SENTENCIA 2005-00488/43665 DE MARZO 15 DE 2017

 

Sentencia 2005-00488/43665 de marzo 15 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad.: 19001-23-31-000-2005-00488-01(43665)

Actor: María Claudia Solarte de Tafur y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Acción: acción de reparación directa

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Bogotá D.C., quince de marzo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

1. Presupuestos procesales.

1.1. Jurisdicción, competencia y acción procedente.

9. Como dentro de la controversia está una entidad pública, la Nación (artículos 82 y 149 del Código Contencioso Administrativo), el conocimiento de la misma corresponde a esta jurisdicción, siendo esta corporación la competente para conocer del presente asunto, toda vez que el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 2º del Decreto 597 de 1988 y modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, le asigna el conocimiento en segunda instancia, entre otros asuntos, de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por parte de los tribunales administrativos(3).

10. De otro lado, el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo prescribe que la reparación directa constituye la acción procedente para buscar la declaratoria de responsabilidad extracontractual de la entidad demandada, como consecuencia de los hechos descritos en la demanda(4).

11. Asimismo, se advierte que la decisión de darle prelación al presente caso, obedece a lo acordado por la Sala plena de la sección tercera de esta corporación el pasado 25 de abril de 2013, ocasión en la que se decidió que los expedientes que están para fallo en relación con daños causados por privaciones injustas de la libertad —entre otros temas—, pueden decidirse por las subsecciones, sin sujeción al turno.

1.2. La legitimación en la causa.

12. Toda vez que la señora María Solarte fue la afectada directa con la actuación de la Nación, se encuentra legitimada por activa para reclamar los perjuicios que puedan derivarse de la privación de su libertad. Asimismo, los demás actores se encuentran legitimados por encontrarse demostrados sus lazos de parentesco consanguíneo con la citada demandante(5).

12.1. Por su parte, la señora Ubaldina Gaviria —madre de los hermanos de la actora— acreditó estar legitimada en la causa por activa dado que demostró ser la madre de crianza de María Solarte, de conformidad con los testimonios de Hernán Bolaños —vecino de la actora— (fls. 8 y 9, c. 1), Blanca Mosquera —vecina— (fls. 10 a 12, c. 1), Sergio Lara —proveedor de equipos para el negocio de la actora— (fls. 14 a 16, c. 1), Jhon Lemus —amigo— (fls. 17 a 19, c. 1) y Gloria Alonso —vecina— (fls. 20 a 22, c. 1), que así lo refirieron.

13. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva, la Sala considera que la parte actora atribuyó a la Nación - Fiscalía General de la Nación distintos escenarios de participación fáctica en la privación de la libertad de la actor, de donde surge sin duda su legítimo interés para comparecer como demandada(6).

1.3. La caducidad.

14. Teniendo en cuenta que la sentencia absolutoria del juzgado quinto penal del circuito de Popayán, quedó ejecutoriada según constancia del 10 de agosto de 2004(7), sin embargo allí no se consignó la fecha en que cobró ejecutoria, por lo que para computar la caducidad se tomará el 19 de julio de 2004 —fecha de expedición de dicha providencia—, por tanto la demanda presentada el 4 de abril de 2005 (fl. 29, c. ppal. 1), lo fue en el bienio prescrito en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo(8).

14.1. En ese sentido, la Sala precisa que aun cuando no se cuenta con la fecha de ejecutoria de la sentencia absolutoria, lo cierto es que si se contara con esta, se impondría sostener que la demanda se presentó dentro de la oportunidad legal para ello.

2. Problema jurídico.

15. Corresponde a la Sala determinar si la privación de la libertad que soportó la señora María Solarte como consecuencia de la investigación penal seguida en su contra por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y que culminó con sentencia absolutoria, constituye una detención injusta imputable a la Nación.

3. Elementos de la responsabilidad extracontractual.

16. Precisa referir que los documentos allegados por las partes lo fueron dentro de la oportunidad pertinente, en original, en copia auténtica y en copia simple(9). Además, frente a las pruebas trasladadas de la investigación penal (c. 1 y c. 2), la Sala debe señalar que fueron pedidas por la parte demandante (fl. 22, c. ppal. 1), sin que en momento alguno se solicitara la ratificación de las mismas. En consecuencia, teniendo en cuenta que las partes tuvieron pleno conocimiento de esas actuaciones y no formularon reparos frente a las mismas, se valorarán en esta instancia sin otra consideración, claro está, con las limitaciones que la sección ha establecido para este tipo de pruebas(10).

17. Así las cosas, con el fin de abordar integralmente la problemática que suponen los recursos de apelación interpuestos, la Sala analizará la demostración del daño, toda vez que se trata del primer elemento que debe dilucidarse para establecer la responsabilidad extracontractual del Estado(11), de manera que, resuelto el tema relativo a la afectación de los intereses de la demandante, se entrará a estudiar la imputación.

3.1. El daño.

18. En el sub lite, el daño alegado por la demandante se concretó en la afectación a su derecho de libertad, durante el tiempo que estuvo privada del mismo, en el marco de la investigación penal como presunta autora del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en la cual fue capturada y recluida en un establecimiento penitenciario.

19. Sobre el periodo de privación, la Sala advierte que, según quedó reseñado en el acta de allanamiento y registro practicados en el inmueble de la demandante (fls. 49 y rev., c. 1) y el oficio por el cual se dejó a disposición de la Fiscalía a la demandante (fl. 51, c. 1), la actora fue privada de su libertad el 25 de octubre de 2002 y recluida en un establecimiento penitenciario en el municipio de Popayán. El 6 de noviembre de 2002, la Fiscalía dictó en su contra medida de aseguramiento consistente en detención preventiva (fls. 75 a 79, c. 1).

20. Igualmente, se tiene que el 12 de noviembre de 2002, la Fiscalía sustituyó la medida de aseguramiento por prisión domiciliaria (fls. 93 a 95, c. 1), sustitución que se hizo efectiva el 14 de noviembre de 2002, conforme el acta de compromiso suscrita por la actora (fl. 97, c. 1).

21. Además, conforme al acta de compromiso firmada por la accionante (fl. 325, c. 2), se advierte que recuperó su libertad el 19 de julio de 2004, cuando se le permitió salir de su residencia.

22. Así pues, la Sala encuentra acreditado que la demandante estuvo privada de su libertad entre el 25 de octubre 2002 y el 19 de julio de 2004, esto es, por veinte (20) meses y veinticinco (25) días.

3.2. La imputación.

23. En cuanto a la imputación del daño a la administración, es pertinente poner de presente que la sección tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco podía la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que este puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación(12):

En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia.

