Sentencia 2005-00511/42104 de julio 6 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”

Radicación: 13001-23-31-000-2005-00511-01 (42104)

Actor: Bleidis Gómez Brieva y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Referencia: Acción de reparación directa

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Bogotá D.C., seis de julio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia de primera instancia, para cuyo efecto se abordarán los siguientes temas: 1) la competencia funcional del Consejo de Estado para conocer del presente asunto; 2) la oportunidad de la acción; 3) la legitimación en la causa; 4) la responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia - falla en el servicio de protección y vigilancia; 5) el análisis de la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación en el caso concreto: a) el daño, b) imputación fáctica, c) imputación jurídica en el marco del programa de protección a testigos; 6) actualización de condena; 7) decisión sobre costas.

1. Competencia.

Teniendo en cuenta que en los asuntos relativos a la responsabilidad del Estado por el error judicial, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y la privación injusta de la libertad, el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 estableció la competencia privativa de los tribunales administrativos en primera instancia y del Consejo de Estado en segunda instancia, se impone concluir que esta corporación es competente para conocer, en segunda instancia, del recurso de apelación interpuesto(9).

2. La oportunidad de la acción.

La muerte del señor Carlos Javier Tovio Estrada ocurrió el 8 de agosto de 2000, según consta en su registro civil de defunción(10), y se observa que la demanda fue interpuesta el 28 de marzo de 2001, esto es, dentro de los dos años a los que alude el artículo 136 numeral 8 del Código Contencioso Administrativo.

3. La legitimación en la causa.

Los hermanos y la hija de la víctima se encuentran legitimados para actuar, de conformidad con los registros civiles de nacimiento allegados al expediente(11).

Igualmente, la Nación - Fiscalía General de la Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva, dado que contra esta entidad se dirigió la demanda y está debidamente representada por el Fiscal General de la Nación, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 446 de 1998 y con la jurisprudencia de la Sala plena de esta sección(12).

4. La responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia - falla en el servicio de protección y vigilancia.

De conformidad con los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, el legislador estableció tres hipótesis para la configuración de la responsabilidad del Estado por la actividad del aparato judicial: 1) el error jurisdiccional; 2) la privación injusta de la libertad; y, 3) el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

En relación con el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, esta sección ha interpretado que la responsabilidad del Estado se puede concretar en las múltiples actuaciones u omisiones dentro de los procesos judiciales, sin origen en una providencia, que pueden constituirse en fuente de daños a terceros durante el desarrollo de los mismos(13).

Igualmente, la misma jurisprudencia ha destacado como características de este sistema de imputación las siguientes: 1) se produce frente a actuaciones u omisiones, diferentes a providencias judiciales, necesarias para adelantar un proceso; 2) puede provenir de funcionarios judiciales y particulares que ejerzan facultades jurisdiccionales; 3) debe existir un funcionamiento defectuoso o anormal, partiendo de la comparación de lo que debería ser un ejercicio adecuado de la función judicial; 4) el título de imputación es el subjetivo, falla en el servicio y; 5) se manifiesta de tres formas: la administración de justicia ha funcionado mal, no ha funcionado o funcionó tardíamente(14).

De otro lado, como a la entidad demandada se le endilga una posible falla en el cumplimiento de su deber de protección a un testigo, sobre el particular, debe precisarse que la obligación de protección y vigilancia a cargo del Estado tiene su principal fundamento en el artículo 2º de la Constitución Política, según el cual “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades”.

En tal virtud, el Estado responderá por los daños sufridos por quienes han padecido una situación de riesgo o amenaza previamente conocida por las autoridades, ya porque el afectado solicitó medidas de protección o porque sus circunstancias de vulnerabilidad eran ampliamente conocidas por las instituciones de seguridad(15)

La obligación de protección se extiende para el Estado incluso respecto de sus propios agentes, cuando estos para el cumplimiento de sus funciones deben someterse a una situación de riesgo que supera aquella a la que puedan estar obligados a soportar por la naturaleza de sus competencias(16).

