Sentencia 2005-00554 de junio 8 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN B

Expediente: 40000

Radicación: 520012331000 2005 00554-01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Juan Carlos Oliveros y otros

Demandado: Nación-Rama Judicial-Fiscalía General de la Nación

Referencia: Reparación directa

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 17 de septiembre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda. La sentencia será confirmada.

Bogotá, D.C., ocho de junio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

7. La Sala advierte que es competente para resolver el asunto sub judice, iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en observancia de la naturaleza del asunto. En efecto, la Ley 270 de 1996 consagró la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía(1).

II. Hechos probados

8. De conformidad con las pruebas válida y oportunamente allegadas al proceso, se tienen por probados los siguientes hechos relevantes:

8.1. Con ocasión de los informes aportados por la secretaría del departamento de investigación de la Contraloría General del departamento de Nariño, que pusieron en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación una serie de irregularidades en las que habrían incurrido 20 promotores de venta de la Empresa Licorera de Nariño, dentro de los cuales se encontraba el actor, en el periodo comprendido entre el 1º de enero de 1994 y el 3 de noviembre de 1995, y que tuvieron como resultado la pérdida de $ 1.811.402.600, esa entidad inició investigación previa el 30 de enero de 1996 (certificación emitida por la Fiscalía 16 Seccional adscrita a la Unidad de Vida, fl. 163, cdno. 1, providencia de preclusión, providencia nov. 10/2004, fl. 16, cdno. 1).

8.2. El 14 de diciembre del año 2000, la Fiscalía 16 Seccional de Pasto decretó la apertura de la instrucción penal por la presunta comisión de un delito contra la administración pública, vinculando en calidad de sindicado al señor Oliveros Arteaga (certificación emitida por la Fiscalía 16 Seccional adscrita a la Unidad de Vida, fl. 163, cdno. 1).

8.3. Mediante providencia del 10 de noviembre de 2004, la cual quedó ejecutoriada el 23 de noviembre siguiente, ese despacho, resolvió precluir la investigación que se instruía en contra de Juan Carlos Oliveros Arteaga y 9 sindicados más. En relación con el actor, se lee (fl. 16 y 176, cdno. 1):

En cuanto al señor Juan Carlos Oliveros, en la primera parte de su injurada, niega cualquier responsabilidad por la deuda imputada, manifestando que se encuentra a paz y salvo y que todo se debe a una confusión, seguramente a raíz de los malos manejos contables en la entidad y de la ligereza con que se realizó la auditoría que a la postre dio origen a la presente investigación, y que si bien por los mismos hechos fue responsabilizado fiscalmente por la Contraloría, el fallo fue recurrido debido a actos llevados a cabo dentro de este, atentatorios de su derecho de defensa. En su ampliación de indagatoria asegura que los $ 3.522.000 fueron cancelados en su totalidad y que su configuración en la lista de deudores morosos obedece a la desorganización contable de la entidad.

Ciertamente, en el transcurso de este y otros asuntos de similar índole se ha podido apreciar que tanto los ejercicios contables de la licorera y las investigaciones adelantadas por la Contraloría, adolecen de muchas fallas, y arrimándose al expediente la constancia de terminación del proceso ejecutivo que en su contra se siguió por parte de la empresa Licorera de Nariño en fallo del 5 de marzo del año próximo pasado, observamos menester dar por terminada la presente investigación en su favor en aplicación de lo señalado en el artículo 39 del Código Penal.

III. Problema jurídico

9. Corresponde a la Sala determinar como primera medida, si hay lugar a declarar la caducidad de la acción respecto de la pretensión que plantea el error judicial contenido en la providencia del 14 de diciembre de 2000, mediante la cual el fiscal 16 seccional de Pasto ordenó la apertura de la instrucción, teniendo en cuenta que el escrito de la demanda fue radicado el 26 de abril de 2005.

9.1. También se deberá revisar si la parte actora demostró el daño alegado en relación con la falla del servicio por la dilación injustificada del procedimiento, es decir, si quedó acreditada la demora del despacho del fiscal de conocimiento en adelantar la etapa de instrucción conforme a los términos legales y si demostró la desvinculación laboral y la dificultad de conseguir trabajo con ocasión de la iniciación de la investigación penal.

IV. Análisis de la Sala

10. De acuerdo con la formulación de las pretensiones de la demanda y la ampliación de alguna de estas en el recurso de apelación, la parte actora busca ser indemnizada por tres daños diferentes; i) el hecho de mantener a Juan Carlos Oliveros Arteaga sometido a la investigación penal desde el 15 de febrero de 2001 hasta el 10 de noviembre de 2004, actuación que resultó “abusiva, arbitraria y caprichosa”, ii) la vinculación a una investigación penal sin ningún indicio grave sino con base en meras sospechas y iii) la desvinculación del actor de la Empresa Licorera de Nariño, y la dificultad de conseguir trabajo, toda vez que era percibido como un peligroso delincuente(2).

10.1. El primer daño, busca declarar la responsabilidad del Estado por la mora judicial de la investigación adelantada por el fiscal 16 seccional de Pasto por un delito contra la administración pública. Sobre el particular, la actora añadió en el recurso de apelación que la Fiscalía General de la Nación omitió resolver la situación jurídica de Juan Carlos Oliveros Arteaga y precluir la investigación adelantada en su contra a tiempo y que por eso el proceso tuvo una duración de casi tres años “pretermitiendo así, sin razón ni motivo, los puntuales y taxativos términos que para ello señalaba el Código de Procedimiento Penal vigente, no obstante que tanto él como su defensor reiteradamente lo solicitaron”.

