Sentencia 2005-00452 de marzo 16 de 2010 

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Consejero Ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Rad.: 11001-03-15-000-2005-00452-00 (S)

Actor: Sociedad Karla Ltda.

Demandado: Bogotá Distrito Capital

Referencia: Recurso extraordinario de súplica

Bogotá, D.C., dieciséis de marzo de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Competencia. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer de este recurso extraordinario de súplica interpuesto por el apoderado de la parte demandante contra la sentencia del 28 de octubre de 2004, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, al tenor de lo dispuesto en los artículos 97 numeral 4º del Código Contencioso Administrativo y 194 ibídem, como quiera que dicho recurso fue interpuesto el 15 de marzo de 2005 (fl. 23), antes de la entrada en vigencia de la Ley 954 de 2005 que lo fue el 28 de abril de 2005, y que para dicha fecha aún no se había proferido auto admisorio del recurso.

Del recurso extraordinario de súplica. El artículo 194 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998(1), disponía que el recurso extraordinario de súplica procedía contra sentencias ejecutoriadas dictadas por cualquiera de las secciones o subsecciones del Consejo de Estado. Era causal del mencionado recurso: la violación directa de normas sustanciales, ya sea por aplicación indebida, falta de aplicación o interpretación errónea de las mismas.

En lo formal, se debía indicar en forma precisa la norma o normas sustanciales infringidas y los motivos de la infracción e interponerse dentro de los veinte (20) días siguientes al de la ejecutoria de la sentencia impugnada ante la sección o subsección falladora que lo concedería o rechazaría.

La Sala Plena del Consejo de Estado ha tenido oportunidad de examinar el ámbito de comprensión del recurso extraordinario de súplica y al respecto ha señalado(2) que con la finalidad de garantizar el libre acceso a la administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial de los administrados, debe ser menos riguroso el examen realizado frente a la formulación del recurso extraordinario de súplica que aquél efectuado respecto del recurso extraordinario de casación, no obstante su similitud en algunos aspectos tales como en el tema de las causales.

De otra parte, la Sala examina que la violación directa de normas sustanciales se presenta en tres sentidos o conceptos de infracción: como resultado de la falta de aplicación, la aplicación indebida o la errónea interpretación, de manera que la controversia en el recurso extraordinario de súplica se contrae a un error de puro derecho (error juris in judicando).

La violación directa por falta de aplicación tiene lugar cuando en la sentencia el fallador deja de aplicar una disposición que es pertinente al asunto controvertido o no la hace obrar, caso en el cual resulta también infringida la norma que en su defecto aplica.

La infracción por indebida aplicación surge cuando a pesar de que se le ha dado su genuino sentido a la norma, ésta se aplica sin ser pertinente al asunto materia de la decisión, esto es, se aplica a supuestos no subsumidos en ella.

La interpretación errónea consiste en aplicar la disposición pertinente a la controversia, pero dándole un sentido y alcance que no tiene; se sitúa siempre en un error de hermenéutica jurídica.

En conclusión, como la causal del recurso extraordinario de súplica se contrae a la violación de la norma sustancial por vía directa, que reduce el análisis a la confrontación de la sentencia impugnada con el contenido del precepto presuntamente vulnerado, su prosperidad depende de la acreditación del  error juris in judicando en que incurrió el juzgador y por ende, en modo alguno dicho recurso es una tercera instancia que reviva el debate inicial y que comporte la revisión del proceso, más aún porque se excluye el examen del análisis probatorio el cual configura la violación indirecta de la norma sustancial, razón por lo cual no es dable la procedencia del recurso por falta de apreciación o estimación errónea de los hechos.

Precisado lo anterior, procede la Sala a pronunciarse respecto de los cargos formulados por el recurrente y que se concretan en la violación directa de norma sustancial por: 1) aplicación indebida del inciso 1º del artículo 9º del Acuerdo 12 de 2000 (que subrogó el art. 31 del Acu. 1/98) expedido por el Concejo Distrital de Bogotá, 2) inaplicación del inc. 4º ibídem, 3) falta de aplicación de los artículos 6º, 29, 85, 121, 125, 150 de la Constitución Política, 4) Falta de aplicación de los artículos 44 y 59 del Código Contencioso Administrativo y 4º, 304 (inc. 1) y 305 del CPC., y, 5) interpretación errónea del artículo 9º del Acuerdo 12 de 2000 porque no se aplicó el principio de favorabilidad.