24. En ese orden, de conformidad con la jurisprudencia citada, no todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de un supuesto de hecho que guarde semejanzas tienen que resolverse de la misma forma pues, se insiste, el juez puede —en cada caso concreto— válidamente considerar que existen razones tanto jurídicas como fácticas que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente.

25. Ahora, el título de imputación privilegiado para casos como el presente es la “privación injusta de la libertad” bajo un régimen objetivo de responsabilidad. No obstante, como ya se dijo, ello no es óbice para que en el sub judice, si las condiciones fácticas y jurídicas lo ameritan, resulte aplicable el régimen subjetivo, cuando el mismo se encuentre acreditado.

26. Sobre el título de imputación en comento, debe recordarse que la Corte Constitucional, al revisar el proyecto de la Ley 270 de 1996, en Sentencia C-037 de 1996, condicionó la declaratoria de exequibilidad del que sería el artículo 68, así:

Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6º, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención (…) Bajo estas condiciones, el artículo se declarará exequible.

27. Así, la Sala ha considerado(13) que si bien el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado en los eventos en los cuales la actuación de cualquiera de sus ramas u órganos hubiera sido “abiertamente arbitraria”, dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado, adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto, estos no tengan el deber jurídico de soportarlos, como sucede con todos aquellos daños que sufren las personas que son privadas de la libertad durante una investigación penal, a pesar de no haber cometido ningún hecho punible, siempre que la víctima no haya actuado con dolo o culpa grave.

28. Adicionalmente, debe advertirse que el artículo 414(14) del Decreto 2700 de 1991, preveía que la responsabilidad estatal debía ser declarada cuando se dictara una sentencia absolutoria o su equivalente —preclusión de investigación o cesación del procedimiento—, porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de un hecho punible.

29. La disposición en comento quedó derogada el 24 de julio de 2001, al entrar a regir la Ley 600 de 2000. No obstante, como lo ha recordado anteriormente la subsección(15), los supuestos del artículo en cita se derivan directamente del artículo 90 de la Constitución Política, de modo que la entrada en vigencia de la Ley 600 de 2000 o bien de la Ley 906 de 2004(16) no inhiben su aplicación, pues las circunstancias señaladas en dicho canon continúan vigentes por expresa orden constitucional.

30. Así, a más de los supuestos previstos en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, es posible declarar la responsabilidad del Estado bajo un régimen objetivo por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio in dubio pro reo, como lo precisó la Sala plena de la sección tercera(17).

31. Por su parte, en cuanto a la exoneración de responsabilidad de la entidad demandada, cabe decir que aquella se dará cuando se demuestre que existió un hecho exclusivo de la víctima por dolo o culpa grave.

32. Así las cosas, la Sala, a fin de establecer si la privación del demandante es imputable a la Nación, debe precisar si la absolución se enmarca en alguno de los supuestos antes señalados, para ello se estudiará las circunstancias que rodearon la investigación, el fundamento de la absolución y la culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad.

33. En ese orden, frente a la imputación del daño irrogado a la parte actora, se destacan los siguientes hechos de la investigación penal:

33.1. Por quejas de la comunidad, miembros de la Policía Nacional efectuaron labores de inteligencia sobre un inmueble en el que posiblemente funcionaba una venta de estupefacientes que era administrado por las hermanas Gloria y Jennifer Narváez, alias Lola. En el informe remitido a la Fiscalía, consignaron que el 10 de septiembre de 2002, la actora, quien se encargaba de recolectar el dinero producto del ilícito, luego de salir del referido inmueble fue interceptada por unos agentes y se le encontró gran cantidad de monedas, las que, según la demandante, eran para tener cambio en una tienda de comestibles de su propiedad (fls. 26 a 33, c. 1).

33.2. El 23 de octubre de 2002, con fundamento en lo anterior, el ente investigador dio apertura a la instrucción por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en contra de la demandante (fls. 38 y rev., c. 1). El 25 de octubre siguiente, ordenó el allanamiento y registro de la vivienda de la actora (fls. 44 y rev., c. 1), diligencia practicada el mismo día y cuyo resultado fue la incautación de casi una libra de marihuana, encontrada en el mezzanine donde dormía Gustavo Solarte Benavides —hermano de la demandante—, así (fls. 49 y rev., c.1):

[U]na vez requisado y revisado [el] cuarto de habitación de la señora María Clara Solarte Tafur (sic), en la parte superior del closet, base en madera y se encontró en una bolsa plástica con el logotipo Supermaxi una sustancia verdosa que por su olor y características se presume que es marihuana, sobre dos tablas de madera para poder sacar la sustancia, que al proceder a su pesaje arrojó un peso bruto de una libra aproximadamente.

33.3. El 30 de octubre de 2002, el señor Gustavo Solarte Benavides —hermano de la demandante— rindió indagatoria y afirmó que “quiero aceptar los cargos de esa libra de marihuana que cogieron donde mi hermana María Clara Solarte, porque es mía y acogerme a sentencia anticipada, mi hermana no sabía de eso, ella es inocente de este problema” (fl. 56, c. 1).

33.4. En la fecha, la actora rindió indagatoria y aseguró que su relación con la señora Gloria Narváez —la presunta administradora del expendio de estupefacientes— se limitaba al servicio de lavandería que esta le prestaba en su vivienda, donde fue vista por los agentes de policía. Además, bajo la gravedad de juramento, aseguró que lo incautado en su vivienda era de su hermano (fls. 63 a 64 rev., c. 1).

33.5. El 31 de octubre de 2002, en la ampliación de su indagatoria la demandante se ratificó en su versión de los hechos e insistió en que desconocía la existencia de los estupefacientes en su vivienda hasta que le fue puesta en consideración por los agentes que hicieron el allanamiento y registro (fls. 67 y rev., c. 1).

33.6. El 6 de noviembre de 2002, la Fiscalía dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de la demandante como presunta responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (fls. 75 a 79, c. 1).

33.7. El 18 de diciembre de 2002, la señora Gloria Narváez —la presunta administradora del expendio de estupefacientes—, en diligencia de indagatoria, manifestó: “[Y]o soy la responsable prácticamente de todo, o sea de la libra de marihuana que encontraron en la casa de mi cuñada Clara Solarte (…) yo quiero que le resuelvan la situación (…) de mi cuñada Clara Solarte, yo siempre he guardado en la casa de ella la marihuana, pero a escondidas de ella, sin que se diera cuenta” (fl. 100 rev., c. 1).

33.8. El 27 de febrero de 2003, la Fiscalía profirió resolución de acusación en contra de la demandante por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (fls. 133 a 137, c. 1).