La jurisprudencia de esta sección ha precisado que la solicitud de protección constituye un elemento eficiente para la imputación de responsabilidad del Estado, cuando este no toma las medidas pertinentes y el hecho amenazado se materializa, como también la notoriedad pública de la situación de peligro que haga forzosa la intervención del Estado(17), pues se genera para este una posición de garante en relación con la integridad del ciudadano(18).

La misma jurisprudencia ha sido reiterada hasta la actualidad siendo una postura consolidada aquella según la cual la administración responderá patrimonialmente a título de falla en el servicio por omisión en el cumplimiento del deber de brindar seguridad y protección a las personas, al menos en dos eventos: “i) cuando se solicita protección especial con indicación de las especiales condiciones de riesgo en las cuales se encuentra la persona y ii) cuando sin que medie solicitud de protección alguna, de todas maneras resulta evidente que la persona la necesitaba en consideración a que existían pruebas o indicios conocidos que permitieran asegurar que la persona se encontraba amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida, en razón de sus funciones”(19).

5. El análisis de la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación en el caso concreto.

a) El daño

En la demanda se pretende la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por la muerte del señor Carlos Javier Tovio Estrada, ocurrida el 8 de agosto de 2000, en el municipio de Arjona.

En efecto, el daño consistente en la muerte del señor Carlos Javier Tovio Estrada se encuentra probado según registro civil de defunción allegado en copia auténtica al plenario, en el cual se anota que la causa del deceso fue “muerte violenta”(20).

b) Imputación fáctica

Previamente precisa la Sala que solo analizará los argumentos de la alzada presentada por la entidad demandada, pues el mismo recurso interpuesto por la parte demandante fue rechazado por extemporáneo, como antes se anotó.

Ahora bien, la demandada argumenta que no se probó la falla en el servicio, como quiera que no se demostró que la muerte del señor Carlos Javier Tovio Estrada ocurrió como consecuencia de la acción u omisión de la entidad accionada. De ahí que resulte necesario que la Sala verifique los hechos probados, como lo hace a continuación.

Según oficio del 21 de julio de 2004, suscrito por el director del programa de protección a testigos y asistencia a víctimas de la Fiscalía General de la Nación, mediante igual documento del 14 de julio de 2000, la juez única penal del circuito de Cartagena solicitó protección para el testigo Carlos Javier Tovio Estrada, el cual fue recibido el 11 de agosto de 2000 en la Unidad Regional de Barranquilla de ese programa y en la oficina de Bogotá, el 14 del mismo mes y año(21).

Se señala en dicho oficio que, el 12 de septiembre de 2000, la dirección del programa de protección a testigos y asistencia a víctimas de la Fiscalía General de la Nación recibió el informe de la coordinadora de la Unidad Regional de Barranquilla, según el cual el evaluador del programa manifestó que el señor Carlos Javier Tovio Estrada fue asesinado el 8 de agosto de 2000.

Igualmente, el director de dicho programa manifestó que, según oficio del 15 de septiembre de 2000, la entonces jefa de la oficina de protección a testigos y asistencia a víctimas hizo un recuento cronológico del trámite dado a la solicitud de protección, con “algunas observaciones sobre los desfavorables efectos por dilaciones injustificadas”.

En efecto, en el oficio del 15 de septiembre de 2000, la entonces jefa de la oficina de protección a testigos y asistencia a víctimas manifestó lo siguiente al director seccional de fiscalías de Bolívar (se trascribe literal, incluso con posibles errores):

“En atención a su oficio 20792 del 18 de julio de 2000, mediante el cual se solicita protección en favor de Carlos Javier Tovio Estrada y en torno al trámite dado a dicho caso, de manera atenta me permito señalarle que es preciso que cuando un fiscal requiera solicitar protección para un testigo, envíe un fax de inmediato a la oficina de protección y asistencia en Bogotá a los teléfonos 5702000 y 4149000 extensión 1231 o a la Unidad Regional de Barranquilla, a través de la dirección seccional administrativa y financiera de esa ciudad, a efectos de evitar dilaciones innecesarias en las evaluaciones de amenaza y riesgo, toda vez que en este caso trascurrieron 26 días entre la suscripción de la solicitud de protección y la recepción por parte de la oficina de protección de la misma.

