Sentencia 2005-00533 de abril 22 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 11001-3103-007-2005-00533-01

Magistrado Ponente:

Dr. Jesús Vall de Rutén Ruiz

Bogotá, D.C., veintidós de abril de dos mil trece.

Discutida y aprobada en Sala de tres (3) de septiembre de dos mil doce (2012).

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. En orden a derribar uno a uno los fundamentos fácticos del fallo, los recurrentes sientan varias afirmaciones, que la Corte pasa a cotejar con lo que en efecto aseveró el tribunal y con lo que las pruebas determinadas indican, pues a fin de cuentas, la exigencia contenida en el ordinal 3º del artículo 374 ídem, de formular “los cargos contra la sentencia recurrida (...) en forma clara y precisa”, atiende, entre otros tópicos, a que el embate se dirija a las razones o fundamentos del fallo impugnado. El recurso de casación, ha dicho la corporación, “ha de ser en últimas y ante la sentencia impugnada, una crítica simétrica de consistencia tal que, por mérito de la tesis expuesta por el recurrente de manera precisa, y no por intuición oficiosa de la Corte, forzoso sea en términos de legalidad aceptar dicha tesis en vez de las apreciaciones decisorias en que el fallo se apoya (...)” (Cas. Civ., sep. 10/91).

Esa simetría de la acusación supone una armonía o coherencia del contenido de la demanda de casación con el de la sentencia, esto es, un ligamen directo entre las razones del juzgador y las del impugnante, “pues en vano resulta para el éxito del recurso hacer planteamientos que se dicen impugnativos, por pertinentes o depurados que resulten, si ellos son realmente extraños al discurso argumentativo de la sentencia, por desatinada que sea, según el caso. No en balde, como se ha acotado insistentemente, el blanco privativo del recurso de casación es la sentencia de segundo grado, salvo tratándose de la casación per saltum, situación en la cual dicho blanco estribará en la sentencia de primera instancia” (Cas. Civ. 124, dic. 10/99).

2. En el cargo primero, los recurrentes aducen que el tribunal, al suponer la presencia en los autos de procesos ejecutivos del banco demandado contra todos los demandantes, arguyó una especie de cosa juzgada que impedía la declaración en este proceso, de la inexistencia de obligaciones a cargo de los demandantes, por cuanto ello debió plantearse por vía de excepción en el proceso ejecutivo en las que se cobraban. Pero es evidente que la referida corporación solo se refirió al punto, como argumento complementario o de respaldo(1), esto es, como un elemento más que le permitía reforzar su tesis principal “de que las deudas no son falsas”, a partir de examinar la conducta procesal del deudor Jaime Escobar López. Porque el tribunal ya había llegado al convencimiento acerca de la realidad de las obligaciones, al constatar que los recursos fueron girados a Hotelex Ltda., pues era a fin de cuentas esta sociedad acreedora de los demandantes, en su condición de promitente vendedora y estos a su vez promitentes compradores en negocios que fueron antecedente de los contratos de mutuo.

El carácter adicional del mencionado razonamiento aparece expuesto de manera manifiesta en la sentencia atacada, toda vez que el mismo, como ya se indicó, dice relación a la situación de solo uno de los demandantes, esto es Jaime Escobar López, cuya conducta procesal dentro del proceso ejecutivo, entendió el ad quem, “refuerza la tesis de que las deudas no son falsas” (fl. 21, cdno. 11).

3. En cuanto a que el fallador de segunda instancia supuso que la Fiduciaria Colmena conoció de los desembolsos de los créditos, del Banco a Hotelex Ltda., y que de ese hecho no probado, dedujo que la fiduciaria no los cuestionó, y que debía cobrar un saldo y nunca lo hizo, ataque que se desarrolla en el primer cargo, debe señalarse que, como los mismos recurrentes se encargan de hacerlo ver, a folios 389 y 390 del cuaderno 1 se puede establecer que la fiduciaria sí conoció del desembolso que a Hotelex Ltda. hizo el intermediario financiero demandado, del monto del crédito aprobado a Germán y Jorge Alberto Carvajal, pues el banco se lo dio a conocer, y no existe prueba de que la fiduciaria haya cuestionado dicho desembolso, toda vez que la certificación a que se alude la anexa en carta remisoria a Germán Carvajal en donde simplemente señala que “los dineros correspondientes al crédito otorgado a su favor no fueron recibidos por Fiduciaria Colmena” (fl. 389, cdno. 1). De ello se deduce, por tanto, que no anduvo descaminado el tribunal al afirmar que no había prueba de objeción formulada por la fiduciaria, por lo que su conclusión tiene asidero en hechos probados del proceso.

