Sentencia 2005-00328 de marzo 18 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Exp.: 44001 23 31 000 2005 00328 01

Consejera Ponente (E):

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Actor: Bartolo Poveda González

Acción popular - Fallo

Bogotá D.C., dieciocho de marzo de dos mil diez.

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por el municipio de Maicao y Aguas de la Península S.A. ESP contra la sentencia de 13 de diciembre de 2005 mediante la cual el Tribunal Administrativo de la Guajira amparó los derechos colectivos a la salubridad y al goce de un ambiente sano de las comunidades indígenas que habitan en el territorio denominado “El Limoncito”.

I. Antecedentes

1. La demanda.

El ciudadano Bartolo Poveda González, en ejercicio de la acción popular consagrada en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 472 de 1998, solicitó  protección para los derechos colectivos al medio ambiente sano y a la salubridad pública, presuntamente vulnerados por el Municipio de Maicao y Aguas de la Península S.A. ESP.

1.1. Hechos.

Manifiesta el actor que en 1986 el municipio de Maicao inició la construcción de una laguna de oxidación para el tratamiento de aguas residuales ubicada al norte del municipio donde se encuentran asentadas varias comunidades indígenas Wayuú, pese a la oposición a que se autorizara su funcionamiento.

Mediante resoluciones 31 y 585 de 4 de mayo de 1993, la corporación Autónoma Regional de la Guajira requirió al municipio de Maicao para que eliminara el vertimiento directo de las aguas servidas de su sistema de alcantarillado de aguas negras, desde la laguna de estabilización al Arroyo de Majayutpana; para que adelantara la reparación inmediata del cercado que aísla la laguna de estabilización; y para que presentara el Plan de operación de su sistema de aguas negras y su plan de ensanche, dentro de los 10 días siguientes al de la notificación de dicha decisión.

El municipio demandado no dio cumplimiento a las citadas resoluciones.

La comunidad no puede utilizar las aguas de sus arroyos para sus cultivos y para sus animales, debido a las filtraciones de la laguna a las aguas subterráneas. Adicionalmente, la comunidad está expuesta a múltiples enfermedades porque el paso por ese lugar es obligatorio para desplazarse hasta el municipio de Maicao.

La Empresa Aguas de la Península, responsable de la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado en el municipio de Maicao, entregó un CD ROOM a la comunidad, en respuesta a un derecho de petición, con información sobre la laguna, admitiendo que la red de colectores presenta múltiples problemas constructivos y operativos y taponamientos ocasionados por basuras, estimándose que el sistema debe ser reconstruido en un 78%”.

1.2. Las pretensiones.

El actor solicita que se ordene:

1. A la Corporación Autónoma Regional de la Guajira, ejercer sus funciones de control y vigilancia e imponer las sanciones pertinentes al municipio de Maicao, por incumplir las órdenes impartidas en las resoluciones relacionadas con la laguna de oxidación.

2. Al alcalde municipal y a las demás autoridades involucradas, realizar las obras o actividades necesarias tendientes a reparar las condiciones del medio ambiente afectado, teniendo en cuenta las circunstancias propias del sitio y los habitantes, en especial de los resguardos indígenas de la zona.

3. Cerrar definitivamente la laguna de aguas residuales del municipio de Maicao y reubicarla en un terreno apto para su funcionamiento.

4. Descontaminar la zona de la laguna.

5. Integrar un comité de seguimiento.

6. Realizar una consulta previa frente a cualquier proyecto de diseño o implementación de nuevas lagunas de oxidación que puedan afectar territorios de las comunidades indígenas.

7.      Realizar una brigada permanente de salud.

8. Suministrar con carácter gratuito agua potable a los habitantes de la zona hasta tanto se finalice el proceso de descontaminación de la laguna;

9. Reconocer el incentivo a su favor; y,

10. Condenar en costas a los demandados.

2. Coadyuvantes.

2.1. Los ciudadanos Castorila González Ramírez, Aurora Gonzáles Ramírez, Zunilda Rosa Mejía, Juan Poveda Gonzáles y Orangel Ramírez, coadyuvaron la demanda con fundamento en el artículo 24 de la Ley 472 de 1998, en calidad de miembros de la comunidad indígena Wayuú.

2.2. Igualmente, la ciudadana Jenny Lorena Bolivar Herrera coadyuvó la demanda y expresó que no es dable aducir las limitaciones de Aguas de la Península S.A ESP, para justificar la vulneración de los derechos colectivos ni para el incumplimiento de sus obligaciones como empresa prestadora de servicios públicos.

Precisó que el demandado no ha probado que el incumplimiento de sus obligaciones se deba a los hechos violentos ejecutados por la comunidad para impedir el ingreso a la laguna; que de ser así, ello no configura un caso fortuito o de fuerza mayor, puesto que la empresa puede acudir a las “autoridades públicas” para que le acompañen a hacer las labores de mejoramiento del sistema.

2.3. Natalia Fuentes Sarmiento, solicitó se la tenga como coadyuvante y se ordene a los demandados la construcción de un puente que garantice la seguridad de la población que debe atravesar la laguna, especialmente los niños, quienes al cruzar por un “puente” improvisado, en muchas ocasiones han caído al agua contaminada y han contraído enfermedades de la piel.

3. La contestación.

3.1. Aguas de la Península S.A. ESP, se opuso a las pretensiones y señaló que la comunidad asentada en las zonas aledañas a la laguna de estabilización ha optado por vías de hecho para impedir que se cumpla el fin para el que fue diseñada y construida. Que la laguna no presenta ningún daño estructural y que su inadecuado funcionamiento se debe a los actos de vandalismo de quienes hurtan los computadores instalados. Además, esa comunidad ha impedido el ingreso del operador y de los contratistas para efectuar los mantenimientos correctivos y preventivos de la laguna.

Por último, indicó que no puede endilgársele responsabilidad alguna en relación con los daños sufridos por los lugareños, si se tiene en cuenta que todas las acciones adelantadas por Aguas de la Península S.A. se han encaminado al adecuado uso y funcionamiento de la obra.

3.2. El Municipio de Maicao, por conducto de apoderado judicial, manifestó que por informe de la Empresa Aguas de la Península S.A., se tiene conocimiento de la imposibilidad de ingresar a la zona de la laguna, por oposición de la comunidad para poder adoptar una decisión definitiva en el tratamiento de las aguas residuales.

III. Pacto de cumplimiento

El 31 de mayo de 2005 se llevó a cabo la audiencia pública de pacto de cumplimiento consagrada en el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, la cual se declaró fallida, por la indebida representación del municipio demandado.