10.2. En el plenario está acreditado que la resolución de apertura de la etapa de instrucción, emitida por la Fiscalía 16 Seccional Pasto, es del 14 de diciembre de 2000, y que la providencia mediante la cual ese despacho procedió a precluir la investigación en su favor, es del 10 de noviembre de 2004, la cual quedó ejecutoriada el 23 de noviembre siguiente. De manera que, la duración del proceso penal en su etapa de instrucción tardó 3 años, 11 meses y 9 días, o lo que es lo mismo, 47,03 meses.

10.3. Dentro de la etapa de instrucción se evidencian dos momentos que, de acuerdo con la ley, cuentan con un plazo perentorio para llevarse a cabo; uno es, la definición de la situación jurídica del indiciado y el otro es la calificación del mérito del sumario.

10.4. En relación con la primera actuación, el Decreto-Ley 2700 de 1991, vigente para el momento en que se abrió la etapa de instrucción penal, dispone su aplicación para aquellos casos en los que sea procedente decretar la detención preventiva, y el término para proceder en ese sentido depende de si la persona se encuentra previamente privada de la libertad, o no:

ART. 387.—Definición de la situación jurídica. Cuando la persona se encuentre privada de la libertad, rendida la indagatoria o vencido el término anterior, el funcionario judicial deberá definir la situación jurídica por resolución interlocutoria, a más tardar dentro de los cinco días siguientes, con medida de aseguramiento si hubiere prueba que la justifique, u ordenando su libertad inmediata. En este último caso, el sindicado suscribirá un acta en la que se comprometa a presentarse ante la autoridad competente cuando se le solicite.

Si el sindicado no estuviere privado de la libertad, el plazo para resolver situación jurídica será de diez días contados a partir de la indagatoria o de la declaratoria de persona ausente. El fiscal dispondrá del mismo término cuando fueren cinco o más las personas aprehendidas, siempre que la captura de todas se hubiere realizado el mismo día. (…).

10.5. Toda vez que el señor Oliveros Arteaga no estuvo privado de la libertad, el término con el que contaba la Fiscalía para definir su situación jurídica era diez días contados a partir de la indagatoria. Del artículo citado también se desprende que era necesario contar con la diligencia de indagatoria para contabilizar el tiempo que el fiscal de conocimiento se tomó para proceder de conformidad, y ante la omisión de la parte actora de aportar copia de esta diligencia, resulta imposible verificar el retardo alegado.

10.6. En tanto la definición de la situación jurídica permite saber si el sindicado será sometido a una medida de aseguramiento o no, el cumplimiento de los términos establecidos por el artículo 387 para quien se encuentre privado de la libertad, con ocasión de una captura en flagrancia o de una que se realice con fines de indagatoria, por ejemplo, resultan de mayor importancia, pues de ella depende que el detenido sea liberado dentro de un término razonable o privado de su libertad mediante un mecanismo judicial, so pena de la que detención inicialmente efectuada se torne arbitraria. Cuando el sindicado se encuentre en libertad, el término legal de la disposición estudiada debe ser observado igualmente, pues si bien su incumplimiento no compromete el derecho a la libertad, sí puede derivar en una dilación del proceso.

10.7. Sin embargo, en tanto la parte actora, interesada en demostrar dicha mora, no aportó al proceso la prueba necesaria que respaldara sus pretensiones, le resulta imposible a la Sala determinar el tiempo en que el operador judicial tardó en evacuar dicha etapa.

10.8. Con posterioridad a la definición de la situación jurídica del sindicado, de conformidad con el artículo 439 del Decreto 2700 de 1991, el fiscal debe calificar la investigación emitiendo ya sea, resolución de acusación o resolución de preclusión de la instrucción, como ocurrió en el caso concreto. Dicho artículo también disponía que “...Cuando no hubiere lugar a proferir estas determinaciones el Fiscal continuará adelantando la instrucción”. De forma concordante, el artículo 438 ibídem estipulaba que “Cuando no hubiere pruebas necesarias para calificar la investigación, el fiscal se abstendrá de cerrarla”.

10.9. No obstante, la Corte constitucional, en la Sentencia C-411 de 1993(3), declaró inexequibles los apartes citados de los artículos 438 y 439 por considerar que resulta irrazonable y contrario al derecho a un juicio sin demoras injustificadas, someter a la persona vinculada a una investigación penal a los poderes que adquiere el fiscal instructor y que son lesivos de los derechos a la intimidad y libertad del investigado, como la facultad de ordenar el registro de su domicilio y su correspondencia, o de interceptar sus comunicaciones, así como la posibilidad de imponer una medida de aseguramiento, por un período que podría extenderse hasta la prescripción de la acción penal.

Si el Estado encuentra razones para vincular a una persona a la instrucción, pero no consigue la prueba necesaria para acusarla ante el juez competente, ¿puede justificadamente mantenerla vinculada a un proceso penal hasta que prescriba la acción? Es decir, ¿puede mantenerla en la situación jurídica en la que se le coloca, al vincularla a la instrucción? Sólo una respuesta negativa parece razonable y compatible con la presunción de inocencia.

Una vez dictada la resolución de apertura de instrucción, la persona imputada queda vinculada al proceso penal en calidad de parte. El instructor puede entonces averiguar por su vida íntima, personal y familiar, ordenar el registro de su domicilio y su correspondencia, que sus demás formas de comunicación sean interceptadas y, como si eso fuera poco, se le puede imponer una medida de aseguramiento, con lo que se abre la posibilidad de mantener al sindicado privado de su libertad, por un período que podría extenderse hasta la prescripción de la acción penal. En ese caso extremo, la ineficiencia investigativa del Estado, iría de la mano con el efectivo cumplimiento de una pena jamás impuesta por sentencia judicial ejecutoriada.

