Sentencia 2005-00488 de agosto 30 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 11001-31-03-018-2005-00488-01

Magistrada Ponente:

Dr. Ruth Marina Díaz Rueda

(Aprobado y discutido en Sala de 18 de julio de 2013).

Bogotá, D.C., treinta de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Corte

1. En este asunto, se recuerda, los accionantes solicitan declarar a las entidades convocadas, solidaria y civilmente responsables de los daños a ellos ocasionados “con motivo de la muerte por diagnóstico equivocado, negligencia médica y defectuosa prestación del servicio médico sufrida por su esposo y padre Julio Enrique Cantillo Rueda”, dado que habiendo ingresado por urgencias en razón del “fuerte dolor en la parte baja del tórax” que se “extendía a los brazos, se encontraba pálido, con ganas de vomitar (...), sudoroso, sin poderse hallar así mismo”, dicha atención se cambió a ambulatoria, se le diagnosticó gastritis por simple apreciación, pues no se le hizo ningún estudio que permitiera tal conclusión, prohibiéndosele el cigarrillo y el tinto, y a pesar de habérsele practicado un electrocardiograma que se ordenó de manera urgente, el mismo se leyó tardíamente, lo que impidió que fuera tratado del infarto en evolución que reflejó dicho examen.

2. El fundamento toral del tribunal para confirmar la sentencia del a quo que negó las pretensiones, fue la ausencia de error médico, así mismo de culpa de las convocadas, como también de nexo causal, para lo cual se soportó en el dictamen pericial trasladado de la Fiscalía 52 Seccional, del cual extrajo que el tratamiento dado a la sintomatología del paciente había sido correcto, dado que según tal experticia, la enfermedad que para el 26 de junio de 2003 presentaba Julio Enrique Cantillo Rueda “no permitían sospechar un evento coronario, por su edad y por no encontrarse dentro del primer grupo de riesgo”, ni ostentar antecedentes médicos de importancia en su historia clínica, por lo que el antiácido, la endoscopia y las recomendaciones dadas tenían una fuente lógica, debido a que “por las condiciones del paciente, se podía sospechar la presencia de una enfermedad ácido péptica”, como se diagnosticó inicialmente, todo lo cual era demostrativo de “que se obró por parte de los galenos vinculados a la entidad demandada, bajo la observancia y el estricto acatamiento a la lex artis”.

3. En sede de este recurso, la censora rebate esos planteamientos, debido a que el sentenciador soportó su decisión únicamente en la experticia, omitiendo las demás pruebas recaudadas, como el electrocardiograma, la historia clínica y el testimonio de Luz Haydeé Rodríguez Gómez, prescindencia que lo llevó a concluir erróneamente que los galenos actuaron de acuerdo con la “lex artis”.

En cuanto al referido examen destaca la casacionista que habiéndose realizado el 26 de junio de 2003 a las 2:46 p.m., no se leyó ese mismo día, y al reportar “infarto anterior extenso en evolución y/o aneurisma ventricular”, mostraba una situación alarmante, pues reflejaba que desde el mismo instante de su práctica, el paciente se estaba “infartando”, sin que esa situación le fuera informada a él o a su acompañante; por el contrario, se les indicó que los resultados se los entregarían el 2 de julio, data en que igualmente, “se leyó ‘a solicitud de sus familiares’ el citado electrocardiograma por parte del médico cardiólogo Jaime Bueno Alba”, arrojando como resultado “necrosis antero —lateral evolutiva”—.

Que así mismo se ignoró la historia clínica demostrativa de varios factores de riesgo o de evento coronario, reiterando que a pesar de ingresar por urgencias a las 9:35 a.m., se le cambió su atención a ambulatoria, por lo que a las 14:17, es decir, varias horas después, la gastroenteróloga que lo atendió, al avizorar un problema serio, dispuso la realización urgente de un EKG, cuya lectura se pospuso, cuando “de haberse procedido con la debida atención, el procedimiento a seguir era actuar con prontitud ese mismo día, de conformidad con el protocolo propio de un infarto del miocardio”, elemento de convicción este que aunado a la declaración de Luz Haydeé Rodríguez Gómez quien informó que el día de las exequias recibió una llamada de Famisanar para pedir el traslado del paciente al centro médico más cercano debido a que el electrocardiograma había salido mal, evidencia el error judicial trascendente, puesto que al pretermitir dichas pruebas, el tribunal no vio la conducta negligente de la parte demandada.

4. Delanteramente debe señalarse que si bien la impúgnate extraordinaria alude a que la decisión del ad quem se soportó únicamente en el dictamen pericial carente de fundamento, lo que en principio daría la sensación de la presencia de un yerro iure, lo cierto es que el desarrollo del cargo fue orientado como fáctico, dado que atacó la contemplación objetiva del mismo y la preterición de los elementos probatorios igualmente reseñados, lo que por tanto descarta una eventual mixtura y falta de idoneidad de la demanda, habilitando su estudio de fondo.

5. Acerca del error de hecho, ha precisado reiteradamente la Corte, que “(...) ‘atañe a la prueba como elemento material del proceso, por creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando existe, y debido a ella da por probado o no probado el hecho’ (LXXVIII, pág. 313), es decir, acontece ‘a) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en él no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad sí existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que sí existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuyéndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adición o por cercenamiento’ (Cas. Civil, Sent. 034, ago. 10/99, Exp. 4979); siendo tal su notoriedad y gravedad, ‘cuando su solo planteamiento haga brotar que el criterio del sentenciador fue totalmente desenfocado, que está por completo divorciado de la más elemental sindéresis; si se quiere, que repugna al buen juicio’, lo cual ocurre en aquellos casos en que ‘el fallador está convicto de contraevidencia’ (Cas. Civil, Sents., jul. 11/90 y ene. 24/92), ‘cuando el sentenciador se estrelló violentamente contra la lógica o el buen sentido común, evento en el cual no es nada razonable ni conveniente persistir tozudamente en el mantenimiento de la decisión so pretexto de aquella autonomía’ (CCXXXI, pág. 644), o en otros términos, ‘que a simple vista se imponga a la mente, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o en otros términos, de tal magnitud, que resulte contrario a la evidencia del proceso (...)’ (G.J. T. LXXVII, pág. 972)’ (Cas. Civil, Sents. 006, feb. 12/98, Exp. 4730; 080, sep. 18/98, Exp. 5058) (...)” (Sent., dic. 16/2011, Exp. 2000-00018-01).

