Sentencia 2005-00478 de agosto 13 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 440012331000200500478 01

Expediente 36474

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón (E)

Actor: sociedad Administrativos y Aduaneros Ltda.

Demandado: Hospital Armando Pabón López de Manaure ESE

Referencia: contractual - apelación sentencia

Bogotá, D. C., trece de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia del Consejo de Estado.

Previo a analizar y decidir sobre el asunto que ha sido propuesto, resulta necesario establecer la competencia de la Sala para conocer del mismo, pues solo de esta manera podrá pronunciarse sobre el recurso de apelación impetrado por la parte demandante.

Sea lo primero decir que la presente controversia versa sobre la existencia e incumplimiento del contrato de prestación de servicios Nº 001, celebrado el 19 de julio de 2001entre la sociedad Administrativos y Aduaneros Ltda., y la ESE Hospital Armando Pabón López, cuya naturaleza jurídica, en el último caso, corresponde a la de una empresa social del Estado y, en esa medida, tiene el carácter de entidad estatal, según lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley 80 de 1993(1).

Sobre la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de las controversias originadas en contratos celebrados por entidades estatales que no se rigen por la Ley 80 de 1993, como ocurre en el caso de los negocios jurídicos suscritos por las empresas sociales del estado amparadas por la aplicación prevalente del derecho privado, se ha pronunciado la Sala así:(2)

“Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que la naturaleza del contrato no depende de su régimen jurídico, puesto que según las normas legales vigentes, por cuya virtud se acogió un criterio eminentemente subjetivo u orgánico, hay lugar a concluir que deben considerarse contratos estatales aquellos que celebren las entidades que participan de esa misma naturaleza. En este sentido se ha pronunciado esta Sala:

“De este modo, son contratos estatales ‘todos los contratos que celebren las entidades públicas del Estado, ya sea que se regulen por el estatuto general de contratación administrativa o que estén sujetos a regímenes especiales’, y estos últimos, donde encajan los que celebran las empresas oficiales que prestan servicios públicos domiciliarios, son objeto de control por parte del juez administrativo, caso en el cual las normas procesales aplicables a los trámites que ante éste se surtan no podrán ser otras que las del derecho administrativo y las que en particular existan para este tipo de procedimientos, sin que incida la normatividad sustantiva que se le aplique a los contratos”(3) (negrilla fuera del texto).

Ahora bien, con la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, más precisamente de las normas que regulan competencias, se observa que su artículo 75 prescribe, expresamente que la jurisdicción competente para conocer de las controversias generadas en los contratos celebrados por las entidades estatales es la jurisdicción contencioso administrativa. Así, entonces, habida cuenta que la parte demandada del proceso tiene el carácter de entidad estatal, con personalidad jurídica propia, autonomía administrativa, patrimonio propio, resulta del caso concluir que esta corporación es la competente para conocer del presente asunto.

2. Las pruebas aportadas al proceso.

A continuación se relacionan las pruebas documentales aportadas en el presente proceso:

2.1. Documentales.

2.1.1. Copia simple del contrato de prestación de servicios sin formalidades plenas Nº 001 celebrado el 19 de julio de 2001, entre el Hospital Armando Pabón López y la sociedad Administrativos y Aduaneros Ltda., de cuyo texto se destaca el siguiente clausulado (fls. 15-16 c. 1):

“PRMERA: OBJETIVO (SIC): El contratista de obliga para con el ESE Hospital Armando Pabón López de Manaure Guajira a prestar sus servicios profesionales, con sus abogados de la empresa para representar legal y jurídicamente al hospital en el cobro prejurídico y jurídico de toda la cartera morosa que se tenga por parte de las ARS y afines (Comcaja, Unimec, Saludvida Caja Salud, Dusakawi, Emmanuel y demás, etc.) en la actualidad y en el futuro.

“SEGUNDA. Obligaciones del contratista: El contratista se compromete a: 1) representar y apoderar prejurídicamente y jurídicamente con sus abogados al ESE, hospital, en el cobro prejudicial y judicial de lo que les adeuda las ARS y las empresas afines. 2) Instaurar las demandas correspondientes antes de 10 días hábiles, siguientes al recibo de los títulos de cobro y demás documentos. 3) adelantar todos aquellos trámites extraprocesales necesarios, accesorios o complementarios a los procesos tales como solicitar los documentos necesarios para los cobros prejurídicos, ya sea en forma verbal o por escrito. 5). Debe responder por los documentos que le sean entregados por el hospital. 6). Rendir informe cuando se le solicite por parte del señor gerente de la ESE, sobre el estado actual de las obligaciones encomendadas.

“TERCERA: Obligaciones del ESE hospital: a) Entregar por escrito o verbal al contratista toda y cada una de la relación de cartera morosa o deudores morosos de las ARS y empresa afines desde el mismo momento de que (sic) entren en mora, y toda la información escrita o verbal que sea necesaria para que haga parte integral de las gestiones que debe hacer el contratista para el debido cumplimiento de la representación. B) El hospital se obliga a entregar voluntariamente la cartera morosa y en el evento de no hacerlo estando obligado ha (sic) a ello pagará el porcentaje acordado al contratista. c) EL CONTRATISTA podrá gestionar unilateralmente y en forma voluntaria los cobros prejurídicos incluso sin poder del gerente del Hospital Armando Pabón López de Manuare.

“CUARTA. Honorarios profesionales. Por tratarse de un contrato de prestación de servicios profesionales será a cuota litis del 35% pagadero de lo recaude el contratista por su gestión prejurídica en las ARS en liquidación (Comcaja, Emanuel, Unimec y afines) y el 15% de la cartera morosa que el hospital tenga y que no se le haya hecho la gestión respectiva por culpa del hospital.

“QUINTA. Término: El término de duración del presente contrato será de 3 años más el necesario para la recuperación de toda la cartera morosa por la vía prejurídica y el de la terminación de los procesos por la vía judicial. Si vencido dicho término no se da por terminado el contrato se prorroga automáticamente por un lapso de tres (3) años, más el necesario para la recuperación de la cartera morosa por la vía prejurídica y el de la terminación de los procesos por la vía judicial”.