No hay, pues, error de hecho en la sentencia atacada ni por suposición de prueba ni por una deducción alejada de la realidad. Lo que sí está alejado de la realidad es la afirmación de la censura según la cual el tribunal manifestó “que la fiduciaria debía cobrar un saldo y que nunca lo cobró”, pues lo que señaló el ad quem era que no había prueba de que la fiduciaria les hubiera cobrado a los demandantes el saldo del precio.

Como al comienzo se indicó, la precisión que debe ostentar la formulación y la fundamentación de los cargos es requisito que en el recurso de casación se torna esencial, no solo porque el principio dispositivo que campea en el recurso impide que la Corte complemente o subsane las falencias u omisiones de un cargo, sino porque resulta elemental que una acusación parta verazmente de lo que consta en la sentencia, sin tergiversarla ni agregarle afirmaciones que el tribunal no incluyó en ella, pues si se encamina la casación a la confrontación de la sentencia con la ley, y si de aquella se alegan argumentos o pasajes tergiversados, inexactos o descontextualizados, no tiene la Corte cómo hacer ese parangón. Por ello debe llamarse la atención sobre este tópico, que trasciende la esfera casacional, para resaltar la conveniencia en todo el ámbito judicial, de aplicar el mayor cuidado con el fin de evitar conductas que pudieran resultar contrarias al estatuto profesional de la abogacía, que proscribe “[e]fectuar afirmaciones o negaciones maliciosas, citas inexactas, inexistentes o descontextualizadas que puedan desviar el recto criterio de los funcionarios, empleados o auxiliares de la justicia encargadas de definir una cuestión judicial o administrativa”(2).

4. De otro lado, los recurrentes afirman, en el cargo primero, que el tribunal partió de los pagarés firmados por los demandantes para deducir tanto la existencia de las obligaciones como la justificación de los pagos para cubrirlas, y resaltan que como en autos no figuran los pagarés emitidos por Luis Alfonso Villegas Hincapié y Alcira Carrascal (esta última no es recurrente en casación), el tribunal supuso la prueba, al menos respecto de estos; pero olvidan los demandantes y recurrentes que desde la demanda misma están admitiendo, con alcance de confesión, que todos firmaron pagarés, al explicitarlo así en el hecho primero, si bien allí destacan que lo hicieron como parte del trámite que debían cumplir para el otorgamiento del crédito que ahora desconocen, por virtud del desembolso del banco a un tercero que dicen que no fue autorizado. En consecuencia, si la existencia de los pagarés puede considerarse un hecho demostrado, y si de allí dedujo el tribunal la existencia de obligaciones que en ellos se documentaron, mismas cuyo pago cuestionan los censores, tal deducción, no puede considerarse error de hecho por suposición, como lo señalaron los impugnantes, pues el hecho a partir del cual el tribunal tuvo por establecida la existencia de la obligación y justificados los pagos efectuados por el banco, en realidad sí se encuentra demostrado en autos.

5. El aspecto tratado lo abordan nuevamente los censores en el cargo segundo, aunque desde otra óptica. Luego de indicar que enderezan el ataque por error de derecho por desconocimiento o falta de aplicación de los artículos 174, 187, 248 y 305 del Código de Procedimiento Civil, aluden a que el tribunal dedujo de los pagarés la existencia de las obligaciones cuyos pagos se impugnan en este proceso, siendo que ellos solo evidencian el cumplimiento de un trámite para la obtención de los créditos. Los recurrentes denuncian que por ello el operador judicial violó tanto el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil por no valorar las pruebas en conjunto, como el inciso 1º del artículo 305 del mismo estatuto, alusivo a la congruencia que debe ostentar la sentencia con los hechos, pretensiones y excepciones, norma que no es de estirpe probatoria dado que su función es delimitar la órbita de acción del juez a la hora de fallar y cuya transgresión da lugar, en sede de casación, a la configuración de una causal distinta, la segunda, precisamente por inconsonancia de la sentencia con los hechos y las pretensiones de la demanda, las excepciones propuestas por el demandado o que el juez haya debido reconocer de oficio (art. 368-2 ídem).