33.9. El 19 de julio de 2004, el juzgado quinto penal del circuito de Popayán absolvió a la demandante en aplicación del principio del in dubio pro reo, así (fls. 310, 311 y 314, c. 2):

[N]o está probado en el grado de certeza que la señora María Clara Solarte de Tafur hubiese sido consiente (sic) de la existencia de la marihuana en su casa de habitación. Pues fíjese que fue enfática en afirmar que dicha alcoba era compartida con su hermano Gustavo a quien le daba permiso para que durmiera en el mezzanine donde precisamente fue encontraron (sic) la droga debidamente camuflada, sujeto este, refiriéndonos a Gustavo Solarte sin ninguna clase de escrúpulos toda vez que había acabo (sic) de pagar un larga condena e individuo proclive al delito máxime si se tiene además que confesó que esa sustancia vegetal le pertenecía, acogiéndose a sentencia anticipada, aclarando además que su hermana nada tenía que ver en ello; con lo cual también se comprobó que contrario a la situación de la señora María Clara Solarte, éste o sea Gustavo sí hacía parte de la empresa criminal que funcionaba en el rancho de la señora Lola, de allí que se infiere que nadie más que él tuviera motivos y razones suficientes para conservar camuflada la marihuana en un sitio donde sólo él lo ocupaba, para su posterior distribución y/o venta.

De allí que si bien es cierto la droga fue hallada en la alcoba principal, también lo es que no está probado que fuera ella quien camuflara, custodiara o tuviera dominio sobre la misma para su posterior expendio. Fíjese que el agente Yimi Benavides aseguró que Gustavo residía en dos partes, tanto en la casa de su hermana como en la casa Lola (sic) Narváez, este último reconocido expendio de bazuco y demás sustancias prohibidas. (…)

Si se analiza con detenimiento en conjunto la prueba, especialmente la testimonial, como bien se indicó en líneas precedentes, las mismas no son bien nítidas, coherentes y contundentes como para señalar que María Clara Solarte hubiere formado parte de aquella o aquellas personas dedicadas al tráfico y/o venta de estupefacientes o que fuera sabedora que en su casa de habitación se almacenaba marihuana.

Luego entonces en este sentido y dada la presente situación opera la duda, máxime por cuanto en efecto hizo falta recaudar otras pruebas que confirmaran o infirmaran las sindicaciones en contra de la señora Solarte de Tafur, es de concluir ciertamente y tal como lo expuso la señora Fiscal que no existe prueba con la suficiente identidad que determine a la señora María Clara Solarte de Tafur como presunta responsable del punible por el cual fue llamada a juicio y en esta medida menos aún habrá prueba para determinar en el grado de certeza, responsabilidad alguna.

34. Por lo anterior, la Sala advierte que el fundamento de la absolución de la demandante se debió a que ella no cometió la presunta conducta punible, pues las pruebas indicaban que lo incautado en su vivienda era propiedad de su hermano, quien así lo reconoció desde el principio de la investigación y el esfuerzo probatorio de la Fiscalía General de la Nación para comprobar lo contrario fue insuficiente para desvirtuar la presunción de inocencia de la actora.

35. En esa medida, se concluye, a diferencia del a quo, quien sostuvo que la absolución se fundamentó en el principio del in dubio pro reo, que la situación de la accionante quedó subsumida en una de las causales del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, a saber, que no cometió la conducta punible, a pesar de lo sostenido por la primera instancia, en todo caso resulta aplicable el régimen objetivo de responsabilidad por privación injusta, en el que no es necesario verificar la existencia de una falla en la prestación del servicio al momento de proferir la medida de aseguramiento, como lo adujo en su apelación la demandada.

36. Ahora bien, a pesar de que el juzgado quinto invocó dicho principio como fundamento de su decisión, lo cierto es que este resulta aplicable siempre que la absolución se presente por la presencia de una duda razonable, la que surge luego de contrastarse medios de igual peso probatorio que, valorados en conjunto, impiden arribar a la certeza sobre la responsabilidad penal del acusado, de manera que la balanza debe inclinarse a su favor(18).

37. En ese sentido, a pesar de que el juez penal advirtió la existencia de dudas sobre la responsabilidad de la demandante, ello es una simple invocación nominal del referido principio, en tanto lo cierto era que no contaba con elementos probatorios de los que surgiera una duda razonable, pues simplemente en el expediente penal las pruebas indicaban que la actora no cometió conducta punible alguna. Por ende, como ya se dijo, la absolución se cimentó en una de las causales del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991(19).

38. Así, para la Sala está acreditado que la demandante estuvo privada de la libertad, con motivo de un proceso penal que culminó con sentencia absolutoria a su favor pues no se logró acreditar que cometió conducta punible alguna. Por tanto, resulta aplicable el régimen objetivo de responsabilidad, en el que la Nación solo puede eximirse por culpa exclusiva de la víctima, en los términos del artículo 70(20) de la Ley 270 de 1996.

39. En ese orden, la Sala debe estudiar si en el presente asunto se configuró el hecho exclusivo y determinante de la víctima como causal eximente de responsabilidad, pues de ser así se impone revocar el fallo de primera instancia que accedió a las pretensiones(21).

40. Bajo esa línea, se tiene que el análisis de la conducta de la víctima no desconoce la absolución que en materia penal se declaró a su favor, pues en esta instancia no se hace un reproche de la culpabilidad desde la óptica penal, sino que se estudia la actuación de la víctima desde la noción de culpa grave o dolo, como causal eximente de responsabilidad con fundamento en los cánones que para ello trae el derecho civil.

41. En efecto, el artículo 63(22) del Código Civil dispone unos criterios orientadores para entender el dolo y la culpa, los que han sido desarrollados por esta Sala en sentencia del 18 de febrero de 2010(23). Del dolo, en aquella oportunidad, se precisó:

[E]l dolo, debe entenderse por tal, aquella conducta realizada por el autor con la intención de generar un daño a una persona o a su patrimonio, o en otra concepción, un comportamiento antijurídico, habiéndoselo representado y adecuado a sus posibilidades, con el fin unívoco de obtener un resultado dañino deseado.

Así pues, dentro de los aspectos integrantes del dolo, nuestra doctrina ha mencionado que “deben estar presentes dos aspectos fundamentales, uno de carácter intelectivo o cognoscitivo y otro de naturaleza volitiva; o en palabras más elementales, para que una persona se le pueda imputar un hecho a título de dolo es necesario que sepa algo y quiera algo; que es lo que debe saber y que debe querer…”(24) , de donde los dos aspectos resultan fundamentales, pues el volitivo es el querer la conducta dañina y el cognitivo le entrega al autor aquellos elementos necesarios para desarrollar la conducta de manera tal que logre u obtenga el fin dañino deseado.

Resulta claro, entonces, que el elemento fundamental del dolo radica en el aspecto volitivo, de manera que obra dolosamente quien conociendo el daño que con su acción u omisión ha de producir, voluntariamente lo provoca(25), es decir, cuando actúa con intención maliciosa de generar un determinado resultado injusto, que se enmarca dentro de una conducta jurídicamente reprochable.