2.1.2. Copia simple de losoficios del 3 de septiembre de 2003 por el cual la directora de la ESE Hospital Armando Pabón López informó a las ARS Humana Vivir y Saludvida que dicha entidad otorgó autorización al doctor Orlando López Núñez, asesor externo, para que gestionara las cobranzas pendientes por los servicios de salud prestados (fls. 17-18 c. 1).

2.1.3. Copia simple de la certificación expedida el 20 de abril de 2005 por la gerente de la ESE Hospital Armando Pabón López en la cual hizo constar que las ARS Humana Vivir y Saludvida presentaban vencimiento de cartera e igualmente anexó formatos de vencimiento de cartera por aclarar con las ARS Dusakawi, Caja Salud, Caprecom y Salud Vida (fls. 19-27 c. 1).

2.1.4. Copia simple de la certificación expedida el 20 de abril de 2005 por la gerente de la ESE Hospital Armando Pabón López en la cual hizo constar las fechas y valores recuadados por el hospital por los servicios prestados a las ARS Humana Vivir, Saludvida, Anas wayuu, Comparta, Dusakawi, Cajasalud durante el año 2005 (fls. 28-29 c. 1).

2.1.5. Copia simple de la certificación expedida el 20 de abril de 2005 por la gerente de la ESE Hospital Armando Pabón López en la cual hizo constar las fechas y valores recuadados por el hospital por los servicios prestados las ARS Humana Vivir, y Saludvida, durante el año 2003 (fls. 30-32 c. 1).

2.1.6. Copia simple de los oficios de fecha 23 de noviembre de 2004, 12 de enero de 2005 y 16 de febrero de 2005, por medio del cual el señor Orlando López Núñez requirió a la ARS Saludvida para que realizara los pagos que adeudaba por los servicios de salud prestados por el Hospital Armando Pabón López (fls. 34-36 c. 1).

2.1.7. Copia simple de los oficios de fecha 17 de noviembre de 2004, 12 de enero de 2005 y 16 de febrero de 2005, por medio del cual el señor Orlando López Núñez requirió a la ARS Dusakawi para que realizara los pagos que adeudaba por los servicios de salud prestados por el Hospital Armando Pabón López (fls. 37, 40-41 c. 1).

2.1.8. Copia simple del estado de cartera pendiente del Hospital Armando Pabón López con la ARS Dusakawi en virtud del contrato de administración de recursos del régimen subsidiado Nº 004 de 2004 (fls. 38-39 c. 1).

2.1.9. Copia simple de los oficios 10 de marzo de 2005 y 10 de abril del mismo año mediante la cual la ARS Dusakawi dio respuesta a la solicitudes elevadas por Orlando López Núñez, y al efecto informó que el hospital también adeudaba a dicha ARS varias sumas de dinero en virtud del contrato de administración que los vinculaba razón por la cual habían llegado a varios acuerdos por lo que resultaba viable desconocerlos a través de los cobros prejurídicos (fls. 42-45 c. 1).

2.1.10. Copia simple del requerimiento elevado el 17 de noviembre de 2004 por Orlando López Núñez a la ARS Comparta para que realizara los pagos que adeudaba por los servicios de salud prestados por el Hospital Armando Pabón López (fl. 47 c. 1).

2.1.11. Copia simple del oficio del 27 de diciembre de 2004 por el cual Comparta dio respuesta a la anterior requerimiento, propósito con el cual informó que las cuentas reclamadas ya habían sido canceladas con anterioridad al requerimiento por lo que solicitó coordinar con el hospital el desarrollo de su gestión (fls. 48-49 c. 1).

2.1.12. Copia simple de los requerimientos elevados en noviembre de 2004 y febrero de 2005 por Orlando López Núñez a la ARS Cajasalud para que realizara los pagos que adeudaba por los servicios de salud prestados por el Hospital Armando Pabón López (fls. 50-54 c. 1).

2.1.13. Copia simple del oficio del 15 de febrero de 2005 por el cual Cajasalud ARS informó que se encontraba a paz y salvo con el Hospital Armando Pabón de Manaure (fl. 55 c. 1).

2.1.14. Copia simple de los oficios remitidos en el mes de noviembre del 2004 por los cuales el señor Orlando López Núñez requería a la ARS Humana Vivir para que procediera al pago de los valores adeudados al Hospital Armando Pabón López (fls. 56-58 c. 1).

2.1.15. Copia simple del oficio del 15 de febrero de 2005 por el cual Humana Vivir ARS remitió a Orlando López Núñez estado de cuenta en donde consta las facturas radicadas y el tramite impartido a cada una de ellas (fls. 59-63 c. 1).

2.1.16. Copia simple de los oficios remitidos en el mes de noviembre del 2004 por los cuales el señor Orlando López Núñez requería a la ARS Anaswayu para que procediera al pago de los valores adeudados al Hospital Armando Pabón López (fls. 65-67 c. 1).

2.1.17. Copia simple del oficio del 19 de noviembre de 2004 por el cual la ARS Anas Wayuu informó a Orlando López Núñez acerca del estado de cartera adeudado y de los abonos realizados, también sobre la imposibilidad de pago dado el volumen de cartera que le adeudaba el municipio de Manaure a dicha ARS (fls. 68-70 c. 1).

2.1.18. Copia simple de los oficios remitidos en el mes de noviembre del 2004 por los cuales el señor Orlando López Núñez requería a Caprecom para que procediera al pago de los valores adeudados al Hospital Armando Pabón López (fls. 74-76 c. 1).

2.1.19. Copia simple del oficio del 17 de marzo de 2005 por el cual Caprecom informó que se encontraba a paz y salvo con el Hospital Armando Pabón de Manaure pues tiempo atrás había pagado los servicios prestados (fls. 77-80 c. 1).