6. Con miras a verificar la existencia de los errores endilgados por la recurrente, seguidamente se registran los elementos de persuasión con trascendencia para la decisión que se está adoptando.

a) Demanda en la que se afirma que “la señora Melba Inés Rodríguez Gómez (...) se encuentra vinculada a la EPS Famisanar y a la IPS Colsubsidio, (...) en calidad de cotizante” y que su esposo “Julio Enrique Cantillo Rueda (...) estaba afiliado a Famisanar como beneficiario del POS”(1), nexo este aceptado por las demandadas, en sus respectivas contestaciones (fls. 106 y 163, cdno. 1).

b) Copia del formulario único de afiliación e inscripción a la EPS Famisanar, régimen contributivo para trabajadores dependientes y servidores públicos, en donde “Julio Enrique Cantillo Rueda” figura como beneficiario de “Melba Inés Rodríguez Gómez”, documento aportado por la mencionada empresa promotora de salud (fl. 156, cdno. 1).

c) Historia clínica correspondiente a Julio Enrique Cantillo Rueda, en la que se consignó la sintomatología padecida, el diagnóstico y el tratamiento a seguir, cuyo contenido se plasmará con posterioridad.

d) Electrocardiograma practicado al citado afectado, a las 2:46 p.m. del 26 de junio de 2003, en el que uno de los cardiólogos que lo analizó interpretó “Infarto anterior extenso en evolución y/o aneurisma ventricular” y el otro, “Necrosis antero-lateral evolutiva” (fls. 13, 14 y 15, cdno. 1).

e) Registro civil de defunción de Julio Enrique Cantillo Rueda en donde costa que su muerte se produjo a las 5:00 p.m. del 27 de junio de 2003 (fl. 9, cdno. 1).

f) “Registros civiles” de nacimiento de Julián Enrique, Aiza Fernanda y César Augusto Cantillo Rodríguez, y de matrimonio del mencionado fallecido con Melba Inés Rodríguez Gómez (fls. 5 a 8, cdno. 1).

g) Facturas de servicios por “Consulta Medicina General” y “Gastroenterología”, lo mismo que órdenes para “CK, CK MB Urgente” y “Esofagogastroduodenoscopia (EGD) con biopsia cerrada SOD (...) motivo: SX Dispeptico Prioritaria”, todas de fecha 26 de junio de 2003, siendo programada esta última para las 8:15 a.m. del siguiente 3 de julio. En aquella data se dispuso “control (extra) por gastro con EGD K 207 (dolor torácico)”, se ordenó el “medicamento omeprazol capsula 20 mg”, con la observación de que “debe dejar el cigarrillo y el tinto” y se autorizó taller de obesidad para las 6:00 p.m. del 8 del último mes citado (fls. 16 a 21, cdno. 1).

h) Copia del informe realizado por una profesional especializada del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que luego del “estudio macro y microscópico del cuerpo del señor Julio Enrique Cantillo Rueda”, de referir los antecedentes registrados que lo llevaron a consultar horas antes de su deceso, lo mismo que la atención médica brindada y los hallazgos de la necropsia, concluyó que este “fallece en choque cardiogénico, secundario a miocarditis aguda infecciosa”. Explica que “la miocarditis es una patología de muy difícil diagnóstico, que en el 50% de los casos, se camufla entre la sintomatología de múltiples otras patologías, que si bien es cierto frecuentemente cursa de forma autolimitada, esto quiere decir se alivia sola (como una gripe), también puede ser crónica o fulminante (causar la muerte de forma rápida) como en este caso”. Indica igualmente que “en el evento que aquel o su familia, a causa de la persistencia y empeoramiento de la sintomatología, hubieren decidido reconsultar por el servicio de urgencias y posterior a ello se hubiere logrado el diagnóstico certero de miocarditis, no hay manera de garantizar la sobre vida de este paciente” (fl 131-137, cdno. 4).

i) Testimonio de Luz Haydeé Rodríguez Gómez quien da cuenta de que el día de las exequias de Julio Enrique Cantillo Rueda recibió una llamada de Famisanar en donde se le solicitaba el traslado de aquel al centro médico más cercano porque el “electro” a él realizado “había salido un poquito mal” (fls. 91-94, cdno. 4).

7. Como quiera que la responsabilidad que se pide declarar deviene de la atención brindada por la accionada a la salud del señor Julio Enrique Cantillo Rueda, conviene comenzar precisando que los deberes jurídicos de los médicos se hallan contemplados en la Ley 23 de 1981 y en su Decreto Reglamentario 3380 de la misma anualidad, normatividades que integradas a las pertinentes disposiciones del Código Civil, permiten establecer los parámetros orientadores de la “responsabilidad civil contractual o extracontractual”, en desarrollo de su relación con el paciente, que al tenor del artículo 5º del citado estatuto de ética médica, se cumple “por decisión voluntaria y espontánea de ambas partes”; en virtud de “acción unilateral del médico, en caso de emergencia”; a “solicitud de terceras personas”, y al “haber adquirido el compromiso de atender a personas que están a cargo de una entidad privada o pública”.

8. Bajo ese contexto, en relación con la naturaleza de las “obligaciones o deberes” que los galenos asumen, al igual que lo concerniente a la carga de la prueba sobre la culpa, aspectos sobre los que básicamente la casasionista centra sus reproches, resulta pertinente, en aras de alcanzar una adecuada ilustración al respecto, reseñar el criterio aplicado por esta corporación en algunos de sus pronunciamientos, a saber:

8.1. La sentencia de 5 de marzo de 1940, constituye uno de los precedentes de frecuente recordación, pues precisó que la “obligación del médico” es por regla general de “medio”, y en esa medida “(...) el facultativo está obligado a desplegar en pro de su cliente los conocimientos de su ciencia y pericia y los cuidados de prudencia sin que pueda ser responsable del funesto desenlace de la enfermedad que padece su cliente o de la no curación de este”, y en punto de la “culpa” se comentó: “(...) la responsabilidad del médico no es ilimitada ni motivada por cualquier causa sino que exige no solo la certidumbre de la culpa del médico sino también la gravedad. (...) no la admiten cuando el acto que se le imputa al médico es científicamente discutible y en materia de gravedad de aquélla es preciso que la culpa sea grave, (...)” (G.J. 1953, pág. 119).

8.2. En fallo de 12 de septiembre de 1985, se expuso: “(...) con relación a las obligaciones que el médico asume frente a su cliente, hoy no se discute que el contrato de servicios profesionales implica para el galeno el compromiso si no exactamente de curar al enfermo, sí al menos de suministrarle los cuidados concienzudos, solícitos y conformes con los datos adquiridos por la ciencia, (...). Por tanto, el médico tan solo se obliga a poner en actividad todos los medios que tenga a su alcance para curar al enfermo; de suerte que en caso de reclamación, este deberá probar la culpa del médico, sin que sea suficiente demostrar ausencia de curación” (G.J. CLXXX 2419, pág. 420).

