SENTENCIA 2005-00326/48309 DE MAYO 10 DE 2017

 

Sentencia 2005-00326/48309 de mayo 10 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Rad.: 18001-23-31-000-2005-00326-01 (48.309)

Actor: Pedro Santos Muñoz y Otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Referencia: Acción de Reparación Directa

Temas: Privación de la Libertad - Régimen Objetivo de Responsabilidad / Reiteración Jurisprudencial / Afectación de Bienes Constitucionalmente Protegidos - Medida de reparación no pecuniaria porque se acreditó la afectación del derecho fundamental al buen nombre.

Bogotá D.C., diez de mayo de dos mil diecisiete.

Extractos: «II. Consideraciones.

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1) prelación de fallo en casos de privación injusta de la libertad; 2) la competencia de la Sala; 3) alcance de la apelación; 4) el ejercicio oportuno de la acción; 5) los parámetros jurisprudenciales acerca de la responsabilidad del Estado por privación injusta de libertad; 6) las pruebas aportadas al proceso; 7) el caso concreto: la responsabilidad de la entidad demandada por la privación injusta de la libertad del señor Pedro Santos Muñoz; 8) el estudio de las pretensiones indemnizatorias y 9) la procedencia o no de la condena en costas.

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al Despacho de la Magistrada Conductora del presente proceso.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el objeto del debate tiene relación con la privación injusta de la libertad del señor Pedro Santos Muñoz, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, asunto sobre el que ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, por lo que, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

2. Competencia.

La Sala es competente para conocer de este proceso, comoquiera que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia reside en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso.

3. Alcance de la apelación.

El artículo 357 del Código de Procedimiento Civil señala que “cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló se hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”, expresión que, so pena de desconocer los principios de congruencia y de contradicción, e incluso de pretermitir una instancia, no puede entenderse como una habilitación plena para que el ad quem defina el asunto sin sujeción a los argumentos invocados por quienes apelan, dado que el marco de la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida.

En efecto, la Sala, mediante providencia del 9 de febrero de 2012, unificó su jurisprudencia en relación con la competencia del juez de segunda instancia, en el entendido de precisar que esta se encuentra limitada por las referencias conceptuales y argumentativas aducidas por los apelantes en contra de la decisión adoptada en primera instancia, sin perjuicio de las circunstancias susceptibles de ser declaradas de manera oficiosa(16).

Pues bien, como las facultades de la Sala, para pronunciarse en este asunto, por las razones que se acaban de precisar, no es plena, sino que está sujeta a los argumentos de inconformidad invocados por los apelantes y los puntos que aquellos cuestionaron, la Subsección en esta oportunidad se ocupará de los siguientes aspectos:

i) La responsabilidad administrativa de la Fiscalía General de la Nación.

ii) El monto de la indemnización reconocida por el Tribunal Administrativo de primera instancia, por concepto de perjuicios morales.

iii) La procedencia de la indemnización solicitada por concepto de “daño a la vida de relación” —200 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los demandantes—.

4. El ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

En tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(17).

En el presente asunto la demanda se originó por los perjuicios que habrían sufrido los demandantes con ocasión de la privación de la libertad que soportó el señor Pedro Santos Muñoz dentro de una investigación penal adelantada en su contra.

Reposa en el expediente copia de la resolución proferida por la Fiscalía Quinta Especializada Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Florencia, por medio de la cual se precluyó la investigación a favor del demandante.

Ahora bien, aunque no obra prueba de la ejecutoria de la decisión en mención, tal situación no es óbice para determinar la oportunidad en la presentación de la demanda.

En efecto, comoquiera que la preclusión se profirió el 16 de junio de 2004, se impone concluir que la demanda se interpuso dentro de la oportunidad legal prevista, por cuanto se presentó el 24 de agosto de 2005(18).

5. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en vigencia de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. Reiteración de jurisprudencia.

En punto de los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y el alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.

En este sentido, de manera general, la jurisprudencia de la Sala ha acudido a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que: i) el hecho no existió; ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica, siempre y cuando no hubiere mediado una falla en el ejercicio de la función jurisdiccional en cuyo caso podrá aplicarse un régimen subjetivo de responsabilidad.

De igual forma, de conformidad con la postura reiterada, asumida y unificada(19) por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal in dubio pro reo.

Siguiendo ese orden, aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva(20).

Todo lo expuesto con antelación se encuentra reiterado en las sentencias de unificación que ha proferido la Sala Plena de la Sección Tercera, así:

En pronunciamiento del 6 de abril de 2011, expediente 21.653, se sostuvo que el Estado es responsable de los daños ocasionados a una persona que es privada injustamente de la libertad y posteriormente es absuelta en virtud de los supuestos previstos en el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal y en la Ley 270 de 1996.

