Sentencia 2005-00350 de julio 22 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 52001 2331 000 2005 00350 01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Actor: Instituto de Seguros Sociales

Bogotá, D.C., veintidós de julio de dos mil diez.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la Empresa Licorera de Nariño en Liquidación, contra la sentencia proferida el 20 de junio de 2008 por parte del Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual se declaró la nulidad parcial de la Resolución 023 del 22 de noviembre de 2004, proferida por el gerente liquidador de dicha empresa y se le condenó al restablecimiento del derecho.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. El acto demandado.

El acto demandado es la Resolución 023 del 22 de noviembre de 2004, proferido por el gerente liquidador de la Empresa Licorera de Nariño, por medio de la cual se establece la calificación y graduación de créditos de la empresa en mención, en cuya parte resolutiva se dispone lo siguiente:

“ART. 1º—Tener por reconocidos y admitidos los créditos de primera y quinta clase determinados en los anexos 1, 2, 3, 4, y 5 relacionados en el presente acto de graduación y calificación de créditos en las cuantías y en los grados allí indicados, a cargo de la Empresa Licorera de Nariño en Liquidación, con sede en la ciudad de Pasto, con las correcciones realizadas en atención a la prosperidad de las respectivas objeciones que lo ameritaron, y quedando en firme las que no se aceptaron en los términos y respuestas dados en los considerandos de esta resolución y dentro de los ordenes legales según los criterios también definidos conforme a la ley.

PAR. 1º—Se advierte que no se liquidan intereses, costas, honorarios, comisiones, gastos, ni sanciones de orden legal o convencional para efectos del presente proveído, la empresa solamente pagará esos excedentes una vez se haya pagado el capital si existiere la liquidez suficiente para pagarlos, conservando el mismo orden.

PAR. 2º—Aquellos créditos afectados por decisiones de carácter judicial, se pagarán con los descuentos respectivos que se definirán dentro del plan de pagos.

ART. 2º—Los gastos de administración de la empresa y los de conservación de bienes de la empresa vinculados a la misma, que se causaren durante el trámite de la liquidación y su vigencia, deben pagarse de preferencia y no se sujetarán a la calificación y graduación de los créditos para el pago de las, demás acreencias (art. 161 en concordancia con L. 222/95, art. 166, num. 8º).

ART. 3º—Ordénase al liquidador de la empresa Licorera de Nariño que dentro de los quince (15) días siguientes a la ejecutoria de este proveído, elabore el plan de pagos de las obligaciones de la empresa en liquidación.

PAR.—Publicado el plan de pagos ordénase al gerente liquidador pagar en la forma descrita en dicho documento de manera personal a cada acreedor y en la medida de existencia de recursos económicos para ello.

ART. 4º—Ordénase al liquidador de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Ley 222 de 1995, aplicable por remisión expresa del artículo 208 ibídem, realice las contabilizaciones a que hubiere lugar como consecuencia de la expedición de la providencia de graduación y calificación de créditos.

ART. 5º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra ella no procede recurso alguno”.

2. Análisis de los cargos formulados en la apelación.

A partir de las impugnaciones y planteamientos consignados en la apelación, procede la Sala a establecer si la sentencia proferida el 20 de junio de 2008 por parte del Tribunal Administrativo de Nariño debe ser revocada o confirmada. Con ese propósito realizará el análisis de los cargos planteados, en el mismo orden en que fueron expuestos en el capítulo III de esta providencia.

1. La Sala considera que es totalmente inocua e irrelevante la equivocación en que incurrió el Tribunal Administrativo de Nariño en la parte considerativa de su decisión, cuando al referirse al acto demandado mencionó la Resolución 011 del 22 de noviembre de 2004, pues es claro que el a quo en realidad estaba haciendo alusión a la Resolución 023 de la misma fecha. Se llega a esa conclusión, pues luego de referirse desatinadamente al primero de los actos precitados, añade que en virtud de lo dispuesto en esa determinación, el gerente liquidador de la Empresa Licorera de Nariño, en Liquidación, graduó y calificó el crédito del ISS, con un valor menor del que aparece en los registros de dicha entidad. Por lo mismo, no es preciso realizar ejercicios hermenéuticos muy profundos para advertir que se trata de un error involuntario que no tiene ninguna incidencia en este proceso, pues el único acto que en realidad se ocupó de graduar y calificar el crédito del ISS fue la Resolución 023 de 2004. Además de ello, al exponer los antecedentes del asunto bajo examen y al adoptar su decisión de fondo, el tribunal si se refirió al número correcto del acto demandado.

