Sentencia 2005-00331 de julio 25 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2005-00331-00

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Acción: nulidad

Actora: Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá, D.C.

Bogotá, D.C., veinticinco de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

En el presente caso, estima la Sala que el primer aspecto a determinar gira en torno a si la acción de nulidad que se ejerció en la demanda, que dio origen a este proceso, es la procedente para desvirtuar la legalidad de actos administrativos de carácter subjetivo, es decir, de actos que radican una situación particular y concreta en cabeza de sus destinatarios.

Lo anterior, en atención a la excepción de indebido ejercicio de la acción de nulidad que propuso la empresa Transcard S.A., como tercera interesada en las resultas del proceso, y a la cual se refirió el señor procurador delegado ante esta corporación en su vista de fondo.

Como se mencionó al inicio de esta providencia, las pretensiones de la demanda se encaminan a obtener la declaratoria de nulidad de varias resoluciones expedidas por el Ministerio de Transporte, mediante las cuales se revocaron actos administrativos expedidos por la Secretaría de Tránsito y Trasporte del Distrito Capital de Bogotá y a que, como consecuencia de ello, esta corporación emita la orden tanto al Ministerio de Transporte como a dicha secretaría, para que se abstengan de registrar vehículos de la empresa Transcard S.A. por el sistema de incremento o traslado de vehículos de otros municipios, y que la vinculación de su parque automotor se lleve a cabo en igualdad de condiciones con las demás empresas de transporte público del Distrito Capital legalmente habilitadas; al igual que se declare la legalidad del acto administrativo STTT-119-01, que revocó el acto contenido en el oficio 15 203 038756 de 18 de mayo de 1999.

Observa la Sala que los actos administrativos que la demandante pretende se declaren nulos son de contenido particular y concreto y, por lo tanto, la acción procedente en su contra no es la pública de nulidad, sino la de nulidad y restablecimiento del derecho, comoquiera que se trata de decisiones que crearon exclusivamente en cabeza de la empresa Transcard S.A. una situación jurídica particular en relación con su capacidad transportadora, como se evidencia a continuación:

1. Mediante la Resolución 2217 de 28 de octubre de 1999, el Ministerio de Transporte revocó la decisión contenida en el oficio SSTD-119-01 de 30 de 26 de mayo de 1999, expedido por la STT, y declaró que quedaba vigente la autorización dada por la STT a la empresa Transcard S.A. en oficio 15-203 de 28 de mayo de 1999 para que copara la capacidad transportadora fijada mediante Resolución 448 de 1997.

2. Por Resolución 2136 de 28 de junio de 2000, el Ministerio de Transporte revocó la Resolución 87 de 2 de febrero de 2000, expedida por la STT y ordenó a esa dependencia del Distrito Capital atenerse lo decidido en la Resolución 2217 de 28 de octubre de 1999, “... continuando por tanto vigente la autorización dada a Transportes Carros del Sur S.A. Transcard S.A. mediante oficio 15-203 de 128 de mayo de 1999, para que esta cope por incremento la capacidad transportadora fijada mediante Resolución 488 de 1997...” y, adicionalmente resolvió “... ordenar a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Santafé de Bogotá, resolver mediante acto administrativo motivado lo concerniente a las rutas C-105 y C-107, reservadas en la Resolución 61 de enero 19 de 1993, proferida por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Santafé de Bogotá y de conformidad con los documentos que reposan en el expediente de la citada empresa”.

3. Mediante la Resolución 8196 de 9 de octubre de 2001, el Ministerio de Transporte resolvió revocar el oficio 63-748 de 18 de mayo de 2001, expedido por el secretario operativo de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá y, en consecuencia, “... la Secretaría de Tránsito y Transporte deberá permitirle a la empresa Transportes Carros del Sur S.A. “Transcard S.A.” copar la capacidad transportadora que le fue asignada mediante la Resolución 448 de 1997, a través de cualquiera de los siguientes mecanismos: registro inicial; traslado de registro de otra jurisdicción o cambio de empresa, ya sea con vehículos automotores de la misma ciudad o de otra jurisdicción”.