2.1.20. Copia simple del certificado de existencia de y representación de la sociedad Administrativos y Aduaneros Ltda. (fls. 121-124 c. 1).

2.1.21. Copia simple de la Resolución del 18 de julio de 2001 por la cual se terminó unilateralmente el contrato de prestación de servicios suscrito el 23 de enero de 2001 entre el Hospital Armando Pabón López y la sociedad Administrativos y Aduaneros Ltda. (fls. 125-126 c. 1).

2.1.22. Copia simple del acuerdo conciliatorio y de pago celebrado el 15 de noviembre de 2002 entre el Hospital Armando Pabón López y la sociedad Administrativos y Aduaneros Ltda., con ocasión del contrato celebrado el 1º de julio de 2002, en virtud del cual se convino pagar al contratista la suma de $30’764.306.oo como honorarios por el recaudo de la suma de $279’675.510.oo adeudada al hospital por la ARS Dusakawi (fl. 148 c. 1).

2.1.23. Copia simple del acuerdo conciliatorio y de pago celebrado el 12 de marzo de 2003 entre el Hospital Armando Pabón López y la sociedad Administrativos y Aduaneros Ltda., con ocasión del contrato celebrado el 1º de julio de 2002, en virtud del cual se convino pagar al contratista el equivalente al 11% de las suma recaudada por cartera morosa la cual ascendió a $414’975.211, adeudada por Dusakawi, Cajasalud y Caprecom (fl. 149 c. 1).

2.1.24. Copia simple del contrato de prestación de servicios profesionales suscrito el 1de julio de 2002, entre el Hospital Armando Pabón López y la sociedad Administrativos y Aduaneros Ltda. y la sociedad Administrativos y Aduaneros Ltda., cuyo clausulado resulta pertinente resaltar (fl. 150 c. 1):

“PRIMERA OBJETIVO (sic): El contratista se obliga para con el ESE Hospital Armando Pabón López de Manaure Guajira prestar servicios profesionales, con sus abogados de la empresa para representar legal prejurídica y jurídicamente al hospital en toda la cartera morosa que tiene actualmente o llegara a tener en el futuro, Caprecom ESP con el Hospital, Humana Vivir, Comparta y demás ARS o clínicas afines que tengan contrato con el hospital hasta que se pongan al día.

“(…).

“CUARTA. Honorarios profesionales. Por tratarse de un contrato de prestación de servicios profesionales será a cuota litis, con un porcentaje del 15% pagadero de lo que recaude el contratista o pague la entidad deudora desde el momento en que se firme el contrato”.

2.1.25. Copia simple de la solicitud elevada el 11 de enero de 2005 por el señor Orlando López Núñez ante el hospital con el fin de informarle que el 19 de julio de 2001, se suscribió contrato con el objeto de recuperar la cartera morosa que mantuviera el hospital, el cual se encontraba vigente por lo que seguiría adelantado las gestiones pertinentes en cumplimiento del mismo (fls. 153-154 c. 1).

2.1.26. Contrato de prestación de servicios suscrito el 2 de enero de 2002 entre el Hospital Armando Pabón López y el señor Orlando López Núñez, cuyo objeto consistió en prestar asesoría jurídica y contestar demandas, por valor de $20’000.000, por un plazo de doce meses prorrogables por otro tanto (fls. 183-184 c. 1).

2.1.27. Copia simple de la Orden de pago Nº 0883 del 31 de diciembre de 2001 por la cual el Hospital Armando Pabón López reconoció en favor de la sociedad Administrativos y Aduaneros Ltda., la suma de $46’513.880.923 como pago de los honorarios por los servicios prestados para la recuperación de cartera adeudada por Comcaja (fl. 193 c. 1).

2.1.28. Copia simple del acta de transacción suscrita el 14 de diciembre de 2001 por el Hospital Armando Pabón López y la sociedad Administrativos y Aduaneros Ltda., en la cual el hospital se comprometió a pagar en favor de aquella la suma de $46’880.923, en cumplimiento del contrato celebrado el 15 de junio de 2001, por concepto de los servicios prestados consistentes en la recuperación de cartera adeudada por Comcaja (fl. 194 c. 1).

2.1.29. Copia simple de la Orden de pago Nº 02052 del 27 de diciembre de 2002 por la cual el Hospital Armando Pabón López reconoció en favor de la sociedad Administrativos y Aduaneros Ltda., la suma de $24’778.238 como pago de los honorarios por los servicios prestados para la recuperación de cartera adeudada por Caprecom (fl. 204 c. 1).

2.1.30. Copia simple del acta de acuerdo conciliatorio y de pago suscrita el 15 de noviembre de 2002 por el Hospital Armando Pabón López y la sociedad Administrativos y Aduaneros Ltda., en la cual el hospital se comprometió a pagar en favor de aquella la suma de $30’764.306.00, en cumplimiento del contrato celebrado el 1º de julio de 2002, por concepto de los servicios prestados consistentes en la recuperación de cartera adeudada por la ARS Dusakawi (fl. 208 c. 1).

2.1.31. Copia simple de la Orden de pago Nº 02448 del 12 de marzo de 2003 por la cual el Hospital Armando Pabón López reconoció en favor de la sociedad Administrativos y Aduaneros Ltda., la suma de $29’968.610 como pago de los honorarios por los servicios prestados para la recuperación de cartera adeudada por varias ARS (fl. 209 c. 1).

2.1.32. Acta de acuerdo conciliatorio y de pago suscrita el 12 de marzo de 2003 por el Hospital Armando Pabón López y la sociedad Administrativos y Aduaneros Ltda., en la cual el hospital se comprometió a pagar en favor de aquella la suma de $29’968.610, en cumplimiento del contrato celebrado el 1º de julio de 2002, por concepto de los servicios prestados consistentes en la recuperación de cartera adeudada por la ARS Dusakawi, Cajasalud y Caprecom (fl. 212 c. 1).