IV. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de la Guajira, en sentencia de 13 de diciembre de 2005, decidió:

“1. Declarar que el municipio de Maicao y Aguas de la Península S.A. ESP, son directamente responsables por omisión al no haber tomado las medidas necesarias frente a la grave vulneración y amenaza (sic) ocasionada al medio ambiente, a la salud, y salubridad de las comunidades indígenas que habitan en el territorio denominado “El Limoncito” de la ciudad de Maicao.

2. Proteger los intereses y derechos colectivos de un ambiente sano, salud, salubridad pública de comunidades indígenas que habitan en el territorio denominado “El Limoncito” de la ciudad de Maicao.

3. Se ordena al alcalde del municipio de Maicao tomar todas las medidas necesarias para cerrar definitivamente la laguna de oxidación de aguas residuales del municipio de Maicao, dentro de un plazo no mayor de un (1) año, contado a partir de la fecha de ejecutoria de la presente providencia.

4. Se ordena al alcalde del municipio de Maicao y a Aguas de la Península S.A. ESP, reubicar la laguna de oxidación previa concertación con las comunidades indígenas del sector, dentro del año siguiente a la ejecutoria de la presente providencia.

5. Se ordena al  municipio de Maicao y a Aguas de La Guajira S.A. ESP(1), realizar las obras o actividades necesarias tendientes a reparar las condiciones del medio ambiente afectado y la descontaminación de la zona de la laguna de manera inmediata.

6. Se crea un comité de seguimiento, para velar por el efectivo cumplimiento de los anteriores literales, que debe estar integrado por un representante de las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas, un representantes de las comunidades indígenas que se han visto afectadas directamente por la laguna de oxidación de Maicao, por la Procuraduría General de la Nación, por Aguas de la Península S.A. ESP y por el municipio de Maicao.

7. Durante el periodo de cumplimiento de esta sentencia se organizarán por parte del municipio de Maicao brigadas cada cuatro (4) meses para vigilar la salud de las comunidades indígenas que habitan en el territorio denominado “El Limoncito” de la ciudad de Maicao.

8. Se suministrará agua potable a precios de estrato 1 a los habitantes de la zona, hasta tanto se finalice el  proceso de descontaminación de la laguna y se garantice que la calidad del agua que consumen las comunidades sea potable.

9. Se ordena un incentivo de quince (15) salarios mínimos legales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia para el actor señor Bartolo Poveda González, a cargo del municipio de Maicao y Aguas de la Península S.A. ESP.

10. Se niegan las demás súplicas de la demanda.

11. Sin costas.

12. Por secretaría se compulsarán copias de esta sentencia, la demanda y el auto admisorio con destino a la Defensoría Regional del Pueblo y Corpoguajira”.

En primer lugar, el tribunal precisó los derechos invocados en la demanda que no pueden ser protegidos por medio de las acciones populares. Estimó que la diversidad étnica y cultural de las comunidades indígenas, son intereses generales cuya defensa no puede invocarse en ejercicio de las acciones populares.

En cuanto a la propiedad colectiva, consideró que las relaciones entre el individuo y la tierra son regidas por el derecho privado. Y, con relación al derecho de participación y consulta previa, señaló que es procedente cuando se trate de explotación de recursos naturales en los territorios indígenas.

Por tanto, arribó a la conclusión de que las demandadas eran, en cambio, responsables de la vulneración de los derechos colectivos a un ambiente sano, a la salud y a la salubridad pública, por las siguientes razones:

El 17 de agosto de 2005, se practicó inspección judicial a la laguna de oxidación del municipio de Maicao, en la que se pudo constatar las condiciones críticas del lugar, la amenaza de desbordamiento, las fugas de las aguas servidas y el olor nauseabundo que se detecta a varios metros de la laguna.

Aclaró que el municipio de Maicao y Aguas de la Península S.A. ESP, han adelantado estudios para solucionar esta problemática, pero que la “intransigencia” de los habitantes del sector ha impedido que se adopten las medidas necesarias para efectuar el mantenimiento de la laguna de oxidación.

Resalto que ello se debe a los habituados abusos que han sufrido las etnias indígenas de nuestro país desde tiempos ancestrales y que las han llevado a considerar toda acción de los “civilizados” como una amenaza a su supervivencia y a su integridad cultural.

Por último, argumentó:

“Se pregunta el tribunal cuál sería la actitud de los “civilizados” si en un sitio donde está asentada una comunidad “blanca” se construye una laguna de oxidación? Es esta entonces la oportunidad de hacer una reafirmación jurídica de los derechos de las comunidades indígenas con fundamento en los artículos 7º y 329 de la Constitución Política, para así lograr una real igualdad de sus derechos con los de los “arijunas” o “civilizados”.

V. El recurso

5.1. El municipio de Maicao impugnó la sentencia y argumentó la incoherencia entre lo afirmado como sustento de la decisión y lo decidido.

Dijo que el tribunal se refirió a “la intransigencia de los habitantes del sector [que] ha hecho imposible cualquier acción tendiente a finiquitar el problema” pero, a pesar de la anterior afirmación, declaró responsable al municipio de la vulneración de los derechos de la comunidad que habita el territorio de “El Limoncito”.

Aclaró que Aguas de la Península S.A. ESP, ha ejecutado varias acciones tendientes a proteger los derechos de los habitantes de “El Limoncito” y, por ello, determinó mediante un estudio las diferentes falencias en el funcionamiento de la laguna de oxidación que llevaron a la celebración de los contratos Nº 20 de 2002 y Nº 28 de 2003, para el diseño de nuevas lagunas y del sistema de riego con la utilización de las aguas servidas.

No obstante, las comunidades involucradas impidieron el acceso de los funcionarios de la empresa a la zona, lo que exime a las demandadas de la responsabilidad endilgada(2).

5.2. Aguas de la Península S.A. ESP, adujo la contradicción entre las consideraciones efectuadas por el tribunal para sustentar el fallo y las declaraciones que este contiene.

Hizo hincapié en que el tribunal admitió la existencia de las excepciones de ausencia de imputabilidad y hecho de un tercero, pero inexplicablemente no las tuvo en cuenta al momento de dictar la sentencia.

VI. Consideraciones

1. Objeto de las acciones populares.

La acción popular consagrada en el inciso primero del artículo 88 de la Constitución Política, desarrollada por la Ley 472 de 1998, tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño contingente por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares cuando actúen en desarrollo de funciones administrativas. Dicha acción busca que la comunidad afectada pueda disponer de un mecanismo jurídico de forma rápida y sencilla para la protección de sus derechos.