2. En segundo lugar, el hecho de que el tribunal de origen haya entendido que las pretensiones anulatorias se referían únicamente a lo que atañe al Instituto de Seguros Sociales y no a lo que concierne a las demás personas naturales y jurídicas que allí se mencionan, es algo que también tiene justificación en el expediente, pues el apoderado de la actora, al identificar en su demanda los extremos de la relación jurídico procesal, con la más absoluta claridad Identificó como “demandante” al “Instituto de los Seguros Sociales, empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa, capital independiente, vinculado (sic) al Ministerio de la Protección Social, de conformidad con el Decreto 2148 de 1992, por el cual se reestructura el Instituto de Seguros Sociales, representado legalmente por su presidente” (ver folio 2 del expediente). Dicho de otra manera, en modo alguno se arrogó el derecho de demandar a nombre de terceros como pretende hacerlo ver el recurrente. A esa misma inferencia se llega al revisar el poder acompañado con la demanda y al considerar los diferentes escritos radicados por la parte actora a lo largo del proceso. Por lo anterior, considera la Sala que el a quo procedió conforme a derecho al declarar infundada la excepción de falta de legitimidad en la causa por activa.

3. En lo que concierne al hecho de que la sentencia impugnada haya condenado a la Empresa Licorera de Nariño en Liquidación al pago de la deuda presuntiva por aportes e intereses en la misma cuantía que fue certificada por el jefe del departamento financiero del ISS(4), sin tener en cuenta el reporte de las novedades relativas a la desvinculación de los servidores públicos que laboraban al servicio de la demandada, esta corporación observa que en el expediente no aparece acreditado el envío del aludido reporte, lo cual permite deducir que la entidad en liquidación pretermitió el cumplimiento de su obligación de informar al ISS la terminación de los vínculos laborales, toda vez que las afirmaciones de su apoderado no pasan de ser unos meros enunciados, totalmente huérfanos de sustento probatorio.

Aparte de lo anterior, resulta imperativo tener presente que de acuerdo con las disposiciones que regulan el Régimen de la Seguridad Social en Colombia, los empleadores se encuentran obligados a contribuir al sostenimiento del sistema y a presentar de manera oportuna las declaraciones de autoliquidación de los aportes, acreditando su pago. En consonancia con lo anterior, el artículo 7º del Decreto 1406 del 28 de julio de 1999, reglamentario de la Ley 100 de 1993, establece lo que enseguida se trascribe:

“ART. 7º—Declaraciones de autoliquidación y pago de aportes al sistema de seguridad social integral. Los aportantes al sistema deberán presentar, con la periodicidad, en los lugares y dentro de los plazos que corresponda conforme a su clasificación, una declaración de autoliquidación de los aportes correspondientes a los diferentes riesgos cubiertos por aquel, por cada una de las entidades administradoras. Dicha declaración deberá estar acompañada con el pago íntegro de los aportes autoliquidados, bien sea que tal pago se haga conjuntamente con el formulario de autoliquidación o mediante comprobante de pago. Sin el cumplimiento de esta condición, la declaración de autoliquidación de aportes al sistema no tendrá valor alguno.

Cuando una misma entidad administre más de un tipo de riesgo, la declaración de autoliquidación y el pago de aportes podrán efectuarse en un formulario integrado. Dicho formulario podrá utilizarse igualmente en el evento que varias administradoras hayan acordado una alianza estratégica para la recaudación de los aportes. En todo caso, la información contenida en el respectivo formulario deberá garantizar la adecuada separación de los recursos recaudados por cada riesgo.

La obligación de presentar la declaración de autoliquidación de aportes subsistirá mientras el aportante no cumpla con la obligación de reportar el cese definitivo de sus actividades, según se señala en el inciso 3º del artículo 5º anterior” (el resaltado es ajeno al texto).

Al mismo tiempo, el artículo 39 del mismo decreto reglamentario, señala las consecuencias jurídicas que se derivan de la no presentación de las declaraciones de autoliquidación de los aportes y consagra la exigencia de que su presentación esté acompañada del pago respectivo, en los siguientes términos:

“ART. 39.—Deberes especiales del empleador. Las consecuencias derivadas de la no presentación de las declaraciones de autoliquidación de aportes o de errores u omisiones en esta, que afecten el cubrimiento y operatividad del sistema de seguridad integral o la prestación de los servicios que él contempla con respecto a uno o más de los afiliados, serán responsabilidad exclusiva del aportante.