La referida circunstancia genera también(3) en el cargo segundo una mixtura de causales de casación inadmisible, dada la autonomía de que gozan, y por ello lo tornan confuso.

Al margen de lo anterior, el error de derecho que se le achaca al tribunal habría consistido acá en no apreciar las pruebas en conjunto, respecto de lo cual ha dicho la Corte que: “[e]n lo que a la casación atañe, y comoquiera que la norma antes mencionada exige la apreciación de las pruebas en conjunto, la jurisprudencia de la Corte ha sostenido que el desconocimiento de tal mandato por el legislador da lugar a un error de derecho, desde luego que se desconocería una prescripción de la ley instituida para evaluar las pruebas. Como es natural, en procura de que ese error aparezca, debe el impugnante demostrar que la tarea evaluativa de las distintas probanzas cumplida por el sentenciador se llevó a cabo al margen del análisis de conjunto pedido en el artículo 187, o sea, poniendo de manifiesto cómo la apreciación de los diversos medios lo fue de manera separada o aislada, sin buscar sus puntos de enlace o de coincidencia. Ese y no otro debe ser el criterio a seguirse cuando de individualizar este tipo de yerro se trata. En consecuencia, si, con prescindencia de las conclusiones obtenidas en el campo de los resultados de la prueba, pues es asunto que cae en el terreno rigurosamente fáctico, la referida tarea valorativa se ciñó a la norma citada, no será admisible la prédica de la sustitución del examen de conjunto realizado por el sentenciador por el que proponga el recurrente. Expresado de otra manera, se debe tener un cuidado sumo para que el planteamiento no derive hacia el aspecto de la objetividad de los hechos pues en este la cuestión queda ya bajo el influjo del error de hecho que como se sabe tiene una naturaleza distinta a la del error de derecho” (Cas. Civ., sep. 14/2011, Exp. 050013103012200500366-01, en la que se reitera sentencias de mayo 25/2010, Exp. 73001-3110-004-2004-00556-01; 067, mar. 4/91; 047, abr. 28 y 055, jun. 6/95; jun. 5/2009, Exps. 4102, 4174 y 00205-01).

Aplicada la anterior precisión al ataque que se estudia, aflora de entrada su falta de idoneidad, pues no es suficiente que en su sustentación afirmen los censores que el tribunal no cumplió con el deber de valorar las pruebas en conjunto, y seguidamente focalicen el cargo en destacar qué es lo que, en su sentir, prueban los pagarés. Es imperativo que además de individualizar los medios de prueba que en su concepto no se estimaron globalmente, cosa que no hicieron, indiquen los recurrentes aquellos apartes de cada medio que evidencien y demuestren de forma completa la ausencia de apreciación integral del material probatorio, destacando los puntos de contacto cuya consideración hubiera sido omitida por el fallador de segunda instancia, así como la conexidad entre los mismos que lleve a demostrar que con ese análisis de conjunto el resultado era otro al adoptado por el fallo, lo cual supone, además, cumplir con una exigencia técnica inherente a ambos tipos de error, de hecho y de derecho, consistente en poner de relieve la trascendencia que la comisión de cualquiera de ellos tuvo en la decisión, a tal punto, que de no haberse incurrido en ellos, otra hubiera sido la decisión del fallador.

Por lo demás, en este mismo punto atinente a los pagarés, ensayan los recurrentes una alegación semejante a la de usanza en las instancias, pues dicen que el tribunal se equivocó al reconocerle a tales títulos valores el mérito de probar la obligación cuando solo fueron firmados en blanco, antes del desembolso, como parte del trámite de los créditos bancarios. Y al respecto anotan que en el expediente aparecen documentos que instruyen a los demandantes sobre los requisitos que deben aportar al banco, sin que se sepa, por guardar silencio el cargo, si esa alusión se hace para achacarle al tribunal haber omitido su apreciación —en cuyo caso existiría un error de hecho no denunciado— o haber desestimado la eficacia probatoria de dichos documentos, a pesar de haberlos apreciado en su realidad objetiva —cosa que no se ve en el fallo, se acota— en cuyo caso el error cometido sería de derecho. Asimismo, alegan que es “hecho notorio” que, antes del estudio de la solicitud de créditos, las entidades bancarias exijan la firma de pagarés en blanco, afirmación que no se enlaza con alguno de los tipos de error probatorio que puede cometer el fallador y que lo conduzca a la violación de la ley sustancial. Se trata, en ambos casos, de expresiones o afirmaciones sin anclaje en la órbita del recurso de casación, lanzadas al aire y sobre las cuales la Corte no tiene cómo hacer constatación alguna.