8.3. Posteriormente al estudiar un caso por responsabilidad derivada de un procedimiento de “cirugía plástica”, en las consideraciones generales iteró los deberes antes referidos, enfatizando que “(...) cuando por su negligencia, descuido u omisión causa perjuicios en la salud de aquellos, incurre en una conducta ilícita, que será calificada por el juez según su magnitud, desde la simple culpa hasta la más grave, para así mismo imponer al demandado la respectiva condena a indemnizar la víctima el daño causado, (...)”. Adicionalmente se dijo que mediante el contrato de prestación de servicios, el facultativo se compromete a tratar al paciente, para lo cual “(...) debe emplear sus conocimientos profesionales en forma ética, con el cuidado y diligencia que se requieran, sin que, como es lógico, pueda garantizar al enfermo su curación ya que esta no siempre depende de la acción que desarrolla el galeno pues pueden sobrevenir circunstancias negativas imposibles de prever. (...). El demandado podrá exonerarse de responsabilidad demostrando ausencia de culpa, por haber puesto todo el cuidado que el caso requería, caso fortuito, fuerza mayor o culpa del paciente por no haber cumplido las prescripciones respectivas. —(...). Síguese de lo dicho que para que pueda darse la responsabilidad de que se trata, será necesario establecer primero la existencia de la relación contractual entre el demandante y el demandado, (...). En segundo lugar, habrá de probarse el daño causado a la víctima, luego la conducta descuidada del demandado y por último que ésta fue la causante de tal daño”; acotando con relación a la “cirugía estética”, que “(...) cuando el fin buscado con la intervención es la corrección de un defecto físico, pueden darse situaciones diversas que así mismo tendrán consecuencias distintas respecto de la responsabilidad del cirujano—. Así las cosas, deberá establecerse cuál fue la obligación del cirujano con el paciente, para deducir si el fracaso de su operación le hace o no responsable. Cuando en el contrato hubiere asegurado un determinado resultado, si no lo obtiene será culpable y tendrá que indemnizar a la víctima, salvo que se den los casos de exoneración (...)” (Sent., nov. 26/86, G.J. CLXXXIV, 2423, págs. 743-745).

8.4. En sentencia sustitutiva de 12 de julio de 1994, en la que se examinó la responsabilidad de una institución de salud, por razón de las secuelas de un paciente a quien le prestó algunos servicios médicos, se indicó que aquella se origina “(...) cuando en desarrollo del correspondiente contrato se incurre en culpa profesional o institucional del caso (...). Luego, para que esta culpa sea idónea en su responsabilidad es necesario que sea imputable al profesional o institución médica correspondiente y que además sea la causa eficiente de los perjuicios que se ocasionen al paciente, esto es, igualmente indispensable que exista relación de causalidad entre la primera y los últimos” (G.J. CCXXXI, 2470, pág. 306).

8.5. Por su parte, la decisión de 30 de enero de 2001 precisa los criterios aplicados con antelación, frente a controversias relacionadas con este asunto en la que sobre el particular expresó: “(...) para ser coherentes en el estudio del tema, se pudiera afirmar que en este tipo de responsabilidad como en cualquiera otra, deben concurrir todos los elementos o presupuestos materiales para el éxito de la pretensión, empezando por supuesto con la prueba del contrato, que es carga del paciente, puesto que es esta relación jurídica la que lo hace acreedor de la prestación del servicio médico, de la atención y el cuidado. Igualmente, corresponde al paciente, probar el daño padecido (lesión física o psíquica) y consecuentemente el perjuicio patrimonial o moral cuyo resarcimiento pretende. Ahora, probado este último elemento, sin duda alguna, como antes se explicó, que lo nuclear del problema está en la relación de causalidad adecuada entre el comportamiento activo o pasivo del deudor y el daño padecido por el acreedor, pues es aquí donde entran en juego los deberes jurídicos de atención y cuidado que en el caso concreto hubo de asumir el médico y el fenómeno de la imputabilidad, es decir, la atribución subjetiva, a título de dolo o culpa. Pero es precisamente en este sector del comportamiento en relación con las prestaciones debidas, donde no es posible sentar reglas probatorias absolutas con independencia del caso concreto, pues los habrá donde el onus probandi permanezca inmodificable, o donde sea dable hacer actuar presunciones judiciales, como aquellas que en ocasiones referenciadas ha tenido en cuenta la Corte, pero también aquellos donde cobre vigencia ese carácter dinámico de la carga de la prueba, para exigir de cada una de las partes dentro de un marco de lealtad y colaboración, y dadas las circunstancias de hecho, la prueba de los supuestos configurantes del tema de decisión. Todo, se reitera, teniendo en cuenta las características particulares del caso: autor, profesionalidad, estado de la técnica, complejidad de la intervención, medios disponibles, estado del paciente y otras circunstancias exógenas, como el tiempo y el lugar del ejercicio, pues no de otra manera, con justicia y equidad, se pudiera determinar la corrección del acto médico (lex artix)”.

8.6. En lo que atañe a las entidades prestadoras de servicios de salud, en casación de 22 de julio de 2010, Expediente 2000-00042-01, precisó que “los establecimientos clínicos, hospitalarios y similares son aquellas instituciones prestadoras de los servicios de salud, ya sean públicas, privadas o mixtas, en las fases de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación física o mental, y que éstas pueden clasificarse, según el tipo de servicios que ofrezcan, como instituciones hospitalarias e instituciones ambulatorias de baja, media y alta complejidad (Minsalud, Res. 4445/96, arts. 1º y 2º).

“(...) En tratándose de la responsabilidad directa de las referidas instituciones, con ocasión del cumplimiento del acto médico en sentido estricto, es necesario puntualizar que ellas se verán comprometidas cuando lo ejecutan mediante sus órganos, dependientes, subordinados o, en general, mediando la intervención de médicos que, dada la naturaleza jurídica de la relación que los vincule, las comprometa. En ese orden de ideas, los centros clínicos u hospitalarios incurrirán en responsabilidad en tanto y cuanto se demuestre que los profesionales a ellos vinculados incurrieron en culpa en el diagnóstico, en el tratamiento o en la intervención quirúrgica del paciente. Por supuesto que, si bien el pacto de prestación del servicio médico puede generar diversas obligaciones a cargo del profesional que lo asume, y que atendiendo a la naturaleza de estas dependerá, igualmente, su responsabilidad, no es menos cierto que, en tratándose de la ejecución del acto médico propiamente dicho, deberá indemnizar, en línea de principio y dejando a salvo algunas excepciones, los perjuicios que ocasione mediando culpa, en particular la llamada culpa profesional, o dolo, cuya carga probatoria asume el demandante, sin que sea admisible un principio general encaminado a establecer de manera absoluta una presunción de culpa de los facultativos (Sents., mar. 5/40, sep. 12/85, ene. 30/2001, entre otras).

