Sentencia 2005-00529/37924 de mayo 8 de 2017

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Enrique Rodríguez Navas

Rad.: 25000-23-31-000-2005-00529-01 (37924)

Actor: J. F. V. L. y otros

Demandado: Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación

Ref.: Apelación de Sentencia. Acción de Reparación Directa

Bogotá D.C., ocho de mayo de dos mil diecisiete.

Contenido: Descriptor: Confirma sentencia de primera instancia por probar que el daño es imputable a la Nación – Rama Judicial por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia – Falta de daño / Restrictor: Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado – Imputación de responsabilidad al Estado por error judicial - Imputación de responsabilidad al Estado por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia - Presupuestos

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Nación - Rama Judicial, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B el 26 de agosto de 2009(1), por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. Síntesis del caso

Al señor J. F. V. L. se le profirió por error de identidad una sentencia condenatoria por el delito de infracción a la Ley 30 de 1986, de la cual tuvo conocimiento cuando intentó ejercer su derecho al voto, y posteriormente deprecó la aclaración del citado fallo, no obstante, el juez penal dio respuesta a la solicitud de aclaración de forma tardía.

II. Antecedentes

2.1. La demanda.

El 11 de febrero de 2005(2), el señor J. F. V. L., mediante apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda contra la Nación – Rama Judicial, para que se hicieran efectivas las siguientes declaraciones y condenas:

“1. Declarar que la Nación – Rama Judicial –representada por el señor Director Ejecutivo de la Administración Judicial, o quien haga sus veces, es patrimonial y administrativamente responsable de los perjuicios causados a mi poderdante J. F. V. L., por error judicial y el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, ocurrido a instancia del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, según los hechos descritos en precedencia.

2. Como consecuencia de la anterior declaración de responsabilidad extracontractual, se condene solidariamente a La Nación – Rama Judicial – Director Ejecutivo de la Administración Judicial, o a las Entidades que resulten responsables, a indemnizar al demandante por los perjuicios que le fueron causados, con las siguientes sumas en dinero moneda corriente y legal, así:

a) Perjuicios morales. Se ordene a la Nación, Rama Judicial, representada legalmente por el señor Director Administrativo de la Rama Judicial, o a las entidades que resulten responsables, a cancelar en favor del demandante J. F. V. L., por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas de dinero:

El equivalente a cincuenta salarios mínimos legales, mensuales (sic) vigentes, al momento de proferirse la condena en favor del demandante J. F. V. L., por perjuicios morales. El daño moral causado a J. F. V. L., con la sentencia condenatoria proferida en su contra con fecha Julio 13 de 2000, por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá es cierto y no ha sido resarcido. Es incuestionable que a J. F. V. L., con la sentencia condenatoria no sólo se le afectó su honor y su honra y se le conculcó el derecho a su buen nombre, sino que al tener conocimiento de la sentencia condenatoria que pesaba en su contra, la angustia y preocupación ante la inminencia del peligro que se le presentaba a que con motivo de la sentencia condenatoria que fue comunicada a las autoridades correspondientes, se le despidiera de su empleo, se le capturara y recluyera en un establecimiento carcelario, por el incumplimiento de las obligaciones en ella impuestas. Día a día, durante años soportó esta angustia sin lograr que la justicia subsanara el error cometido. Lo anterior conmocionó su existencia y le impidió durante este largo período, gozar del derecho a la tranquilidad que la Constitución prevé.

J. F. V. L. solicitó (sic) se aclarara la sentencia, en marzo 12 de 2002 y tan sólo vino a modificarse el 17 de Junio de 2004, no obstante que el artículo 412 del Código de Procedimiento Penal prevé que el pronunciamiento sobre modificación o aclaración de la sentencia, debe ser inmediato.

Además debe tenerse en cuenta que la Registraduría Nacional del Estado Civil, efectivamente dio de baja la cédula de ciudadanía de J. F. V. L. a solicitud del Jugado (sic) que lo condenó, afectándose en forma cierta su condición de ciudadano.

Desde el 13 de Julio de 2000 en que fue condenado, hasta el 17 de Junio de 2004 en que fue corregido el error, J. F. V. L. sin haber cometido delito alguno y sin haber sido siquiera escuchado en indagatoria arrastró las consecuencias de una sentencia condenatoria de carácter penal en su contra con las implicaciones que ello acarrea, todo por el error y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. El error perduró en tiempo cuatro años.

Por lo expuesto en precedencia se justifica la indemnización de cincuenta salarios mínimos solicitada.

b) Perjuicios materiales. Se condene solidariamente a la entidad demandada o a las que resulten responsables a pagar en favor del demandante J. F. V. L. las sumas indemnizatorias por los daños de orden material ocasionados, así:

Daño emergente. Por los honorarios del abogado que debió colocar para sacar adelante la gestión de desvincularlo del proceso dentro del cual fue condenado, la suma de un millón de pesos.

3. La sentencia se cumplirá en los términos estipulados en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo”.

Como fundamento fáctico de sus pretensiones, expuso el apoderado de la parte accionante que el 9 de julio de 1998, la Fiscalía 310 de la Unidad de Reacción Inmediata de Bogotá abrió investigación penal al señor W. D. por infracción a la Ley 30 de 1986, quien no exhibió documento de identificación al momento de ser capturado, ni ante la Fiscalía, ni ante la Policía, pero indicó de forma verbal que su número de cédula era 1X.XXX.6XX de Bogotá D.C.

Señaló que la Fiscalía General de la Nación le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva al señor W. D. y le concedió el beneficio de libertad provisional, no obstante, aquél no se volvió a presentar al proceso, por lo que se ordenó oficiar a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que remitiera copia de la cartilla decadactilar relativa a la cédula de ciudadanía 1X.XXX.6XX de Bogotá, de la que se concluyó que su titular era el señor J. F. V. L.

Advirtió que el ente acusador no practicó las pruebas pertinentes, lo que lo llevó a concluir que el señor W. D. y el actor eran la misma persona, por lo cual, el 21 de octubre de 1999 se profirió resolución de acusación contra este último, decisión que al estar en firme, le correspondió conocer del proceso al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, quien también pasó por alto el yerro de identidad y profirió sentencia condenatoria el 13 de julio de 2000 en contra del demandante.

Refirió que el señor J. F. V. L. tuvo conocimiento de la situación cuando el fallo condenatorio estaba ejecutoriado, motivo por el que el día 12 de marzo de 2002, presentó petición al Juez cognoscente, la cual fue reiterada el 19 de noviembre del mismo año, solicitudes que deprecaron la aclaración del fallo proferido en su contra, peticiones que no fueron resueltas y que, a contrario sensu, después de aproximadamente un año le enviaron al señor J. F. un telegrama para que se sirviera acreditar el pago de la multa de dos salarios mínimos legales impuestos en el fallo.

Manifestó que el accionante también acudió ante la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, sin resultados positivos.

Expuso que frente a la negativa del Juzgado de marras de responder las solicitudes presentadas, el actor instauró acción de tutela, la cual fue negada en primera instancia por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá y en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia, corporación que pese a su decisión, reseñó que el funcionario debía pronunciarse en cuanto a la rectificación, al tenor del artículo 412 del Código de Procedimiento Penal, razón por la que el 17 de junio de 2004, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá reconoció su error e indicó que la condena debía recaer en contra del señor W. D. y no contra el señor J. F. V., identificado con la cédula de ciudadanía 1X.XXX.6XX de Bogotá.

2.3. Trámite procesal relevante.

El 17 de marzo de 2005(3), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A profirió auto admisorio de la demanda, en el cual vinculó también a la Nación – Fiscalía General de la Nación.

El 5 de agosto de 2005(4), la Nación – Rama Judicial procedió a contestar el libelo introductorio, mediante escrito en el que se opuso a la totalidad de sus pretensiones y esbozó que no existió razón de hecho o derecho sobre la que el Estado deba resarcirle los daños a la parte actora.

Hizo un recuento de las circunstancias fácticas expuestas en el libelo inicial y manifestó que una vez se obtuvo el resultado del estudio técnico de dactiloscopia se procedió a la modificación de la sentencia que fuera proferida contra el señor J. F. V. L..

El 8 de agosto de la misma anualidad(5), la Nación – Fiscalía General de la Nación contestó la demanda de la referencia, y dentro de las razones de su defensa esgrimió que debe acreditarse la existencia de un daño antijurídico, el cual no se configuró en los hechos expuestos por el accionante, toda vez que su actuación determinó la identificación de la víctima como la del eventual responsable de infringir la Ley 30 de 1986, lo que obligaba al aparato jurisdiccional estatal a examinar si efectivamente era el responsable de hacerlo, por consiguiente, la investigación se realizó con los elementos probatorios arrimados al proceso, y si de los mismos se desprendía la eventual responsabilidad del actor, se debe calificar la investigación de la referencia.

De igual forma(6) llamó en garantía al señor A. M. F., por ser el servidor público que calificó el mérito del sumario en contra del señor J. F. V. L., en virtud de que omitió supuestamente la revisión del informe de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el que el funcionario de la entidad citada relató que la cédula de ciudadanía 1X.XXX.6XX correspondía al actor y no al señor W. D., por consiguiente, su proceder se constituyó en una conducta dolosa o gravemente culposa, motivo por el que debía decretarse procesalmente su responsabilidad.