2. Los derechos colectivos protegidos por las acciones populares.

Esta corporación, en reiteradas ocasiones, ha explicado el concepto y alcance de los derechos colectivos y ha señalado que:

“Los derechos colectivos son aquellos mediante los cuales aparecen comprometidos los intereses de la comunidad, y cuyo radio de acción va más allá de la esfera de lo individual o de los derechos subjetivos previamente definidos por la ley”(3).

“Los derechos particulares comunes a un grupo de personas no constituyen derechos colectivos”(4).

“No deben confundirse los derechos colectivos con los individuales comunes a un grupo de personas de terminadas o determinables. La distinción entre intereses subjetivos y colectivos de un grupo depende de la posibilidad de apropiación exclusiva de los objetos o bienes materiales o inmateriales involucrados en la relación jurídica. Así, de los derechos colectivos puede afirmarse que a pesar de pertenecer a todos los miembros de una comunidad ninguno puede apropiarse de ellos con exclusión de los demás; en tanto que en relación con los derechos individuales, cada uno de los sujetos que pertenecen al grupo puede obtener la satisfacción de su derecho de forma individual y en momento diferente o puede ejercerlo con exclusión de los demás, y solo por razones de orden práctico pueden reclamar conjuntamente la indemnización cuando han sufrido un daño por una causa común, sin perjuicio de las acciones individuales que cada uno pueda iniciar”(5).

De esta manera, la Sala considera que  asistió razón al tribunal al limitar el estudio de la demanda a los derechos colectivos relacionados con un ambiente sano y la salubridad pública, porque “la diversidad étnica y cultural, el territorio, la participación y consulta de las comunidades indígenas”  no es un derecho o interés colectivo, susceptible de protección por vía de la acción popular.

Sobre el punto la Corte Constitucional ha señalado que:

“El derecho de los pueblos indígenas y tribales a invocar el restablecimiento de su derecho fundamental a la existencia como minoría social reconocible no comporta la facultad de propender por el restablecimiento de las condiciones ambientales de la zona donde habitan, ni por la preservación de la salubridad pública de la región en que se asientan, porque tal restablecimiento y preservación han sido confiadas por la Constitución Política al juez ordinario, previo el ejercicio de la acción popular, prevista para la protección de los derechos e intereses colectivos”(6).

No sucede lo mismo con el amparo del derecho a la salud declarado por el tribunal, pues resulta innecesario decretar una orden de protección sobre el mismo cuando se está protegiendo a su vez el derecho a la salubridad pública, atendiendo al concepto de este último, es decir, derecho de la comunidad de acceder a instalaciones y organizaciones que garanticen su salud(7).

3. El problema jurídico.

La pretensión del actor está encaminada a que se clausure definitivamente la laguna de aguas residuales del municipio de Maicao y se reubique en un terreno apto para su funcionamiento.

La defensa central de las demandadas consiste en afirmar que la situación de insalubridad que padece la laguna de oxidación ubicada en la comunidad indígena de “El Limoncito”, no es imputable a un hecho u omisión de aquellas, sino a las acciones “de hecho” tomadas por los miembros de la mencionada comunidad.

El tribunal accedió  a las pretensiones de la demanda porque consideró que era “la oportunidad de hacer una reafirmación jurídica de los derechos de las comunidades indígenas con fundamento en los artículos 7º y 329 de la Constitución Política, para así lograr una real igualdad de sus derechos con los de los “arijunas” o “civilizados”(8).

Así las cosas, el asunto que se plantea a la Sala se contrae a examinar la responsabilidad del municipio de Maicao y Aguas de la Península S.A. ESP, en la vulneración de los derechos colectivos a la salubridad pública y al goce de un ambiente sano, fundada en el inadecuado funcionamiento de la laguna de oxidación en el territorio de “El Limoncito” del municipio de Maicao.

4. Las competencias de los niveles territoriales en materia de saneamiento ambiental.

Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Así lo dispone la Constitución Política en su artículo 365 al señalar que es deber del Estado asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio.

El artículo 49 de la Constitución Política(9) dispone que el saneamiento ambiental y la atención de la salud son servicios públicos a cargo del Estado, en cuya prestación debe garantizarse a toda persona el acceso a los servicios orientados a su promoción, protección y recuperación. El Estado debe organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud y de saneamiento ambiental a los habitantes conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

El artículo 366 ídem(10) prescribe como prioritario el gasto público social y las leyes 60 de 1993 y 715 de 2001, radican en los departamentos y municipios responsabilidades concretas en materia de saneamiento ambiental.

En el orden nacional, la Ley 99 de 1993 y el Decreto 2478 de 1999, asignan las competencias del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial(11) y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural(12) en relación con el saneamiento del medio ambiente.

En lo que tiene que ver con los departamentos el artículo 43 de la Ley 715 de 2001, les asigna el deber de ejecutar las acciones de inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo del ambiente que afectan la salud humana, y de control de vectores y zoonosis de competencia del sector salud, en coordinación con las autoridades ambientales, en los corregimientos departamentales y en los municipios de categorías 4, 5 y 6 de su jurisdicción.

Por su parte, los artículos 2º de la Ley 60 de 1993, 65 de la Ley 99 de 1993, 3º de la Ley 136 de 1994  y 44 de la Ley 715 de 2001, determinan las competencias de los municipios de la siguiente manera:

LEY 60 DE 1993.

“ART. 2ºCompetencias de los municipios. Corresponde a los Municipios, a través de las dependencias de su organización central o de las entidades descentralizadas municipales competentes, en su carácter de entidades ejecutoras principales de las acciones en materia social, dirigir, prestar o participar en la prestación de los servicios directamente, conforme a la ley, a las normas técnicas de carácter nacional, a las ordenanzas y a los respectivos acuerdos municipales así:

(...).

3. Ejercer la vigilancia y control del saneamiento ambiental, y de los factores de riesgo del consumo, las cuales podrán realizarse en coordinación con otros municipios y con el departamento”.

LEY 99 DE 1993

ART. 65.Funciones de los municipios, de los distritos y del Distrito Capital de Santafé de Bogotá.

Corresponde en materia ambiental a los municipios y a los distritos con régimen constitucional especial, además de las funciones que les sean delegadas por la ley o de las que se deleguen o transfieran a los alcaldes por el Ministerio del Medio Ambiente o por las Corporaciones Autónomas Regionales, las siguientes atribuciones especiales:

Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables; elaborar los planes, programas y proyectos ambientales municipales articulados a los planes, programas y proyectos regionales, departamentales y nacionales;

Dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico del municipio;

Adoptar los planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los recursos naturales renovables, que hayan sido discutidos y aprobados a nivel regional, conforme a las normas de planificación ambiental de que trata la presente ley;

Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los recursos naturales renovables a nivel departamental.”