En todo caso el empleador que tenga el carácter de aportante, deberá tener a disposición del trabajador que así lo solicite la copia de la declaración de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral en que conste el respectivo pago, o el comprobante de pago respectivo en caso que este último se haya efectuado en forma separada a la declaración respectiva.

Igualmente, y de conformidad con las normas establecidas en el Código de Comercio sobre conservación de documentos, el aportante deberá conservar copia del archivo magnético contentivo de las autoliquidaciones de aportes presentadas”.

Aparte de lo anterior y con independencia de la naturaleza jurídica que tenga la entidad o institución empleadora, constituye un deber legal suyo “Informar las novedades laborales de sus trabajadores a la entidad a la cual están afiliados, en materias tales como el nivel de ingresos y sus cambios, las vinculaciones y retiros de trabajadores [...]”, tal como lo prescribe de manera puntual el numeral 3º del artículo 161 de la 100 de 1993. El parágrafo del artículo en cuestión, agrega con rotundidad que “Los empleadores que no observen lo dispuesto en el presente artículo estarán sujetos a las mismas sanciones previstas en los artículos 22 y 23 del libro primero de esta ley. Además, los perjuicios por la negligencia en la información laboral, incluyendo la subdeclaración de ingresos, corren a cargo del patrono [...]” (el resaltado es ajeno al texto).

No sobra señalar además que aunque las normas que regulan los procesos de liquidación obligatoria establecen la obligación de emplazar por edicto a los acreedores, esa notificación, a juicio de la Sala, no exonera a los empleadores de la obligación de reportar de manera expresa a los organismos de seguridad social correspondientes, las novedades relacionadas con el retiro de sus empleados. Dicho de otra manera, si bien la providencia que dispone la apertura del trámite de liquidación obligatoria debe ordenar el emplazamiento de los acreedores, tal como lo establece el artículo 150 numeral 7º de la Ley 222 de 1995(5), dicho emplazamiento no suprime ni torna innecesario el reporte de las novedades, lo cual es de suyo razonable, pues solo a partir del retiro efectivo de los empleados y trabajadores y del reporte de esa situación es que se produce la extinción de la obligación de efectuar los aportes a la seguridad social.

La anterior interpretación se ve reforzada con las previsiones normativas de la Ordenanza 011 del 3 de abril de 2002, mediante la cual la Asamblea de Nariño estableció el régimen para la liquidación de las entidades descentralizadas del orden departamental, de cuya lectura se puede colegir que la iniciación de los trámites de liquidación obligatoria no tiene la virtud de producir la terminación automática de las relaciones laborales establecidas contractualmente o por vía legal y reglamentaria, pues si bien la misma ordenanza dispone que la apertura de los procesos de liquidación ocasiona “El cese inmediato de todas las operaciones relacionadas con el objeto de la entidad, salvo los actos u operaciones necesarios para su liquidación”, el retiro efectivo de sus servidores no tiene lugar en ese mismo momento. Lo anterior explica el mandato contenido en el artículo 9º de la Ordenanza, cuyo texto es del siguiente tenor:

“ART. 9º—Dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que asuma funciones, el liquidador elaborará, y si es del caso, presentará a la junta liquidadora, un plan de supresión de cargos o terminación de contratos.

De conformidad con la ley, suprimirá los cargos o dará por terminados los contratos de trabajo existentes, conservando, si fuere necesario, hasta el último día de la liquidación, al personal que por la naturaleza de las funciones desarrolladas, deba acompañarlo en el proceso de liquidación”.

Como bien se puede apreciar, la desvinculación de los empleados y trabajadores de una entidad descentralizada en liquidación no opera ope legis, ni se produce de manera coetánea con la apertura del proceso liquidatorio y, por lo mismo, no es dable pensar que la obligación de reportar las novedades de retiro desaparezca, pues de conformidad con el precepto trascrito, la desvinculación del personal obedece a un plan de supresión de cargos y terminación de contratos, e incluso, puede llegar a suceder que algunos servidores continúen al servicio de la entidad hasta la culminación del proceso de liquidación. En ese orden de ideas, y conforme a lo preceptuado por el artículo 7º del Decreto Reglamentario 1406 de 1999, anteriormente trascrito, el hecho de omitir el reporte de las novedades, determina que la obligación de presentar las declaraciones de autoliquidación y de realizar el pago de los aportes subsistan.