“Empero, a esa conclusión no se opone que el juez, atendiendo los mandatos de la sana crítica y mediante diversos procedimientos racionales que flexibilizan el rigor de las reglas de la carga de la prueba, asiente determinadas inferencias lógicas enderezadas a deducir la culpabilidad médica en el caso concreto. En efecto, como quiera que es posible que una rigurosa aplicación de la disposición contenida en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil puede aparejar en este ámbito el fracaso de la finalidad reparadora del régimen de la responsabilidad civil, particularmente, por las dificultades probatorias en las que se puede encontrar la víctima, no es insensible la Corte ante esa situación, motivo por el cual asienta que, teniendo en consideración las particularidades de cada caso en concreto, lo que repele indebidos intentos de generalización o de alteración de los principios y mandatos legales, y en la medida que sea posible, puede el juez acudir a diversos instrumentos que atenúan o “dulcifican” (como lo denominan la doctrina y la jurisprudencia españolas) el rigor del reseñado precepto.

“Así, dependiendo de las circunstancias del asunto, se insiste una vez más, es posible que el juez, con sujeción a las normas jurídicas y de la mano de las reglas de la experiencia, el sentido común, la ciencia o la lógica, deduzca ciertas presunciones (simples o de hombre) relativas a la culpa galénica; o que lo haga a partir de indicios endoprocesales derivados de la conducta de las partes (art. 249 Ibíd.); o que acuda a razonamientos lógicos como el principio res ipsa loquitur (como cuando se olvida una gasa o material quirúrgico en la zona intervenida, o se amputa el miembro equivocado, etc.); o teniendo en consideración la manifiesta anormalidad de las consecuencias del acto médico deduzca una ‘culpa virtual’ o un ‘resultado desproporcionado’, todo lo anterior, se reitera aún a riesgo de fastidiar, sin que sea admisible la aplicación de criterios generales que sistemática e invariablemente quebranten las reglas de distribución de la carga de la prueba previstos en el ordenamiento”.

8.7. Respecto del “acto médico”, en fallo de 26 de noviembre de 2010 Expediente 08667-01, expuso “(...) que se trata de toda aquella actividad mediante la cual el galeno se compromete a emplear su habilidad y sapiencia con miras a curar al enfermo; para tal efecto, debe desarrollar un conjunto de labores encaminadas al diagnóstico, pronóstico y tratamiento de aquel y, de ser el caso, a intervenirlo quirúrgicamente”.

8.8. Y en casación de 30 de noviembre de 2011, Expediente 1999-01502-01 anotó que “(...) en línea de principio, las acciones dirigidas a que se declare la responsabilidad civil derivada de la actividad profesional médica, siguen la regla general que en cuanto hace a la carga probatoria contempla el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, por lo que compete al demandante acreditar sus elementos estructurales, entre ellos, la culpa de la parte demandada, sin que tal deber resulte desvirtuado por la circunstancia de que, según las particularidades de determinados casos, pueda flexibilizarse dicho principio procesal y, en tal virtud, recurrirse a instrumentos lógicos como lo señalados por la Corte, en procura de tener por acreditados los requisitos axiológicos propios de la indicada clase de responsabilidad civil, en particular el atinente a la imputación subjetiva del galeno demandado”.

9. Dado que el tribunal sustentó su fallo denegatorio de las pretensiones, en el dictamen pericial rendido por la médica forense “Adriana J. Mendoza Jiménez, ante la Fiscal 52 Seccional”, indicativo de que el “choque cardiogénico, secundario a miocarditis aguda infecciosa” que generó la muerte del señor Cantillo Rueda es difícil de establecer, pues en el 50% de los casos, se camufla con la sintomatología de otras patologías y que de todas formas, de haberse logrado un diagnóstico certero de miocarditis, no se podría garantizar la “sobre vida” del paciente, a partir de lo cual el sentenciador consideró que el tratamiento de la sintomatología de aquel fue correcto y que la parte demandada procedió conforme a la “lex artis”, se impone señalar que al no haberse ocupado de la integridad de los medios de persuasión, tal juzgador incurrió en el yerro fáctico que por pretermisión le endilgan los censores.

En efecto, el ad quem no vio la documentación que informa sobre las condiciones en que se encontraba Julio Enrique Cantillo Rueda al momento en que concurrió al Centro médico de Colsubsidio ciudad Roma a consultar el malestar que lo aquejaba, como tampoco la correspondiente al resultado del examen que le fue realizado varias horas después de tal ingreso.

Así, ignoró la historia clínica demostrativa de que a las “9:35” del 26 de junio de 2003, el nombrado paciente acudió por urgencias al indicado lugar y que el galeno Javier Murillo Segovia que lo atendió, registró como motivo de consulta “dolor en la boca del estómago” y “enfermedad actual: cuadro de dolor epigástrico de 6 días de evolución asociado a nauseas, es un dolor opresivo. El dolor se extendió a todo el pecho y a ambos brazos. Hoy en la mañana tomó un tinto y tuvo una arcada con aparente vómito de sangre. Fumador crónico y toma mucho tinto”. Se indicó igualmente que la evaluación física fue normal y que el abdomen se encontró “balndo (sic) deprsible (sic) sin dolor”, se le diagnosticó “gastritis, no especificada”, se ordenó “consulta gastroenterología” y se le formuló “omeprazol cápsula 20 mg”, cantidad “20”, para “tomar una al día”.

Tampoco advirtió los registros allí insertos en cuanto a que su remisión a “consulta gastroenterología”, se hizo en esa data de manera ambulatoria, siendo valorado por la profesional Ebhrahim Aponte Jessenmyn a las 14:17 en el “centro médico calle 63”, quien registró como “motivo de consulta: Refiere dolor tipo ‘opresivo’ en epigastrio irradiado a los MS. asociado a nauseas, malestar Gral que se exacerba con los alimentos. Niega sangrado. Apers Neg. Afam Neg EF ansioso, llanto fácil. Resto EF normal.- IDX T. Ansiedad, + SX dispeptico”, consignó en “enfermedad actual: Plan SS EGD urgente, OMP 20 día, ss EKG”, calificó su malestar como “gastritis, no especificada” y dispuso “Esofagogastroduodenoscopia (EGD) con biopsia cerrada SOD”. Así mismo anotó como antecedentes médicos patológicos “Corea, AR Juvenil, quirúrgicos Amígdalas y adicciones fumador 10 c día. Tinto 8 al día” (fls. 10 y 11).