El 1º de septiembre de 2005(7), el Tribunal de primera instancia aceptó el anterior llamamiento en garantía.

El 31 de octubre de 2006(8), el Juzgado 31 Administrativo Judicial del Circuito de Bogotá, a quien le había correspondido el caso sub judice, en virtud de los acuerdos 3345 del 13 de marzo de 2006 y PSAA06-3409 del 9 de mayo de 2006, avocó el conocimiento del mismo y ordenó continuar con su trámite, sin la comparecencia del llamado en garantía.

El 20 de enero de 2007(9), el Juez cognoscente abrió a pruebas el proceso.

El 11 de septiembre de 2007(10), se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

El 24 de septiembre de 2007(11), alegó de conclusión la parte demandante, mediante escrito en el que reseñó que la condena en su contra se había producido por error judicial y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, lo que quedó acreditado con las pruebas aportadas al plenario, a lo que agregó que el propio ente acusador había llamado en garantía al funcionario que profirió la resolución de acusación al estimar que tuvo una conducta dolosa o gravemente culposa al no verificar el informe remitido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El 28 de septiembre de 2007(12), la Nación – Fiscalía General de la Nación presentó sus respectivas alegaciones finales en las que reprodujo los fundamentos expuestos en la contestación del libelo inicial.

El 24 de junio de 2008(13), el Juzgado 37 Administrativo del Circuito de Bogotá profirió sentencia en la que condenó a la Nación – Fiscalía General de la Nación y Dirección Ejecutiva de Administración Judicial por los daños irrogados al señor J. F. V. L..

El 7(14) y 3 de julio de 2008(15), la Nación Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, respectivamente, presentaron recurso de alzada contra la decisión proferida por el juez cognoscente.

El 21 de octubre de 2008(16), el Juez 37 Administrativo del Circuito de Bogotá concedió ante la segunda instancia el recurso vertical interpuesto por la Nación – Fiscalía General de la Nación y declaró desierta la impugnación de la Nación – Rama Judicial.

El 18 de diciembre de 2008(17), el Tribunal admitió el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Fiscalía General de la Nación.

El 29 de abril de 2009(18), se declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto proferido el 31 de octubre de 2006 por el Juzgado 37 Administrativo del Circuito de Bogotá, al considerar que la competencia para conocer de la acción de reparación directa por error judicial y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia radicaba en el Tribunal en primera y no en segunda instancia, y dispuso que ejecutoriada la decisión se corriera traslado a las partes para alegar de conclusión.

El 26 de mayo de 2009(19), fueron allegadas al expediente las alegaciones finales de la parte actora, en las que deprecó que se tuvieran en cuenta los alegatos presentados en su oportunidad.

2.3. La sentencia apelada.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, en sentencia proferida el 26 de agosto de 2009, accedió parcialmente a las pretensiones del libelo inicial, en los siguientes términos:

“1. SE NIEGAN las pretensiones de la demanda con respecto a la Nación – Fiscalía General de la Nación.

2. SE DECLARA administrativamente responsable a la Nación – Rama Judicial, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta providencia.

3. En consecuencia, condénese a la NAción – Rama Judicial a pagar a título de indemnización por concepto de perjuicios morales el equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del señor J. F. V. L.

4. SE NIEGAN las demás pretensiones de la demanda.

5. No se condena en costas.

6. Contra esta providencia procede recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 181 del CCA”.

Para arribar a esta conclusión, el Tribunal partió de la base de definir como problema jurídico puesto a su consideración, el siguiente:

“Corresponde a la Sala determinar si la Fiscalía General de la Nación y la Nación – Rama Judicial, son administrativamente responsables por haber confundido la identidad del señor J. F. V. L. con la del señor W. D. en el trámite del proceso penal Nº 2000 – 021, profiriendo sentencia condenatoria en contra de J. F. V. L. o W. D”.

Prima facie, señaló que la normatividad procesal penal aplicable al caso era el Decreto 2700 de 1991, en atención a que el señor W. D. había cometido el delito de infracción a la Ley 30 de 1986 el 8 de julio de 1998, por ende, dicha norma sería aquella con la que se debía estudiar la responsabilidad tanto de la Nación – Rama Judicial como de la Fiscalía General de la Nación.

A renglón seguido, refirió que a su juicio el ente acusador no tenía responsabilidad por la omisión de dar con la verdadera identidad del señor W. D., al considerar que en virtud del numeral 5º del artículo 334 del Decreto 2700 de 1991 y del artículo 352 ibídem, a la Fiscalía le correspondía indagar sobre las condiciones sociales, familiares o individuales de la personalidad del imputado y lograr la individualización del capturado o sospechoso de la comisión de un hecho delictivo, para lo que debía desplegar todas las actuaciones tendientes a obtener las características propias del sospechoso, y en el caso sub lite, la Fiscalía sí logró individualizar al señor W. D., pues se demostró que había tomado la reseña dactiloscópica y fotográfica de quien afirmó llamarse así, aunado a que en la resolución de acusación el Fiscal 310 Delegado ante los jueces penales del circuito ordenó que se oficiara a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que enviara copia de la cartilla decadactilar correspondiente a la cédula de ciudadanía 1X.XXX.6XX de Bogotá.

Expuso también que el Ministerio Público había impugnado la decisión que había proferido en su momento el Fiscal cognoscente en la que declaraba la nulidad de todo lo actuado por falta de individualización del señor W. D., y en esa oportunidad la Personería de Bogotá consignó que en la etapa instructiva sí se había individualizado al sospechoso, por ende, fue así como se revocó la providencia en la que se declaraba la nulidad del proceso y se profirió resolución de acusación, de lo que se infiere que cumplió con su obligación de individualizar al presunto autor del delito, mas no de identificarlo.

En cuanto a la responsabilidad de la Nación – Rama Judicial sostuvo que de conformidad con el numeral 2º del artículo 180 del Decreto 2700 de 1991, era obligación del Juez Cuarto Penal del Circuito de Bogotá identificar plenamente al acusado antes de dictar sentencia, lo cual se hacía más evidente con la situación de que la cédula de ciudadanía 1X.XXX.6XX aportada por el señor W. D. al momento de su captura, correspondía a otro nombre, es decir, al señor J. F. V. L., por lo que en su criterio, no obró con cautela el juez penal, comoquiera que un delincuente indocumentado podía intentar evadir las autoridades con suministrarles nombres o identificaciones falsas, sobre todo si no lleva consigo su documento de identidad al momento de su captura, como ocurrió en el asunto de marras, por ende, las autoridades debían obrar con el mayor cuidado al momento de identificar al presunto autor de una conducta punible, al agotar la totalidad de los medios técnicos y científicos a disposición del Estado para no involucrar a personas inocentes.

A su turno, refirió el Tribunal que el juzgador penal fue negligente al no responder la solicitud elevada por la víctima el 12 de marzo de 2002, dado que si aquella hubiera sido resuelta, se habría vislumbrado el yerro de identidad con antelación, empero, la solicitud nunca tuvo respuesta y solo se aclaró el fallo hasta el 17 de junio de 2004, omisión que fue puesta a la luz también por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al resolver la acción de tutela en segunda instancia interpuesta por el actor, al manifestar que no se había establecido de forma diáfana la identidad del autor, por lo que a pesar de poseer los medios, solo aclaró la sentencia condenatoria cuando el órgano de cierre de la jurisdicción penal se lo ordenó en el fallo de tutela, con lo cual irrogó un daño antijurídico al accionante con su omisión.

Sostuvo que el perjuicio se materializó con la expedición de la sentencia condenatoria en su contra y con la omisión del Juez Cuarto Penal del Circuito de aclarar oportunamente la sentencia, pese a tener los medios legales para hacerlo, y de que el perjudicado se los solicitó mediante escrito del 12 de marzo de 2002, la cual nunca obtuvo respuesta.

El a quo se abstuvo de acceder a reconocer los perjuicios materiales solicitados en la demanda, en atención a que los mismos no fueron demostrados dentro del expediente. En cuanto a los perjuicios inmateriales en la modalidad de daño moral, encontró probado con los testimonios allegados al proceso la congoja y el sufrimiento padecido por la víctima, aunque hizo hincapié en que solo serían reconocidos el equivalente a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes por dicho concepto, en virtud de que el dolor no fue de tan grave magnitud, atendiendo además a que el actor nunca estuvo privado de la libertad.

2.4. La apelación contra la sentencia.

Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de la Nación – Rama Judicial interpuso recurso de apelación el 7 de septiembre de 2009(20), en el que deprecó la revocatoria de la sentencia de primera instancia.

Su inconformidad estribó en que según su juicio, la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha distinguido conceptualmente los criterios de identidad con los de individualización del sujeto activo de la conducta punible, en el sentido de referir que la identificación es una noción congénita a la antropología cultural que alude a los datos que han sido asignados a una persona para su realización dentro de la sociedad, por motivo de su origen, por el lugar de nacimiento o los que nacen en el núcleo familiar, como los que señalan sus nombres y apellidos, así como los documentos que lo identifican en los actos de su vida pública y privada, es decir, comprende los datos que otorgan a una persona un sitio jurídico dentro del contorno social; mientras que la individualización en el marco de la normatividad procesal penal, hace alusión a la operación en la que se determina a una persona por sus rasgos particulares que la distinguen de las demás, en la que se alude a las características que lo hacen inconfundible frente a los demás pertenecientes a su misma especie, por lo que es un concepto inherente a la antropología física.