Posteriormente, mediante Sentencia proferida el 17 de octubre de 2013, expediente 23.354, se precisó que, además de los supuestos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y de la Ley 270 de 1996, también es responsable el Estado por los daños ocasionados en virtud de la privación injusta de la libertad de una persona cuando es absuelta por aplicación del principio in dubio pro reo.

Bajo esta óptica, la Sala procederá al análisis del caso concreto.

6. Las pruebas aportadas al proceso.

Dentro de la respectiva etapa procesal se recaudaron, en debida forma, los siguientes elementos probatorios:

En cuanto a las pruebas relacionadas con la legitimación de los demandantes para incoar las pretensiones de la demanda.

—Registro civil de nacimiento del señor Pedro Santos Muñoz, mediante el cual se acredita que la señora Hilda Muñoz de Santos es su madre(21).

—Registros civiles de nacimiento de los actores Hilda Xiomara Santos Ruiz(22), Paula Andrea Santos Ruiz(23), Pedro Augusto Santos Vargas(24), Elvia Tatiana Santos Vargas(25) y Luisa Fernanda Santos Vargas(26), por medio de los cuales se establece que son hijos del señor Pedro Santos Muñoz.

—Registros civiles de nacimiento de los señores Amelia Losada Muñoz(27), Dacier Losada Muñoz(28), Flor Marina Santos Muñoz(29), Luis Eduardo Santos Muñoz(30) y Edgar Santos Muñoz(31), en virtud de los cuales se acredita que son hermanos del señor Pedro Santos Muñoz, víctima directa del daño.

En lo atinente a las pruebas relacionadas con el proceso penal adelantado en contra del directamente afectado.

—Resolución calendada el 4 de marzo de 2003, por medio de la cual la Fiscalía Tercera Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Florencia ordenó la apertura de la instrucción en contra del señor Pedro Santos Muñoz por los delitos de tentativa de homicidio y de rebelión(32); como consecuencia, se libró la orden de captura 392664 en su contra(33).

—Acta de derechos del capturado del hoy demandante, fechada el 6 de marzo del 2003(34).

—Providencia del 11 de marzo de 2003, en virtud de la cual la Fiscalía Tercera de la Unidad Tercera Especializada de Florencia definió la situación jurídica del hoy demandante, en el sentido de imponerle medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación(35).

—Boleta de detención 036 del señor Pedro Santos Muñoz, calendada el 11 de marzo de 2003(36).

—Proveído fechado el 30 de abril de 2003, a través del cual la Fiscalía Quinta Especializada Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Florencia revocó la medida de aseguramiento impuesta en contra del señor Santos Muñoz(37).

—Diligencia de compromiso suscrita el 2 de mayo de 2003 por el hoy demandante, por medio de la cual se comprometió al cumplimiento de las siguientes obligaciones “1. Observar buena conducta moral, social e individual, 2.—no salir del país sin previa autorización de esta Fiscalía, 3.— informar todo cambio de residencia y 4. —presentase cuando el funcionario lo requiera”(38).

—Providencia del 16 de junio de 2004, en virtud de la cual la Fiscalía Quinta Especializada Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Florencia precluyó la investigación adelantada en contra del actor por las conductas punibles a él endilgadas(39).

—Oficio EFC-FLO-143-098 expedido por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Florencia, por medio del cual se informó sobre el tiempo en que el hoy actor estuvo recluido, así(40):

“(...) [l]ngresó al establecimiento el 7 de marzo de 2003, sindicado por el punible de tentativa de homicidio con fines terroristas, por cuenta de la Fiscalía Quinta Especializada, fue puesto en libertad el 2 de mayo de 2003, mediante boleta 42, expedida por la Fiscalía Quinta Especializada”.

6.2. Testimoniales.

Se recopilaron las declaraciones de los señores Mariano Trujillo Teuta(41), Ricardo Díaz Polanco(42), William Acosta(43) y Walter Vélez Bohórquez(44), quienes, en términos generales, refirieron: i) que la familia del señor Santos Muñoz resultó afectada con ocasión de la privación de su libertad y ii) que a raíz de la privación del hoy actor se vio afectado su estado de ánimo.

7. El caso concreto.

La Sala, ab initio, encuentra acreditada la existencia del daño, consistente en la privación de la libertad que sufrió el señor Pedro Santos Muñoz, con ocasión del proceso penal adelantado en su contra.