“En efecto, la solicitud de protección elevada por el juzgado único penal del circuito de Cartagena llegó a la dirección seccional de fiscalías a su cargo el 17 de julio de 2000 y su oficio de solicitud de protección fechado el 18 de julio de 2000 fue enviado al apartado aéreo de la Unidad Regional de Barranquilla llegando tan solo el 11 de agosto de 2000, cuando ya no se podía hacer ninguna gestión de protección en favor del testigo, pues fue asesinado el 8 de agosto de 2000” (negrillas fuera de texto)(22).

Igualmente, se encuentra probado que el señor Carlos Javier Tovio Estrada intervino como testigo dentro de la investigación penal adelantada contra los señores Benjamín Rafael Pérez Ávila y Roberto Palacios Rangel, sindicados del delito de secuestro extorsivo en concurso con homicidio y rebelión, siendo víctima el sacerdote Javier Cirujano Arjona, como se desprende de la resolución de acusación del 23 de marzo de 1999, proferida por el fiscal delegado ante los jueces regionales de Barranquilla(23).

Lo mismo consta en las diligencias adelantadas por el juzgado único penal del circuito Especializado de Cartagena en dicha causa, despacho que decretó el testimonio del señor Carlos Javier Tovio Estrada, a quien citó a rendir declaración, según consta en Auto del 4 de febrero de 2000(24), para que asistiera el 22 de mayo de ese año(25).

También consta una comunicación radicada por el señor Carlos Javier Tovio Estrada, el 24 de mayo de 2000, ante el juzgado único penal del circuito especializado de Cartagena, en la cual manifestó que no asistió a declarar porque su vida corría peligro y no obtuvo ninguna garantía o apoyo de parte de la Fiscalía(26).

No obstante, el juzgado único penal del circuito especializado de Cartagena lo citó nuevamente para que asistiera a la audiencia pública dentro de la causa penal ya referida, que se celebraría el 6 de julio de 2000, a fin de que rindiera su testimonio(27).

Por su parte, el señor Carlos Javier Tovio Estrada, en escrito del 29 de junio de 2000, le manifestó a ese juzgado que le reiteraba su comunicación anterior, en el sentido de que no iba a declarar dentro del proceso penal porque su vida se encontraban en grave riesgo, debido a su declaración anterior, sin ninguna protección de las autoridades que garantizara su integridad, la de su compañera y la de su hija(28).

Como consecuencia, la juez única penal del circuito especializado de Cartagena decidió aplazar la audiencia pública en que se escucharía al testigo Carlos Javier Tovio Estrada, mientras se tramitaba entre este y la Fiscalía la solicitud para ingresar al programa de protección a testigos y asistencia a víctimas(29).

Posteriormente, el 13 de julio de 2000, se celebró la audiencia pública en la cual se hizo presente el testigo Carlos Javier Tovio Estrada, a quien la juez interrogó si deseaba ingresar al programa de protección a testigos y asistencia a víctimas, a fin de dar trámite al procedimiento consagrado en la Ley 104 de 1993 y en la Resolución 0-2700 del 22 de noviembre de 1996 de la Fiscalía General de la Nación, a lo cual contestó afirmativamente y agregó (se trascribe literal, incluso con posibles errores):

“...porque la cuestión comenzó desde el 6 de junio que trasladaron para acá a Roberto Palacio que estaban citados para la audiencia, él me ha estado llamando para que asista y él lo que quiere es que yo desmienta lo antes dicho, de lo del proceso de él, que yo desmienta que él había participado en la cuestión del Padre Cirujano, a raíz de eso como yo no le he hecho caso él me ha mandado a los hermanos y a unos amigos de él que participaron en el grupo guerrillero, ellos están ya reinsertados del EPL, entonces cuando llaman, llaman tipo una o dos de la mañana, me tratan de sapo, de que si yo sigo en la misma cuestión especificando que ellos sí participaron, que me van a joder, sea a mi o a uno de mi familia (...)”(30).