Explayó que según la posición del órgano de cierre de la jurisdicción penal, sería ideal, pero no indispensable, conocer la totalidad de los datos que brindaran tanto la identificación como la individualización de la persona sometida al ius puniendi, ya que a contrario sensu, se llegaría al absurdo de que los delincuentes a los que se les desconoce su filiación, o las personas indocumentadas, o los que hayan cambiado su lugar de residencia, pese a su inconfundible señalamiento, no podrían ser sujetos pasivos de la acción penal.

De acuerdo con la posición jurisprudencial traída a colación, expuso que en el proceso penal de marras el señor J. F. V. L. estaba plenamente identificado, de conformidad con la información suministrada por los testigos y por la Registraduría Nacional del Estado Civil, a lo que agregó que la etapa de juicio se surtió de conformidad con lo preceptuado por el procedimiento penal vigente, y si al final se profirió fallo condenatorio en contra del actor por existir pruebas que lo señalaban como coautor responsable del delito investigado, las cuales precisaban que estaba realmente identificado, por estar sustentada en los testimonios recolectados en la etapa instructiva y en el juicio.

De otro lado, adujo que desde los albores del proceso penal respectivo se garantizó el derecho de defensa del vinculado J. F. V. L., a través de la designación de un defensor de oficio.

Finalizó su impugnación al resaltar que pese a no ser exigencia la individualización del procesado, esta no se hizo ni en instrucción ni en juicio precisamente por el hecho de que en el curso del proceso simplemente se identificó a la persona por los datos aportados por los testigos y por los demás elementos probatorios allegados al plenario, motivo que impidió al juez que constatara si se trataba de la misma persona, sobre todo cuando el propio accionante admitió que existían varios datos que coincidían entre él y quien presuntamente participó en la conducta punible.

El 21 de octubre de 2009(21), el Tribunal de primera instancia concedió el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia de primera instancia ante esta corporación.

2.5. Trámite en segunda instancia.

El 15 de enero de 2010(22), se admitió la alzada interpuesta.

El 12 de febrero de 2010(23), se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

El 9 de marzo de 2010(24), la parte actora alegó de conclusión, mediante escrito en el que solicitó que el fallo impugnado fuese confirmada en su totalidad, toda vez que se encontró acreditado que el daño antijurídico padecido fue causado por el error judicial y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia de la Fiscalía General de la Nación y del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá.

Advirtió que el señor J. F. V. L. fue ajeno al tráfico de estupefacientes que fue objeto de la investigación penal a que hizo referencia el recurrente, por lo que ni siquiera se ordenó vincularlo al proceso en indagatoria, y en ese sentido, no existió prueba para condenarlo.

Indicó que de los elementos probatorios allegados al plenario se puede inferir sin dubitaciones que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito no estudió el expediente en forma adecuada y por error condenó al señor J. F. V. L., quien tuvo conocimiento del fallo en los primeros meses del año 2002, cuando ya estaba ejecutoriado.

El Ministerio Público y la parte demandada guardaron silencio.

El proceso ingresó para dictar sentencia el 17 de marzo de 2010.(25)

III. Consideraciones

3.1. Sobre los presupuestos materiales para la Sentencia de fondo.

La Sala es competente para resolver el presente caso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón a la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y determinó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los tribunales administrativos, y en segunda instancia en el Consejo de Estado, sin que sea relevante lo relacionado con la cuantía(26).

La acción de reparación directa estaba vigente al momento de la presentación de la demanda, pues fue presentada dentro del término previsto por el numeral 8 del artículo 136 del Decreto 1 de 1984(27), codificación vigente al momento de instaurarse el libelo introductorio y aplicable al caso sub judice, de conformidad con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011(28), en atención a que la decisión mediante la cual el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá aclaró la sentencia del 13 de julio de 2000 fue dictada el 17 de junio de 2004, momento en el que se vislumbró el supuesto yerro cometido por la entidad demandada, y al haberse interpuesto la demanda el 11 de febrero de 2005, se concluye que no operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción.

El señor J. F. V. L. es la víctima directa del error judicial y del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que dio lugar al caso sub examine, en consideración a que fue presuntamente afectado con el proceso penal con radicación 2000-021 adelantado en su contra por el presunto delito de infracción a la Ley 30 de 1986, por consiguiente, se encuentra legitimado en la causa por activa.

En lo que concierne a las demandadas, no obstante la solidez que presenta la postura de la Sala acerca de la exclusión de la falta de legitimación en la causa del ámbito de las excepciones de fondo en cuanto se trata de razón de una condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado(29), considera pertinente que su análisis en el presente caso se lleve a efecto dentro del acápite atinente al estudio de la imputación, dada la conexidad que existe entre las actuaciones adelantadas por los organismos demandados y su relación mediata o inmediata con el daño.

Se advierte que si bien el libelo introductorio fue dirigido también contra la Nación – Fiscalía General de la Nación, en la sentencia impugnada se exoneró de responsabilidad al ente acusador por los daños irrogados a la parte actora, y comoquiera que el recurso de apelación solo fue presentado por la Nación – Rama Judicial, quien no cuestionó la anterior decisión, la Sala se abstendrá de estudiar la eventual responsabilidad de la primera entidad en el proceso de la referencia.

3.2. Sobre la prueba de los hechos.

A partir de la preceptiva del artículo 90 de la Constitución, dos son los elementos constitutivos de la responsabilidad de la administración, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública.

La parte demandante, dentro del relato que ofrece en el libelo introductorio como sustento fáctico de sus pretensiones, hace relación a estos dos elementos, para presentar, de un lado, el daño sufrido, su extensión, intensidad y modalidades, y de otro, las actuaciones u omisiones que endilga a las demandadas y en cuya virtud les imputa la responsabilidad que pide, sea declarada en esta sentencia. En torno a estos dos elementos gravita la carga probatoria que esa parte soportaba, y por tanto, el estudio de los hechos probados lo hará la Sala en dos grandes apartes, a saber: hechos relativos al daño, y hechos relativos a la imputación.

3.2.1. Sobre la prueba de los hechos relativos al daño.

El daño entendido como el atentado material contra una cosa o persona, lo hace consistir la parte demandante en el hecho de la afrenta que padeció J. F. V. L. con ocasión de la investigación punitiva y de la sentencia penal proferida en su contra por el delito de infracción a la Ley 30 de 1986, en su honor, honra y buen nombre, y en no poder ejercer sus derechos políticos mientras estuvo vigente el fallo condenatorio.

Los hechos en los que concretó la parte actora este daño, pretende acreditarlos de la siguiente manera:

3.2.1.1. De la afectación a los derechos políticos.

— Acta de diligencia del testimonio del señor E. A. M., vecino del demandante, llevada a cabo el 10 de mayo de 2007, quien afirmó conocer al actor desde hace 23 años, y quien refirió “posteriormente en el año 2002, en periodo de votaciones el señor F. V. L. no pudo realizar el correspondiente voto por aparecer problemas con el número de su documento al solicitar a la Registraduría que (sic) estaba ocurriendo con lo referido se encuentra el señor V. con la sorpresa de estar requerido por una Fiscalía que posteriormente ya el informado de los acontecimientos se entera que el señor W. D. había sido detenido con un paquete que contenía marihuana y otros. La Fiscalía en el requerimiento a la Registraduría para establecer la implicación por la que aparecía afectado el señor V. no estableció que el numero (sic) anteriormente mencionado por el señor W. D. correspondiera, obviamente esta situación causo (sic) durante varios años problemas de todo orden al seor (sic) V. en la compañía de su familia, es lo que puedo informar sobre el conocimiento en referencia”.(30)