Ahora, para determinar si le asiste responsabilidad o no a Fiscalía General de la Nación por la privación de la libertad del aquí demandante, se hará el análisis de imputación, con el fin de establecer si, en efecto, ese daño le es atribuible y, por ende, si tiene el deber jurídico de resarcir los perjuicios que del mismo se derivan.

Pues bien, está probado que, mediante providencia del 30 de abril de 2003, la Fiscalía Quinta Especializada Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Florencia revocó la medida de aseguramiento impuesta en contra del hoy actor, con fundamento en las siguientes consideraciones(45):

“La presente investigación tuvo su génesis en las afirmaciones realizadas por los sujetos Juan Carlos Gil Puentes y Pedro Antonio Guevara Areiza, en diligencias de indagatoria vertidas el 26 de diciembre de 2002 en la ciudad de Bogotá ante la Fiscalía de Reacción Inmediata de Usaquén, en las cuales luego de dar a conocer su trayectoria personal, su ingreso y permanencia en las filas del grupo insurgente autodenominado Farc, les dieron la orden de eliminar al alcalde San Vicente del Caguán en la ciudad de Bogotá, prometiéndoles una recompensa de veintidós millones de pesos cuando cumplieran el objetivo, informándoles que para la efectividad del plan criminal, la futura víctima sería entregada embriagada por el señor Pedro, quien laboraba en el Municipio en el área del Sisben.

“(…).

“Pero sopesando el anterior enjuiciamiento con las pruebas que se han arribado con posterioridad a la medida aseguratoria, tenemos entre ellas la declaración del señor alcalde de San Vicente del Caguán Néstor Raúl Ramírez, quien con lujo de detalles narra lo acontecido al saber por las autoridades de inteligencia sobre el supuesto atentado contra su vida y dado a conocer por los desertores del grupo armado al margen de la ley, para luego ser categórico en afirmar que para el día 23 de diciembre de 2002 no departió con el señor Pedro Santos, que su actividad se limitó por la mañana a laborar en la oficina de Bogotá y en horas de la tarde a tareas particulares, negando rotundamente el haber salido, más concretamente hacia las ocho de la noche en estado de embriaguez, puesto que nunca lo ha hecho ni acostumbra a consumir licor en su sitio de trabajo; igual comportamiento indica para el día 24 de diciembre, trabaja en la mañana y se retira en la tarde para estar en su hogar; indica que en aquellos días no departió con personas extrañas, que sí asistió Santos a la oficina pudo ser en forma muy esporádica.

“Entonces en sana crítica, tenemos que actuación tan importante como se reitera, los hechos culminantes para acabar con la vida del señor alcalde e informados por los que materialmente lo realizarían, han quedado en cuestión, no se ciñen a la realidad, es el afectado o presunta víctima como lo es el señor Alcalde quien precisamente ha manifestado no haberse presentado el estado de beodez pregonado por los insurgentes, ha desaparecido la posibilidad de que Pedro Santos Muñoz haya entregado en tal estado a las ocho de la noche el día 23 de diciembre de 2002, al señor alcalde para realizar el homicidio.

“Lo anterior genera por sobradas razones que se ponga en tela de juicio las imputaciones realizadas, llegando inclusive a suponer que el supuesto plan criminal y ante la conducta asumida por los militantes subversivos, de entregarse a las autoridades en logro de los beneficios de reinserción ampliamente conocidos, tuvieran más connotación si optaban por este medio y con razones de gran impacto social” (Se destaca).

También está acreditado que se precluyó la investigación a favor del demandante. El siguiente es el texto del fallo dictado el 16 de junio de 2004 por la Fiscalía Quinta Especializada Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Florencia(46):

“En consecuencia de lo expuesto anteriormente, aunado al cúmulo de contradicciones e incoherencias en las exposiciones de los que dicen haber pertenecido a las fuerzas revolucionarias y entregarse voluntariamente a la justicia y en lo atinente a las imputaciones que hacen en contra del señor Pedro Santos Muñoz, se colige en sana critica, que los señalamientos criminales en su contra no encuentran ningún respaldo probatorio, pues al contrario de lo afirmado, el encartado inclusive con el testimonio de la presunta víctima han establecido que los hechos culminantes del plan ilícito nunca sucedieron, no fue cierto, estos nunca se dieron, tomando fuerza la argumentación de que lo acontecido pudo tener como esencia, única y exclusivamente el logro de los beneficios que concede la ley (...)”(Se destaca).

