Sentencia 2005-00427/47718 de diciembre 6 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 18001-23-31-000-2005-00427-01(47718)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: F. C. V. y otros

Demandado: Fiscalía General de la Nación y otro

Referencia: Apelación sentencia - acción de reparación directa

Tema: Apelante único - Límites a la competencia del Ad quem

Bogotá, D.C., seis de diciembre de dos mil diecisiete.

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros sean suprimidos por las iniciales de los nombres y apellidos, esto con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1) prelación del fallo en casos de privación de la libertad; 2) la competencia de la Sala; 3) alcance del recurso; 4) el ejercicio oportuno de la acción; 5) la legitimación de los demandantes; 6) perjuicios y 7) la procedencia o no de la condena en costas.

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al Despacho.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe solo la reiteración de jurisprudencia”.

En el sub lite el debate versa sobre la privación de la libertad del señor F. C. V., tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en diversas ocasiones, para lo cual ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, por lo que, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

2. Competencia.

A la Sala, a través del artículo 73 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el reglamento interno de esta Corporación(18), se le asignó el conocimiento en segunda instancia, sin consideración a la cuantía, de los procesos de reparación directa promovidos en vigencia del Decreto 1 de 1984, cuya causa petendi sea: i) el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia; ii) el error judicial o iii) la privación injusta de la libertad(19).

3. Alcance del recurso.

En el presente asunto es necesario precisar que el recurso de apelación se debe decidir con fundamento en los argumentos de inconformidad propuestos por los impugnantes, pues, so pena de desconocer las garantías de imparcialidad y contradicción, el juez no puede suplantar su voluntad, salvo que se trate de circunstancias sin las cuales no sea posible decidir o sean susceptibles de ser declaradas de oficio, por ser consustanciales a la labor de defensa del ordenamiento jurídico y siempre que no desmejoren la situación del apelante único.

En tal medida, la Sala, en virtud de los motivos de inconformidad de la parte actora verificará: i) si hay lugar o no a aumentar la condena reconocida por perjuicios morales; ii) si se debe fijar un monto superior a título de “daño a la vida de relación” para la víctima directa de la privación y iii) si es procedente o no el reconocimiento de perjuicios por “daño a la vida de relación” para todos los demandantes.

Además, actualizará las condenas que no fueron objeto de impugnación y, en ejercicio de sus facultades oficiosas, analizará lo relacionado con la oportunidad en el ejercicio de la acción y la legitimación en la causa de los demandantes.

En ese sentido, la Sala Plena de la Sección Tercera, mediante providencia del 9 de febrero de 2012, unificó su jurisprudencia en relación con la competencia del juez de segunda instancia, en el entendido de precisar que esta se encuentra limitada por las referencias conceptuales y argumentativas aducidas por los apelantes en contra de la decisión adoptada en primera instancia, sin perjuicio de las circunstancias susceptibles de ser declaradas de manera oficiosa(20).

Adicionalmente, en dicha ocasión señaló:

“En el caso sub examine se tiene que la impugnación contra la sentencia de primera instancia la edificó la parte demandante —bueno es reiterarlo— sobre la inconformidad respecto de los montos indemnizatorios reconocidos para los demandantes.

“Así las cosas, comoquiera que la declaratoria de responsabilidad del Tribunal a quo respecto de la entidad demandada no fue objeto de pronunciamiento alguno por la entidad demandada, ni mucho menos controvierte tal extremo, ninguna precisión efectuará la Sala en relación con el régimen de responsabilidad aplicable a las circunstancias del caso concreto, ni en cuanto a la concurrencia, en el mismo, de los elementos constitutivos del régimen respectivo, de manera que los referidos son puntos de la litis que han quedado fijados con la decisión que profirió el a quo”.

Bajo esta óptica, la Subsección se pronunciará y adoptará las decisiones que resulten del caso.

4. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, a la omisión, a la operación administrativa y a la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

En tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(21).

En el presente caso, la parte demandante pretende que se le reparen los perjuicios causados con las decisiones a través de las cuales se restringió el derecho a la libertad del señor F. C. V., razón por la cual el presupuesto de oportunidad en el ejercicio del derecho de acción se analizará a partir de la regla expuesta.

En ese sentido se encuentra que la Fiscalía 6ª Seccional de Florencia, mediante providencia del 16 de octubre de 2003(22), precluyó la investigación en favor del señor F. C. V. por el delito de rebelión, decisión ejecutoriada el 30 de octubre de 2003, según se desprende de la constancia obrante a folio 97 del cuaderno de pruebas.

De este modo, el término para demandar empezó a correr el 31 de octubre de 2003 y como la demanda se presentó el 10 de octubre de 2005(23), se concluye que el derecho de acción se ejerció en oportunidad, es decir, dentro de los 2 años siguientes a la ejecutoria de la providencia por medio de la cual se precluyó la investigación en favor del señor F. C. V.