Según el artículo 2º de la Constitución, es fin esencial del Estado asegurar la vigencia de un orden justo. Ahora bien: si el Estado es quien ha de probar que la persona no es inocente y después de usar todos sus recursos por un tiempo razonable no logra establecerlo, es injusto que, en lugar de reconocer su fracaso y devolver a la persona el pleno goce de sus libertades y derechos, se la deje en situación de entredicho y con las garantías constitucionales suspendidas, hasta que finalmente el Estado pueda llevarla a juicio o prescriba la acción penal.

Si se examina la situación legal de las personas vinculadas a una instrucción, dentro de la vigencia de la Constitución de 1991, pero antes y después de la vigencia del Decreto 2700 de ese año, se encuentra que indudablemente tal decreto menoscaba el derecho fundamental a la libertad personal, consagrado en el artículo 28 de la Constitución y viola lo estipulado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, suscrito por Colombia en el mismo año y aprobado mediante L. 74/68, que entró en vigor en mar. 23/76), así como el artículo 29 de la Carta, pues introduce demoras injustificadas en la definición de la situación jurídico-penal de las personas. Por tanto, será declarado inexequible en la parte acusada.

10.10. Esa sentencia también manifestó que el plazo cierto para el cierre de la instrucción se estaba definiendo en el Proyecto de Ley 205 que cursaba en el Congreso, “Por el cual se introducen modificaciones al Código de Procedimiento Penal”. También, señaló que dentro de los criterios para analizar la razonabilidad de esa duración, se encontraban: “La mayor o menor amplitud del término judicial deberá condicionarse a factores tales como: la naturaleza del delito imputado, su mayor o menor gravedad el grado de complejidad que su investigación comporte, el número de sindicados, los efectos sociales nocivos que de él se desprendan, etc.”.

10.11. En efecto, la Ley 600 de 2000, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, que entró en vigencia el 24 de julio de 2001(4), reguló este aspecto, y dispuso en el artículo 239 que: “El término de instrucción no podrá exceder de dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de su iniciación. No obstante, si se tratare de tres (3) o más sindicados o delitos, el término máximo será de veinticuatro (24) meses. Vencido el término de instrucción, la única actuación procedente será la calificación”.

10.12. Si se parte de la base de que i) esta disposición entró en vigencia durante el tiempo que estuvo activa la etapa de instrucción penal por la presunta comisión de un delito contra la administración pública, a la cual estuvo vinculado en calidad de sindicado el señor Oliveros Arteaga, cuya apertura se decretó el 14 de diciembre del año 2000, ii) incluso antes de la entrada en vigencia de la Ley 600 de 2000, para esta última fecha la Corte Constitucional ya había plasmado los criterios de razonabilidad de la duración de la etapa de instrucción en la sentencia citada, y ii) en la investigación en cuestión se encontraban vinculados un número plural de sindicados que se desempeñaron como contratistas de la Empresa Licorera de Nariño, se trató de un caso que requería ser evacuado en su etapa instructiva durante un término de máximo 24 meses. Toda vez que duró 47,03 meses, se evidencia una mora de 23,03 meses.

10.13. No obstante, será a la luz del análisis de la imputación en donde la Sala podrá identificar si el daño consistente en la duración del proceso, constituye un daño antijurídico que deba ser resarcido por la entidad demandada.

10.14. En cuanto al segundo daño, relativo a la vinculación que hiciere la Fiscalía 16 Seccional de Pasto, de Juan Carlos Oliveros Arteaga a la investigación formal por la presunta comisión del delito de peculado por apropiación, mediante diligencia de indagatoria realizada el 15 de febrero de 2001, la parte actora señaló que dicha actuación se adelantó i) sin contar con ningún indicio grave, sino con base en una mera sospecha, ii) sin tener en cuenta que el actor no era la persona encargada de hacer el recaudo de los dineros provenientes de las ventas de licor, sino de facilitar y permitir su venta, y que por lo tanto no le correspondía responder por los cheques sin fondos que respaldaban las facturas de esos negocios y iii) desconociendo que la empresa había emitido unas constancias de paz y salvo a favor del empleado investigado, con las cuales exoneraba de cualquier responsabilidad fiscal al actor.

10.15. Es cierto que en varias oportunidades(5), la Sala ha considerado que no hay lugar a condenar al ente investigador del Estado por las averiguaciones que adelante con el fin de esclarecer hechos que pueden revestir conductas punibles.

10.16. De un lado, el artículo 250 de la Constitución establece que la Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de delito de los que tenga conocimiento por denuncia, petición especial, querella o de oficio. Igualmente señala que no podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal.

10.17. Del otro, a fin de permitir que los particulares se enfrenten al aparato estatal en igualdad de condiciones, los instrumentos internacionales han dispuesto las herramientas para brindarle y asegurarle al sindicado un juicio justo, entendido como la suma de las garantías que permiten concebir el proceso como un todo(6). Como corolario de ese derecho, se encuentra el derecho de defensa, el cual en nuestro ordenamiento hace parte integral del debido proceso, y es entendido como la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, ”de ser oíd[a], de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga”(7).

10.18. Igualmente se manifestó que, en relación con el derecho de defensa, su ejercicio inicia desde que la persona tiene conocimiento de que cursa un proceso en contra suya, sea esto en la etapa de investigación previa o en etapa de instrucción —bajo la vigencia del Decreto 2700 de 1991 y la Ley 600 de 2000— y en la etapa de indagación preliminar e investigación —bajo la vigencia de la Ley 906 de 2004— y culmina cuando el proceso finalice, evento que incluye la ejecución de la pena o la medida de seguridad, si a ella hubiere lugar(8), activándose así el ejercicio de todas las garantías que se desprenden de ese derecho y que se encuentran plasmadas en la Constitución, la ley y las normas internacionales sobre derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad(9), y que buscan justamente impedir posibles excesos o arbitrariedades que pudiesen presentarse por parte de los agentes del Estado y restablecer así el equilibrio que debe existir entre la Fiscalía y el indiciado.