— Acta de diligencia del testimonio de la señora L. D. V. R., hija del actor, llevada a cabo el 10 de mayo de 2007, en la que relató “En el año 2002, yo me disponía para votar para las elecciones de ese año junto con mi papa (sic), el (sic) no encontró su cédula en los listados para votar, nosotros averiguamos con las personas encargadas de la Registraduría, y ellos nos dijeron que el (sic) había perdido sus derechos Políticos y nos dijeron que fuéramos a averiguar a la Registraduría, el (sic) fue a averiguar que (sic) pasaba, allí le dijeron que tenía una demanda (sic) penal, y que tenía que ir a los juzgados de Paloquemao a averigua (sic), el (sic) fue allí a los Juzgados, allí le informaron lo que pasaba, el (sic) fue con un compañero de la empresa de teléfonos donde trabaja que es abogado, les permitieron ver el expediente y se dio cuenta que se trataba de una demanda por expendio de sustancias scpicoativas (sic). Hay (sic) le recomendaron que se asesora con un abogado porque ya se le había dictado sentencia a él, nosotros en ese momento no teníamos como (sic) pagar a un abogado, entonces acudía al Consultorio Jurídico de mi universidad acudí (sic) amigos, y presenta un derecho de petición que realizo (sic), con ayuda de un amigo, acudimos a la Defensoría del Pueblo, creo que fuimos muchas veces, no fue posible nunca contactar a un abogado, ya no recuerdo nombres, pero básicamente la respuesta en la Defensoría del Pueblo que de esos casos estaban llenos de esos casos, después de eso como en el 2003, le llego (sic) un telegrama a mi papa (sic) le decían que tenía que pagar una multa no recuerdo exactamente cuantos (sic) salarios mínimos pero hacia (sic) referencia a ese mismo caso, el telegrama llegó a la casa y ya llego (sic) con todos los datos de el (sic), ya no a nombre de W. D. como estaba el expediente si no a nombre de él. El (sic) se asusto (sic) mucho con ese telegrama, pidió colaboración a la empresa lo primero que pensó fue pagarlo, porque en el telegrama decía que si no lo pagaba lo iban a detener, el (sic) hablo (sic) con el abogado de la empresa de teléfonos del sindicato, y le recomendaron que resolviera su caso, porque en le momento en que la empresa se enterar (sic) le podían abrir un disciplinario, nosotros acudimos a la personería ahí nos dijeron que el caso era absurdo pero que no podían hacer nada, que teníamos que ir a la procuraduría, allí yo asistí hable (sic) con una abogada escucho todo el caso, pero hasta donde súper (sic) tampoco dieron alguna respuesta, en ese momento, que con el estado no se pudo conseguir colaboración fue que a pesar de no tener los recursos de contrato del abogado para que llevara el caso. Durante ese tiempo pues para mi papa (sic) fue muy difícil la situación primero por la preocupación de tener una sentencia en su contra, cuando el (sic) ha sido una persona respetable, responsable en los 13 años que lleva en la empresa de teléfonos nunca ha tenido ningún problema, eso le afectó muchísimo, empezó a sufrir de insomnio la intranquilidad que lo detuvieran en la cada (sic), además de que tener que conseguir dinero para contratar a un abogado sin tener el (sic) nada que ver con lo que lo estaban acusando, el (sic) después de eso cambio (sic) muchísimo se volvió huraño, como que perdió el sentido del humos (sic) con sus hijos y con mi mamá, la relación se torno (sic) muy diferente, porque vivía muy preocupado por su situación gran parte de nuestra familia vive en Cali, nosotros viajamos muy seguido allí desde ese momento el (sic) no ha querido salir de viaje porque en algún reten (sic) le pidan la cédula y lo pueden detener, igual que se siente imposibilitado de sacar un pasado judicial en el DAS, aún hoy que se supone se aclaró la situación sigue con el miedo constante a que lo puedan capturar, porque incluso el 19 de abril del año pasado que se encontraba trabajando cerca de la Fiscalía funcionarios de allí pidieron su cédula lo llevaron a la Fiscalía y esta vez lo estaban acusando de Homicidio, el (sic) normalmente carga con unas cartas que le dio la Registraduría para que llevara al DAS a la Fiscalía, que aclara (sic) su situación y allí el caso lo pudieron resolver ese mismo día”(31).

A estos testimonios la Sala les otorgará valor probatorio, por cuanto tienen características y cualidades lógicas que permiten valorarlos, no fueron tachados de falsos en el expediente de la referencia por la contraparte, los testigos estuvieron presentes en el lugar de los hechos y si bien una de las declarantes es hija de la víctima no se observa alguna circunstancia que pueda afectar la imparcialidad en su declaración, aunado a que no ofrecen dudas respecto de las circunstancias que describen, específicamente en lo que atañe a la afectación que tuvo el señor J. F. V. L. en el ejercicio de sus derechos políticos al no poder votar en las elecciones del año 2002, momento en el cual tuvo conocimiento de la sentencia condenatoria proferida en su contra por el delito de infracción a la Ley 30 de 1986.

3.2.1.2. Sobre el daño moral.

Las personas naturales tienen derecho a disfrutar de una vida interior o espiritual, plácida, sosegada, pacífica. Cuando esta condición se altera para dar paso al dolor, a la angustia, a la aflicción, se configura una modalidad de daño que se conoce con el apelativo de daño moral.

La Sala encuentra probado este daño con basamento en las pruebas testimoniales que obran en el expediente y que fueron referidas con ocasión del análisis de la afectación a los derechos políticos.

3.2.2. Sobre la imputación.

Además de los elementos probatorios señalados en el acápite del daño, la parte actora aportó las siguientes pruebas para demostrar la imputación:

— Informe de la Policía Metropolitana de Bogotá del 8 de julio de 1998, dirigido al Fiscal Delegado de la Unidad de Reacción Inmediata Delicias, en el que se adveró que al momento de la captura del señor W. D., este se encontraba indocumentado y se le encontraron 41 papeletas de bazuco envueltas en papel cuadriculado con contenido en una sustancia de polvo y la suma de $19.000.000.(32)

— Resolución de apertura de instrucción del 9 de julio de 1998, proferida por el Fiscal 310 Delegado ante los Juzgados Penales del Circuito de Bogotá contra el señor W. D. en la que se ordenó en el numeral 4º oficiar a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que se sirviera remitir copia de la cartilla decadactilar correspondiente a la cédula de ciudadanía 1X.XXX.6XX expedida en Bogotá y la que se haya expedido a nombre de W. D..(33)

— Informe rendido el 11 de diciembre de 1998 por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el que se indicó que la cédula de ciudadanía 1X.XXX.6XX le correspondía al señor J. F. V. L. y se remitió fotocopia de la tarjeta decadactilar del mismo.(34)

— Informe final de plena identidad elaborado por el Técnico Judicial I del 17 de agosto de 1999, en el que afirmó que los trámites técnicos de dactiloscopia y fotografía resultaron negativos para W. D. con cédula de ciudadanía 1X.XXX.6XX de Bogotá.(35)

— Proveído del 21 de octubre de 1999, proferido por la Fiscalía 252 Seccional, en la que revocó la decisión de decretar la nulidad de la etapa instructiva y en su lugar ordenó proferir resolución de acusación en contra del señor J. F. V. L., por el delito de infracción a la Ley 30 de 1986.(36)

— Sentencia del 13 de julio de 2000, proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, en la que se condenó al señor J. F. V. L. o W. D. como autor responsable de la infracción a la Ley 30 de 1986 a la pena principal de 12 meses de prisión y al pago de una multa de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como a la interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena principal.(37)

— Auto del 31 de julio de 2000, mediante el cual el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá declaró en firme la sentencia condenatoria proferida contra el señor J. F. V. L. o W. D..(38)

— Memorial del 12 de marzo de 2002, presentado por el señor J. F. V. L. al Juez Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, en el que solicitó que se aclarara su situación penal, en atención a que su nombre estaba relacionado como sindicado en el proceso nro. 2000-021 que culminó con sentencia condenatoria.(39)

— Derecho de petición del 19 de noviembre de 2002, presentado por el señor J. F. V. L. ante el Juez Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, en el que solicitó que se aclarara su situación legal ante el despacho, al haberse adelantado un proceso penal en su contra, el cual no solo desconocía al no haber sido requerido ni siquiera para indagatoria, sino que también le era ajeno por ser conocido en la comunidad por sus altas calidades humanas.(40)

— Oficio de gestión directa 44 del 16 de enero de 2003, proferido por la Defensoría del Pueblo en el que le solicitó al Juez Cuarto Penal del Circuito que le diera respuesta al derecho de petición presentado el 19 de noviembre de 2002, para que si existiera alguna falencia se efectuaran las respectivas correcciones.(41)

— Oficio de gestión directa 211 del 7 de febrero de 2003, proferido por la Defensoría del Pueblo en el que le solicitó al Juez Cuarto Penal del Circuito de Bogotá que diera respuesta al referido derecho de petición y a su misiva, otorgándole el término de 5 días para tal efecto.(42)

— Copia auténtica de la sentencia de tutela del 22 de julio de 2003, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en la que se negó por improcedente el amparo solicitado por la presunta violación del debido proceso al ciudadano J. F. V. L..(43)

— Copia auténtica de la sentencia de tutela del 3 de septiembre de 2003, proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la que confirmó el fallo proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, no obstante, refirió que el funcionario competente debía pronunciarse en torno a la rectificación de la sentencia con los nuevos elementos de juicio allegados al plenario, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 412 del Código de Procedimiento Penal.(44)

— Auto del 17 de junio de 2004, proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, en el que se aclaró la sentencia del 13 de julio de 2000, en el sentido de que la persona capturada, juzgada y condenada correspondía al señor W. D. y no al señor J. F. V. L., por haberse demostrado la suplantación de la que este último fue objeto.(45)

— Acta de incautación del 8 de julio de 1998, en la que se advirtió que el señor W. D. se negó a firmarla.(46)

— Acta de derechos del aprehendido del 8 de julio de 1998, en la que se plasmó que el señor W. D. se identificó con la cédula de ciudadanía 1X.XXX.6XX, a pesar de haber sido capturado sin documentos.(47)

— Diligencia de indagatoria del 9 de julio de 1998, adelantada al señor W. D., quien manifestó estar identificado con la cédula de ciudadanía 1X.XXX.6XX de Bogotá, la cual la había dejado en la casa porque estaba en ropa de trabajo.(48)

— Diligencia de compromiso del 9 de julio de 1998, en la que se indicó que al señor W. D. se le dejaba en libertad, y que el mismo se comprometía ante el Fiscal de conocimiento a cumplir con las obligaciones impuestas.(49)

— Providencia del 15 de julio de 1998, mediante la cual el Fiscal Seccional 252 de Bogotá avocó por competencia el conocimiento del proceso de la referencia.(50)