Al analizar en forma íntegra las consideraciones expuestas por parte de la Fiscalía Quinta Especializada Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Florencia se colige que la preclusión del actor obedeció a la inexistencia de elementos de convicción y de acreditación acerca de su autoría en los delitos, es decir, la actuación penal terminó ante la evidencia de que el implicado no cometió las conductas punibles a él endilgadas, lo cual da lugar a la aplicación de un régimen de responsabilidad de carácter objetivo.

En su recurso de apelación, la Fiscalía General de la Nación indicó que el Tribunal de primera instancia no tomó en consideración que actuó en cumplimiento de sus funciones constitucionales y las normas que regulaban el trámite de los procesos penales, luego, ante la inexistencia de una falla en el servicio, el daño no le era imputable, punto sobre el cual se profundizará a continuación, para determinar si la sentencia de primera instancia debe ser confirmada o revocada.

En efecto, aunque en casos como el analizado es posible recurrir a un régimen de responsabilidad de carácter subjetivo, no es menos cierto que esto procede siempre que resulte necesario efectuar un juicio de reproche sobre los actos de la Administración(47), presupuesto que no se presenta en el sub júdice, toda vez que no se advierte la configuración palmaria de un error jurisdiccional o de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que imponga la declaratoria de una falla del servicio. Sin embargo, puede hacerse la imputación del daño a la Fiscalía General de la Nación, con base en un régimen de carácter objetivo, en el cual al señor Pedro Santos Muñoz le basta con acreditar que en su contra se impuso una medida privativa de su libertad en el trámite de un proceso judicial, que culminó con una decisión favorable a su inocencia, de conformidad con la postura jurisprudencial que se dejó expuesta en precedencia.

Por lo expuesto, se desestima el argumento de inconformidad planteado por la entidad demandada respecto del régimen de responsabilidad aplicable al presente asunto.

En línea con lo anterior, el señor Pedro Santos Muñoz no estaba en la obligación de soportar tal privación a la que fue sometido, por cuanto durante todo el curso del proceso penal adelantado en su contra se mantuvo incólume su presunción constitucional de inocencia, de ahí que el daño a él irrogado se torne en antijurídico y nazca la correlativa obligación de reparar en cabeza del Estado, según lo previsto en el artículo 90 de la Constitución Política.

Por último, respecto de la causal de exoneración denominada culpa exclusiva de la víctima, se tiene que las medidas restrictivas de la libertad impuestas al ahora demandante no resultaron imputables a su propia culpa. Nótese cómo dentro del proceso penal adelantado en contra del señor Santos Muñoz no se logró establecer en ningún momento su participación en los hechos materia del proceso.

Como consecuencia de lo expuesto, se confirmará la sentencia apelada en cuanto declaró la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación por el daño padecido por el señor Pedro Santos Muñoz.

Se procederá entonces a estudiar los aspectos apelados respecto de la tasación de los perjuicios.

8. Indemnización de perjuicios.

8.1. Perjuicios morales.

La parte demandante consideró, en su recurso, que debían aumentarse los perjuicios morales reconocidos en primera instancia; por el contrario, la Fiscalía General de la Nación señaló que debían ser reducidos.

Frente a la acreditación de los perjuicios morales, la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido que únicamente basta con la prueba del parentesco o de la relación marital para inferir la afectación moral de la víctima, del cónyuge y de los parientes más cercanos, según corresponda.

De conformidad con los documentos obrantes en el expediente, la Sala encuentra que los demandantes Hilda Muñoz de Santos, Hilda Xiomara Santos Ruiz, Paula Andrea Santos Ruiz, Pedro Augusto Santos Vargas, Elvia Tatiana Santos Vargas, Luisa Fernanda Santos Vargas, Amelia Losada Muñoz, Dacier Losada Muñoz, Flor Marina Santos Muñoz, Luis Eduardo Santos Muñoz y Edgar Santos Muñoz acreditaron su parentesco con el señor Pedro Santos Muñoz, víctima directa del daño, por lo que se infiere que se les causó una afectación moral.