10.19. Pero también es cierto que la Sala accedió a declarar la responsabilidad de la Nación-Fiscalía General de la Nación en una oportunidad pasada(10), por el daño causado al actor con ocasión de la vinculación a un proceso penal por la supuesta comisión del delito de estafa, a pesar de que era evidente desde el inicio de la etapa de instrucción penal la atipicidad de la conducta por la cual fue procesado, perjuicio estimado en el valor 5 smlmv en sede de perjuicios morales.

10.20. En esa oportunidad se señaló que las investigaciones penales deben estar orientadas por los principios de proporcionalidad y razonabilidad; de modo que, como lo ha dicho la Sala en relación con las de carácter disciplinario —afirmación que se aplica con mayor claridad a las penales—, dicha carga “resulta incompatible con el surtimiento de procesos por formulación de cargos injustificados y la imposición de medidas desproporcionadas”(11).

10.21. Se puso también de presente que la Corte Constitucional ha mencionado en varias oportunidades que la Constitución Política establece valores, principios y preceptos que orientan todo proceso sancionatorio, en particular, todo proceso penal y, en ese sentido, no sólo limitan la libertad de configuración del legislador en esta materia, sino que, sin lugar a dudas, constituyen criterios interpretativos que los operadores judiciales no podrían soslayar sin desconocer, de paso, la autoridad de la Carta Magna como norma de normas. Algunos de ellos son(12):

3.3.1. En primer lugar, el principio de necesidad de la intervención penal relacionado a su vez con el carácter subsidiario, fragmentario y de última ratio del derecho penal[5]. De acuerdo al principio de subsidiariedad “se ha de recurrir primero y siempre a otros controles menos gravosos existentes dentro del sistema estatal antes de utilizar el penal”(13); según el principio de última ratio “el Estado sólo puede recurrir a él cuando hayan fallado todos los demás controles” y finalmente, en virtud del principio de fragmentariedad “el derecho penal solamente puede aplicarse a los ataques más graves frente a los bienes jurídicos”(14). (…).

Estos axiomas desarrollan el principio de mínima intervención, según el cual, el ejercicio de la facultad sancionatoria criminal debe operar cuando las demás alternativas de control han fallado(15).

En este sentido, la Corte Constitucional ha reconocido que el derecho penal debe ser un instrumento de última ratio para garantizar la pacífica convivencia de los asociados, previa evaluación de su gravedad y de acuerdo a las circunstancias sociales, políticas, económicas y culturales imperantes en la sociedad en un momento determinado(16).

3.3.2. En segundo lugar, encontramos el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos de acuerdo con el cual, el derecho penal está instituido exclusivamente para la protección de bienes jurídicos(17), es decir, para la protección de valores esenciales de la sociedad(18).

(…).

3.3.3. En tercer lugar, se encuentra el principio de legalidad(19), de acuerdo con el cual, cuando haya lugar a una limitación, los requisitos deberán ser fijados por la ley, ya que al ser una libertad personal, la Constitución establece una estricta reserva legal(20):

(…).

El principio de legalidad está compuesto a su vez por una serie de garantías dentro de las cuales se encuentran: la taxatividad(21) y la prohibición de la aplicación de normas penales retroactivamente (salvo sean más favorables para el reo)(22). En este marco cobra particular importancia el principio de taxatividad, según la cual, las conductas punibles deben ser no sólo previamente sino taxativa e inequívocamente definidas por la ley(23).

(…).

3.3.5. En cuarto lugar, los principios de racionabilidad y proporcionalidad en materia penal(24), de acuerdo con los cuales deben ponderarse las finalidades de prevención y represión del delito con derechos fundamentales de las personas como el derecho a la libertad y al debido proceso.

10.22. Así las cosas, la Sala considera que se encuentra demostrado el daño invocado en la demanda, toda vez que se acreditó el hecho de que Juan Carlos Oliveros Arteaga fue vinculado a la investigación penal adelantada por la Fiscalía General de la Nación pues, aunque no obra en el expediente copia de la diligencia de indagatoria rendida por aquel, sí está probado que el despacho judicial inició investigación previa el 30 de enero de 1996 y abrió etapa de instrucción penal, una vez vinculado el actor mediante indagatoria(25), el 14 de diciembre de 2000 y que dicha investigación terminó con una providencia de preclusión en favor del sindicado, de fecha 10 de noviembre de 2004, la cual quedó ejecutoriada el 23 de noviembre siguiente (supra párr. 8.2.).

10.23. No obstante, y de conformidad con lo señalado, será a luz de la consideración del respeto de estos principios y, por supuesto, de las normas legales que los desarrollan, que será posible determinar si la vinculación a una investigación penal es una carga que una persona estaba o no en la obligación de soportar, esto es, si era antijurídica o no.

10.24. En relación con el tercer daño, basado en la desvinculación del actor de la Empresa Licorera de Nariño, y la dificultad de conseguir trabajo, toda vez que era percibido como un peligroso delincuente, la Sala inicia por señalar que la alegación corresponde a la categoría de daño, y no de perjuicio, toda vez que el despido laboral no es una consecuencia lógica por el hecho de encontrarse incurso en un proceso penal, ya que la calidad de sindicado en el curso de una investigación penal no genera ningún impedimento legal para que este se desempeñe en un trabajo como contratista o empleado.

10.25. Para acreditar el daño alegado, la parte actora solicitó decretar a instancias del a quo unos testimonios de amigos y familiares de Juan Carlos Oliveros Arteaga y su núcleo familiar, con el propósito de demostrar los perjuicios morales y materiales sufridos por esta, con ocasión de la investigación penal.