En lo que concierne concretamente a los intereses moratorios, tema que en palabras del recurrente constituye el punto central de su desacuerdo, la Sala estima necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones.

El artículo 23 de la Ley 100 de 1993, al referirse al incumplimiento de los plazos establecidos para el pago de los aportes, prescribe ciertamente de manera puntual y expresa que esa situación da lugar a la causación de intereses moratorios, en los siguientes términos:

“ART. 23.—Sanción moratoria. Los aportes que no se consignen dentro de los plazos señalados para el efecto, generarán un interés moratorio a cargo del empleador, igual al que rige para el impuesto sobre la renta y complementarios. Estos intereses se abonarán en el fondo de reparto correspondiente o en las cuentas individuales de ahorro pensional de los respectivos afiliados, según sea el caso.

Los ordenadores del gasto de las entidades del sector público que sin justa causa no dispongan la consignación oportuna de los aportes, incurrirán en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente.

En todas las entidades del sector público será obligatorio incluir en el presupuesto las partidas necesarias para el pago del aporte patronal a la seguridad social, como requisito para la presentación, trámite y estudio por parte de la autoridad correspondiente” (el resaltado es ajeno al texto).

La norma precedente fue desarrollada por el artículo 92 del Decreto 1295 de 1994, de la siguiente manera:

“ART. 92.—Sanción moratoria. Los aportes que no se consignen dentro de los plazos señalados para el efecto, generan un interés moratorio a cargo del empleador, igual al que rige para el impuesto sobre la renta y complementarios. Estos intereses son de la respectiva entidad administradora de riesgos profesionales que deberá destinarlos a desarrollar las actividades ordenadas en el numeral 2º del artículo 19 de este decreto.

Los ordenadores del gasto de las entidades del sector público que sin justa causa no dispongan el pago oportuno de los aportes al sistema general de riesgos profesionales, incurrirán en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente.

En todas las entidades del sector público será obligatorio incluir en el presupuesto las partidas necesarias para el pago de los aportes al sistema general de riesgos profesionales, como requisito para la presentación, trámite y estudio por parte de la autoridad correspondiente”.

No obstante lo anterior, la Sala estima que los intereses moratorios no se generan en tratándose de entidades que se encuentran en proceso de liquidación obligatoria, por las razones que se exponen a continuación: Como es bien sabido, ese tipo de procedimientos busca garantizar en forma ordenada el cumplimiento de las obligaciones insolutas a cargo de la entidad a liquidar, para lo cual se acude a la enajenación de sus bienes y a la realización de sus activos(6). En ese orden de ideas, el proceso liquidatorio empieza con la expedición del acto que dispone la apertura del proceso de liquidación y el emplazamiento de quienes por su condición de acreedores crean tener derecho a comparecer en el proceso para hacer valer sus acreencias. Paralelamente, se procede a la elaboración del inventario de activos existentes.

Una vez los acreedores se han hecho presentes en el proceso liquidatorio allegando al mismo la prueba sumaria de sus acreencias, se realiza la calificación y graduación de las mismas, lo cual bien puede conducir a su reconocimiento o a su rechazo. En este contexto, la providencia a través de la cual se realiza la graduación y calificación de los créditos, es el acto que viene a precisar las obligaciones a satisfacer, de acuerdo con la prelación de créditos establecida por el ordenamiento jurídico.

En la práctica, la iniciación de los procedimientos de liquidación obligatoria, produce, como ya se mencionó, la cesación inmediata de todas las operaciones relacionadas con la ejecución del objeto social, lo cual obedece a la necesidad de realizar un corte de cuentas a partir del cual se desarrolla todo el procedimiento. La cesación de actividades en mención debe venir aparejada con la congelación de las respectivas acreencias y la no generación de intereses corrientes ni moratorios a partir de ese momento, pues de no ser ello así resultaría imposible determinar y precisar el monto cierto de los pasivos a cubrir con el producto de los activos que forman parte de la masa de la liquidación.

Según el criterio expresado por el recurrente, la no generación de intereses se explica por cuanto los actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos, mediante los cuales se ordena la liquidación obligatoria, se erigen en una fuerza mayor, en hechos imprevistos a los cuales no es posible resistir, en cuanto determinan la imposibilidad de cumplir con el pago de las acreencias a cargo de la deudora, pues la satisfacción de estas solo puede adelantarse agotando los trámites previstos para el proceso de liquidación, situación que, según su criterio, encuadra en lo dispuesto por el artículo 1616 inciso segundo del Código Civil, en donde se prescribe de manera categórica que “la mora producida por fuerza mayor o caso fortuito, no da lugar a indemnización de perjuicios”. No obstante lo anterior, la Sala considera que la no generación de intereses corrientes y moratorios no obedece propiamente a que la orden de adelantar el proceso de liquidación constituya en sí misma una causa de fuerza mayor, sino a que la normativa examinada así lo impone en aras de poder asegurar la satisfacción efectiva de las acreencias existentes a la fecha en que se ordene la liquidación.

