Sentencia 2005-00414/19548 de mayo 14 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 540012331000200500414 01

Nº interno: 19548

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Asunto: Acción de nulidad

Demandante: Robert Peterson Amaya y otros

Demandado: Departamento de Norte de Santander

Contribución especial con destino al deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.

Bogotá, D.C. catorce de mayo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «1.1.1. El acto acusado.

El acto administrativo acusado es el siguiente:

“Ordenanza 0003

(3 Mar 2005)

‘Por la cual se establece una contribución con destino al deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre’ (P-003)

La asamblea del departamento Norte de Santander, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 300, numeral 4º, y Ley 181 de 1995.

ORDENA:

‘ART. PRIMERO; (sic) Creación. Créase una contribución departamental con destino al deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, para todo el territorio del departamento de Norte de Santander, de conformidad con lo consagrado en la Ley 181 de 1995.

‘ART. 2º—Hecho generador: El hecho generador de la contribución departamental con destino al deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, lo constituye la prestación del servicio de alojamiento transitorio o temporal, en los establecimientos comerciales cuya actividad económica consiste en prestar estos servicios, tales como moteles, amoblados, residencias y afines.

‘ART. 3º—Sujeto pasivo. El sujeto pasivo de la contribución es el usuario del servicio que prestan los establecimientos comerciales del departamento cuya actividad económica está prevista en el hecho generador.

‘ART. 4º—Beneficiario de la contribución. El beneficiario de la contribución es el departamento Norte de Santander, quien transferirá lo recaudado a través de la tesorería general del departamento, al instituto de deportes del departamento Norte de Santander ‘Indenorte’.

‘ART. 5º—Base gravable. Está constituida por el valor del servicio de alquiler o alojamiento transitorio o temporal de habitación en cualquiera de sus modalidades, sin incluir IVA y consumos.

‘ART. 6º—Tarifa: La tarifa de la contribución, está cuantificada en un siete por ciento (7%) del valor del alquiler o alojamiento transitorio o temporal de habitación en cualquiera de sus modalidades, sin incluir IVA y consumos.

‘ART. 7º—Causación. La contribución departamental se causa al momento de expedir la factura y/o documento equivalente, o en su defecto al momento de efectuar el pago por el servicio de alquiler o alojamiento transitorio o temporal de la habitación en cualquiera de sus modalidades.

‘ART. 8º—Destinación: La contribución establecida en la presente ordenanza, será distribuida en porcentajes así:

1. Escuelas de formación deportiva de los 40 municipios del departamento 68%

2. Deporte formativo a los municipios donde se cauce (sic) 29%

3. Control y vigilancia de las rentas departamentales 3%

‘ART. 9º—Periodo gravable. El periodo gravable de la contribución departamental es mensual, por lo tanto, se declarará y pagará mensualmente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del periodo gravable en la entidad financiera que determine la secretaría de hacienda del departamento, la cual se denominará ‘Tesorería general del departamento 7%, contribución al deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre’. Debiendo la tesorería general del departamento girar a favor del instituto de deportes del departamento Norte de Santander ‘Indenorte’ el valor recaudado por concepto de la contribución que mediante el presente acto administrativo se crea (sic).

PAR. TRANS.—Autorízase a la secretaría de hacienda del departamento para diseñar los formularios y procedimientos para el recaudo y control de la contribución por un término de dos (2) meses.

‘ART. 10.—Contenido de la declaración. La declaración de la contribución departamental al deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre; deberá contener los siguientes requisitos:

1. Nombre o razón social del responsable

2. Identificación tributaria

3. Dirección del agente retenedor

4. Total ingresos netos sujetos a revisión

5. Total a pagar incluidas las sanciones o intereses

6. Firma del representante legal del establecimiento comercial

7. Firma del contador y/o revisor fiscal en los casos de ley

‘ART. 11.—Obligaciones del responsable de la declaración y pago de la contribución departamental:

1. Expedir factura o documento equivalente con el lleno de los requisitos de ley y exhibir a las autoridades competentes cuando sea requerida.