Planteó la recurrente como fundamento del recurso que la norma citada debió entenderse en el sentido de que el funcionario competente podrá ordenar la remoción o modificación de la publicidad cuando: 1º) se hubiese colocado publicidad exterior visual, en sitios prohibidos por la ley y este acuerdo, ó, 2º) en condiciones no autorizadas por estos. Pero no podrá hacerlo cuando la publicidad exterior visual se encuentre registrada y no se enmarque dentro de los casos anteriores. En ese evento, la administración debe promover las acciones procedentes ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo como debió hacerlo en el sub lite.

Consecuentemente, afirmó que para el momento de la expedición de los actos acusados la entidad demandada había perdido competencia para cancelar el Registro de Publicidad de la actora, debido a la derogatoria del artículo 31 del Acuerdo 1 de 1998 mediante el artículo 9º del Acuerdo 12 de 2000, norma que a la postre fue la que confirió dicha competencia a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa.

En punto a desatar el recurso extraordinario, encuentra la Sala demostrado lo siguiente:

Mediante Resolución 1055 del 30 de mayo de 2000, el Director del DAMA canceló a la firma Karla Ltda. el Registro de Publicidad Exterior concedido en  el año 1998 y para el efecto, adujo:

“Que dentro de las obligaciones establecidas en el Acuerdo 1 de 1998, artículo 30, se establece que el responsable del registro o su representante legal deberán mantener actualizados entre otros: “B) identificación del anunciante, NIT, y demás datos para su localización”. Y “d) Ilustración o fotografías de la publicidad exterior visual y transcripción de los textos que en ella aparecen”. Así mismo la omisión de dar aviso dentro de los tres días a la actualización, equivaldrá al no registro del elemento” (fl. 17 cdno. 2).

Para la época de la expedición de dicha resolución, el precepto jurídico vigente que le sirvió de fundamento fue el artículo 30 del Acuerdo 1 de 1998 expedido por el Concejo del Distrito Capital el cual señalaba:

“ART. 30.—(...). Para efectos del registro, el responsable, o su representante legal, deberá aportar por escrito y mantener actualizados los siguientes datos:

a. Tipo de publicidad y su ubicación;

b. Identificación del anunciante, NIT, y demás datos para su localización.

c. Identificación del dueño del inmueble donde se ubique la publicidad, junto con su dirección, documentos de identidad, NIT, teléfono y demás datos para su localización.

d. Ilustración o fotografías de la publicidad, exterior visual y trascripción de los textos que en ella aparecen.

Cualquier cambio de esta información deberá ser avisado dentro de los tres (3) días siguientes a la entidad responsable de llevar el registro quien es responsable de su actualización. Para efectos sancionatorios, la no actualización de la información equivale al no registro...” (negrilla no original).

“ART. 31.—Sanciones. Cuando se hubiese colocado publicidad exterior visual en sitios prohibidos o no autorizados a solicitud de parte o de oficio se iniciará el respectivo acto administrativo a efectos de su desmonte. Si no se ha registrado o su registro se encuentra desactualizado, se ordenará su remoción.

Si la publicidad no se ajusta a las normas vigentes, según el caso, se ordenará su remoción o modificación, para lo cual se dará un plazo de 3 (tres) días hábiles. Vencido este plazo, se ordenará su remoción a costa del infractor.

(...).

Será competente la autoridad ante la cual se efectuó o se debería de efectuar el registro”. (negrilla no original).

El 13 de julio de 2000, se expidió el Acuerdo 12 que en los artículos 8º y 9º modificó los artículos 30 y 31 del Acuerdo 1º de 1998, respectivamente, de la siguiente forma:

“ART. 8º—(...) Para efectos del mismo el responsable o su representante legal deberá aportar por escrito y mantener actualizados los siguientes datos:

a. Tipo de publicidad y su ubicación;

b. Identificación del anunciante, NIT y demás datos para su colocación.

c. Identificación del dueño del inmueble donde se ubique la publicidad, junto con su dirección, documentos de identidad, Nit, teléfono y demás datos para su localización.

d. Ilustración o fotografías de la publicidad exterior visual y trascripción de los textos que en ella aparecen.

Cualquier cambio de la información de los literales a, b y c deberá ser avisado dentro de los tres (3) días siguientes a la entidad responsable de llevar el registro quien es responsable de su actualización. Para efectos sancionatorios, la no actualización de la información equivale al no registro”. (negrilla no original).