10.26. De acuerdo con el tribunal a quo, esos testimonios se centraron en el daño generado con la divulgación periodística y en medio radial de dicha vinculación judicial, análisis que comparte el ad quem, y frente a lo cual se añadirá que el daño por esas supuestas publicaciones no hace parte de la causa petendi. Únicamente, en la versión de Silvia del Carmen Álvarez Caicedo, se lee una afirmación en relación con las dificultades del actor en conseguir trabajo(26). Sin embargo, la declaración de esta testigo resulta dudosa en cuanto al conocimiento de los hechos objeto de su versión, pues no aclaró el vínculo familiar o de amistad con la familia actora, y en cuanto al contenido de su dicho, toda vez que afirma, al igual que los demás testigos, que Juan Carlos Oliveros Arteaga estuvo privado de la libertad, cuando de hecho no lo estuvo, evento que la misma parte actora aclara en los alegatos de conclusión de primera instancia y el recurso de apelación.

10.27. Así, ante la ausencia de otras pruebas que valoradas en conjunto con este testimonio permitan afirmar lo contrario, la Sala tendrá como no demostrado el daño en relación con la desvinculación laboral de Juan Carlos Oliveros generada por el inicio de la investigación penal en su contra, razón por la cual se confirmará en este sentido el fallo emitido por el a quo.

11. En relación al primer daño alegado, y en punto al análisis de la imputación, en reiterada jurisprudencia esta corporación ha indicado que la dilación de una decisión administrativa o judicial compromete la responsabilidad extracontractual del Estado a título de falla del servicio siempre que sea injustificada, lo cual debe determinarse por el juzgador en cada caso concreto, con fundamento en distintos factores tales como la propia realidad de la administración de justicia y las características del asunto que se esté resolviendo, entre otros:

(…) para la determinación de qué se entiende por “violación o desconocimiento del plazo razonable” corresponde al juzgador analizar las condiciones de tiempo, modo y lugar, así como los factores internos y externos en los que se presta el servicio, en otros términos, con qué instrumentos o herramientas se contaba para adoptar la decisión y, por lo tanto, si no existen circunstancias que justifiquen el retardo en la definición del asunto administrativo o jurisdiccional.

De modo que, no toda tardanza es indebida porque pueden existir razones que la justifiquen y que conduzcan al operador jurídico a la conclusión de que no se vulneró el artículo 29 de la Constitución Política, conclusión a la que arribó el juez constitucional al señalar que la mora judicial no desconoce el derecho a un juicio en un plazo razonable si existen factores que justifiquen el sobrepasar los términos fijados en la ley (v.gr. la congestión judicial, las resolución de peticiones formuladas por las partes, la petición de los agentes del Ministerio Público para estudiar el proceso, etc.)(27).

En esa línea de pensamiento, para poder predicar la existencia de una dilación injustificada de una decisión administrativa o judicial, a la luz del artículo 29 de la Constitución Política, es preciso que se constate la configuración de los siguientes presupuestos: i) los términos fijados en la ley deben haberse sobrepasado, comoquiera que las normas que los señalan obligan no sólo a los administrados, sino a la administración pública, ii) la tardanza en la toma de la decisión no debe tener causa o motivo que la justifique, iii) la mora debe ser producto de una omisión de los funcionarios administrativos que tienen a su cargo el impulso o la decisión administrativa, y iv) la violación del plazo vencido debe catalogarse como desproporcionada frente al trámite respectivo.

Frente a este último aspecto, es importante indicar que son dos los factores que determinan la razonabilidad o no del plazo: i) la duración de trámites o procesos similares al que es objeto de juzgamiento, y ii) el estudio riguroso de las circunstancias fácticas para aplicar estrictamente las reglas de la experiencia(28) (29).

11.1. También se han establecido otros factores que justifican el retardo en las decisiones judiciales, a saber: la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora, “ya que este es un asunto que hay que tratar no desde un Estado ideal sino desde la propia realidad de una administración de justicia con problemas de congestión, derivados de una demanda que supera la limitación de recursos humanos y materiales disponibles para atenderla(30)(31).

11.2. En el caso concreto la Sala no cuenta con todos los elementos que le permitirían analizar si la mora se encuentra o no justificada, toda vez que las piezas procesales allegadas por la parte actora se reducen a i) la certificación emitida por la Fiscalía 16 Seccional adscrita a la Unidad de Vida, donde se mencionan los informes aportados por la Secretaría del Departamento de Investigación de la Contraloría General del departamento de Nariño, que pusieron en conocimiento a ese ente investigador una serie de irregularidades en las que habrían incurrido 20 promotores de venta de la Empresa Licorera de Nariño y donde se señala que la Fiscalía 16 Seccional de Pasto decretó la apertura de la instrucción penal, el 14 de diciembre del año 2000, por la presunta comisión de un delito contra la administración pública, vinculando en calidad de sindicado al señor Oliveros Arteaga y ii) la providencia de preclusión del 10 de noviembre de 2004. Es decir, se desconoce qué ocurrió entre la apertura de la instrucción penal y la decisión de preclusión, evento que impide analizar la complejidad del asunto, si el actor incidió en el retardo de la fase de instrucción mediante el uso desmedido de solicitudes, recursos y peticiones, o si se debió a la desidia de la misma Fiscalía.

11.3. Así las cosas, las pretensiones por la mora judicial deben ser desechadas.

12. En relación con el segundo daño causado por la vinculación del sindicado a la investigación, este se habría concretado con la diligencia de indagatoria, en la cual, de conformidad con las disposiciones del Decreto-Ley 2700 de 1991, vigente para el momento de los hechos, el indiciado es vinculado formalmente al proceso penal y adquiere la calidad de sujeto procesal(32). No obstante, la antijuricidad de dicha actuación sólo podría evaluarse, una vez se establece que el sindicado fue absuelto o que la investigación que cursaba en su contra culminó con un fallo de preclusión, pues esta circunstancia sería el primer elemento necesario para suponer que la vinculación resultó desde un principio contraria a los principios de racionabilidad y proporcionalidad en materia penal.