2. Llevar un sistema contable que permita verificar o determinar los factores necesarios para establecer la base de la liquidación.

3. Llevar los libros en que se registre los ingresos diarios por concepto de alquiler o alojamiento transitorio o temporal de habitaciones, que permita verificar la base gravable.

‘ART. 12.—Control. La fiscalización es competencia de la secretaría de hacienda departamental de conformidad con los procedimientos establecidos en el estatuto de rentas departamental.

‘ART. 13.—Régimen sancionatorio. Las sanciones que se impongan serán las establecidas en el estatuto de rentas del departamento:

• Sanción por mora en el pago de la contribución

• Sanción por no enviar información

• Sanción por extemporaneidad en la declaración

• Sanción por omisión en las declaraciones

• Sanción de inexactitud

• Sanción por no informar el cambio de dirección

• Clausura del establecimiento

• Sanción por obstaculizar el control

Décimo cuarto. La presente ordenanza rige a partir de su sanción y publicación”.

(...).

2. Consideraciones de la Sala.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por el apoderado del departamento de Norte de Santander, la Sala decidirá si es nula la Ordenanza 0003 de 2005, por la cual se establece una contribución con destino al deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.

Para el efecto, la Sala plantea el siguiente problema jurídico:

2.1. Problema jurídico.

Conforme con las razones expuestas en el recurso de apelación, el problema jurídico a resolver es el siguiente:

¿Podía la asamblea departamental de Norte de Santander gravar con una contribución especial con destino al deporte la prestación del servicio de alojamiento temporal en moteles, amoblados, residencias o establecimientos de comercio?

La Sala considera que la asamblea departamental de Norte de Santander no podía gravar con contribución alguna la prestación del servicio de alojamiento temporal en los establecimientos de comercio cuya actividad económica consista en prestar ese servicio, como moteles, amoblados o residencias.

Las razones que fundamentan la anterior conclusión son las siguientes:

La Ley 181 de 1995 creó el sistema nacional de deportes y lo definió como el conjunto de organismos, articulados entre sí, para permitir el acceso de la comunidad al deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la educación física(6).

En la misma ley, el artículo 75(7) dispuso que la financiación del sistema nacional de deportes, en particular, la de los entes deportivos departamentales, se efectuaría, además de los recursos que destine la Nación, con las rentas que crearan las asambleas departamentales para el efecto. Sin embargo, la expresión crearán debe entenderse en concordancia con los principios de legalidad del tributo y reserva de ley. Bajo ese supuesto se tiene que la Ley 181 de 1995 no creó ningún impuesto ni contribución al autorizar a las asambleas departamentales gravar la actividad de prestación de servicios de alojamiento temporal, con el objeto de financiar el funcionamiento de los entes deportivos departamentales.

En consecuencia, para resolver el caso sub lite, la Sala reiterará la jurisprudencia relacionada con la potestad de las entidades territoriales para establecer tributos locales y luego, en los términos del recurso de apelación, estudiará si la Ordenanza 0003 de 2005, proferida por la asamblea departamental de Norte de Santander, está viciada de nulidad por violación a las normas superiores y por falsa motivación.

2.2. De la potestad de las entidades territoriales para establecer tributos locales. Principios de legalidad y de certeza tributaria. Principio de reserva de ley. Reiteración jurisprudencial. Sentencia del 12 de diciembre de 2014. Expediente 19037(8). 

El artículo 338 de la Constitución Política dispone:

“ART. 338.—En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos.

La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos.

Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo”.

De la norma transcrita se advierte que los órganos de representación popular deben fijar directamente los elementos del tributo. De este mandato se desprenden dos de los principios rectores del sistema tributario, a saber: el de legalidad tributaria y el de certeza de los tributos.