2.1.33. Copia simple de la Orden de pago, sin número, del 16 de marzo de 2003 por la cual el Hospital Armando Pabón López reconoció en favor de la sociedad Administrativos y Aduaneros Ltda., la suma de $3’583.948 como pago de los honorarios por los servicios prestados para la recuperación de cartera adeudada por Caprecom (fl. 214 c. 1).

2.1.34. Acta de recibo de trabajos suscrita el 16 de mayo de 2003 en la cual hace constan que se recibieron a satisfacción los trabajos realizados por la sociedad Administrativos y Aduaneros Ltda., materializados en la recuperación de cartera morosa de la ARS Caprecom durante el mes de octubre, noviembre y diciembre de 2002 (fl. 217 c. 2).

2.1.35. Copia simple de la Orden de pago, sin número, del 24 de abril de 2003 por la cual el Hospital Armando Pabón López reconoció en favor de la sociedad Administrativos y Aduaneros Ltda., la suma de $22’272.289 como pago de los honorarios por los servicios prestados para la recuperación de cartera adeudada por Humana Vivir, Caprecom, Dusakawi y Anas Wayuu (fl. 220 c. 1).

2.1.36. Copia simple de la Orden de pago, sin número, del 17 de junio de 2003 por la cual el Hospital Armando Pabón López reconoció en favor de la sociedad Administrativos y Aduaneros Ltda., la suma de $25’211.096, como pago de los servicios prestados para la recuperación de cartera adeudada por Dusakawi (fl. 225 c. 1).

2.1.37. Copia simple de la orden de pago, sin número, del 7 de mayo de 2003 por la cual el Hospital Armando Pabón López reconoció en favor de la sociedad Administrativos y Aduaneros Ltda., la suma de $15’182.811, como pago de los honorarios por los servicios prestados para la recuperación de cartera adeudada por la ARS Saludvida (fl. 228 c. 1).

2.1.38. Acta de acuerdo conciliatorio y de pago suscrita el 7 de mayo de 2003 por el Hospital Armando Pabón López y la sociedad Administrativos y Aduaneros Ltda., en la cual el hospital se comprometió a pagar en favor de aquella la suma de $15’182.811, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios —respecto del cual no se indica fecha de celebración—, por concepto de los servicios prestados consistentes en la recuperación de cartera adeudada por la ARS Saludvida (fl. 230 c1).

2.1.39. Copia simple de la Orden de pago Nº 2481 del 20 de marzo de 2003 por la cual el Hospital Armando Pabón López reconoció en favor de la sociedad Administrativos y Aduaneros Ltda., la suma de $24’201.504, como pago de los honorarios por los servicios prestados para la recuperación de cartera adeudada por la ARS Caprecom y Cajasalud (fl. 232 c. 1).

2.1.40. Acta de recibo de trabajos suscrita el 20 de marzo de 2003 en la cual hace constan que se recibieron a satisfacción los trabajos realizados por la sociedad Administrativos y Aduaneros Ltda., materializados en la recuperación de cartera morosa de la ARS Caprecom y Cajasalud (fl. 235 c. 2).

2.1.41. Copia simple de la orden de pago, sin número, del 17 de junio de 2003 por la cual el Hospital Armando Pabón López reconoció en favor de la sociedad Administrativos y Aduaneros Ltda., la suma de $25’211.096, como pago de los honorarios por los servicios prestados para la recuperación de cartera adeudada por la ARS Dusakawi (fl. 238 c. 1).

2.2. Inspección judicial con exhibición de documentos.

2.2.1. Diligencia de inspección judicial llevada a cabo el 17 de enero de 2007 por el magistrado sustanciador del proceso en la primera instancia, la cual tuvo lugar en las instalaciones del hospital demandado y fue atendida por el jefe de la división administrativa de la entidad demandada (fls. 185-187 c. 1).

3. Análisis del recurso.

El argumento esencial de la alzada apunta a señalar que en el caso se encuentra acreditada la existencia del contrato de prestación de servicios profesionales Nº 001 suscrito el 19 de julio de 2001 entre el Hospital Armando Pabón López y la sociedad Administrativos y Aduaneros Ltda., por cuanto la copia simple de su texto que fue aportada al plenario no fue tachada de falsa por la parte demandada en la oportunidad procesal pertinente. Así mismo sostuvo que el objeto del referido contrato se cumplió a cabalidad, lo cual abría paso al reconocimiento de los honorarios deprecados.

En orden a resolver los argumentos de la apelación, la Sala conviene la necesidad de analizar en el siguiente orden los aspectos relativos a la prueba de la existencia del contrato Nº 001 del 19 de julio de 2001, el régimen jurídico que informó dicha relación negocial y la acreditación del incumplimiento contractual deprecado.

3.1. De la prueba de la existencia del contrato Nº 001 del 19 de julio de 2001.

Para el momento en que se profirió el fallo de primera instancia, la posición jurisprudencial de esta corporación que se encontraba en vigor correspondía a aquella de conformidad con la cual las pruebas documentales que reposaran en copia simple, en cuanto su estado desprovisto de autenticación, no gozaban de mérito probatorio por cuanto no reunían las exigencias previstas en los artículos 253 y 254 del Estatuto de Procedimiento Civil.

Sin embargo, esta postura de la Sala fue modificada a partir de la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera el 28 de agosto de 2013(4), oportunidad en la cual se aceptó la apreciación de los documentos aportados en copia simple que han hecho parte del expediente dado que frente a los mismos se surtió el principio de contradicción y defensa de los sujetos procesales ya que pudieron tacharlas de falsas o controvertir su contenido.

Como argumento esencial para modificar la posición imperante hasta ese entonces, la Sala consideró que la expedición de las leyes 1395 de 2010 y 1437 de 2011 perfiló una nueva óptica del procedimiento en cuanto de este debían destacarse la observancia y el apego a los principios de buena fe y lealtad que les corresponde asumir las partes en el proceso, cuestión que indefectiblemente conduce a una variación en el modelo establecido por la disciplina procesal. Lo anterior “permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio” lo cual se concreta en la posibilidad de considerar aquellos documentos que obran el expediente en copia simple y respecto de los cuales las partes no han cuestionado su veracidad.