— Resolución del 20 de octubre de 1998, proferida por la Fiscalía 252 Seccional, en la que resolvió la situación jurídica del señor W. D. al imponerle medida de aseguramiento de detención preventiva por el delito de infracción a la Ley 30 de 1986, y en la que al mismo tiempo se le concedió al sindicado la libertad provisional previa caución prendaria y suscripción de acta con las obligaciones establecidas en el artículo 419 del Código de Procedimiento Penal.(51)

— Informe parcial sobre identificación del 26 de octubre de 1998, elaborado por el técnico judicial de la Fiscalía General de la Nación, en el que adveró realizar la reseña dactiloscópica y fotográfica de quien dijo llamarse W. D..(52)

— Resolución del 15 de septiembre de 1999, mediante la cual la Fiscalía 252 Seccional de Bogotá declaró la nulidad de toda la etapa instructiva efectuada en la investigación de la referencia, habida cuenta que se habían confundido las identidades de los señores W. D. y J. F. V. L..(53)

— Recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto el 1 de octubre de 1999 por la Personería de Bogotá, contra la anterior decisión.(54)

— Auto del 21 de marzo de 2000, proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, en el que se ordenó determinar si las huellas obrantes a folio 50 correspondían a la misma persona de las que obraban a folio 45 del cuaderno original.(55)

— Oficio 2399 A.D. del 4 de abril de 2000, de la Cárcel Distrital de Varones y Mujeres dirigido al Juez Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, en el que le comunicó que revisados los archivos, no se encontró que el señor J. F. V. L. tuviera antecedentes penales.(56)

— Oficio 2817 del 8 de abril de 2008, de la Sala de Antecedentes de la SIJIN, Área Criminalística, en la que informó al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá que consultado el archivo del sistema de antecedentes y órdenes de captura no aparece registrado el nombre del señor J. F. V. L., identificado con la cédula de ciudadanía 19.184,673 de Bogotá ni de W. D., indocumentado.(57)

— Acta de audiencia pública del 27 de abril de 2000.(58)

— Formato de envío del expediente al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del 19 de marzo de 2002.(59)

— Auto del 25 de agosto de 2003, proferido por el Juzgado Décimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, en el que le solicitó al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá el envío de las cartillas decadactilares que reposaban en el proceso, es decir, las de reseña del capturado y las que se allegaron de la Registraduría correspondientes al cupo numérico 1X.XXX.6XX, a fin de determinar si se trataban de la misma persona.(60)

La Sala, previo a abordar el estudio y análisis de fondo, se pronuncia acerca de la siguiente cuestión procesal: (1) valor probatorio de la prueba trasladada.

En cuanto a las pruebas que la Sala valorará, se advierte que se allegó copia del proceso penal con el número consecutivo de radicación 2000-0021, adelantado de oficio en el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá contra el señor J. F. V. L. por el presunto delito de la infracción a la Ley 30 de 1986.

El artículo 185 del Código de Procedimiento Civil preceptuó que las pruebas practicadas válidamente en un proceso pueden ser trasladadas a otro sin más formalidades en copia auténtica, y se apreciarán sin mayores formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con su audiencia.

La excepción a esta regla, salvo cuando la parte contraria lo ha aceptado, procede su valoración si tratándose de dictámenes e informes técnicos se permitió su contradicción (C.P. arts. 238 y 239), de documentos su tacha (CPC, art. 289) y de testimonios su ratificación (art. 229 ib.).

De esta manera, en el sub judice la Sala valorará los documentos que se trasladaron en copia auténtica del proceso penal 2000-0021, toda vez que los mismos fueron puestos en conocimiento de la parte contra la cual se pretendían hacer valer, sin que esta hubiese impugnado su valor, lo cual, conforme a lo expuesto, permite que a los mismos se les otorgue valor probatorio.

3.3. Problema jurídico.

Teniendo en cuenta el objeto de los recursos de apelación y el alcance del mismo, se tiene que el caso sub judice se centra en los siguientes planteamientos:

— ¿Existe responsabilidad patrimonial extracontractual de la Nación - Rama Judicial por haber proferido el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá una sentencia condenatoria en contra del demandante por infringir la Ley 30 de 1986 cuando aquella debía recaer sobre el señor W. D.?

— ¿Existe responsabilidad patrimonial extracontractual de la Nación – Rama Judicial por el retardo y la demora en aclarar la sentencia condenatoria proferida en contra del señor J. F. V. L., en el sentido de advertir que la misma debía recaer sobre el señor W. D.?

3.4. Análisis de la Sala sobre la responsabilidad.

En cuanto a los supuestos fácticos probados, en el expediente se acreditó que la Policía Metropolitana de Bogotá capturó el 8 de julio de 1998 a una persona indocumentada, quien se hizo llamar como W. D., presunto vendedor de drogas y a quien se le incautaron 41 papeletas de bazuco y $19.000 al momento de su captura, quien además se negó a suscribir el acta de incautación, motivo por el que fue puesto a disposición de la Fiscalía de la Unidad de Reacción Inmediata de las Delicias.

Luego, la instrucción fue adelantada por la Fiscalía 310 de la Unidad de Reacción Inmediata, quien profirió Resolución de apertura en contra del señor W. D., ordenando vincularlo mediante indagatoria y se ordenó solicitar a la Registraduría Nacional del Estado Civil remitir copia de la cartilla decadactilar del sindicado.

Una vez en la diligencia de indagatoria, el señor W. D. se identificó con la cédula de ciudadanía 19184.673 de Bogotá, negó la comisión de los hechos imputados y afirmó que los mismos habían sido un montaje de los agentes policiales, fecha en la que a su vez, el sindicado suscribió diligencia de compromiso.

Con posterioridad, la instrucción fue remitida a la Fiscalía 252 Seccional, quien avocó el conocimiento de la misma y posteriormente profirió providencia del 20 de octubre de 1998 le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, concediéndole al mismo tiempo el beneficio de la libertad provisional, previa prestación de caución prendaria.

El 26 de octubre de 1998, el Técnico Judicial de la Fiscalía General de la Nación presentó al Fiscal 250 Seccional el informe pericial, en el que adveró realizar la reseña dactiloscópica y fotográfica de quien dijo llamarse W. D. e indicó lo siguiente:

“Teniendo en cuenta la demanda que de este tipo de solicitudes tiene el citado organismo, las respuestas a estas peticiones son tardías, se sugiere si urge respuesta, se realice la práctica de inspección judicial. Por parte de esta área se prestará la colaboración con un técnico realizando la solicitud con antelación”.

Luego, la Registraduría Nacional del Estado Civil informó el 11 de diciembre de 1998 a la Fiscalía 252 Seccional que el número de cédula 1X.XXX.6XX correspondía al señor J. F. V. L., y precisó:

“Con el (los) nombre (s) que a continuacion (sic) relaciono, se hallaron homonimos (sic). Solamente se envía (n) fotocopia (s) de tarjeta (s) decadactilar (es), cuando se posea la identificacion (sic) suficiente para individualizar al sindicado; es decir, numero (sic) de cedula (sic), nombres y apellidos completos, sus impresiones decadactilares o practicar una inspeccion (sic) judicial en nuestras dependencias para realizar los descartes a que haya lugar (CPP, art. 274).

Nombres de los ciudadanos

W. D.”.

El 17 de agosto de 1999, la Fiscalía 252 Seccional recibió el informe final de plena identidad realizado al señor W. D., en el que se coligió que los trámites técnicos de dactiloscopia y fotografía resultaron negativos para aquél con cédula de ciudadanía 1X.XXX.6XX de Bogotá.

Teniendo en cuenta las anteriores situaciones, el 15 de septiembre de 1999, el ente acusador declaró la nulidad de la etapa instructiva, con la finalidad de retrotraer la investigación y dilucidar la plena identidad o individualización del sindicado, empero, la Personería de Bogotá interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la anterior decisión, el cual fue resuelto por la Fiscalía 252 Seccional revocando la anterior decisión y profiriendo en su lugar Resolución de Acusación contra el señor J. F. V. L. por la presunta comisión del delito de infracción a la Ley 30 de 1986, y en esa ocasión manifestó:

“Cabe en principio señalar que le asiste toda razón a la señora representante el Ministerio Público al solicitar por vía de reposición la revocatoria de la providencia fechada el 15 de septiembre pasado, mediante la cual se decretó la nulidad de la actuación con fundamento en que el sindicado no estaba identificado e individualizado pues dicha deducción ciertamente resulta contraria a la evidencia probatoria arrimada a la investigación tal como lo reclama la doctora O. A. G., tanto como que gracias al estudio dactiloscópico y a la reseña tomada al sindicado, se pudo descubrir su verdadero nombre y su correspondiente identidad, pues se estableció que este no responde al nombre de W. D., como lo dijera en su injurada, sino al nombre de J. F. V. L., quien se identifica con la cédula de ciudadanía 1X.XXX.6XX de Bogotá, quedando en claro que el sindicado, como suele ocurrir con este tipo de delincuentes, falto (sic) a la verdad en su indagatoria al referir nombres y apellidos falsos así como anotando un número de cédula que no le corresponde. Por esta razón se revocará la citada resolución y de inmediato se procederá a calificar el mérito del sumario, tal como lo peticiona la representante de la sociedad”.

Una vez formulada la acusación, el proceso le correspondió al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, quien mediante auto del 21 de marzo de 2000, ordenó determinar si las huellas obrantes en el proceso penal correspondían a las de la misma persona sindicada y acusada.