“ART. 9º—El artículo 31 del Acuerdo 1 de 1998 quedará así:

Sanciones: Sin perjuicio de las acciones populares establecidas en la Constitución y la ley, cuando se hubiese colocado publicidad exterior visual, en sitios prohibidos por la ley y este acuerdo o, en condiciones no autorizadas por estos cualquier persona podrá solicitar su remoción o modificación, ante la autoridad competente. La solicitud podrá presentarse verbalmente o por escrito, de conformidad con el artículo 5º del Código Contencioso Administrativo. De igual manera sin perjuicio del ejercicio de la acción popular, la entidad competente podrá iniciar una acción administrativa de oficio, para determinar si la publicidad exterior visual se ajusta a la ley.

Recibida la solicitud o iniciada de oficio la actuación, el funcionario verificará si la publicidad se encuentra registrada y si no se ha solicitado su registro dentro del plazo señalado por este acuerdo se ordenará su remoción. De igual manera el funcionario deberá ordenar que se remueva o modifique la publicidad exterior visual que no se ajuste a las condiciones de este acuerdo tan pronto tenga conocimiento de la infracción cuando esta sea manifiesta o para evitar o remediar una perturbación del orden público en los aspectos de defensa nacional, seguridad, tranquilidad, salubridad y circulación de personas y cosas o graves daños al espacio público.

En los casos anteriores, la decisión debe adoptarse y notificarse dentro de los diez (10) días hábiles al día de recepción de la solicitud o de la iniciación de la actuación indicando los recursos que admite el Código Contencioso Administrativo para agotar la vía gubernativa. Si la decisión consiste en ordenar la remoción de la publicidad exterior visual, el funcionario fijará un plazo no mayor de tres (3) días hábiles para que el responsable de la publicidad, si es conocido, la remueva o la modifique. Vencido este plazo, ordenará que las autoridades de policía la remuevan a costa del infractor.

Cuando la publicidad exterior visual se encuentre registrada y no se encuentre dentro de los eventos previstos en el inciso tercero de este artículo, el alcalde, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud o de la iniciación de la actuación, debe promover las acciones procedentes ante la jurisdicción competente para solicitar la remoción o modificación de la publicidad. En estos casos se acompañará a su escrito copia auténtica del registro de la publicidad”. (negrilla no original).

De la lectura de los artículos trascritos, la Sala precisa los siguientes cambios respecto de la regulación anterior, esto es, la del Acuerdo 01 de 1998 expedido por el Concejo Distrital de Bogotá:

1.  La competencia para cancelar los registros de publicidad, ya no es de  reserva exclusiva de la administración como ocurría en el Acuerdo 1 de 1998, sino que se confirió parte de ella a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

2. Corresponde de oficio a la administración conocer de la remoción o modificación de la publicidad exterior visual y la cancelación de los registros publicitarios, cuando las vallas estén instaladas en sitios prohibidos o en condiciones no autorizadas. De manera que cuando la publicidad se lleve a cabo en sitios permitidos y en condiciones autorizadas, compete a los órganos jurisdiccionales competentes conocer si se cancela o no el registro.

3. En cuanto a las causales que de no informarse a la administración dan lugar a la cancelación del Registro, el artículo 8º del Acuerdo 12 de 2000 excluyó la del literal (d) conservando las previstas en los literales  (a), (b) y (c) del artículo 30 del Acuerdo 1º de 1998.

Descendiendo al caso en examen, la Sala encuentra que el fallo suplicado interpretó correctamente la norma y la aplicó debidamente y en el sentido indicado respecto de los presupuestos de hecho de la acción incoada. En efecto, la sentencia del ad quem  señaló que el DAMA no había perdido competencia para cancelar oficiosamente el Registro de Publicidad de la actora, por cuanto la causal (b) del artículo 30 del Acuerdo 1º de 1998 referida a la: “Identificación del anunciante, NIT y demás datos para su colocación”  con fundamento en la cual se canceló el mentado registro se mantuvo incólume en el artículo 8º del Acuerdo 12 de 2000.