Así las cosas, acogiendo la nueva postura jurisprudencial de la Sala, los documentos aportados en copia simple por la parte actora con la presentación de la demanda también serán apreciados en esta sentencia, al igual que aquellos que se presentaron en original o en copia auténtica.

Dicho lo anterior, la Sala encuentra acreditada la existencia del contrato de prestación de servicios Nº 001 celebrado el 19 de julio de 2001 entre la ESE Hospital Armando Pabón López y la sociedad Administrativos y Aduaneros Ltda., pues en el expediente reposa el acuerdo de voluntades contenido en el texto escrito del mismo con precisa identificación de sus partes, objeto, obligaciones, contraprestación, plazo y se encuentra debidamente suscrito por ambos extremos cocontratantes.

En consecuencia, aun cuando resultaría del caso indagar cuáles los requisitos de existencia y perfeccionamiento del contrato de prestación de servicios gobernado por el derecho privado, como el que ocupa la atención de la Sala, lo cierto es que de cara a la prueba fehaciente de su celebración como lo es el escrito contentivo del acuerdo de voluntades al que se hace mención, a juicio de la Sala, resulta inocuo pronunciarse frente a la pretensión de declaratoria de su existencia dado que la misma se encuentra plenamente acreditada.

3.2. Del régimen legal del contrato Nº 001 del 19 de julio de 2001.

La Ley 100 de 1993, por la cual se creó el sistema de seguridad social integral en Colombia, en su artículo 195 se ocupó de establecer el régimen jurídico, en materia contractual, de las empresas sociales del Estado, en los siguientes términos.

“ART. 195.—Régimen jurídico. Las empresas sociales de salud se someterán al siguiente régimen jurídico:

“(…).

6. En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la administración pública”(5).

De la normativa en referencia se desprende con claridad que el contrato de prestación de servicios profesionales Nº 001 suscrito el 19 de julio de 2001 entre el la ESE Hospital Armando Pabón López y la sociedad Administrativos y Aduaneros Ltda., constituye uno de los casos de contratos estatales exceptuados de la aplicación prevalente de la Ley 80 de 1993, pues se rigió por las normas del derecho privado, reservando la aplicación de aquella solo en lo concerniente a la implementación de cláusulas excepcionales, cuestión que no obsta para reiterar lo que en oportunidades anteriores ha sostenido esta corporación en casos similares en el sentido de señalar que con independencia del régimen normativo que informa el contrato celebrado por la entidad de carácter estatal, en todo caso, su formación, ejecución y terminación debe adelantarse con arreglo a los principios constitucionales que orientan la función administrativa y sus respectivos desarrollos legales(6).

Por otra parte, en el mismo pronunciamiento que se cita, esta Subsección también se ocupó de realizar un cuadro comparativo entre el contrato de prestación de servicios tipificado en la Ley 80 de 1993 y el contrato de la empresa social del Estado que se rige por el derecho privado, para cuyo efecto, además de advertir las similitudes existentes entre los dos regímenes contractuales, concluyó que la prevalencia del derecho privado, en el segundo caso, permitía mayor amplitud en los acuerdos sobre la duración y terminación del contrato.

Contrato de prestación de servicios en la Ley 80 de 1993(7)Contrato de prestación de servicios con una empresa social del Estado que se rige por el derecho privado
“b) Es posible su celebración con personas naturales o con personas jurídicas. Con personas naturales cuando se trate de desarrollar actividades relacionadas con la administración o el funcionamiento de la entidad que no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. Y, no obstante que la norma no lo señala, es conforme a derecho concluir que también es admisible suscribir este tipo de contratos con personas jurídicas, como así lo indica el artículo 24, numeral 1º, letra d), en el cual se señala la posibilidad de acudir a los mismos“[p]ara la prestación de servicios profesionales o para la ejecución de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a determinadas personas naturales o jurídicas (…)”.Igualmente es posible que los contratos de prestación de servicios que se rigen por el derecho privado se celebren con personas naturales o personas jurídicas. Al igual que en los contratos bajo la Ley 80 de 1993, aplican respecto del contratista prestador de los servicios los requisitos de origen constitucional establecidos legalmente para el ejercicio de determinadas profesiones u oficios (C.P., art. 26) y también la exigencia de licencias, permisos o registros requeridos para prestar determinados servicios, como sucede en la contratación del sector salud.
“e) No pueden pactarse por término indefinido, sino por el plazo estrictamente necesario e indispensable (L. 80/93, art. 32, num. 3º, inc. 2º)”.
“Precisamente, la naturaleza excepcional de este negocio jurídico de la administración y las dos últimas características anotadas previenen que no se utilice el contrato de prestación de servicios para establecer plantas paralelas con carácter permanente en las entidades públicas, en desconocimiento del régimen laboral, tal y como lo ha advertido esta Corporación al recalcar que no puede suplirse la vinculación de los servidores públicos a los cuadros del servicio oficial a través de estos contratos”(8).
En el derecho privado se permite el contrato de arrendamiento de servicios inmateriales a término indefinido, pero con respecto a los recursos de presupuestos públicos no resulta posible el compromiso de la entidad estatal a término indefinido, pues aplica el principio de la anualidad, lo que impone la contratación del servicio por vigencias fiscales. Ahora bien, aunque el recurso comprometido no provenga del presupuesto público, no cabría el pacto de duración a término indefinido, toda vez que la entidad estatal debe identificar la imputación presupuestal, asunto que va de la mano del principio de la planeación del gasto, de manera que la entidad estatal no puede obligarse a futuro por valor indeterminado.