El 13 de junio de 2000, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá profirió sentencia condenatoria en contra del señor J. F. V. L. por el delito de infracción a la Ley 30 de 1986, en la que se dijo al respecto:

Identidad del procesado

Se logró su individualización mediante su propia indagatoria, dentro de la que manifestó responder al nombre de W. (sic) D., indocumentado, por lo que se agotaron los mecanismos indicados a efecto de establecer su verdadera identificación con resultados positivos para quien responde al nombre de J. F. V. L. con cédula de ciudadanía número 1X.XXX.6XX expedida en Bogotá. D.E. nació el 15 de junio de 1952 en Miranda (Cauca)”

El anterior fallo fue notificado mediante edicto fijado el 21 de julio de 2000 y quedó en firme el 31 de julio de la misma anualidad, toda vez que no fue impugnada por la parte actora al no tener conocimiento de la misma.

En el año 2002, el señor J. F. V. L. al intentar ejercer su derecho al voto, encontró que su cédula de ciudadanía no aparecía en la lista de votación, motivo por el que acudió a la Registraduría Nacional del Estado Civil, en donde le informaron que dicha medida fue producto de una sentencia penal condenatoria en su contra, hecho del cual dan fe los testimonios aportados al proceso.

El 12 de marzo de 2002, una vez tuvo conocimiento de la sentencia condenatoria, el señor J. F. V. L. elevó memorial en el que solicitó al Juzgado Cuarto Penal del Circuito que aclarara su situación jurídica, y luego presentó derecho de petición el 19 de noviembre de 2002 ante la misma autoridad judicial y con la misma finalidad, solicitudes que nunca fueron atendidas por el Juzgado en mención.

Así, la Defensoría del Pueblo radicó el oficio de gestión 044 del 16 de enero de 2003, en el que le solicitó al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá que le diera respuesta al derecho de petición presentado por el actor, lo cual tampoco fue atendido por la autoridad judicial, motivo por el que el Ministerio Público emitió el oficio de gestión 211 del 7 de febrero de 2003 en la que requirió al Juzgador para que en el término de 5 días contestara las solicitudes elevadas.

Al no obtener respuesta, el señor J. F. V. L. presentó acción de tutela contra el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, la cual fue en primera instancia denegada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en sentencia del 22 de julio de 2003, al estimar que no era necesario acudir a la acción constitucional en este caso para procurar el amparo de los derechos invocados por el accionante.

El 25 de agosto de 2003, el Juzgado Diez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad solicitó al Juzgado Cuarto Penal del Circuito la remisión de las cartillas decadactilares que se encontraban en el expediente con el fin de remitirlas a un cotejo dactiloscópico.

Una vez impugnada la tutela, en sede de segunda instancia la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó el 3 de septiembre de 2003 el fallo proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, no obstante, el órgano de cierre de la jurisdicción penal plasmó en su decisión:

“Ciertamente, el demandante ha acudido a la acción de tutela porque el juez sentenciador como el ejecutor de la pena accionado incurrió (sic) en vías de hecho; sin embargo, los propios argumentos que sirven de sustento a la demanda de amparo, demuestran que no las hay en el proceder de las autoridades judiciales accionadas; se trata de la inconformidad del impugnante con las decisiones emitidas por dichos operadores judiciales, contra las cuales en atención a la naturaleza de las mismas, se reitera, ha ejercitado sus derechos y ha dado inicio al trámite establecido en la ley para resolver asuntos de dicha naturaleza y que por esta vía pretende suplir, por tanto, no hay lugar para abrir la puerta de la excepcionalidad al principio de que no procede la tutela contra providencias judiciales.

Así las cosas, aunque es claro que el Juez de conocimiento, omitió las diligencias necesarias para establecer con absoluta certeza la identidad del autor del hecho criminal, pues aunque se solicitó la tarjeta alfabética a la registraduría del cupo numérico que se aseguró pertenecer a quien dijo llamarse W. D., no se efectuó el necesario cotejo dactiloscópico que permitiese dilucidar por completo su identidad con la del titular de la cédula de ciudadanía número 1X.XXX.6XX, sehaordenadoydadoinicioaldiligenciamientopertinenteydeserprocedentesepronunciaráelfuncionariocompetenteentornoalarectificacióndelasentenciaconlosnuevoselementosdejuicioallegadosalproceso,deconformidadconloprevistoenelartículo412delCódigodeProcedimientoPenal”.

Finalmente, el 17 de junio de 2004, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá aclaró la sentencia condenatoria, en el sentido de que la persona capturada, investigada, juzgada y condenada corresponde al señor W. D. y no al señor J. F. V. L., quien es portador de la cédula de ciudadanía 1X.XXX.6XX de Bogotá por haberse demostrado la suplantación de la que fue objeto. En esa oportunidad se señaló al respecto:

“Conforme a lo anterior, es claro que la persona que se identifica con el número de cédula de ciudadanía 1X.XXX.6XX de Bogotá, esto es, el señor V. L. J. F., no fue la persona que fue hallada en posesión de estupefacientes el día ocho (8) de julio del año de mil novecientos noventa y ocho (1998), ni que estuvo detenida desde esa fecha hasta el día 9 de julio del citado año.

De otra parte y conforme a lo señalado en el informe del área de apoyo técnico y pericial del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, para la persona que dijo llamarse W. D., aún no se había expedido documento de identidad, empero si existe la formula (sic) dactiloscópica y que fue plasmada a folio 50 del cuaderno original.

En el caso de estudio es claro que el señor J. F. V. L. portador de la Cédula de Ciudadanía número 1X.XXX.6XX no fue la persona que cometió el ilícito investigado y que fue victima (sic) de una suplantación por quien dijo llamarse W. D. cuya formula (sic) decadactilar corresponde a prim 3/1, sec U/U, med 000/000, may L/S, fin 15/13 o clave 17 vista a folio 50 del cuaderno original; luego es evidente entonces, que la aclaración de la sentencia procede, como quiera que la persona capturada, investigada, juzgada y condenada no corresponde al nombre de J. F. V. L.”.

Ahora bien, en el sub lite el daño consistió en la afectación al derecho a ejercer sus derechos políticos y al buen nombre del señor J. F. V. L. con motivo del proceso penal 2000 – 021 adelantado ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, que tuvo la sentencia condenatoria del 13 de julio de 2000 y que fue corregida mediante auto del 17 de junio de 2004, y la afectación de sus derechos políticos contemplados en el artículo 40 de la Constitución Política de 1991(61), la cual fue ordenada en la sentencia condenatoria y mantenida hasta el auto en mención, en virtud de que en el año 2002 el actor no pudo ejercer su derecho al voto como consecuencia de la interdicción de sus derechos políticos ordenada en el fallo citado. Ese daño tiene la connotación de antijurídico, puesto que de acuerdo con el ordenamiento la víctima no tenía el deber de soportar el menoscabo a sus derechos, lo cual quedó al descubierto con el auto mediante el cual se aclaró la sentencia condenatoria, en el sentido de advertir que la condena iba dirigida contra el señor W. D.

Una vez realizada la relación anterior, se tiene que la pretensión encaminada a declarar la responsabilidad patrimonial extracontractual de la Nación – Rama Judicial por error judicial no puede ser reconocida en el caso sub lite, habida cuenta que la providencia que presuntamente le ocasionó un daño al accionante no se encontraba en firme.

En efecto, el artículo 67 de la Ley 270 de 1996(62) preceptuó que dentro de los presupuestos del error jurisdiccional se encuentran que el afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley y que el proveído contentivo del yerro deberá tener firmeza, requisitos que también ha sido decantados por la doctrina administrativa, la cual ha sostenido que aquellos envían un claro mensaje de autocorrección a los jueces(63).

En el expediente de la referencia se denota que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá había incurrido en una equivocación al confundir al señor J. F. V. L. con el señor W. D., el cual se configuró de forma clara en la sentencia proferida el 13 de junio de 2000, en la que se le condenó penalmente por el delito de infracción a la Ley 30 de 1986, yerro que se configuró por no realizar el respectivo cotejo de las cartillas decadactilares que obraban en el proceso penal, para efectos de dilucidar si existía homogeneidad entre las que se habían tomado al momento de realizar la captura de la persona que dijo llamarse W. D. y tener la cédula de ciudadanía 1X.XXX.6XX y las que con posterioridad fueron allegadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en las que se indicó que el número de cédula en mención correspondía al señor J. F. V. L.

Además, el 17 de agosto de 1999, la Fiscalía 252 Seccional había recibido el informe final de plena identidad del señor W. D., el cual arrojó resultado negativo respecto de los trámites técnicos de dactiloscopia y fotografía de quien dijo tener la cédula de ciudadanía 1X.XXX.6XX, circunstancias que fueron puestas al descubierto por la sentencia de tutela del órgano de cierre de la jurisdicción penal, quien afirmó que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá omitió las diligencias menesteres para determinar con certeza la identidad del autor de la conducta punible.

No obstante, el juzgado en cita mediante auto del 17 de junio de 2004 decidió aclarar la sentencia condenatoria, al referir que la misma iba dirigida contra el señor W. D. y no contra el demandante en el presente asunto, por lo tanto, para esta Subsección, el proveído contentivo del error no quedó en firme, comoquiera que al proferir el auto mediante el cual se aclaró el fallo, el yerro contenido en el mismo cuya reparación deprecó la parte accionante no quedó en firme y fue subsanado por la autoridad judicial competente.