LEY 136 DE 1994

“ART. 3ºFunciones. Corresponde al municipio:

(...).

Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos, domiciliarios, vivienda, recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y, en concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y la Nación, en los términos que defina la ley”.

LEY 715 DE 2001

“ART. 44.Competencias de los municipios. Corresponde a los municipios dirigir y coordinar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el ámbito de su jurisdicción, para lo cual cumplirán las siguientes funciones, sin perjuicio de las asignadas en otras disposiciones:

(...).

44.3.3.3. Vigilar en su jurisdicción, la calidad del agua para consumo humano; la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos; manejo y disposición final de radiaciones ionizantes, excretas, residuos líquidos y aguas servidas; así como la calidad del aire. Para tal efecto, coordinará con las autoridades competentes las acciones de control a que haya lugar. (resalta la Sala)

El artículo 211 del Decreto 1541 de 1978 (jul. 28), reglamentario de la Ley 23 de 1973 prohíbe verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.

El Decreto 1594 de 1984 (jun. 21), reglamentario de la Ley 9ª de 1979, gobierna el uso del agua y los residuos líquidos, y en su artículo 61 establece la prohibición de verter residuos líquidos a un acuífero. A esos efectos, indica que los sedimentos, lodos, y sustancias sólidas provenientes de sistemas de tratamiento de agua o equipos que causen contaminación ambiental, y otras tales como cenizas, cachaza y bagazo, no podrán disponerse en cuerpos de aguas superficiales, subterráneas, marinas, estuarinas o sistemas de alcantarillado, y para su disposición deberá cumplirse con las normas legales en materia de residuos sólidos(13).

El artículo 12 del Decreto 3100 de 2003(14) establece que los usuarios prestadores del servicio de alcantarillado sujetos al pago de la tasa retributiva deberán presentar a la autoridad ambiental competente el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV(15), de conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el cual deberá contener las actividades e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos. Dicho, plan contendrá la meta, individual de reducción de carga contaminante de los usuarios mencionados que se fijará por la autoridad ambiental competente, cuyo cumplimiento se evaluará de acuerdo con los compromisos establecidos en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.

5. El goce de un medio ambiente sano.

La Carta Política en su artículo 79, reconoce el derecho a gozar de un ambiente sano y le atribuye al Estado el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. Con miras a una adecuada materialización de tales propósitos, dispone que la ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo(16).

Desde el punto de vista constitucional, el medio ambiente involucra aspectos relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural.

6. La salubridad pública.

Sobre el concepto de “salubridad pública” ha sostenido esta Sección, de manera coincidente con la Corte Constitucional:

“En diferentes ocasiones la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre los conceptos de seguridad y salubridad públicas; los mismos han sido tratados como parte del concepto de orden público y se han concretado en las obligaciones que tiene el Estado de garantizar condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad.” “…Su contenido general, implica, de acuerdo con la jurisprudencia citada, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos, las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el caso de la salubridad, la garantía de la salud de los ciudadanos. Estos derechos colectivos están ligados al control y manejo de las situaciones de índole sanitario, para evitar que tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento o de determinado lugar se generen focos de contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad y en general que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria. Es decir, que al momento de ponerse en funcionamiento determinados  proyectos de los cuales se pueda derivar algún perjuicio para los ciudadanos, se deben realizar los estudios previos y tomar las medidas conducentes para evitar que se produzca un impacto negativo en las condiciones de salud y seguridad de los asociados”(17).

De manera específica, sobre la relación de la salubridad pública con la infraestructura que debe garantizarse a la comunidad, ha sostenido esta corporación:

“El derecho colectivo invocado como vulnerado en la presente acción es el del “acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública”. Es un servicio público a cargo del Estado cuya finalidad es disminuir la morbilidad, es decir, la proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado. Ahora bien, el derecho invocado hace alusión igualmente a la palabra “infraestructura” la cual debe entenderse como un conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una organización, en este caso, para la buena gestión de la salubridad pública. Por lo tanto, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública implica, entre otros aspectos, la posibilidad que tienen las personas de beneficiarse de los programas de salud preventivos, de rehabilitación y atención, buscando disminuir el número de personas enfermas en un lugar específico y en un espacio de tiempo determinado(18).

Si se hace referencia al acceso, se colige, que la garantía de este derecho o interés colectivo se obtendrá a través de órdenes orientadas a garantizar el acceso a infraestructuras de servicios.

7. Lo probado en el proceso.

Consta en el proceso que:

El municipio de Maicao realiza el vertimiento directo de las aguas servidas del sistema de alcantarillado al Arroyo de Majayutpana, sin ningún tratamiento, según lo señalado por la Corporación Autónoma Regional de la Guajira en la Resolución 585 de 1993(19).

La Empresa de Servicios Públicos Aguas de la Península S.A. ESP, asumió la financiación, operación, administración y prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y sus actividades complementarias, así como la construcción, rehabilitación, optimización, expansión, reposición y mantenimiento de los sistemas destinados a la gestión y prestación de los mismos servicios públicos. Lo anterior se soporta en el contrato de concesión Nº 3 de 2000 celebrado entre el municipio de Maicao y la Empresa de Servicios Públicos Aguas de la Península S.A. ESP.

Los miembros de las comunidades aledañas a la laguna de oxidación, han sufrido perjuicios por causa de las aguas vertidas a los arroyos.

Así se hizo constar en el acta de visita a las comunidades Wayuú de Limoncito, Majayutpana y Palasumala, aledañas a la laguna de oxidación, llevada a cabo los días 8 y 9 de abril de 2005 y suscrita por el personero municipal de Maicao, por la autoridad tradicional del Limoncito y por la Líder de la Comunidad Majayutpana.

Con el acta, se anexa el mapa del recorrido, las fichas de los casos con los testimonios recibidos y las valoraciones médicas que dan cuenta de las enfermedades reportadas por la comunidad que tienen origen en la contaminación del agua(20).

Aguas de la Península S.A ESP contrató la realización del diseño del sistema de tratamiento de aguas residuales para el municipio de Maicao, por medio del contrato Nº 20 de 10 de diciembre de 2002, celebrado entre Aguas de la Península S.A ESP (contratante) y Estudios Técnicos y Construcciones Ltda. (contratista). El objeto del contrato fue el diseño de estaciones de bombeo, líneas de impulsión y sistema de tratamiento de aguas residuales (lagunas de oxidación) para el alcantarillado del municipio de Maicao, y el tanque de almacenamiento tipo enterrado para el acueducto(21).