 

Todo cuanto acontece se trae a colación para concluir que si bien en los contratos de prestación de servicios profesionales celebrados por la ESE demandada no podrían contemplar un término de duración indefinido, ello no se opone a que, en observancia de las normas del derecho privado y en ejercicio de la autonomía de la voluntad, en dichos contratos se pudiera pactar una prórroga automática que operaba por una sola vez como en efecto se introdujo en la cláusula quinta del contrato Nº 001 celebrado el 19 de julio de 2001, toda vez que la operancia de la misma no suponía la falta de definición del plazo contractual sino la extensión por una sola vez del término inicialmente acordado por las partes, bajo el entendido de que el periodo primigenio correspondía a 3 años.

Lo expuesto resulta de gran relevancia para precisar, en acápite que se abordará enseguida, el término durante el cual se produjo la ejecución del contrato en referencia.

3.3. De la declaratoria de incumplimiento contractual.

Teniendo en cuenta que la pretensiones de la demanda orientan a obtener la declaratoria de incumplimiento del negocio jurídico, es necesario tener en cuenta que para que se estructure la responsabilidad contractual por infracción a la ley del contrato, es necesario acreditar: (i) el incumplimiento del deber u obligación contractual, bien porque no se ejecutó o lo fue parcialmente o en forma defectuosa o tardía; (ii) que ese incumplimiento produjo un daño o lesión al patrimonio de la parte que exige esa responsabilidad y, obviamente, (iii) que existe un nexo de causalidad entre el daño y el incumplimiento(9).

Ahora bien, es importante destacar que la carga de la prueba recae sobre quien alega y pretende la declaratoria de incumplimiento en los contratos sinalagmáticos(10) tiene una doble dimensión, tal y como lo ha expresado la jurisprudencia de la Sección, así:

“... tratándose de contratos sinalagmáticos, no se hacen exigibles para una parte, hasta tanto la otra no cumpla la que le corresponde (C.C., art. 1609). Desde esta perspectiva, para la Sala es evidente que para poder solicitar ante el juez la declaratoria de incumplimiento, de una parte o de la totalidad del contrato por parte del contratista, es indispensable que este, a su vez, acredite que satisfizo todas y cada una de sus obligaciones contractuales, de manera tal que hace exigibles las de su co-contratante.

En este sentido, no resulta procedente solicitar solamente la declaratoria de incumplimiento del contrato (…), sin antes haber acreditado plenamente el cumplimiento propio de quien lo alega, pues ello constituiría una pretensión incongruente, donde una eventual condena devendría en injusta e irregular, en tanto no está plenamente establecido que el incumplimiento del co-contratante obedeció a mora en el pago de la obligación, que sería, en el presente caso, la única situación que justificaría la condena solicitada…”(11) (negrilla ajena al texto original).

En los contratos cuyas prestaciones son correlativas, como cada parte se compromete en consideración a la prestación que la otra le promete, se presenta una relación de interdependencia de las obligaciones recíprocas, razón por la cual del artículo 1609 del Código Civil se extrae la regla según la cual no es permitido ni admisible que una de las partes del contrato exija a la otra que satisfaga sus obligaciones, mientras ella misma no lo haya hecho.

En virtud de lo anterior, la prosperidad de la acción de controversias contractuales de que trata el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, cuando se pretende obtener el incumplimiento del contrato y la indemnización de perjuicios, presupone que la parte que la ejerce acredite en el proceso que cumplió o que estuvo presto a cumplir sus obligaciones, como presupuesto para acreditar que la otra parte está en un incumplimiento de las obligaciones a su cargo.

Así pues, a efectos de analizar la prosperidad de las pretensiones de la demanda, la Sala parte por indicar que en el plenario se encuentra acreditado que el 19 de julio de 2001 la ESE Hospital Armando Pabón López y la sociedad Administrativos y Aduaneros Ltda., suscribieron el contrato Nº 001 cuyo objeto consistió en la prestación de servicios profesionales, por parte de la sociedad contratista para que con sus abogados representara legal y jurídicamente al hospital en el cobro prejurídico y jurídico de toda la cartera morosa que tuviera por parte de las ARS y afines (Comcaja, Unimec, Saludvida, Caja Salud, Dusakawi, Emmanuel y demás, etc.) en la actualidad y en el futuro. Los honorarios pactados por el servicio prestado corresponderían a un porcentaje del 35% de lo recaudado por el contratista por su gestión prejurídica en las ARS en liquidación (Comcaja, Emanuel, Unimec y afines) y el 15% de la cartera morosa que el hospital tuviera y no se le hubiera realizado la gestión respectiva.

El plazo del contrato se acordó en tres (3) años, los cuales se prorrogarían automáticamente por otro tanto, si al vencimiento del primer periodo las partes no lo daban por terminado.

Así las cosas y dado que no existe evidencia de que las partes hubieran terminado el contrato celebrado el 19 de julio de 2001 antes del vencerse el plazo inicial (19 de julio de 2004), es de concluir que su vigencia se extendió automáticamente hasta el 19 de julio de 2007.

El negocio jurídico anteriormente referido es sobre el cual recae la declaratoria de incumplimiento contractual que se depreca.

Ahora bien, igualmente en el plenario se encuentra acreditado que el 1º de julio de 2002, las mismas partes celebraron otro contrato de prestación de servicios profesionales con el objeto de representar legal, prejurídica y jurídicamente al hospital en toda la recuperación de la cartera morosa que tuviera para esa fecha o llegara a tener en el futuro con el ente asistencial, las ARS Caprecom ESP, Humana Vivir, Comparta y demás ARS o clínicas afines que tuvieran contrato con el hospital hasta que se pusieran al día. Los honorarios se fijaron en un porcentaje del 15% de lo que recaudara el contratista o pagara la entidad deudora. A su turno el plazo se estipuló en 5 años, esto es desde el 1º de julio de 2002 hasta el 1º de julio de 2007.

De los anteriores supuestos fácticos resulta propio concluir que los dos contratos señalados compartieron una vigencia común para su ejecución, lapso que abarcó desde el 1º de julio de 2002 hasta el 1º de julio de 2007. Es decir, durante ese periodo existió una dualidad contractual entre las mismas partes, cuyo objeto a la postre, en uno y otro caso, dada la imposibilidad de diferenciarlo, terminó siendo el mismo como a continuación se observará.