El tribunal, igualmente inobservó los elementos de juicio que dan cuenta de que el electrocardiograma ordenado por la aludida especialista, si bien se realizó a las 2:46 p.m. del 26 de junio de 2003, no fue analizado prontamente, pues el “Informe de electrocardiograma” registra como “fecha junio 27/03”, nombre: “Julio E. Cantillo” de 52 años y el siguiente texto: “Ritmo: Sinusal”, “frecuenia 114 x min”, “interpretación: Infarto anterior extenso en evolución y/o aneurisma ventricular”, “(copia reporte inicial)”, “Doctor Whimen Rodríguez médico cardiólogo” (fl. 15) y en el folio 13, respecto del mencionado paciente, otro especialista registró: “Ritmo: Sinusal. Frecuencia: 104/mto. AQRS: Normal. R amputada de V1 a V5. Supradesnivel de ST. Necrosis antero-lateral evolutiva. Lectura hecha VII-2/03 a solicitud de familiares. Doctor Jaime Bueno Alba médico cardiólogo”.

De igual forma omitió el testimonio de Luz Haydeé Rodríguez Gómez quien con relación a “los hechos que rodearon el fallecimiento del señor Julio Enrique Cantillo Rueda”, en lo pertinente informó: “Él se sintió enfermo y lo llevaron al centro médico de Ciudad Roma, lo llevó la esposa, lo vio el médico y lo envió a otros especialistas y le realizaron algunos exámenes, posteriormente ellos fueron al centro médico de la calle 63 con carrera 24 donde lo vio la gastroenterología (sic), y ella le ordenó un electro y otros exámenes, creo que eran de sangre, le hicieron el electro, no tengo certeza si fue el mismo día o después, pero sé que le hicieron el electro, él se fue para la casa, posteriormente siguió mal y fue cuando falleció. El día que estábamos en las exequias, contesté una llamada de Famisanar, la persona que llamó preguntó por el señor Julio Cantillo y me dijo que era él (sic) se había tomado un electro y le había salido un poquito mal, que por favor se dirigiera al centro médico más cercano. Yo le contesté que ya era tarde porque él ya había fallecido, no me dijo nada. Una vez pasó todo lo de las exequias fuimos con Melba mi hermana a Famisanar de la calle 63 donde le habían tomado el electro, y preguntamos por el resultado del examen, la persona que nos atendió lo buscó y lo encontró sin ninguna lectura, nos dijo que esperáramos un momentico y habló con un médico que estaba ahí, el médico nos dijo que eso no tenía lectura y ya nosotros le comentamos que el paciente había fallecido, él se demoró en hacernos la lectura, porque inicialmente no la iba a hacer porque dijo que no estaba de turno ese día, nosotros le pedimos el favor que nos la hiciera y que aclarara que él no estaba de turno, se demoró en hacernos la lectura, pero la hizo y nos la entregaron (...) El médico mismo nos dijo que no lo había atendido y por eso no iba a hacer la lectura del electro y nos dijo que no porque él se metía en un problema y al final nos la entregaron” (fls. 91-94, cdno. 4).

10. Retomando los cuestionamientos de la recurrente, para quien la pretermisión de las anteriores pruebas, particularmente las atinentes al electrocardiograma, su tardía lectura y comunicación a la parte actora, lo mismo que la falta del “debido seguimiento al crítico estado de salud que presentaba” el enfermo, la valoración única y aislada del dictamen rendido ante la fiscalía, le impidió al ad quem ver la responsabilidad de las accionadas, cabe decir que el estudio de los medios de persuasión evidencia el desatino judicial denunciado, con trascendencia en la determinación adoptada.

Según ha quedado visto, el señor “Julio Enrique Cantillo Rueda”, en calidad de beneficiario de su cónyuge “Melba Inés Rodríguez Gómez” afiliado en el sistema general de seguridad social en salud a la EPS Famisanar, el 26 de junio de 2003 concurrió por “urgencias” al Centro médico de Ciudad Roma a consultar por el “dolor en la boca del estómago” y según el galeno que lo atendió a las “9:35”, presentaba “cuadro de dolor epigástrico de 6 días de evolución asociado a nauseas, (...) opresivo (...) que se extendía a todo el pecho y a ambos brazos” agregando que “en la mañana tomó un tinto y tuvo una arcada con aparente vómito de sangre. Fumador crónico y toma mucho tinto” y aunque para la “gastritis, no especificada” que se le indicó, le formuló “omeprazol cápsula 20 mg”, cantidad “20”, no acudió a ningún examen de apoyo para confirmar o descartar dicha afección.

Ahora bien, a pesar de que este profesional expidió orden para consultar por gastroenterología, lo hizo de manera ambulatoria, por lo que después de cuatro horas, esto es, a las “14:17” fue valorado por la especialista quien no obstante coincidir en el diagnóstico y disponer la realización, entre otros exámenes, de un electrocardiograma, lo que indica que concibió una posible afección cardiaca, lo cierto fue que habiéndose practicado a las 2:46 p.m. de ese 26 de junio de 2003, el resultado del mismo no se dio a conocer al paciente, ni a su acompañante, tampoco fue analizado prontamente, como correspondía por la médica que lo prescribió y menos por el profesional experto en cardiología, lo que denota una inadecuada prestación del servicio requerido por el enfermo.

La jurisprudencia de esta Sala ha señalado que “(...) el galeno debe asumir, con un elevado e impoluto sentido de la responsabilidad, una serie de conductas encaminadas a la humanización (humanitas) y a la profesionalización de su elevado ministerio, vale decir un plexo de deberes que, articulados, integran la —llamada— deontología médica (tejido comportamental), enderezada, entre varios cometidos, a la búsqueda de una cabal prestación del servicio a su cargo y, ante todo, al respeto irrestricto de la vida humana, y a la preservación o mejoramiento de la salud —física y mental— e integridad de las personas, rectamente entendida, todo de cara a la sociedad y a los demás profesionales inmersos en la misma ciencia, sus pares. (...) el médico, en el ejercicio de su profesión, está sometido al cumplimiento de una serie de deberes de diversa naturaleza, muy particularmente de raigambre ética —no por ello desprovistos de eficacia jurídica—, los cuales podrán servir de parámetro para evaluar, en un momento determinado, el grado de diligencia y responsabilidad empleados por el galeno en el cumplimiento de su oficio. Es por ello por lo que, se ha entendido que las normas que disciplinan la ética médica, se traducen en componente de su lex artis, con todo lo que ello supone, especialmente en la esfera de su responsabilidad, como tal, susceptible de ser valorada o, si se prefiere, juzgada, por los órganos y autoridades competentes para ello. (...)” (Sent., dic. 18/2009, Exp. 1999-00533-01).