En efecto, si se revisan de manera sistemática el contenido de la Ordenanza 011 de 2002, aprobada por la Asamblea de Nariño y las disposiciones de la Ley 222 de 1995, se puede observar que, en tratándose de la liquidación obligatoria de una entidad, se impone definir cuáles son exactamente las obligaciones que van a ser cubiertas con cargo a la masa de la liquidación, lo cual explica que en el artículo 31 del acto ordenanzal, se haya dispuesto que las obligaciones deben estar relacionadas en un inventario de pasivos, que jamás podría llegar a concretarse en forma definitiva si se siguieran causando intereses, pues sería un obstáculo a la elaboración del plan de pagos al cual alude el artículo 166 de la Ley 222 de 1995, en los siguientes términos:

“ART. 166.—Funciones del liquidador. El liquidador tendrá la representación legal de la entidad deudora y como tal desempeñará las funciones que adelante se le asignan, y en ejercicio de ellas deberá concluir las operaciones sociales pendientes al tiempo de la apertura del trámite y en especial las siguientes:

16. Presentar a consideración de la junta asesora, un plan de pago de las obligaciones, teniendo en cuenta el inventario y la providencia de calificación y graduación de créditos”.

Es también por lo anterior que las normas que conforman el régimen jurídico de la liquidación obligatoria, además de autorizar la cancelación anticipada de obligaciones a término que superen el plazo límite fijado para la liquidación, contemplan un término de carácter preclusivo para la presentación de las acreencias, a cuyo vencimiento el pago de los pasivos ciertos ya causados y no reclamados en tiempo, queda sujeto a la disponibilidad de los recursos que el liquidador hubiere provisionado para su pago, siempre y cuando tales acreencias aparezcan debidamente justificadas en los libros y comprobantes de la entidad en liquidación o se acrediten mediante prueba sumaria y se relacionen en la resolución mediante la cual el liquidador determine el pasivo cierto no reclamado.

A manera de complemento, no puede perderse de vista que el gerente liquidador expidió el Decreto 002 del 17 de junio de 2002 “Por medio del cual se establecen unos criterios para facilitar el proceso de Liquidación de la Empresa Licorera de Nariño en Liquidación” en cuya parte motiva quedó consignado lo siguiente:

“Con respecto a todas las acreencias reconocidas y las que se puedan reconocer dentro del período legal establecido para el efecto, solo se reconocerán los montos de su respectivo capital a menos que los intereses ya hubieran sido previamente reconocidos y legalmente causados, toda vez, que será Imposible que dentro del término de duración del proceso de liquidación se estuviesen haciendo constantes ajustes por liquidaciones de Intereses que impedirían la consolidación del pasivo y su respectiva liquidación”.

El hecho de que las normas que regulan los procedimientos de liquidación definan unos plazos para la presentación de las acreencias, lleva a inferir que, después de su vencimiento, no es factible el reconocimiento y pago de obligaciones principales o accesorias que surjan después de realizado el corte de cuentas. Justamente por ello es por lo que su pago no puede cargarse a la masa de la liquidación sino a los gastos administrativos previamente autorizados para cubrir las obligaciones que se causen con ocasión de los trámites de liquidación.

En la situación particular que es objeto de examen en este proceso, la Sala considera que al no estar acreditado el reporte de las novedades que la demandada dice haber enviado al ISS, resulta claro que la obligación de presentar las declaraciones de autoliquidación y de realizar el pago de los aportes mantuvo toda su justificación y su vigencia, por lo cual la certificación del monto de la deuda presuntiva por ese concepto, se ajusta a las previsiones legales. Sin embargo, no puede predicarse lo mismo respecto del cobro de los intereses, por las razones ya expuestas. Al respecto no se puede dejar de comentar, que los intereses a los cuales se alude en el artículo 1º parágrafo 1º del acto demandado y cuya cancelación se condicionó en el plan de pagos a la existencia de los remanentes que quedaren luego de efectuar la cancelación del capital, no son los intereses causados después de la apertura de la liquidación sino los ya causados con anterioridad. Así las cosas, la Sala considera que el hecho de que el fallo apelado haya condenado a la Empresa Licorera de Nariño al pago de los aportes, se ajusta por completo a la legalidad y a la realidad fáctica acreditada en el proceso, pero no puede decirse lo mismo frente a la condena al pago de los intereses, pues por ministerio de la ley estos no se causaron por ser posteriores a la expedición del acto que ordenó la liquidación obligatoria.