Seguidamente, el 14 de julio de 2000, la juez única penal del circuito especializado de Cartagena remitió oficio al director seccional de fiscalías de Bolívar en los siguientes términos (se trascribe literal, incluso con posibles errores):

“En cumplimiento a lo dispuesto en Auto del pasado 6 de julio de la presente anualidad, se envían las diligencias correspondientes al señor Carlos Javier Tovio Estrada, para efectos de dar trámite al programa de protección a víctimas y testigos con fundamento en lo dispuesto en los artículos 63, 65 y 71 de la Ley 104 de 1993 en armonía con los artículos 1º, 3º, 5º y 6º de la Resolución 0-2700 del 22 de noviembre de 1996, emanada de la Fiscalía General de la Nación (...)”(31).

De ahí que, se evidenció que el señor Carlos Javier Tovio Estrada intervino como testigo en un proceso penal que se adelantó por el delito de homicidio, en el cual rindió declaración que comprometía la responsabilidad de uno de los procesados y que por esa razón denunció que fue objeto de amenazas contra su vida y la de su familia, motivo por el cual la juez de la causa solicitó que se tramitara su ingreso al programa de protección a testigos y asistencia a víctimas de la Fiscalía.

No obstante, se presentó una demora en el envío de la solicitud a la oficina correspondiente, esto es, no se tramitó de forma expedita, como lo corroboró la Directora de dicho programa y antes de que se evaluara la misma, el testigo fue asesinado.

c) Imputación jurídica en el marco del programa de protección a testigos

La demandada insistió en que frente a la solicitud de protección a la víctima, esta actuó dentro del término legal establecido para el estudio de admisión de la misma, consagrado en la Resolución 0-2700 de 1996 y en las leyes 418 de 1997 y 548 de 1999.

Ahora bien, la Ley 418 de 1997 “por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones”, vigente para la época de los hechos, en su artículo 67(32) creó bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía General de la Nación, el “programa de protección a testigos, víctimas, intervinientes en el proceso y funcionarios de la Fiscalía”, mediante el cual se les otorgaría protección integral y asistencia social, lo mismo que a sus familiares cuando se encontraran en riesgo de sufrir agresión o su vida misma, con ocasión de la intervención en un proceso penal.

La misma disposición previó que, para efectos de protección por parte del programa, se entendía por testigo “la persona que ha tenido conocimiento de la comisión de un delito, o cualquier otra circunstancia que resulte relevante para demostrar la responsabilidad penal, que en concepto del funcionario judicial competente está en disposición de expresarlo durante la actuación procesal y de ello se derive un riesgo para su vida o integridad personal”.

En cuanto al trámite de la solicitud, el artículo 70(33) de la misma ley dispuso que el funcionario judicial que adelantara la actuación, cualquier otro servidor público, o directamente el propio interesado, podían solicitar a la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos la vinculación de una persona determinada al programa, y su petición sería tramitada de conformidad con el procedimiento que estableciera el Fiscal General mediante resolución.

Por su parte, la Resolución 0-2700 del 22 de noviembre de 1996, acto administrativo por el cual el Fiscal General de la Nación regulaba el programa y el procedimiento para las solicitudes de protección, según se trajo a colación en la solicitud de protección y el cual la demandada afirma haber cumplido estrictamente, no fue aportado al plenario, de modo que se desconocen los términos a que alude.

En relación con la Ley 548 de 1999, esta prorrogó la vigencia de la Ley 418 de 1997 e introdujo otras disposiciones, pero no relativas al programa de protección a testigos y asistencia a víctimas.