En suma, mientras la culpa es la falta de diligencia o de cuidado en la conducta por imprevisión, negligencia o imprudencia, el dolo como dice Eneccerus “Es el querer un resultado contrario a derecho con la conciencia de infringirse un derecho o un deber”.

42. A su turno, en la misma providencia, sobre la culpa, la Sala arribó a las siguientes conclusiones:

Sobre la noción de culpa se ha dicho que es la reprochable conducta de un agente que generó un daño antijurídico (injusto) no querido por él pero producido por la omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado que le era exigible de acuerdo a sus condiciones personales y las circunstancias en que actuó; o sea, la conducta es culposa cuando el resultado dañino es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. También por culpa se ha entendido el error de conducta en que no habría incurrido una persona en las mismas circunstancias en que obró aquella cuyo comportamiento es analizado y en consideración al deber de diligencia y cuidado que le era exigible.

Tradicionalmente se ha calificado como culpa la actuación no intencional de un sujeto en forma negligente, imprudente o imperita, a la de quien de manera descuidada y sin la cautela requerida deja de cumplir u omite el deber funcional o conducta que le es exigible; y por su gravedad o intensidad, siguiendo la tradición romanista, se ha distinguido entre la culpa grave o lata, la culpa leve y la culpa levísima, clasificación tripartita con consecuencias en el ámbito de la responsabilidad contractual o extracontractual, conforme a lo que expresamente a este respecto señale el ordenamiento jurídico. (…)

De la norma que antecede se entiende que la culpa leve consiste en la omisión de la diligencia del hombre normal (diligens paterfamilias) o sea la omisión de la diligencia ordinaria en los asuntos propios; la levísima u omisión de diligencia que el hombre juicioso, experto y previsivo emplea en sus asuntos relevantes y de importancia; y la culpa lata u omisión de la diligencia mínima exigible aún al hombre descuidado y que consiste en no poner el cuidado en los negocios ajenos que este tipo de personas ponen en los suyos, y que en el régimen civil se asimila al dolo.

Respecto de la culpa grave señalan los hermanos Mazeaud, que si bien es cierto no es intencional, es particularmente grosera. “Su autor no ha querido realizar el daño, pero se ha comportado como si lo hubiera querido; era preciso no comprender quod omnes intellgunt para obrar como él lo ha hecho, sin querer el daño”. De acuerdo con jurisprudencia citada por estos autores incurre en culpa grave aquel que ha “…obrado con negligencia, despreocupación o temeridad especialmente graves...” (Derecho Civil, parte II, vol. II, p. 110) y agregan que “…reside esencialmente en un error, en una imprudencia o negligencia tal, que no podría explicarse sino por la necedad, la temeridad o la incuria del agente…” (Mazeaud y Tunc, Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil, Delictual y Contractual, tomo I, volumen II, p. 384.)

43. Con base en el precedente que se acaba de reseñar, se procede a analizar la conducta desplegada por la demandante, con el fin de determinar si incurrió en dolo o culpa grave.

44. En ese sentido, la Sala recuerda que su captura se produjo por motivo del allanamiento y registro practicados en su vivienda donde se encontró escondida una cantidad considerable de estupefacientes; sin embargo, su hermano reconoció que él era su propietario, por lo que ningún reproche podría hacerse frente a la conducta de la actora.

45. En efecto, la procedencia de la causal eximente de responsabilidad que se analiza está sujeta a que se verifique “la violación por parte de [la víctima] de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado”(26) y en el sub lite las pruebas permiten concluir que la actora en ningún momento desconoció las obligaciones que el ordenamiento le imponía, lo cierto es que ella no tenía el dominio de las actividades ilícitas a las que se dedicaba su hermano, quien además afirmó que la actora era totalmente ajena a la guarda de los estupefacientes.

46. Por lo anterior, ni siquiera podría aseverarse que la demandante, si bien no participó en la empresa criminal, toleró de alguna forma que su vivienda fuera empleada para esos fines, el sitio donde fue encontrada la droga era de difícil acceso y con un ángulo de visión restringido que impedía percatarse de que ahí se ocultaba algo.

47. Así lo refirió el sargento segundo Jhon González —quien participó en el allanamiento—, “la droga estaba tapada con tablas fue después de que sacamos todo del armario que pudimos encontrar esa sustancia sobre la parte de arriba del armario, en donde hay una especie de piso de tabla, allí hay una especie de cajoncito en tabla” (fl. 269 rev., c. 2). Adicionalmente, cuando se le preguntó si podía verse con facilidad la droga, contestó: “no, a simple vista no se podía observar por lo que dije anteriormente, se encontraba en la parte de arriba del armario tapada con unas tablas” (fl. 269 rev., c. 2). Además, aclaró que “sobre el armario era bastante incómodo por cuanto el piso o mejor la parte superior del armario y el techo era mínimo, la persona que encontró la sustancia se tenía que (sic) agacharse bastante, creo que había unos ochenta centímetros aproximadamente desde la parte superior del armario al techo”.

48. Entonces, a la demandante no podía exigírsele que tuviera conocimiento que su hermano, quien tomó todas las precauciones para ocultar la droga, utilizaba su vivienda para guardar objetos ilícitos, máxime cuando los estupefacientes fueron encontrados en el mezzanine donde dormía el familiar de la víctima.

49. Aceptar lo contrario, esto es, que la accionante debía conocer ese hecho, es tanto como obligarla a desconocer la privacidad su hermano y pedirle que registrara permanentemente los objetos personales de este, exigencia que resulta contraria al ordenamiento, pues el artículo 15 constitucional consagra el derecho a la intimidad personal y dispone que el Estado debe respetarla y hacerla respetar.

50. Al respecto, la Corte Constitucional precisó que “aun dentro de la familia, cada uno de sus componentes tiene derecho a demandar de los demás el respeto a su identidad y privacidad personal”(27), de tal suerte que aquellos asuntos que el hermano de la actora quería mantener en secreto, no se le puede reprochar a esta desconocerlos.

51. En ese orden, la Sala advierte que si bien tener una gran cantidad de estupefacientes en su vivienda constituiría motivo suficiente para verificar la procedencia de la causal eximente de responsabilidad que aquí se analiza, en este caso en particular, ello no puede considerarse como dolo o culpa grave, toda vez que ese hecho —la tenencia de la droga— no quedó demostrado en relación a la demandante, por lo que la Nación no logró eximirse de responsabilidad.