6. En otra parte del cargo primero se le achaca al operador judicial cuyo fallo es objeto de la censura, haber apreciado equivocadamente las cláusulas del contrato de promesa de compraventa, pues de ellas dedujo que el banco podía hacer el desembolso directamente al promitente vendedor, Hotelex Ltda., con lo cual confundió dos relaciones jurídicas: la de los demandantes con Hotelex Ltda. y la de los demandantes con el banco. Y aquí resaltan que las estipulaciones de esos contratos contienen la orden de hacer el giro únicamente a Fiduciaria Colmena S.A. y que el tribunal no aplicó el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil por no haber apreciado las pruebas en su conjunto de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

Y en el cargo segundo, se refieren a que el tribunal no expuso razonadamente el mérito que le asignó a dos cláusulas insertas en los contratos de promesa de compraventa celebrados entre los demandantes y un tercero ajeno a este proceso, la sociedad Hotelex Ltda., trasgrediendo así, nuevamente, el prenotado precepto normativo.

Pues bien, al margen de la falencia técnica aludida, en el desarrollo de la demostración de ese endilgado error de hecho, a una norma probatoria, como lo es el artículo 187 ídem y acusar al ad quem de haber desconocido la obligación allí establecida de apreciar las pruebas en conjunto, lo que de suyo acarrea una mixtura entre error de hecho y de derecho que torna confusa esta parte del cargo primero, debe resaltarse que si esa deducción la extrajo el tribunal, no pudo haber cometido error de hecho de cara a lo estipulado en las preindicadas promesas, pues del contenido total de la cláusula de 11 inserta en ellas, se deduce esa autorización.

En efecto, y sin desconocer que esos contratos de promesa de compraventa surten efectos entre las partes y no alcanzan a comprometer, en principio, la órbita jurídica del banco, comoquiera que los recurrentes fincan en el texto de dicho contrato su argumento central para cuestionar los desembolsos, debe notarse que en la cláusula 11 los censores, como promitentes compradores, acordaron que el producto del préstamo que obtengan del banco sea desembolsado por este a la promitente vendedora, a la par que autorizan (no que ordenan, como lo aseveran ahora en el recurso), el desembolso a la fiduciaria que administra el fideicomiso constituido por Hotelex Ltda.

La cláusula señala:

“Décima primera: el precio de venta del inmueble prometido en venta es la suma de: (...) valor que el promitente comprador pagará a la promitente vendedora en las oficinas de esta, en las fechas que a continuación se relacionan, con cheques girados a favor de ‘Fiduciaria Colmena S.A.’ Fideicomiso Edificio Hotel Avenida Chile - propiedad horizontal y que la promitente vendedora entregará a Fiduciaria Colmena para que sean invertidos y administrados (...).

“En el evento de que el promitente comprador desee cancelar este saldo con el producto de un préstamo otorgado por alguna de las entidades financieras autorizadas por la promitente vendedora para participar en el proyecto, el promitente comprador deberá solicitarlo, gestionarlo y obtenerlo por su propia cuenta y a su costa, coordinando los trámites para que el crédito sea desembolsado a la promitente vendedora a más tardar en la fecha prevista para el pago. De utilizar esta clase de financiación, el promitente comprador desde ahora hace expresa manifestación en el sentido de autorizar de manera irrevocable a la entidad que le otorgue el préstamo, para desembolsar o abonar el producto del mismo directamente a la orden de la Fiduciaria Colmena S.A. Fideicomiso Holiday Inn Hotel Avenida Chile (...)”.

La lectura de esta cláusula permite afirmar, entre varias de las interpretaciones que de ella pueden hacerse, que de la promesa se desprende una obligación de los promitentes compradores de pagar el precio pactado, y que si optan por financiar el saldo del mismo, son de su cargo los trámites con el banco prestatario, con el cual deben coordinarlos, para que los desembolsos se hagan a Hotelex Ltda., sin perjuicio de la autorización irrevocable que allí mismo hacen, para que el desembolso sea válido también hacerlo a la fiduciaria.

