto, toda vez que no está llamado a prosperar el recurso de apelación interpuesto, se confirmará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA;

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en la Sala de la sesión de la fecha».

(2) Folio 33 Exp.(sic).

(3) La Sala ha reiterado que los actos sancionatorios, como en este caso, la resolución que ordena el reintegro de sumas devueltas o compensadas, hacen parte de una actuación oficial diferente a la de la determinación del impuesto, como es la liquidación de revisión. Se ha distinguido entre la actuación administrativa relacionada con el reintegro de la devolución efectuada y la correspondiente al proceso de determinación oficial del tributo, como dos actuaciones diferentes y autónomas, aún cuando la orden de reintegro se apoye fácticamente en la actuación de revisión (Sentencias de fecha 19 de julio de 2002, Exp. 12866 y 12934, C.P. Ligia López Díaz; sentencia del 19 de octubre de 2006, Exp. 15049 C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié).

(4) A título de restablecimiento del derecho, fijó como total del saldo a favor por impuesto de renta de 1998 a cargo de Panamco Colombia S.A., la suma de mil novecientos veintidós millones novecientos sesenta y ocho mil pesos m/l ($ 1.922.968.000).