52. Para la Sala no hay dudas que la actora no incurrió en dolo o culpa grave, quien se dedicó a demostrar su inocencia, por tanto su actuación es ajena a cualquier reproche desde el punto de vista de la causal eximente de responsabilidad que aquí se analiza, lo que lleva a confirmar la sentencia apelada en lo que toca al daño y su imputación a la Nación - Fiscalía General de la Nación.

3.3. Liquidación de perjuicios.

53. En relación con los perjuicios morales, se recuerda que el criterio jurisprudencial vigente para su reconocimiento y tasación, en tratándose de privaciones injustas de la libertad, fue fijado en salarios mínimos legales mensuales por la sección tercera en sentencia de unificación del 28 de agosto del 2014(28), así:

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Reparación del daño moral en caso de privación injusta de la libertad
Meses de privación
injusta
Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Superior a 1810050352515
Superior a 12Inferior a 18904531,522,513,5
Superior a 09Inferior a 128040282012
Superior a 06Inferior a 09703524,517,510,5
Superior a 03Inferior a 06502517,512,57,5
Superior a 01Inferior a 033517,512,258,755,25
Igual e inferior a 1157,55,253,752,25

Reglas para liquidar el perjuicio moral
NivelTipo de relaciónPorcentaje
1Víctima directa y relaciones afectivas conyugales y paternofiliales. 
2Parientes en el 2° de consanguinidad.50% del monto recibido por la víctima directa.
3Parientes en el 3° de consanguinidad.35% del monto recibido por la víctima directa.
4Parientes en el 4° de consanguinidad y afines hasta el 2°.25% del monto recibido por la víctima directa.
5Terceros damnificados.15% del monto recibido por la víctima directa.

53.1. En esa línea, debe recordarse que la demandante estuvo privada de su libertad por veinte (20) meses y veinticinco (25) días —supra párr. 22.—, esto es, en el rango de superior a (18) meses. En ese orden, razón le asiste a la demandante, pues el a quo reconoció unos valores por debajo de los montos fijados por esta corporación.

53.2. Por lo anterior, se modificará la sentencia impugnada para condenar a la Nación al pago de cien (100) salarios a María Solarte —víctima directa—, igual suma para Gustavo Solarte Realpe —su padre—, Ubaldina Gaviria —su madre de crianza—; Ruby Constanza y Paola Katerine Tafur Solarte —sus hijas—. Además, se condenará al pago de cincuenta (50) salarios a Nelly Esmeralda, Ayda Lourdes, Javier Andrés y Carmen Estrella Solarte Gaviria —sus hermanos—; Carol Vanesa Fernández Tafur, Anggie Constanza y Sebastián Camilo Calvache Tafur —sus nietos—.

54. En relación con los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la Sala encuentra que están deferidos a los ingresos dejados de percibir por la demandante mientras estuvo privada de su libertad. El a quo negó el reconocimiento de este rubro, dado que no habían pruebas que permitieran sostener que se causó, menos saber en qué cuantía. En contraste, la parte demandante, en su apelación, sostuvo que sí se acreditó el perjuicio por lo que debió reconocerse.

54.1. Al respecto, obran en el plenario los testimonios de Hernán Bolaños(29) —vecino de la actora—, Blanca Mosquera(30) —vecina—, Sergio Lara(31) —proveedor de equipos para el negocio de la actora—, Jhon Lemus(32) —amigo— y Gloria Alonso(33) —vecina— que aseguran que la actora tenía una tienda de abarrotes de donde provenían sus ingresos y que, con motivo de la privación de su libertad, no pudo seguir al frente de ese, por lo que cerró el establecimiento.

54.2. Respecto a los ingresos que esa actividad económica le generaba, Sergio Lara afirmó que ascendían a “$ !.500.00 (sic) mensual”(34), Jhon Lemus a “dos o tres millones mensuales”(35) y Gloria Alonso aseguró que “por ahí unos 2.500.000”(36). Así, la Sala advierte que de la lectura de tales declaraciones surgen dudas sobre el monto que devengaba la actora, cada testigo refirió una cifra distinta y, en todo caso, no es claro el origen de esa información. Entonces, en consideración a que además de dichos testimonios, no obra en el plenario otra prueba que corrobore lo ahí consignado(37), es imposible despejar las dudas que tales datos suscitan, por ende la Sala no liquidará el perjuicio con base en esos testimonios.

54.3. Por lo anterior, la Sala, en consideración a que la actora acreditó que desempeñaba una actividad productiva y no los ingresos que ello le generaba, tomará como base de liquidación el salario mínimo vigente al momento de esta sentencia ($ 737.717). En esa línea, al emplearse el salario mínimo actualmente vigente no hay lugar a indexación, pues las cifras ya están a valor presente. Al salario mínimo mensual vigente se le sumará un 25% por concepto de prestaciones sociales, resulta entonces una renta mensual de $ 922.146.

54.4. Dicha cifra será reconocida por el tiempo que la demandante permaneció privada de su libertad (20,83 meses), más el tiempo que usualmente le toma a una persona poner en funcionamiento su establecimiento de comercio, pues la tienda de abarrotes de la actora cerró y ella no pudo seguir con esa actividad. Como no se cuentan con elementos de juicio para concluir el tiempo que ello demora, se tomará como término seis meses, como se ha hecho en otras oportunidades(38), en tanto, debe abarcarse un término definido y razonable, toda vez que “es imposible aceptar su prolongación hasta el infinito”(39), para un total de 26,83 meses.

54.5. Con esos datos, se aplicará la fórmula utilizada por la jurisprudencia para calcular el lucro cesante consolidado, así:

S = RA
 

Dónde:

S: es la indemnización consolidada a obtener.

Ra: es la renta o ingreso mensual actualizado ($ 922.146)

i: es el interés puro o técnico mensual equivalente a 0,004867.

n: es el periodo indemnizable (26,83 meses).

2
 

54.6. En esos términos, la Sala modificará la sentencia de primera instancia para condenar a la Nación al pago de veintiséis millones trescientos sesenta mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos ($ 26.360.844), por concepto de lucro cesante.

55. En lo tocante a los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la Sala encuentra que estos se limitan a los gastos de defensa que tuvo que asumir la demandante en el proceso penal y las sumas que no pudo asumir la demandante para la manutención de su familia durante el período que permaneció privada de su libertad. El a quo negó el reconocimiento del perjuicio por no estar acreditado, siendo que, según la accionante, en el plenario obran las pruebas que permitían condenar a la Nación por ese concepto.

55.1. Sobre los gastos de defensa, si bien en el expediente no hay prueba de la cifra pagada por ese concepto, la Sala recuerda que si bien en Colombia no existe un régimen expreso en punto al monto que por honorarios asume una persona que contrate los servicios de un abogado, es válido acudir, entre otros criterios, a las tarifas(40) sobre honorarios profesionales que expiden los colegios de abogados(41), para efectos de tasar el perjuicio a falta de prueba sobre el valor exacto que por ello canceló la parte demandante(42), siempre que la prestación del servicio esté acreditada y que no se trate de un abogado defensor de oficio.