12.1. En el expediente no se cuenta con la providencia que vinculó mediante indagatoria al actor ni con el auto de apertura de la etapa de investigación previa o de instrucción; sólo se sabe, gracias a la certificación que allegó la Fiscalía 16 Seccional de Pasto a instancias del tribunal a quo, que el 30 de enero de 1996, ese despacho abrió etapa de investigación previa, y el 14 de diciembre de 2000, ordenó la apertura de la instrucción (ver supra párr. 8.).

12.2. Fue aportada al proceso únicamente la providencia que precluyó la investigación en favor del actor y otros sindicados, de fecha 10 de noviembre de 2004, en la que la Fiscalía General de la Nación dejó consignado que dio inicio a la etapa de investigación previa con ocasión de la denuncia formulada por la Dra. Janeth de la Rosa Moncayo, secretaria del área de investigaciones de la Contraloría General del departamento de Nariño, quien puso en conocimiento de esa entidad “una serie de irregularidades consumadas por los promotores de ventas de la Empresa Licorera de Nariño, dentro del periodo comprendido entre el 1º de enero de 1994 y el 3 de noviembre de 1995, cuya investigación reportó una deuda a favor de la empresa de $ 1.811.402.600, imputándole la responsabilidad a” 20 promotores de venta, incluido el actor (fl. 165, cdno. 1).

12.3. También se encuentra que, de conformidad con esa providencia, la Empresa Licorera de Nariño adelantó un proceso ejecutivo en contra del actor y que para la fecha de su vinculación por medio de indagatoria —la cual debió ser anterior a la fecha de la apertura de la etapa de instrucción, esto es, el 14 de diciembre de 2000— no se conocía el resultado de dicha actuación, la cual culminó el 5 de marzo del año 2003:

En cuanto al señor Juan Carlos Oliveros, en la primera parte de su injurada, niega cualquier responsabilidad por la deuda imputada, manifestando que se encuentra a paz y salvo y que todo se debe a una confusión, seguramente por los malos manejos contables de la entidad y de la ligereza con que se realizó la auditoría que a la postre dio origen a la presente investigación, y que si bien por los mismos hechos fue responsabilizado fiscalmente por la Contraloría, el fallo fue recurrido debido a los actos llevados a cabo dentro de este, atentatorios de su derecho de defensa. En su ampliación de indagatoria asegura que los $ 3.522.000 fueron cancelados en su totalidad y que su figuración en la lista de deudores morosos obedece a la desorganización contable de la entidad. Ciertamente, en el transcurso de este y otros asuntos se similar índole se ha podido apreciar que tanto los ejercicios contables de la licorera y las investigaciones adelantadas por la Contraloría adolecen de muchas fallas y arrimándose al expediente la constancia de terminación del proceso ejecutivo que en su contra se siguió por parte de la licorera de Nariño en fallo del 5 de marzo del año próximo pasado (sic), observamos menester dar por terminada la presente investigación en su favor en aplicación de lo señalado en el artículo 39 del Código Penal.

12.4. De acuerdo con el Código de Procedimiento Penal entonces vigente, el fiscal debía abstenerse de iniciar la instrucción cuando apareciere que “el hecho no ha existido, o que la conducta es atípica, o que la acción penal no puede iniciarse o que está plenamente demostrada una causal excluyente de antijuridicidad o culpabilidad” (D. 2700/91, art. 327).

12.5. En el caso bajo análisis, el funcionario a cargo decidió abrir formalmente la instrucción, con ocasión de las copias compulsadas por la secretaria del área de investigaciones de la Contraloría General del departamento de Nariño, quien reportó un faltante de $ 1.811.402.600 a favor de la empresa, por dineros debidos por los promotores de ventas, investigación que en efecto culminó con un fallo de responsabilidad fiscal, y en el curso del cual se evidenció que la Empresa Licorera de Nariño inició un proceso ordinario ejecutivo con el fin de, al parecer, cobrar unos dineros debidos por el sindicado.

12.6. Con base en lo anterior, no es posible afirmar que la Fiscalía General de la Nación inobservó los principios de razonabilidad y proporcionalidad en materia penal, pues ponderadas las razones que tuvo el ente acusador para iniciar la investigación previa y posteriormente la fase de instrucción en contra del sindicado, le resultaba prematuro considerar que “el hecho no ha existido, o que la conducta es atípica, o que la acción penal no puede iniciarse o que está plenamente demostrada una causal excluyente de antijuridicidad o culpabilidad”.

12.7. La parte actora, a la que le correspondía demostrar y soportar probatoriamente su dicho, tampoco allegó las pruebas dirigidas a demostrar que la Fiscalía General de la Nación vinculó al señor Oliveros Arteaga i) sin tener en cuenta que el actor no era la persona encargada de hacer el recaudo de los dineros provenientes de las ventas de licor, sino de facilitar y permitir su venta, y que por lo tanto no le correspondía responder por los cheques sin fondos que respaldaban las facturas de esos negocios y ii) desconociendo que la empresa había emitido unas constancias de paz y salvo a favor del empleado investigado, con las cuales exoneraba de cualquier responsabilidad fiscal al actor.

12.8. Por lo anteriormente expuesto, la Sala no considera que el daño consistente en la vinculación de Juan Carlos Oliveros a la investigación penal por la comisión de un delito contra la administración pública sea antijurídico, y en consecuencia no accederá a condenar al Estado por ese motivo.