Respecto de la tasación de la indemnización de perjuicios morales, la Sala estima necesario precisar que esta se efectuará de acuerdo con las pautas trazadas por la jurisprudencia unificada de la Sala Plena de la Sección Tercera, en relación con la privación injusta de la libertad(48), toda vez que el perjuicio causado a la parte demandante devino de la privación de su libertad, motivo por el cual resulta procedente acoger los criterios establecidos por la referida unificación, según los cuales, dependiendo del período de restricción física de la libertad de la víctima directa del daño y del grado de parentesco de cada uno de los demandantes, los montos que se sugieren como indemnización, tasados en salarios mínimos legales mensuales vigentes, son los siguientes:

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 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertadVíctima directa, cónyuge o compañero (a) permanente y parientes en el 1º de consanguinidad

Parientes en el 2º de consanguinidadParientes en el 3º de consanguinidadParientes en el 4º de consanguinidad y afines hasta el 2ºTerceros damnificados
Término de privación injusta en meses 50% del Porcentaje de la Víctima directa35% del Porcentaje de la Víctima directa25% del Porcentaje de la Víctima directa15% del Porcentaje de la Víctima directa
 SMLMVSMLMVSMLMVSMLMVSMLMV
Superior a 18 meses10050352515
Superior a 12 e Inferior a 18904531,522,513,5
Superior a 9 e inferior a 128040282012
Superior a 6 e inferior a 9703524,517,510,5
Superior a 3 e inferior a 6502517,512,57,5
Superior a 1 e inferior a 33517,512,258,755,25
Igual e inferior a 1157,55,253,752.25

Ahora, el lapso a indemnizar será el comprendido entre el 6 de marzo de 2003 —fecha de la captura— y el 2 de mayo de la misma anualidad —fecha de la revocatoria de la medida de aseguramiento a favor del señor Santos Muñoz—.

Se advierte que el Tribunal Administrativo de primera instancia reconoció a algunos actores una indemnización sin consideración a los criterios contenidos en la sentencia mencionada, la cual, para esa época, aún no había sido proferida. En efecto, a la luz de la jurisprudencia actual deberían reconocerse por concepto de perjuicios morales al directamente afectado Pedro Santos Muñoz, a sus hijos y a su madre el equivalente a 35 salarios mínimos mensuales legales para cada uno, así como 17.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de sus hermanos, sumas que corresponden a lo que se suele conceder cuando la privación de la libertad supera un mes pero es inferior a 3 meses, tal como le ocurrió al ahora demandante, pues estuvo privado de su libertad por 1 mes y 26 días(49).

Por lo anterior, se aumentarán los montos concedidos, por concepto de perjuicios morales, así:

Pedro Santos Muñoz (Víctima directa del daño)35 smlmv.
Hilda Muñoz de Santos (Madre)35 smlmv.
Hilda Xiomara Santos Ruiz (Hija)35 smlmv.
Paula Andrea Santos Ruiz (Hija)35 smlmv.
Pedro Augusto Santos Vargas (Hijo)35 smlmv.
Elvia Tatiana Santos Vargas (Hija)35 smlmv.
Luisa Fernanda Santos Vargas (Hija)35 smlmv.
Amelia Losada Muñoz(50) (Hermana)17.5 smlmv.
Dacier Losada Muñoz(51) (Hermana)17.5 smlmv.
Flor Marina Santos Muñoz(52) (Hermana)17.5 smlmv.
Luis Eduardo Santos Muñoz (Hermano)17.5 smlmv.
Edgar Santos Muñoz (Hermano)17.5 smlmv.

8.2. Afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados.

Sea lo primero manifestar que la Jurisprudencia de esta Corporación, siguiendo los lineamientos planteados en sus sentencias de unificación, se apartó de la tipología de perjuicio inmaterial denominado perjuicio fisiológico o daño a la vida en relación, para, en su lugar, reconocer las categorías de daño a la salud(53) (cuando estos provengan de una lesión a la integridad psicofísica de la persona) y de afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados(54), estos últimos se reconocerán, siempre y cuando su concreción se encuentre acreditada dentro del proceso y se precise su reparación integral, teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos.

Reparación en la que se privilegiará la compensación, a través de medidas reparatorias no indemnizatorias a favor de la víctima directa y de su núcleo familiar más cercano, las cuales operarán teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos. Lo anterior, con el propósito de reconocer la dignidad de las víctimas, reprobar las violaciones a los derechos humanos y concretar las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición y las demás definidas por el derecho internacional.

En el caso particular, se solicitó el reconocimiento de perjuicios por “daño a la vida de relación”, sufrido por cada uno de los demandantes, porque “no son mirados con buenos ojos por los vecinos y amigos, y la sociedad en general y el medio circundante va a desconfiar de ellos”.

En efecto, respecto del reproche social del que fue objeto la víctima directa del daño, el declarante William Acosta señaló(55):

“[E]sta familia se vio muy afectada psicológica y socialmente porque este señor fue detenido con unas acusaciones que él no tenía nada que ver porque es una persona entregada totalmente a la familia. (...) con él hicieron una mancha social y laboral porque a raíz de eso él no ha vuelto a conseguir empleo en ninguna oficina por decirse que hizo una tentativa de homicidio contra un alcalde, perjudica a la labor social de una persona y repercute en su familia como en sus allegados” (Se destaca).