En la inspección judicial llevada a cabo por el tribunal el día 15 de agosto de 2005, se pudo constatar que: “se encontró una laguna de oxidación con aproximadamente 5.5 hectáreas…se procedió a recorrer ... y se encontraron charcos de lodo al parecer originados por filtraciones subterráneas de la laguna. En el extremo sur de la laguna hay una tubería que descarga las aguas servidas en ella, tubería que está averiada en el punto por donde se filtra el agua hacia el terreno. También se encontró un cause seco de un arroyo... se pudo observar un sistema de salida del agua servida que en el momento de la diligencia no tenía compuerta y, por lo tanto, las aguas salían por los tubos casi sin ningún proceso de oxidación con el resultado de contaminación de una quebrada que corre aproximadamente a unos 50 metros... El magistrado pudo observar varios niños de la comunidad del Limoncito con enfermedades dérmicas que son achacadas por ellos y por sus maestros al agua de la laguna”(22).

La Corporación Autónoma Regional de La Guajira presentó un informe técnico(23) al tribunal sobre la visita a la laguna de oxidación en el que explicó: “el almacenamiento ha llegado al límite de retención, pues al momento de la visita se observó desbordamiento por el costado nororiental, demostrando que si llegase una entrada súbita de aguas, se generaría desbordamiento y contaminación en el área adyacente” ... “No posee cerramiento perimetral, ni señalización adecuada, ni accesorios para manejo y operación de válvulas en buen estado”.

Se observa el acta de la reunión llevada a cabo el día 29 de agosto de 2005, con la presencia de la alcaldesa municipal, el personero municipal, el secretario de planeación, el secretario de salud, el secretario general, el asesor jurídico del municipio, el representante de aguas de la península, la representante de asuntos indígenas departamental, el representante de la secretaría departamental de salud, dos representantes de Corpoguajira y el representante de la comunidad del Limoncito.

De la lectura del acta se puede extraer las propuestas de los actores del conflicto encaminadas a buscar soluciones a la problemática de la laguna de estabilización, las cuales la Sala estudiará para la respectiva decisión(24).

Se recibió el testimonio del Ingeniero Civil John Ferney Quintana, funcionario de Aguas de la Península S.A. ESP, el 4 de noviembre de 2005, del cual se resalta que el lugar de ubicación de la laguna es técnica y ambientalmente el mejor para el sistema de tratamiento de aguas que requiere el municipio(25).

7. La ausencia de un adecuado sistema de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Maicao y las condiciones de contaminación de la laguna de oxidación de El Limoncito - La vulneración de los derechos colectivos.

De los planteamientos normativos y probatorios esbozados, se tiene que el municipio de Maicao es el encargado de ejercer la vigilancia y control del saneamiento ambiental y del manejo y disposiciónfinal de los residuos líquidos en su jurisdicción.

Aparece probado que en el municipio de Maicao no hay un sistema adecuado de aguas servidas debido a la existencia de una única laguna de oxidación que, pese a ubicarse en un lugar técnica y ambientalmente propicio para el tratamiento de aguas, se encuentra en estado de desbordamiento, sin ningún tipo de mantenimiento, sin cerramiento adecuado y con filtraciones, circunstancias que han ocasionado problemas de contaminación del ambiente y de la salud de las comunidades aledañas.

Lo anterior evidencia inequívocamente la vulneración de los derechos colectivos al medio ambiente sano, a la salubridad pública, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, y al acceso a los servicios públicos y a su prestación eficiente y oportuna. En este aspecto se adicionará el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia para determinar los derechos colectivos vulnerados cuya declaratoria no hizo el a quo.

8. Las excepciones sobre “ausencia de imputabilidad” y “hecho de un tercero”, propuestas por Aguas de la Península S.A. ESP.

Alega la empresa que no existe una adecuada infraestructura de la laguna de oxidación que le permita cumplir con sus obligaciones, en razón a los “actos vandálicos” de parte de las comunidades aledañas a la laguna, quienes han impedido por las “vías de hecho”, realizar las obras de mantenimiento.

Para la Sala, es a todas luces inaceptable e inexcusable la omisión del municipio en el manejo y disposiciónfinal de los residuos líquidos en la laguna de oxidación, dadas las concluyentes obligaciones que en materia ambiental y salubridad le impone la normativa constitucional y legal que ha sido examinada.

Cabe mencionar la sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado(26), en la que se resaltó que el hecho de la participación de los afectados en la vulneración del derecho colectivo, no exime a las autoridades de su deber legal y constitucional, en relación con el cumplimiento de sus funciones y la prestación de los servicios que tienen a su cargo.

En esa oportunidad, la Sala discutía la vulneración del derecho colectivo a la salubridad pública, por el rebosamiento de aguas residuales en un sector del municipio de Tulúa. En el expediente resultó probado el grave problema de salubridad originado por la saturación del pozo séptico, por su rebosamiento con el consiguiente vertimiento de excretas a cielo abierto y de aguas residuales domésticas en el sector de La Balastrera, agravado por el desconocimiento de las normas de higiene y de seguridad por parte de sus habitantes, quienes arrojaban basuras y residuos de alimentos, acentuando la propagación de plagas, insectos y los  malos olores.

Debido a esto, el municipio demandado argumentó en su defensa que la comunidad era responsable de haber creado la situación que produjo la afectación de los derechos colectivos, porque se trataba de un asentamiento ilegal.

Frente a lo anterior, la Sala enfatizó que el ente territorial no puede excusar su responsabilidad alegando que los habitantes de las viviendas que sufren el riesgo o amenaza a la salubridad son responsables de su causación por tratarse de un asentamiento ilegal, pues la violación de la ley por los ciudadanos en modo alguno exonera a las autoridades del  cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales.

Lo propio sucede en el caso bajo estudio, en el que se demostró que las autoridades del municipio de Maicao conocían de la oposición de la comunidad de “El Limoncito” a la construcción de las lagunas de oxidación, y se excusaron en ello para no cumplir con sus deberes legales y constitucionales, sin tomar las medidas necesarias para lograr el cometido al que estaban obligadas y para el cual contaban con todas las herramientas legales y administrativas a su alcance.

De ser ciertas las amenazas contra la integridad personal de los funcionarios de Aguas de la Provincia S.A., que no fueron probadas,el alcalde está obligado a adoptar las medidas policivas para enfrentar las supuestas “medidas de hecho” tomadas por la comunidad y hacer cumplir la Constitución y la ley para conservar el orden público, en caso de ser necesaria la intervención de la fuerza policial con miras a mitigar cualquier disturbio. No en vano, según el artículo 315-2 de la Constitución Política, el alcalde es la primera autoridad de policía del municipio y, conforme al numeral 3º ídem, le compete dirigir la acción administrativa del municipio y asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo.