La conclusión a la cual arribó el tribunal, resulta soportada en la indicación que la cláusula transcrita incorpora en el sentido de que cualquier entidad financiadora que fuera contactada por los promitentes compradores, debería ser de aquellas “autorizadas por la promitente vendedora para participar en el proyecto“, a consecuencia de lo cual, no pueden los demandantes extrañarse de que se hubieren establecido vínculos directos entre el banco y Hotelex Ltda., sociedad a cargo del mismo.

La interpretación del ad quem, que intenta combatir la censura, en verdad no riñe con los elementos fácticos que el proceso trae y con la literalidad de lo estipulado y, bien por el contrario, luce por completo consistente con el contexto de la negociación celebrada entre las partes, lo que, sin mayores elucubraciones, permite a la Corte concluir que no solo no hubo error de hecho en la contemplación objetiva de la cláusula mentada, sino que, en relación con la misma, y ya en la órbita del cargo segundo, donde se achaca al tribunal no haber explicitado el mérito que le asignó, tampoco se presentó el endilgado error de derecho.

En efecto, además de las indicaciones que antes se hicieron referidas a este tipo de error, debe ahora memorarse que el error de derecho por no exponer razonadamente el juez el mérito que le asigna a una parte específica de una prueba, como lo piden los recurrentes, o por mejor decir, a la prueba misma, vista en su totalidad destacando esa parte que merece especial análisis según los censores, no puede inexorablemente ser tipificado como yerro de derecho de entidad suficiente para lograr el quiebre de la sentencia impugnada en casación, por cuanto, no puede aseverarse que el tribunal, solo por su parquedad haya incurrido en él, entre otras razones porque, lo que en realidad esconde la acusación es la crítica de haber pasado por alto, a pesar de haber transcrito apartes de la cláusula, que con ella se demostraba la irregularidad en los desembolsos, los que, visto está, admitían ser realizados en la forma como se hicieron, de cara a lo estampado en las promesas.

7. Lo dicho es suficiente para desestimar otro ataque de la censura consistente en atribuirle error de hecho al tribunal por haber supuesto un contrato de mutuo cuando nunca hubo entrega del dinero a quien contractualmente se había designado como destinario del desembolso, esto es la fiduciaria, a consecuencia de que ello fue establecido como condición de perfeccionamiento del contrato de mutuo, toda vez que, en el texto de la promesa figura que también podía el crédito desembolsarse por el banco financiador de la compraventa directamente a Hotelex Ltda., promitente vendedora, como ya se vio.

De todo lo anterior se desprende que, resulta necesario predicar el fracaso de ambos cargos orientados a derruir la afirmación del tribunal acerca de que sí hubo fundamento jurídico real para que los pagos se hicieran, ya que por las razones indicadas, las consideraciones basilares de la decisión del ad quem permanecen en pie.

8. Ya para terminar, juzga la Sala pertinente reproducir apartes de la sentencia de casación civil de 23 de abril de 2003 (Exp. 76519), por cuanto, como se verá, si el Banco “en últimas le entregó los dineros de las préstamos de los promitentes compradores a Hotelex Ltda., que era la promitente vendedora” (palabras del tribunal, fls. 20 y 21, cdno. 11), varios fenómenos confluían para deducir la validez de los pagos realizados luego por los demandantes, en consideración no solo a la conexidad de los contratos de mutuo y de promesa, cuyo ligamen de hecho resaltan los censores al apalancarse en una de las cláusulas del contrato preparatorio para hacerla valer contra el banco, sino fundamentalmente en el hecho de que al haber desembolsado el banco los recursos a Hotelex Ltda., pagó una deuda adquirida por los demandantes.

Dijo la Corte:

“1) Según prescribe el artículo 1626 del Código Civil, ‘el pago efectivo es la prestación de lo que se debe’, y constituye la satisfacción del interés del acreedor, tanto si lo efectúa directamente el deudor o quien obra en su nombre, como un tercero extraño a la obligación; de allí que el artículo 1630 ibídem, habida cuenta de que no hay razón justificativa del acreedor para rechazar el pago bajo el pretexto de no provenir exactamente del deudor, cuestión que en últimas ha de resultarle indiferente, disponga de modo tajante que ‘puede pagar por el deudor cualquiera persona a nombre de él, aun sin su conocimiento o contra su voluntad, y aun a pesar del acreedor’, salvo que se trate de obligación de hacer en la que influya la aptitud o talento del deudor, evento en el cual ‘no podrá ejecutarse la obra por otra persona contra la voluntad del acreedor’.