11. De lo anterior se desprende entonces, que cuando la entidad o galeno a cuyo cargo se halla la atención de la salud de un paciente, no observa los deberes que le competen dirigidos a salvaguardar o mejorar el estado físico o mental de aquel, por ejemplo, porque deja de utilizar los medios diagnósticos aconsejados, se despreocupa de los resultados de los exámenes que ha dispuesto, lo formula tardíamente o deja de hacerlo cuando era necesario, omite sin excusa las respectivas remisiones o interconsultas si a ellas hay lugar con la prontitud necesaria, compromete su responsabilidad, lo que por tanto, puede generar obligación de resarcir los daños que esa negligencia le irrogue al afectado.

Según consta a folio 20 cuaderno 1, la especialista en medicina interna y gastroenterología, el mismo “26/06/03” identificó el malestar padecido por el señor “julio Cantillo” como “(dolor torácico)”, afección respecto de la cual, en el libro “Guías de valoración del daño corporal de la Universidad CES y Señal Editora”, en el artículo “el dolor torácico y el síndrome coronario agudo” (págs. 394-412), se informa que aquella dolencia “es un síntoma que puede ser la expresión de múltiples enfermedades, y al cual hay que prestarle atención cuando el paciente consulta, debido a que en un porcentaje significativo este dolor es causado por una enfermedad que amenaza la vida de la persona. Entre las causas más importantes de dolor torácico tenemos: la obstrucción o la estenosis de las arterias coronarias (angina de pecho e infarto del miocardio); la apericarditis; el trombo embolismo pulmonar; la disección aórtica; la pleuritis, el neumotórax, una neumonía, una neoplasia, el espasmo del esófago; la esofagitis; la hernia hiatal; la pancreatitis; los cálculos en la vesícula, las enfermedades del estómago y el duodeno, como la úlcera gástrica, la gastritis, la úlcera duodenal y la duodenitis; y las de origen osteomuscular, como las cervicodorsalgias, la costocondritis; la inflamación de los nervios periféricos (neuritis), como el herpes zoster (culebrilla)”. Agrega que “el objetivo básico de la evaluación es detectar las enfermedades que puedan comprometer la vida del paciente. La valoración del paciente con dolor torácico en un servicio de urgencia debe ser rápida, pero completa”. También anota que el “electrocardiograma es la prueba de oro en un servicio de urgencias. Su análisis, en una sospecha clínica de un síndrome coronario agudo, es determinante en la estratificación del paciente y en el tipo de tratamiento que se le va a suministrar (terapia de reperfusión)”.

12. De la precedente literatura se infiere que, dada la formación profesional del médico que inicialmente y por urgencias atendió al mencionado paciente, en consideración a la edad de este (52 años), hábitos (fumador crónico y tomador de tinto) y los mismos signos y síntomas que presentaba (dolor epigástrico, opresivo, extendido a todo el pecho y a ambos brazos, nauseabundo), aquel se encontraba en capacidad de analizar que para una acertada diagnosis, debía valerse de recursos como el electrocardiograma o en caso de que en ese sitio careciera del instrumental para obtenerlo, la remisión igualmente de forma urgente, a donde fuera viable su realización. Como procedió desconociendo tales factores de riesgo y las posibilidades de establecer la verdadera causa del padecimiento, realizó un diagnóstico preliminar inconsulto y dio una fórmula inicial de medicamentos que se acreditó, no guardaba relación con las manifestaciones o patología del paciente, ese descuido se muestra con entidad para comprometer la responsabilidad institucional que se pide declarar.

En relación con las diversas situaciones a que se ve sometido el médico cuando realiza el diagnóstico, la Corte ha reiterado que ese proceder “(...) está constituido por el conjunto de actos enderezados a determinar la naturaleza y trascendencia de la enfermedad padecida por el paciente, con el fin de diseñar el plan de tratamiento correspondiente, de cuya ejecución dependerá la recuperación de la salud, según las particulares condiciones de aquel. Esta fase de la intervención del profesional suele comprender la exploración y la auscultación del enfermo y, en general la labor de elaborar cuidadosamente la ‘anamnesia’, vale decir, la recopilación de datos clínicos del paciente que sean relevantes.

“Trátase, ciertamente, de una tarea compleja, en la que el médico debe afrontar distintas dificultades, como las derivadas de la diversidad o similitud de síntomas y patologías, la atipicidad e inespecificidad de las manifestaciones sintomáticas, la prohibición de someter al paciente a riesgos innecesarios, sin olvidar las políticas de gasto adoptadas por los órganos administradores del servicio. Así por ejemplo, la variedad de procesos patológicos y de síntomas (análogos, comunes o insólitos), difíciles de interpretar, pueden comportar varias impresiones diagnosticas que se presentan como posibles, circunstancias que, sin duda, complican la labor del médico, motivo por el cual para efectos de establecer su culpabilidad se impone evaluar, en cada caso concreto, si aquel agotó los procedimientos que la lex artis ad hoc recomienda para acertar en él.

“En todo caso, sobre el punto, la Corte debe asentar una reflexión cardinal consistente en que será el error culposo en el que aquel incurra en el diagnóstico el que comprometerá su responsabilidad; vale decir, que como la ciencia médica ni quienes la ejercen son infalibles, ni cosa tal puede exigírseles, solo los yerros derivados de la imprudencia, impericia, ligereza o del descuido de los galenos darán lugar a imponerles la obligación de reparar los daños que con un equivocada diagnosis ocasionen. Así ocurrirá, y esto se dice a manera simplemente ejemplificativa, cuando su parecer u opinión errada obedeció a defectos de actualización respecto del estado del arte de la profesión o la especialización, o porque no auscultaron correctamente al paciente, o porque se abstuvieron de ordenar los exámenes o monitoreos recomendables, teniendo en consideración las circunstancias del caso, entre otras hipótesis. En fin, comprometen su responsabilidad cuando, por ejemplo, emitan una impresión diagnóstica que otro profesional de su misma especialidad no habría acogido, o cuando no se apoyaron, estando en la posibilidad de hacerlo, en los exámenes que ordinariamente deben practicarse para auscultar la causa del cuadro clínico, o si tratándose de un caso que demanda el conocimiento de otros especialistas omiten interconsultarlo, o cuando, sin justificación valedera, dejan de acudir al uso de todos los recursos brindados por la ciencia.

“Por el contrario, aquellos errores inculpables que se originan en la equivocidad o ambigüedad de la situación del paciente, o las derivadas de las reacciones imprevisibles de su organismo, o en la manifestación tardía o incierta de los síntomas, entre muchas otras, que pueden calificarse como aleas de la medicina no comprometen su responsabilidad.