Como antes se precisó, el defectuoso funcionamiento se materializa en actividades por la cuales se desarrolla el proceso judicial, distintas a las providencias jurisdiccionales, incluyendo todas las acciones y omisiones no solo de los funcionarios y empleados judiciales sino también de los particulares investidos de funciones jurisdiccionales y de los auxiliares de la justicia.

Observa la Sala que en el sub judice, con ocasión de la intervención de la víctima como testigo en una causa penal, este denunció amenazas contra su vida, las cuales puso en conocimiento de la juez que adelantaba el proceso, quien elevó la solicitud al director seccional de fiscalías de Bolívar para que le diera el trámite correspondiente, a fin de continuar con la ampliación de la declaración en la audiencia pública respectiva.

La solicitud se elevó el 14 de julio de 2000, a su turno, el director seccional de fiscalías de Bolívar la trasladó mediante oficio del 18 de julio de 2000 a la Unidad de Protección Regional Barranquilla, pero lo hizo por correo postal, siendo recibida en esa dependencia el 11 de agosto de 2000 cuando el testigo ya había sido asesinado, pues el suceso ocurrió el 8 del mismo mes y año.

Nótese que la dilación en el trámite de envío de la solicitud de protección a la dependencia competente por parte del director seccional de fiscalías de Bolívar impidió la evaluación oportuna de la situación del testigo, para así determinar su ingreso al programa, no quedando duda de que lo requería, pues solo unas semanas después de manifestar que se encontraba en riesgo, fue víctima de homicidio, circunstancia que la entonces jefa de la oficina de protección y asistencia le reprochó a ese funcionario, tal como quedó documentado en el plenario.

Para la época de los hechos, se encontraba vigente un deber normativo para la Fiscalía General de la Nación de dar protección a las personas intervinientes en un proceso penal, tales como los testigos que lo solicitaran por sí mismos o a través del funcionario que adelantara la actuación, por encontrarse en riesgo sus vidas.

En este caso se demostró que: a) la víctima fungió como testigo y manifestó que con ocasión de su declaración, su vida se encontraba en peligro; b) la funcionaria encargada de la actuación solicitó su protección oportunamente; c) la Fiscalía no le imprimió al trámite la inmediatez que el caso demandaba, premura que quedó evidenciada, pues el atentado que la víctima tanto temía contra su vida, se realizó.

Colíjase entonces que de lo probado en el proceso forzoso resulta concluir que la demandada sí falló en el servicio de protección a testigos en favor de la víctima, pues no tramitó con diligencia su solicitud y el riesgo contra su vida se realizó, sin que tan siquiera la entidad accionada, en su calidad de directora y coordinadora del programa de protección a testigos y asistencia a víctimas, según lo disponía la ley, hubiera alcanzado a evaluar la situación y brindarle el amparo que requería, por su propia negligencia en el trámite que le dio a la misma.

Colíjase de todo lo anterior, que se encuentra acreditada la responsabilidad de la demandada por el defectuoso funcionamiento del programa de protección a testigos y asistencia a víctimas, que trajo como consecuencia, la muerte de aquel que solicitaba protección.

Adicionalmente y como antes se advirtió, dado que no fue admitido el recurso de apelación elevado por los demandantes respecto de los perjuicios reconocidos por el a quo, que en la sentencia de primera instancia accedió parcialmente a las pretensiones, se procederá a la actualización de la condena, por lo que la sentencia solo se modificará en este sentido.

6. Actualización de la condena.

Procederá la Sala a actualizar la condena impuesta en primera instancia por concepto de indemnización del daño emergente en favor de la señora Bleidis Gómez Brieva.

La suma total a actualizar por concepto de daño emergente es de $ 1.493.635,17.