El principio de legalidad tributaria exige que sean los órganos de elección popular los que de manera directa señalen los sujetos activo y pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa de la obligación tributaria, esto es, los elementos esenciales del tributo. Por excepción, respecto de la tarifa de las tasas y contribuciones, el artículo 338 ibídem autoriza que se atribuya la competencia de fijarla a las autoridades administrativas, siempre que en la ley, la ordenanza o el acuerdo respectivo se fije el sistema y el método para determinarla.

Por su parte, el principio de certeza del tributo establece que no basta con que los órganos de representación popular sean los que directamente establezcan los elementos del tributo, sino que al hacerlo deben determinar con suficiente claridad y precisión todos los elementos, pues, de lo contrario, como lo ha señalado la Corte Constitucional, no solo se genera inseguridad jurídica, sino que en el momento de la aplicación de las normas se permiten los abusos impositivos(9).

Este principio tiene la finalidad de garantizar que todos los elementos del vínculo impositivo entre los administrados y el Estado estén consagrados de manera inequívoca en la ley, ordenanza o acuerdo, bien porque las normas que crean el tributo los expresan con claridad, o porque en el evento en que una disposición remite a otra para su integración, es posible identificar dentro del texto remitido el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho gravable, la base gravable y la tarifa(10).

Aunque, como lo ha advertido la Corte Constitucional, no siempre resulta exigible que la determinación de los elementos del tributo sea expresa y no se viola el principio de legalidad tributaria cuando uno de tales elementos no está determinado en la ley pero es determinable a partir de ella.

Así, el principio de certeza del tributo se vulnera no solo con la omisión en la determinación de sus elementos, sino también cuando en su definición se acude a expresiones ambiguas o confusas. No obstante, en tales eventos, el principio resulta quebrantado cuando la falta de claridad sea insuperable, es decir, cuando no sea posible establecer el sentido y alcance de las disposiciones, de conformidad con las reglas generales de hermenéutica jurídica(11).

En relación con la posibilidad de delegar el establecimiento de las tarifas, la jurisprudencia constitucional ha precisado que el ejercicio de esa atribución no es absoluta, pues la autoridad delegante debe fijar el sistema y el método que el delegatario debe tener en cuenta para definir los costos y beneficios que causan los servicios que el Estado presta, así como la forma de hacer su reparto(12).

En el mismo sentido, la Sala ha señalado que las ordenanzas y los acuerdos pueden delegar en las autoridades administrativas la fijación de las tarifas de las tasas y contribuciones, pero deben fijar directamente el sistema y el método para definir los costos y beneficios y la forma de hacer su reparto, como elementos cuantificadores necesarios para fijar las tarifas de estos tributos, pues dicha facultad se debe entender con sujeción a la norma constitucional, ya que la autoridad administrativa no se puede arrogar facultades propias de las corporaciones públicas de elección popular(13).

La razón de que sean las leyes, ordenanzas o acuerdos las que fijen directamente el sistema y el método para definir los costos de los servicios prestados, la participación en los beneficios proporcionados y la forma de hacer su reparto, es la necesidad de que existan directrices técnicas y limitaciones que garanticen a los contribuyentes certidumbre acerca de la forma en que es calculada y cobrada la tarifa de la tasa o contribución(14).

Ahora bien, del principio de legalidad tributaria se deriva el principio conforme al que solo la ley puede imponer gravámenes, limitaciones o restricciones a las personas. Esto es, el principio de reserva de ley.

Los artículos 114 y 150 (nums. 1º y 2º) de la Constitución Política establecen la cláusula general de competencia para el legislador, conforme con la que, por un lado “(...) el órgano que tiene la potestad genérica de desarrollar la Constitución y expedir las reglas de derecho es el Congreso (...)”(15), y, por otro, “(...) el desarrollo de la potestad reglamentaria por el Gobierno exige que la ley haya previamente configurado una regulación básica o materialidad legislativa, a partir de la cual, el Gobierno puede ejercer la función de reglamentar la ley con miras a su debida aplicación, que es de naturaleza administrativa, y está entonces sujeta a la ley (...)”(16).

La Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha distinguido la competencia general del legislador para desarrollar aquellas materias, cuya regulación no haya sido atribuida por la Constitución a otra autoridad, de la llamada reserva de ley, “que es una institución jurídica conforme a la cual, por disposición de la propia Constitución, corresponde exclusivamente al legislador el desarrollo de determinadas materias”(17). (...) “De esta manera el principio de legalidad general, que se expresa en el sistema de articulación de fuentes formales del derecho contenido en la Constitución, ha sido concretado por la propia Carta, mediante el establecimiento de específicas reservas de ley en determinadas materias”(18).

En materia tributaria existe una reserva especial de ley, prevista en los artículos 150 (num. 12) y 338 de la Constitución. De conformidad con la primera de las normas citadas, corresponde al Congreso, mediante una ley “establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley”. Para ese efecto, se ha excluido la posibilidad de la legislación delegada, pues, de acuerdo con el artículo 150 (num. 10) de la Constitución, las facultades extraordinarias legislativas no pueden conferirse para decretar impuestos. En el artículo 338 Superior, a su vez, se materializa el principio de predeterminación del tributo, “según el cual una lex previa y cierta debe señalar los elementos esenciales de la obligación fiscal”(19), es decir, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa. La definición de tales elementos, ha dicho la Corte Constitucional, está sujeta al rigor del principio de legalidad que exige que la misma se realice de manera clara e inequívoca.

En torno a la amplitud de la autonomía legislativa para la regulación sustantiva del tributo, y aún de los deberes formales en la tributación, la Corte Constitucional ha sostenido:

“(...) La atribución de legislar en materia tributaria, principalmente encomendada al Congreso de la República, es lo bastante amplia y discrecional como para permitirle fijar los elementos básicos de cada gravamen atendiendo a una política tributaria que el mismo legislador señala, siguiendo su propia evaluación. Sus criterios y sus orientaciones en torno a las mejores conveniencias de la economía y de la actividad estatal.

Así, mientras las normas que al respecto establezca no se opongan a los mandatos constitucionales, debe reconocerse como principio el de la autonomía legislativa para crear, modificar y eliminar impuestos tasas y contribuciones nacionales, así como para regular todo lo pertinente al tiempo de su vigencia, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las formas de cobro y recaudo”(20) (se destaca).

Ahora bien, esta Sala ha sido de la postura de que las entidades territoriales tienen potestad para establecer los elementos del tributo, siempre que el tributo haya sido creado o autorizado por la ley.

Sobre el particular, en la sentencia del 11 de marzo de 2010, dictada en el expediente 16667, la Sala hizo un recuento de las diversas posturas acogidas por esta corporación, en relación con la autonomía impositiva de las entidades territoriales y aludió a la sentencia del 9 de julio de 2009, también proferida por esta Sección, que, haciendo alusión al precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, retomó los planteamientos generales expuestos en la sentencia de 15 de octubre de 1999(21), Exp. 9456, Consejero Ponente Dr. Julio E. Correa Restrepo, en la que se señaló que “(...) en virtud del denominado principio de ‘predeterminación’, el señalamiento de los elementos objetivos de la obligación tributaria debe hacerse exclusivamente por parte de los organismos de representación popular, en la forma consagrada en el artículo 338 de la Constitución, que asignó de manera excluyente y directa a la ley, la ordenanza o el acuerdo la definición y regulación de los elementos estructurales de la obligación impositiva, al conferirles la función indelegable de señalar ‘directamente’ en sus actos: los sujetos activos y pasivos, los hechos generadores, las bases gravables y las tarifas de los impuestos”.