55.2. Así, se advierte que la asistencia legal de la demandante, en la diligencia de indagatoria (fls. 63 a 64 rev., c. 1) como en la ampliación de esta (fls. 67 y rev., c. 1) fue asumida por defensores de oficio, en contraste, su defensa, en la etapa instructiva adelantada ante una fiscalía seccional y en la etapa de juicio ante un juez penal del circuito, fue llevada por un abogado por ella contratado (fls. 79 a 199, c. 1 y fls. 200 a 321, c. 2).

55.3. En esa consideración, la Corporación Colegio Nacional de Abogados - Conalbos dispuso para el año 2002, cuando la actora contrató los servicios de defensa, que por honorarios profesionales se podría pagar cinco (5) salarios mínimos por la defensa en la etapa instructiva y ocho (8) salarios mínimos por la etapa de juicio(43), ningún rubro se reconocerá por la defensa en las indagatorias, ya que el servicio lo prestaron unos defensores de oficio.

55.4. Por lo tanto, la Sala condenará a la Nación al pago de trece (13) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de este fallo a la demandante, por concepto de daño emergente por pago de honorarios de abogado.

55.5. En lo relacionado con las erogaciones para la manutención de la familia mientras la actora estuvo privada de su libertad, se advierte que “los gastos de manutención propia y de la familia no se pueden considerar causados por la privación de la libertad ya que son expensas propias de cualquier persona con independencia de su situación judicial”(44), por tal razón se negará su reconocimiento.

56. En lo concerniente al daño a la vida de relación, se advierte que el a quo negó su reconocimiento por “no existir medios de conocimiento que determinen una alteración grave a las condiciones de existencia” (fl. 203, c. ppal. 2). A su turno, en la apelación se advirtió que el perjuicio fue acreditado con los testimonios obrantes en el plenario.

56.1. El daño a la vida de relación, que hacía referencia a las consecuencias que en razón de una lesión o afectación se producen en la vida de relación de quien la sufre(45), fue reemplazado por el de daño a la salud, cuando el perjuicio se genera por una lesión corporal, y también por el de daño a bienes o derechos constitucionalmente protegidos, cuando aquél tiene su origen en la afectación de cualquier otro bien, derecho o interés legítimo, jurídicamente tutelado y que no esté comprendido dentro del concepto de daño corporal o afectación a la integridad psicofísica(46).

56.2. De acuerdo con lo anterior, en tratándose de los perjuicios inmateriales, nada obsta para que se reconozcan perjuicios distintos a los morales, como el daño a la salud o bien por la afectación de otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos. Sin embargo, deben estar acreditados y ser diferenciables de aquel que se reconoce como fuente de los perjuicios morales, para evitar una doble indemnización(47).

56.3. En el sub lite, la Sala no encuentra demostrado que la actuación de la Fiscalía General de la Nación haya causado afectación alguna a la salud de la víctima o a bienes o derechos constitucionalmente protegidos, distintos a la aflicción moral que padeció la víctima y su familia. En efecto, los testimonios de los vecinos y amigos de la demandante, tan solo refieren la existencia del perjuicio moral por la privación de la libertad, por el que ya se condenó a la Nación, de tal suerte que se negará el reconocimiento de cualquier otro perjuicio inmaterial.

57. Por último, como la conducta de las partes no puede catalogarse como abiertamente temeraria, sino el ejercicio del derecho de acceso a la justicia y de defensa, se impone negar la condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR la sentencia del 31 de agosto de 2010 del Tribunal Administrativo del Cauca que accedió a las pretensiones de la demanda, conforme lo expuesto en la parte motiva, la cual quedará así:

1. DECLARAR administrativamente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad a la que estuvo sometida la señora María Clara Solarte de Tafur, la cual acaeció desde el 25 de octubre de 2002 hasta el día 19 de julio de 2004.

2. En consecuencia CONDÉNASE a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar a título de perjuicio moral a favor de la señora María Clara Solarte de Tafur la suma de 100 salarios mínimos mensuales vigentes.

A favor del señor Gustavo Solarte Realpe, la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales, a título de indemnización por el perjuicio moral sufrido.

A favor de la señora Ubaldina Gaviria, la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales, a título de indemnización por el perjuicio moral sufrido.

A favor de la señora Nelly Esmeralda Solarte Gaviria, la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales, a título de indemnización por el perjuicio moral sufrido.

A favor de la señora Ayda Lourdes Solarte Gaviria, la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales, a título de indemnización por el perjuicio moral sufrido.

A favor del señor Javier Andrés Solarte Gaviria, la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales, a título de indemnización por el perjuicio moral sufrido.

A favor de la señora Carmen Estrella Solarte Gaviria, la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales, a título de indemnización por el perjuicio moral sufrido.

A favor de la señora Ruby Constanza Tafur Solarte, la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales, a título de indemnización por el perjuicio moral sufrido.

A favor de la señora Paola Katerine Tafur Solarte, la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales, a título de indemnización por el perjuicio moral sufrido.

A favor de los menores Anggie Constanza Calvache y Sebastián Camilo Calvache Tafur, la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales para cada uno de ellos, a título de indemnización por el perjuicio moral sufrido. y,

A favor del menor Carol Vanesa Fernández Tafur, la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales, a título de indemnización por el perjuicio moral sufrido.

3. El valor reconocido por concepto de perjuicios morales se pagará conforme al valor que a la fecha de la ejecutoria de la presente providencia tenga el salario mínimo legal mensual vigente.

4. CONDÉNASE a la Nación - Fiscalía General de la Nación, a pagar a favor de María Clara Solarte de Tafur la suma de veintiséis millones trescientos sesenta mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos ($ 26.360.844), por concepto de lucro cesante y trece (13) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de esta providencia, por concepto de daño emergente.

5. Para el cumplimiento de esta sentencia se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

6. NIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda.

7. Sin costas.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

3 La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, del Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala plena de lo contencioso administrativo el 9 de septiembre de 2008, Exp. 2008-00009-00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

4 “La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa”.

5 Está demostrado que Gustavo Solarte Realpe es el padre de María Solarte (registro civil de nacimiento —fl. 6, c. ppal. 1—). Nelly Esmeralda, Ayda Lourdes, Javier Andrés y Carmen Estrella Solarte Gaviria son sus hermanos (registros civiles de nacimiento —fls. 6 a 10, c. ppal. 1—). Ruby Constanza y Paola Katerine Tafur Solarte son sus hijas (registros civiles de nacimiento —fls. 11 y 12, c. ppal. 1—). Carol Vanesa Fernández Tafur, Anggie Constanza y Sebastián Camilo Calvache Tafur son sus nietos (registros civiles de nacimiento —fls. 11 a 15, c. ppal. 1—).