Para la actualización de dicha condena se tendrá en cuenta el IPC vigente a la fecha de la sentencia de primera instancia (mayo de 2011) y el IPC vigente a la fecha de esta sentencia (mayo de 2017), de acuerdo con la siguiente fórmula:

1
 

Dado que la indemnización del perjuicio moral reconocido a los demandantes se expresó en salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos, no es necesario actualizarla.

7. Decisión sobre costas.

Habida cuenta de que, para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR el numeral tres de la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Bolívar, el 13 de mayo de 2011, el cual quedará así:

“3. Condenar a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de daño emergente la suma de $ 1.912.491,86, en favor de la señora Bleidis Gómez Brieva”.

2. CONFIRMAR en lo demás.

3. Sin lugar a costas.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(9) Mediante providencia del 5 de noviembre de 2008 el juzgado cuarto administrativo del circuito de Cartagena, se declaró incompetente para conocer el proceso de la referencia y ordenó remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Bolívar por competencia funcional, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, corporación que a través de Auto del 19 de marzo de 2009 avocó el conocimiento del mismo (Fls. 171 a 175 y 179 a 181 c. 1).

(10) FI. 13 c. 1.

(11) Fls. 18 a 23 c. 1.

(12) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sala plena, Auto del 25 de septiembre de 2013, Exp. 25000-23-26-000-1997-05033-01 (20420), C.P. Enrique Gil Botero.

(13) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia del 11 de agosto de 2010, Exp. 25000-23-26-000-1995-01337-01 (17301), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(14) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección C, Sentencia del 9 de septiembre de 2013, Exp. 25000-23-26-000-2000-01353-01 (27452), C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

(15) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia del 8 de noviembre de 1991, Exp. 6296, C.P. Daniel Suárez Hernández.

(16) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia del 20 de noviembre de 1998, Exp. 11.804, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros: “Con base en los anteriores hechos probados dentro del proceso, la Sala concluye que la responsabilidad de la entidad demandada resultó comprometida, en la medida en que desatendió los deberes constitucionales y legales de protección que le eran propios pues no tomó las medidas idóneas de seguridad para proteger la vida de los funcionarios del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, quienes se disponían a efectuar una diligencia de levantamiento de cadáver en una zona ampliamente conocida como ‘zona roja’, lo cual hacía que la mencionada diligencia se constituyera en una actividad riesgosa”.

(17) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia del 27 de marzo de 2008, Exp. 16.234, C.P. Ramiro Saavedra Becerra: “Ese deber, general y abstracto en principio, se particulariza cuando alguna persona invoque la protección de las autoridades competentes, por hallarse en especiales circunstancias de riesgo o cuando, aún sin mediar solicitud previa, la notoriedad pública del inminente peligro que corre el particular hace forzosa la intervención del Estado”.

(18) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia del 4 de diciembre de 2007, Exp. 16.894, C.P. Enrique Gil Botero: “2.5. En ese contexto, es claro que la administración pública incumplió el deber de protección y cuidado que se generó una vez el señor Herrera García comunicó el peligro que corría como resultado de las múltiples intimidaciones que se presentaban en su contra, principalmente, vía telefónica, motivo por el cual, se puede señalar que aquella asumió posición de garante 18 frente a la integridad del ciudadano”.

(19) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sala plena, Sentencia del 13 de mayo de 2014, Exp. 76001-23-31-000-1996-05208-01 (23128), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(20) FI. 13 c. 1.

(21) Fls. 112 a 113 c. 1.

(22) FI. 115 c. 1.

(23) Fls. 9 a 22 c. 8.

(24) Fls. 13 a 18 c. 4.

(25) FI. 104 c. 4.

(26) FI. 109 c. 4.

(27) FI. 133 c. 4.

(28) FI. 134 c. 4.

(29) FI. 136 c. 4.

(30) Fls. 139 y 140 c. 4.

(31) Fls. 140 y 141 c. 4.

(32) Modificado por el artículo 4º de la Ley 1106 de 2006.

(33) Modificado por el artículo 26 de la Ley 782 de 2002.