“Por supuesto que esto coloca al juez ante un singular apremio, consistente en diferenciar el error culposo del que no lo es, pero tal problema es superable acudiendo a la apreciación de los medios utilizados para obtener el diagnóstico, a la determinación de la negligencia en la que hubiese incurrido en la valoración de los síntomas; en la equivocación que cometa en aquellos casos, no pocos, ciertamente, en los que, dadas las características de la sintomatología, era exigible exactitud en el diagnóstico, o cuando la ayuda diagnóstica arrojaba la suficiente certeza. De manera, pues, que el meollo del asunto es determinar cuáles recursos habría empleado un médico prudente y diligente para dar una certera diagnosis, y si ellos fueron o no aprovechados, y en este último caso porque no lo fueron” (Sent., jun. 28/2011, Exp. 1998-00869-00).

13. En este caso ha de notarse que a pesar de haberse realizado el “electrocardiograma” ordenado por la gastroenteróloga que atendió al señor Cantillo Rueda en “Colsubsidio de la Calle 63”, actuación que se desplegó 4 horas después de su inicial valoración, dicho examen que era prioritario, dadas las características de salud que presentaba el paciente, no fue interpretado inmediatamente como debía procederse, omisión que impidió conocer y tratar adecuada y oportunamente, la afección coronaria que en esos momentos presentaba el hoy fallecido, es decir, el “infarto anterior extenso en evolución y/o aneurisma ventricular”, como lo interpretó el cardiólogo Whimen Rodríguez, o “Necrosis antero-lateral evolutiva” según la lectura del doctor Jaime Bueno, de la misma especialidad del anterior, incuria que culminó con el fallecimiento “en choque cardiogénico, secundario a miocarditis aguda infecciosa” del multicitado enfermo.

La ausencia de análisis pronto queda demostrada, no solo con la afirmación efectuada en el hecho décimo de la demanda en cuanto a la data en que podía ser retirado, esto es, el miércoles 2 de julio, respecto de lo cual nada replicaron las accionadas, sino con la declaración de Luz Haydeé Rodríguez Gómez, quien asegura que después del sepelio de Julio Enrique Cantillo acompañó a Melba Rodríguez a Famisanar de la calle 63, lugar en donde le habían tomado el “electro” y al preguntar por el resultado del mismo, fue hallado sin ninguna lectura, por lo que después de insistir, uno de los médicos que allí se encontraba accedió a explicarlo.

Es más, el análisis tardío del aludido examen se confirma con lo plasmado por el cardiólogo Jaime Bueno Alba quien da cuenta de haber realizado la “lectura” el 2 de julio de 2003 “a solicitud de familiares”, elemento de juicio este demostrativo de que a esa data aún no se había realizado su estudio, no obstante que en el “informe de electrocardiograma” suscrito por el especialista Whimen Rodríguez se haya consignado que lo fue el 27 de junio de tal anualidad, esto es, al día siguiente de efectuado, momento que de todas formas acredita su nefasto retardo.

14. De todo lo expuesto emerge que la incompleta valoración de los elementos de juicio incorporados al proceso condujeron al sentenciador de segundo grado a cometer los yerros manifiestos y trascendentes endilgados por el recurrente extraordinario, pretermisión que contrario a lo que aquellos evidencian, llevó al Tribunal a sostener la falta de acreditación de “la negligencia, impericia o imprudencia del galeno o galenos que atendieron al señor Julio Enrique el 26 de junio de 2003” y que los mismos procedieron con observancia de la lex artis.

El yerro judicial deviene entonces, de haber dejado de evaluar tanto la historia clínica que da cuenta del estado de salud en que por “urgencias” llegó el enfermo al Centro Médico Colsubsidio de Ciudad Roma, como las pruebas indicativas de que habiéndose realizado de manera prioritaria el electrocardiograma ordenado, demostrativo de que en esos momentos Julio Enrique Cantillo Rueda presentaba un “infarto anterior extenso en evolución”, injustificadamente se pospuso su lectura para otro día, lo que impidió conocer y tratar oportuna y adecuadamente su verdadero padecimiento.

Lo anterior pone de presente así mismo que el ad quem se equivocó al soportar su determinación únicamente en “el dictamen pericial rendido ante la jurisdicción penal”, puesto que este tampoco tuvo en cuenta los precitados medios persuasivos, imposibilitando por tanto, que la profesional del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que lo llevó a cabo, conceptuara respecto de los efectos que para la salud y la vida acarrea la falta de atención pronta y apropiada de una dolencia como la que en esos momentos presentaba el ahora fallecido.

En tales condiciones, el error del tribunal se consolidó al acoger la aludida experticia de forma aislada y autónoma, desconociendo la realidad reflejada por los restantes elementos de juicio que dan cuenta de las circunstancias que precedieron el “choque cardiogénico, secundario a miocarditis aguda infecciosa” motivo de la muerte del esposo y padre de los demandantes.

Es cierto que el sentenciador de instancia goza de autonomía para calificar y apreciar la firmeza, precisión y calidad de los fundamentos del peritaje; empero, las apreciaciones que en él se consignen serán acogidas en su integridad, cuando las mismas no sean contraevidentes, como aquí acontece.

En efecto, el juzgador de segundo grado, dejando de lado las pruebas destacadas por la censura y a partir de lo expuesto en el dictamen, en cuanto a que “la miocarditis es una patología de muy difícil diagnóstico, que en el 50% de los casos, se camufla entre la sintomatología de múltiples otras patologías (...), y que “en el evento que el señor Julio enrique Cantillo Rueda o su familia, a causa de la persistencia y empeoramiento de la sintomatología, hubieren decidido reconsultar por el servicio de urgencias y posterior a ello se hubiere logrado el diagnóstico certero de miocarditis, no hay manera de garantizar la sobre vida de este paciente”, concluyó en la ausencia de culpa de las accionadas, cuando tal elemento de la responsabilidad aflora de los autos.

Respecto de lo anterior cabe señalar que el reproche de la actuación médica deviene de la negligencia y omisión de cuidado por parte de los encargados de atender la salud del enfermo, pues aquellos desperdiciaron las posibilidades con que se contaba para conocer el verdadero diagnóstico de su padecimiento, privándolo del tratamiento oportuno, humana y razonablemente buscado, lo que en consecuencia disminuyó y más bien, eliminó la viabilidad de sanación y preservación de su vida.

Ahora, cuando se presentan acontecimientos en los que a pesar de una actuación diligente, del uso oportuno y adecuado de los recursos técnicos, profesionales y administrativos con los que contaba el profesional de la salud se produce el daño, este no será materia de resarcimiento, por haber desbordado las posibilidades o intervención al alcance del galeno.

Al respecto ha dicho la Corte que “(...) no puede desconocerse que no son pocas las circunstancias en que ciertos eventos escapan al control del médico (...) pues a pesar de la prudencia y diligencia con las que actúe en su ejercicio profesional, no puede prevenir o evitar algunas consecuencias dañosas. Así acontece, verbi gratia, en aquellas situaciones en las que obran limitaciones o aleas propias de la ciencia médica, o aquellas que se derivan del estado del paciente o que provengan de sus reacciones orgánicas imprevisibles o de patologías iatrogénicas o las causadas por el riesgo anestésico, entre otras, las cuales podrían calificarse en algunas hipótesis como verdaderos casos fortuitos con la entidad suficiente para exonerarlo del deber resarcitorio.