También se acogió, de la sentencia citada que, “(...) creado el tributo o autorizada su implantación por parte de la ley, en el evento de que esta no se haya ocupado de definir todos los presupuestos objetivos del gravamen y por ende del señalamiento de los elementos esenciales de identificación y cuantificación, corresponde directamente a las respectivas corporaciones de elección popular, efectuar las previsiones sobre el particular” (se subraya).

Por todo lo anterior, queda claro que, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada tanto de esta corporación, como de la Corte Constitucional, existe una autonomía limitada para las entidades territoriales en materia tributaria, en el sentido de que debe existir un tributo creado o cuya creación sea autorizada por la ley, para que las entidades territoriales lo adopten y establezcan los elementos que no fueron definidos por la ley habilitante.

2.3. El asunto de fondo. Aplicación del precedente(22). 

De acuerdo con lo expuesto en antecedentes, en el caso concreto se tiene que la asamblea departamental de Norte de Santander, mediante la Ordenanza 0003 de 2005, creó, con fundamento en la Ley 181 de 1995, “una contribución departamental con destino al deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, para todo el territorio del departamento de Norte de Santander” (art. 1º).

A juicio de los demandantes, la Ordenanza 0003 de 2005, expedida por la asamblea departamental de Norte de Santander, es nula por violación de normas superiores (C.N., art. 300, num. 4º y art. 150, num. 12 por indebida aplicación, C.N., art. 338 por falta de aplicación) y por falsa motivación.

Mediante sentencia del 27 de octubre de 2011, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander declaró la nulidad de la ordenanza acusada porque encontró probado que la asamblea del mismo departamento, al crear una contribución a cargo de los usuarios del servicio de alojamiento temporal o transitorio, sin autorización legal previa, vulneró el principio de legalidad del tributo.

Tanto en la contestación a la demanda como en el recurso de apelación, el Departamento de Norte de Santander alegó que el fundamento de la contribución objeto de demanda se encontraba en los artículos 300 (num. 4º) de la Constitución Política y 75 (inc. 2º, num. 2º) de la Ley 181 de 1995. Sin embargo, si bien el artículo 300 (num. 4º) de la Constitución Política otorgó a las asambleas departamentales la potestad de decretar tributos, dicha potestad fue conferida de conformidad con la ley, esto es, previa creación legal del tributo o previa autorización legal para la creación del mismo. En todo caso, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Sala, el tributo debió haber sido creado por el legislador, con, por lo menos, la indicación del hecho generador del mismo.

Visto el contenido del artículo 75 (inc. 2º, num. 2º) de la Ley 181 de 1995, la Sala advierte que la norma no creó ningún impuesto ni autorizó a las asambleas departamentales para que lo crearan. Si bien la norma dispuso que los entes deportivos departamentales se financiarían con las rentas que las asambleas crearan para el efecto, lo cierto es que esa creación más bien se trata de una adopción de las contribuciones que el legislador cree o autorice para el efecto, pues, como ya se dijo, la potestad para crear tributos es exclusiva del legislador —principio de reserva de ley, al que ya se aludió con anterioridad—.

Con fundamento en la doctrina judicial expuesta y en la postura adoptada por esta Sala, queda claro que el artículo 75 de la Ley 181 de 1995 no creó ningún impuesto o contribución que gravara la prestación del servicio de alojamiento transitorio o temporal en establecimientos comerciales tales como moteles, residencias, amoblados y similares, razón por la que la Asamblea Departamental de Norte de Santander excedió las atribuciones que constitucionalmente le fueron otorgadas.

En efecto, de conformidad con lo expuesto por esta Sala en las sentencias dictadas en los expedientes 9546 del 15 de octubre de 1999(23), 16544 del 9 de julio de 2009(24), 16315 del 6 de agosto de 2009(25), entre otras, si bien se ha considerado que las entidades territoriales de elección popular, tales como asambleas departamentales y concejos municipales y distritales tienen potestad para fijar los elementos de los tributos, dicha potestad no es ilimitada, pues está sujeta a la ley que crea el impuesto o que autoriza la creación del mismo.