6 Cfr. Consejo de Estado, sección tercera, subsección B, sentencia del 5 de diciembre de 2016, Exp. 40347, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

7 “Teniendo en cuenta que en el proceso adelantado contra de (sic) María Clara Solarte de Tafurt (sic), se ha dictado por parte del juzgado, sentencia absolutoria, por el ilícito de fbricacion (sic), tráfico o porte de estupefacientes, de fecha 19 de julio de 2004. Encontrándose la misma debidamente ejecutoriada” (constancia de ejecutoria —fl. 329, c. 2—).

8 “La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

9 Cfr. Consejo de Estado, sección tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero. En esa oportunidad se dijo que las copias simples obrantes en el proceso y que surtieran el principio de contradicción tienen plenos efectos probatorios. Claro está salvo: “(…) si se desea acreditar el parentesco, la prueba idónea será el respectivo registro civil de nacimiento o de matrimonio según lo determina el Decreto 1260 de 1970 (prueba ad solemnitatem), o la escritura pública de venta, cuando se busque la acreditación del título jurídico de transferencia del dominio de un bien inmueble (prueba ad sustanciam actus). (…) De modo que, si la ley establece un requisito —bien sea formal o sustancial— para la prueba de un determinado hecho, acto o negocio jurídico, el juez no puede eximir a las partes del cumplimiento del mismo; cosa distinta es si el respectivo documento (v.gr. el registro civil, la escritura de venta, el certificado de matrícula inmobiliaria, el contrato, etc.) ha obrado en el expediente en copia simple, puesto que no sería lógico desconocer el valor probatorio del mismo si las partes a lo largo de la actuación no lo han tachado de falso”.

10 Consejo de Estado, sección tercera, Sala plena, sentencia del 11 de septiembre de 2013, Exp. 20601, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

11 Cfr. HENAO, Juan Carlos. El daño, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, p. 37.

12 Consejo de Estado, sección tercera, Sala plena, sentencia del 19 de abril de 2012, Exp. 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en la sentencia del 23 de agosto de 2012, Exp. 23219, C.P. Hernán Andrade Rincón.

13 Consejo de Estado, sección tercera, Sala plena, sentencia del 6 de abril de 2011, Exp. 21653, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

14 “Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

15 Consejo de Estado, sección tercera, sentencia del 30 de septiembre de 2013, Exp. 35235, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, reiterada en sentencia del 29 de mayo de 2014, Exp. 36515, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

16 Sobre la procedencia de imputar al Estado una privación injusta de la libertad en vigencia de la Ley 906 de 2004, véase: Consejo de Estado, sección tercera, subsección B, sentencia del 26 de noviembre de 2015, Exp. 39350, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

17 En sentencia de unificación de jurisprudencia, el Consejo de Estado indicó que el in dubio pro reo está sustentado en un régimen objetivo de responsabilidad, concretamente en el daño especial y, se aplica, porque el Estado no pudo desvirtuar la presunción de inocencia de una persona quien no estaba llamada a soportar la privación, de ahí a que se encuentre facultada para solicitar la reparación del daño causado. Al respecto ver: Consejo de Estado, sección tercera, sentencia del 17 de octubre de 2013, Exp. 23354, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

18 Cfr. Consejo de Estado, sección tercera, subsección B, sentencia del 29 de agosto de 2013, Exp. 27536, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. En esa oportunidad sobre la duda en materia penal, se precisó: “En el caso de la responsabilidad penal, como se sabe, el umbral de la decisión lo marca el abandono o la presencia de la duda razonable, es decir, tratándose de casos en los que se discute la punibilidad de un acto, es menester que la culpabilidad esté comprobada de tal modo que una afirmación en contrario resulte descabellada. Se necesita, pues, que la explicación más probable del acto sea la de la comisión del delito y las razones exculpatorias sean significativamente improbables. Así las cosas, se entiende que hay casos en los que existiendo pruebas sólidas sobre el hecho delictivo y la participación del reo, las mismas se contrastan con otras de igual peso que, en conjunto, impiden afirmar que la hipótesis sobre la comisión del hecho se sitúa más allá de toda duda razonable. En estos casos, la contundencia de las pruebas en uno y otro sentido simplemente impiden arribar a un juicio certero sobre lo ocurrido y en consecuencia, la duda razonable inclina la balanza a favor del acusado”.

19 Cfr. Consejo de Estado, sección tercera, subsección B, sentencia del 26 de noviembre de 2015, Exp. 39350, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Sobre la enunciación en el fallo penal de dudas sobre la responsabilidad penal de la víctima, se advirtió: “En el presente caso, la Sala comprueba que, a pesar de que el juez penal recalcó la existencia de dudas sobre la responsabilidad del señor Orozco Pérez frente al delito del que fue acusado, tal afirmación resulta simplemente una invocación nominal del principio in dubio pro reo, mas no una constatación efectiva y material de la presencia de una duda razonable sobre la participación del procesado en el punible. Las razones que llevaron al juez de segunda instancia a absolver al señor Orozco Pérez, se reitera, se contraen a la inexistencia de los medios de pruebas suficientes para corroborar que la existencia del delito de hurto agravado y calificado (…) En esa medida, se concluye que su situación quedó subsumida en uno de los eventos que comprende la privación injusta de la libertad, a saber, que el hecho punible no existió”. En el mismo sentido, véase: subsección B, sentencia del 29 de febrero de 2016, Exp. 37671, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; subsección B, sentencia del 26 de junio de 2014, Exp. 29250, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; subsección B, sentencia del 26 de junio de 2014, Exp. 28500, C.P. Danilo Rojas Betancourth; subsección B, sentencia del 30 de octubre de 2013, Exp. 27730, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; subsección B, sentencia del 27 de septiembre de 2013, Exp. 29993, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo; subsección A sentencia del 10 de julio de 2013, Exp. 29940, C.P. Hernán Andrade Rincón y subsección A, sentencia del 11 de julio de 2012, Exp. 24008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

20 “Culpa exclusiva de la víctima. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

21 Sobre la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad en casos de privación injusta de la libertad, véase: Consejo de Estado, sección tercera, subsección C, sentencia del 26 de febrero de 2014, Exp. 29541, C.P. Enrique Gil Botero; sección tercera, subsección C, sentencia del 11 de julio de 2013, Exp. 27463, C.P. Enrique Gil Botero; sección tercera, subsección C, sentencia del 13 de abril de 2011, Exp. 19889, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sección tercera, subsección C, sentencia del 30 de marzo de 2011, Exp. 19565, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sección tercera, sentencia del 13 de mayo de 2009, Exp. 17188, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

22 “La ley distingue tres especies de culpa y descuido: Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro” (subrayas fuera de texto).