“2) Cumple el pago, entonces, por excelencia una función de satisfacer al acreedor que, a su vez, constituye motivo de la extinción de toda obligación; por eso no llama a sorpresa que entre los medios extintivos enumerados en el artículo 1625 del Código Civil se incluya, en primer orden, ‘la solución o pago efectivo’, siéndolo cualquiera sea la persona que lo haga —solvens—, es decir, sea que provenga del deudor o de quien lo represente, o de un tercero. Igualmente, haciendo ecuación perfecta con lo anterior, el pago que recibe el acreedor puede ser conservado para sí por él, únicamente en la medida en que haya tenido por causa una obligación civil o natural, pues careciendo de ese preciso fundamento jurídico deviene inválido —solutio sine causa vel indebiti—, y antes que permitírsele mantener lo pagado, se le impone su devolución.

“3) Significa lo anterior que un pago adecuado, a la par que conforma o satisface al acreedor, extingue la obligación; ya liberándose al deudor del vínculo que contrajo, si fue el mismo u otro en su nombre quien hizo el pago; o ya, sin que opere tal liberación, como ocurre en aquellos casos en que el tercero que paga toma la posición del acreedor en relación con el del deudor, lo cual no obsta para reconocer el efecto extintivo definitivo respecto del original acreedor.

“Ahora bien, que el pago pueda ser efectuado por un tercero no solo es una posibilidad jurídica admitida legalmente, sino que se consagran medidas tendientes a protegerlo patrimonialmente, tanto que en determinadas hipótesis no obstante ser ajeno a la obligación que le sirve de causa ingresa como sujeto activo, por vía del ‘pago con subrogación’, por el cual se le trasfiere, ope legis, la posición del acreedor, como ocurre cuando ‘paga una deuda ajena, consintiéndolo expresa o tácitamente el deudor’ (C.C., art. 1668, num. 5º).

“Y si el tercero paga a espaldas del deudor o inclusive contra su voluntad, tiene acción para pedir al deudor el correspondiente reembolso, a condición, solo en último caso, de que la gestión le hubiere sido efectivamente útil al deudor, ‘y existiere la utilidad al tiempo de la demanda, por ejemplo, si de la gestión ha resultado la extinción de una deuda que, sin ella, hubiere debido pagar el interesado’, según se deduce de lo dispuesto en el artículo 2309 del Código Civil”.

Con este pasaje jurisprudencial, cuya doctrina se reitera en este fallo, resalta la Corte, como se indicó, una capital afirmación del tribunal, que involucra la validez del pago hecho por los demandantes al banco, en el entendido de que este pudo haber hecho —a Hotelex Ltda.— un pago de deuda ajena, con o incluso sin conocimiento de los deudores —los demandantes— o de la persona jurídica que se dice diputada para recibir (Fiduciaria Colmena) razón por la cual indefectiblemente los pagos que estos efectuaron al demandado, aún si no estuvieran jurídicamente soportados en los contratos de mutuo, lo estarían en las promesas de compraventa, descartándose por completo la invocación del pago de lo no debido.

Los cargos no se abren paso.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, NO CASA la sentencia de 29 de octubre de 2009 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el proceso ordinario instaurado por Jaime Escobar López, Luis Alfonso Villegas Hincapié, Germán Emilio Carvajal Ospina, Alberto Loboguerrero Uscátegui, Beatriz del Carmen Sanz de Loboguerrero y Jorge Alberto Carvajal Ospina María Cecilia Medina Niño, Alcira Carrascal Lozano y los recurrentes contra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. —BBVA Colombia S.A.—.

Se condena en costas a los impugnantes. Para que sean incluidas en la respectiva liquidación, se fija como agencias en derecho la cantidad de $ 6’000.000,oo.

Notifíquese».

(1) Cfr. Cas. Civ. de 6-III-2009 (Exp. 1100122030002009003801); 10-II-2005 (Exp. 7614) y 14-VIII-2003 (Exp. 6899).

(2) Numeral 10 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007.

(3) Recuérdese a este respecto que en la formulación del cargo inaugural, la censura acusó al ad quem de no haber valorado las pruebas en conjunto, con violación del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, a pesar de tratarse de un embate encausado por la vía del error de hecho.