Es así como aun cuando en un principio podría afirmarse que no obstante la identidad de la carga obligacional asumida por el contratista, el rasgo diferenciador de los dos contratos analizados correspondería a la denominación de las ARS respecto de las cuales procederían las reclamaciones y los recaudos de la cartera morosa en favor del hospital contratante, lo cierto es que los términos introducidos en la cláusula contentiva del objeto de ambos contratos, tales como “Afines, y demás y etc.”, constituyen una circunstancia que permite entrever que las destinatarias de los cobros y reclamaciones que darían lugar a los correspondientes recaudos, en uno y otro contrato, no se encontraban debidamente definidas o delimitadas al punto que en la ejecución de ambos negocios jurídicos podrían presentarse indistintamente cobros respecto de unas y otras.

Este entendimiento se refuerza aún más si se tiene en cuenta que en la práctica ello fue lo ocurrió, como en efecto se evidencia por ejemplo en las órdenes de pago que se produjeron como consecuencia de los acuerdos conciliatorios y transaccionales celebrados en procura del cumplimiento del contrato suscrito el 1º de julio de 2002, en el cual pese a indicarse que las ARS sujetos de reclamos serían Caprecom, Humana Vivir y Comparta, lo cierto es que por virtud de dichos acuerdos también se reconoció en favor del contratista el porcentaje acordado por los recaudos de las sumas adeudadas por las ARS Dusakawi, Saludvida y Cajasalud, es decir por aquellas en relación con las cuales recayó el objeto material del contrato cuyo incumplimiento se demanda, celebrado el 19 de julio de 2001.

Con lo anterior, la Sala quiere significar que si bien al expediente se aportaron certificaciones suscritas por el gerente del hospital contratante que dan cuenta de los recaudos realizados por el contratista entre los años 2003 y 2005 (fls. 28-32 c. 1), respecto de la cartera morosa de varias ARS que tenían contratos con el ente asistencial, lo cierto es que se desconoce por completo con cargo a cuál de los contratos se realizaron las gestiones prejurídicas que dieron lugar al pago de esas sumas, pues, además de que en las certificaciones a las que se hace mención no se indicó dicha circunstancia, tampoco resulta viable inferir válidamente que fueron realizados con cargo al negocio jurídico que interesa al proceso, suscrito el 19 de julio de 2001 por dos razones esenciales.

La primera de ellas obedece al hecho de que, como se anotó, entre los años 2003 y 2005, ambos contratos se encontraban en el plazo de ejecución, de manera que bien han podido adelantarse gestiones en desarrollo de cualquiera de los dos negocios jurídicos. La segunda estriba en que casualmente, según las órdenes de pago emitidas como consecuencia de los acuerdos transaccionales y conciliatorios, dichos desembolsos se dirigieron a reconocer los honorarios en favor del contratista por las gestiones desplegadas durante los años 2002, 2003, 2004, dentro del contrato celebrado el 1º de julio de 2002, de donde resulta posible inferir que los recaudos certificados por el gerente del hospital fueron los que dieron lugar al reconocimiento de varias sumas de dinero en favor de la sociedad contratista, todo lo cual se realizó con cargo al contrato de fecha 1º de julio de 2002, y no a aquel suscrito el 19 de julio de 2001 que ocupa la atención de la Sala.

No existe pues forma de establecer si los servicios que ahora se están reclamando fueron distintos a los reconocidos por el hospital a través de dichos documentos, es decir que no fueron precisamente esos recaudos los que dieron lugar al pago de los honorarios reconocidos, dificultad que se presenta claramente por la identidad de objeto que caracteriza los dos contratos a los que se ha hecho mención y a la imposibilidad probatoria de escindir las prestaciones ejecutados en uno y otro.

A esto último se suma que la entidad estatal demandada, en la contestación de la demanda, sostuvo que al contratista se le pagaron los honorarios por los servicios prestados en desarrollo del contrato de prestación de servicios profesionales celebrado el 1º de julio de 2002, como en efecto se demostró, y se opuso tajantemente a la certeza del hecho de que el contratista hubiese adelantado actividades en cumplimiento del contrato de fecha 19 de julio de 2001, aspectos que fueron corroborados por el jefe de la división administrativa del hospital demandado durante la diligencia de inspección judicial en las instalaciones de dicha entidad, practicada por el tribunal de origen durante el trámite de la primera instancia (fls. 185-187 c. 1).

En conclusión, la identidad del objeto de los contratos adiados el 19 de julio de 2001 y 1º de julio de 2002 y la simultaneidad en el tiempo de su ejecución no permiten conocer a ciencia cierta cuáles fueron las prestaciones ejecutadas en uno y otro, pues si bien uno data de junio de 2001 y el otro en julio de 2002 lo cierto es que todos los recaudos certificados se hicieron a partir del año 2003, es decir, cuando ambos contratos se encontraban vigentes.

Es esa falta de precisión la que impide reconocimiento alguno por los servicios ejecutados supuestamente con ocasión del contrato del 19 de julio de 2001, pues no hay prueba indicativa de que los servicios prestados se hayan realizado con cargo al contrato del 19 de julio de 2001 y no con cargo al contrato del 1º de julio de 2002, máxime cuando estos últimos, en efecto, fueron los reconocidos y pagados por la entidad, según varias acuerdos de pago suscritos con ese propósito.

Finalmente la Sala advierte que esa dualidad contractual sostenida por las partes de manera injustificada, pues no halla razones válidas que soporten la existencia de dos contratos entre las mismas partes, con idéntico objeto para ejecutarse dentro del mismo término, en el peor de los escenarios podría conducir a un doble reconocimiento económico por un mismo servicio prestado, situación que desde ningún punto de vista puede ser prohijada por esta instancia.