Sobre la procedencia de la acción de nulidad que se ejerció contra los referidos actos, la Sala debe precisar que en aplicación de la teoría de los motivos y finalidades, si bien de ordinario se ha entendido que los actos administrativos de contenido particular y concreto pueden ser controvertidos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo mediante el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, y los actos de carácter general, impersonal o abstracto a través de la acción de simple nulidad, los desarrollos jurisprudenciales de dicha teoría también han precisado que en algunos y determinados eventos, y siguiendo determinadas pautas, esta regla general encuentra una excepción funcional, consistente en la posibilidad de demandar actos de contenido general en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, y de utilizar la acción de nulidad para controvertir la legalidad de actos de carácter general.

En este orden de ideas, teniendo en cuenta la mencionada teoría de los motivos y finalidades, con la adición del criterio de la “Pretensión litigiosa”, según la cual si con el fallo de nulidad que eventualmente se produjera en armonía con las pretensiones de la demanda se genera un restablecimiento en favor de la actora o de un tercero, la acción procedente no sería la de nulidad sino la de nulidad y restablecimiento del derecho, en el presente caso, considera la Sala que la eventual declaratoria de nulidad de las resoluciones demandadas traería como consecuencia la prohibición o imposibilidad para la empresa Transcard S.A. de copar su capacidad transportadora en la forma como le fue autorizada en el oficio 15-203-038756 de 18 de mayo de 1999, expedido por la STT, y en la Resolución 8196 de 9 de octubre de 2001, del Ministerio de Transporte, por recobrar su vigencia el oficio STTD 119-01 de 1999, la Resolución 87 de 2 de febrero de 2000 y el oficio 63-784 de 18 de mayo de 2001, que implicaría un restablecimiento automático de la situación jurídica precedente, que conduce a predicar que la acción que debió ejercerse fue la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo cual se procede a verificar los requisitos propios de esta acción.

Al efecto, se tiene que el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo dispone que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho caducará a los 4 meses, contados a partir del día siguiente al de la notificación, publicación, comunicación o ejecución del acto, según el caso.

En este punto es preciso resaltar que la actora no está demandando sus propios actos, es decir, no se trata de la llamada acción de lesividad, sino de actos expedidos por el Ministerio de Transporte.

En el asunto que se examina, y frente a los actos administrativos demandados, se observa:

1. La Resolución 2217 de 1999 fue notificada personalmente a la empresa Transcard S.A. el día 28 de octubre de 1999 y al Distrito Capital por edicto 61 fijado el 29 de noviembre de 1999(7);

2. La Resolución 2136 se notificó personalmente a la mencionada empresa el día 29 de junio de 2000 y al Distrito Capital por edicto 40 fijado el 21 de julio de 2000 y desfijado el 3 de agosto del mismo año(8) y,

3. La Resolución 8196 de 2001 se notificó personalmente a la empresa Transcard S.A. el 10 de octubre de 2001 y en la misma forma al Distrito Capital el 26 de octubre de 2001(9).

De las constataciones anteriores resulta claro que al haberse presentado la demanda que dio origen a este proceso el día 26 de abril de 2005(10), esto es, luego de transcurridos más de cuatro años después de la última notificación personal surtida para el Distrito Capital de la última de las resoluciones acusadas, es evidente que la misma se presentó por fuera del término previsto en la ley y, como consecuencia de ello, ante la ausencia de uno de los presupuestos procesales de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, habrá de emitirse sentencia inhibitoria frente a las pretensiones formuladas por la demandante, por caducidad de la acción, como en efecto se dispondrá en la parte dispositiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE INHIBIDO para pronunciarse sobre el fondo de las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. TÍENESE a la doctora ÁNGELA ESPERANZA QUINTANA CABEZA, como apoderada del Ministerio de Transporte, de conformidad con el poder y documentos anexos obrantes a folio 596 a 613 del expediente.

En firme esta decisión y previas las anotaciones de rigor, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(7) Folios 274 a 275.

(8) Folios 287 a 288.

(9) Folios 302 a 303.

(10) Folio 33 vto.