5. Legitimación en la causa por activa.

Al presente proceso comparecieron en calidad de demandantes los señores F. C. V., D. C. V., E. C. V., J. C. V., L. C. V., I. C. V., ED. C. V. y F. M. C. V.

En tal medida, la Sala encuentra probada la legitimación en la causa por activa del señor F. C. V., en tanto fue la víctima directa del daño.

En igual sentido, respecto de los señores D. C. V., E. C. V., J. C. V., I. C. V., ED. C. V. y F. M. C. V. en cuanto a que probaron ser hermanos del señor F. C. V., dado que, mediante sus respectivos registros civiles de nacimiento(24), acreditaron ser hijos de los señores A. C. y F. V., padres de la víctima directa del daño(25).

De otra parte, encuentra la Sala que al plenario no se allegó el registro civil de nacimiento del señor L. C. V., lo que impide tener por acreditada la condición de hermano del señor F. C. V.

Lo anterior, en consideración a que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5º(26) y 101(27) del Decreto 1260 de 1970, en el registro “civil” debe constar el estado civil de las personas, del cual hace parte la filiación, entendida como el status que deriva de la relación existente entre dos personas, de las cuales una es el hijo(a) y la otra el padre o la madre.

En relación con el alcance de la filiación, la Corte Constitucional(28) ha señalado:

“[L]a filiación es un presupuesto para la garantía de la identidad, para el disfrute de otros derechos como los derivados de la condición de hijo, el derecho a alimentos, el derecho a heredar y así mismo los derivados de la condición de padre, los dos se enmarcan en las obligaciones de cuidado y solidaridad que rigen la familia.

“(…).

“[E]s el vínculo familiar que existe entre padres e hijos, y puede ser catalogada como matrimonial, extramatrimonial o adoptiva. Este lazo además de generar derechos y deberes entre padres e hijos y viceversa, también traza rasgos importantes de la identidad de las personas desde el punto de vista biológico como personal, puesto que la familia juega un papel preponderante en la formación personal de los seres humanos” (se resalta).

Así las cosas, en el registro del estado civil se deben inscribir los datos que permitan individualizar las relaciones paterno-materna filiales de su titular, lo cual debe hacerse en la sección de nacimiento, según lo previsto en el artículo 52 del Decreto 1260 de 1970, a cuyo tenor:

“ART. 52.—Secciones de la inscripción del nacimiento. La inscripción del nacimiento se descompondrá en dos secciones: una genérica y otra específica. En aquella se consignarán solamente el nombre del inscrito, su sexo, el municipio y la fecha de su nacimiento, la oficina donde se inscribió y los números del folio y general de la oficina central.

“En la sección específica se consignarán, además la hora y el lugar del nacimiento, elnombre de la madre, el nombre del padre; en lo posible, la identidad de una y otro, su profesión u oficio, su nacionalidad, su estado civil y el código de sus registros de nacimiento y matrimonio (…)” (se resalta).

En concordancia con lo anterior, el artículo 106 ejusdem(29) establece que ninguna autoridad puede dar por probados los hechos relativos al estado civil de las personas, como la filiación, si estos no constan en el respectivo registro.

Pues bien, como al presente asunto, se reitera, no se allegó el registro civil del señor L. C. V., resulta claro que no probó la condición de hijo de los señores A. C. y F. V., falencia que, a su vez, impide tener por acreditado que sea hermano del señor F. C. V., circunstancia que impone declarar su falta de legitimación en la causa por activa y, de manera consecuente, revocar la condena reconocida a su favor.

6. Perjuicios.

Como se precisó en precedencia, de conformidad con los puntos objeto de apelación, la Sala resolverá sobre los perjuicios morales y el “daño a la vida de relación”; adicionalmente, actualizará la condena reconocida en primera instancia a título de lucro cesante.

6.1. Perjuicios morales.

Pues bien, con fundamento en las máximas de la experiencia y en la jurisprudencia reiterada de la Corporación(30), se presume que las personas sometidas a una medida restrictiva de la libertad sufren perjuicios de carácter moral, que deben ser indemnizados, supuesto que también es predicable de quienes concurren al proceso, debidamente acreditados, en condición de cónyuge, compañero(a) permanente y/o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o civil.

Ahora, esta Sección ha precisado que en los casos en los que la restricción de la libertad se prolonga por un período superior a 3 meses e inferior a 6 resulta razonable el reconocimiento de: i) 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes —SMMLV— tanto para la víctima directa, como para sus familiares dentro del primer grado de consanguinidad, su cónyuge y/o compañero permanente y 25 SMMLV para los parientes en el 2º grado de consanguinidad(31).

En el caso concreto, el Tribunal a quo reconoció por perjuicios morales: a la víctima directa, 40 SMMLV; así mismo, a quienes invocaron la condición de hermanos, 10 SMMLV para cada uno.