12.9. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de los intervinientes dentro del presente trámite, razón por la cual no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFIRMAR la sentencia de 17 de septiembre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

1 Para tal efecto puede consultarse el auto de 9 de septiembre de 2008 proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

2 Si bien este argumento es plasmado de esta manera en el recurso de apelación, en el escrito de la demanda solicitó el reconocimiento de “a. $ 20.000.000 por concepto de lucro cesante que se liquidará directamente a favor del directamente afectado, correspondiente a la suma que dejó de producir en razón de su injusta judicialización, habida cuenta de su edad al momento del insuceso, a la actividad económica que desarrollaba y a la esperanza de vida calculada conforme a las tablas de mortalidad aprobadas por la Superintendencia Bancaria”, con lo cual la Sala puede inferir que la pretensión económica se encontraba dirigida a reclamar el daño en mención y no fue planteada por primera vez en el recurso de apelación, sino que este la complementó.

3 C.P. Carlos Gaviria Díaz.

4 Toda vez que la Ley 600 de 2000 es del 24 de julio, y el artículo 536 dispuso que: “Este código entrará en vigencia un año después de su promulgación”.

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de septiembre de 2015, expediente 35001 y sentencia del 26 de noviembre de 2015, expediente 35085, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

6 Estas garantías se encuentran consagradas en el artículo 8º de la Ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, el artículo 8º del Pacto de San José, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 6º de la Convención Europea. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva oc-9/87, sobre las garantías judiciales en estados de emergencia, señaló que “Este artículo 8º reconoce el llamado “debido proceso legal”, que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial” (párr. 28). El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Stanford vs. Reino Unido, de 1994, consideró que: “la Corte debe considerar los procedimientos como un todo incluyendo las decisiones de las cortes de apelación. Su tarea es verificar si los procedimientos en su integridad, así como la forma en que se condujo la evidencia, fueron justos” (párr. 24), y en el caso Helle vs. Finlandia, de 1997, señaló: “La tarea de la Corte es evaluar si los procedimientos tomados como un todo fueron justos en el sentido del artículo 6 teniendo en cuenta todas las circunstancias relevantes, incluyendo la naturaleza de la disputa y el carácter del procedimiento, la forma como se manejó la evidencia y si los procedimientos le dieron la oportunidad de defender su causa bajo circunstancias que no lo pusieran en desventaja sustancial frente a su contraparte” (párr. 53).

7 Corte Constitucional, Sentencia C-617 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

8 Corte Constitucional, Sentencia C-799 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería. Ver también, Sentencia C-025 de 2009, M.P. Rodrigo Escobar Gil y Sentencia C-127 de 2011, M.P. María Victoria Calle Correa. En la primera de ellas, la Corte presentó un recuento pormenorizado de la evolución jurisprudencial sobre este tópico, del cual se concluye que ”la interpretación que se ajusta a la Constitución y a los tratados de derechos humanos, en torno al tema de hasta donde se extiende el derecho a la defensa en una actuación penal, tanto en el sistema mixto inquisitivo como en el actual modelo de tendencia acusatorio, es la de que el citado derecho surge desde que la persona tiene conocimiento que cursa una investigación en su contra y solo culmina cuando finaliza el proceso. En este sentido es claro que el derecho a la defensa se extiende sin discusión ninguna a la etapa preprocesal de la indagación previa, y a partir de ella, a todos los demás actos procesales hasta la decisión final”.

9 En el escenario internacional, igualmente, los distintos tratados de derechos humanos hacen un especial reconocimiento al derecho a la defensa en materia penal, como ocurre, por ejemplo, con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14, num. 3º, lit. d) ) y con la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8º, num. 2º, lits. d) y e)), incorporados a nuestro ordenamiento interno a través de las leyes 74 de 1968 y 16 de 1972, respectivamente, los cuales a su vez forman parte del Bloque de Constitucionalidad por mandato expreso del artículo 93 de la Constitución Política.

10 Sentencia del 29 de octubre de 2015, expediente 36 191, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Consideró dicho fallo que la vinculación del actor se hizo con base en los descargos rendidos por los señores Trujillo Botero y Trujillo Jaramillo, de conformidad con lo registrado en la providencia de definición de la situación jurídica de ese sindicado, a pesar de que estos, en diligencias de indagatoria se limitaron a dar cuenta de las condiciones del contrato de permuta realizado por su intermediación e insistieron ampliamente en que el actor recibió los documentos requeridos para que inscribiera la adquisición del vehículo de placas WNA 844; “afirmaciones de las cuales no puede inferirse elemento alguno que diera lugar a pensar que aquel fuere autor o partícipe del punible de estafa, condición sine quo non para que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 352 del Decreto 2700, se recibiera su indagatoria”. Además, ocho meses antes, el mismo despacho judicial que consideró pertinente recibir esa diligencia, había decidido abstenerse de proferir medida de aseguramiento en contra de los señores Trujillo Botero y Trujillo Jaramillo con fundamento en consideraciones que pusieron en evidencia la falta de tipicidad penal de la conducta indagada, posición que fue reiterada, en términos bastante similares, en la decisión mediante la cual precluyó la investigación. Por lo anterior concluyó la Sala: “13.2.3. (…) que, en estas circunstancias, es decir, cuando no sólo no había elementos que lo incriminaran de ser autor de una infracción penal, sino que existían serias dudas sobre la tipicidad de la conducta investigada, el señor Matta Waldurraga no tenía el deber jurídico de soportar una diligencia de indagatoria y, con ella, la vinculación a una investigación penal cuya continuación carecía de fundamento; daño antijurídico que compromete la responsabilidad de la demandada por serle imputable”.