En ese sentido, se resalta que no se cumplió con el requisito previsto por el ordenamiento jurídico para endilgar la responsabilidad patrimonial extracontractual de la Nación – Rama Judicial, por el eventual error judicial del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá dentro del proceso penal 2000-021 adelantado contra el actor por el delito de infracción a la Ley 30 de 1986.

En cuanto al presunto defectuoso funcionamiento de la administración de justicia endilgado al ente demandado, se itera que según el libelo introductorio el mismo consistió en la presunta demora en la que incurrió el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá para rectificar la identificación de la persona condenada en la sentencia proferida el 13 de julio de 2000.

Se ha afirmado que el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia conlleva todo aquello que no esté contenido en una providencia judicial, realizado en virtud del servicio judicial, que es imputable a la administración de justicia y que irrogue daño a un particular, lo cual compromete la responsabilidad estatal, al margen de las conductas subjetivas de empleados y funcionarios que comprometan su responsabilidad personal en los órdenes disciplinario, penal o fiscal.(64)

La jurisprudencia de la Sección Tercera de esta corporación ha sostenido frente a sus características:

“El defectuoso funcionamiento de la administración de justicia presenta las siguientes características: (i) se predica de actuaciones u omisiones, diferentes a providencias judiciales, necesarias para adelantar un proceso; (ii) puede provenir de funcionarios judiciales y particulares que ejerzan facultades jurisdiccionales; (iii) debe existir un funcionamiento defectuoso o anormal, partiendo de la comparación de lo que debería ser un ejercicio adecuado de la función judicial; y (iv) se manifiesta de tres formas: la administración de justicia ha funcionado mal, no ha funcionado o funcionó tardíamente”.(65)

La doctrina ha hecho hincapié en que la garantía a un juicio sin dilaciones injustificadas está plasmada en el ordenamiento jurídico interno en el artículo 29(66) de la Constitución Política de 1991 y en el plano internacional en el numeral 5(67) del artículo 7º y en el numeral 1 del artículo 8º(68) de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ergo, existen normas jurídicas válidas que establecen la citada garantías, las cuales se encuentran en la cima del ordenamiento jurídico.(69)

De las pruebas aportadas al expediente se observa que: i) el 13 de julio de 2000, el juzgado en cita profirió sentencia condenatoria contra el señor J. F. V. L. por ser autor del delito de infracción a la Ley 30 de 1986; ii) el edicto de la sentencia se fijó el 21 de julio de la misma anualidad y el fallo quedó en firme el 31 de julio de 2000; iii) el 12 de marzo de 2002, una vez tuvo conocimiento de la decisión proferida en su contra, el actor elevó memorial ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá en el que deprecó que se dilucidara su situación jurídica; iv) al no obtener respuesta, el 19 de noviembre de 2002, la víctima presentó derecho de petición ante el juzgado de la causa para los mismos efectos; v) en vista de la no contestación de la autoridad judicial, el accionante acudió ante la Defensoría del Pueblo, la cual radicó el oficio de gestión 44 del 16 de enero de 2003, en donde deprecó que se le diera respuesta a la petición del demandante; vi) el Ministerio Público presentó el oficio de gestión 211 del 7 de febrero de 2003 en el cual requirió al Juzgado para que en el término de 5 días contestara las solicitudes elevadas no contestadas; vii) el señor J. F. V. L., ante el silencio de la autoridad, presentó acción de tutela contra el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, la cual fue fallada de forma desfavorable a las pretensiones en primera instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá el 25 de julio de 2003; viii) la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de segunda instancia proferida el 3 de septiembre de 2003 confirmó el fallo impugnado, no obstante, señaló que el accionado omitió las diligencias necesarias para establecer la verdadera identidad del presunto autor de la conducta punible, y ordenó que de ser procedente, el funcionario competente se pronunciará respecto de la rectificación de la sentencia, al tenor de lo previsto por el artículo 412 del Código de Procedimiento Penal; ix) el 17 de junio de 2004, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá decidió aclarar la sentencia en los términos indicados en la presente providencia.

Así las cosas, se observa que la autoridad judicial en varias ocasiones omitió darle respuesta a la solicitud elevada por la parte actora en la que pretendía que se aclarara su situación jurídica.

Verbigracia, al no ser atendido el memorial radicado el 12 de marzo de 2002, el actor hizo uso del derecho fundamental preceptuado en el artículo 23 de la Constitución Política de 1991(70) y en el artículo 5 del Decreto 1 de 1984(71) (norma vigente para la fecha de los hechos) ante el Juzgado de la causa, quien omitió darle una pronta resolución, al igual que no dio respuesta a los oficios de gestión del 16 de enero y 17 de febrero de 2003, presentados por la Defensoría del Pueblo, entidad a la que había acudido la víctima en atención a la demora del Juzgado en responder su solicitud, los cuales tampoco fueron atendidos por la autoridad judicial.

En ese sentido se resalta que si bien la jurisprudencia ha indicado que los derechos de petición ante autoridades judiciales cuyo contenido sea de carácter jurisdiccional y no administrativo no están sometidas al término previsto por el Decreto 01 de 1984 sino a la normatividad procesal pertinente(72), no es menos cierto que la omisión en su respuesta implica una vulneración al debido proceso.

Inclusive, el accionante presentó acción de tutela contra el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, la cual fue debidamente notificada a la citada autoridad quien procedió a contestarla sin ni siquiera responder la petición pendiente, y pese a ser resuelta desfavorablemente a sus intereses en las dos instancias, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hizo hincapié en el error en que había incurrido el juzgado de conocimiento y dispuso que el funcionario competente se pronunciara respecto de la rectificación del fallo condenatorio, de acuerdo con lo previsto por el artículo 412 de la Ley 600 de 2000.(73)

Bajo esta perspectiva, se indica que aún con el fallo de tutela proferido por el órgano de cierre de la jurisdicción penal, acción que tiene un trámite preferencial al tenor del artículo 15 del Decreto 2591 de 1991(74), en el cual se le puso de presente al juez cognoscente de su mora y en el que se le ordenó en caso de ser procedente la rectificación del fallo, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá solo dio cumplimiento a la sentencia en junio de 2004, es decir, alrededor de 9 meses después de la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, lo que permite inferir de forma lógica que su omisión desconoció el contenido del citado artículo 412 de la Ley 600, que pese a no definir un plazo exacto, de su lectura se desprende de forma razonable que el ente demandado no le dio respuesta a la solicitud de forma inmediata, aun teniendo en cuenta las múltiples fechas en las que había sido requerido el juzgado de marras.

La Real Academia Española(75) significó respecto del término inmediato: “2. adj. Que sucede enseguida, sin tardanza”, y en ese sentido, se desprende que el legislador de la Ley 600 de 2000 quiso que las solicitudes de correcciones de nombres de personas a que refiere la sentencia o aritméticas tuvieran un pronunciamiento por parte del juez que la profirió de forma expedita y sin retardos innecesarios.

Además, se advierte que según el inciso segundo del artículo 28 del Decreto 2591 de 1991(76), la circunstancia de denegarse la tutela no puede utilizarse como un pretexto para poder excusar las responsabilidades en las que haya incurrido el autor de la vulneración o del agravio.

Así, se ha señalado que la garantía de un proceso justo en un plazo razonable o sin dilaciones sin justificación tiene directa relación con el derecho fundamental al debido proceso, comoquiera que es parte integrante del mismo, por ende, las autoridades tienen la obligación de resolver los asuntos sometidos a su consideración en términos aceptables, habida cuenta que si la teleología es la obtención de una decisión justa, es evidente que aquella no se puede obtener si llega de forma tardía.(77)

En ese orden de ideas, se colige que el daño padecido por el señor J. F. V. L. consistente en la afectación a su buen nombre y a sus derechos políticos como consecuencia de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia le es imputable a la Nación – Rama Judicial, por cuenta de las omisiones en las que incurrió el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, ergo, hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial extracontractual del ente demandado y a confirmar en ese sentido la sentencia impugnada.

3.5. Tasación de perjuicios.

3.5.1. Del perjuicio moral.

En el fallo proferido por la primera instancia se condenó a la Nación – Rama Judicial a favor del señor J. F. V. L. el equivalente a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales.

Revisado el expediente, la Sala no encuentra justificado el reconocimiento del citado monto, comoquiera que el actor no demostró una afectación grave de sus derechos, tal como estar privado de la libertad como consecuencia de la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, ni que hubiera perdido su empleo o hubiera sido objeto de una investigación disciplinaria con motivo de la citada decisión.

La prueba testimonial aportada apunta a manifestar que el señor J. F. V. L. no pudo ejercer su derecho al voto por la orden impartida en la sentencia penal proferida en su contra, asimismo, la testigo Luz Dary V. refirió que su padre el aquí demandante perdió su tranquilidad en virtud de la condena de la referencia, razón por la que empezó a padecer de insomnio por la incertidumbre de ser detenido en cualquier momento, y también perdió el sentido del humor con sus hijos y esposa, toda vez que vivía preocupado por su situación penal, y de igual forma narró que a pesar de que la familia viajaba con frecuencia a Cali, donde residían demás miembros familiares, el señor J. F. V. L. no pudo viajar más por el miedo a que en algún retén le fuera pedida su cédula.