“Por supuesto que una ciencia tan compleja como la médica tiene limitaciones, pues aún existen por doquier interrogantes sin resolver, a la vez que desconoce todavía la explicación de múltiples fenómenos fisiológicos, químicos o farmacológicos, amén que en muchas circunstancias parte de premisas hipotéticas que no han podido ser comprobadas con el rigor científico requerido, a la vez que tratamientos aceptados e instituidos habitualmente, están condicionados, en no pocos casos, por factores imprevisibles o inevitables. Dicha realidad se ve traducida en situaciones que escapan a la previsión y prudencia más rigorosas, motivo por el cual si el daño tiene génesis en ellas será menester calificar esas contingencias como eximentes de responsabilidad.

(...) “Incluso, no puede soslayarse que el quehacer médico, pese a estar ajustado a los métodos científicos, ocasione un daño en el cuerpo o en la salud del enfermo, el cual no podría atribuirse al profesional de la medicina, en la medida en que no hubiere concurrido culposamente en su producción o agravamiento. De ahí que la doctrina suela concluir que la llamada ‘iatrogenia inculpable’, noción que también involucra los métodos terapéuticos y los diagnósticos ceñidos a la ciencia médica, no comprometa su responsabilidad” (Sent., dic. 1º/2011, Exp. 1999-00797-01).

Por ello es por lo que como se planteó en el mismo pronunciamiento, “para el juzgamiento de los profesionales de la ciencia médica en el ámbito de la ‘responsabilidad civil’, por regla general, ha de tomarse en cuenta la ‘responsabilidad subjetiva’ basada en la culpa o negligencia, constituyendo la ‘lex artis’ parámetro preponderante para su determinación, en armonía con los ‘deberes médicos’ (...) Son partes de un sistema de responsabilidad civil asentado sobre la culpa (...) Y como doctrina reiterada (...) que ‘para que pueda surgir responsabilidad del personal sanitario o del centro de que aquél depende, como consecuencia del tratamiento aplicable a un enfermo se requiere ineludiblemente que haya intervenido culpa o negligencia (...) ya que en la valoración de la conducta profesional de médicos y sanitarios en general queda descartada toda responsabilidad más o menos objetiva (...)”.

15. Como en el presente asunto, los elementos de juicio permiten establecer que se desaprovecharon los medios diagnósticos aconsejados por la lex artis para proteger la vida de Julio Enrique Cantillo Rueda, la omisión del sentenciador se erige en yerro protuberante y trascendente, porque de haberlos apreciado, su decisión hubiera sido distinta a la de considerar ausente el obrar negligente de los dependientes de la parte demandada y el nexo causal entre el luctuoso suceso y la conducta endilgada a las accionadas. De evaluarlos, habría advertido que no se indagó, ni se estableció cuál había sido el resultado del electrocardiograma dispuesto por la profesional que finalmente atendió al paciente en el Centro Médico Colsubsidio de la Calle 63; igualmente que se difirió su lectura para días después; que aquella no lo requirió inmediatamente fue realizado, ni la persona que lo llevó a cabo atinó en acercárselo para que impartiera las instrucciones pertinentes; tampoco se le hizo ningún seguimiento al enfermo, ni se sugirió la eventualidad de mantenerlo en observación, no se le informó a él o a su acompañante que presentaba “infarto anterior extenso en evolución y/o aneurisma ventricular” y que solo después de muerto, Famisanar solicitó su traslado al centro médico más cercano, esgrimiendo que el citado examen había salido mal.

16. Lo reseñado permite reiterar que el ad quem incurrió en los yerros fácticos denunciados, al no percibir la realidad que denotaban las pruebas dejadas de valorar y en virtud de su trascendencia, la prosperidad de los cargos y el quiebre del fallo atacado debe ser la consecuencia.

17. En lo atinente a la sentencia sustitutiva, se pospondrá de conformidad con el inciso 2º del precepto 375 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de ser necesario decretar pruebas de oficio tendientes a determinar el perjuicio cierto y real, puesto que las incorporadas, no dan certeza del mismo, condena que al tenor de lo exigido por el canon 307 ibídem, debe hacerse de manera concreta, en el evento de alcanzar éxito la pretensión resarcitoria.

18. Finalmente, al tenor de lo previsto en el inciso final de la citada norma, en armonía con el numeral 1º del 392, no se condenará en costas.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Casar la sentencia proferida el 13 de marzo de 2012 por la “Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C.”, dentro del proceso ordinario promovido por Melba Inés Rodríguez Gómez en nombre propio y en representación del menor César Augusto Cantillo Rodríguez, Julián Enrique y Aiza Fernanda Cantillo Rodríguez contra la entidad promotora de salud Famisanar Ltda. Cafam-Colsubsidio y la Caja Colombiana de Subsidio Familiar-Colsubsidio, juicio dentro del cual esta última llamó en garantía a Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A., Aseguradora Colseguros S.A. y Compañía Suramericana de Seguros S.A.

2. Decretar la práctica de las siguientes pruebas:

a) Requerir a la parte actora para que allegue el respectivo registro civil de nacimiento del señor Julio Enrique Cantillo Rueda. Así mismo, los extractos de las cuentas que el mismo tuviera en entidades bancarias, o informar el número de estas y la respectiva entidad, para que la Corte pueda solicitarlos, a fin de establecer los ingresos por él percibidos.

b) Ampliar los testimonios de los Abogados María Fernanda Castro Castro, Colombia Nicholls Arias, Gustavo Coronado Pinto y Pablo Edgar Galeano Calderón, rendidos ante el juez de primera instancia, quienes en la misma audiencia, cuya fecha y hora se señalará ulteriormente, exhibirán los comprobantes de los pagos efectuados al mencionado occiso por concepto de la remuneración de los servicios que a ellos les prestaba, si la tienen, en donde conste que fueron recibidos por él o consignados a sus cuentas bancarias, e igualmente, los registros y soportes de tales erogaciones.

c) Practicar dictamen pericial, una vez obtenida la anterior información, para determinar de manera razonada y concreta el monto de los perjuicios materiales sufridos por los accionantes, indicando el nivel de gastos de la familia del occiso. La designación del auxiliar de la justicia, se efectuará con posterioridad.

3. No imponer “condena en costas”, debido a la prosperidad de la impugnación extraordinaria.

Cópiese y notifíquese».

(1) fl. 52, hechos 1º, 2º y 3º.