23 Consejo de Estado, sección tercera, subsección B, sentencia del 18 de febrero de 2010, Exp. 17933, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

24 REYES ECHANDÍA, Alfonso. Culpabilidad, tercera edición, Editorial Temis, Bogotá, 1998, p. 43.

25 ALESSANDRI R., Arturo; SOMARRIVA U, Manuel y VODANOMIC H., Antonio. Tratado de las Obligaciones, volumen II, segunda edición, Ed. Jurídica de Chile, 2004, p. 265.

26 Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, sentencia del 9 de julio de 2014, Exp. 38438, C.P. Hernán Andrade Rincón.

27 Corte Constitucional, Sentencia T-261 del 20 de junio de 1995, Exp. T-63468, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

28 Consejo de Estado, sección tercera, Sala plena, sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp. 36149, C.P. Hernán Andrade Rincón.

29 “Ella tenía un negocio, una tienda, un supermercado donde ella vivía abajo en los Naranjos, de ese negocio se solventaba ella (…) le tocó vender al (sic) casa, el negocio, para poder pagar un abogado” (testimonio de Hernán Bolaños —fl. 9, c. 1—).

30 “Ella dependía de un granero que tenía, una tienda muy grande en los Naranjos” (testimonio de Blanca Mosquera —fl. 11, c. 1—).

31 “[Y]o le realizaba trabajos de adecuación a una tienda que ella tenía, le revisaba estanterías, vitrinas, le elaboraba equipos para el negocio porque empezó con un negocio pequeño y a medida que pasó el tiempo ella tenía un granero y yo el (sic) proveía de los equipos, elaboración de estanterías, vitrinas lo que ella necesitara ahí (…) se le acabó el negocio porque la gente ya no le quiso ir a comprar por ese problema pensando en qué dirían los demás” (testimonio de Sergio Lara —fls. 14 y 15, c. 1—).

32 “[U]na tienda que poco a poco fue creciendo con el tiempo llegó a ser un granero de abarrotes, que fue donde le hice las ampliaciones porque era supremamente grande el granero, ella llevaba para el 2002, como dos o tres años con el negocio, ese era el sustento de ella y las hijas y los padres y de la familia” (testimonio de Jhon Lemus —fls. 17 y 18, c. 1—).

33 “Ella tenía una tienda que era de donde ella mantenía a los papás, las hijas y los nietos” (testimonio de Gloria Alonso —fls. 20 y 21, c. 1—).

34 “Una vez hablando con ella dijo el (sic) quedaba un promedio de $ !.500.00 (sic) mensual que era para sus hijos y nietos y los gastos que requiere un hogar” (testimonio de Sergio Lara —fl. 15, c. 1—).

35 “[D]os o tres millones mensuales sería, los dedicaba al sustento de las hijas, sus nietas, sus padres, gastos varios” (testimonio de Jhon Lemus —fl. 18, c. 1—).

36 “Ella por ahí unos “2.500.000 que daba la tienda, para mantener los hijos, los papás, las nietas, para la casa, para volver a surtir la tienda” (testimonio de Gloria Alonso —fl. 21, c. 1—).

37 Cfr. Consejo de Estado, sección tercera, subsección B, sentencia del 26 de noviembre de 2015, Exp. 38819, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Sobre la necesidad de soportar los ingresos, en esa oportunidad se precisó: “Teniendo en cuenta que la asignación salarial certificada no cuenta con otros medios probatorios en el expediente, tales como declaraciones de renta, comprobantes de pago, etc., que sustenten el monto allí consignado, la Sala encuentra que la prueba relacionada resulta insuficiente, para acreditar los ingresos del accionante. // Por tanto, como no obra en el expediente prueba suficiente sobre los ingresos que el afectado percibiera para la época en que ocurrió la privación de la libertad, como tampoco se demostró, mediante facturas, contratos, declaraciones tributarias, la asignación mensual del demandante, la Sala procederá a liquidar la indemnización por lucro cesante con base en el salario mínimo para la época de la detención”.

38 Consejo de Estado, sección tercera, subsección B, sentencia del 8 de julio de 2016, Exp. 39824, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; subsección B, sentencia del 30 de octubre de 2013, Exp. 27954, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; subsección B, sentencia del 29 de octubre de 2012, Exp. 18472, C.P. Danilo Rojas Betancourth; sección tercera, sentencia del 31 de agosto de 2006, Exp. 19432, C.P. Ruth Stella Correa y sección tercera, sentencia del 25 de febrero de 1999, Exp. 14655, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

39 HENAO, Juan Carlos. El daño, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, p. 155.

40 Cfr. Consejo Superior de la Judicatura, Sala jurisdiccional disciplinaria, sentencia del 18 de mayo del 2000, Rad. 15283-B-A y Auto del 14 de mayo de 1998, Rad. 9979A.

41 El Consejo Superior de la Judicatura en sentencia del 22 de octubre de 1998, Exp. 11124A, M.P. Leovigildo Bernal Andrade, señaló que “[L]as tasas establecidas por colegios de abogados son una buena guía para definir si el cobro que se haya hecho por algún abogado, en determinado asunto que se le imputa como desproporcionado, y por lo tanto, ilícito, lo fue o no”.

42 Cfr. Consejo de Estado, sección tercera, subsección B, sentencia del 8 de julio de 2016, Exp. 37256, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

43 “18. Derecho penal. (…) 18.7 Etapa instructiva.- (…) 18.7.2 Ante fiscalía local o seccional.- Cinco salarios mínimos legales vigentes (…) 18.8 Etapa del juicio (…) 18.8.2 Procesos de competencia ante los juzgados del circuito.- Ocho salarios mínimos legales vigentes” (Res. 2 del 30 de julio de 2002 de la Corporación Colegio Nacional de Abogados).

44 Consejo de Estado, sección tercera, subsección B, sentencia del 26 de julio de 2012, Exp. 24668, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

45 Consejo de Estado, sección tercera, sentencia del 19 de julio de 2000, Exp. 11842, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

46 Cfr. Consejo de Estado, sección tercera, Sala plena, sentencia del 14 de septiembre de 2011, Exp. 19031, C.P. Enrique Gil Botero. En esa oportunidad se precisó la tipología de los perjuicios inmateriales, así: “Desde esa perspectiva, se insiste, el daño a la salud comprende toda la órbita psicofísica del sujeto. En consecuencia, la tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta corporación”.

47 Cfr. Consejo de Estado, sección tercera, subsección B, sentencia del 2 de mayo de 2016, Exp. 36517, C.P. Danilo Rojas Betancourth.