9. El caso concreto.

Al punto de la decisión la Sala se enfrenta a la siguiente disyuntiva:

El municipio de Maicao y Aguas de la Península S.A. ESP han trabajado en la construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales, para lo cual dispusieron la creación de unas lagunas de oxidación en el sector de “El Limoncito”, con el fin de mejorar el funcionamiento de la única laguna existente.

Sin embargo, quedó demostrado que sus esfuerzos no fueron suficientes para darle cumplimiento a las normas sobre saneamiento ambiental y disposición final de residuos, pese a la celebración del contrato para la realización del diseño del sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio de Maicao(27). Por ello, se les declaró responsables de la vulneración de los derechos colectivos atrás mencionados.

Los miembros de las comunidades aledañas a la laguna de oxidación de “El Limoncito” se oponen a la construcción de otras lagunas de estabilización en ese sector, por varias razones, entre ellas, el inadecuado tratamiento de aguas negras, los perjuicios a la salud que ha traído la permanencia de la laguna, y la falta de participación en las decisiones que pueden afectar los intereses de la comunidad indígena.

Las diferentes inconformidades de la comunidad indígena fueron planteadas en la reunión llevada a cabo el 29 de agosto de 2005, con la presencia de la alcaldesa municipal, el personero municipal, el secretario de planeación, el secretario de salud, el secretario general, el asesor jurídico del municipio, el representante de Aguas de la Península, la representante de asuntos indígenas departamental, el representante de la secretaría departamental de salud, dos representantes de Corpoguajira y el representante de la comunidad del Limoncito(28).

De la lectura del acta se colige que pese a las intervenciones y soluciones que proponen cada uno de los participantes, no se logra avenencia en la solución de la problemática de la laguna de oxidación y el tratamiento de aguas negras del municipio, cuestión que cobra relevancia en punto de la participación ciudadana que consagra la Constitución Política(29) en todas las decisiones que afecten el medio ambiente; participación que, en el caso concreto, deberá ser parte integral de la solución que se determine en la presente acción popular.

En la sentencia de primera instancia el tribunal ordenó cerrar la laguna de oxidación y reubicarla, previa concertación con las comunidades indígenas del sector.

Por otra parte, las autoridades involucradas en la solución del problema que presenta el sistema de tratamiento de aguas residuales, convienen en las bondades de las lagunas de oxidación para el correcto funcionamiento del sistema por las condiciones topográficas y ambientales del lugar donde se ubica.

Al respecto, la Corporación Autónoma Regional de la Guajira indicó que las lagunas de oxidación o de estabilización se caracterizan por ser el medio de tratamiento de aguas residuales con mayor viabilidad financiera y ambiental(30).

Aguas de la Península expresó que el lugar designado para el tratamiento de las aguas del municipio es el más apropiado por las condiciones topográficas del terreno y por la existencia de la laguna de oxidación(31).

En la citada reunión de 29 de agosto de 2005, se dejó constancia de los beneficios de las lagunas de oxidación, poniendo de presente el ejemplo de una empresa localizada en la Guajira (Intercor) cuyo vertimiento de agua tiene una remoción del 99.5%.

Ahora bien, la Corporación Autónoma Regional de la Guajira y Aguas de la Península S.A. coinciden en afirmar que para ejecutar el proyecto de sistema de lagunas que planea la administración se requieren 32 hectáreas, lo que prácticamente haría desaparecer el “Resguardo Indígena”(32).

10. La decisión.

Bajo esta perspectiva, la Sala estima que la decisión que salvaguarda los derechos de la comunidad involucrada en el conflicto es la adopción de un nuevo Plan Maestro de Alcantarillado(33) que incluye el cierre de la laguna de oxidación de “El Limoncito” y proceder a la reubicación del proyecto de Aguas de la Península S.A.

Es preciso aclarar que si bien es cierto, los pueblos indígenas constituyen un grupo especial de protección constitucional, en el sub judice la protección se hace en torno a la comprobada vulneración de los derechos colectivos a un medio ambiente sano, a la salubridad pública, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, y al acceso a los servicios públicos y a su prestación eficiente y oportuna, y no porque “sea la oportunidad de hacer una reafirmación jurídica de los derechos de las comunidades indígenas” como lo afirmó el tribunal en la sentencia apelada(34), pues, como ya se dijo, ese tipo de reclamaciones son objeto de acciones distintas a la popular(35).

No obstante, es menester precisar para la adopción del mencionado plan, comoquiera que se trata de una actividad que puede causar impacto en el medio ambiente, debe estar acompañada de una concertación con todas las partes que han intervenido en este conflicto, en especial, con los miembros de las comunidades indígenas afectadas con la problemática de la laguna de oxidación(36).

Si agotada esta etapa de concertación, persiste un conflicto irresoluble, deberá agotarse la instancia de mediación prevista en el numeral 31 del artículo 5º de la Ley 99 de 1993, que preceptúa:

“ART. 5º—Corresponde al Ministerio del Medio Ambiente: ... 31. Dirimir las discrepancias entre entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, que se susciten con motivo del ejercicio de sus funciones y establecer criterios o adoptar decisiones cuando surjan conflictos entre ellas en relación con la aplicación de las normas o con las políticas relacionadas con el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables o del medio ambiente”.

Para el amparo de los derechos colectivos, la Sala hará las siguientes declaraciones, en relación con la sentencia impugnada:

10.1. Se confirmará el numeral 1º de la sentencia apelada que declaró la responsabilidad del municipio de Maicao y de Aguas de la Península S.A. ESP en la vulneración de los derechos colectivos.

10.2.Se confirmará parcialmente el numeral 2º de la sentencia, en el entendido que la orden de protección recae sobre los derechos colectivos a un medio ambiente sano, a la salubridad pública, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, y al acceso a los servicios públicos y a su prestación eficiente y oportuna.

10.3.Se modificará el numeral 3º y 4º. En su lugar, se ordenará:

10.3.1. Al alcalde de Maicao, al secretario de planeación, al secretario de salud, al secretario general y al asesor jurídico del municipio, concertar una reunión con Aguas de la Península S.A. ESP, el personero municipal, la secretaría de salud departamental, la Corporación Autónoma Regional de la Guajira, el representante de asuntos indígenas departamental y el representante de las comunidades indígenas aledañas a la laguna, con el fin de dar a conocer los términos del nuevo Plan Maestro de Alcantarillado, cuya finalidad es la adopción de una solución definitiva a la problemática del sistema de tratamiento de aguas servidas del municipio de Maicao y fijar los plazos para su desarrollo, así como los compromisos que cada uno debe asumir en la adopción de una solución concertada, real y efectiva.