11 Sección Tercera, sentencia de 15 de febrero de 2012, expediente 21981, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

12 Corte Constitucional, Sentencia C-365 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

13 [6] BUSTOS RAMÍREZ, Juan, op. cit., pág. 66. En similar sentido ROXIN, Claus: Derecho penal, Parte general I (traducción de Diego-Manuel LUZÓN PEÑA, Miguel Díaz y García Conlledo, y de Javier de Vicente Remesal), Madrid, Civitas, 1997, pág. 49 y ss.; JESCHECK, Hans-Heinrich / WEIGEND, Thomas: Tratado de Derecho penal, Parte general (traducción de Miguel Olmedo Cardenete), Granada, Comares, 2002, pág. 56 y ss.

14 [7] BUSTOS RAMÍREZ, Juan: Lecciones de Derecho penal, Trotta, Madrid, 1997, pág. 66. En similar sentido, ROXIN, Claus, op. cit., pág. 65; JESCHECK, Hans-Heinrich / WEIGEND, Thomas, op. cit., pág. 56 y ss.

15 [9] Sentencia de la Corte Constitucional C-636 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo. Ver también AGUADO CORREA, Teresa: El principio de proporcionalidad en materia penal, Edersa, Madrid, 1999, pág. 159.

16 [10] Sentencias de la Corte Constitucional: C-636 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo. En igual forma: Sentencia C-647 de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-226 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-370 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; C-762 de 2002, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil; C-489 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-312 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-355 de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-897 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-988 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-575 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

17 [11] ROXIN, Claus, op. cit., págs. 52 y ss.; SCHÜNEMANN, Bernd: El principio de protección de bienes jurídicos como punto de fuga de los límites constitucionales de los tipos penales y de su interpretación, en: HEFENDEHL, Ronald: La teoría del bien jurídico, Marcial Pons, Madrid, 2007, pág. 197 y ss.; AGUADO CORREA, Teresa, op. cit., 1999, pág. 159.

18 [12] MIR PUIG, Santiago: Bases constitucionales del Derecho penal, Iustel, Madrid, 2011, pág. 111.

19 [14] Sentencia de la Corte Constitucional: C-730 de 2005, M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis. En el mismo sentido: T-079 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-565 de 1993, M.P. Hernando Herrera Vergara; C-591 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-139 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-308 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-428 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-146 de 1995, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa; T-155 de 1995, M.P. Fabio Morón Díaz; C-1339 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell; SU-1722 de 2000 M.P.(e): Dr. Jairo Charry Rivas; C-710 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-974 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-312 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-433 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-1064 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-530 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-499 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-431 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-1001 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-284 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-649 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-072 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-433 de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-864 de 2004, M.P. Jaime Araújo Rentería; C-897 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-391 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-117 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño;C-040 de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería; T-171 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-370 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis; T-1249 de 2008, M.P: Jaime Córdoba Triviño; C-1198 de 2008, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; C-801 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-200 de 2010 M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto; C-936 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C-442 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

20 [15] Sentencias de la Corte Constitucional: C-872 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-730 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis. En igual sentido: C-1173 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-334 de 2007, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; C-491 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-186 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

21 [17] Sentencias de la Corte Constitucional: C-843 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-1144 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-198 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-925 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En el mismo sentido: C-1080 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-238 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería; C-820 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-996 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-1260 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-676 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

22 [18] Sentencia de la Corte Constitucional C-925 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En igual sentido: C-371 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

23 [19] Sentencias de la Corte Constitucional: C-996 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-1144 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-198 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-1080 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-925 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En el mismo sentido: T-676 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-843 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-238 de 2005, M.P. Jaime Araujo Rentería; C-820 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-1260 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

24 [26] Sobre la aplicación específica de estos principios en materia penal, ver: MIR PUIG, Santiago: Bases constitucionales del Derecho penal, op. cit., págs. 94 y ss. y AGUADO CORREA, Teresa: El principio de proporcionalidad en materia penal, Edersa, Madrid, 1999, pág. 149 y ss.

25 En efecto, el artículo 385 del Decreto 2700 de 1991, vigente para la época de los hechos, prescribía: “No podrá resolverse situación jurídica, sin que previamente se haya recibido indagatoria al imputado, o se haya declarado persona ausente”.

26 “Ellos, Juan Carlos y su familia tuvieron muchos problemas, porque como se dijo en varios medios, en emisoras los tildaban de ladrones y eso influyó en su vida. Me acuerdo que escuché en Todelar que habían supuestamente robado, ellos decían que en el caso de la licorera. No me acuerdo de las fechas, no me acuerdo del año. La verdad, tanto tiempo. A Juan Carlos sobre todo lo perjudicó para conseguir trabajo y la familia fue afectada en el aspecto económico. Se vio atrasada en matrículas de colegio, en servicios” folio 156, cuaderno 1.

27 [95] Corte Constitucional, Sentencia T-612 de 2003.

28 [96] Al respecto, se pueden consultar las siguientes sentencias proferidas por la Corte Constitucional: T-1171 de 2003, T-1047 de 2003, T-977 de 2003, y T-668 de 1996.

29 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 7 de noviembre de 2012, expediente 37.046, C.P. Enrique Gil Botero. En el mismo sentido, véanse las sentencias de 25 de noviembre de 2004, expediente 13.539 y de 3 de febrero de 2010, expediente 17.293, ambas con ponencia de Ruth Stella Correa.

30 [10] “Se ha dicho que al Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de las utopías y de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de lo posible, pero con la misma lógica debe concluirse que el Estado debe todo cuanto esté a su alcance”. Sentencia de 15 de febrero de 1996, M.P. Jesús María Carrillo Ballesteros, expediente 9940.

31 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de octubre de 2013, expediente 30495, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

32 “ART. 136.—Calidad de sujeto procesal. Se denomina imputado a quien se atribuya participación en el hecho punible. Este adquiere la calidad de sindicado y será sujeto procesal desde su vinculación mediante indagatoria o declaratoria de persona ausente”.