En consecuencia, ante la falta de demostración de la ejecución del objeto contractual del negocio jurídico Nº 001 del 19 de julio de 2001 por parte de la demandante, no es posible entrar a indagar sobre la configuración del incumplimiento que se le endilga a la entidad pública, circunstancia en virtud de la cual se impone confirmar la sentencia apelada.

4. No hay lugar a condena en costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, debido a que ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el once (11) de diciembre de dos mil ocho (2008) por el Tribunal Administrativo de La Guajira, por las razones expuestas en la parte considerativa de este fallo.

2. Sin condena en costas.

3. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Según el artículo 32 del estatuto de contratación estatal, son contratos estatales aquellos celebrados por las entidades descritas en el artículo 2º de la Ley 80 de 1993, el cual dispone:

“Para los solos efectos de esta ley:

“1. Se denominan entidades estatales:

“a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles.

“b) El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas especiales y, en general, los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos.

“(…)”.

(2) Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, Sección Tercera, sentencia de 9 de mayo de 2012, Radicado 8500123310002000001980, Expediente 20.968, demandante: Luis Carlos Pérez Barrera, demandado Caja Nacional de Previsión.

(3) Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, auto de 20 de agosto de 1998. Expediente 14.202. C. P. Juan de Dios Montes Hernández. Esta posición ha sido expuesta en otros fallos, entre los cuales se encuentra la sentencia de 20 de abril de 2005, Expediente 14519; auto de 7 de octubre de 2004. Expediente 2675.

(4) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2013. M. P. Enrique Gil Botero. Expediente 25.022.

(5) La aplicación de los principios de contratación del derecho privado a las empresas sociales del Estado, encuentra un antecedente en la Ley 10 de 1990, así: “artículo 24. Contratación o asociación para la prestación de servicios de salud. Previa autorización del Ministerio de Salud, cuya competencia podrá ser delegada en las direcciones seccionales, o locales, todas las entidades públicas que tengan la responsabilidad de prestar servicios de salud, podrán contratar con personas privadas especializadas en servicios de salud, inscritas en el registro especial que, para el efecto se organizará, en desarrollo de las facultades de que trata el artículo 1º de esta ley, la prestación del servicio público de salud, siempre y cuando, se respeten los principios consagrados en el artículo 3º. Estos contratos, no requerirán requisito distinto a los exigidos para la contratación entre particulares (la negrilla no es del texto).

(6) Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, 27 de febrero de 2013, Expediente 25.590. C. P. Mauricio Fajardo Gómez. “No obstante, en muchos casos la ley ha establecido, para determinadas entidades o para determinados contratos, excepciones a la aplicación del estatuto de contratación estatal y ha preferido la aplicación del derecho privado en la actividad contractual de las entidades estatales, tal como se estableció en la Ley 100 de 1993 para la contratación de los hospitales públicos organizados bajo la forma de empresas sociales del Estado, ESE.

Usualmente la justificación de las leyes que hacen prevalecer el derecho privado en determinado contrato estatal se hace consistir en que la respectiva actividad del Estado se desarrolla en un sector en que resulta posible la concurrencia tanto de entes públicos como privados, circunstancia que ha llevado al legislador a unificar la normativa de contratación aplicable, de manera que el Estado y el particular que despliegan su intervención en el mismo sector económico, se ubiquen bajo un mismo estatuto contractual para efectos de adelantar su actividad en condiciones equitativas(6).

En términos muy generales la diferencia entre el estatuto de contratación estatal y el derecho común de los contratos, consiste en que el primero, en atención a las específicas finalidades de la contratación pública se rige por principios, requisitos y procedimientos para la contratación, al tiempo que otorga unas prerrogativas específicamente reguladas para las entidades estatales contratantes y exige unas cargas especiales a las partes del contrato, todo lo cual no es propio del derecho privado en el cual están llamadas a prevalecer, como regla general de contratación, la autonomía de la voluntad de las partes, la libertad de formas y la consensualidad del contrato.

En cualquier caso, lo cierto es que siempre que esté de por medio la contratación estatal, con independencia de la normativa de prevalente aplicación al contrato, los servidores públicos responsables deben observar los principios de la función administrativa que establecen los artículos 209 y 210 de la Constitución Política(6), por lo tanto, el funcionario público no está en libertad de conceder y definir libremente el contrato, aunque se aplique el derecho privado, pues debe desarrollar en su actuar, precontractual y contractual, los principios que la Constitución Política le impone. Esta la razón por la cual el funcionario público tiene el deber de obrar con igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, en todas las etapas de la realización del contrato estatal, tanto antes de su celebración, en el momento de definir las necesidades y condiciones de la contratación y de elegir su contratista, así como en la ejecución y liquidación del contrato y estos principios —se reitera— se deben aplicar y respetar aun cuando el contrato se rija por el derecho privado.

(7) Se citan textualmente en esta columna las notas características del contrato tomadas de la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Expediente 22.822, 16 de agosto de 2012, actor: Carlos Ernesto Pérez Garzón, demandado: Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom.

(8) Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 1º de noviembre de 1994, Expediente 7960. También la Corte Constitucional, en Sentencia C-154 de 1997, al declarar exequible el numeral 3º del inciso 2º del artículo 32, distinguió los contratos de prestación de servicios de los laborales y precisó que los primeros podía devenir en los segundos cuando se presentaran sus elementos (contrato realidad: subordinación, dependencia, etc.), cualquiera que fuera la denominación que le haya dado la entidad pública. Sobre las limitaciones al contrato de prestación de servicios véase la sentencia del Consejo de Estado, Sala de la Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, 15 de junio de 2011, Radicación 25000-23-25-000-2007-00395-01(1129-10), M. P. Gerardo Arenas Monsalve, actor: Manuel Alejandro Fula Rojas. Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

(9) Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Expediente 6461 de 4 de julio de 1992, M. P. José Fernando Ramírez Gómez.

(10) Artículo 1498 del C.C.: “El contrato oneroso es conmutativo, cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez…”.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 24 de febrero de 2005, Expediente 14.937. C. P. Germán Rodríguez Villamizar.