La reunión se deberá efectuar a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria del presente fallo y deberá rendirse un informe al ponente mediante el cual se ilustre sobre los avances en la adopción de la solución. Si agotada esta etapa de concertación, persiste un conflicto irresoluble, deberá agotarse la instancia de mediación prevista en el numeral 31 del artículo 5º de la Ley 99 de 1993(37).

10.3.2.A la alcaldía municipal y Aguas de la Península S.A. ESP, en coordinación con la Corporación Autónoma Regional de la Guajira, elaborar los estudios y diseños para la adopción del sistema de tratamiento de aguas residuales sujeto a la Ley 99 de 1993 y a sus desarrollos, así como a la reglamentación existente de ordenamiento físico, a las normas urbanísticas, a los usos del suelo y densidades adoptadas para el sector, al Plan de Ordenamiento Territorial y a la sostenibilidad ambiental.

La administración adoptará todas las medidas presupuestales y administrativas necesarias para ejecutar el proyecto a más tardar en un plazo de dieciocho (18) meses contados a partir de la notificación de esta providencia y deberá rendirse un informe al ponente mediante el cual se ilustre sobre los avances en este punto.

10.4. Se modificará el numeral 5º, en cuanto a la orden impartida a Aguas de la Guajira S.A. ESP, la cual deberá ser acatada por Aguas de la Península S.A. ESP.

10.5. Se confirmarán los numerales 5º, 6º, 7º y 8º de la sentencia impugnada en cuanto a la orden de realizar las tareas para la descontaminación del ambiente afectado y la recuperación del área aledaña a la laguna; a la creación de un comité de seguimiento, el cual estará integrado, además, por los magistrados del Tribunal Administrativo de la Guajira, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 472; a la realización de brigadas de salud dirigidas a tratar los problemas de salud de los habitantes de la zona; y al suministro de agua potable para que la comunidad pueda desarrollar sus actividades domésticas y agrícolas, mientras se soluciona definitivamente la contingencia. Estas tareas deben empezar a ejecutarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta sentencia.

10.6. Se revocará el numeral 9º que ordenó el pago de quince (15) salarios mínimos legales por concepto de incentivo, para en su lugar ordenar reconocer a favor del actor la suma equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto del incentivo previsto en el artículo 39 de la Ley 472 de 1998, a cargo de los demandados.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el citado artículo prevé que el demandante en una acción popular tendrá derecho a recibir un incentivo que el juez fijará entre 10 y 150 salarios mínimos mensuales. La Sala considera ajustado tanto a la ley como a las circunstancias específicas del presente trámite, el incentivo en cuantía de diez (10) salarios mínimos legales mensuales, pues debido a la naturaleza, entidad e importancia de esta acción tiene correspondencia el otorgamiento del mismo(38).

10.11. Se confirmarán los numerales 10, 11 y 12 de la providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,  administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFÍRMANSE los numerales 1º, 5º, 6º, 7º y 8º de la sentencia impugnada en cuanto a la declaratoria de responsabilidad del municipio de Maicao y de Aguas de la Península S.A ESP; a la orden de realizar las tareas para la descontaminación del ambiente afectado y la recuperación del área aledaña a la laguna; a la creación de un comité de seguimiento, el cual estará integrado, además, por los magistrados del Tribunal Administrativo de la Guajira, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 472; a la realización de brigadas de salud dirigidas a tratar los problemas de salud de los habitantes de la zona; y al suministro de agua potable para que la comunidad pueda desarrollar sus actividades domésticas y agrícolas, mientras se soluciona definitivamente la contingencia.

Estas tareas deben empezar a ejecutarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta sentencia.

2. CONFÍRMANSE los numerales 10, 11 y 12 de la providencia.

3. CONFÍRMASE parcialmente el numeral 2º de la sentencia, en el entendido que la orden de protección recae sobre los derechos colectivos a un medio ambiente sano, a la salubridad pública, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, y al acceso a los servicios públicos y a su prestación eficiente y oportuna.

4. MODIFÍCASE el numeral 3º y 4º. En su lugar, ORDÉNASE:

Al alcalde, al secretario de planeación, al secretario de salud, al secretario general y al asesor jurídico del municipio, concertar una reunión con Aguas de la Península, el personero municipal, la secretaría de salud departamental, la Corporación Autónoma Regional de la Guajira, el representante de asuntos indígenas departamental y el representante de las comunidades indígenas aledañas a la laguna, con el fin de dar a conocer los términos del nuevo Plan Maestro de Alcantarillado, cuya finalidad es la adopción de una solución definitiva a la problemática del sistema de tratamiento de aguas servidas del municipio de Maicao y fijar los plazos para su desarrollo, así como los compromisos que cada uno debe asumir en la adopción de una solución concertada, real y efectiva.

La reunión se deberá efectuar a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria del presente fallo y deberá rendirse un informe al ponente mediante el cual se ilustre sobre los avances en la adopción de la solución.

Si agotada esta etapa de concertación, persiste un conflicto irresoluble, deberá agotarse la instancia de mediación prevista en el numeral 31 del artículo 5º de la Ley 99 de 1993.

A la alcaldía municipal y Aguas de la Península S.A. ESP, en coordinación con la Corporación Autónoma Regional de la Guajira, elaborar los estudios y diseños para la adopción del sistema de tratamiento de aguas residuales sujeto a la Ley 99 de 1993 y a sus desarrollos, así como a la reglamentación existente de ordenamiento físico, a las normas urbanísticas, a los usos del suelo y densidades adoptadas para el sector, al Plan de Ordenamiento Territorial y a la sostenibilidad ambiental.

La administración adoptará todas las medidas presupuestales y administrativas necesarias para ejecutar el proyecto a más tardar en un plazo de dieciocho (18) meses contados a partir de la notificación de esta providencia y deberá rendirse un informe al ponente mediante el cual se ilustre sobre los avances en este punto.

5. MODIFÍCASE el numeral 5º, en cuanto a la orden impartida a Aguas de la Guajira S.A. ESP., la cual deberá ser acatada por Aguas de la Península S.A. ESP.

6. REVÓCASE el numeral 9º que ordenó el pago de quince (15) salarios mínimos legales por concepto de incentivo. En su lugar:

RECONÓCESEa favor del actor la suma equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto del incentivo previsto en el artículo 39 de la Ley 472 de 1998, a cargo de los demandados.