En ese entendido, para la Sala es claro que la asamblea departamental de Norte de Santander no estaba siquiera autorizada para imponer un gravamen o contribución a la prestación del servicio de alojamiento transitorio o temporal en los establecimientos comerciales cuya actividad económica consistiera en prestar ese servicio, toda vez que la Ley 181 de 1995 no lo dispuso así.

Las razones anteriores son suficientes para confirmar la decisión de primera instancia que declaró la nulidad de la Ordenanza 0003 de 2005, expedida por la asamblea departamental de Norte de Santander, en tanto se encontraron probados los cargos por violación a normas superiores y por falsa motivación: el primero, por exceso en el ejercicio de la potestad impositiva atribuida a las asambleas departamentales (C.N., arts. 300, num. 4º y 338); el segundo, por falsa motivación, en tanto que la Ley 181 de 1995 no creó ni autorizó la creación de contribución alguna en favor del deporte y menos en los términos descritos en la Ordenanza 003 de 2005, además de la violación a los principios de legalidad y de reserva de ley, que también se encontró probada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

CONFÍRMASE la sentencia del 27 de octubre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por las razones expuestas.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

(6) ART. 46.

(7) ART. 75.—El Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, como organismo del orden nacional, contará:
1. Además de los recursos que destine la Nación para los gastos de funcionamiento e inversión de Coldeportes, el Gobierno destinará los recursos provenientes del impuesto al valor agregado, IVA, correspondiente a los servicios de: restaurantes y cafeterías (901); hoteles y demás establecimientos de alojamiento (902); servicios de diversión y esparcimiento, actividades de discotecas, salas de baile, y centros similares (910); revelado, estudios fotográficos y fotocopias (918).
2. Las partidas que como aporte ordinario se incluyan anualmente en el presupuesto general de la Nación.
3. El producto de las rentas que adquiera en el futuro, por razón de la prestación de servicios o cualquier otro concepto, de acuerdo con su finalidad, y
4. Las demás que se decreten a su favor.
Los entes deportivos departamentales, contarán para su ejecución con:
(...) 2. Las rentas que creen las asambleas departamentales con destino al deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.

(8) M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, demandante: Humberto Hasbún Lombana contra Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

(9) Corte Constitucional, Sent. C-121/2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(10) Corte Constitucional. Sent. C-891/2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

(11) Ibídem.

(12) Corte Constitucional, Sentencia C-1371 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(13) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. Ligia López Díaz. Bogotá D.C., 18 de mayo de 2006, Rad.: 5000123-31000200300071 01, Nº interno: 15197, actor: Víctor Obdulio Benavides Ladino, demandado: Municipio de Villavicencio.

(14) Sobre este particular, ver sentencias C-155 del 26 febrero de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett y C-455 del 20 de octubre 1994, M.P. José Gregorio Hernández.

(15) Corte Constitucional, Sent. C-280/96.

(16) Corte Constitucional, Sent. C-474/2003.

(17) C-690/2003.

(18) Ibídem.

(19) Corte Constitucional, Sent. C-155/2003.

(20) Corte Constitucional, Sent. C-222/95.

(21) Pie de página original de la sentencia del 9 de julio de 2009: “Si bien en esta sentencia se declaró la nulidad del acuerdo demandado, ello obedeció a que a través del acto acusado se creaba el impuesto de telefonía móvil celular cuando la ley hace referencia a telefonía urbana, por lo que se concluyó que el concejo municipal carecía de facultades para ello”.

(22) Ver, entre otras, las sentencias dictadas en los expedientes 9546 del 15 de octubre de 1999, 16544 del 9 de julio de 2009, 16315 del 6 de agosto de 2009 y 19037 del 12 de diciembre de 2014.

(23) M.P. Julio E. Correa Restrepo.

(24) M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(25) M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.