Además, la recurrente no se encontraba en los supuestos del artículo 9º del Acuerdo 12 de 2000 para que la cancelación del registro publicitario fuera de conocimiento exclusivo de la jurisdicción contenciosa, pues se probó en su momento, que tenía publicidad en condiciones no autorizadas debido a la falta de actualización de la “Identificación del anunciante, NIT y demás datos para su colocación” que consagran tanto el artículo 30 del Acuerdo 1 de 1998 como el artículo 8º del Acuerdo 12 de 2000 y que constituyen causal para proceder a la cancelación del Registro Publicitario a la luz tanto del artículo 31 del Acuerdo 1 de 1998 como el artículo 9º del Acuerdo 12 de 2000.

Ahora bien, no es posible entrar a analizar hechos y pruebas del proceso ordinario como lo pretende la actora al querer revivir las discusiones sobre las causas que llevaron al DAMA a la imposición de la sanción, ni a examinar las condiciones de tiempo en que acaecieron los hechos, por cuanto se reitera, que el recurso extraordinario de súplica es la oportunidad procesal para demostrar exclusivamente la violación directa de la norma sustancial y no la violación indirecta de la misma.

La interpretación de la sentencia recurrida al considerar que la remisión señalada en la norma ibídem es al inciso 2º cuando acorde a las propias explicaciones de dicho proveído el alcance de dicha remisión comprende el inciso 1º, no afecta el contenido de la decisión al punto de entenderse subsumida en la causal de aplicación indebida. El aspecto determinante es que a la administración le corresponde acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en aras de obtener la cancelación cuando la publicidad visual exterior se encuentre registrada, siempre que no se encuentre expuesta en sitios prohibidos por la ley o en condiciones no autorizadas por el Acuerdo 12 de 2000, vale decir por razones de conveniencia pública, toda vez que es del resorte de la administración valorar razones de interés general.

Tampoco encuentra la Sala configurada la violación directa por inaplicación del inciso 4º del artículo 9º del Acuerdo 12 de 2000, porque tal y como lo determinó la sentencia suplicada, el competente para adelantar el procedimiento administrativo que culminó con la cancelación del registro, era el DAMA acorde con la norma vigente para el momento en que tuvieron ocurrencia los hechos que finalmente conllevaron a la cancelación del registro. El cargo no prospera.

En lo atinente a la “falta de aplicación de la Carta Política en sus artículos 6º, 29, 85, 121, 125, 150”,la Sala observa que en lo fundamental, el cargo se hace consistir en la vulneración del principio de favorabilidad bajo el supuesto de que el Acuerdo 12 de 2000 proferido el 21 de julio de 2000, esto es, antes de la expedición de la Resolución 1805 del 22 de agosto de 2000 proferida por el Director del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente que desestimó el recurso de reposición, creó una situación más beneficiosa que la contemplada en la norma aplicada por la administración para expedir la Resolución 1805 del 22 de agosto de 2000 mediante la cual se canceló el Registro Publicitario.

El aspecto en mención, fue estudiado in extenso en esta providencia al concluir como lo anotó el ad quem, que el DAMA no había perdido competencia para cancelar oficiosamente el Registro de Publicidad de la recurrente, por cuanto la causal (b) del artículo 30 del Acuerdo 1º de 1998 referida a la: “Identificación del anunciante, NIT y demás datos para su colocación” se mantuvo incólume en el artículo 8º del Acuerdo 12 de 2000 y en ese orden, no se advierte el desconocimiento de una norma más favorable. Este cargo tampoco prospera.

La violación directa de los artículos 44 y 59 del Código Contencioso Administrativo, 4º, 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación, tampoco prospera, por las siguientes razones.

Los artículos 44 y 59 del Código Contencioso Administrativo regulan el deber y forma de hacer la notificación personal de las decisiones que se tomen en sede gubernativa, y el contenido de dichas decisiones. Para el caso, el recurrente en súplica afirma la falta de aplicación de estas disposiciones, porque, de una parte al expedirse los actos administrativos que ordenaron la cancelación del registro e impusieron una sanción, la administración debió ser clara respecto a los supuestos fácticos de la norma sancionatoria, el tipo de norma y su ubicación dentro del ordenamiento jurídico para facilitar el ejercicio de la defensa; y de otra, que el ad quem pasó por alto que la fuerza vinculante de los actos administrativos demandados, sólo se produjo después de su notificación en los términos previstos en el artículo 44 ibídem.

Para la Sala los argumentos que sustentan esta causal evidencian la intención del recurrente del reestudio del contenido de los actos acusados y de las causales de anulación planteadas en la demanda, concretamente la falta de motivación, de cuyo análisis se ocupó el juez del proceso ordinario. Al respecto es importante precisar que no es posible que en sede de este recurso extraordinario se estudien nuevamente los argumentos en que se sustenta la pretensión anulatoria de los actos demandados porque, como se ha reiterado, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.