7. Envíese copia de este fallo a la Defensoría del Pueblo (Regional de la Guajira), a la Procuraduría General de la Nación (Procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrarios) y al procurador regional de La Guajira, a la Corporación Autónoma Regional de la Guajira (Área de control, seguimiento y monitoreo ambiental) y a las demás partes intervinientes, para que en el ámbito de sus competencias, vigilen el oportuno y eficaz cumplimiento de las órdenes impartidas en las sentencias de primera y segunda instancia.

8. Envíese el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala, en sesión celebrada en la fecha precitada.

Magistrados: María Claudia Rojas Lasso, Presidente—Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta—Marco Antonio Velilla Moreno.

(1) La sentencia aludió a Aguas de la Guajira S.A. ESP, pero esta entidad no está involucrada en el presente conflicto.

(2) Cita la sentencia de 8 de octubre de 1992 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss, que enuncia los requisitos para eximir de responsabilidad por el hecho de un tercero.

(3) Rad.: 2003-00861. Actor: Graciela Chiquito Jaramillo, C.P. Germán Rodríguez V.

(4) Rad.: 2002-02261. Actor: Ana Silvia Gómez de Puentes, C.P. Camilo Arciniegas A.

(5) Rad.: 2001-02012. Actor: Omar de Jesús Flórez Morales, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(6) Corte Constitucional. Sentencia SU-383 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(7) Ver sentencia del Consejo de Estado de 19 de abril de 2007, expediente 2003-00266-01(AP), C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, en la que se define el derecho de acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública.

(8) Folio 318.

(9) “ART. 49.—La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”.

(10) “ART. 366.—El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.

Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.

(11) “Artículo 5º de la Ley 99 de 1993. Funciones del ministerio. Corresponde al Ministerio del Medio Ambiente:

Formular la política nacional en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y establecer las reglas y criterios de ordenamiento ambiental de uso del territorio y de los mares adyacentes, para asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del medio ambiente;

Regular las condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o del patrimonio natural;

Preparar, con la asesoría del Departamento Nacional de Planeación, los planes, programas y proyectos que en materia ambiental, o en relación con los recursos naturales renovables y el ordenamiento ambiental del territorio, deban incorporarse a los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones que el gobierno someta a consideración del Congreso;

(...).

Definir la ejecución de programas y proyectos que la Nación, o ésta en asocio con otras entidades públicas, deba adelantar para el saneamiento del medio ambiente o en relación con el manejo, aprovechamiento, conservación, recuperación o protección de los recursos naturales renovables y del medio ambiente”.

(12) “Artículo 3º del Decreto 2478 de 1999.El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tendrá, además de las que determina el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, las siguientes funciones:

Velar por la efectividad y cumplimiento de los fines que para el sector consagran los artículos 64 a 66 de la Constitución Política, con sujeción a las normas contenidas en las leyes que los desarrollan.

Participar en la definición de las políticas macroeconómica y social y en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, con el objeto de lograr el crecimiento económico y el bienestar social del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.

Fijar la política de cultivos forestales, productores y protectores con fines comerciales, de especies introducidas o autóctonas, en coordinación con la política nacional ambiental y de recursos naturales renovables, establecida por el Ministerio del Medio Ambiente.

Armonizar y coordinar la formulación y adopción de la política de protección y uso productivo de los servicios ambientales, agua, suelo, captura de carbono y biodiversidad con el Ministerio del Medio Ambiente”.

(...).

(13) Artículo 710.

(14) Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la utilización directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se toman otras determinaciones.

(15) El artículo 1º de la Resolución 1433 de 2004, “por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras determinaciones”establece que el PSMV es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua, el cual será aprobado por la autoridad ambiental competente.

(16) Sobre los modos y procedimientos de participación ciudadana, el título X de la Ley 99 de 1993, en el artículo 69, dispone: “Cualquier persona natural o jurídica o privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales”.

(17) Consejo de Estado - Sección Tercera. Sentencia de 15 de julio de 2004. AP 1834, C.P. Germán Rodríguez Villamizar.

(18) Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia de 14 de noviembre de 2002. AP- 533. Consejera Ponente: Ligia López Díaz. En este fallo se discutía la naturaleza colectiva que podía detentar la expectativa de los enfermos de VIH de acceder a instalaciones y medios hospitalarios.

(19) Folio 26.

(20) Folios 163 a 177.

(21) Folio 241.

(22) Folio 396.

(23) Informe técnico: visita de inspección ocular a la Laguna de Oxidación del municipio de Maicao. Folio 403. En el informe se observa fotografías de la laguna y se recomienda implementar de manera inmediata las medidas necesarias para mejorar las condiciones de retención hidráulica de la laguna de estabilización.

(24) Folio 429.

(25) Folio 504.

(26) Consejo de Estado - Sección Primera. Sentencia de 13  de mayo de 2004. Expediente: 2002-02821- 01. Actor: David Grajales. C.P. Camilo Arciniegas Andrade.

(27) Contrato 20 de 10 de diciembre de 2002, celebrado entre Aguas de la Península S.A ESP y Estudios Técnicos y Construcciones Ltda.

(28) Ver acta de 29 de agosto de 2005. Folio 429.

(29) ART. 79.—Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”.

(30) Ver concepto de Corpoguajira. (fl. 266) y declaración de funcionario de Aguas de la Península S.A. ESP (fl. 504).

(31) Ver Acta a folio 429.

(32) Ídem (fl. 431).

(33) La Sala ha valorado las intervenciones de cada uno de los actores del conflicto consignadas en el acta de la reunión llevada a cabo el día 29 de agosto de 2005, con la presencia de la alcaldesa municipal, el personero municipal, el secretario de planeación, el secretario de salud, el secretario general, el asesor jurídico del municipio, el representante de Aguas de la Península, la representante de asuntos indígenas departamental, el representante de la secretaría departamental de salud, dos representantes de Corpoguajira y el representante de la comunidad del Limoncito (fl. 429). Se observa que en dicha reunión se acordó la adopción de un nuevo Plan Maestro de Alcantarillado que incluía la elaboración de los estudios para llevar a cabo la reubicación  de las lagunas de oxidación.

(34) Folio 518.

(35) Ut supra 11.

(36) Derecho de participación en las decisiones que afecten el medio ambiente consagrado en el artículo 79 de la Constitución Política y desarrollado en la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.

(37) “ART. 5º—Corresponde al Ministerio del Medio Ambiente: ... 31. Dirimir las discrepancias entre entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, que se susciten con motivo del ejercicio de sus funciones y establecer criterios o adoptar decisiones cuando surjan conflictos entre ellas en relación con la aplicación de las normas o con las políticas relacionadas con el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables o del medio ambiente”.

(38) Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros, 24 de agosto de 2000, Rad. AP-056, Actor: Freddy Antonio López Alvarado.