Ahora, al revisar el expediente, es posible determinar que el señor F. C. V. estuvo privado físicamente de la libertad, por cuenta del proceso por rebelión que culminó con decisión de preclusión a su favor, entre el 19 de junio de 2003, cuando se capturó, y el 16 de octubre de 2003(32), oportunidad en la que se dispuso su libertad, es decir, por espacio de 3 meses y 27 días.

Así las cosas, teniendo en cuenta los criterios fijados por la precitada sentencia de unificación y lo probado en el proceso, encuentra la Sala que le asiste razón a los recurrentes respecto del monto reconocido por concepto de perjuicios morales, por lo que, de acuerdo con lo pedido, se modificará, en este punto, la sentencia apelada.

En ese sentido, la Fiscalía General de la Nación deberá pagar, por perjuicios morales, al señor F. C. V., en calidad de víctima directa del daño, 50 SMMLV; a su vez, a los señores D. C. V., E. C. V., J. C. V., I. C. V., ED. C. V. y F. M. C. V., en condición de hermanos, en aplicación del principio de congruencia, de acuerdo con lo pedido en la apelación, 20 SMMLV a cada uno.

6.2. Afectación relevante a bienes convencional y constitucionalmente amparados.

En el presente asunto, la parte actora solicitó el reconocimiento, para cada uno de los demandantes, de una indemnización pecuniaria por concepto de “daño a la vida de relación”.

El Tribunal a quo consideró que la vinculación a un proceso penal comportaba un estigma social que causaba, a su vez, perjuicios sociales y de comportamiento, razón por la que condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagar 10 SMMLV a favor del señor F. C. V.

Para los recurrentes, en plenario se acreditó la afectación a la honra, las relaciones personales y el proyecto de vida de todos los demandantes, por manera la indemnización por este concepto debió ser mayor para la víctima directa y, además, reconocida en favor de todos los demandantes.

Ahora, la Sala advierte que las tipologías de perjuicios que se reclaman, deben analizarse bajo el concepto de afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados(33), dado que dentro de este, de conformidad con la jurisprudencia actual de la Sección(34), se encuentran los derechos o intereses legítimos inmateriales que no están comprendidos dentro de la noción de daño moral o daño a la salud, como los pedidos en el sub lite.

Adicionalmente, para lo anterior, se ha de tener en cuenta, según jurisprudencia de esta Sección(35), que los perjuicios por la afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados se reconocerán siempre y cuando su concreción se encuentre acreditada dentro del proceso y se precise su reparación integral, teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos.

Además, que de encontrarse acreditada la afectación, se privilegia la compensación a través de medidas reparatorias no indemnizatorias a favor de la víctima directa y su núcleo familiar más cercano (cónyuge o compañero(a) permanente o estable y los parientes hasta el 1º de consanguinidad, según la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas “de crianza”.

Igualmente, en casos excepcionales, de manera motivada y proporcional a la intensidad del daño y la naturaleza del bien o derecho afectado, cuando las medidas de satisfacción no sean suficientes o posibles para consolidar la reparación integral, es posible otorgar una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria de hasta 100 SMMLV, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud.

Pues bien, visto lo anterior, advierte la Sala que resultan infundados los motivos de inconformidad de los recurrentes, dado que, en el caso concreto, en los términos en que fue precisada por la sentencia de unificación de esta Corporación, no resultaba procedente el reconocimiento de medidas pecuniarias y, menos aún, para todos los demandantes, en cuanto no se acreditó una afectación de la relevancia requerida para que procediera una condena en tal sentido.

No obstante, la Subsección mantendrá la decisión cuestionada, porque revocarla haría más gravosa la situación de los apelantes únicos.

6.3. Lucro cesante.

En relación con los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, el a quo reconoció la suma de $ 9’204.402, monto que, por no haber sido apelado, se actualizará, con base en la siguiente fórmula:

(IPC final)(36)

Valor actualizado = Valor histórico x ---------------------------

(IPC inicial)(37)

Al remplazar:

(138,32)

V.A = V.H ($ 9’204.402) -------------------

(111,25)

V.A = $ 11’444.070.

En las condiciones analizadas, la Fiscalía General de la Nación pagará al señor F. C. V., por lucro cesante, la suma de $ 11’444.070.

7. Condena en costas.

La Sala no observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, por lo que se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º. MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, el 31 de mayo de 2012, cuya parte resolutiva quedará así:

“1. DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por la Nación - Departamento Administrativo de Seguridad.

“2. DECLARAR probada, de oficio, la excepción de falta de legitimación en la causa por activa del señor L. C. V.

“3. DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable a la Nación -Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios ocasionados con la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el señor F. C. V.