Aunado a lo anterior, estos artículos se aplican al procedimiento administrativo y no al proceso ordinario contencioso en el cual existen normas expresas que regulan las clases y forma de hacer las notificaciones de las providencias judiciales así como su contenido. El cargo no prospera.

Respecto del artículo 4º del Código de Procedimiento Civil, la Sala pone de presente que a pesar de ser una norma sustancial en cuanto establece que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos sustanciales y prevé la forma de aclarar dudas en la interpretación de la normas procesales, para el presente evento no se inaplicó porque no hubo duda respecto a las normas procesales aplicables al asunto y el hecho de que el fallo suplicado hubiera utilizado la expresión opción-deber para referirse a la facultad del alcalde frente a la cancelación del registro de la publicidad exterior visual de la actora, no vulneró los derechos sustanciales de ésta, que se efectivizan a través de las normas procesales.

Finalmente, con relación a los artículos 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil, es necesario que la Sala realice las siguientes precisiones:

Es presupuesto del recurso extraordinario de súplica que la norma que se cite como infringida sea de derecho sustancial, entendida como aquella que declara, crea,  modifica o extingue derechos  obligaciones(3). Esta norma sustancial está conformada por dos elementos que son, los hechos o supuestos fácticos y la consecuencia o efecto que se deriva de la ocurrencia de estos hechos, por tanto, constituye error formular acusación a través del recurso extraordinario de súplica, con fundamento en normas simplemente definitorias o enunciativas, que se limitan a describir los elementos de un principio de derecho, o una institución jurídica o que apenas hacen enumeraciones(4).

Sobre el punto la jurisprudencia de esta corporación ha sostenido:

“... Cabe advertir, en razón de lo discurrido, que constituye error formular cargo o acusación a través del recurso extraordinario de súplica, con fundamento en preceptos que no tengan la categoría de norma sustancial, como sucede con las normas simplemente definitorias, las enunciativas, las que se limitan a describir los elementos de una institución jurídica, las que apenas hacen enumeraciones o las de carácter procesal, es decir, las que indican al juzgador la forma de adelantar o rituar un proceso o una actuación. El desconocimiento de éstas, estructura lo que la doctrina ha llamado “error in procedendo”, no previsto como causal para recurrir en súplica extraordinaria”(5).

Se ha dicho también que no es posible aceptar como causal del recurso extraordinario de súplica la violación directa de los artículos 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil que se limitan a definir el “contenido de la sentencia” y la “congruencia” que debe existir entre la parte motiva y resolutiva de la misma, porque, como ya se dijo y se reitera, estas son normas que no entrañan el carácter de sustanciales(6), pues no crean, modifican o extinguen una relación jurídica. Su contenido es meramente definitivo e indicador al juez de cómo se deben emitir las providencias judiciales.

Consecuente con lo anterior y como las normas señaladas por el actor como vulneradas, esto es, los artículos 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil que equivalen al artículo 170 de la codificación contenciosa administrativa, no son normas de carácter sustancial, la Sala se abstiene de pronunciarse de fondo respecto del presente cargo(7).

En virtud de lo expuesto, no prospera el recurso extraordinario de súplica propuesto por la demandante Karla Ltda.

Por lo expuesto el Consejo de Estado —Sala Plena de lo Contencioso Administrativo—, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la improsperidad del recurso extraordinario de súplica interpuesto por la Sociedad Karla Ltda. contra la sentencia proferida por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el 28 de octubre de 2004 mediante la cual se confirmó la sentencia del 31 de julio de 2003 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”.

2. RECONÓCESE personería jurídica al Dr. Herny Alberto González Molina para actuar en representación del Distrito Capital de Bogotá.

3. CONDÉNASE en costas a la parte recurrente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase. Ejecutoriada esta providencia devuélvase al despacho de origen.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día.

ACLARACIÓN DE VOTO

Como ponente de la sentencia que declaró improcedente el recurso extraordinario de súplica interpuesto por la Sociedad Karla Ltda., manifiesto respetuosamente a la Sala que aunque comparto en su integridad la decisión, tengo una discrepancia sobre un aspecto procesal del mencionado recurso. Ella consiste en que considero que el cargo de violación directa por falta de aplicación de los artículos 304 (inc. 1) y 305 del Código de Procedimiento Civil, que la Sala determinó no era procedente analizar, dada la naturaleza procesal de estas normas, puede llegar a generar vulneración de normas de carácter sustancial que harían procedente el análisis de fondo de los argumentos del recurrente en súplica.