En ese mismo sentido, el declarante Walter Vélez Bohórquez manifestó(56):

Preguntado: Sírvase decirnos si tiene conocimiento [de] qué actividad está desempeñando Pedro Santos en la actualidad.

Contestó: Después del problema ese no ha vuelto a conseguir trabajo, pues quien consigue trabajo con todas esas cosas que dijeron de él”.

Así las cosas, identificado el bien constitucionalmente protegido —derecho al buen nombre consagrado en el artículo 15 C.P.— que resultó afectado con la medida impuesta al ahora demandante, para la Sala se encuentra probado este perjuicio.

Es oportuno señalar que la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante Sentencia del 28 de agosto de 2014(57), unificó la jurisprudencia en lo atinente al reconocimiento de los perjuicios por la afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, en el sentido de que su reconocimiento procede siempre y cuando se encuentre acreditado dentro del proceso su concreción y se precise su reparación integral. Lo anterior, con el propósito de reconocer la dignidad de las víctimas, reprobar las violaciones a los derechos humanos y concretar las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición y, las demás definidas por el derecho internacional.

Igualmente, se señaló que debe privilegiarse la compensación a través de medidas de reparación no pecuniarias y, además, se precisó que, solamente en casos excepcionales, debe reconocerse una indemnización pecuniaria —hasta 100 smlmv— exclusivamente para la víctima directa, siempre y cuando las medidas no pecuniarias no fueran suficientes, pertinentes, oportunas o posibles.

En ese orden de ideas, como en el presente caso se acreditó que el señor Pedro Santos Muñoz fue privado injustamente de su libertad y que, con ocasión de esa restricción, vio afectado su derecho fundamental al buen nombre, de conformidad con la sentencia de unificación aludida, la Sala ordenará la siguiente medida de reparación no pecuniaria:

La Fiscalía General de la Nación deberá establecer un link en su página web con un encabezado en el que se reconozca públicamente su responsabilidad en este caso y en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia.

En el término de dos (2) meses, contados a partir de la ejecutoria de este fallo, la entidad demandada deberá subir a la red el archivo que contenga esta decisión y a su vez deberá mantener el acceso al público del respectivo vínculo durante el período de seis (6) meses, que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información en la página web de esa institución.

8.3. Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

La Sala se abstendrá de pronunciarse sobre el monto de la condena reconocida en primera instancia por concepto de lucro cesante, por corresponder a un punto que no fue apelado, esto, sin perjuicio de la actualización de la condena.

En efecto, en razón a que la sentencia de primera instancia accedió al reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, en la suma de $7’725.868,49 a favor del señor Pedro Santos Muñoz, la Sala se limitará a actualizar dicho rubro, sin que ello implique en modo alguno la afectación de la garantía de la no reformatio in pejus. Entonces, la fórmula aplicable es la siguiente:

Ra = Rh $7’725.868,49índice final - marzo/17 (136.76)(58)
índice inicial - mayo/12 (111.25)(59)

Ra = $9’497.436,18

Como consecuencia, se modificará la sentencia apelada y se reconocerá, a favor del señor Pedro Santos Muñoz, la suma de $9’497.436,18, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

9. Condena en costas.

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

MODIFICAR, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia, la Sentencia del 30 de mayo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá y, en su lugar, se dispone:

“1. DECLARAR que la Nación - Fiscalía General de la Nación es patrimonialmente responsable de los perjuicios que los demandantes sufrieron como consecuencia de la privación injusta de la libertad que soportó el señor Pedro Santos Muñoz, dentro de un proceso penal adelantado en su contra.

“2. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación, a pagar por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero expresadas a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia:

Pedro Santos Muñoz (Víctima directa del daño)35 smlmv.
Hilda Muñoz de Santos (Madre)35 smlmv.
Hilda Xiomara Santos Ruiz (Hija)35 smlmv.
Paula Andrea Santos Ruiz (Hija)35 smlmv.
Pedro Augusto Santos Vargas (Hijo)35 smlmv.
Elvia Tatiana Santos Vargas (Hija)35 smlmv.
Luisa Fernanda Santos Vargas (Hija)35 smlmv.
Amelia Losada Muñoz (Hermana)17.5 smlmv.
Dacier Losada Muñoz (Hermana)17.5 smlmv.
Flor Marina Santos Muñoz (Hermana)17.5 smlmv.
Luis Eduardo Santos Muñoz (Hermano)17.5 smlmv.
Edgar Santos Muñoz (Hermano)17.5 smlmv.