4. Por otra parte y con respecto a la afirmación del recurrente según la cual el Tribunal Administrativo de Nariño incurrió en una falta de aplicación de la ley, estima la Sala que dicho cargo no tiene ninguna vocación de prosperidad por cuanto en la apelación no se precisa cuál fue exactamente la ley que se dejó de aplicar, tornando imposible la formulación de cualquier consideración sobre el particular.

5. En cuanto a la ineptitud sustantiva de la demanda derivada de la falta de desarrollo del concepto de la violación de las normas que el actor identificó como violadas, esta corporación considera que el cargo no puede ser atendido de manera favorable, pues aplicando las reglas de la hermenéutica jurídica y, en especial, los criterios de interpretación sistemática, resulta fácil colegir que la trasgresión de las normas invocadas, según lo expresa el apoderado del Instituto de los Seguros Sociales, radica fundamentalmente en el hecho de que la Empresa Licorera de Nariño haya dejado de reconocer y ordenar el pago de los aportes e intereses moratorios causados y que en su momento fueron certificados por el jefe del departamento financiero del ISS, hecho que en su criterio desconoce la prelación legal de créditos.

Por último y con respecto al tema de la prelación de créditos, los artículos 2495 del Código Civil, 157 del Código Sustantivo del Trabajo, 270 de la Ley 100 de 1993 y 31 y 121 de la Ley 222 de 1995, ciertamente prescriben que los créditos de naturaleza laboral y los causados a favor de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías entre otros, se encuentran en el primer orden de prelación para su pago. Pues bien, el análisis detenido del acto demandado lleva a colegir que ninguna de sus normas desconoce la prelación legalmente establecida, pues es evidente e innegable que las acreencias presentadas por el ISS allí aparecen calificadas como créditos de primer grado.

De conformidad con las consideraciones que anteceden, la Sala confirmará lo decidido en los numerales 1º, 3º y 4º y modificará el numeral 2º de la sentencia apelada, en el sentido de circunscribir la condena impuesta a la Empresa Licorera de Nariño en Liquidación al pago de los aportes que dejó de cancelar al Instituto de los Seguros Sociales, excluyendo los intereses moratorios reclamados por la parte actora.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar lo resuelto en los numerales 1º, 3º y 4º de la Sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño el día 20 de junio de dos mil ocho (2008).

2. Modificar el numeral segundo de la providencia apelada el cual quedará así:

“2. Como consecuencia de lo dispuesto en el numeral anterior y a título de restablecimiento del derecho, condenar a la Empresa Licorera de Nariño en Liquidación al pago de la suma de $ 338.194.201 por concepto de los aportes dejados de cancelar al Instituto de los Seguros Sociales ISS, con posterioridad al inicio del proceso de liquidación de dicha empresa, descontando las sumas que hubiere cancelado por ese mismo concepto.

3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase».

(4) La Ley 100 de 1993, atribuye a las entidades administradoras de los diferentes regímenes de seguridad social, la función de determinar el valor adeudado por los empleadores concepto de aportes. En ese sentido, el artículo 24 de dicha ley establece lo siguiente: “Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo”.

(5) Artículo 150 de la Ley 222 del 20 de diciembre de 1995. [...] 7. El emplazamiento de los acreedores por medio de edicto que se fijará al día siguiente de proferida la providencia de apertura, por el término de diez días, en la Superintendencia de Sociedades. Durante el término de fijación del edicto, este se publicará por el liquidador o cualquier acreedor en un diario de amplia circulación nacional y en otro del domicilio principal del deudor, si lo hubiere, y será radiodifundido en una emisora que tenga sintonía en dicho domicilio. Las publicaciones y la constancia de la emisora deberán allegarse dentro de los diez días siguientes al vencimiento del término de fijación del edicto.

(6) Conforme a lo preceptuado en el artículo 95 de la Ley 222 de 1995, “Mediante la liquidación obligatoria se realizarán los bienes del deudor, para atender en forma ordenada el pago de las obligaciones a su cargo”.