En efecto, no se discute el carácter procesal de estas normas, pero estimo que dicho carácter no puede ser determinante para que el juez del recurso extraordinario se sustraiga de su análisis, en la medida en que en garantía de los derechos fundamentales hay normas procesales que no se limitan a rituar un procedimiento sino que contienen verdaderas reglas sustanciales cuyo desconocimiento afecta el acceso a la justicia. Tal es el caso de los precitados artículos 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil, cuya inaplicación puede traducirse en la vulneración del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.

Acorde con las preceptivas citadas, esto es, los artículos 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil, que equivalen al artículo 170 de la codificación contenciosa administrativa(8), el juez al desatar la controversia está obligado a analizar los extremos de la litis, pronunciándose sobre los planteamientos de las partes en la demanda, su contestación, y en fin, en el curso de las oportunidades procesales legalmente previstas, sin que sea admisible extralimitarse en sus poderes y decidir con fundamentos no invocados o no deducibles del conjunto de su texto.

En efecto, que la sentencia no contenga lo que debe contener, implica una decisión judicial que desconoce el deber de la claridad de los fallos y los elementos de racionalidad, coherencia y corrección formal que deben primar en toda decisión de esta naturaleza.

Con base en estas ideas, en mi criterio, se debió abordar en la sentencia que se aclara, el estudio de fondo del cargo, el cual de todas maneras no habría variado la decisión de improcedencia del recurso extraordinario, porque revisado el contenido de la sentencia materia de debate, se puede colegir que en ella se hace por parte del juez de segunda instancia, una clara sinopsis de los fundamentos fácticos y jurídicos tanto de la demanda como de su contestación y un adecuado manejo probatorio y normativo.

En este sentido dejo expresadas las razones de mi aclaración de voto.

Gerardo Arenas Monsalve 

(1) Derogado por la Ley 954 de 2005.

(2) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, sentencia de 2 de septiembre de 2003, Radicación 11001-03-15-000-2002-0612-01 (S-417), actor: José Moisés Sarmiento Jiménez, Demandando: Alcalde del Municipio de Guatavita. Igualmente, en la referida sentencia, se indica que para presentar debidamente el recurso extraordinario de súplica basta la indicación de la norma o normas sustanciales infringidas y la explicación de los motivos de la infracción. Se advierte que no tiene ninguna injerencia respecto de la prosperidad del recurso, el hecho de que el mismo se sustente en argumentos similares o idénticos a los alegados en las instancias, en tanto éstos pueden perfectamente servir de base a la súplica; sin embargo, con ellos debe demostrarse que el fallo acusado ha incurrido en violación directa de una o varias normas sustanciales, por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea. De otra parte, con cita del Doctor Rodrigo Noguera Laborde, se explica que las normas son sustantivas cuando confieren derechos e imponen obligaciones y son adjetivas o técnicas cuando indican cómo pueden ejercerse los derechos y qué formalidades deben cumplirse para su adquisición.

(3) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elena Giraldo Gómez. Sentencia de junio 6 de 2000. Expediente S-248.

(4) Ibídem.

(5) Sala Especial Transitoria de Decisión 3D. C.P. María Claudia Rojas Lasso. Sentencia del 4 de octubre de 2005. Expediente S 00156. Actor. Jorge Paulino León.

(6) Sala Especial Transitoria de Decisión 2C. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Sentencia del 20 de marzo de 2007. Expediente S-695. Actor. Dancy Eleonora Bermúdez Giraldo.

(7) Consejo de Estado –Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Mauricio Fajardo Gómez (E) radicado 11001031500020050134800. Sentencia del 24 de noviembre de 2009. Actor. Lilian Mora Noguera contra el Ministerio del Interior y de Justica. En el mismo sentido se pueden consultar las sentencias del 24 de noviembre de 2009 proferidas dentro de los radicados 2005-00344-00 y 2005-00343-00.

(8) “ART. 170.—Modificado. D. 2304/89, art. 38. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. Debe analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de resolver todas las peticiones. Para establecer el derecho particular, los organismos de o contencioso administrativo podrán estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y modificar o reformar estas”.