“3. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación a la reparación integral de la violación del derecho fundamental al buen nombre del señor Pedro Santos Muñoz, para lo cual, de conformidad con la parte motiva de esta providencia, se adoptará la siguiente medida de reparación no pecuniaria:

“Deberá establecer un link en su página web con un encabezado en el que se reconozca públicamente su responsabilidad en este caso y en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia.

“En el término de dos (2) meses, contados a partir de la ejecutoria de este fallo, la entidad demandada deberá subir a la red el archivo que contenga esta decisión y a su vez deberá mantener el acceso al público del respectivo vínculo durante el período de seis (6) meses, que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información en la página web de esa institución.

“4. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar indemnización por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante y a favor del señor Pedro Santos Muñoz, por la suma de Nueve Millones Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Treinta y Seis Pesos con Dieciocho Centavos ($9’497.436,18).

“5. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

“6: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

“7. Para el cumplimiento de esta sentencia, EXPEDIR copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

“8.: SIN condena en costas”.

Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

16. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de unificación del 9 de febrero de 2012, radicación 21.060, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

17. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente 13.622, M.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterado en Sentencia del 11 de agosto de 2011, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, expediente 21.801, M.P. Hernán Andrade Rincón. Al respecto puede consultarse igualmente: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Auto de 19 de julio de 2010, expediente 37.410, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

18. Folio 41 del cuaderno de primera instancia

19. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de Sala Plena del 17 de octubre de 2013, expediente 23.354, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

20. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A del 4 de diciembre de 2006, expediente 13.168 y Sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente 15.463. M.P. Mauricio Fajardo Gómez, reiteradas en la Sentencia del 26 de mayo de 2011, expediente 20.299 de la misma Subsección, entre muchas otras.

21. Folio 11 del cuaderno de primera instancia.

22. Folio 20 del cuaderno de primera instancia.

23. Folio 21 del cuaderno de primera instancia.

24. Folio 17 del cuaderno de primera instancia.

25. Folio 18 del cuaderno de primera instancia.

26. Folio 19 del cuaderno de primera instancia.

27. Folio 12 del cuaderno de primera instancia.

28. Folio 13 del cuaderno de primera instancia.

29. Folio 14 del cuaderno de primera instancia.

30. Folio 15 del cuaderno de primera instancia.

31. Folio 16 del cuaderno de primera instancia.

32. Folios 30 y 31 del cuaderno de pruebas 2.

33. Folio 47 del cuaderno de pruebas 2.

34. Folio 50 del cuaderno de pruebas 2.

35. Folio 65 del cuaderno de pruebas 2.

36. Folio 66 del cuaderno de pruebas 2.

37. Folios 177 a 180 del cuaderno de pruebas 2.

38. Folio 183 del cuaderno de pruebas 2.

39. Folios 22 y 32 del cuaderno de primera instancia.

40. Folio 8 del cuaderno de pruebas.

41. Folios 10 y 11 del cuaderno de pruebas.

42. Folios 12 y 13 del cuaderno de pruebas.

43. Folios 14 y 15 del cuaderno de pruebas.

44. Folios 16 y 17 del cuaderno de pruebas.

45. Folios 177 a 180 del cuaderno de pruebas 2.

46. Folios 22 y 32 del cuaderno de primera instancia.

47. En este sentido la Sección se pronunció en Sentencia del 23 de agosto de 2010, radicación: 40060, C.P. Enrique Gil Botero. Para los fines pertinentes señaló:
“No obstante, en aquellos eventos en que pese a configurarse la causal de absolución penal permitiera enmarcar el estudio de la responsabilidad patrimonial bajo un régimen de carácter objetivo pero en el proceso contencioso administrativo quedó acreditada la existencia de una falla del servicio, se impone la declaratoria de la misma en aras de emitir un juicio de reproche y, de paso, permitir a la administración que, identificada la irregularidad cometida, analice la conveniencia de iniciar la acción de repetición contra los funcionarios que dieron origen a la condena pecuniaria.
“No significa lo anterior que la Sala esté fijando un régimen subjetivo de responsabilidad en materia de privación injusta de la libertad sino que, se insiste, la perspectiva objetiva o subjetiva (culpabilística) dependerá en cada caso concreto de los motivos de absolución o preclusión criminal; sin embargo, cuando la falla del servicio sea evidente y palmaria en el proceso contencioso será imprescindible advertir su existencia y, por lo tanto, acoger la responsabilidad sin ambages por esa circunstancia, tal y como ocurrió en la Sentencia de 14 de abril de 2010, oportunidad en la que sin importar que al sindicado se le hubiera absuelto porque no cometió el hecho que se le imputaba penalmente, la Sala declaró la falla del servicio en aras de emitir un juicio de valor frente al comportamiento gravemente irregular de la entidad demandada, circunstancia que, en ese caso concreto, motivó que se adoptaran medidas de justicia restaurativa encaminadas inclusive a establecer la verdad de los execrables acontecimientos por los que se inició la instrucción penal que conllevó al demandante a estar privado de manera arbitraria de la libertad”.

48. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia del 28 de agosto del 2014, Exp. 36149, M.P. Hernán Andrade Rincón (E).

49. Lapso comprendido entre el 6 de marzo y el 2 de mayo de 2003.

50. En el registro civil de nacimiento aparece consignado que responde al nombre de Amelia Losada Muñoz, mientras que en la demanda aparece que responde al nombre Amelia Losada de Perdomo. Lo anterior da cuenta de que existe una inconsistencia en el segundo apellido de la hermana de la víctima directa del daño; sin embargo, esa situación no hace que la señora bien sea Amelia Losada Muñoz o Amelia Losada de Perdomo carezca de legitimación en la causa por activa, pero para efectos de lo que se decida en esta providencia, resulta pertinente hacer referencia a ambos nombres “Amelia Losada Muñoz” (o Amelia Losada de Perdomo).

51. En el registro civil de nacimiento aparece consignado que responde al nombre de Dacier Losada Muñoz, mientras que en la demanda aparece que responde al nombre Dacier Losada de Calderón. Lo anterior da cuenta de que existe una inconsistencia en el segundo apellido de la hermana de la víctima directa del daño; sin embargo, esa situación no hace que la señora bien sea Dacier Losada Muñoz o Dacier Losada de Calderón carezca de legitimación en la causa por activa, pero para efectos de lo que se decida en esta providencia, resulta pertinente hacer referencia a ambos nombres Dacier Losada Muñoz (o Dacier Losada de Calderón).

52. En el registro civil de nacimiento aparece consignado que responde al nombre de Flor Marina Santos Muñoz, mientras que en la demanda aparece que responde al nombre Flor Marina Santos de Collazos. Lo anterior da cuenta de que existe una inconsistencia en el segundo apellido de la hermana de la víctima directa del daño; sin embargo, esa situación no hace que la señora bien sea Flor Marina Santos Muñoz o Flor Marina Santos de Collazos carezca de legitimación en la causa por activa, pero para efectos de lo que se decida en esta providencia, resulta pertinente hacer referencia a ambos nombres Flor Marina Santos Muñoz (o Flor Marina Santos de Collazos).

53. “(...) se recuerda que, desde las Sentencias de la Sala Plena de la Sección Tercera de 14 de septiembre de 2011, Exp. 19031 y 38222 (...) se adoptó el criterio según el cual, cuando se demanda la indemnización de daños inmateriales provenientes de la lesión a la integridad psicofísica de una persona, ya no es procedente referirse al perjuicio fisiológico o al daño a la vida de relación o incluso a las alteraciones graves de las condiciones de existencia, sino que es pertinente hacer referencia a una nueva tipología de perjuicio, denominada daño a la salud (...) la Sala unifica su jurisprudencia en relación con la indemnización del daño a la salud por lesiones temporales en el sentido de indicar que, para su tasación, debe establecerse un parangón con el monto máximo que se otorgaría en caso de lesiones similares a aquellas objeto de reparación, pero de carácter permanente y, a partir de allí, determinar la indemnización en función del periodo durante el cual, de conformidad con el acervo probatorio, se manifestaron las lesiones a indemnizar (…)” (Se destaca). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 28832, M.P. Danilo Rojas Betancourth y Exp. 31170. M.P. Enrique Gil Botero.

54. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, expediente 32988, M.P. Ramiro Pazos Guerrero y Exp. 26251, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

55. Folios 14 y 15 del cuaderno de pruebas.

56. Folios 16 y 17 del cuaderno de pruebas.

57. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2014, M.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, Expediente: 32.988, Radicación: 05001-23-25-000-1999-01063-01, Actor: Félix Antonio Zapata y otros.

58. IPC vigente al mes anterior de la fecha de la presente Sentencia (marzo de 2017).

59. IPC vigente de la fecha de la Sentencia de primera instancia (mayo de 2012).