De lo expuesto con anterioridad se precisa que si bien la parte actora acreditó el perjuicio moral padecido en el proceso de la referencia, no es menos cierto que el monto reconocido por el a quo es considerablemente alto, teniendo en cuenta las circunstancias señaladas a lo largo de esta providencia, y comoquiera que la sentencia impugnada solo fue apelada por la entidad demandada, procede la Sala a disminuir el monto del perjuicio inmaterial en la modalidad de daño moral a 8 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En cuanto a las demás pretensiones del libelo introductorio es necesario advertir que el fallo de primera instancia solo accedió al reconocimiento del perjuicio moral padecido por el actor, mientras que denegó las demás súplicas, y comoquiera que la sentencia solo fue apelada por la Nación – Rama Judicial, la Sala se abstendrá de abarcar el estudio del reconocimiento de las demás peticiones de la parte accionante.

3.6. De la condena en costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma no se efectuará condena en costas alguna.

Como consecuencia de lo anterior, se modificará la sentencia del 19 de enero de 2011 proferida por Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, por las consideraciones aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. MODIFÍQUESE el numeral tercero de la sentencia del 26 de agosto de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el cual quedará así:

“3. En consecuencia, condénese a la Nación – Rama Judicial a pagar a título de indemnización por concepto de perjuicios morales el equivalente a ocho (8) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del señor J. F. V. L”.

2. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de primera instancia.

3. Sin condena en costas.

4. EXPÍDASE una copia auténtica que preste mérito ejecutivo de la sentencia a favor de la parte actora, de conformidad con la ley procesal.

5. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, presidente—Jaime Enrique Rodríguez Navas—Guillermo Sánchez Luque.

1 Folios 194 a 204 del cuaderno principal.

2 Folios 1 a 12 del cuaderno 1 del Tribunal

3 Folios 15 y 16 del cuaderno 1 del Tribunal.

4 Folios 20 a 25 del cuaderno 1 del Tribunal.

5 Folios 47 a 55 del cuaderno 1 del Tribunal.

6 Cuaderno del llamamiento en garantía.

7 Folios 69 y 70 del cuaderno 1 del Tribunal.

8 Folios 82 y 83 del cuaderno 1 del Tribunal.

9 Folios 102 y 103 del cuaderno 1 del Tribunal.

10 Folio 134 del cuaderno 1 del Tribunal.

11 Folios 135 a 139 del cuaderno 1 del Tribunal.

12 Folios 140 a 143 del cuaderno 1 del Tribunal.

13 Folios 155 del cuaderno 1 del Tribunal.

14 Folio 168 del cuaderno 1 del Tribunal.

15 Folios 169 a 171 del cuaderno 1 del Tribunal.

16 Folio 175 del cuaderno 1 del Tribunal.

17 Folio 179 del cuaderno 1 del Tribunal.

18 Folios 185 y 186 del cuaderno 1 del Tribunal.

19 Folio 187 del cuaderno 1 del Tribunal.

20 Folios 206 a 210 del cuaderno principal.

21 Folio 212 del cuaderno principal.

22 Folio 216 del cuaderno principal.

23 Folio 218 del cuaderno principal.

24 Folios 219 a 223 del cuaderno principal.

25 Folio 224 del cuaderno principal.

26 La Ley 270 de 1996 —vigente para el momento de interposición del recurso de apelación en el caso en estudio— desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad. En relación con la competencia funcional en el juzgamiento de las controversias suscitadas por tales asuntos, determinó que, en primera instancia, conocerían los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado. Para tal efecto, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, expediente 2008-00009, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

27 ART. 136.—Caducidad de las acciones.
(…).
8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

28 ART. 308.—Régimen de transición y vigencia. El presente código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
Este código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2001, expediente 13356.

30 Folios 57 y 58 del cuaderno 2 del Tribunal.

31 Folios 59 a 63 del cuaderno 2 del Tribunal.

32 Folio 4 del cuaderno 4 del Tribunal.

33 Folio 8 del cuaderno 4 del Tribunal.

34 Folio 47 del cuaderno 4 del Tribunal.

35 Folio 49 del cuaderno 4 del Tribunal.

36 Folios 63 a 66 del cuaderno 4 del Tribunal.

37 Folios 98 a 107 del cuaderno 4 del Tribunal.

38 Folio 110 del cuaderno 4 del Tribunal.

39 Folio 117 del cuaderno 4 del Tribunal.

40 Folios 34 y 35 del cuaderno 2 del Tribunal.

41 Folio 37 del cuaderno 2 del Tribunal.

42 Folio 36 del cuaderno 2 del Tribunal.

43 Folios 112 a 120 del cuaderno 1 del Tribunal.

44 Folios 121 a 129 del cuaderno 1 del Tribunal.

45 Folios 134 a 136 del cuaderno 4 del Tribunal.

46 Folio 5 del cuaderno 4 del Tribunal.

47 Folio 6 del cuaderno 4 del Tribunal.

48 Folios 12 a 15 del cuaderno 4 del Tribunal.

49 Folio 18 del cuaderno 4 del Tribunal.

50 Folio 21 del cuaderno 4 del Tribunal.

51 Folios 40 a 43 del cuaderno 4 del Tribunal.

52 Folio 44 del cuaderno 4 del Tribunal.

53 Folios 52 a 56 del cuaderno 4 del Tribunal.

54 Folios 58 a 62 del cuaderno 4 del Tribunal.

55 Folio 80 del cuaderno 4 del Tribunal.

56 Folio 93 del cuaderno 4 del Tribunal.

57 Folio 94 del cuaderno 4 del Tribunal.

58 Folios 95 y 96 del cuaderno 4 del Tribunal.

59 Folio 119 del cuaderno 4 del Tribunal.

60 Folio 131 del cuaderno 4 del Tribunal.

61 ART. 40.—Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:
1. Elegir y ser elegido.
2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.
3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.
4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley.
5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.
6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.
7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.
Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública.

62 ART. 67.—Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:
1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.
2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.

63 Responsabilidad Extracontractual del Estado, de Enrique Gil Botero, Sexta Edición, Editorial Temis Obras Jurídicas, Bogotá, Colombia, 2013, página 405 y 406.

64 Responsabilidad del Estado y sus regímenes, de Wilson Ruíz Orejuela, Segunda Edición, ECOE Ediciones, Bogotá, Colombia, 2013, página 463.

65 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 15 de octubre de 2015, radicación nro. 25000-23-15-000-2003-02207-01, número interno 34548.

66 ART. 29.—El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.

67 ART. 7º—Derecho a la libertad personal
(…).
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.

68 ART. 8º—Garantías judiciales
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

69 Responsabilidad Extracontractual del Estado, de Enrique Gil Botero, Sexta Edición, Editorial TEMIS Obras Jurídicas, Bogotá, Colombia, 2013, página 514.

70 ART. 23.—Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

71 ART. 5º—Toda persona podrá hacer peticiones respetuosas a las autoridades, verbalmente o por escrito, a través de cualquier medio.
Las escritas deberán contener, por lo menos:
1. La designación de la autoridad a la que se dirigen.
2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante o apoderado, si es el caso, con indicación del documento de identidad y de la dirección.
3. El objeto de la petición.
4. Las razones en que se apoya.
5. La relación de documentos que se acompañan.
6. La firma del peticionario, cuando fuere el caso.
Si quien presenta una petición verbal afirma no saber o no poder escribir y pide constancia de haberla presentado, el funcionario la expedirá en forma sucinta.
Las autoridades podrán exigir, en forma general, que ciertas peticiones se presenten por escrito. Para algunos de estos casos podrán elaborar formularios para que los diligencien los interesados, en todo lo que les sea aplicable, y añadan las informaciones o aclaraciones pertinentes.
A la petición escrita se podrá acompañar una copia que, autenticada por el funcionario respectivo, con anotación de la fecha de su presentación y del número y clase de los documentos anexos, tendrá el mismo valor legal del original y se devolverá al interesado. Esta autenticación no causará derecho alguno a cargo del peticionario.

72 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, T 215A/11, Sentencia del 28 de marzo de 2011; Sala Cuarta de Revisión, T 311/13, Sentencia del 23 de mayo de 2013

73 ART. 412.—Irreformabilidad de la sentencia. La sentencia no es reformable ni revocable por el mismo juez o sala de decisión que la hubiere dictado, salvo en caso de error aritmético, en el nombre del procesado o de omisión sustancial en la parte resolutiva.
Solicitada la corrección aritmética, o del nombre de las personas a que se refiere la sentencia, la aclaración de la misma o la adición por omisiones sustanciales en la parte resolutiva, el juez podrá en forma inmediata hacer el pronunciamiento que corresponda.

74 ART. 15.—Trámite preferencial. La tramitación de la tutela estará a cargo del juez, del presidente de la Sala o del magistrado a quien este designe, en turno riguroso, y será sustanciada con prelación para lo cual se pospondrá cualquier asunto de naturaleza diferente, salvo el de habeas corpus.

75 http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=inmediato

76 ART. 28.—Alcances del fallo. El cumplimiento del fallo de tutela no impedirá que se proceda contra la autoridad pública, si las acciones u omisiones en que incurrió generaren responsabilidad.
La denegación de la tutela no puede invocarse para excusar las responsabilidades en que haya podido incurrir el autor del agravio.

77 Responsabilidad Extracontractual del Estado, de Enrique Gil Botero, Sexta Edición, Editorial Temis Obras Jurídicas, Bogotá, Colombia, 2013, página 510.