“4. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar:

“— Por perjuicios morales, las siguientes sumas, expresadas en salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia:

1). F. C. V.: 50

2). D. C. V.: 20

3). E. C. V.: 20

4). J. C. V.: 20

5. I. C. V.: 20

6). ED. C. V.: 20

7). F. M. C. V.: 20

“— Por concepto de daño a la vida de relación, las siguientes sumas, expresadas en salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia:

A F. C. V.: 10

“— Por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de Once millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil setenta pesos ($ 11’444.070), en favor del señor F. C. V.

“5. Denegar las demás súplicas de la demanda.

“6. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

“7. Para el cumplimiento de esta sentencia, expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 1995. Las copias destinadas a la parte actora se entregarán al apoderado que ha venido actuando.

“8. Sin condena en costas”.

2º. En firme la presente providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

18 Acuerdo Nº 58 de 1999, modificado por los acuerdos Nº 55 de 2003, 148 de 2014 y 110 de 2015.

19 Sobre este tema consultar el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación del 9 de febrero de 2012, radicación 21.060, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente 13.622, M.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011, expediente 21.801. Al respecto puede consultarse igualmente el auto de 19 de julio de 2010, expediente: 37.410, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

22 Folios 87-93, cuaderno de pruebas.

23 Folio 42, cuaderno 1.

24 Obrantes a folios 213, 214, 215, 216, 217 y 218 del cuaderno 1.

25 Según se desprende del registro civil de nacimiento obrante a folio 212 del cuaderno 1.

26 “ART. 5º—Inscripción en el registro civil. Los hechos y los actos relativos al estado civil de las personas, deben ser inscritos en el competente registro civil, especialmente los nacimientos (…), así como los hijos inscritos, con indicación del folio y el lugar del respectivo registro”.

27 “ART. 101.—Registro es público. El estado civil debe constar en el registro del estado civil. El registro es público, y sus libros y tarjetas, así como las copias y certificaciones que con base en ello se expidan, son instrumentos públicos”.

28 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-071 del 19 de febrero de 2016, expediente T-5.146.888.

29 “ART. 106.—Formalidad del registro. Ninguno de los hechos, actos y providencias relativos al estado civil y la capacidad de las personas, sujetos a registro, hace fe en proceso ni ante ninguna autoridad, empleado a funcionario público, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la presente ordenación, salvo en cuanto a los hechos para cuya demostración no se requiera legalmente la formalidad del registro” (se resalta).

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de: i) 14 de marzo de 2002, M.P. Germán Rodríguez Villamizar, radicación 12076, ii) 23 de septiembre de 2015, M.P. Hernán Andrade Rincón, radicación 36575; iii) 2 de diciembre de 2015, radicación 37936 y iv) 10 de febrero de 2016, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, radicación 39159, entre otras.

31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de: i) 28 de agosto de 2013, C.P. Enrique Gil Botero, radicación 25.022 y ii) 28 de agosto de 2014, C.P. Hernán Andrade Rincón, radicación 36.149.

32 Según se desprende del contenido del acta de derecho del capturado obrante a folio 14 del cuaderno de pruebas y de la certificación expedida Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario que milita a folio 107 del cuaderno de pruebas

33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, expediente 32988 M.P. Ramiro Pazos Guerrero y expediente 26251. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

34 “(…) se recuerda que, desde las sentencias de la Sala Plena de la Sección Tercera de 14 de septiembre de 2011, exp. 19031 y 38222 (…) se adoptó el criterio según el cual, cuandosedemandalaindemnizacióndedañosinmaterialesprovenientesdelalesiónalaintegridadpsicofísicadeunapersona,yanoesprocedentereferirsealperjuiciofisiológicooaldañoalavidaderelaciónoinclusoalasalteracionesgravesdelascondicionesdeexistencia,sinoqueespertinentehacerreferenciaaunanuevatipologíadeperjuicio,denominadadañoalasalud (…) la Sala unifica su jurisprudencia en relación con la indemnización del daño a la salud por lesiones temporales en el sentido de indicar que, para su tasación, debe establecerse un parangón con el monto máximo que se otorgaría en caso de lesiones similares a aquellas objeto de reparación, pero de carácter permanente y a partir de allí, determinar la indemnización en función del período durante el cual, de conformidad con el acervo probatorio, se manifestaron las lesiones a indemnizar (…)” (Se destaca). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, expediente 28832, M.P. Danilo Rojas Betancourth y expediente 31170. M.P. Enrique Gil Botero.

35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de: i) 28 de agosto de 2013, C.P. Enrique Gil Botero, radicación 25.022 y ii) 28 de agosto de 2014, C.P. Hernán Andrade Rincón, radicación 36.149.

36 IPC vigente a la fecha de la presente providencia (diciembre de 2017).

37 IPC vigente para la fecha de la sentencia de la primera instancia (mayo de 2012).